Vargas Avendaño Guillermo Antonio

El ministro Joaquín Billard dictó sometió a proceso y ordenó la prisión preventiva para 3 personas acusadas de participar en  el secuestro de los ciudadanos uruguayos Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres, vistos por última vez en  septiembre de 1973, en San José de Maipo.

Tras analizar los antecedentes del proceso, el magistrado asumió que existen presunciones fundadas de la participación de Gabriel Montero Uranga, Moisés Retamal Bustos y Guillermo Vargas Avendaño en el delito.

En su resolución se indica que "se encuentra justificado en autos que a fines del mes de septiembre de 1973, personal de la Subcomisaría de Carabineros de San José de Maipo detuvo al interior de una mina abandonada del sector cordillerano de dicha comuna, a cuatro ciudadanos de nacionalidad uruguaya, dos mujeres y dos hombres, los que fueron llevados hasta la citada unidad policial y luego trasladados por el personal policial hasta el Regimiento Ferrocarrileros de Puente Alto".

Añade que "horas más tarde, fueron detenidos otros dos ciudadanos uruguayos, los que pertenecían al mismo grupo anterior y quienes habían salido a hacer un reconocimiento de terreno para huir hacia Argentina por algún paso cordillerano, quienes también fueron ingresados a la unidad militar antes señalada, lugar en donde fueron sometidos a interrogatorios y torturas junto a sus coterráneos". A reglón seguido se indica que  "luego de estar un tiempo indeterminado en dicho lugar fueron subidos a un bus que supuestamente los trasladaría hasta el Estadio Nacional, sin embargo, un funcionario del Ejército ordenó que tres de estos ciudadanos fueran bajados del vehículo, desconociendo su actual paradero", dice el fallo..

Los nuevos reos fueron trasladados hasta el Batallón de Policía Militar de Peñalolén, donde permanecerán recluidos provisionalmente

Tres ciudadanos chilenos fueron detenidos con prisión preventiva por su vinculación con los asesinatos de los ciudadanos uruguayos Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres. María Rosa Povaschuk, hermana de Juan, habló del caso con Montevideo Portal.

El ministro Joaquín Billard procesó y ordenó prisión preventiva a tres ciudadanos chilenos acusados de participar en el secuestro de los uruguayos Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres, vistos por última vez en septiembre de 1973, en la localidad chilena de San José de Maipo a 48 kilómetros de Santiago.

La Justicia consideró que existen presunciones fundadas sobre la participación de Gabriel Montero Uranga, Moisés Retamal Bustos y Guillermo Vargas Avendaño en el secuestro.

"A fines del mes de setiembre de 1973, personal de la Subcomisaría de Carabineros de San José de Maipo detuvo al interior de una mina abandonada del sector cordillerano de dicha comuna, a cuatro ciudadanos de nacionalidad uruguaya, dos mujeres y dos hombres, los que fueron llevados hasta la citada unidad policial y luego trasladados por el personal policial hasta el Regimiento Ferrocarrileros de Puente Alto".

"Horas más tarde, fueron detenidos otros dos ciudadanos uruguayos, los que pertenecían al mismo grupo anterior y quienes habían salido a hacer un reconocimiento de terreno para huir hacia Argentina por algún paso cordillerano, quienes también fueron ingresados a la unidad militar antes señalada, lugar en donde fueron sometidos a interrogatorios y torturas junto a sus coterráneos (…) luego de estar un tiempo indeterminado en dicho lugar fueron subidos a un bus que supuestamente los trasladaría hasta el Estadio Nacional, sin embargo, un funcionario del Ejército ordenó que tres de estos ciudadanos fueran bajados del vehículo, desconociendo su actual paradero", dice el fallo de la justicia reproducido este martes por el diario La Nación de Chile.

En conversación con Montevideo Portal, María Rosa Povaschuk, hermana de Gabriel contó que su hermano fue recluido durante la "predictadura de Pacheco", acusándolo de estar vinculado al Movimiento de Liberación Nacional.

"Mi hermano era muy joven tenía muy pocos años y nunca cometió ningún delito, simplemente se lo vinculó por alguien que se infiltró en un grupo donde el estaba que él era simpatizante, pero nunca lo pudieron acusar de nada. Fue asesinado en forma gratuita en Chile por orden directa de la dictadura uruguaya, no tengo la menor duda", afirmó.

Consultada sobre el sentimiento que le provoca el fallo, Povaschuk respondió: "Se hace Justicia, y uno siente que son perseguidos y se les puede acusar y enfrentar a lo que cometieron. Conciencia no creo que tengan, gente que hizo las barbaridades que hizo se le ha castrado su sensibilidad y no van a pagar nunca, nunca van a reponer a mi hermano, ni a mi madre que prácticamente perdió la razón por esta situación que se arrastró durante décadas hasta que finalmente pudo convencerse", afirmó.

