Vargas Bories Jorge Octavio

Una realidad previsional muy distinta a su situación judicial viven varios de los ex agentes de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI) procesados como autores de los homicidios calificados de 12 frentistas en la denominada Operación Albania, ocurrida el 15 y 16 de junio de 1987.

Hoy se encuentran a la espera del dictamen del ministro en visita Hugo Dolmestch, quien tiene “para fallo” la investigación de los crímenes.

Sin embargo, otra es su situación previsional debido a que, bajo una denominación genérica de “estrés post guerra”, los ex agentes han obtenido pensiones de invalidez de segunda categoría, según lo acredita la Honorable Comisión de Salud del Ejército. Esto significa en la práctica obtener casi el doble de su jubilación mensual por ser víctimas de padecimientos en “actos de servicios” que los incapacitan para desarrollar una labor normal.

El grupo se encuentra encabezado por el jefe del llamado “procedimiento antisubversivo”, el teniente coronel (R) Krantz Bauer Donoso, ex jefe de la Brigada Verde de la CNI, quien figura como causal de retiro un diagnóstico de “TEC abierto, síndrome post TEC, otorragia izquierda, fractura peñasco temporal izquierdo y hemorragia sub aracnoidea”.

A él lo secunda, el teniente y empleado civil de Ejército (R), agente JorgeVargas Bories, coautor de ilegítima privación de libertad y de los homicidios ocurridos en calle Pedro Donoso, quien obtuvo su pensión de invalidez por actos del servicio al acreditar una “psicosis maníaco depresiva”.

También goza de este beneficio, extensivo a su grupo familiar y que mantiene en grado de “activos” su salario, es decir su pensión se reajustan al par de los sueldos de los oficiales que están en servicio, el fallecido teniente coronel Iván Cifuentes Martínez y ex jefe del Comando Cobra de la ex CNI, quien justificó una “psicosis maníaco depresiva”.

Cabe recordar que fue este oficial quien a sabiendas de una eventual cadena perpetua en su contra solicitó una “salida política” a sus casos, esto después de señalar que “en el fondo, la CNI cumplió la ‘pega’ que el Estado le encomendó (…) desde el punto de vista judicial, los superiores de la CNI quedaron como encubridores o cómplices, pero solamente quienes éramos capitanes estamos asumiendo la condición de autores directos y materiales”.

Asimismo el ex CNI, mayor (R) de Ejército, Emilio Enrique Neira Donoso, encausado como cómplice del homicidio de Recaredo Valenzuela y de los secuestros seguidos de homicidio de calle Pedro Donoso, recibe una pensión producto de una “psicosis afectiva”.

Por su parte, César Luis Acuña Luengo, empleado civil de Ejército (R), procesado como el autor del homicidio de Recaredo Valenzuela y cómplice de ilegítima privación de libertad de calle Pedro Donoso, también acreditó sufrir una “psicosis afectiva”.

Álvaro Corbalán

Pese a que el abogado Hugo Gutiérrez, (situación que avaló después su colega Héctor Salazar) señaló a La Nación que el ex jefe operativo de la CNI, teniente coronel (R) Álvaro Corbalán Castilla, goza de una pensión por “estrés post guerra”, precisando que “me encuentro seguro en un ciento por ciento, porque lo vi publicado en el Boletín del Ejército”; la Dirección de Comunicaciones del Ejército desmintió tal versión.

Sin embargo, indicaron que efectivamente el ex oficial, actualmente recluido a cadena perpetua simple en el penal de Punta Peuco por su responsabilidad en el crimen del carpintero Juan Alegría Mundaca, solicitó su invalidez de segunda categoría. “Pero le fue negada porque fue presentada fuera de plazo”, señaló la institución.

Respecto a las mencionadas adjudicaciones de pensiones a estos ex agentes, la misma vocería sostuvo que se apegan a la legalidad vigente, pues se acreditaron de manera médica las dolencias, recalcando que tienen un carácter de “irrevocable”.

A estos nombres se pueden sumar otros de esta institución, de la Fuerza Aérea, Carabineros e Investigaciones, que también mantienen ex funcionarios procesados por su responsabilidad en la Operación Albania.

Caucoto

Consultado el abogado querellante del caso Albania, Nelson Caucoto, señaló que “me parece extraño este beneficio a personas que no padecen ninguna invalidez o incapacidad generada por actos del servicio, que los mantenga inutilizados para el trabajo, situación que sólo se presta para que tengan el doble de sus pensiones”.

Añadió que “sin duda estamos frente a una situación que debe ser investigada, pues perfectamente se podría configurar el ilícito de fraude al Fisco”.

Caso quemados

Condenado preliminarmente a una condena de 600 días de presidio sin remisión, por su participación en el denominado caso quemados, situación luego cambiada por la Corte Marcial al acreditar que su accionar sólo fue negligente, el capitán (R) de Ejército Pedro Fernández Dittus también se suma al grupo de pensiones de invalidez “post guerra”.

Efectivamente, el jefe de la patrulla militar que golpeó y roció con combustible a Rodrigo Rojas Denegri y Carmen Gloria Quintana, logró acreditar ante la Comisión Médica del Ejército una “psicopatía orgánica”. Cabe recordar que a causas de las quemaduras, hecho ocurrido el 2 de julio de 1986, falleció Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana quedó con heridas en el 60 por ciento de su cuerpo. 

Los dos ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) que ayer prestaron testimonio en el marco de la etapa probatoria en que se encuentra el caso Albania, coincidieron en que los días 15 y 16 de junio de 1987 participaron de la operación que terminó con la muerte de 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), por miedo a las represalias de la institución en caso de negarse.

El primero en comparecer ante el ministro Hugo Dolmestch, quién lleva todos los caso de crímenes cometidos por la CNI, fue el mayor (R) Rodrigo Pérez Martínez, quien en esa fecha era el capitán a cargo de la Unidad Antiterrorista (UAT) y que de acuerdo con los documentos revelados por El Mostrador.cl el año 2000, no podía actuar sin la anuencia del Presidente de la República de la época.

Pérez se encuentra procesado como uno de los autores de los homicidios cometidos en calle Alhué, Varas Mena y Villa Olímpica y por el secuestro seguido de homicidio de los miembros del frente ejecutados en calle Pedro Donoso.

Temor a consecuencias fatales

El ex oficial fue consultado por el momento en que recibe la orden del comandante (R) Iván Bellarmino Quiroz de eliminar a uno de los frentistas detenidos en el cuartel Borgoño. Según Pérez y ante la evidencia de estar ante un acto “delictual”, le consulta de dónde viene la orden. Quiroz responde que del “escalón superior”, ante lo cual no tiene otra opción que acceder, considerando además que el comandante (R) tenía mayor antigüedad y rango que él.

A la vez señaló que el subalterno que lo acompañaba en esa oportunidad y también miembro de la UAT, Eric Silva, también le pareció impropia la orden, según le manifestó días después al montaje de la operación. Por este motivo, Silva, procesado por su participación en el secuestro y posterior homicidio de Ester Cabrera, solicitó su traslado de la unidad. Según recuerda Pérez, al mes o mes y medio después, Eric Silva pasó a integrar la escolta presidencial.

Al ser requerido por uno de los abogados querellantes, si este hecho puede ser considerado como un ascenso o un premio a su actuación en los hechos, el ex jefe de la UAT dijo que en ningún caso, a pesar de la alta connotación y confianza que requiere un cargo de este tipo.

Su preocupación por la orden de “tipo delictual”, nunca la hizo presente los días posteriores a ningún superior, ni siquiera en el asado de camaradería realizado en calle Rondizonni, presidido por el general Salas Wenzel, quien aprovechó la oportunidad para “felicitar” a todos los efectivos que participaron de la “neutralización” de los frentistas.

El ex jefe de la UAT, señaló al magistrado que “no podía obviar la orden que recibió porque podría traer consecuencias fatales para su familia y para él”. Su temor lo ejemplificó con lo que le sucedió al ex químico Eugenio Berríos, muerto en Uruguay a manos de agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), y a Armando Fernández Larios, quien fue acusado de traición a la patria por su colaboración con la justicia estadounidense en el caso Letelier.

De esta forma Pérez siguió la misma línea que el comandante (R) Iván Bellarmino Quiróz, quien declaró el año 2000 que una orden superior “no se podía discutir a menos de exponerse a situaciones gravísimas en relación a nuestra integridad física y de nuestro grupo familiar”. Este ex oficial y subalterno de Alvaro Corbalán Castilla en el cuartel Borgoño de la CNI, se encuentra en procesado por los mismo delitos que Pérez.

Pérez Martínez debió explicar, además, la relación que existió entre la UAT y el cuartel Borgoño desde donde se coordinaron todas las acciones de la también llamada “Matanza de Corpus Christi”.

Indicó que su unidad recibió en calidad de “comisión de servicio indefinido” a 12 ó 13 funcionarios de Borgoño para capacitarlos en las “tácticas militares” como lucha antiguerrilla y rescate de rehenes, dado que los integrantes de la UAT estaba conformado por comandos y paracaidistas. Parte de los cuales después se facilitaron al cuartel para labores de seguimiento.

El oficial relató que se puso a disposición de Corbalán, la mañana del día 15 luego de un llamado telefónico que hiciera éste a las dependencias de la UAT en calle Simón Bolívar en la comuna de la Reina, entre las 08.00 y 09.00 horas. En esa oportunidad y a pesar que normalmente las ordenes las recibían primero del director de la CNI, accedió a la petición de Corbalán porque éste le dijo que existía la autorización de más arriba. En dicho momento no preguntó por qué y para qué los necesitaban específicamente. Agregó que él perdió el mando de su unidad, dado que sus hombres fueron destinados a distintos equipos.

Terror a ser ajusticiado

Luego correspondió el turno del ex detective Gonzalo Mass del Valle sobre quien pesa la solicitud del CDE de condenarlo a presidio perpetuo simple por su participación en los homicidios de los frentistas. El ex oficial y miembro de la “brigada verde” que operaba en el cuartel Borgoño comandado por Corbalán, ratificó su presencia en Pedro Donoso, luego que se le ordenara asistir para realizar un allanamiento. Una vez en el lugar no recuerda quién le dio la orden de entrar a una de las piezas: “solamente me dijeron tú ahí”.

El ex detective de 29 años en esa fecha, dijo que sintió “terror” en esos momentos al darse cuenta que podía ser ajusticiado por sus propios compañeros para justificar bajas, ya que era evidente que los frentistas “secuestrados” en Borgoño habían sido trasladados a calle Pedro Donoso para simular un falso enfrentamiento. Precisó que en el instante que estuvo en la pieza fue tanto el temor que “me oriné y defequé”.

Señaló además que “el estar de paso en la CNI”, en su calidad de policía civil, donde los que dominaban eran los oficiales de Ejército, lo convertía en una potencial víctima para ser ajusticiada. El ex agente recuerdó que antes de entrar a la CNI, escuchó comentarios “que el mundo de la inteligencia era sucio”, por lo que no le extrañaba ser ejecutado en esa u otra operación.

Consultado sobre si tuvo ánimo de matar, dijo que “en ningún momento”, “no maté a nadie”, lo que posteriormente le valió ser discriminado al interior de la institución.

Por otra parte y en lo que respecta al teniente (R) Jorge Vargas Bories, a la fecha integrante de la Unidad Especial de la CNI que operaba en el cuartel Borgoño y quien ha negado su participación en los hechos de sangre de esos días, reconoció que vio a este agente en Varas Mena y en Pedro Donoso. Vargas dice que a los dos lugares llegó cuando los sucesos habían concluido. Sin embargo, el ex detective precisó lo contrario y agregó que le consta la participación de la Unidad Especial en los operativos por la presencia de su “jeep blanco con metralleta” que operó en ambos puntos.

Vargas Bories para quien el CDE pidió 20 años de cárcel, concurrió ayer a firmar su declaración del día martes y aprovechó la oportunidad para quedarse en la sala y escuchar a Pérez y Mass.

Lo mismo hizo otro procesado el teniente coronel (R) Kranz Bauer Donoso miembro de la “brigada azul” que operaba en Borgoño y procesado por los mismos hechos que Vargas. La presencia de ambos causó profunda molestia en las familias de las víctimas de “Corpus Christi”, lo que se lo hicieron saber a la abogada María Elena Horvitz del CDE.

Horvitz les explicó que no hay nada ilegal en el hecho y que están en su derecho. Además ya habían prestado su testimonio y no podían ser sacados de la sala. De todas formas, la abogada del fisco solicitó al ministro Dolmestch que tomara algún tipo de medida para tranquilizar a las familias y para que los declarantes no se sintieran presionados por las miradas de sus ex colegas. El incidente que se produjo al término de la declaración del ex jefe de la UAT, motivó a que el magistrado le indicara a Mass que todas las respuestas debería darlas mirándolo a él y no al abogado que hace las preguntas, como es la norma, con el objetivo de no sentir ningún tipo de intimidación al momento de responder.

El ministro en visita Hugo Dolmetsch, otorgó ayer certeza jurídica a lo que se sabía desde 1986: que los crímenes de José Carrasco, Felipe Rivera, Gastón Vidaurrázaga y Abraham Muskablit a manos de la CNI, fueron una venganza de la dictadura por el atentado a Augusto Pinochet el domingo 7 de septiembre de 1986.

En una resolución más bien “ordenatoria” en la que procesó a siete nuevos ex agentes, mantuvo a otros siete que ya se encontraban encausados por la jueza Dobra Lusic desde 2000, y exculpó a tres de los ya procesados por la magistrada el ministro Dolmetsch entregó algunos detalles del operativo que hasta ahora no eran públicos.

Los tres ex agentes sobreseídos por el magistrado son Hernán Vásquez Villegas, Egon Barra Barra y Arturo Sanhueza Ros.

El juez sostuvo en su dictamen que momentos después de acontecido el atentado a Pinochet en el Cajón del Maipo -acto realizado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en el cual murieron cinco escoltas-, el integrante de la Junta Militar, almirante José Toribio Merino, citó al jefe de la CNI, general Humberto Gordon, a una reunión de urgencia a La Moneda.

Finalizado el encuentro, Gordon convocó al cuartel general de la CNI en calle República, al comandante de la División Antisubversiva de ese organismo, mayor Álvaro Corbalán, y al comandante de la División Política Metropolitana “encargada del control de los partidos políticos de la época”, mayor Manuel Provis Carrasco. “Estas dos divisiones representaban en ese momento de emergencia, los órganos básicos de la CNI en su aspecto operativo”, dice el juez.

En esa reunión, “el señor general, profundamente alterado, les ordenó que agentes de sus respectivas dependencias debían salir y vengar a los cinco escoltas fallecidos en el atentado, venganza que debía ser en una proporción de dos por uno en relación a las víctimas (escoltas)”, afirma el fallo.

De esta manera, Dolmetsch logró determinar que los grupos de agentes que operaron en las detenciones y ejecuciones fueron distintos, salvo en los casos de Carrasco y Muskablit donde algunos se repiten.

El escrito del juez no aclara, en todo caso, por qué CNI sólo asesinó a cuatro opositores y no a diez como fue la orden que impartió Gordon y que probablemente emanó de La Moneda. Al menos una quinta víctima debía ser el abogado de la Vicaría de la Solidaridad Luis Toro, quien se salvó al reforzar puertas y ventanas de su casa para dificultar el ingreso de los agentes, y alertando a los vecinos.

El punto es relevante al incorporar al puzzle la intervención, casi en paralelo, de Investigaciones la misma madrugada en que comienzan los secuestros de la CNI. Esta policía detuvo a algunos dirigentes opositores, como el actual Presidente Ricardo Lagos, el ex ministro Germán Correa, el actual diputado (PPD) Patricio Hales, y el ex subsecretario del Trabajo Eduardo Loyola.

Según el ex vocero del régimen militar Francisco Javier Cuadra, Investigaciones actuó por orden de su director, el general (R) Fernando Paredes, para evitar más muertes a manos de la CNI. No obstante, no está claro por qué la CNI, con el poder que tenía por sobre Investigaciones, no continuó con las ejecuciones para “cumplir la cuota” ordenada por general Gordon.

Tampoco se sabe con certeza si efectivamente la actuación de Investigaciones fue con el fin que sostiene Cuadra. Aunque, al menos, un hecho es cierto: que los detenidos por esa policía salvaron con vida. Lo que no resulta creíble es la afirmación de Cuadra en el sentido de que, al ocurrir un año después la Operación Albania -en la que la CNI asesinó a 12 militantes del FPMR que vinculó al atentado- el régimen “no apoyó esa operación ni le dio soporte comunicacional”. Al consultar la prensa de la época y las propias declaraciones de Cuadra, se confirma lo contrario

Felipe Rivera Gajardo

Militante Comunista

Funcionario Tesorería de la República

Detenido a las 02:00 del lunes 8 de septiembre 1986 en su domicilio de Diagonal Las Torres Nº 6678, Población Sara Gajardo de Cerro Navia.

Procesados como autores del delito de secuestro y homicidio: Álvaro Corbalán Castilla, Pedro Guzmán Olivares, Gonzalo Maass del Valle, Víctor Lara Cataldo y René Valdovinos Morales. (Lara y Valdovinos son nuevos procesados, el resto ya lo estaba por resolución de la jueza Dobra Lusic en el 2000).

Ejecutado en Américo Vespucio, frente planta Toyota, de seis balazos.

Gastón Vidaurrázaga Manríquez

Militante MIR

Profesor

Detenido a las 04:00 del lunes 8 de septiembre de 1986 en su domicilio de calle Maestranza frente al Nº 627.

Procesados como autores del delito de secuestro y homicidio: Álvaro Corbalán Castilla, Krantz Bauer Donoso, Víctor Muñoz Orellana, Jorge Jofré Rojas, Eduardo Chávez Baeza y Juan Jorquera Abarzúa. (Jofré, Chávez y Jorquera son nuevos procesados, los otros ya lo estaban desde 2000).

Ejecutado en Ruta 5 Sur a la altura del kilómetro 16, de doce balazos.

José Carrasco Tapia

Militante MIR

Periodista

Detenido a las 05:00 del lunes 8 de septiembre de 1986 en su domicilio de calle Santa Filomena Nº 111, departamento 209, comuna de Santiago.

Procesados como autores de secuestro y homicidio: Álvaro Corbalán Castilla, Iván Quiroz Ruiz, Jorge Vargas Bories y Guillermo Fachinetti López. (Fachinetti es procesado nuevo, mientras Quiroz y Vargas ya lo estaban desde 2000).

Ejecutado en Américo Vespucio, costado sur del Cementerio Parque del Recuerdo, de catorce balazos.

Abraham Muskablit Eidelstein

Militante Comunista

Gerente de Ventas de Editorial Cono Sur

Detenido a las 02:15 del martes 9 de septiembre de 1986 en calle 27 de Septiembre Nº 0423, Población Casas Viejas, comuna de Puente Alto.

Procesados como autores de secuestro y homicidio: Álvaro Corbalán Castilla, Iván Quiroz Ruiz, Jorge Vargas Bories y José Meneses Arcauz. (Arcauz en nuevo procesado, los otros ya lo estaban desde 2000).

Ejecutado en Camino a Lonquén a la altura del Nº 2360, de nueve balazos.

La más alta es para el otrora jefe operativo del organismo represivo,  mayor (r) Alvaro Corbalán Castilla, quien fue condenado a 18 años de  presidio. Otro de los condenados, a 13 años, es el prófugo oficial (r)  de Carabineros Iván Quiroz. El fallo sin embargo rechazó indemnizar a  los familiares del periodista y de otros tres profesionales asesinados  en 1986.

La Novena Sala de la Corte de Apelaciones confirmó este viernes, de  manera unánime, las condenas contra 14 ex agentes de la disuelta  Central Nacional de Inteligencia (CNI) por el asesinato del periodista  José Carrasco Tapia y otros tres profesionales, que se llevó a cabo  pocas horas después del fallido atentado contra el general (r) Augusto  Pinochet, ocurrido el 7 de septiembre de 1986.

El tribunal, integrado por los ministros Jorge Dahm, Víctor Montiglio  y el abogado integrante Jorge Lagos, confirmó de este modo el dictamen  que emitió el 29 de diciembre de 2006 el ministro en visita Haroldo  Brito también por los asesinatos del militante del MIR y artista  plástico Gastón Vidaurrázaga, y los militantes del Partido Comunista  (PC) Felipe Rivera Fajardo y el publicista Abraham Mufkatblit  Eidelstein.

La más alta condena, de 18 años y un día de prisión es contra el mayor  (r) del Ejército y ex jefe operativo de la CNI, y Alvaro Corbalán  Castilla, mientras que a trece años y un día están condenados el  capitan (r) del Ejército Jorge Vargas Bories y el mayor (r) de  Carabineros Iván Quiroz, quien permanece prófugo hace tres meses luego  que no se presentó a cumplir otra condena por su responsabilidad en el  caso conocido como Operación Albania.

En su calidad de coautores fueron condenados a ocho años y un día  Pedro Javier Guzmán Olivares, Gonzalo Fernando Mass del Valle, Kranz  Bauer, Jorge Enrique Jofré Rojas y Juan Alejandro Jonquera. En tanto,  cinco años y un día deberán pasar los ex agentes Víctor Hugo Lara  Cataldo, René Armando Valdovinos Morales, Víctor Manuel Muñoz  Orellana, Eduardo Martín Chávez Baeza, Guillermo Fascinetti López y  José Ramón Meneses Arcauz.

En tanto, el tribunal de alzada, también de manera unánime, rechazó  entregar una indemnización de $ 250 millones para cada una de las  madres, viudas e hijos de los profesionales, además de $ 75 millones  para cada uno de los hermanos.

También se disminuyó el castigo al ex jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI) Álvaro Corbalán y a los miembros del comando 11 de Septiembre, Jorge Vargas e Iván Quiroz.

Ayer la Corte Suprema resolvió que podrán cumplir en libertad vigilada las condenas que les impuso por su participación en los crueles asesinatos del periodista y editor de la revista Análisis José Carrasco Tapia, el técnico electrónico Felipe Rivera Gajardo, el profesor Gastón Vidaurrázaga Manríquez y el gerente de la editorial Cono Sur, Abraham Muskatblit Eidelstein.

Todos fueron ultimados entre el 8 y el 9 de septiembre de 1986 como venganza al frustrado atentado contra el dictador Augusto Pinochet.

El máximo tribunal acogió la atenuante de media prescripción, que otorga beneficios a quienes hayan sido detenidos después de la mitad del plazo que se espera para que una acción penal quede extinta.

De esta forma, los ministros rebajaron gradualmente las penas dictadas por el tribunal de alzada. Así el ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán Castilla, quedó condenado a 12 años de cárcel, obteniendo un descuento de seis años.

La misma suerte corrieron los miembros de la brigada 11 de Septiembre: Jorge Vargas Bories e Iván Quiroz Ruiz, a quienes se les bajó de 13 a siete años la condena.

Pero, sin duda, los que recibieron la mayor prerrogativa fueron los agentes operativos del organismo represor y quienes ejecutaron a los cuatro profesionales.

Se trata de Pedro Guzmán Olivares, Gonzalo Maas del Valle, Kranz Bauer Donoso, Jorge Jofré Rojas, Juan Jorquera Abarzúa, Víctor Lara Cataldo, René Valdovinos Morales, Víctor Muñoz Orellana, Eduardo Chávez Baeza, Carlos Alberto Fachinetti López y José Ramón Meneses Arcauz.

Los 11 agentes fueron condenados a 5 años, sin embargo, no estarán un sólo día tras las rejas, pues quedaron el libertad bajo la vigilancia de Gendarmería.

Sobre las reparaciones económicas a las familias, el fisco ya había acordado pagar $210 millones a los familiares de José Carrasco y la misma suma a los parientes de Gastón Vidaurrázaga, $270 millones a los de Abraham Muskablit y otros $90 millones a los de Felipe Rivera Gajardo.

El abogado querellante Nelson Caucoto llamó a mirar la resolución desde una perspectiva positiva, pues es un juicio en el cual se llegó a la verdad y hubo reparación.

"Nos queda pendiente el tema de la sanción penal, creemos que para crímenes horrorosos debe haber penas más sustantivas y mucho más elevadas", dijo.

Agregó que "nos estamos acostumbrando con muy poco" frente al escenario que vivieron las víctimas "en una noche en que la CNI y la policía se volvieron locas en este país".

Finalmente, dijo que esta causa quedará consagrada en la historia con una sentencia condenatoria, con una pena respetable para los jefes.

"Hay que destacar que los jefes están siendo más condenados que los subordinados, lo que me parece un criterio correcto", señaló Caucoto, quien definió este crimen como "uno de aquellos imperdonables".

La Corte de Apelaciones está a punto de pronunciarse sobre la ampliación del procesamiento por “asociación ilícita” a 13 ex agentes de la CNI involucrados en la ejecución de siete miristas en 1984, asesinatos que entonces fueron presentados como “enfrentamientos”. El ministro que lleva el proceso sólo encausó por “asociación ilícita” a dos de los acusados: Álvaro Corbalán y Marcos Derpich. El siguiente texto fue enviado a CIPER por familiares de las víctimas y reconstruye los hechos sobre la base de las declaraciones contenidas en el proceso judicial. Sus autores apuntan a demostrar que la “asociación ilícita” incluyó a todos los agentes que actuaron en estos operativos.

El método de los falsos enfrentamientos para eliminar opositores fue una práctica habitual utilizada por la Central Nacional de Informaciones (CNI), organismo represivo del gobierno militar. La detención, ejecución y desaparición de los prisioneros que utilizó de manera intensa y masiva la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), antecesora de la CNI, durante la primera época de la dictadura, fue sustituida en los años siguientes por la ejecución pública de los “enemigos internos” y su posterior presentación como enfrentamiento por parte de la CNI. Esta última detenía y eliminaba opositores en lugares escogidos, donde posteriormente se montaba el escenario del supuesto enfrentamiento. O bien, los opositores eran ejecutados en emboscadas preparadas con antelación. En ambas circunstancias la prensa cubría los episodios con un entusiasmo cómplice. Los tribunales de justicia se desentendieron de las investigaciones demandadas por los familiares de las víctimas o tramitaron los casos de manera necia y negligente; en todo caso, el país ha debido soportar décadas de tramitaciones para lograr avances judiciales.

Lo que sigue da cuenta de la responsabilidad que les cabe a los tribunales de justicia en el esclarecimiento del asesinato de siete miristas en las ciudades de Concepción, Valdivia y Los Ángeles, ocurridos el 23 y 24 de agosto de 1984 en el marco de la operación Alfa Carbón 1 o, como se la ha llamado, la Albania del sur, en alusión a la conocida Operación Albania o Matanza de Corpus Cristi con que en junio de 1987 la CNI asesinó a doce integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Los antecedentes que presentamos a continuación no constituyen, según el ministro en visita que lleva la causa, Carlos Aldana Fuentes, elementos de juicio suficientes que configuren presunciones fundadas de que a los imputados y querellados Hugo Salas Wenzel, Jorge Mandiola Arredondo, Jorge Andrade Gómez y Aquiles González Cortés, entre otros, les haya cabido responsabilidad y participación como autores de los delitos cometidos bajo la figura de asociación ilícita criminal. Aldana también desecha la responsabilidad como cómplice y encubridor que le cabe a Miguel Ángel Parra Vásquez, entonces abogado de la CNI y responsable de instruir a los agentes para que luego de ocurridos los hechos prestaran declaraciones falsas ante tribunales. Según Aldana, no existen elementos de juicio suficientes para estimar que a estos agentes les haya cabido participación como autores, cómplices o encubridores en los delitos que se les atribuyen, como lo exige el artículo 274 N° 2 del Código de Procedimiento Penal.

El 23 de agosto de 1984 el equipo de la CNI liderado por Luís Hernán Gálvez Navarro dio inicio a la segunda etapa de la operación Alfa Carbón 1. A eso de las 11:00 varios equipos de la CNI y un equipo de Televisión Nacional llegaron hasta Hualpencillo, actual Hualpén. En el número 3346 de la calle Nápoles vivía Luciano Humberto Aedo Arias, dirigente del MIR en el Teatro de Operaciones Sur. Pasado el mediodía, en la intersección de Grecia con Nápoles, los agentes Raúl Hernán Escobar Díaz y Roberto Antonio Farías Santelices, además de Gálvez Navarro, descendieron de los vehículos en los que durante meses lo habían seguido, le dispararon por la espalda y lo remataron en el suelo. Finalmente, según testigos, “luego de un rato, empezaron a llegar muchos vehículos, revisaron sus bolsillos, le pusieron dos armas cortas cerca del cuerpo, unos panfletos y unos objetos de color negro tipo granadas” (fs. 3907, causa rol 746-84).

Alfa Carbón 1 se había iniciado a principios del 84 –o quizás antes– cuando Jorge Mandiola Arredondo, jefe de la CNI de Concepción, informó a su superior Marcos Spiros Derpich Miranda, jefe de la División Regionales de la CNI, que ya existían datos suficientes para acreditar la presencia de una estructura subversiva en la zona: el Teatro de Operaciones Sur (TOS) del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). Joaquín Molina Fuenzalida (+), segundo de Derpich en Regionales (vea el organigrama de los agentes que participaron en la operación y las fichas de cada uno de ellos), había dirigido el trabajo de inteligencia de la que sería la desarticulación definitiva de la jefatura del MIR en el sur del Chile. Derpich y Álvaro Corbalán Castilla, a la fecha jefe de la División Antisubversiva (DAS) de la CNI, radicada en el Cuartel Borgoño de Santiago, serían los encargados de comandar la operación. El informe que entregó Mandiola incluía nombres, domicilios y organigramas de los miristas, entre los cuales se encontraban los datos de Aedo.

El informe de la autopsia realizada por el médico legista César Reyes Contreras el 24 de agosto de 1984 a las 8:30 constató que Luciano Aedo recibió siete impactos de bala, cuatro en la espalda, cabeza, muñeca izquierda y pie izquierdo, y definió como causa precisa y necesaria de la muerte un proyectil disparado a una distancia mayor de cincuenta centímetros que entró por la espalda y salió por el pecho, comprometiendo corazón y pulmones (fs. 234; 292). Asimismo, en su declaración del 13 de septiembre, el médico señaló que la trayectoria del proyectil sugiere que Aedo estaba inclinado hacia delante, “como cuando se corre” y que las heridas en la espalda deben haber sido perpetradas cuando el tórax estaba muy inclinado “casi horizontal con el suelo” (fs. 17954). Luciano Humberto Aedo Arias tenía 34 años, era padre de cuatro hijos y miembro del MIR.

Posteriormente, a eso de las 16:00, frente a la Vega Monumental de Concepción, el chofer Pedro Aguayo Aguayo fue obligado a detener su microbús. Una treintena de agentes de la CNI y personal de Carabineros tenían cercado el lugar. En Talcahuano, lo habían abordado Mario Octavio Lagos Rodríguez, encargado militar del TOS, y Nelson Adrián Herrera Riveros, encargado político militar del TOS. Un equipo de Televisión Nacional también tomaba posiciones. Jorge Octavio Vargas Bories, ex oficial de Ejército contratado como empleado civil de la CNI y segundo al mando de la Brigada Especial, conminaba a los pasajeros a que descendieran. Solo lo hizo el chofer. Ante esto, los efectivos comenzaron a arrojar bombas lacrimógenas al interior del vehículo en el que permanecían alrededor de doce personas. Bajaron diez. Pasados algunos minutos, Mario Lagos descendió por la puerta trasera con los brazos en alto. Egon Antonio Barra Barra, cabo segundo de Carabineros y miembro de la Brigada Especial de la CNI, descendió del vehículo en el que habían seguido al microbús, portando un fusil AK. Manuel Ángel Morales Acevedo, cabo primero de Carabineros, miembro de la Brigada Especial de la CNI, hizo lo mismo. Según consta a fs. 3646, ambos efectuaron varios disparos, “cayendo el sujeto boca abajo y muriendo en ese lugar”. Actuaron bajo las órdenes de Hugo José Hechenleitner Hechenleitner, para entonces teniente de Ejército y jefe del equipo, frente a la mirada atónita de unos 500 testigos.

El informe de la autopsia de Mario Lagos Rodríguez reveló que recibió dos impactos de bala efectuados a más de cincuenta centímetros: uno en la zona axilar izquierda –que comprueba que tenía los brazos en alto al momento de recibirlo– y otro en la cara posterior del muslo derecho. Mario Octavio Lagos Rodríguez tenía 34 años, era padre de tres hijos y miembro del MIR.

Al verlo en el suelo, Nelson Herrera intentó huir pero fue interceptado. El chofer, Pedro Aguayo, declaró, el 10 de septiembre de 1984: “Me dirigí hacia él y estuve a un metro de él. En ese mismo momento llegaron dos agentes que lo levantaron de los brazos. El caído abrió los ojos y me miró de frente. No tenía sangre en ninguna parte del cuerpo, a excepción de un rasmillón en la parte de la sien derecha, que pudo haber sido a causa de la caída o del roce de una bala […] Los dos hombres que se habían acercado lo tomaron fuertemente de los brazos, lo incorporaron y dijeron que estaba herido y había que llevarlo al hospital” (fs. 18345). José Abel Aravena Ruiz, suboficial de Carabineros y miembro de la Brigada Azul comandaba el equipo encargado del seguimiento de Herrera y, junto con Sergio Agustín Mateluna Pino, agente civil del Ejército y miembro de la División Antisubversiva regional de Concepción; Luis Enrique Andaur Leiva, cabo segundo de Carabineros, guardia operativo del cuartel Borgoño de la CNI, y un cuarto agente hasta la fecha no identificado, cuyo alias habría sido “Cárdenas”, lo subieron a un auto y lo condujeron camino a Santa Juana. Ahí, en un sitio eriazo, Luis Andaur Leiva le descerrajó un tiro en la frente.

 

Según consta a fs. 4601 –y queda establecido a fs. 3089; 3419; 2700 y 2557– el día previo al operativo “se realizó una reunión en la que se dijo a quiénes había que detener y a quiénes eliminar. En esa reunión se colocaron unas fotografías y los que había que eliminar se les colocó una cruz; entre estos se señalaba a Herrera y Lagos”. La reunión fue dirigida por Derpich y Mandiola y en ella participó todo el mando, vale decir, además de ellos: Corbalán, Gonzales Cortés, Krantz Johans Bauer Donoso y “el oficial de la CNI conocido en el Cuartel Borgoño específicamente como ‘don Oscar’ quien corresponde a Jorge Claudio Andrade Gómez”. Krantz Bauer (+) estaría a cargo de los equipos que iban a operar en Los Ángeles y por eso se trasladó esa noche al regimiento de dicha ciudad.

A eso de las 17:00 del 23 de agosto, Bauer Donoso recibió la orden de operar e informó a los equipos a su cargo para que procedieran con las acciones planificadas. Bruno Antonio Soto Aravena, suboficial de Ejército y miembro de la DAS de Concepción; José Artemio Zapata Zapata, agente civil del Ejército y miembro de la DAS de Concepción, y Rafael de Jesús Riveros Frost, agente civil del Ejército y miembro de las brigadas Caupolicán, Rojo y Azul, llegaron hasta el número 841 de la calle Bombero Carlos Vyhmeister de la población Orompello, donde vivía Mario Mujica Barros, dirigente del MIR y miembro del TOS. Según consta en el expediente, los tres integrantes del equipo que comandaba Soto Aravena habían llegado a la ciudad de Los Ángeles la primera semana de agosto para seguirlo. El día de los hechos, el equipo permaneció a la espera de que saliera de su vivienda, pero Mujica no se movió. Unos doce agentes se ubicaron por el frente y los costados de la casa, y una vez concretado el cerco, el equipo inició el ataque ingresando al domicilio. Simultáneamente, los otros equipos disparaban al aire para dar la impresión de un enfrentamiento. Pero, tal y como consta a fs. 309, Mario Mujica fue reducido al interior de su vivienda, puesto de rodillas y ejecutado con un disparo a quemarropa. Posteriormente, y para continuar con la fachada, los agentes siguieron disparando, subiéndose a los techos de las casas vecinas y apostándose en el pasaje posterior, mientras un gran número de carabineros prestaba apoyo perimetral (fs. 146; 191).

El informe de la autopsia de Mario Mujica señaló como causa de muerte una herida a bala en el cuello con compromiso de tráquea y vasos sanguíneos, hemorragia y anemia. Asimismo, el Informe Policial Nº 44 del Departamento de Medicina Criminalística de la PDI señaló que al momento de recibir el impacto homicida, Mario Mujica podría haberse encontrado a menor altura que quien hizo el disparo, ya sea agachado o en el piso, o parcialmente de espaldas, con la cabeza y el cuello inclinados (fs. 390). Mario Ernesto Mujica Barros tenía 32 años, era padre de un hijo y miembro del MIR.

Tal como en Concepción, y según consta a fs. 392; 291, el 22 de agosto de 1984 se realizó un encuentro en Valdivia para planificar la operación en esa ciudad. La reunión fue dirigida por Patricio Lorenzo Castro Muñoz, teniente de Ejército y segundo jefe de la Brigada Amarilla; Luis Alberto Moraga Tresckow, capitán de Ejército y jefe de la CNI de Valdivia, y Oscar Alberto Boehmwald Soto, capitán de Ejército y jefe de la CNI de Puerto Montt. Ahí se asignaron los equipos que operarían al día siguiente y subsiguiente en la ciudad.

El 23 de agosto de 1984, alrededor del mediodía, los tres equipos dirigidos por Patricio Castro detuvieron en el centro de Valdivia a Rogelio Tapia de la Puente y Raúl Jaime Barrientos Matamala, dirigentes del MIR y miembros del TOS. Los tres grupos formaron una caravana junto con otros dos equipos, uno de los cuales era comandado por Moraga Tresckow, y se dirigieron por la ruta que va a Niebla hasta el Puente Estancilla, donde se detuvieron en medio de un descampado. En la caravana también venía un furgón rojo. Ahí, uno de los vehículos se desplazó unos doscientos metros hacia Niebla para cortar el tránsito, mientras otro hacía lo mismo con el flujo procedente de Valdivia. Los detenidos atados, vendados y amordazados, fueron obligados a descender, siendo inmediatamente asesinados por unos cinco o seis tiradores, el primero de ellos, Patricio Castro. Le siguieron “Miguel Aliaga”, Gerardo Meza Acuña, Francisco Orellana Segel, Fernando Ramírez Romero, Alberto Moraga Tresckow y otro agente hasta la fecha no identificado. Posteriormente, estos mismos agentes dispararon contra el furgón rojo que se había estacionado en las cercanías para simular un enfrentamiento.

Ernesto Arnoldo Barría Ordoñez, capitán del transbordador Caupolicán, que cumplía itinerario en el río Valdivia, señaló que ese 23 de agosto desde el mediodía comenzaron a pasar muchos vehículos con patente de Santiago que cruzaban desde Las Mulatas hacia Torobayo y que en la tarde se le acercaron unas personas de civil que dijeron ser de la CNI, acompañadas de varios carabineros. Le pidieron que suspendiera el servicio y, como había órdenes de la Gobernación Marítima, tuvo que obedecer. Luego de una hora y media, aproximadamente, un jefe de Carabineros le dijo que cruzara a buscar un carro mortuorio para trasladar el cuerpo de dos miristas que habían resultado muertos en un enfrentamiento. “El carro era negro, pero tenía el logo de Carabineros. Le pedí autorización a un carabinero conocido para ver los cadáveres”. Ahí reconoció a Barrientos, porque vivían en la misma población (fs. 287).

Las autopsias constataron que Rogelio Tapia recibió seis impactos de bala en la cara, tórax y abdomen, y Raúl Barrientos, tres impactos en la cabeza y en el tórax. Rogelio Tapia de la Puente tenía 31 años, era padre de dos hijas y miembro del MIR. Raúl Barrientos Matamala tenía 23 años y era miembro del MIR.

La ejecución de la operación Alfa Carbón 1 culminó el 24 de agosto en el número 643 de la calle Rubén Darío, en la Población Corvi de Valdivia. El día anterior, la mayor parte de los equipos que se habían trasladado a Valdivia estuvieron vigilando la vivienda de Juan José Boncompte Andreu, dirigente del MIR y miembro del TOS, a la espera de que saliera para poder ejecutarlo. Entre ellos estaban los jefes Boehmwald Soto, Ema Verónica Ceballos Núñez y Luís René Torres Méndez. Sin embargo, Boncompte no salió ese día. Los agentes regresaron el 24 con la orden de ingresar a su domicilio. Patricio Castro Muñoz le encomendó a Boehmwald Soto que encabezara el operativo pasado el medio día. Los jefes de equipo, además de los agentes Patricio Castro, Pedro María Rojas Vásquez, Zinaida Lena Vicencio González, Aquiles Poblete Palominos y Carlos Alberto Ejía López, entre otros, entraron por la puerta principal, mientras varios equipos cercaban la casa y toda la cuadra.

Eladio Washington Ilabel Poblete, vecino del sector, señaló que el día de los hechos vio como un taxi negro se estacionaba frente a la casa de Boncompte. Se bajaron cuatro individuos, tocaron la puerta y entraron. Pasados uno o dos minutos, sintió varios disparos: “Por curiosidad me subí al techo de mi casa y observé que salió un hombre corriendo hacia el sitio (patio trasero) y fue acribillado a balazos por varias personas, pues venían muchas desde el frente de la casa. También recuerdo que una mujer armada se acercó al cuerpo de la persona baleada y le levantó la nariz, escuchándole decir: ‘Era bonito el huevón’, como riéndose, y luego con su arma le disparó” (fs. 286).

Según la autopsia, Boncompte tenía 22 impactos de bala: nueve en el tórax, cuatro en el brazo y dos en el antebrazo derecho; tres en el muslo derecho, tres en la pierna izquierda y uno en la cara. Juan José Boncompte Andreu tenía 31 años, era padre de dos hijos y miembro del MIR.

Narda Flandes, también vecina de Boncompte, señaló a fs. 279 que uno de los sujetos que le disparó lo dio vuelta con el pie para que quedara boca arriba y junto con otros “echaron su cuerpo en una bolsa. Salí del lugar, corriendo hacia la esquina para seguir mirando. En ese lapso vi cuando sacaban una niña embarazada y la subieron al furgón”.

En la declaración que prestó el 5 de octubre de 1990 para la Comisión de Verdad y Reconciliación, Inés Díaz Vallejos señaló:

Yo, Inés Díaz Vallejos, nacida en Quillota, ciudadana chilena, con fecha de nacimiento 25 de abril de 1952, carné de identidad 7.152.059-5, Santiago, de profesión profesora, con domicilio actual en Sodra Ledningsgatan 39, Lilla Edet, Suecia, vengo a declarar que:

1) Aproximadamente a las 16 horas de ese día se hizo presente en nuestro hogar un grupo de personas vestidas de civil. Algunas portaban un brazalete que los identificaba como miembros del Ejército. Esas personas ingresaron en nuestra casa cuando yo abrí la puerta. Mi compañero, Juan José, quedó en el dormitorio. Yo fui agredida por cuatro o cinco de las personas que ingresaron y fui tirada en el piso de la sala de estar. Estando allí tirada escuché que se disparaban armas de fuego dentro de la casa. En esos momentos fui sometida a malos tratos por un grupo de esos individuos. Estos me exigían respuesta a preguntas de donde habría armas, explosivos, etc. Yo respondí que no tenía conocimiento alguno acerca de esas cosas. Estas personas insistían que respondiera y para ello me sometían a golpes y patadas en todo el cuerpo. Debo destacar que cuando esto ocurrió estaba embaraza de 28 semanas. Yo convivía con Juan José y él es el padre de mi hija.

Después de algún rato fui retirada de la casa y llevada a instalaciones policiales en Valdivia. Ese mismo día, casi al anochecer fui trasladada nuevamente, esta vez a la cárcel de hombres de Valdivia. Allí permanecí, siempre incomunicada. Esto duró seis días (aunque permanecí) detenida hasta la semana del parto en noviembre de 1984, sin que se me acusara o condenara.

2) El 28 de noviembre de 1984 nació mi hija Javiera, afectada de tetraparecia espástica generalizada. Esto implica un estado de impedimento físico total que es irreparable. Mi hija no está en condiciones de usar ni piernas ni brazos, tampoco puede hablar. El impedimento es de carácter físico. La capacidad mental de mi hija está intacta, con un evidente grado de inteligencia. Todas las evaluaciones médicas indican sin lugar a dudas que la incapacidad física es debida al maltrato que recibí el 24 de agosto de 1984.

La historia judicial de este caso comienza el mismo 23 de agosto de 1984, en las fiscalías militares de Concepción y Valdivia con procesos en contra de los 16 miristas detenidos en ambas ciudades y de los responsables de las “violencias innecesarias” que causaron la muerte de Luciano Aedo, Mario Lagos, Nelson Herrera, Mario Mujica, Rogelio Tapia, Raúl Barrientos y Juan José Boncompte. Ese mismo año monseñor José Manuel Santos, arzobispo de Concepción –cuyas denuncias recogió la revista Cauce en un reportaje titulado “Yo acuso” http://saladehistoria.com/Revistas/Cauce/pdf/Cauce021.pdf− solicitó un ministro en visita a la Corte de Apelaciones y, frente a su negativa, presentó todos los antecedentes que pudo recopilar a la Corte Suprema.

Pero el caso siguió en la justicia militar, la mayor parte del tiempo a cargo del fiscal Pedro Marisio, el mismo que les tomó declaración a los detenidos cuando salieron de los cuarteles de la CNI y pasaron a prisión. Marisio interrogó a seis agentes sabiendo que utilizaban nombres falsos instruidos por el abogado Miguel Ángel Parra. Claudio Rodrigo Rozas Fernández, Antonio Martínez López, Jaime Marinovic Palma, Juan Machuca Fuenzalida, Ricardo Labórquez Maturana y Raúl González López, son las “chapas” que utilizaron.

En 1998 el fiscal Marisio sobresee la causa declarando que no es posible dar con las identidades verdaderas de los responsables. El abogado que representaba a los familiares de los miristas asesinados en Concepción y Hualpencillo apeló, pero la Corte Marcial confirmó el sobreseimiento. El abogado presentó entonces un recurso de casación a la Corte Suprema, que ordenó proseguir con la investigación. Recién en 2003 el fiscal militar Fernando Grandón, ante una nueva tentativa de sobreseimiento, solicita que se oficie al Departamento Quinto de la PDI para que investigue. Son los detectives de esta brigada quienes dan con los dos primeros nombres: Hugo José Hechenleitner Hechenleitner y Víctor Muñoz Orellana. Finalmente, en 2007 la abogada Magdalena Garcés se hace cargo de representar a la mayoría de los familiares de las víctimas y consigue que el caso pase a la justicia civil. En 2009 el ministro Aldana reabre el proceso por la muerte de Mario Mujica–que había sido sobreseído en 1998− y en 2011 acumula las tres causas (Valdivia, Concepción y Los Ángeles) en una sola (12-2009 de la Corte de Apelaciones de Concepción) por homicidio calificado y asociación ilícita contra Marcos Derpich, Álvaro Corbalán y otros.

El 20 de junio de 2012 el ministro Aldana resolvió someter a proceso por asociación ilícita únicamente a ÁLVARO CORBALÁN CASTILLA y MARCOS DERPICH MIRANDA y, por homicidio calificado, además de ellos, a 13 agentes (ver nómina más abajo). A principios de 2013, Magdalena Garcés y Patricia Parra (abogada del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que también se hizo parte en el proceso) presentaron dos peticiones de ampliación de auto de procesamiento. Las peticiones de las abogadas son para que el ministro amplíe el auto de procesamiento por el delito de asociación ilícita y someta a proceso a: JORGE CLAUDIO ANDRADE GÓMEZ y AQUILES MAURICIO GONZÁLEZ CORTÉS como autores del homicidio calificado de todas las víctimas; JORGE CAMILO MANDIOLA ARREDONDO como autor del homicidio calificado de Luciano Humberto Aedo Arias, Mario Octavio Lagos Rodríguez, Nelson Adrián Herrera Riveros y Mario Ernesto Mujica Barros; HUGO JOSÉ HECHENLEITNER HECHENLEITNER y EGON ANTONIO BARRA BARRA como autores del delito de homicidio calificado de Mario Octavio Lagos Rodríguez; RAFAEL DE JESÚS RIVEROS FROST como autor del delito de homicidio calificado de Mario Ernesto Mujica Barros; FRANCISCO JAVIER ORELLANA SEGUEL y JORGE FERNANDO RAMÍREZ ROMERO como autores del homicidio calificado de Rogelio Humberto Tapia De la Puente y Raúl Jaime Barrientos Matamala; y a los agentes CARLOS ALBERTO EGUÍA LÓPEZ, LUIS RENÉ TORRES MÉNDEZ, PEDRO MARÍA ROJAS VÁSQUEZ, ZINAIDA LENA VICENCIO GONZÁLEZ y AQUILES POBLETE PALOMINOS como autores del delito de homicidio calificado de Juan José Boncompte Andreu.

Una asociación ilícita compuesta solamente por dos personas, como pretende el ministro Aldana, resulta irrisoria en este contexto. En efecto, el artículo 292 del Código Penal dispone que toda asociación formada con el objeto de atentar contra el orden social, las buenas costumbres, las personas o las propiedades importa un delito que existe por el solo hecho de organizarse. Asimismo, el artículo 293 del Código Penal sanciona con la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados a los jefes, los que hubieren ejercido mandos y sus provocadores cuando el acuerdo de voluntades ha tenido por objeto la perpetración de crímenes, como ocurre en este caso.

Sumado a esto, el ministro Aldana ha decidido procesar solamente a los autores “materiales” del caso, obviando tanto la racionalidad y jerarquía con que los aparatos represivos funcionaron en Chile como lo señalan los avances de la jurisprudencia al respecto. Para poder juzgar los crímenes cometidos por los nazis, la jurisprudencia internacional reemplazó la distinción entre autor material y autor intelectual por una que permitiera dar cuenta de la forma de operar que tienen las organizaciones complejas.