Un juez acusó hoy a varios ex oficiales del Ejército por el secuestro y desaparición de tres ciudadanos uruguayos en septiembre de 1973, a pocos días del golpe militar que puso en el poder al dictador Augusto Pinochet (1973-1990)

Según fuentes judiciales, el ministro en visita Joaquín Billard Acuña fue el que dictó la acusación tras la pesquisa que llevó a cabo por la desaparición de los uruguayos, acaecida en una mina abandonada en el sector del Cajón del Maipo, vecino a Santiago. Billard Acuña indicó que los uruguayos Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres fueron detenidos en septiembre de 1973 en el Cajón del Maipo y conducidos al Regimiento de Puente Alto, desde donde se les perdió el rastro. El juez chileno acusó a Mateo Durruty Blanco, René Cruces Tapia, Francisco Martínez Benavides, Lander Uriarte Burotto, Gabriel Montero Uranga, Moisés Retamal Bustos, todos altos ex oficiales del Ejército, y Guillermo Vargas Avendaño como autores de los "secuestros calificados".

Según el libelo acusatorio, personal de la subcomisaría de Carabineros de San José de Maipo detuvo al interior de una mina abandonada en la parte baja de la Cordillera de Los Andes a cuatro ciudadanos uruguayos, dos mujeres y dos hombres, los que fueron llevados hasta ese retén policial y después al regimiento Ferrocarrileros de Puente Alto.

Añade que horas más tarde fueron detenidos otros dos ciudadanos uruguayos quienes también fueron ingresados a la unidad militar, donde todos fueron torturados. Posteriormente, los subieron a microbús que les llevaría al Estadio Nacional, que sirvió de campo de detenidos, pero un militar ordenó que tres de los ciudadanos uruguayos bajaran, desconociendo hasta ahora su actual paradero. El juez Billard Acuña elevó la causa a estado de plenario, etapa previa al dictamen de sentencia de primera instancia.

En fallo unánime, un tribunal de la Corte de Apelaciones de Santiago determinó "condenar a seis años de presidio a los funcionarios del Ejército en retiro Mateo Durruty Blanco, Lander Uriarte Burotto, Gabriel Montero Uranga, Francisco Martínez Benavides, Moisés Retamal Bustos y Guillermo Vargas Avendaño", todos ellos actualmente en libertad, indicó un comunicado del Poder Judicial.

Al ser un fallo de segunda instancia, la defensa de los uniformados puede apelar ante la Corte Suprema.

La investigación del caso determinó que los militares retirados son culpables por los secuestros calificados de los ciudadanos uruguayos Ariel Arcos, Juan Povaschuck y Enrique Pargadoy, detenidos y desaparecidos desde setiembre de 1973 en el sector del Cajón del Maipo, en las afueras de Santiago.

Asimismo, se determinó que los uruguayos fueron arrestados cuando buscaban una ruta para huir hacia Argentina, y luego de ser detenidos fueron sometidos a "interrogatorios y torturas" en el Regimiento Ferrocarrileros.

Tras ello, se ordenó su traslado al Estadio Nacional de Santiago, un lugar utilizado como centro de detención tras el golpe de Pinochet, pero antes de llegar fueron interceptados por un jefe militar, desconociéndose su actual paradero, según las investigaciones.

El fallo actual modificó la sentencia de primera instancia del juez Joaquín Billard, que el 10 de setiembre de 2012 había condenado sólo a Mateo Durruty por los secuestros de los ciudadanos uruguayos.

El proceso judicial comenzó en 2011, cuando la acusación alcanzaba al general en retiro Francisco Martínez, quien luego fue declarado no apto para ser juzgado por el juez Billard.
La dictadura de Pinochet (1973-1990) dejó más de 3.

200 muertos, según datos oficiales.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este lunes las penas de seis años de prisión contra seis militares retirados chilenos por el secuestro calificado (desaparición) de tres jóvenes uruguayos tras el golpe militar que Augusto Pinochet encabezó en 1973, informaron fuentes judiciales.

En un fallo unánime, la II Sala del tribunal de alzada ratificó la sentencia de primera instancia, dictada por el juez especial Joaquín Billard Acuña, contra el general retirado Francisco Martínez, el exbrigadier Ander Uriarte, el coronel Mateo Durruty y los exsuboficiales Gabriel Montero, Moisés Retamal y Guillermo Vargas.

Las víctimas fueron los uruguayos Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres, quienes fueron detenidos por carabineros el 29 de septiembre de 1973 en una mina abandonada del Cajón del Maipo, en la cordillera al este de Santiago junto a otros cuatro compatriotas, incluidas dos mujeres, que lograron sobrevivir.
Los tres habían llegado a Chile como refugiados durante el Gobierno de Salvador Allende (1970-1973), por temor a ser detenidos en su país como sospechosos de pertenecer al grupo revolucionario izquierdista Tupamaros.

Tras el golpe de Pinochet, los jóvenes intentaron huir de Chile cruzando a pie la Cordillera de Los Andes hacia Argentina, circunstancia en la que fueron detenidos y entregados por los carabineros a militares del regimiento de Ferrocarrileros, de la localidad de Puente Alto, vecina a Santiago.

En el regimiento, según testimonios de algunos militares de la misma unidad y de supervivientes, fueron duramente golpeados y, entre otras torturas, se les obligó a comer vidrio molido.
Ariel Arcos Latorre, de 23 años, era estudiante universitario, lo mismo que Enrique Pagardoy, de 21 años, y Juan Antonio Povaschuk, de 24, era fotógrafo.