Actualmente se distingue entre autor inmediato y autor mediato, que es, en definitiva, quien da la orden y “tiene el dominio del hecho”. Por lo mismo, que Hugo Salas Wenzel (segundo jefe de la CNI), Jorge Mandiola Arredondo (jefe de la CNI de Concepción), Jorge Andrade Gómez (segundo jefe de la División Antisubversiva comandada por Corbalán) y Aquiles González Cortés (jefe de la Brigada Azul a cargo del exterminio del MIR) no estén siendo procesados en esta causa, cuando su participación en los crímenes está acreditada, constituye prueba suficiente para afirmar que a los tribunales les falta voluntad y convicción para investigar y sancionar efectivamente a los agentes del Estado que cometieron delitos criminales durante la dictadura.

El conjunto de declaraciones de testigos, agentes y sobrevivientes no resulta suficiente para el ministro, que parece ignorar que en causas de derechos humanos conseguir la confesión de los inculpados resulta casi imposible. Por ello, las condenas de estos casos se basan no en el convencimiento, sino en la configuración de presunciones fundadas: los autores inmediatos y mediatos no han confesado ni van a confesar sus crímenes, de modo que si existen dos o más declaraciones que señalan que un agente presidió una reunión y mostró fotografías marcadas con cruces; comandó un equipo y dio la orden de ejecutar; disparó contra un hombre que estaba en la calle o al interior de su casa, u ocupa un lugar en los organigramas que los mismos agentes han confeccionado para graficar el mando operativo de la CNI –como sucede a lo largo de los 20 tomos que componen la causa–, esa persona debería estar siendo procesada tanto por asociación ilícita como por homicidio calificado.

Finalmente, incluso si el ministro Aldana sometiera a proceso a todos los mandos y autores inmediatos más evidentes, como solicitan las abogadas Garcés y Parra, las condenas serían insuficientes. La operación Alfa Carbón 1 involucró a alrededor de cien agentes de Santiago, Concepción, Valdivia, Puerto Montt y otras ciudades del sur del país en una masacre que terminó con la vida de siete personas y, por la cual, están siendo juzgados, actualmente, apenas 15 individuos.

¿Qué necesitan el señor ministro y la justicia chilena para reconocer la lógica de exterminio que imperó en Chile entre 1973-1990 y proceder en conformidad?

Nota de los autores: Hemos escrito este texto mientras esperamos que la Corte de Apelaciones de Santiago se pronuncie respecto a la negativa de ampliación del auto de procesamiento del ministro. Si su respuesta es “no ha lugar”, la Corte Suprema solo podrá ratificar, aumentar o bajar las condenas que se propongan y varios miembros de la plana mayor de la CNI, responsables del diseño y ejecución de la operación Alfa Carbón 1 seguirán impunes. Como hasta ahora.

Un numeroso grupo de periodistas pertenecientes al Colegio de la orden, realiza una “Funa” fuera de los estudios de Televisión Nacional de Chile (TVN), producto de la aparición del ex agente de la CNI, Jorge Vargas Bories, en el reality show “Tocando las Estrellas”, espacio televisivo que finaliza hoy, y que tiene entre los finalistas a la hija del ex agente represor.

La aparición del ex agente de la CNI como un padre de familia ejemplar que le desea a su hija suerte y templanza en la fase final del concurso de TVN, encendió la polémica ya que el capitán en retiro está procesado por el asesinato del periodista José Carrasco, del publicista Abraham Muskablit y de participar en la fatídica Operación Albania.

Vargas Bories está en libertad provisional mientras se dictan las condenas.

El gremio considera inaceptable que por las pantallas del canal estatal aparezca un inculpado por graves violaciones a los Derechos Humanos, como un inocente padre de familia.

 “Nos parece que se ha producido una omisión culposa de TVN al presentar a este personaje, sin decir exactamente quién es y qué representó en la violación de los DD:HH en Chile”, señaló el Presidente del Colegio de periodistas, Guillermo Torres.

 “El Colegio, los ex trabajadores de Revista Análisis, amigos y compañeros de José Carrasco, estamos acá para expresar nuestra enérgica protesta ante esta insólita actitud de Televisión Nacional, que al presentar a un inculpado por graves violaciones a DD.HH como un ejemplar padre dedicado al cuidado de su familia, no sólo ofende la memoria de Carrasco y de las demás víctimas, sino que a los periodistas de nuestro país y a todos los chilenos que creen en principios y valores fundamentales de la dignidad humana”, sostuvo Torres.

En estos momentos unas cincuenta personas están apostadas en el frontis de la cadena estatal con pancartas y letreros alusivos a la demanda. El Colegio también señaló a través de una declaración pública que “TVN debe asumir su responsabilidad en el hecho, en su calidad de Televisión Pública, porque la pluralidad de la que hoy goza, es fruto de la lucha de gente como Carrasco que entregó su vida por la recuperación de la democracia en Chile, responsabilidad superior que no puede ser transada por mayor audiencia”.

La aparición del ex agente de la CNI, Jorge Vargas Bories, como un padre de familia ejemplar que le desea a su hija suerte y templanza en la fase final del concurso “Tocando las Estrellas” de TVN encendió ayer la polémica ya que el ex capitán está procesado nada menos que por el asesinato del periodista José Carrasco, del publicista Abraham Muskablit y de participar en la fatídica Operación Albania. Vargas Bories está en libertad condicional mientras se dictan las condenas.

En los primeras emisiones del programa había trascendido el vínculo familiar de la participante y actual finalista de este espacio, Mariana Vargas, con este ex agente, pero la estación televisiva había aclarado entonces que “los hijos no son responsables de los actos de sus padres”.

En las imágenes, el ex agente lucía tranquilo junto a su esposa, en un video con marcado acento familiar en el living de la casa. “Pase lo que pase, tómalo con mucha dignidad y con mucho respeto a tus compañeros”, le recomendó a Mariana el ex agente. Momentos antes, la cámara había recorrido el departamento mostrando una foto de Augusto Pinochet, junto a las cucharas de plata y otros objetos de valor exhibidos sobre la mesa de centro.

La aparición en pantalla de Vargas Bories, en un programa que fue transmitido también por la señal internacional de TVN, resultó ofensiva para los familiares de las víctimas, e incluso para el Colegio de Periodistas y algunos miembros del directorio del canal público que cuestionaron abiertamente el criterio de la emisión.

En TVN, aunque en un primer momento se resistieron a entregar una declaración oficial, el Departamento de Relaciones Públicas aclaró que se había utilizado el mismo criterio aplicado a los otros concursantes, a quienes “se les brindó la oportunidad de ver a sus familias una semana antes de la final”.

Pero el hecho fue interpretado de inmediato por el representante de los trabajadores en el directorio de Televisión Nacional, Cristóbal Valenzuela como “una falta de prolijidad con los familiares de las personas que se vieron afectadas por la acción criminal de Vargas Bories”, por el representante de los trabajadores en el directorio de Televisión Nacional, Cristóbal Valenzuela.

Nelson Caucoto, abogado querellante en la causa de José Carrasco tuvo sin embargo una opinión menos tajante: “La concursante (Mariana Vargas) no tiene culpa alguna, tiene derecho a realizar su propia vida y desarrollarse plenamente como persona. No podemos hacer trascender a sus hijos los errores de sus padres”.

A Nissim Sharim, otro integrante de esta instancia directiva, también le sorprendió que se haya realizado esta entrevista y fue enfático en señalar tajantemente que “no debe dársele ningún tipo de tribuna a la gente que cometió horrores durante la dictadura”.

Aún más molestia causó el programa en el Colegio de Periodistas. Su presidente, Guillermo Torres, anticipó que va a denunciar esta ofensa hoy durante el Congreso de la organización que se realiza en La Serena y anticipó que le exigirá a TVN que “tenga en consideraciones esenciales de un hecho tan grave que conmovió a todo un país”.

El living de la casa de Vargas.

Más próxima al entorno familiar, la periodista María Eugenia Camus, ex compañera de trabajo de José Carrasco en la revista Análisis, sostuvo que “es inaceptable que la pantalla de la televisión publica se use para este tipo de sujetos que habla del „cariño de la familia“. Sentí una enorme rabia y pena, acordándome del hijo de José Carrasco, Luciano, que se suicidó justamente porque ese sujeto segó para siempre la vida de su familia”.

Entretelones de la emisión

A TVN no le ha resultado fácil lidiar con este programa. Desde un comienzo se encargó su casting y desarrollo a una empresa externa, la productora Roos Films, que no sólo exhibió graves falencias técnicas en los primeros capítulos, obligando a reforzar el presupuesto y la intervención en el espacio de ejecutivos del canal, sino que fue la responsable de este nuevo y cuestionado capítulo.

Fuentes del programa explican que es esta productora la que confecciona las pautas del programa y los responsables de la estación sólo supervisan los contenidos, mecanismo que en este caso no habría surtido el efecto esperado.

De hecho, una fuente de esta productora reconoció a La Nación que “fue un error y jamás deberíamos haber mostrado a este caballero (Vargas Bories). Sin embargo, debíamos tratar a la Mariana como al resto de los participantes, aunque se pudo haber evitado este bochorno”.

Hoja de ruta

Jorge Vargas Bories (alias Jorge Polanco) está acusado de diversos crímenes cometidos durante la dictadura militar. El capitán (r) operó como integrante de la Unidad Antisubversiva de la CNI y está procesado por el secuestro y asesinato del periodista José Carrasco y del publicista Abraham Muskablit, hechos ocurridos en septiembre de 1986, poco después del atentado contra Augusto Pinochet. También está acusado de ser uno de los agentes que perpetró la “Matanza de Corpus Christi”, también conocida como Operación Albania, en junio de 1987, donde doce miembros del FPMR fueron ejecutados. Además, ha sido implicado en la ejecución del dirigente del MIR, Jecar Neghme, ocurrida en septiembre de 1987.

Vargas, quien luego de su paso por el organismo represor integró la DINE, también enfrentó a la justicia cuando fue encausado por estafa y giro doloso de cheques en la empresa de Transportes Santa Bárbara, donde fue socio del ex director de la CNI, Alvaro Corbalán.

Respecto a su “perfil”, es revelador el testimonio que entregó el diario electrónico El Mostrador en 2001. Un testigo secreto del caso José Carrasco confesó que, un día después del crimen del periodista, Vargas llegó hasta su casa para pedirle que alterara el estriado de los cañones de las armas usadas en el asesinato. ‘’Anoche fileteamos unos huevones y hay que ‘pajear’ los fierros’’, habrían sido las palabras del hombre que el miércoles apareció como un amante padre de familia en las pantallas de TVN

El ex director del organismo, general (r) Hugo Salas Wenzel, es sindicado como el autor intelectual de la ejecución de doce jóvenes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
El ministro en visita Hugo Dolmestch acusó a 18 ex agentes de la disuelta Central Nacional de Inteligencia (CNI) por su participación en el asesinato de 12 jóvenes el 15 y 16 de junio de 1987, caso conocido como "Operación Albania".
El magistrado determinó que el ex director del organismo de inteligencia, general (r) Hugo Salas Wenzel, es el responsable intelectual del homicidio de los opositores al régimen militar.
De esta forma, Dolmestch pone fin a quince años de investigación e inicia la etapa previa a la dictación de condenas de primera instancia.
Como coautores del delito de homicidio por están acusados: el general (r) Hugo Salas Wenzel, el mayor (r) Alvaro Corbalán, el comandante (r) Iván Quiroz, el comandante (r) Krantz Power Donoso, el mayor Rodrigo Pérez Martínez y el oficial de Ejército Jorge Vargas Bories.
Estas acusaciones en contra de los uniformados antes mencionados se refieren a la muerte de Recaredo Valenzuela, Patricio Acosta, Julio Guerra, Juan Henríquez y Wilson
Henríquez.

Otros implicados
Además, son acusados del delito de secuestro seguido de homicidio en la persona de Ester Cabrera, Manuel Valencia, Ricardo Rivera, Elizabeth Escobar, Patricia Quiroz, José Valenzuela Levi y Ricardo Silva, ejecutadas en el inmueble de Pedro Donoso 582, de la comuna de Conchalí.
En calidad de cómplice, el magistrado acusó al capitán (r) del Ejército Arturo Sanhueza Ross, por el homicidio de Julio Guerra y el secuestro seguido de homicidio de Ester Cabrera.
En tanto, el ex detective Hugo Guzmán esta acusado en calidad de cómplices por el delito de secuestro con homicidio de Patricia Quiroz. Su colega Gonzalo Maass del Valle, en calidad de autor del delito de secuestro seguido de homicidio de Ricardo Rivera.
Los oficiales (r) René Valdovinos Morales, César Luis Acuña Luengo y Manuel Morales Acevedo fueron acusados de autores del homicidio de Ignacio Valenzuela Pohorezcky y como cómplices de secuestro seguido de homicidio de las víctimas de Pedro Donoso 582.

La matanza de Corpus Christi
En la llamada Operación Albania, que se registró entre el 15 y 16 de junio de 1987 durante el feriado de Corpus Christi, doce personas que pertenecían al Frente Patriótico Manuel Rodríguez fueron asesinadas en distintos lugares de Santiago.
Según las versiones oficiales del gobierno militar, los jóvenes murieron en "enfrentamientos con las fuerzas de seguridad", pero las autopsias demostraron que los disparos fueron hechos cuando las víctimas se encontraban tendidas en el piso.
La acción se produjo apenas cuatro días después que la Octava Sala de Corte de Apelaciones de Santiago declarara al FPMR como una "asociación ilícita terrorista", cuyos miembros debían ir a la cárcel y ser reprimidos, resolución que legitimó todo tipo de acción violenta contra el grupo de izquierda.
Cabe recordar, que el dictamen fue resuelto por el tribunal de alzada a petición del Ministerio del Interior del régimen militar  por un requerimiento presentado por un grupo de frentistas acusados de varios delitos.

Operativo de la CNI
Para llevar a cabo la operación, la Central Nacional de Informaciones efectuó un gigantesco operativo de inteligencia, que significó movilizar a decenas de agentes y realizar numerosas detenciones y allanamientos, con el objetivo final de reprimir a los frentistas.
La acción de la CNI fue acompañada de un gran despliegue de publicidad oficialista, que reprodujo sin dudas ni cuestionamientos la versión oficial de "enfrentamiento".
La primera víctima, Ignacio Valenzuela Pohrecky, uno de los fundadores del FPMR, murió baleado en calle Alhué, comuna de Las Condes, el 15 de junio de 1987, a las 12 horas. A las 18 horas, los agentes de la CNI dieron muerte a Ricardo Acosta Castro, en calle Varas Mena, frente al número 630. Pocas horas después, cerca de la medianoche, en la misma calle Varas Mena, en el inmueble signado con el número 417, fueron muertos Juan Henríquez Araya y Wilson Henríquez Gallegos.
A la misma hora de ocurrir estas muertes, tuvo lugar la de Julio Guerra Olivares, en la Villa Olímpica.
Posteriormente, cerca de las 5 de la mañana del 16 de junio de 1987, en la casa de Pedro Donoso 582, comuna de Recoleta, fueron acribillados siete frentistas. Ellos fueron Ricardo Silva Soto, José Valenzuela Levy, Elizabeth Escobar Mondaca, Patricio Quiroz Nilo, Manuel Valencia Calderón, Ester Cabrera Hinojosa y Ricardo Rivera Silva

El Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas, presidido por Patricio Martínez, manifestó en declaración pública su conformidad con las sentencias decretadas por la justicia contra los ex agentes de la Central Nacional de Inteligencia en el asesinato del profesional de la orden, y Consejero Metropolitano José Carrasco Tapia el 8 de septiembre de 1986. «Cuando […]

El Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas, presidido por Patricio Martínez, manifestó en declaración pública su conformidad con las sentencias decretadas por la justicia contra los ex agentes de la Central Nacional de Inteligencia en el asesinato del profesional de la orden, y Consejero Metropolitano José Carrasco Tapia el 8 de septiembre de 1986. «Cuando el 2006 estaba llegando a su fin, nos enteramos de la noticia largamente esperada por los y las periodistas» afirman, recordando que en septiembre de este año conmemoraron los 20 años transcurridos desde el crimen. Agrega el comunicado: » En este minuto de profunda emoción, recordamos a Pepone como un hombre, padre de familia, compañero y colega, que creía en el proyecto de una sociedad mejor, intentando recuperar la democracia y haciendo una defensa inclaudicable de la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos. Es un momento de alegría, pero también debe ser de recuerdo para sus ex compañeros y compañeras de revista Análisis, de curso en la escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, de su familia, de sus colegas de aquella época como dirigente en el Colegio de Periodistas. Hoy, Pepe está más vivo que nunca entre nosotros».

Las condenas
Los comentarios del dirigente del gremio se refieren a las sentencias conocidas el pasado 31 de diciembre. A 18 años de cárcel fue condenado Alvaro Corbalán, ex jefe operativo de la CNI, junto a 13 agentes que recibieron otras penas por los asesinatos del dirigente gremial de los periodistas y el MIR, José Carrasco Tapia, el profesor Gastón Vidaurrázaga (también mirista), el electricista Felipe Riveros, y el publicista Abraham Muskablitt (ambos militantes comunistas). El fallo por los crímenes perpetrados en represalia por el fallido atentado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez contra el ex dictador Pinochet camino a El Melocotón, fue dado a conocer el último día hábil de 2006, por el ministro en visita Haroldo Brito, quien recibió las confesiones de los criminales de manos del juez Hugo Dolmetsch, al ser promovido éste a la Corte Suprema.
 

En esta sentencia de primera instancia ninguno de los criminales recibió beneficios carcelarios, por lo tanto deberían cumplir penas efectivas de cárcel. Brito condenó además al fisco a pagar 250 millones de pesos (unos 470.000 dólares) a las viudas, madres e hijos de las víctimas y unos 75 millones de pesos (141.000 dólares) a cinco hermanos de ellas. Sin embargo, ni los padres de José Carrasco, redactor de la revista «Análisis» y colaborador de la revista Punto Final, ni su hijo Luciano, vivieron para ver el fin de la impunidad. En Chiloé, la señora Yolanda Manríquez, la madre del profesor y artista plástico Gastón Vidaurrázaga, en su condición de ex jueza, se mostró contenta de que finalmente se hiciera justicia. El hermano de Gastón, el periodista Ignacio Vidaurrázaga mostró conformidad con las sentencias pero sostuvo que habrá que estar atentos a las apelaciones de los condenados y luchar porque las condenas se hagan realidad.

El juez Brito condenó a trece años al ex capitán de ejército Jorge Vargas Bories y al ex mayor de carabineros Iván Quiroz, como autores de los homicidios de Carrasco y Muskablitt. Por el homicidio del profesor Vidaurrázaga fueron condenados a ocho años de prisión los agentes Krantz Bauer, Jorge Jofré y Juan Jorquera. Corbalán y Quiroz ya estaban en Punta Peuco, el primero con perpetua por el crimen del carpintero Alegría y ambos además recibieron quince y diez años respectivamente, por su responsabilidad en los homicidios de militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en la llamada Operación Albania que investigó paralelamente el juez Dolmestch..

René Valdovinos, que tuvo una sentencia menor, también cumple condena por Operación Albania.

Otros crímenes de Bauer

Krantz Bauer era el ex jefe de la Brigada Verde de la CNI y pese a haber dirigido ese operativo de aniquilamiento conocido también como la matanza de Corpus Christi, fue absuelto por Dolmetstch en ese proceso, al igual que Vargas Bories. Actualmente Bauer también está procesado por la desaparición de cinco frentistas en 1987. Se estima que hasta la fecha Bauer y Vargas Bories siguen gozando de una suculenta pensión del Estado por supuesto «estrés post guerra», que les permite una doble jubilación reajustable. El año 2004, el departamento de comunicaciones del Ejército informó al diario La Nación que esas pensiones tenían el carácter de «irrevocables».

Por el crimen de Felipe Rivera, los ex CNI Pedro Guzmán Olivares (ex coronel de ejército) y el detective Gonzalo Maas del Valle recibieron ocho años de prisión; los agentes civiles Víctor Lara Cataldo y René Valdovinos (por Rivera); Víctor Muñoz Orellana, Eduardo Chávez Baeza (por Vidaurrázaga), así como Carlos Alberto Fachinetti (por Carrasco) y José Ramón Meneses (por Muskablitt) tienen cinco años y un día. El criminal número dos, el director de la CNI, general Humberto Gordon Rubio, procesado por la ministra Dobra Luksic en mayo de 2000 por su directa responsabilidad en los hechos, murió de un infarto en junio del mismo año. Fue él quien luego de reunirse en la Moneda con el almirante Merino, ordenó a Corbalán, jefe del Cuartel Borgoña, asesinar a dos izquierdistas por cada escolta fallecido en el atentado.

La orden de Gordon

En su confesión, Corbalán relató al juez Dolmestch que luego de la acción del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Gordon dispuso el acuartelamiento en grado uno de los miembros de la CNI. Corbalán estaba fuera de Santiago y regresó de inmediato dirigiéndose al Cuartel General de la CNI de calle República. Había sido citado allí por el general Gordon Rubio, quien poco antes había participado en una reunión de emergencia en La Moneda con el almirante Merino. A la reunión con Gordon llegó Corbalán y también Manuel Provis Carrasco, que dirigía la División Política Metropolitana, encargada del control de los partidos políticos de la época. Se lee en el expediente: «El señor General nombrado, profundamente alterado por los hechos les ordenó que agentes de sus respectivas dependencias debían salir y vengar a los cinco escoltas fallecidos con ocasión del atentado, venganza ésta que debía ser en una proporción de dos a uno, en relación a las víctimas».

La orden se cumplió sólo en la División Antisubversiva que encabezaba Corbalán. «Transmitida la orden por el comandante del Cuartel Borgoña a sus subalternos, se actuó por equipos separados de trabajo, respetándose estrictamente la jerarquía y el compartimentaje, como era la organización y forma normal de hacerlo.» El primer operativo de aniquilamiento se cumplió en la población Sara Gajardo de la comuna de Cerro Navia, donde secuestraron a Felipe Rivera, llevándolo en un vehículo hasta Américo Vespucio. Fue ejecutado frente a la Planta Toyota.

Alrededor de las 4 de la madrugada Krantz Bauer Donoso, Víctor Manuel Muñoz Orellana, Jorge Enrique Jofré Rojas, Eduardo Martín Chávez Baeza y Juan Alejandro Jorquera Abarzúa asaltaron el hogar de Gastón Vidaurrázaga, ubicado en calle Fidel Angulo 1109 de la comuna de San Bernardo. El profesor trató de huir pero fue capturado y conducido a la Ruta 5 Sur donde a la altura del kilómetro 16 le dieron muerte, recibiendo doce impactos de bala.

Poco después, a las 5 horas de la madrugada del mismo día, siempre cumpliendo las órdenes de Corbalán, los agentes Iván Raul Belarmino Quiroz Ruiz, Jorge Octavio Vargas Bories y Carlos Guillermo Fachinetti López ingresaron a la casa de José Carrasco, en calle Santa Filomena 111 donde «procedieron a aprehender y secuestrar en presencia de su familia, a José Humberto Carraco Tapia, periodista y dirigente sindical vinculado al MIR, el cual fue introducido en un vehículo y conducido hasta la Avenida Américo Vespucio, costado sur del Cementerio Parque del Recuerdo, frente al pasaje Merino González de la Villa Los Héroes de la Concepción, lugar donde se le dio muerte, siendo la causa de ésta traumatismo cráneo encefálico, facial y de la extremidad inferior izquierda por balas, estimando el perito forense que los disparos son de tipo homicida. Recibió según la autopsia de rigor, catorce impactos.»

En la siguiente madrugada, una patrulla integrada por Iván Quiroz Ruiz, Jorge Vargas Bories y José Ramón Meneses Arcauz, se dirigió al domicilio de Abraham Muskablitt en Puente Alto, dirigente interno del Partido Comunista, secuestrándolo para ser ejecutado en el Camino Lonquén a la altura del Nº 2360, con nueve impactos de balas alojadas en el tórax, abdomen y brazos.

La acusación señala que los hechos relatados son constitutivos de sendos delitos de secuestro seguidos de homicidio…cometidos por terceros «haciendo uso de la fuerza y aprovechando su condición de miembros de los servicios de seguridad». El abogado Nelson Caucoto, defensor de la causa considera que Dolmestch realizó una profunda investigación y que dadas las confesiones obtenidas, las acusaciones -hoy convertidas en sentencias- son inobjetables.

 

Cuatro jueces

En 1991, ya en democracia, este proceso había estado con una insólita prohibición de informar dictada por la Corte Suprema y vigente por cinco años. El juez de la causa, Aquiles Rojas, fue quien dictó el primer auto de procesamiento contra Vargas Bories. Pero por haber aparecido el rostro del agente en primera plana en la prensa, antes de realizarse la rueda de reconocimiento que lo inculpó, esa resolución fue desautorizada por la Corte. Luego vino la prohibición de informar, medida siempre objetada por el Colegio de Periodistas.

Al asumir la causa la jueza Dobra Luksic se produjeron importantes avances, ya que ella investigó y dictó las 14 encargatorias de reos con los que profundizó la investigación que posteriormente debió asumir como ministro en visita Hugo Dolmestch, trabajando estos antecedentes en paralelo con la Operación Albania.

Este martes finalizará la etapa probatoria en el caso judicial por el asesinato de cuatro profesionales en 1986, dentro de los cuales se encuentra el acribillamiento del periodista y entonces editor internacional de la revista Análisis, José Carrasco Tapia, mientras que el ministro en visita a cargo de la causa, Haroldo Brito, estaría alistando el fallo condenatorio.

Dentro de los testigos citados por las partes, el testimonio más impactante que tuvo lugar hasta ahora es el pronunciado por el ex agente de la CNI Jorge Vargas Bories, quien al margen de ratificar su confesión de haber sido partícipe en estos homicidios, hizo presente que al momento de recibir la orden de ejecutar a Carrasco, dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y al publicista Abraham Muskatblit Eidelstein, dirigente interno del Partido Comunista, él manifestó su desacuerdo a sus superiores, pero que el mandato le fue reiterado y, prácticamente, fue obligado a llevar a cabo la sangrienta misión.

Tanto el capitán (r) del Ejército, Vargas Bories, como el mayor(R) de Carabineros Iván Quiroz Ruiz, quienes ya fueron condenados en el caso Operación Albania, fueron los primeros ex agentes del organismo represor en confesar su responsabilidad en estos crímenes. Asimismo, ambos están encausados junto a otros 12 compañeros de tareas en los organismos represivos por estos dos crímenes, así como por estar involucrados en los de Felipe Rivera Gajardo, militante del PC, y el profesor y artista plástico Gastón Vidaurrázaga Manríquez, militante del MIR.

Las responsabilidades
Según estableció el magistrado que estuvo a cargo del caso y actual miembro de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, la orden de asesinar a cuatro miembros emblemáticos de la oposición más dura al régimen militar, obedeció a la necesidad de ejecutar una brutal represalia por el atentado que sufrió el ahora fallecido general (r) Augusto Pinochet, y que le costó la vida a varios de sus guardaespaldas, en el Cajón del Maipo, el 7 de septiembre de 1986.

En una reunión en el cuartel general de la CNI, el general Humberto Gordon "profundamente alterado por los hechos, les ordenó que agentes de sus respectivas dependencias debían salir y vengar a los cinco escoltas fallecidos con ocasión del atentado, venganza ésta que debía ser en una proporción de dos a uno, en relación a las víctimas", según quedó establecido en el proceso judicial.

Es por ello que Dolmestch decidió procesar al mayor (R) Alvaro Corbalán Castilla, ex jefe operativo de la disuelta CNI, como autor de los secuestros con homicidio de José Carrasco, Felipe Rivera, Gastón Vidaurrázaga y Abraham Muskatblit.

En calidad de co-autores del secuestro y homicidio de Rivera fueron encausados Pedro Javier Guzmán Olivares, Gonzalo Fernando Maass del Valle, Víctor Hugo Lara Cataldo y René Armando Valdovinos Morales.

Como co-autores del delito de secuestro seguido de homicidio de Vidaurrázaga fueron sometidos a proceso Krantz Johans Bauer Donoso, Víctor Manuel Muñoz Orellana, Jorge Enrique Jofré Rojas, Eduardo Martín Chávez Baeza y Juan Alejandro Jorquera Abarzúa.

Por otra parte, Iván Raúl Belarmino Quiroz Ruiz, Jorge Octavio Vargas Bories y Carlos Guillermo Fachinetti López fueron encausados como co-autores del mismo ilícito en contra de Carrasco Tapia.

En tanto, en calidad de co-autores del delito de secuestro seguido de homicidio de Muskatblit Eidelstein fueron procesados Iván Raúl Belarmino Quiroz Ruiz, Jorge Octavio Vargas Bories y José Ramon Meneses Arcauz.

Próxima condena
Según fuentes allegadas a la investigación, luego que este martes declaren testigos relacionados con la responsabilidad civil que le cabría al Estado en el caso, en razón de que estos homicidios fueron perpetrados por ex agentes de un organismo de seguridad creado durante la administración de Pinochet, el ministro Brito quedaría en condiciones de dictar la correspondiente sentencia condenatoria.

Con esta resolución, ya serían un total de tres megaprocesos contra la ex CNI que finalizan en condenas, ya que antes lo fue el llamado caso Operación Albania y el crimen del ex vocero del MIR Jecar Neghme, ejecutado en 1989.

Según la planificación inicial, el dictamen por el crimen de Pepe Carrasco y los otros tres profesionales, eliminados entre el 8 y 9 de septiembre de 1986, podría conocerse, a más tardar, a fines de esta semana.

Compartimos con ustedes un mensaje que nos acaba de llegar:

"1.- La comunidad académica del Instituto de la Comunicación e Imagen –ICEI- de la Universidad de Chile manifiesta su más profundo rechazo respecto de la resolución de la Corte Suprema, que el pasado 13 de agosto rebajó en forma considerable las sentencias de Álvaro Corbalán y otros agentes de la CNI por el secuestro con homicidio del periodista José Carrasco Tapia, el publicista Abraham Muskatblit Eidelstein, del profesor y artista plástico Gastón Vidaurrázaga Manríquez y del electricista Felipe Rivera Gajardo.

2. Esta resolución, en los hechos, permite que once culpables de delitos de lesa humanidad no cumplan condenas efectivas de cárcel, pese a un largo proceso judicial que tomó cerca de 21 años en emitir una condena para 13 agentes de la dictadura militar. 

3. Al aplicar la prescripción gradual a delitos de lesa humanidad, la Corte Suprema compromete la responsabilidad internacional del Estado de Chile, que incumple así sus obligaciones internacionales, en especial respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la que en sus resoluciones solicita proporcionalidad y pertinencia de las sentencias en casos de violaciones a los derechos humanos.

4. Como comunidad ICEI lamentamos que, pese a haberse establecido la verdad jurídica de los hechos, el poder judicial, aceptando un recurso de casación interpuesto por la defensa de los acusados, desatienda aspectos relevantes como la justa sanción y reparación.

5. En tiempos en que la sociedad chilena defiende penas cada vez más duras para delitos comunes, se hace necesaria una reflexión respecto de sanciones reparadoras y coherentes en delitos de la gravedad de los perseguidos en este caso; más aún cuando en su momento estuvieron amparadas por instituciones gubernamentales de dicha época y además cometidas por agentes del Estado.

6. Esperamos que el Poder Judicial y todos los poderes del Estado comprendan que sólo condenas correctamente ejecutoriadas permitirán un real aprendizaje como sociedad respecto de la relevancia de los Derechos Fundamentales de los Seres Humanos. Sólo de esta forma el “nunca más” será posible. Ignacio Agüero Lorena Antezana María Cecilia Bravo Cristián Cabalin Sergio Campos Juan Pablo Cárdenas Paola Castillo Pedro Chaskel Laureano Checa Rafael Del Villar María Eugenia Domínguez Coti Donoso Patricia Espinosa Claudia Fernández Gustavo González Claudia Lagos Álvaro Medina María Olivia Mönckeberg Pamela Pequeño Ximena Póo Mariela Ravanal Claudio Salinas Hans Stange Eduardo Santa Cruz Luis Cruz Pino Loreto Rebolledo Faride Zerán Santiago, 18 de agosto de 2009

El colmo. Uno de los militares huelguista, Sergio Rivera Bozzo, es autor del asesinato de un lonco mapuche de 60 años, José Matías Ñanco. El lonco, que era también pastor evangélico, al ver como se llevaban a 13 de sus comuneros, se acercó a la patrulla militar clamando "¿Por qué matan? Dios no viene a matar, sino a dar la vida en abundancia…". Tras decir estas palabras, Ñanco fue acribillado en el acto. Rivera Bozzo fue a condenado a 5 años y un día por esta acción.

 En uno de los giros noticiosos más inversímiles de los últimos años, un grupo de nueve militares violadores de los derechos humanos (todos ellos autores al menos de crimen de homicidio, según lo establecido por cortes civiles en procesos acotados a la legislación penal ordinaria), decidió subirse por el chorro de la movilización mapuche e iniciar su propia huelga de hambre. Piden la “inmediata libertad a todos los suboficiales y empleados civiles presos" y que a todos ellos, por una razón que no ha podido ser conocida hasta el momento, se les fije como máxima pena los 10 años de prisión “para aquellos casos que el monto de las mismas sea igual o superior a aquella cantidad de años, o se tratare de presidio perpetuo”.

 EL ASESINO DEL LONCO 

El caso está lleno de paradojas. Partiendo por el significativo detalle de que uno de los firmantes del comunicado de los presos militares de Punta Peuco, Sergio Rivera Bozzo (el único miembro de la Armada sentenciado por crímenes de lesa humanidad) está precisamente condenado por asesinar al comunero mapuche José Matías Ñanco. Por este crimen a Rivera Bozzo se le condenó a 5 años y un día. Una sentencia muy distinta a los 47 años de presidio que -en promedio- arriesgan los comuneros mapuches presos, por delitos acumulados que incluyen desde "asociación terrorista" y robo de madera a la participación en enfrentamientos con la fuerza pública. Para Hector Llaitul, por ejemplo, el Ministerio Público solicita 103 años de cárcel, de los cuales 18 años corresponden a la acusación más grave, el ataque contra una caravana policial en la que viajaba el fiscal Mario Elgueta. Pero volvamos al caso del asesinato del comunero José Matías Ñanco a manos de Sergio Rivera Bozzo. Cornelio Matías Ñanco, hijo de la víctima, ha narrado los hechos: "El finao de mi papá estaba trabajando cuando llegaron a la casa dos militares… buscando a algunos, pero no estaba mi papá en la lista. Cuando él llegó, los militares tenían detenidos a trece de la comunidad. Muy calmado, les pide la orden y les dice: '¿Por qué matan? Dios no viene a matar, sino a dar la vida en abundancia…' Ahí, un militar molesto por sus palabras le disparó varios tiros y cayó". 

ASESINÓ A PADRE DE DIPUTADO EN HUELGA DE HAMBRE 

Otra paradoja. Entre quienes protestan en Punta Peuco se encuentra el mayor Carlos Herrera Jiménez. El mismo que asesinó al presidente de la ANEF Tucapel Jiménez. El dirigente era padre del diputado del mismo nombre que, en su calidad de miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, se encuentra ahora en huelga hambre, solidarizando con los prisioneros mapuches. Herrera Jiménez se encuentra condenado a cadena perpetua por este crimen, sumado al asesinato del carpintero Juan Alegría; un solitario poblador. Luego de quitarle la vida, utilizó su cadáver, montando una falsa escena en la que Alegría aparecía ahorcado y dejando una nota de suicidio, inculpándose de paso del asesinato de Tucapel Jiménez. 

8 AÑOS DE CÁRCEL POR MATAR A 12 PERSONAS 

También en la lista de los militares en huelga de hambre hay otros que, en apariencia, obtuvieron condenas bastante favorables de parte de los tribunales. Como el coronel Emilio Neira, quien fue condenado a sólo 8 años de cárcel, luego de comprobársele la autoría del secuestro y asesinato simultaneo de 12 personas, en el marco de la llamada Operación Albania. 

ESPERANZAS EN PIÑERA

 El comunicado de los militares de la cárcel de Punta Peuco fue enviado únicamente al diario La Nación. Todavía no se publica su versión completa, pero se cita un pasaje que emplaza indirectamente a Sebastián Piñera El texto afirma que hay “personalidades de diversos ámbitos del quehacer nacional, que se han expresado públicamente solicitando a la autoridad administrativa del país para que ésta dé definitivos y decisivos pasos para terminar el lamentable episodio de los derechos humanos con la liberación de ‘los presos militares”. Piñera, siendo candidato, prometió "aplicar la prescripción" en "los juicios eternos que nunca terminan", refiriéndose así a las causas de derechos humanos. Este compromiso de campaña, realizado "off the record", según documentos de la organización Chile Mi Patria, fue luego relativizado por Piñera. Éste declaró, al ser consultado públicamente, que no prometió nada en especial, salvo cumplir las leyes y el estado de derecho. Pero, según consta en registro de video aficionado, Piñera sí realizó este compromiso ante un grupo de militares en retiro, reunidos en el Círculo Español durante la primera quincena de noviembre del 2009. La cita se efectuó menos de un mes antes de la primera vuelta presidencial. 

"COMETIMOS DELITOS" 

En la introducción del texto, el grupo de convictos desliza un reconocimiento de su culpabilidad en los crímenes por los que han sido condenados. Los firmantes se identifican a sí mismos como: "los miembros de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, en adelante “los presos militares”, que cometimos delitos contra la seguridad de las personas (más conocidos por violaciones a los derechos humanos) en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990”. Entre los firmantes se incluyen varios condenados por el asesinato del comandante en jefe de Ejército, Carlos Prats, y su esposa, Sofía Cuthbert (el general Raúl Iturriaga Newman; los brigadieres Fernando Polanco, José Zara, Christoph Willike y el coronel Juan Morales Salgado), además del agente de la CNI Jorge Vargas Bories, asesino del periodista José Carrasco Tapia y del publicista Abraham Muskatblit. Algunos tienen causas pendientes, pero todos los miembros del grupo se encuentran condenados; a diferencia de los presos mapuches, que en su mayoría se encuentran sometidos, en virtud de la Ley Antiterrorista, a largas prisiones preventivas. 

CÁRCEL DE LUJO:INTERNOS CON INTERNET Y LLAVES DE SU CELDA 

En el 2007 una comisión de ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de realizar una ronda de rutinarias visitas de inspección a establecimientos penitenciarios, describió las condiciones de vida en Punta Peuco en un informe oficial: “Presenta condiciones de lujo, como una sala de living, ubicada en el módulo reservado para ex uniformados del Ejército, sin perjuicio de calefacción eléctrica al interior de las habitaciones, las cuales lucen el adorno de una residencia particular acomodada. Asimismo, una sala de comedor con muebles de estilo y un patio sembrado de césped con toldos y juegos”. “Cada interno posee llave de su habitación. En allanamientos se han requisado teléfonos móviles, hecho que vulnera las medidas de seguridad, especialmente cuando los internos cuentan con equipos computacionales que pueden ser conectados por esa vía a Internet” Estas descripciones causaron escozor en tribunales, por el contraste que presentaban con otras cárceles, calificadas en el mismo documento como "mugrientas"

La pasada de cuenta de ex militares detenidos, las promesas incumplidas a ex conscriptos, la denuncia de supuesto indulto que estaría preparando el presidente Piñera y que las dos principales candidatas sean hijas de ex oficiales de la FACH, son los principales ingredientes de una discusión que marcarán la campaña presidencial y parlamentaria. Conózca la lista de los 62 ex militares presos al final de la crónica

A 40 años del golpe militar, son más de 60 los ex uniformados que están presos por crímenes de lesa humanidad, algunos de los cuales acumulan condenas que suman cientos de años, a las que podrían agregar varias más, ya que actualmente hay más de un millar de causas pendientes.
 
Y si bien a partir del año 2000 se han reactivado estos procesos por la determinación de la justicia de nombrar jueces exclusivos, según familiares y abogados de derechos humanos, más que un acercamiento, el paso de los años está ahondando en las heridas, por cuanto no se ha logrado justicia, ni menos reparación.
 
El abogado Roberto Celedón, dijo que más allá de la sanción penal que hoy se está consiguiendo la forma lenta, el "futuro es incierto" en lo civil. "Hoy día en el mejor de los casos se pueden llegar a un sanción penal, pero no existe el derecho a ser indemnizado", señaló al ser consultado por Cambio21.
 
En ese sentido hizo una dura crítica a la participación del Consejo de Defensa del Estado en las causas. "A pesar de que agentes del Estado cometieron hechos gravísimos, en el Consejo de Defensa del Estado es una política institucional esto de no tener una política de derechos humanos."
 
Y si bien consideró que el país está maduro para reconocer la verdad, faltan acciones concretas de parte de las autoridades para que el nunca más sea realmente efectivo. "No hay una política pública clara que permita una educación de las futuras generaciones, para que no se olvide lo que ocurrió y que no se repita."
 
No olvidar
 
Lugares como Villa Grimaldi, Londres 38, el memorial del cementerio general y el museo de la memoria, son parte del esfuerzo realizado por los gobiernos de la concertación para recuperar la verdad, reivindicar a las víctimas y lograr la justicia y la reconciliación, sin embargo, persisten sectores que pretenden olvido y amnistía, sin arrepentimiento y castigo a los culpables.

Ricardo Brodsky, director del Museo de la Memoria, afirmó que el hecho que haya gran numero causas que aun no arriban a una resolución judicial afecta a la convivencia de los chilenos "es un pésimo antecedente para la sociedad porque impide la reconciliación de loa chilenos y general violencia cultural, porque la denegación de justicia hace que las personas no se sientan parte de la sociedad".
 
Aunque destacó los avances en la materia de los últimos 10 años, reconoció que ha sido complicado "por el pacto de silencio de quienes cometieron y encubrieron estas violaciones y no hay actos de arrepentimiento ni colaboración por lo que se hace más difícil esclarecer los hechos".
 
Entrevistado por Cambio21, se refirió a las peticiones de indulto a los militares presos". Las razones humanitarias se pueden considerar, pero siempre estas están asociadas al perdón y en Chile las personas que están cumpliendo condena no han mostrado ninguna señal de arrepentimiento ni pedido perdón a las víctimas. Por lo que es inadecuado que El general Fuente – Alba y parlamentarios de la derecha como Jorge Ulloa, pidan medidas humanitarias o la remisión de condenas."
 
Las promesas
 
Esteban Silva (PS), candidato a senador por Santiago Poniente, denunció la existencia de un acuerdo para el indulto entre el gobierno del Presidente Sebastián Piñera y los procesados por crímenes de lesa humanidad.
 
El político dijo que tiene fuentes que confirmarían esta iniciativa, con la que el mandatario cumpliría la promesa hecha durante su campaña en el círculo español, donde se comprometió que "en caso de llegar a La Moneda tomará medidas para que la justicia se aplique "en forma oportuna y sin mantener procesos ad eternum, que nunca terminan".
 
Además anunció que "recurriremos a los Tribunales y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues no se trataría de un acto propio del gobierno sino de una maniobra destinada a burlar las leyes nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos".
 
Silva también criticó a las declaraciones de jefe del Ejército, General Juan Miguel Fuente- Alba, las que a su parecer" reflejan la existencia de una gran operación política destinada a abrirle paso a la impunidad en Chile es muy sugerente que el Presidente no haya dicho nada frente a un acto de pública deliberación política del Comandante en Jefe del Ejército".

Esta no es la primera vez que Piñera se ve enfrentado a este dilema. A principios de su gobierno se discutió incluir a los violadores de derechos humanos en el indulto bicentenario, y en junio pasado los miembros de la llamada "bancada militar", Jorge Ulloa (UDI) y Mario Bertolino (RN), presentaron un fallido proyecto de ley para la remisión de penas.

También le han pasado la factura a Piñera los ex conscriptos de la dictadura, a quienes en su campaña también les prometió una indemnización. En conversación con Cambio21 el presidente de la agrupación de ex soldados conscriptos del Ejército, Fernando Mellado dijo que "nos hemos mantenido con puros calmantes, nos prometió 300 millones de dólares para cumplir con lo pactado, sin embargo eso después se redujo a 40 millones, y finalmente no obtuvimos nada, porque según ellos "no existían los recursos".
Cero arrepentimiento

Durante estos años ninguno de los condenados ha realizado un gesto de arrepentimiento, al contrario, han culpado a la clase política de los crímenes de la dictadura. Recientemente en una carta enviada al director de Cambio21, el general (r) Eduardo Iturriaga Neumann, el uniformado con más alto rango preso en el penal de Punta Peuco dijo que el Estado chileno está en deuda con ellos. El condenado ex uniformado que firmó la misiva como "preso político militar", descartando todo arrepentimiento. "Los más de 60 condenados y más de 1.000 procesados, no son los responsables de los hechos ocurridos en Chile y que condujeron al Pronunciamiento Militar, tampoco son los directamente responsables de los acontecimientos acaecidos durante el Gobierno Militar, ya que en su gran mayoría eran disciplinados subordinados profesionales en sus respetivas instituciones, que tuvieron que enfrentar a terroristas y delincuentes armados que pretendían subvertir el orden en el país, efectuando todo tipo de acciones condenadas por las leyes vigentes.

No sólo no muestran gestos de arrepentimiento. También han actuado en abierta beligerancia y desacato a la autoridad. El mismo Iturriaga Neumann estuvo evadido durante 52 días el años 2007 y recientemente se supo que el ex capitán del Ejército Carlos Minoletti procesado por el asesinato en 1973 de 26 opositores a la dictadura de Augusto Pinochet, por el posterior desentierro de los cadáveres y su lanzamiento al mar, está prófugo desde hace un año y medio.

Los condenados

Actualmente, hay más de un millar de causas de derechos humanos que se están tramitando en tribunales, con lo que se esperan nuevas condenas los próximos meses.

El observatorio de derechos humanos de la Universidad Diego Portales, elaboró un documento donde se conoce en detalle la situación judicial de las 89 personas sentenciadas a penas de cárcel efectivas por crímenes DDHH en Chile desde el año 2000.
El documento consigna 7 casos cuya encarcelación aun no se confirma, 16 personas con régimen alternativo o sentencia reducida o cumplida, 4 fallecidos, además de 62 encarcelados, entre los que destaca Manuel Contreras, con más de 40 condenas, Marcelo Moren Brito con 28, Miguel Krassnoff Martchenko con 26, Basclay Zapata con 14, Pedro Espinoza con 11, Raúl Iturriaga Neumann con 6, entre otros.

Individuos, oficiales, suboficiales y civiles, actualmente cumpliendo o recién habiendo cumplido penas de presidio en Chile por violaciones a los derechos humanos cometidos entre 1973 y 1990 (actualizado enero de 2013)

1) Aguirre Aguirre, José Rafael
EJÉRCITO, Teniente ®

2) Ambler Hinojosa, Alex Vicent
CARABINEROS, Capitán ®

3) Aracena González, Rubén Darío
CARABINEROS, Mayor ®

4) Aravena Longa, Gerardo
CARABINEROS, Coronel ®

5) Arias Unzueta, Ramón
CARABINEROS, Suboficial ®

6) Barraza Quintero, Blas Daniel
CARABINEROS, Suboficial ®

7) Barría Igor, Rubén Osvaldo
CARABINEROS, Suboficial ®

8) Bravo Llanos, René Iván
EJÉRCITO, Suboficial ®

9) Cabrera Aguilar, Armando
CARABINEROS, Suboficial ®

10) Caceres Gonzalez, José Raúl
Armada, Capitán ®

11) Carrera Bravo, Luis Guillermo
EJÉRCITO, Suboficial ®

12) Castro Mendoza, Marcelo Iván
CARABINEROS, Capitán (R)

13) Cofré Silva, Guillermo Arturo
CARABINEROS, Oficial ®
 
14) Contreras Sepúlveda, Juan Manuel
EJERCITO, General ®

15) Corbalán Castilla, Álvaro Julio
EJÉRCITO, Mayor ®

16) Del Río Del Río, Jorge Nibaldo
EJÉRCITO, Coronel ®

17) Donoso Barrera, Victor Ernesto
Armada, Teniente ®

18) Espinoza Bravo, Pedro Octavio
EJÉRCITO, Coronel ®
 
19) Estay Reino, Miguel Arturo
CARABINEROS, Empleado civil ®

20) Fernández Monjes, Luis Humberto
EJÉRCITO, Suboficial ®

21) Ferrer Lima, Francisco Maximiliano
EJÉRCITO, Teniente coronel ®

22) Friz Esparza, José Mario
CARABINEROS, Suboficial ®

23) Fuentes Castro, José Florentino
CARABINEROS, Sargento segundo ®

24) Gajardo Arenas, Luis Guillermo
CARABINEROS, Suboficial ®

25) Galleguillos Pangue, Rómulo Enrique
CARABINEROS, Suboficial ®

26) González Betancourt, Guillermo Washington
CARABINEROS, Coronel ®

27) Gonzalez D'arcangeli, Hugo
Armada, Capitán ®

28) Harnish Salazar, Osvaldo Francisco
POLICIA DE INVESTIGACIONES ®

29) Henríquez Palma, Erasmo Ananías
CARABINEROS, Suboficial ®

30) Hernández Ponce, Juan Arturo
CARABINEROS, Suboficial ®

31) Herrera Jiménez, Carlos
EJÉRCITO, Mayor ®

32) Iturriaga Neumann, Raúl Eduardo
EJÉRCITO, General ®

33) Krassnoff Martchenko, Miguel
EJÉRCITO, Brigadier ®

34) López Almarza, Donato Alejandro
EJÈRCITO, Mayor ®

35) Marín Jiménez, Jorge Segundo
CARABINEROS, Suboficial ®

36) Mena Salinas, Odlanier Rafael
EJÉRCITO, General ®
 
37) Miranda Monardes, David Adolfo
EJÉRCITO, Teniente coronel ®

38) Moncada Sáez, Froilán
CARABINEROS, Suboficial ®

39) Morales Salgado, Juan Hernán
EJÉRCITO, Coronel ®

40) Moren Brito, Marcelo Luis
EJÉRCITO, Coronel ®

41) Muñoz Uribe, Miguel Pablo
EJÉRCITO, Suboficial ®

42) Neira Donoso, Emilio Enrique
EJÉRCITO, Teniente coronel ®

43) Ortíz Toledo, Juan Antonio
EJÉRCITO, Suboficial

44) Osorio Gardasanich, Luis Alberto
EJÉRCITO, Suboficial ®

45) Ovalle Hidalgo, Hernán Reinaldo
EJÉRCITO, Coronel ®

46) Palma Ramírez, César Luis
FUERZA AÉREA, Empleado civil ®

47) Pasmiño Sepúlveda, Juan Héctor
CARABINEROS, Suboficial ®

48) Paz Bustamante, Nelson Alberto
EJÉRCITO, Suboficial

49) Polanco Gallardo, Fernando Guillermo
EJÉRCITO, Brigadier ®

50) Quiroz Ruiz, lván RaúlBelarmino
CARABINEROS, Teniente coronel ®
 
51) Rivera Bozzo, Sergio
ARMADA, Teniente ®

52) Romero Muñoz, Carlos Luis
EJÉRCITO, Mayor ® y ex fiscal militar

53) Sáez Mardones, Alejandro Segundo
CARABINEROS, Cabo primero ®

54) Salas Wenzel, Hugo Iván
EJÉRCITO, Mayor general ®

55) Salazar Fuentes, Claudio Alberto
CARABINEROS, Cabo ®

56) Sesnic Guerricabettia, Conrado Alfredo
Carabineros, Coronel ®

57) Toledo Puente, Francisco Nelson
CARABINEROS, Suboficial ®

58) Trujillo Miranda, Otto Silvio
FUERZA AÉREA, Empleado civil ®

59) Vargas Bories, Jorge Octavio
EJÉRCITO, Teniente ® Empleado Civil ®

60) Willeke Floel, Christoph Georg Paul
EJÉRCITO, Brigadier ®

61) Zapata Reyes, Basclay Humberto
EJÉRCITO, Suboficial Mayor ®

62) Zara Holger, José Octavio
EJÉRCITO, Brigadier ®

El ministro en visita extraordinaria de  la Corte de Apelaciones de Santiago para causas por violaciones a los derechos humanos,  Mario Carroza, dictó sentencia en la investigación por el delito de homicidio calificado de  Federico Álvarez Santibañez (Rol N° 77-2010), ocurridos entre e 15 y el 21 de septiembre de 1979 en la ciudad de Santiago.

En el fallo, el magistrado Carroza condenó a Julio Fernando Salazar Lantery, Carlos Arturo Durán Low, Jorge Claudio Andrade Gómez y Jorge Octavio Vargas Bories, a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, como autores del delito de homicidio calificado, todos ellos sin beneficios.

Asimismo, se condenó a Manfredo Enrique Jurgensen Caesar, como cómplice del mismo delito, a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, siendo beneficiado con la medida de libertad vigilada intensiva.

En la misma sentencia también se condena a Luis Alberto Lozada Fuenzalida como encubridor del delito de homicidio calificado a la pena de dos años de presidio menor en su grado medio, sustituyéndole el cumplimiento de la pena privativa de libertad por el beneficio de la remisión condicional de la pena.
 
En cuanto a la acción civil, se sentencia al Fisco de Chile al pago de $140.000.000.- (ciento cuarenta millones de pesos) a la madre y uno de los hermanos de la víctima, por concepto de daño moral.
 
En tanto el ministro Carroza en la misma sentencia, absolvió a Eduardo Enrique Araya Pardo, Luis Ramón Sagredo Valdebenito y Eduardo Carlos Ojeda Bennett, de la acusación judicial como autores del delito de homicidio calificado.
 
Los antecedentes de la investigación, permitieron concluir  los siguientes hechos:
 
Que el día 15 de agosto de 1979, en horas de la madrugada, Federico Alvarez Santibañez, profesor y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria es detenido junto a otro militante, en calle Manuel Rodriguez con Catedral, por efectivos de la Novena Comisaría de Santiago, con  motivo de haberles sorprendido lanzando panfletos de dicho movimiento, en la vía pública.

Luego de que fueran reducidos y detenidos, por medio de la aplicación de la fuerza por parte de los funcionarios policiales, añadiendo también una caída con golpe en la cabeza de Alvarez Santibáñez, fueron  conducidos  a la unidad de Servicio de urgencia del Hospital de Jose Joaquín Aguirre, estableciendo el carácter leve de sus heridas.

Posteriormente fueron trasladados a la novena Comisaria de Carabineros para ser interrogados, tanto por los motivos de su detención como por ser acusados de la colocación de un artefacto explosivo en un vehículo, tomando la medida de poner los antecedentes del caso en conocimiento del Ministerio del Interior y de la Central Nacional de Informaciones, siendo llevados al denominado cuartel Borgoño, recinto de detención y tortura.
 
 «Que una vez que ingresan al cuartel Borgoño, recinto de detención y tortura de la Central Nacional de Informaciones, Alvarez Santibáñez y López Peralta son sometidos a intensos interrogatorios y continuas sesiones de tortura que concluyen el día 20 de agosto de ese año, fecha en la cual ante la posibilidad de verse expuestos a las acciones judiciales que intentaba la Vicaría de la Solidaridad, se ven enfrentados a la obligación de trasladarles a la Fiscalía Militar, donde el fiscal, al ser advertido, pudo observar el evidente mal estado en que se encontraba  Federico Álvarez Santibáñez, a consecuencia de los tormentos y  tratos crueles e inhumanos que se le infringieron mientras permaneció en el mencionado recinto de reclusión y tortura, y ordena su traslado al Hospital de la Penitenciaría de esta ciudad para que fuera atendido», señala la sentencia.
 
Agrega:

«En el Hospital de la Penitenciaría, el médico que examina a la víctima lo ve y comprueba la gravedad de sus lesiones, por lo que ordena de inmediato una interconsulta con al Asistencia Pública, que Gendarmería cumple trasladándole a dicho Servicio de Urgencia para que sea examinado e intervenido, pero pese a los esfuerzos médicos s e produce en ese lugar su deceso el día 21 de agosto de 1979, a las 06:50 horas  a consecuencia de su avanzado deterioro de su salud provocado durante su encierro».

Procesan a nueve ex funcionarios de la Armada por secuestro y tortura

Este viernes el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia, dictó procesamiento en contra de nueve ex funcionarios de la Armada por violación a los derechos humanos.

Juan de Dios Reyes, Valentín Riquelme, Bertalino Castillo, Ricardo Riesco, Héctor Santibáñez, Jaime Lazo, Juan Jorquera, Gilda Ulloa, y Eduardo Núñez son acusados de ser autores de secuestro, asociación ilícita y tortura en contra de Abelardo Zamorano.

En esta etapa de investigación, el ministro en visita estableció que en octubre de 1973 Zamorano fue detenido en Quillota y permaneció dos días en un cuartel de la Policía de Investigaciones para luego ser trasladado a la Cárcel Pública, desde donde fue liberado.

Añadió que hubo una segunda detención en marzo de 1974 en Valparaíso, donde Abelardo fue conducido al Cuartel Silva Pala por tres personas del Servicio de Inteligencia Naval que vestían de civil.

«En el recinto naval fue sometido a crueles tormentos e interrogatorios con golpes y corriente eléctrica, incomunicación e inclusive se le privaba de alimento y agua. La mayor parte del tiempo permaneció encapuchado en una celda donde era obligado a escuchar los interrogatorios y torturas de otras personas», señaló Jaime Arancibia.

El ministro en visita finalizó indicando que Abelardo Zamorano permaneció un mes detenido para después ser trasladado a un campo de detención llamado «Isla Riesco», lugar donde continuaron maltratándolo.

Ministro Arancibia dicta auto de procesamiento por homicidio de Juan Carlos González Insunza

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia, sometió a proceso–con  fecha 18 de febrero- al ex funcionario de Carabineros Jaime José Cerda Alcalde, como autor del delito de homicidio calificado de Juan Carlos González Insunza, hecho ocurrido en enero de 1986 en La Calera (causa Rol 41.261-2010).
 En la etapa de investigación, el ministro Arancibia dio por establecido el siguiente hecho:
 
«Que el día 18 de enero de 1986, en horas de la madrugada, la víctima Juan Carlos González  Insunza, al momento que  por transitaba por calle Prat  de La Calera junto a su amigo Jaime Olivares de la Barra, en dirección a la casa d este último, ello, después de haber concurrido a un local llamado «Quick Lunch», fue detenido por funcionarios de Carabineros de la Subcomisaría de dicha localidad, Mientras la víctima era conducida a pie y tomada del cuello al cuartel, al llegar a la intersección de calle Prat con calle J.J. Pérez,  recibe de parte de un uniformado, un disparo en la cabeza que le provocó la muerte en el lugar».

Ministro Arancibia procea a ex carabineros por detención ilegal y tortura de Pedro Piñones Díaz

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaiso, Jaime Arancibia Pinto, sometió a proceso a los ex funcionarios de Carabineros: Hernán Muñoz Montoya; Geraldo Vargas Ahumada; Arturo Pinilla Gallegos; Heriberto Vargas Vargas; Óscar Orlando Godoy; Aurelio Celedón Fernández; Mario Contreras Carrutt y Norman Lemus Salcedo como autores de los  delitos de detención ilegal y tortura cometidos en la persona de Pedro del Carmen Piñones Díaz ,entre el 11 de septiembre de 1973 y marzo de 1974.
Según los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, el magistrado Arancibia logró establecer el siguiente hecho:
 
«Que, con fecha  el 11 de septiembre de 1973, Pedro del Carmen Piñones Díaz, fue detenido en su lugar de trabajo-Empresa nacional de Minería (ENAMI)-, por una patrulla de Carabineros del Retén de Cabildo. En dicha ocasión, fue trasladado a dicho Retén amarrado de brazos y espalda con alambre, fue acusado de pertenecer al partido Comunista de Chile».
 
A continuación agrega: «Luego de permanecer tres días en Cabildo, es llevado a la Comisaría de La Ligua, en ese lugar recibió diversas torturas junto a otros dirigentes sindicales, entre estas, duchas frías con una manguera, patadas y golpes de todo tipo. Lo tuvieron desnudo todo el tiempo en una celda y lo hacían beber orina que recogían de un canal de evacuación, y por último, un simulacro de fusilamiento.
 
Permaneció detenido en dicha unidad por dos semanas, período en que fue maltratado día y noche».
 
Indica que posteriormente fue  trasladado desde la Comisaría de La Ligua a la Comisaría de Carabineros de San Felipe, en donde había alrededor de trescientos detenidos. «Fue amenazado que sería fusilado y cargado en un camión para ser botado al mar, además, le aplicaron régimen de hambre, solo le daban una taza de agua caliente al día, tuvo que dormir en una celda en donde se amontonaban una cantidad de cuarenta detenidos, aproximadamente».
 
Asimismo señala que en la unidad de San Felipe sufrió muchas enfermedades debido al maltrato. Fue sometido a interrogatorios con golpes y amenazas de muerte a su persona y familia y sometido a dos simulacros de fusilamiento.
 
Finalmente el magistrado relata que Pedro Piñones «fue conminado de forma violenta por los funcionarios de San Felipe para que renunciara voluntariamente a su trabajo en la Empresa Nacional de Minería, tuvo que hacerlo en virtud de los golpes brutales que recibió y al hecho de que le pusieron una ametralladora en la nuca».

Este lunes la Segunda Sala de la Corte Suprema escuchaba los alegatos de la defensa del ex subdirector de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Raúl Iturriaga Neumann. Su representante presentó un recurso de amparo a favor del otrora funcionario del órgano de inteligencia de la dictadura, después de que la Corte de Apelaciones de Santiago le concediera el beneficio de la libertad condicional.

Esto aún no se resuelve. Iturriaga Neumann debiera cumplir condena hasta el año 2037 por múltiples delitos vinculados a las violaciones a los Derechos Humanos, como secuestro y homicidio calificado, además de asociación ilícita.

Pero de resolverse su recurso de amparo esta semana, el ex subdirector de la DINA, preso en Punta Peuco, podría acudir a las urnas el domingo a votar en las elecciones municipales.

En medio de todo el revuelo que ha generado el “ajuste informático” que tiene a cerca de medio millón de chilenos preguntándose cómo (y dónde) finalmente votará este domingo 23 de octubre en las elecciones municipales, El Dínamo revisó la nómina del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, específicamente las estadísticas del año 2015, de los condenados por delitos de lesa humanidad que estaban en ese momento cumpliendo condena efectiva.

Excluyendo a quienes han fallecido y al retirado subofical mayor Manuel Contreras Donaire –indultado el 2005 bajo el gobierno de Ricardo Lagos– 49 de los 163 condenados por delitos contra los Derechos Humanos, de acuerdo al sitio web del Servicio Electoral, estarían habilitados para votar.

De acuerdo a la Constitución, en sus artículos 16 y 17, una persona que ha sido condenado a pena aflictiva (sobre tres años y un día) ve suspendido su derecho a sufragio.

Después de que la Corte Suprema criticara a Gendarmería, por la supuesta falta de prolijidad en los informes realizados a los internos de Punta Peuco, las organizaciones que representan a los ejecutados, víctimas y desaparecidos en dictadura, han estado muy atentas a cada pronunciamiento de la Justicia que esté relacionado con los beneficios a los que podrían acceder los condenados por delitos contra los Derechos Humanos.

La semana pasada, específicamente el viernes 14 de octubre, se le concedió la libertad condicional a José Rafael Aguirre Aguirre, condenado a 7 años de cárcel por el episodio “Porvenir”, por el homicidio de tres personas. También él figura habilitado para votar, según el sitio web del Servel.

Al planteársele el tema a Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), se manifiesta completamente sorprendida. “Realmente es indignante y sorprende el desconocimiento. Se sabe que un ciudadano pierde sus derechos civiles cuando ha sido condenado por crímenes y queda inhabilitado en sus derechos de votar y de sufragar”, plantea Lira.

En particular del caso de Iturriaga Neumann, la presidenta de la AFEP precisa que él “fue condenado por el asesinato de Bernardo Leighton y su esposa Anita Fresno, a 18 años. Sólo ese acto. Sólo esa condena. Por tanto es imposible con sus antecedentes que pueda estar votando a una elección ciudadana cuando él, como un criminal, perdió sus derechos de ciudadano, de tener derecho a sufragio”.

La situación resulta aún más indignante para Lira, quien asistió a los alegatos por la libertad condicional que persigue el ex subdirector de la DINA. “Duele profundamente que exista la posibilidad de que se dé este trato deferente con estos criminales contra los Derechos Humanos. Hay que recordar que hay presos políticos en dictadura que aún no tienen su derecho de votar. Alguien que se resistió al terrorismo de Estado en los 17 años. Y sin embargo, que estos criminales que asesinaron a personas con un fin político, con un fin de estado, pueden estar votando. Eso nos parece de una gravedad última, y lamentablemente la mayoría de la población de los chilenos no sabe esto”.

El abogado Cristián Cruz, que tramita múltiples causas por violaciones a los Derechos Humanos, manifiesta que “esto es una isla en un mar de impunidad, particularmente por la falta de consecuencia del discurso del órgano del gobierno. También demuestra lo que ya se ha dicho, que hay una falta de prolijidad, de seriedad por parte del Servel, quienes son finalmente responsables. Pero también están las autoridades que van eligiendo a aquello”. Para Cruz, esto es un reflejo que el Estado en su conjunto, “nunca le ha querido tomar el peso a la materia de Derechos Humanos, porque ni la Suprema ni la Corte de Apelaciones ha habilitado a estos condenados. Aquí en definitiva, en democracia ha habido protección a los violadores a los Derechos Humanos, hacia su entorno, y hacia sus negocios”. Desde el Servicio Electoral aún no hay una versión oficial.

Entre otros, Álex Ambler, condenado por el asesinato de los Hermanos Vergara Toledo, también podría votar este domingo 23, ya que a mediados de septiembre la Corte Suprema le concedió la libertad condicional. El “Fanta”, Miguel Estay Reyno –el que Manuel Guerrero Antequera sindicó como uno de los delatores de su padre, víctima en el caso Degollados– también figura habilitado para sufragar en Til-Til, comuna donde está emplazado el recinto penal Punta Peuco. Misma situación presenta el ex Fiscal Militar Fernando Torres Silva, condenado por su participación en el crimen de Eugenio Berríos, ex químico de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA).

Ninguno de los citados salió seleccionado como vocal de mesa.

Revisa a continuación la lista de las personas condenadas a pena efectiva, quienes figuran como habilitados para votar en estas elecciones municipales.

– Juan Abello Vildósola

– José Aguirre Aguirre

– Álex Ambler Hinojosa

– Jorge Andrade Gómez

– Rubén Aracena González

– Gerardo Aravena Longa

– Camilo Astete Cáceres

– Rubén Barría Igor

– Iván Bravo Llanos

– Armando Cabrera Aguilar

– Marcelo Castro Mendoza

– Eugenio Covarrubias Valenzuela

– Jorge Del Río Del Río

– Eudocio Díaz Ibacache

– Miguel Estay Reyno (“El Fanta”)

– Santiago Fernández Espinoza

– Luis Fernández Monjes

– Rubén Agustín Fiedler Alvarado

– Germán García

– José Manuel García Reyes

– Mauricio González Cortes

– Hugo del Tránsito Hernández Valle

– Carlos Herrera Jiménez

– Raúl Eduardo Iturriaga Neumann

– Raúl Lillo Gutiérrez

– José Leonardo López Tapia

– Jorge Marín Jiménez

– Manuel Ángel Morales Acevedo

– Juan Hernán Morales Salgado

– Miguel Muñoz Uribe

– Emilio Neira Donoso

– Juan Antonio Ortiz Toledo

– Nelson Paz Bustamante

– Rodrigo Pérez Martínez

– Manuel Pérez Santillçan

– Rafael Pérez Torres

– Fernando Guillermo Santiago Polanco Gallardo

– Pablo Rodríguez Márquez

– Nelson Williams Roman Vargas

– Carlos Romero Muñoz

– Luis Romo Morales

– Marcelo Sandoval Durán

– Arturo Silva Valdés

– Miguel Ángel Patricio Soto Duarte

– Francisco Toledo Puente

– Jaime Fernando Torres Gacitúa

– Juan Fernando Alfredo Torres Silva

– Jorge Octavio Vargas Bories

– Patricio Augusto Zamora Rodríguez

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, condenó a 23 ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquián. Los crímenes fueron perpetrados el 7 de septiembre de 1983, en un falso enfrentamiento en calle Janequeo de la comuna de Quinta Normal.

En el fallo (causa rol 20.546-2004), el ministro en visita condenó al ex brigadier de ejército Roberto Urbano Schmied Zanzi, al ex teniente coronel Álvaro Julio Federico Corbalán  Castilla y al ex coronel Aquiles Mauricio González Cortés, todos a 20 años de presidio en calidad de coautores del delito. El primero de los condenados, Schmied Zanzi, ejercía como jefe de la División Metropolitana de la CNI; Corbalán Castilla era jefe de la División Antisubversiva y Aquiles González actuaba como jefe de la Brigada Azul, especializada en la represión al MIR.

En tanto, los ex oficiales de ejército Sergio María Canals Baldwin, Luis Arturo Sanhueza Ros, Fernando Rafael Mauricio Rojas Tapia, Norman Antonio Jeldes Aguilar y los ex agentes José Abel Aravena Ruiz, José Guillermo Salas Fuentes, Egon Antonio Barra Barra, Jorge Octavio Vargas Bories, Manuel Ángel Morales Acevedo y José Isaías Vidal Veloso deberán purgar 15 años y un día de presidio, como autores de los delitos.

Por su parte, los ex agentes Rodolfo Enrique Olguín González, Ema Verónica Ceballos Núñez, Luis Hernán Gálvez Navarro, Rosa Humilde Ramos Hernández, Francisco Javier Orellana Seguel, Miguel Fernando Gajardo Quijada, Juan Carlos Vergara Gutiérrez, Raúl Boris Méndez Santos, Raúl Hernán Escobar Díaz y Rafael Ricardo Ortega Gutiérrez, fueron sentenciados a 10 años y un día de presidio, como cómplices de los delitos.

En la causa, el ministro Vázquez Plaza decretó la absolución de los agentes Zinaida Lena Vicencio González, Jorge Raimundo Ahumada Molina y Eduardo Martín Chávez Baeza, por no acreditarse su participación en este hecho.

Este falso enfrentamiento fue realizado por la CNI el mismo día y a continuación de que perpetrara las ejecuciones de otros tres militantes del MIR en calle Fuenteovejuna, en un hecho criminal también orquestado como falso enfrentamiento. Judicialmente, ambos sucesos se tramitan como episodios separados, en circunstancias que se trató de una sola operación represiva.

En la etapa de investigación de esta causa, el ministro Vázquez logró establecer los siguientes hechos:

a) Que, un grupo de agentes de la Central Nacional de Informaciones, «CNI» se abocaron a investigar las actividades de personas que formaron parte del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR y, de aquellos que colaboraron con dicho organismo, grupo al que se le encargó también la investigación del homicidio del General Carol Urzúa Ibáñez, procediendo a detener a personas adherentes al citado movimiento y relacionadas con tales actividades a contar del 7 de septiembre de 1983.

b) Que, dentro de esas actividades, el día 7 de septiembre de 1983, un número importante pero no precisado de sujetos del organismo denominado «CNI», de la Policía de Investigaciones de Chile y de otros organismos represivos fueron hasta el domicilio ubicado en calle Janequeo N° 5707, comuna de Quinta Normal, que estaba siendo vigilado desde hace algunas semanas, procediendo a rodear y a acordonar el lugar, para luego mediante el uso de una base de fuego y otros armamentos, disparar, sin mediar provocación alguna y con gran poder de fuego contra el inmueble, producto de lo cual resultó muerto por diversas heridas de bala en el patio trasero de la vivienda, Hugo Ratier Noguera (José). Además, con ocasión de ir llegando al mismo domicilio donde residía, fue abatido por múltiples heridas de bala, en la vía pública, esto es, en calle Janequeo frente al número 5946, Alejandro Salgado Troquián.

c) Que, de acuerdo a la conclusión de sus respectivas autopsias las muertes se produjeron, en el caso de Ratier Noguera por traumatismo torácico abdominal y de las extremidades superiores e inferiores por balas, dos de las cuales fueron recibidas por la espalda y, en el caso de Salgado Troquián por traumatismos cráneo encefálico, facial, pelviano y de las extremidades superior izquierda e inferior derecha por balas, todas con ingreso por la parte posterior».

La tensión podía cortarse con cuchillo. Humberto Gordon, director de la Central Nacional de Informaciones (CNI), fue el primero en llegar a La Moneda. Allá lo esperaba el comandante en jefe de la Armada, almirante José Toribio Merino, segundo en la sucesión del mando de la Junta Militar. Habían pasado sólo unas horas del atentado contra Augusto Pinochet, en la cuesta Las Achupallas, camino al Cajón del Maipo, y un hecho había quedado en evidencia: los organismos de inteligencia, comandados por Gordon, no habían sido capaces de prever que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) planeaba eliminar al comandante en jefe del Ejército. Si bien el capitán general había sobrevivido, cinco de sus escoltas estaban muertos y otros 11 quedaron heridos.

Esa tarde del domingo 7 de septiembre de 1986, Gordon no tenía palabras para explicar a la Junta Militar lo que había sucedido en el Cajón del Maipo. Ni siquiera estaba en Santiago su brazo derecho, el jefe la División Antisubversiva de la CNI, el mayor Álvaro Corbalán Castilla. El agente, uno de los más temidos durante la dictadura, se enteró en el balneario de Papudo, donde iba a descansar todos los fines de semana, del atentado a Pinochet, por lo que viajó a toda velocidad por la carretera para tomar el mando en el Cuartel Borgoño de la CNI.

El director de la CNI, Humberto Gordon, dio la orden de vengar el atentado a Pinochet asesinando a dos personas por cada uno de los cinco escoltas caídos en el Cajón del Maipo.
Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

Las horas transcurrían y el régimen debía reaccionar rápido. Mostrar cuanto antes todo su poder. No bastaba con haber decretado, apenas ocurrido el atentado, el Estado de Sitio, que restringía las libertades individuales y entregaba enormes facultades a la justicia militar. Tampoco era suficiente que el país estuviera con toque de queda. Había que hacer algo más, un golpe de fuerza, un acto ejemplificador que colmara de temor a la oposición.

Pero esa reacción no podía esperar. Tenía que ser esa misma noche.

Poco antes de las 22 horas, Gordon ya estaba instalado en el Cuartel Borgoño. Venía desde La Moneda. Ahí lo aguardaba Álvaro Corbalán, que había regresado de la playa.

Esa noche la presencia de Corbalán era clave. No sólo porque era el agente favorito de Pinochet. Como jefe de la Unidad Antisubversiva de la CNI, manejaba la mayor cantidad de información sobre militantes de la izquierda, especialmente miristas, frentistas, socialistas y comunistas. Llevaba años liderando los seguimientos y detenciones a los opositores al régimen y nadie más que él podía comandar las acciones para reaccionar frente al atentado.

Quienes estuvieron en esa reunión en la CNI, recuerdan que Gordon era el más ofuscado. Frente a él estaban el comandante de la División Política Metropolitana, Manuel Provis Carrasco, y Corbalán, analizando la emergencia mientras afuera una docena de agentes esperaban ansiosos las instrucciones. Fue entonces cuando Gordon dio la orden:

-Salgan de inmediato a vengar la muerte de nuestros caídos.

Pero el mandato fue más allá:

-Que sea en proporción de dos a uno.

Corbalán entendió rápidamente de qué se trataba el operativo: por cada escolta muerto, la CNI debía eliminar al menos al doble de opositores a Augusto Pinochet.

Raudo, se dirigió a sus agentes. Pero una pregunta rondaba en el cuartel ¿A quién matar si no sabían quiénes habían atentado contra Pinochet?

El reloj marcaba aproximadamente la una de la madrugada.

El electricista
El domingo 7 de septiembre, Alicia Lira se enteró por la televisión del atentado. Estaba junto a su marido Felipe Rivera. Militante comunista desde su juventud y hermana de un miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) -Diego Lira- que había sido detenido hacía unos meses tras participar en la internación de armas de Carrizal Bajo, Alicia solo quería salir a celebrar.

-Negro, salgamos a la calle- le dijo a su marido.
-No. Nunca hay que alegrarse antes de tiempo, porque la bestia herida patalea mucho más que cuando está muerta. Uno nunca sabe las consecuencias que puede traer esto- le respondió Rivera.

Felipe Rivera era mucho más cauto que su mujer. Era un comunista con formación y disciplina, que sabía que cualquier acto alocado les podía costar la vida. Era buscado desde septiembre de 1973, primero por la DINA y luego por la CNI, por lo que siempre estaba alerta ante cualquier señal que pudiera ponerlos en riesgo.

Los fines de semana eran los únicos días en que Alicia y Felipe podían estar juntos. Eran una pareja sin hijos, que cada mañana salía a trabajar de madrugada desde su casa, en la población Sara Gajardo de Cerro Navia, hacia el centro de Santiago. Felipe, de profesión electricista, era encargado de mantenimiento en la Tesorería General de la República, en el corazón de barrio cívico, por ese entonces ocupado por autoridades militares y donde decir que se era opositor a Pinochet le podía costar mucho más que el trabajo, la vida. Ella solía emplearse como asesora del hogar en casas de sector oriente de Santiago.

Alicia y Felipe se conocieron en 1967, a los 20 años, en las Juventudes Comunistas (JJCC). En el partido, Felipe era conocido por la chapa de Mao. Durante mucho tiempo, Alicia no supo cuál era su verdadero nombre. Solo se enteró de su identidad real el día en que se casaron en el Registro Civil. Eran otros tiempos.

-Le pusieron Mao por sus características. Era reservado, alto, moreno, de pelo crespo. Tenía facciones de tipo nortino- recuerda Alicia.

Al comienzo pololearon a escondidas, pues no podían mezclar el trabajo político con la vida personal. Cuando se casaron vivieron en La Victoria junto a la familia de Felipe, que fue una de las fundadoras de la toma que dio origen a esa emblemática población. Para 1973 ya tenían una mediagua en la Villa Lenin, cerca del paradero 18 de Santa Rosa. Pero tras el golpe tuvieron que arrancar, alertados por los vecinos, luego de que un grupo de militares llegara a buscar a un tal Mao.

-Recuerdo que en menos de media hora los vecinos nos ayudaron a desarmar la mediagua, echarla a un camión e irnos a Cerro Navia.

Tal como Alicia, Felipe Rivera venía de una familia de esfuerzo, de escasos recursos. Dejó el colegio en la educación básica para ponerse a trabajar y ayudar a sus padres y ponerse a trabajar. Era el mayor de tres hermanos. Y pese a que ganó una beca para terminar su enseñanza media, no lo hizo por razones económicas. Solo pudo estudiar para técnico eléctrico muchos años después.

Durante la Unidad Popular (UP), Felipe Rivera llegó a tener un alto cargo en el PC. Era el encargado de las Autodefensas de las Juventudes Comunistas a nivel nacional.

-Ser parte de las Autodefensas significaba estar físicamente preparados para cuidar a nuestros dirigentes y también los locales del partido. Era un rol político- cuenta Alicia, quien también era parte del mismo grupo.

En ese entonces, los partidarios de la UP ya vivían con el fantasma de que podría venir un golpe de Estado. En ese contexto, los grupos de Autodefensa tenían un rol clave: se preparaban haciendo gimnasia, realizando simulacros en caso de atentado y ensayaban puntos de encuentro en la calle para ver cómo reaccionaban en caso de que tuvieran que pasar a la clandestinidad. Eran prácticas inspiradas en el proceso de la revolución soviética.

-A la distancia, para todo el terror que se nos vino después, parece muy infantil lo que hacíamos- dice Lira.

Aunque Rivera no estaba en la lista de los dirigentes públicos del partido, era muy conocido como miembro del Comité Central. Fue parte de una generación muy importante en el PC, de la que formaban parte José Weibel, detenido desaparecido en 1976 y Gladys Marín, entonces secretaria general de la JJ.CC.

Tras el Golpe, fue buscado como muchos militantes del PC. Estaba en la mira: no solo era el encargado de las Autodefensas, lo que suponía una alta preparación física y táctica, también había estado en la Unión Soviética. La primera vez fue en 1971, enviado junto a un grupo de empleados de la Municipalidad de San Miguel, donde trabajaba como recolector de basura. La segunda fue en una delegación de las Juventudes Comunistas.

-En ese tiempo, que un comunista, un socialista o un mirista hubiese viajado a Cuba o a la Unión Soviética, era fatal. Por eso, a él lo buscaron apenas ocurrió el Golpe. Eso, sumado a que había sido miembro de las Autodefensas, hacía que lo consideraran una persona peligrosa- explica Alicia.

La CNI conocía la chapa de Mao desde hacía mucho tiempo. De hecho, varios comunistas que fueron detenidos eran interrogados para saber quién era Mao.

-Lo curioso es que nunca le supieron su nombre, siempre preguntaban por Mao. Pero sabían que se había casado con una hermana de Diego Lira.

Las cosas se complicaron aún más cuando Diego Lira fue detenido por la internación de armas en Carrizal Bajo en 1986, poco antes del atentado a Pinochet.

Durante la dictadura, Felipe Rivera, pese a que era constantemente buscado por la CNI, mantuvo su trabajo como auxiliar en la Tesorería General de la República: hacía arreglos eléctricos y mantenimiento del edificio en general. En paralelo, él y su mujer tenían tareas de tipo político, por lo que pasaban poco tiempo en su casa por razones de seguridad.

Alicia aún es cauta al hablar de sus actividades en la época. Por lo demás, no olvida que su marido se caracterizaba justamente por eso: ser reservado. La misma actitud que guardó ese domingo 7 de septiembre, cuando no quiso celebrar al atentado y salir a la calle.

Es más. Esa noche, Alicia y Felipe se acostaron más tarde que lo habitual, aproximadamente a la una de la madrugada, comentando los hechos del Cajón del Maipo y analizando las consecuencias que podría traer.
-Esa noche cometimos un gran error: no habernos ido de la casa. No lo pensamos. Recuerdo que el Negro estaba muy tranquilo. Era muy moderado y evaluaba muy bien las cosas. Él me calmaba.

Hasta que a las dos de la madrugada, un grito desde afuera de su casa, los despertó.

-Buscamos a Mao. Somos compañeros del Frente.

Era una voz que nunca antes había escuchado.

El artista
A diferencia de muchos miristas, Gastón Vidaurrázaga vivió varios años de la dictadura con un relajo que a muchos llamaba la atención, en especial a su hermano Ignacio, también miembro del MIR y quien vivía clandestino en Santiago: se cuidaba todos los días para no ser detenido por la CNI.

Pero algo había en la personalidad de Gastón que lo hacía distinto al resto de los militantes del MIR. Andaba por la calle con un bolso de tevinil al hombro lleno de papeles, cartones, telas y pinceles. Era corpulento y descuidado. Tenía una apariencia que no pasaba desapercibida, la de un personaje muy poco común para ser alguien que, como miles de opositores al régimen, podía ser apresado en cualquier momento.
-Cuídate Guatón, por favor- le decía cada tanto su hermano Ignacio cuando se lo topaba en la calle durante los años más duros de la dictadura.

-Eres un exagerado- respondía Gastón, despreocupadamente.

Ignacio y Gastón Vidaurrázaga era los hijos menores del arquitecto y ex funcionario civil de la Fach Alberto Vidaurrázaga Concha y de la jueza María Yolanda Manríquez. Su padre murió en 1968, cuando ambos eran niños. Su madre, que había terminado Derecho un año antes, entró al Poder Judicial en 1970. Debía mantener a su familia: tenía cinco hijos.

Ambos hermanos estudiaban en el Liceo de Aplicación. Y de a poco comenzaron a cambiar los posters de Batman y Superman de su dormitorio por imágenes del Ché Guevara. Ignacio traía las ideas a la casa y se las comentaba con Gastón. Iba a leer literatura marxista a la biblioteca del Instituto Chileno de Cultura Cubana. También empezaron a ir a las manifestaciones que los escolares de la época organizaban en el Parque Forestal.

-Una vez mi mamá nos encontró en medio de una marcha y nos llevó de vuelta a la casa- cuenta Ignacio sonriendo.

María Yolanda Manríquez no era una mujer que los restringiera. Al contrario, los había educado en libertad. De hecho, años después, en plena dictadura, sería una de las pocas juezas que entró a varios centros de detención de la DINA: fue de visita a Tres Álamos a ver a su nuera y a la Cárcel de La Serena para ver a uno de sus hijos mayores, preso cuando los militares le encontraron un su casa una edición de Rebelde, el periódico del MIR que le había prestado Ignacio. Pero aún así, en ese entonces, consideraba que sus hijos, a los 12 y 13 años, aún eran muy niños como para andar marchando por las calles.

En 1970, Yolanda Manríquez fue nombrada jueza de Calama. Se fue al norte con sus dos hijos menores, Ignacio y Gastón. Allá estudiaron en un colegio que les marcó la vida: el Obispo Silva Lezaeta, porque había alumnos de todo tipo de familias: hijos de obreros, de empresarios, de mineros, de dirigentes sindicales. Los profesores, además, era marcadamente de izquierda.

En el colegio, mientras Ignacio se transformaba poco a poco en líder –primero fue presidente de su curso y luego encabezó el centro de alumnos–, Gastón era cada vez más rebelde: sólo le interesaba dibujar.
-Recuerdo que los 12 años mi hermano decidió que no se iba a bañar más, porque pensaba que todo le quitaba tiempo para dibujar. Incluso, en una ocasión, un profesor lo mandó a lavarse las manos delante de todo el curso- cuenta Ignacio.

A Gastón esas llamadas de atención no le avergonzaban. Su hermano, en cambio, en un afán de protección trataba de que se peinara y se bañara, como un pequeño padre pese a que se diferenciaban apenas por un año.

Eso ocurrió hasta que se separaron a fines de 1971, cuando Gastón decidió a los 14 años que lo suyo, definitivamente, era el arte: se matriculó en la Escuela Experimental Artística de La Reina y regresó a Santiago a vivir con una hermana mayor. Un año después Ignacio hizo lo mismo y volvió a estudiar al Liceo de Aplicación: quería estar en política.

Cuando se reencontraron, aunque Gastón seguía pintando, algo había cambiado en él.

-El Guatón había ingresado al MIR. Se invirtieron los papeles, y es él quien comenzó a hablarme de política y de Miguel Enríquez.

Para el Golpe de Estado, Ignacio y Gastón eran activos militantes del MIR, por lo que tuvieron que esconderse rápidamente: uno de los primeros blancos a derribar para los militares fueron los miristas. Tuvieron que cortarse el pelo y afeitarse los bigotes. Su madre les compró ropa e hizo que se vistieran formalmente, de pantalón y chaqueta, para que no llamaran la atención. Gastón soportó muy poco el nuevo atuendo y lo transformó rápidamente en una casaca que parecía la de cura.

Con el tiempo, Ignacio fue radicalizando su lucha, pasó a la clandestinidad e integró la Resistencia del MIR. Se casó muy joven, y tuvo que salir al exilio a Bélgica con su esposa. Era intensamente buscado por los organismos de seguridad y estaba herido: manipulando un arma se disparó en un pie.

En Bélgica, la pareja tuvo dos hijas. En 1979 Ignacio viajó a Cuba a recibir preparación militar y en julio de 1980 volvió a Chile como parte de la Operación Retorno, que implicó la reinserción de cientos de militantes del MIR que estaban clandestinos y que regresaron al país a distintas zonas a realizar tareas propias de la subversión.

Años más tarde, en 1984, Ignacio sería detenido por la CNI en la Vega Monumental de Concepción en la víspera de la Operación Alfa Carbón 1: un falso enfrentamiento montado por los agentes de seguridad en que fueron asesinados siete miristas. Fue torturado y estuvo preso hasta 1990 en la cárcel El Manzano de Concepción.

En Santiago, los primeros años de Gastón en la clandestinidad fueron a su modo. Prácticamente no se cuidaba. Primero vivió junto a su madre en la casa familiar de Ñuñoa. Trabajaba como profesor de arte en un colegio y, en paralelo, formaba parte de la Resistencia. Usaba las chapas de Paulo y de Augusto. La última, una ironía a quien gobernaba en el país. Pero por sus características, incluso en el MIR, solían llamarlo Guatón.

Pese a su relajo aparente, Gastón es considerado uno de los miristas que más tiempo vivió en la clandestinidad: 13 años. Llegó a ser uno de los jefes de las escuelas del MIR. Era parte del Frente de Masas, un grupo que, a diferencia de dirigentes como el periodista José Carrasco Tapia, no aparecía públicamente.

Gastón comenzó a trabajar en una población en Pudahuel, una comuna donde los miristas eran muy fuertes. Allí se hizo cargo de entregar orientación y formación política a los dirigentes sociales de la comuna. Era conocido como “el profesor”: daba clases junto a su pizarra portátil, cuyo contenido borraba apenas terminaba la instrucción.

De esa época lo recuerda Juan Andrés Arenas.

-El Guatón tenía un trabajo muy importante. Hacía excelentes clases. Era tipo muy especial, que generaba confianza.

Para 1986, el MIR empezaba a vivir una crisis interna: se debatía entre seguir en la lucha armada o convertirse en una fuerza política. Gastón Vidaurrázaga estaba consciente de la situación. Fue así como citó a Arenas para conversar a un punto de encuentro en una población en Renca. Arenas llegó al lugar chequeando de no ser seguido, una práctica que tenían todos los militantes del partido por razones de seguridad: solían cambiar de apariencia, algunos, incluso, podían parecer altos ejecutivos y estaban siempre atentos para que nadie los siguiera. Lo mismo, entonces, esperaba de su compañero mirista. Pero se encontró con una sorpresa, muy propia de la personalidad de Vidaurrázaga:

-De pronto, veo llegar al Guatón en short y polera, manejando una bicicleta CIC y con una normalidad increíble para alguien que estaba clandestino. Me saludó a lo lejos: ‘¡Hola pos huevón!’ Nadie de nosotros habría hecho algo así- recuerda sonriendo.

Gastón Vidaurrázaga tenía 29 años en 1986 y había encontrado una pareja, también del MIR de Pudahuel: Marisol Aros. Tuvieron una hija, Valentina, entonces de tres años. La familia vivía en una vieja casa en la calle Fidel Angulo 1109, en San Bernardo.

Allí se encontraban el domingo 7 de septiembre, después de haber celebrado el cumpleaños de Valentina. Estaban cansados y, pese a que se habían enterado del atentado a Pinochet, decidieron quedarse en su casa a dormir. Hasta que despertaron con el ruido de un auto que se detuvo frente de su casa.

-¡Abran la puerta!- gritaron del otro lado con violencia mientras un grupo de hombres derribaba la puerta.

Gastón se levantó en calzoncillos y vistiendo una camiseta. Saltó una reja a la casa vecina para proteger a Marisol y Valentina. Las dejó allí, intentando ocultarlas, y huyó por la calle contigua. Pero los agentes también estaban del otro lado.

Los vecinos vieron cómo se lo llevaron dentro de un auto mientras otros avisaron a Carabineros de la presencia de su mujer y su hija.

Eran cerca de las 4 de la madrugada del domingo 8 de septiembre.

El periodista
Cuando el periodista José Carrasco Tapia, Pepone, vio su nombre en los diarios, se dio cuenta de que su vida, nuevamente, corría peligro. Estaba sentado en su escritorio de la revista Análisis, una de las publicaciones que junto a Cauce, Hoy y Apsi, conformaban la prensa opositora a la dictadura.

Era la mañana de 24 de agosto de 1984. Junto a la desazón que Carrasco sintió al enterarse por los diarios de que nueve militantes del MIR, a quienes conocía, habían muerto en un supuesto enfrentamiento con los agentes de Pinochet en Valdivia, Concepción, Los Ángeles y Santiago, se impactó también al leer un informe de la Intendencia del Biobío en el que se le responsabilizaba, junto a Andrés Pascal Allende y Nelson Gutiérrez, dos de los fundadores del partido, de haber planeado desde Cuba la insurrección contra el régimen.

La escena la registraron Patricia Collyer y María José Luque en el libro José Carrasco Tapia, asesinato de un periodista: “Pepone entendió claramente el mensaje: se lo presentaba al país como uno de los hombres peligrosos del MIR y con ello se preparaba el terreno para justificar una futura represión. El régimen lo estaba notificando”.

Pepe Carrasco era miembro del Comité Central del MIR y tras el golpe de Estado fue detenido y torturado. Había regresado a comienzos de 1984 a Chile después de estar exiliado en Venezuela y México, desde donde refundó la revista Punto Final, fue encargado del MIR y trabajó en el diario Uno Más Uno. Añoraba volver a Chile a ejercer como periodista y, a la vez, establecerse junto a su familia. Regresó solo después de que su nombre ya no aparecía, como le ocurrió a cientos de opositores a Pinochet, en el listado de chilenos que tenían prohibición de entrar al país.

En 1986, Carrasco vivía en un departamento en calle Santa Filomena 111, en el barrio Bellavista, junto a su mujer Silva Vera y a sus hijos Iván (16), Luciano (14) y Alfredo (12). A esas alturas, ya era un personaje público. A su trabajo en Análisis y en el MIR, se sumaba el hecho de que era dirigente del Colegio de Periodistas y consejero del Movimiento Democrático Popular (MDP).

Pero en agosto de 1986, un hecho lo volvió a poner en alerta, cuando comenzaron a circular varios panfletos que simulaban pugnas internas dentro del MIR y anunciaban, falsamente, que Carrasco podría ser ajusticiado por sus propios compañeros.

Por seguridad, Carrasco tuvo que viajar a Buenos Aires el 19 de agosto de 1986 y, pese a todas las recomendaciones de sus amigos y su familia, regresó a Chile apenas dos semanas después.

En agosto de 1986, José Carrasco Tapia dejó el país consciente de que su vida corría peligro. Regresó el 5 de septiembre y dos días después fue asesinado.
 

Carrasco volvió el 5 de septiembre a Santiago. Llegó directo a trabajar para sacar adelante la edición de Análisis, que se despachaba el domingo 7. Pero cuando se enteró del atentado a Pinochet, llamó a Juan Pablo Cárdenas, el director, para intentar parar la imprenta y poner la noticia en la portada.

Por la noche, un amigo y vecino de su edificio, Hernán Cardemil, quien vivía un piso más arriba, le advirtió que por seguridad, era mejor que él y su familia salieran del departamento. Pero Carrasco prefirió quedarse y dormir allí.

Eso, hasta que a las 4.50 de la madrugada, un golpe a la puerta los despertó.

-¡Policía!

Dos civiles armados irrumpieron en el departamento.

Carrasco apenas pudo vestirse. Tenía puestos un pantalón y una camiseta. Cuando quiso calzarse los zapatos, uno de sus captores lo interrumpió:

-No los vas a necesitar.

El publicista
El médico fue tajante: la única manera de que su hijo se mejorara del asma, era vivir en un clima donde el aire fuera seco.

-Les recomiendo el Cajón del Maipo- dijo el doctor mirando fijamente a los padres.

El publicista Abraham Muskatblit Eidelstein y su esposa María Elena Alvarado, secretaria de Máximo Pacheco Matte en la empresa Leasing Andino -hoy ministro de Energía del gobierno de Michelle Bachelet- decidieron dejar su departamento en Santiago y buscar un nuevo lugar para vivir. Se demoraron seis meses en encontrar una casa en un sector con esas características, hasta que hallaron una en Casas Viejas, un pueblo de la comuna de Puente Alto, camino a Las Vizcachas, y en las cercanías del Cajón del Maipo.

A la casa llegaron en 1982 junto a sus hijos Igor y Pavel. Los matricularon en el colegio Domingo Matte Mesías y de ahí en adelante la familia tuvo una vida totalmente distinta a la que había llevado los 10 años anteriores, cuando Abraham Muskatblit vivía en la clandestinidad, condición a la que “pasó” tras golpe de Estado de 1973.

Militante primero en las Juventudes Comunistas (JJCC) y luego en el Partido Comunista, Muskatblit había llegado a Chile desde Israel junto a su mamá. Era hijo único. Para el 11 de septiembre de 1973, era miembro del Comité Central del PC. Su jefe era Mario Zamorano, detenido desaparecido en 1976 por la DINA en el operativo de Calle Conferencia. Fue en el mismo episodio donde cayeron Jorge Muñoz, el marido de Gladys Marín; Uldarico Donaire, Jaime Avendaño, Elisa Escobar, Lenin Díaz, Eliana Espinoza y Víctor Díaz.

Por ello, tras el golpe militar, por seguridad Muskatblit –quien fue encargado de propaganda en el PC– debió dejar a su familia y pasar a la clandestinidad. En ese período, que duró desde 1973 a 1982, su esposa lo vio apenas una vez al año.

El publicista sabía que su vida, así como la de cientos de muchos comunistas, estaba en riesgo: temía que su nombre fuera uno de los mencionados a los servicios de seguridad por Miguel Estay Reino, “El Fanta”, un ex compañero suyo en el PC que se había vuelto delator y colaborador de los agentes de la dictadura.

Hasta antes del golpe, Abraham Muskatblit combinaba sus tareas en el partido junto a su trabajo como publicista. Se había casado en 1971 con María Elena. Se conocieron en Teatinos 416, donde estaba la sede del Comité Central del PC.

Durante la UP, Muskatblit trabajaba como representante legal de Puro Chile, un diario allendista que circuló entre abril de 1970 y septiembre 1973, de titulares sarcásticos y que ironizaba con la actualidad. “Pero tras el golpe, se dedicó a la política”, recuerda su esposa.

Las cosas cambiaron cuando llegaron a Casas Viejas. De ahí adelante, Muskalblit salió de la clandestinidad y decidió, junto a su familia, tener una vida absolutamente normal, pública, en la que no tuviera que esconderse. En ese período trabajó en la revista científica Creces, haciendo la Guía Exco de publicidad y, a partir de 1985, se dedicó a editar las revistas de asociaciones gremiales y de los colegios profesionales, como el de Profesores, Arquitectos y Contadores Auditores.

De la época de Casas Viejas, María Elena tiene muy buenos recuerdos: “Salíamos, íbamos a ver a los amigos, llevábamos una vida normal”.

En 1986, Muskalblit era gerente de ventas de la Editorial Cono Sur. Muchas veces trabajaba desde la casa e iba a dejar y a buscar a los niños al colegio. Su nombre aparecía en las publicaciones en las que participaba. Incluso, era parte del centro de apoderados del colegio de Igor y Pavel.

Pese a que en los años 80 seguía siendo igualmente peligroso ser comunista, dentro de todo, la familia Muskatblit pensaba que ya había pasado el peligro.

El domingo 7 de septiembre de 1986, mientras regaban el jardín, la pareja se enteró del atentado contra Pinochet ocurrido en el Cajón del Maipo, a mil metros de Casas Viejas. Rápidamente encendieron el televisor para ver la noticia de último minuto.

María Elena recuerda que un amigo le advirtió a Abraham que, por seguridad, era mejor que él y su familia se fueran al menos una noche de la casa, pero el publicista no quiso. Pensó que no había nada que temer.

De hecho, la madrugada del 8 de septiembre, Muskatblit durmió junto a María Elena y sus hijos en su casa. A la mañana siguiente dejó a los niños en el colegio y luego fue a trabajar, tal cual lo hizo su esposa, quien se dirigió a su oficina en Leasing Andino.

El martes 9, Muskatblit continuaría con su rutina. Pero a las 2.15 de la madrugada, la familia fue despertada con golpes a su puerta y ventanas.

-¡Abran! ¡La policía!

De pronto, tres hombres armados entraron violentamente a su casa y lo pusieron a él, su esposa y sus dos hijos, contra la pared.

-¡Déjenlos! ¡Son niños!- alcanzó a gritar Muskatblit antes de que lo sacaran de su casa.

“El comando”
Entre el lunes 8 y el miércoles 10 de septiembre de 1986, cuatro mujeres que no se conocían entre sí comenzaron a enterarse, con apenas unas pocas horas de diferencia, que habían quedado viudas.
Habían vivido las mismas horas de angustia y desesperación cuando vieron llevarse a sus esposos de su casa en la madrugada, en manos de hombres armados, muchos de ellos con pasamontañas, que no se identificaban y que partían en comitivas de a dos a tres automóviles.

Los cadáveres de sus maridos fueron apareciendo poco a poco en distintos puntos de Santiago.
José Carrasco Tapia fue encontrado muerto en las cercanías del Parque del Recuerdo. Tenía 14 balas. De ellas, doce estaban en su cráneo.

Felipe Rivera fue encontrado muerto en un sitio eriazo ubicado en la Ruta 70 camino a Maipú. Tenía seis impactos de bala.

Gastón Vidaurrázaga fue encontrado muerto en un terreno en la Ruta Cinco Sur, en San Bernardo. Tenía 16 impactos de bala.

Abraham Muskatblit fue encontrado muerto en un canal de regadío, camino a Lonquén. Tenía siete impactos de bala.

Los crímenes, en especial el de Carrasco, tuvieron repercusión internacional. Mientras, el régimen militar, a través del entonces ministro secretario general de Gobierno, Francisco Javier Cuadra, lanzaba la versión oficial de que las muertes habían sido producto de “pugnas internas” entre sectores marxistas tras el frustrado atentado a Pinochet.

Sin embargo, no sólo las familias de las víctimas, sino también los abogados de derechos humanos y la oposición, tenían la certeza de que se trataba de una venganza a raíz de la emboscada contra la comitiva presidencial. Eran varios los elementos que los hacían sospechar: los asesinos se habían movilizado con tranquilidad por la ciudad pese a que había toque de queda; las cuatro víctimas habían muerto de manera similar y sus cuerpos encontrados en terrenos abandonados; ninguna de ellas había participado en el atentado.

Pero había más antecedentes. La madrugada del 8 de septiembre, un grupo armado llegó hasta la casa de María Antonieta Sáa, entonces líder de la organización “Mujeres por la Vida” en la Asamblea de la Civilidad. La dirigenta se salvó porque esa noche no durmió allí. El dirigente de la Fech, el comunista Gonzalo Rovira, también fue buscado por un comando: no estaba en su casa.

Además, la misma noche en que fueron sacados de sus casas, otros chilenos habían sido detenidos en aparente represalia por el atentando a Pinochet: Ricardo Lagos, entonces presidente de la Coordinara Democrática y quien 14 años más tarde sería Presidente de la República; el socialista Germán Correa, futuro ministro de Patricio Aylwin y Rafael Marotto, vocero de MIR y amigo de Pepe Carrasco, entre otros. Estuvieron más de 20 días en la cárcel. Con los años, sin embargo, quedó claro que estas detenciones -a cargo de Investigaciones- tuvieron el propósito de proteger a los detenidos de los agentes de la CNI, pues era evidente que estos vengarían el atentado contra Pinochet.

Cuatro días después, el 12 de septiembre, aproximadamente a las 21.30 y mientras el régimen insistía en su tesis del ajusticiamiento entre izquierdistas, las agencias de noticias EFE y France Presse, recibieron un extraño llamado telefónico en el que un tal Comando 11 de Septiembre se adjudicaba los asesinatos. “Cinco fueron las muertes en el atentado al Presidente Augusto Pinochet y muy pronto habrá un quinto muerto, uno por cada escolta asesinado”, decía el mensaje.

Cuando el periodista de France Presse intentó hacer unas preguntas, se dio cuenta que esa voz, que catalogó como la de un hombre de “carácter fuerte”, no era más que una grabación: hablaba de corrido y no se podía interrumpir.

Al día siguiente, el abogado de la Vicaría de la Solidaridad, Luis Toro, vio por la ventana de su casa a cuatro hombres saltar la reja de su antejardín. Poco antes, había sido alertado por un llamado anónimo que él sería el próximo. Alcanzó a avisar a Carabineros, que con su llegada obligó a huir al comando asesino.

Ocho días más tarde, el 20 de septiembre, en una pandereta entre las calles Carmen y Curicó, en el centro de Santiago, apareció con un rayado firmado por el Comando Once de septiembre. A todas luces, alguien quería desviar la atención de los verdaderos responsables justo el día en que la Corte de Apelaciones nombraba a Aquiles Rojas como ministro en visita para investigar la muerte de Gastón Vidaurrázaga por ser hijo de una jueza.

Los jueces
Por esos días, en medio del dolor, las familias de las demás víctimas ya eran representadas por abogados que interpusieron querellas en los tribunales, entre ellos Carmen Hertz, Jaime Hales, Jorge Mario Saavedra, Luis Eduardo Thayer por el Colegio de Periodistas y Nelson Caucoto.

En 1991, el magistrado Aquiles Rojas estuvo a punto de lograr un primer gran avance, cuando pondría en rueda de reconocimiento al agente de la CNI Jorge Vargas Bories. Uno de los testigos sería Iván Carrasco, uno de los hijos del editor de revista Análisis, quien estuvo presente cuando a su padre lo sacaron del departamento de calle Santa Filomena. Sin embargo, en una nueva “maniobra de inteligencia”, como la califica el abogado Caucoto, la fotografía fue filtrada y publicada en la prensa antes de que se produjera la ronda de reconocimiento.

Con ello, la defensa de Vargas logró anular su procesamiento ante la Corte Suprema, dejarlo en libertad y fuera del caso por un buen tiempo, argumentando que la diligencia no era válida pues el reconocimiento de su cliente se había producido de manera irregular y cuando su rostro ya era público. Tras el episodio, el juez Rojas dictó prohibición de informar sobre el caso durante cinco años, un período en que la causa estuvo prácticamente paralizada.

En total, en 20 años, cinco jueces estuvieron a cargo del proceso: Rojas, el suplente Juan Manuel Escandón, Dobra Lusic, Hugo Dolmestch y Haroldo Brito.

Fue Dobra Lusic quien en 1999 dictó los primeros procesamientos en contra de agentes de la CNI. En 2005, el caso pasó a manos del ministro Hugo Dolmestch, quien también investigaba la Operación Albania (la muerte en 1987 de 12 miembros del FPMR en manos de la CNI) y encontró similitudes en ambas causas: varios homicidas se repetían en los operativos.

Dolmestch fue quien consiguió las confesiones de los agentes, incluido Corbalán. Lo hizo con táctica y empatía, dice un abogado. La mayoría de ellos habló frente a las fuertes pruebas que había en su contra y porque creían que al colaborar podrían bajar sus penas. No había mayor espíritu que ése.

Pero también había otros dos factores que preocupaban a los ex miembros de la CNI y que gatillaron una oleada de confesiones. Uno fue la detención de Pinochet en Londres en 1998, que significó una apertura de parte de los tribunales chilenos para indagar en casos de violaciones a los derechos humanos después de 30 años en que el Poder Judicial tuvo un rol pasivo. El otro, la sentencia a cadena perpetua contra Álvaro Corbalán y Carlos Herrera Jiménez por el asesinato del carpintero Juan Alegría, que llenó de temor a los militares y evidenció que sí podían ser condenados a penas altas.

En síntesis, los agentes sabían que ya no eran intocables.

 

Jorge Vargas Bories (en el centro), fue condenado por la muerte del periodista José Carrasco.

Cuando Dolmestch fue ascendido a la Corte Suprema, el caso pasó a manos del ministro Haroldo Brito, quien terminó por esclarecer los crímenes y dictó sentencia el 29 de diciembre de 2006. En el fallo estableció que la CNI actuó con “alevosía y premeditación conocida” y que su accionar “revela un mayor injusto por tratarse de personas desvalidas, impedidas de repeler cualquier agresión porque los homicidas actuaron armados y en horas de la noche, constituidos en un grupo capacitado para estas acciones (…) al extremo que las víctimas fueron retiradas violentamente desde sus hogares para ser trasladadas a lugares solitarios donde inmediatamente fueron baleadas numerosas veces luego de habérseles tendido en el suelo o afirmado para propinarles la descarga mortal”.

Brito también calificó el operativo de los agentes como “atroz, cruel y deshumanizado”.

La mayor pena la recibió el mayor Álvaro Corbalán: fue sentenciado a 18 años de cárcel por las muertes de Felipe Rivera, Gastón Vidaurrázga, José Carrasco y Abraham Muskatblit.

Por la muerte de Felipe Rivera, fueron condenados los agentes Pedro Guzmán y Gonzalo Maas a ocho años de presidio mientras que Víctor Lara y René Valdovinos a cinco años.

Por la muerte de Gastón Vidaurrázaga, fueron condenados a ocho años los agentes Kranz Bauer, Jorge Jofré y Juan Jorquera, mientras que Víctor Muñoz, Eduardo Chávez y José Ramón Meneses, a cinco años.

Por la muerte de José Carrasco, fueron condenados a 13 años de presidio, Jorge Vargas Bories e Iván Quiroz, mientras que Carlos Fachinetti a cinco años.

Por la muerte de Abraham Muskatblit, fueron condenados a 13 años Jorge Vargas Bories e Iván Quiroz mientras que José Ramón Meneses a cinco años.

La justicia también condenó al Fisco al pago de $ 250 millones de pesos de indemnización a los siete familiares directos las víctimas y $75 millones para cinco de sus hermanos, debido a que los homicidas eran agentes del Estado.

En agosto de 2009, la Corte Suprema rebajó las condenas dictadas por Brito al aplicar la “media prescripción” a los agentes por haber sido detenidos después de la mitad del plazo en que cometieron el delito.

De los asesinos, sólo tres están detenidos en Punta Peuco: Corbalán, Vargas Bories y Quiroz.

Nunca se pudo establecer por qué la CNI eliminó sólo a cuatro de los 10 opositores que figuraban en la orden entregada por Gordon a Corbalán.

Respecto de por qué la CNI asesinó a Rivera, Vidaurrázaga, Carrasco y Muskatblit, la justicia estableció que fue por venganza al atentado a Pinochet, pese a que ninguno de ellos participó en los hechos del Cajón del Maipo. Su verdad es casi tan escalofriante como sus asesinatos. Sus nombres salieron de manera improvisada: eran parte de las primeras carpetas que la noche del 7 de septiembre tenía a mano la Unidad de Análisis de la CNI y en la que figuraban opositores que consideraban con “antecedentes de participación en actividades terroristas” y de “mayor peligrosidad”.

Como esas carpetas, la CNI de esas tenía cientos.

“Este caso revela la situación de peligro en que vivieron mucho chilenos gratuitamente. Porque si uno se adentra en el proceso, se da cuenta que esto no fue coordinado ni preparado exhaustivamente, sino que ocurrió tras al atentando a Pinochet y alguien llegó y dio la orden para buscar a quienes tenían ‘trabajados’ hasta ese momento. Ni siquiera había alguna vinculación entre las víctimas”, dice Nelson Caucoto.

Humberto Gordon murió de un infarto el 15 de junio del año 2000, un mes después de haber sido procesado por la jueza Dobra Lusic por el crimen de Rivera, Vidaurrázaga, Carrasco y Muskatblit. Augusto Pinochet fue a su velatorio en la Vicaría General Castrense: fue su primera aparición pública en Chile tras el regreso de su detención en Londres.

El 9 de julio de 2003, Jorge Vargas Bories apareció en Televisión Nacional deseando suerte a su hija Mariana en su participación el reality “Tocando las estrellas”.

El 27 de abril de 2012, Kranz Bauer, jefe de la Unidad Antiterrorista de la CNI, murió de un edema pulmonar.

El 11 de noviembre de 2011, Luciano Carrasco, hijo de José Carrasco, se suicidó lanzándose a la línea del tren en el kilómetro 19 de la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Nunca superó la muerte de su padre.

Los hechos ocurrieron en la comuna de Quinta Normal, el 7 de septiembre de 1983. El ministro en visita condenó a Roberto Schmied Zanzi, Álvaro Corbalán Castilla y Aquiles González Cortés a la pena de 20 años de presidio.  

Por su responsabilidad en los homicidios de Alejandro Salgado Troquián y Hugo Ratier Noguera, el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, condenó a 23 ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Los hechos ocurrieron en la comuna de Quinta Normal, el 7 de septiembre de 1983, y se dieron a conocer en su momento como un enfrentamiento, que resultó ser falso.

El ministro Vázquez condenó a Roberto Schmied Zanzi, Álvaro Corbalán Castilla y Aquiles González Cortés a la pena de 20 años de presidio. Mientras que los ex agentes José Aravena Ruiz, José Salas Fuentes, Luis Arturo Sanhueza Ross, Egon Barra Barra, Jorge Vargas Bories, Norman Jeldes Aguilar, Fernando Rojas Tapia, Manuel Morales Acevedo, Sergio Canals Baldwin y José Vidal Veloso deberán pasar 15 años y un día de presidio como autores de los delitos.

En calidad de cómplices fueron condenados a 10 años y un día de presidio Raúl Méndez Santos, Rodolfo Olguín González, Ema Ceballos Núñez, Miguel Gajardo Quijada, Rosa Ramos Hernández, Francisco Orellana Seguel, Juan Carlos Vergara Gutiérrez, Raúl Escobar Díaz, Rafael Ortega Gutiérrez y Luis Gálvez Navarro.

Durante la investigación de la causa, el ministro Vázquez logró establecer que Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquián murieron por impactos de bala recibidos por la espalda, luego de que agentes de la CNI, de la Policía de Investigaciones de Chile y de otros organismos represivos comenzaron a disparar sin mediar provocación alguna y con gran poder de fuego contra el inmueble ubicado en calle Janequeo 5707.

En el fallo del ministro en visita Miguel Vázquez Plaza, uno de los condenados es Álvaro Corbalán Castilla,  ex efe operativo de la Central Nacional de Informaciones de la dictadura, quien suma otros 20 años de presidio.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, condenó a 23 exagentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) por su responsabilidad en los delitos de homicidio de Alejandro Salgado Troquián y Hugo Ratier Noguera, ilícitos perpetrados en 1983, en un falso enfrentamiento en calle Janequeo de la comuna de Quinta Normal.

En el fallo, el ministro en visita condenó a Roberto Schmied Zanzi, Álvaro Corbalán Castilla y Aquiles González Cortés a de 20 años de presidio; en tanto, los exagentes José Aravena Ruiz, José Salas Fuentes, Luis Arturo Sanhueza Ross, Egon Barra Barra, Jorge Vargas Bories, Norman Jeldes Aguilar, Fernando Rojas Tapia, Manuel Morales Acevedo, Sergio Canals Baldwin y José Vidal Veloso deberán purgar 15 años y un día de presidio,  como autores de los delitos.

En el caso de Raúl Méndez Santos, Rodolfo Olguín González, Ema Ceballos Núñez, Miguel Gajardo Quijada, Rosa Humilde Ramos Hernández, Francisco Orellana Seguel, Juan Carlos Vergara Gutiérrez, Raúl Escobar Díaz, Rafael Ortega Gutiérrez y Luis Gálvez Navarro fueron sentenciados a 10 años y un día de presidio, como cómplices.

En la causa, el ministro Vázquez Plaza decretó la absolución de los agentes Zinaida Vicencio González, Jorge Ahumada Molina y Eduardo Chávez Baeza, por no acreditarse su participación en los hechos.

De acuerdo a la investigación, el día 7 de septiembre de 1983, un número de agentes de la CNI, de la Policía de Investigaciones de Chile y de otros organismos represivos fueron hasta el domicilio ubicado en calle Janequeo N° 5707, comuna de Quinta Normal, que estaba siendo vigilado desde hace algunas semanas, “procediendo a rodear y a acordonar el lugar, para luego mediante el uso de una base de fuego y otros armamentos, disparar, sin mediar provocación alguna y con gran poder de fuego contra el inmueble, producto de lo cual resultó muerto por diversas heridas de bala en el patio trasero de la vivienda, Hugo Ratier Noguera (José)”.

Además, el proceso estableció que “con ocasión de ir llegando al mismo domicilio donde residía, fue abatido por múltiples heridas de bala, en la vía pública, esto es, en calle Janequeo frente al número 5946, Alejandro Salgado Troquián”.

En resolución dada a conocer hoy, la Corte de Apelaciones de Concepción, ratificó las condenas que pesan sobre 17 agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) que fueron condenados en sentencia de primera instancia dictada en mayo de 2018 por el ministro Carlos Aldana. Luego de más de cuatro años de dilaciones injustificadas y maniobras entorpecedoras introducidas por los abogados de los criminales se puso término a esta etapa del proceso que permanecía estancado en la maraña de tribunales.

La causa conocida como "Matanza Vega Monumental" (rol N° 11-2009) sustancia la investigación criminal por los homicidios calificados de siete militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) cometidos por agentes de la extinta CNI los días 23 y 24 de agosto de 1984 en una coordinada acción represiva llamada "Operación Alfa Carbón" que se desarrolló en las ciudades de Concepción, Los Ángeles Temuco y Valdivia. La acción represiva culminó con el asesinato de Luciano Humberto Aedo Arias, en la actual comuna de Hualpén, Nelson Adrián Herrera Riveros y Mario Octavio Lagos Rodríguez, en Concepción, Mario Ernesto Mujica Barros, en Los Ángeles, y Rogelio Humberto Tapia de la Puente, Raúl Jaime Barrientos Matamala, y Juan José Boncompte Andreu, en Valdivia.

En el fallo, la Sexta Sala del tribunal de alzada penquista, integrada por los ministros Rodrigo Cerda San Martín, Rafael Andrade Díaz y Claudia Montero Céspedes, rechazó los recursos de casación interpuestos por los abogados de los criminales y confirmó la sentencia que condena a seis ex oficiales de Ejército que operaban como mandos en la CNI. El ex Brigadier de Ejército Marcos Spiro Derpich Miranda, alias "Gitano", jefe de la división Regionales de la CNI a la época de los hechos, y el ex teniente coronel Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla, alias "Faraón", jefe de la división Anti subversiva de la CNI, fueron condenados a penas de 20 años de presidio como coautores de todos los homicidios calificados y a 5 años y un día de presidio como coautores de asociación ilícita.

El ex capitán, Patricio Lorenzo Castro Muñoz, alias "BJ", deberá purgar una pena de 15 años y un día de presidio por los tres homicidios de Valdivia; y 5 años y un día como coautor de asociación ilícita.

El ex teniente coronel Jorge Camilo Mandiola Arredondo, a la época de los hechos jefe regional de la CNI Concepción, fue condenado a 15 años y un día años de presidio como coautor de los homicidios calificados en Talcahuano, Concepción y Los Ángeles. Pero fue absuelto del delito de asociación ilícita.

El ex teniente coronel Luis Alberto Moraga Tresckow, jefe regional de la CNI Valdivia, y autor material de los crímenes perpetrados en Puente Estancilla, fue condenado a cinco años de libertad vigilada.

El ex mayor Oscar Alberto Boehmwald Soto, jefe regional de la CNI Puerto Montt, fue condenado a 10 años de presidio.

En tanto, los agentes Roberto Antonio Farías Santelices, alias "Petete", y Luis Hernán Gálvez Navarro, alias "Vitoco", a la pena de 10 años y un día de presidio, como coautores del homicidio calificado de Luciano Aedo Arias cometido en Hualpén.

Mientras tanto, José Abel Aravena Ruiz, alias "Muñeca", Sergio Agustín Mateluna Pino, alias "Guatón "rdenes", Luis Enrique Andaur Leiva, y Patricio Alfredo Bertón Campos fueron sentenciados a  la pena de 10 años y un día de presidio como coautores del homicidio calificado de Nelson Herrera Riveros cometido en el Km. Uno del Camino a Santa Juana, en el sector Idahue.

El único procesado y acusado que había decretado Aldana por el homicidio calificado de Mario Lagos Rodríguez, cometido en la Vega Monumental, el criminal Manuel Ángel Morales Acevedo, alias "Baretta", fue absuelto por el ministro.

Respecto de Los Ángeles, el fallo señala que Bruno Antonio Soto Aravena, alias "Chico Pato", y José Artemio Zapata Zapata, alias "Huaso", deberán cumplir una  pena de 10 años y un día de presidio como coautores del homicidio calificado de Mario Mujica Barros.

Mientras que por los hechos de Valdivia, Gerardo Meza Acuña, alias "Patitas", y Luis René Torres Méndez, alias "Negro Mario", fueron sentenciados a la pena de 15 años y un día, como coautores de dos homicidios calificados cometidos en Puente Estancilla, camino a Niebla, en las personas de Rogelio Tapia De La Puente y Raúl Barrientos Matamala. Por este mismo hecho, Luis Alberto Moraga Tresckow, fue sentenciado a 5 años de presidio, concediéndole el beneficio de la libertad vigilada.

Por último, Oscar Alberto Boehmwald Soto y Ema Verónica Ceballos Núñez, alias "Flaca Cecilia", fueron sentenciados a una pena de 10 años y un día, como coautores del homicidio calificado de Juan José Boncompte Andreu, cometido en la Población Teniente Merino.

Tres de los criminales implicados fallecieron en el lapso entre el fallo de primera instancia y la resolución de la Corte; en septiembre de 2019 se suicidó el criminal condenado José Zapata, en julio de 2020 falleció el también condenado Gerardo Meza Acuña y en diciembre de 2021 falleció el "Baretta", Manuel Ángel Morales Acevedo que, insólitamente, aunque no había sido condenado por Aldana, su absolución fue apelada por los abogados querellantes.

Señalemos que en el curso del proceso, el ministro Aldana se negó a procesar por asociación ilícita al mismo Moraga Tresckow y a Boehmwald Soto, y en su fallo de primera instancia no condena por este ilícito a Mandiola Arredondo, el jefe de la CNI en Concepción y gestor de la acción concertada de vigilancia, seguimiento y preparación del operativo que culmina en los crimines de agosto, en los que, por lo demás, Mandiola participa activamente. Así mismo, el ministro Aldana se negó a procesar a otra decena de agentes implicados, decisión que fue refrendada por la Corte penquista en su momento.

Acto de homenaje a los militantes asesinados. Concepción. Fotografía de Natalia Figueroa.

Alfa Carbón

Precisamente, en la etapa de investigación, el ministro Aldana logró establecer que en 1984, el jefe de la CNI de Concepción, el mayor del Ejército Jorge Mandiola, recibió antecedentes de la rearticulación en la zona del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), logrando detectar a algunos de sus dirigentes. Tras informar al coronel del Ejército, Marcos Derpich Miranda, jefe de Regionales de la CNI y lograr la confirmación del hecho, se informó al director de la CNI, general Humberto Gordon Rubio (actualmente fallecido), quien determinó que el mayor del Ejército Álvaro Corbalán Castilla, a cargo de la División Antisubversiva y la jefatura de Regionales, coordinaran las operaciones para neutralizar a los miembros del MIR que estaban operando entre las regiones del Biobío y de Los Ríos, denominando estas acciones como «Operación Alfa Carbón».

Producto de lo anterior, Corbalán Castilla ordenó que varios equipos, integrados por agentes de las distintas Brigadas del Cuartel Borgoño, de Santiago, compuestas por dos o tres personas y con movilización y financiamiento otorgados por la División Antisubversiva, se trasladaran a Concepción, Los Ángeles Temuco y Valdivia, para que, en coordinación con miembros de Regionales de la CNI de dichas ciudades, llevaran a cabo las diligencias que las distintas jefaturas les ordenaran.

Asimismo, ordenó a su subalterno Patricio Lorenzo Castro Muñoz que se constituyera en Valdivia, a cargo de los equipos que trasladó de Santiago, para dirigir y llevar a efecto las operaciones en esa región.

En paralelo, y con el mismo fin, Marcos Derpich Miranda dispuso que el jefe del cuartel de Chillán de la CNI, Héctor Reinoso Muñoz, se integrara a su similar de Concepción; Mandiola y el jefe de Puerto Montt, Oscar Boehmwald, junto a dos agentes de su unidad, se presentaran ante el jefe de Valdivia, Moraga Tresckow, para apoyar las operaciones respectivas.

Ya en Concepción, los equipos y jefes llegados a la ciudad, más los de esta región, en días cercanos al 23 de agosto de 1984 se reunieron en el cuartel de la CNI ubicado en Avenida Pedro de Valdivia, donde coordinaron las acciones a desarrollar, siendo liderados por Álvaro Corbalán, Joaquín Molina (fallecido) y Marcos Derpich. En esa reunión se tomó la decisión de realizar diversos allanamientos y detenciones (sin existir órdenes judiciales ni procesos judiciales) y que el destino de los detenidos dependía del grado de peligrosidad para el régimen militar imperante en el país, asumiendo que algunos de estos podrían resultar muertos. Esta operación, comprendía acciones represivas tanto en Talcahuano y Concepción como en Los Ángeles, Temuco, Valdivia y otras localidades de la zona sur.

Los hechos

En la mañana del 23 de agosto de 1984, varios equipos de la CNI montaron acciones de seguimiento sobre tres miembros del MIR en la Plazoleta El Ancla, en Talcahuano. Uno de ellos, Luciano Humberto Aedo Arias, abordó un bus de la locomoción colectiva, en dirección al sector Hualpencillo, lugar en que se bajó de móvil y trató de huir a pie, siendo interceptado por miembros de la CNI -alrededor del mediodía- en la esquina de las calles Grecia con Nápoles, lugar en que el agente Luis Hernán Gálvez Navarro, le disparó con un arma de fuego que portaba, cayendo herido al suelo, acercándose el agente Roberto Antonio Farías Santelices, quien lo remató con una ráfaga en la espalda de su fusil AKA 47.

Los otros dos miembros del MIR detectados y vigilados antes en Talcahuano, Nelson Adrián Herrera Riveros y Mario Octavio Lagos Rodríguez, subieron a otro microbús de recorrido a Concepción, los que fueron seguidos por otros equipos operativos de la CNI, que en el trayecto se coordinaron con Carabineros para interceptar el autobús -que iba con pasajeros- frente a la Vega Monumental. Al llegar el vehículo a dicho lugar los miembros de la CNI interceptaron el microbús y ordenaron bajar a todas las personas del vehículo de locomoción colectiva, pero como algunos se negaron, entre ellos los perseguidos, lanzaron bombas lacrimógenas.

Cuando descendieron, dispararon a Herrera y Lagos causándole heridas. Lagos Rodríguez intentó huir, por lo que un agente le disparó con el fusil AKA que portaba provocándole la muerte en el mismo lugar.

Por su parte, Herrera Riveros fue aprehendido por los agentes de la CNI Sergio Mateluna Pino, José Abel Aravena Ruiz, Luis Andaur Leiva y Patricio Alfredo Bertón Campos, quienes lo introdujeron a uno de sus vehículos y se dirigieron al Hospital Regional de Concepción para la atención de sus heridas. No obstante, durante el trayecto, Derpich Miranda ordenó su ejecución por lo que lo llevaron al kilómetro 0.9 del camino a Santa Juana en donde lo bajaron del vehículo y Aravena Ruiz le ordena a Andaur Leiva ejecutar el crimen; éste le disparó con su revólver en la frente, ocasionándole una herida a bala cráneocerebral, que le produjo la muerte instantánea.

Alrededor de las 17:30 horas de mismo día, una vez que los agentes de la CNI de Concepción José Zapata Zapata y Bruno Soto Aravena que seguían a Mario Mujica Barros, junto a varios equipos que lideraba el fallecido Karl Johans Bauer, siguiendo las instrucciones de su jefe Jorge Camilo Mandiola Arredondo, se acercaron al domicilio de Mujica Barros en la Población Orompello de Los Ángeles. Ingresaron por sorpresa y violentamente al inmueble disparándole a la víctima en la cabeza, mientras se encontraba en el suelo, causándole la muerte.

Mientras tanto, a eso de las 16 horas del 23 de agosto de 1984, equipos operativos de la CNI llegados desde Santiago, dirigidos por Patricio Castro Muñoz, detuvieron a Rogelio Tapia de la Puente y Jaime Barrientos Matamala cerca del Puente Las Ánimas, en la ciudad de Valdivia. Posteriormente, cruzaron el río Calle Calle en un transbordador y los trasladaron al Puente Estancilla, ubicado en el Camino de Valdivia a Niebla, en el sector de Torobayo, lugar en que previamente se había cortado el tránsito de todo vehículo y personas por Carabineros y en circunstancias que los detenidos se encontraban amarrados de manos y vendada su vista, los agentes procedieron a ejecutarlos, por orden de Castro Muñoz, disparando él, además de los agentes Luis René Torres Méndez y Gerardo Meza Muñoz y otros no identificados en el proceso. Asimismo, el jefe regional de la CNI de Valdivia, Luis Moraga Tresckow, quien se habría negado a disparar, ante la orden reiterada de Castro Muñoz, los remató. Las víctimas recibieron múltiples heridas de proyectil, algunas de las cuales impactaron a Tapia de la Puente y Barrientos Matamala en el cráneo y tórax. Posteriormente, a los fallecidos se les colocó armas en las manos para simular un enfrentamiento.

Al día siguiente, 24 de agosto de 1984, alrededor de las 15 horas, varios equipos operativos de la CNI, a cargo de Patricio Castro Muñoz, rodearon el domicilio de Juan José Boncompte Andreu, ubicado en la Población Teniente Merino de Valdivia, ingresando a este para detener a Boncompte Andreu, quien trató de huir de sus captores, siendo herido por los disparos de Oscar Boehmwald Soto, cayendo al suelo, lugar en que Ema Verónica Ceballos Núñez le disparó con su arma de fuego en la cabeza, provocando su muerte.

por Darío Núñez

La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema dictó sentencia de casación y de reemplazo en la causa que investiga el crimen del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez, quien fue asesinado por agentes y médicos de la CNI mediante torturas, el 21 de agosto de 1979.

El fallo fue pronunciado por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y María Teresa Letelier, quienes anularon la sentencia que tuvo al médico Manfredo Enrique Jurgensen Caesar como cómplice con pena remitida, y en su lugar, lo condenaron a una pena de 8 años de presidio mayor en su grado medio, como autor de homicidio calificado de Álvarez Santibáñez.

Del mismo modo, se confirman las condenas de los agentes de la CNI Julio Fernando Salazar Lantery, Carlos Arturo Durán Low, Jorge Claudio Andrade Gómez, Jorge Octavio Vargas Bories, todos a 10 años y un día como autores del homicidio calificado de la víctima.

Asimismo, se confirmó la condena del médico Luis Alberto Lozada Fuenzalida, a 2 años de remisión condicional de la pena como encubridor.

"Creemos que este fallo es muy importante porque desecha las defensas de estos sentenciados que incluían desde culpar a la víctima, pretextar cumplimiento de órdenes, entre otras. Confirma las condenas no solo de los agentes sino también de los médicos, lo cual nos parece muy importante, porque como hemos aprendido desde la Segunda Guerra Mundial y los procesos posteriores a Nuremberg, muchas veces son los civiles los que participan en estos crímenes y permiten que un régimen autoritario pueda mantenerse", señaló el abogado querellante Francisco Bustos.

Agregando que "La dictadura no sólo podía sostenerse con policías y militares, aquí hubo personas que traicionando todos los deberes de la ética médica -desde el juramento Hipocrático-, participaron en actos coetáneos para mantener a la víctima con vida a fin de poder practicar interrogatorios y torturas, los que derivaron en la muerte de la víctima, y ellos, en definitiva, al supervisar estas torturas permitían que una máquina represiva como el cuartel Borgoño pudiera seguir funcionando".

Federico Álvarez Santibáñez fue detenido el 14 de agosto de 1976 cuando distribuía panfletos contra la dictadura. Posteriormente fue entregado a la CNI, cuyos agentes lo torturaron durante cinco días, hasta que fue llevado a una fiscalía militar, a la que ingresó en estado agónico. Durante este tiempo, Álvarez fue revisado por tres médicos de la CNI, quienes en sus informes acreditaban el buen estado de salud de la víctima. Tenía 32 años al momento de su muerte.

por Daniela Caucoto

Entre quienes no han sido habidos se encuentran no solo individuos que fueron funcionarios de la DINA, CNI, Carabineros o las Fuerzas Armadas, sino también uno de los pocos civiles que ha sido condenado por su participación en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Se trata de Luis Enrique Barrueto Bartning, condenado por los crímenes cometidos contra campesinos de Santa Bárbara, en los cuales él y su hermano actuaron como una suerte de fuerza paramilitar que operó junto con Carabineros.

Un listado que contiene a 10 exagentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) y de su sucesora, la Central Nacional de Informaciones (CNI), Carabineros y la inteligencia naval, así como a un civil, prófugos de la justicia y que están condenados por diversos delitos de lesa humanidad, dio a conocer la oficina del abogado Nelson Caucoto, especializado en derechos humanos. Se trata de sujetos que se encuentran acusados como autores y coautores de delitos como secuestro calificado, homicidio calificado y aplicación de tormentos, entre otros.

El primero de ellos es el exoficial de Carabineros (y dirigente gremial de los uniformados en retiro) Héctor Fernando Osses Yáñez, quien fue condenado como autor en al menos seis casos por asesinatos en la Población San Gregorio. Es quien más tiempo llevaría escapando de la justicia, pues no es habido desde octubre de 2021. 

Lo secunda el exagente de la CNI y oficial de Ejército Jorge Vargas Bories, sentenciado como coautor del asesinato del militante del MIR Federico Álvarez Santibáñez, a la pena de 10 años y un día. 

En tercer lugar se encuentra Rubén Aroldo Morales López, oficial de Carabineros en retiro, condenado a 10 años y un día de presidio mayor como autor del homicidio calificado de Jorge Vásquez Matamala.

Otro de los prófugos (y el único civil de la lista) es Luis Enrique Barrueto Bartning, agricultor condenado a 10 años y un día como coautor de siete secuestros calificados (desapariciones forzadas) perpetrados en la comuna de Santa Bárbara, en las cuales él y su hermano actuaron como paramilitares que, junto con personal de Carabineros, secuestraron e hicieron desaparecer a varios campesinos.

Los tres exagentes que se encuentran prófugos son todos sujetos condenados en el marco del caso Conferencia II, que fue recientemente fallado por la Corte Suprema de Justicia. Se trata del exoficial de Ejército Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda, el exoficial de la Armada José Miguel Meza Serrano y el exsuboficial de Ejército Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme. Todos ellos fueron sentenciados a la pena de 12 años de presidio como coautores de los delitos de secuestro calificado de Fernando Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez; y a tres años de presidio por los delitos de secuestro simple de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Berríos.

Víctor Álvarez Droguett, exintegrante del Ejército y de la DINA, está condenado a la pena de 15 años y un día como coautor de los delitos de homicidio calificado en contra de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Yalú Berríos Cataldo. En el mismo caso fue sentenciado, además, a tres años como autor de delito simple.

También fue condenado a la pena de 12 años como coautor de los delitos de secuestro calificado en las personas de Fernando Alfredo Navarro Allendes y de Héctor Véliz Ramírez. Cabe mencionar que Álvarez, adicionalmente, registra una condena de 10 años de presidio por el secuestro calificado de Marta Ugarte Román.

El noveno en el listado es Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo, oficial  en retiro de la Armada, sentenciado a las penas de 12 años y 541 días, como autor del delito de homicidio calificado y aplicación de tormentos, respectivamente. 

El top ten de los violadores de los DDHH que se encuentran prófugos lo cierra Juan Dionisio Opazo Vera, exconscripto que fue sentenciado a la pena de 10 años y un día, como coautor de 38 homicidios calificados, por los homicidios cometidos en contra de Campesinos de Paine, en 1973. 

Los que aparecieron

Al respecto, el abogado Francisco Bustos señala que “hace unos meses habíamos advertido sobre agentes prófugos por delitos de lesa humanidad, especialmente algunos desde 2021, o 2022, lo cual debería ser prioridad para las autoridades”, agregando que “debemos considerar especialmente que han sido condenas pronunciadas mucho tiempo después por los obstáculos de la impunidad y que los deberes que tiene el Estado chileno respecto de esta clase de crímenes no se agotan en el deber de juzgar y eventualmente sancionar. Debe sancionarse con penas proporcionadas y, junto con eso, el Estado además debe velar por el cumplimiento efectivo de dichas sanciones”. 

Sin embargo, indica que “también hay algunas buenas noticias, como la detención de dos prófugos este año, además de que los sentenciados de una decena de otros procesos recientes se encuentran cumpliendo sus penas”. Con los dos primeros se refería a Manfredo Enrique Jurgensen Caesar, médico de la CNI, sentenciado a 8 años y un día de presidio, como coautor del homicidio calificado de Federico Álvarez Santibáñez. Jurgensen estuvo prófugo desde enero de este año, pero fue detenido en junio en Buenos Aires, cuando intentaba abordar un vuelo a Alemania. Sin embargo, falleció días después, mientras estaba privado de libertad, sin que alcanzara a ser extraditado a Chile. 

El otro prófugo encontrado fue Olegario Enrique González Moreno, exmilitar y parte de la DINA, que fue condenado como coautor de nueve secuestros calificados a la pena de 10 años y un día. Este comenzó a cumplir su condena recién el mes pasado.

Se trata de una lista elaborada por el Estudio Jurídio Caucoto Abogados, que integran 14 criminales entre los que destacan personas vinculadas al homicidio de Víctor Jara, a la ejecución de 38 campesinos en el Caso Paine principal y al asesinato del diplomático español Carmelo Soria.

Este viernes, el Estudio Jurídio Caucoto Abogados oficializó la nómina actualizada de los exuniformados prófugos de la justicia condenados por diversos delitos de lesa humanidad.

Se trata de 14 personas, algunas de ellas involucradas en el crimen de Víctor Jara y Littré Quiroga, en la ejecución de 38 campesinos en el Caso Paine principal y el asesinato del diplomático español Carmelo Soria,  entre otras investigaciones, detalla un comunicado de la oficina especializada en derechos humanos.

Respecto del listado, lo integran exmilitares, carabineros, exfuncionarios de la Armada, y civiles miembros de aparatos represores de la dictadura, como la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la Central Nacional de Inteligencia (CNI) e inteligencia naval, quienes están acusados como autores y coautores de secuestro calificado, homicidio calificado, asociación ilícita y aplicación de tormentos, entre otros ilícitos.

Específicamente, este está integrado por:

1.   Jorge Octavio Vargas Bories (oficial en retiro del Ejército, CNI), sentenciado como coautor del asesinato de Federico Álvarez Santibáñez a 10 años y un día.

2. Rubén Aroldo Morales López (oficial en retiro de Carabineros), condenado a 10 años y un día de presidio mayor como autor del homicidio calificado de Jorge Vásquez Matamala.

3. Luis Enrique Barrueto Bartning, empresario condenado a 10 años y un día como coautor de siete secuestros calificados (desapariciones forzadas) perpetrados en la comuna de Santa Bárbara.

A ellos, se suman cuatro condenados en el episodio Conferencia II:

4. Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (oficial en retiro del Ejército, DINA)

5. José Miguel Meza Serrano (funcionario en retiro de la Armada, DINA)

6. Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme (suboficial en retiro del Ejército, DINA)

Todos ellos, están sentenciados como coautores de los delitos de secuestro calificado de Fernando Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez, a la pena de 12 años de presidio cada uno, a lo que se adicionan los delitos de secuestro simple de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Berríos, por lo que fueron condenados a tres años de presidio, respectivamente.

7. Víctor Álvarez Droguett (funcionario en retiro del Ejército, DINA), condenado como coautor de los delitos de homicidio calificado de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo.

Además, está sentenciado como coautor de los delitos de secuestro calificado de Fernando Alfredo Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez, a la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio.

Adicionalmente, fue condenado como autor de los delitos de secuestro simple en las personas de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio.

Por último, Álvarez Droguett enfrenta una sentencia de 10 años de presidio por el secuestro calificado de Marta Ugarte Román.

8. Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo, oficial en retiro de la Armada, quien fue sentenciado como autor del homicidio calificado y la aplicación de tormentos contra Enrique López Olmedo, a las penas de 12 años y 541 días respectivamente.

9.  Juan Dionisio Opazo Vera (exconscripto) sentenciado como coautor de 38 homicidios calificados a la pena de 10 años y un día, en el Caso Paine, Episodio Principal.

10.  Nelson Edgardo Hasse Mazzei (oficial en retiro del Ejército)

11.  Juan Renán Jara Quintana (oficial en retiro del Ejército), quien junto a Hasse Mazzei está condenado como coautor de los secuestros calificados y homicidios calificados de Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal.  Por estos delitos, se les estableció una pena de 10 años y un día por los secuestros, además de 15 años de presidio por los crímenes.

12. Guillermo Salinas Torres (oficial en retiro del Ejército)

13. Pablo Belmar Labbé (oficial en retiro del Ejército)

14. René Patricio Quilhot Palma (oficial en retiro del Ejército)

En el caso de estos tres prófugos de la justicia, fueron condenados como coautores de los delitos de homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza, y como autores de una asociación ilícita. Por el primer cargo se impuso una pena de 15 años y un día a Salinas Torres, y de 10 años y un día a los dos restantes, mientras que el delito de asociación ilícita, se sentenció a todos a la pena de 541 días de presidio.

«Sentencias deben cumplirse»

Atendiendo a este listado, el abogado Francisco Bustos asegura que trata de una situación preocupante que debiera ser prioridad para las autoridades. “Los Estados tienen el deber de investigar, juzgar y sancionar delitos de lesa humanidad”, sostiene.

“Este deber no se agota con la mera dictación de un fallo condenatorio, estas sentencias deben cumplirse, y en ese sentido, que existan prófugos por cualquier delito, y especialmente 14 prófugos por crímenes de lesa humanidad, representa una falta grave a los deberes estatales”, agrega.

Por último, recalcó que “la judicatura y los querellantes en procesos por delitos de lesa humanidad deben extremar las medidas, incluyendo imposición de cautelares, a fin de evitar esta forma de impunidad”.

Capturan y trasladan a Colina I a Jorge Vargas Boris, exagente de la CNI que estuvo prófugo un año | Cedida

El exuniformado está condenado como coautor del asesinato bajo tortura del profesor de enseñanza media y exmilitante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez, ocurrido el 21 de agosto de 1979.

Jorge Vargas Boris, exoficial de Ejército y agente de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), fue capturado y trasladado la jornada este jueves al penal Colina I.

El exuniformado está condenado como coautor del asesinato bajo tortura del profesor de enseñanza media y exmilitante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez, ocurrido el 21 de agosto de 1979.

Vargas Boris, se encontraba fugitivo de la justicia desde enero de 2023 y luego de ser capturado por la Brigada de Inteligencia Policial Metropolitana, fue notificado por la ministra en visita extraordinaria Paola Plaza González del cúmplase de sentencia.

El ex agente integraba la lista de 14 ex uniformados prófugos y que están condenados por diversos delitos de lesa humanidad. Con Vargas Boris se cumplió la captura de los dos fugitivos por el caso de Álvarez Santibañez, ya que en junio de 2023 fue aprehendido Manfredo Enrique Jurgensen Caesar (médico, CNI) en Argentina y quien estaba condenado como coautor del crimen del profesor y quien falleció días después privado de libertad.

«Se trata de una buena noticia que muestra el funcionamiento de las instituciones. En este sentido, hace un año atrás había dos prófugos por el crimen de don Federico Álvarez que pudieron ser habidos por la justicia», expresó el abogado querellante Francisco Bustos.

Bustos, agregó que «es de esperar que los mismos esfuerzos se apliquen para los demás prófugos como los sentenciados en Conferencia II, Operación Cóndor y otros casos, para evitar la impunidad. En el mismo sentido, la judicatura debería revisar el sistema de medidas cautelares en estos casos para efectos de prevenir estas situaciones».

Condenado por torturas y ejecuciones

Jorge Vargas Boris, se encuentra condenado desde enero de 2023 por la Corte Suprema a 10 años y un día de presidio, como coautor del asesinato del profesor Federico Álvarez Santibáñez, quien fue detenido el 14 de agosto de 1976 cuando distribuía panfletos contra la dictadura.

Posteriormente fue entregado a la CNI, cuyos agentes lo torturaron durante cinco días, hasta que fue llevado a una fiscalía militar, a la que ingresó en estado agónico.

Durante este tiempo, Álvarez fue revisado por tres médicos de la CNI, quienes en sus informes acreditaban el buen estado de salud de la víctima. Tenía 32 años al momento de su muerte.

En 2009 fue condenado por los homicidios del periodista José Carrasco Tapia y Abraham Muskatblit, a la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, sentencia que ya fue cumplida.

Su nombre también estuvo involucrado en el caso de la Operación Albania o más conocida como matanza de Corpus Christi, ejecutada en junio de 1987, pero el tribunal decidió absolver de los cargos en su contra.

La Corte Suprema confirmó las condenas contra 22 agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquián. Los crímenes fueron perpetrados el 7 de septiembre de 1983, en un falso enfrentamiento en calle Janequeo de la comuna de Quinta Normal, en Santiago.

En fallo unánime la Segunda Sala del máximo tribunal (causa rol 10.047-2022) -integrada por los ministro Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos Sagristá, Jean Pierre Matus, y el abogado (i) Gonzalo Ruz L. y la abogada (i) Leonor Etcheberry C.- descartó error de derecho en la sentencia y rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuesto por la casi totalidad de los condenados en contra del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, dictado en noviembre de 2021, que a su vez confirmó con algunos cambios la de primera instancia, dictada en julio de 2019 por el ministro Miguel Vásquez Plaza.

En la resolución la Segunda Sala confirma las condenas aplicadas a los ex oficiales de Ejército y ex jerarcas de la CNI Roberto Urbano Schmied Zanzi, Álvaro Julio Federico Corbalán  Castilla y Aquiles Mauricio González Cortés, quienes quedan condenados a 17 años de presidio, en calidad de coautores del delito. El primero de los condenados, Schmied Zanzi, ejercía como jefe de la División Metropolitana de la CNI; Corbalán Castilla era jefe de la División Antisubversiva y Aquiles González actuaba como jefe de la Brigada Azul, especializada en la represión al MIR.

En tanto, los ex oficiales de ejército y operativos de la CNI Sergio María Canals Baldwin, Luis Arturo Sanhueza Ros, Fernando Rafael Mauricio Rojas Tapia, Norman Antonio Jeldes Aguilar y los ex agentes José Abel Aravena Ruiz, José Guillermo Salas Fuentes, Egon Antonio Barra Barra, Jorge Octavio Vargas Bories y José Isaías Vidal Veloso deberán purgar 15 años y un día de presidio, como autores de los delitos.

Por su parte, los ex agentes Rodolfo Enrique Olguín González, Ema Verónica Ceballos Núñez, Luis Hernán Gálvez Navarro, Rosa Humilde Ramos Hernández, Francisco Javier Orellana Seguel, Miguel Fernando Gajardo Quijada, Juan Carlos Vergara Gutiérrez, Raúl Boris Méndez Santos, Raúl Hernán Escobar Díaz y Rafael Ricardo Ortega Gutiérrez, fueron sentenciados a 10 años y un día de presidio, como cómplices de los delitos.

El agente Manuel Ángel Morales Acevedo, también condenado en las instancias previas, falleció en el curso del proceso.

Falso enfrentamiento

El día 7 de septiembre de 1983, decenas de agentes de la CNI, de la SIFA, de la Policía de Investigaciones y de otros organismos represivos fueron hasta el domicilio ubicado en calle Janequeo N° 5707, comuna de Quinta Normal, que estaba siendo vigilado desde hace algunas semanas, procediendo a rodear y a acordonar el lugar, para luego mediante el uso de una base de fuego y otros armamentos, disparar, sin mediar provocación alguna y con gran poder de fuego contra el inmueble, producto de lo cual resultó muerto por diversas heridas de bala en el patio trasero de la vivienda, Hugo Ratier Noguera.

Simultáneamente, con ocasión de ir llegando al barrio y al mismo domicilio donde residía, el militante Alejandro Salgado Troquián fue abatido por múltiples heridas de bala, y ejecutado en la vía pública, esto es, en calle Janequeo frente al número 5946, a dos cuadras de la vivienda atacada.

Hugo Norberto Ratier Noguera, de 39 años de edad, era de nacionalidad argentina, originario de Misiones, y residía en Chile desde 1970. Era dirigente del MIR y se mantenía activo en la clandestinidad. Era casado y padre de tres hijos; poco antes de estos hechos su esposa e hijos habían abandonado el país por razones de seguridad. Alejandro Salgado Troquián, de 30 años de edad, de profesión veterinario, también militante del MIR, era casado y padre sustituto de los hijos de su pareja.

Un menor de edad, hijo adoptivo de Salgado y residente en la vivienda junto con Salgado y Ratier, fue víctima y testigo de los hechos pero en medio de la balacera logró huir hacia casas del vecindario, salvando así la vida y denunciando luego el criminal ataque.

Este falso enfrentamiento fue realizado por la CNI el mismo día y a continuación de que perpetrara las ejecuciones de otros tres militantes del MIR en calle Fuenteovejuna, en la comuna de Las Condes, en un hecho criminal también orquestado como falso enfrentamiento y en donde fueron asesinados Arturo Vilavella Araujo, Lucía Orfilia Vergara Valenzuela y Sergio Peña Díaz. Los tres habían regresado clandestinamente a Chile para integrarse a la lucha contra la dictadura. Judicialmente, ambos sucesos se tramitan como episodios separados, en circunstancias que se trató de una sola operación represiva.

En la investigación del hecho represivo quedó demostrado que el organismo represivo de la dictadura desarrolló una operación de seguimiento y vigilancia durante los meses previos sobre un conjunto de miembros del MIR que actuaban en la clandestinidad en la lucha de resistencia contra el régimen tirano. Con los datos obtenidos de esa observación previa, la CNI orquestó la operación de exterminio que significó la detención de una decena de personas, el ataque y asesinato de los tres moradores de la casa en calle Fuente Ovejuna, y luego el ataque y asesinato de otros dos militantes en la casa de calle Janequeo de la comuna de Quinta Normal.

por Darío Núñe