Tras un par de días de reclusión en el regimiento, se dispuso el traslado de los detenidos al Estadio Nacional de Santiago, utilizado entonces como campo de concentración de presos políticos, pero Arcos, Pagardoy y Povaschuk fueron separados del grupo por orden de uno de los oficiales y desde entonces nada más se ha sabido de ellos.

Durante la dictadura militar chilena, según cifras oficiales, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las que unas 1.192 permanecen aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 sufrieron tortura y prisión por causas políticas.

Dos nuevos condenados por crímenes de lesa humanidad recibieron el beneficio de la libertad condicional, según determinó la Corte Suprema.

Tal cual, porque al día siguiente de que el máximo tribunal del país ratificara dicha medida para cinco internos de Punta Peuco, ahora lo hizo con otros dos condenados.

Los beneficiados con la medida fueron identificados como Emilio de la Mahotiere González y Moisés Retamal Bustos. En el primer caso, la resolución de la Segunda Sala fue unánime, mientras que en el segundo fue por mayoría de 3 a 2.

Emilio de la Mahotiere estaba en la cárcel cumpliendo sentencia por su participación en la “Caravana de la muerte” y por ser uno de los líderes de la operación “Retiro de televisores”, que consistió en la exhumación ilegal de detenidos desaparecidos en diciembre de 1978, y que luego fueron lanzados al mar.

Retamal, en tanto, fue condenado por la desaparición de tres uruguayos, hecho ocurrido en septiembre de 1973.

De esta forma, el máximo tribunal del país confirmó lo dictado previamente por la Corte de Apelaciones, la cual en ambos casos reconoció el derecho a la libertad condicional de los condenados.

El prontuario del Brigadier del Ejército Emilio de la Mahotiere

El oficial De la Mahotiere González actuó como copiloto en el vuelo al sur y como piloto en el viaje al norte del helicóptero que transportaba a la comitiva de la Caravana de la Muerte que encabezaba Arellano Stark .   

Ha sido procesado en la causa conocida como “Caravana de la muerte – Antofagasta" como cómplices en la comisión de los delitos de homicidios calificados reiterados cometidos en contra de Héctor Silva Iriarte, Mario Godoy Mansilla, Alexis Valenzuela Flores, Danilo Moreno Acevedo, Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, Washington Muñoz Donoso, Miguel Manríquez Díaz, Segundo Flores Antivilo, Guillermo Cuello Álvarez, Dinator Ávila Rocco, Luis Alaníz Álvarez, José García Berríos, Marco De La Vega Rivera Y Mario Arqueros Silva, el 19 de octubre de 1973, en el sector de quebrada El Way de Antofagasta.

En diciembre de 2013, fue condenado en calidad de encubridor de homicidio calificado, el Ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo Llanos le ordenó una pena de 3 años y un día de presidio, concediéndole el beneficio de la libertad vigilada

Emilio De la Mahotiere González, también ha sido procesado como cómplice  del delito de exhumación ilegal por el desentierro de los detenidos desaparecidos por orden de La Moneda que fueron asesinados en Peldehue en 1973 y en diciembre de 1978 los restos de las victimas fueron transportados a bordo de un helicóptero Puma para ser lanzados al mar como parte de la operación "Retiro de Televisores" ordenada por Pinochet

El negro historial de Moisés Retamal Bustos
 

La justicia dictó y sometió a proceso y ordenó la prisión preventiva para Moisés Retamal Bustos acusado de participar en  el secuestro de los ciudadanos uruguayos Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres, vistos por última vez en  septiembre de 1973, en San José de Maipo.

Tras analizar los antecedentes del proceso, el magistrado asumió que existen presunciones fundadas de la participación de Gabriel Montero Uranga, Moisés Retamal Bustos y Guillermo Vargas Avendaño en el delito, los tres oficiales de Ejército.

En su resolución se indica que "se encuentra justificado en autos que a fines del mes de septiembre de 1973, personal de la Subcomisaría de Carabineros de San José de Maipo detuvo al interior de una mina abandonada del sector cordillerano de dicha comuna, a cuatro ciudadanos de nacionalidad uruguaya, dos mujeres y dos hombres, los que fueron llevados hasta la citada unidad policial y luego trasladados por el personal policial hasta el Regimiento Ferrocarrileros de Puente Alto".

Añade que "horas más tarde, fueron detenidos otros dos ciudadanos uruguayos, los que pertenecían al mismo grupo anterior y quienes habían salido a hacer un reconocimiento de terreno para huir hacia Argentina por algún paso cordillerano, quienes también fueron ingresados a la unidad militar antes señalada, lugar en donde fueron sometidos a interrogatorios y torturas junto a sus coterráneos". A reglón seguido se indica que  "luego de estar un tiempo indeterminado en dicho lugar fueron subidos a un bus que supuestamente los trasladaría hasta el Estadio Nacional, sin embargo, un funcionario del Ejército ordenó que tres de estos ciudadanos fueran bajados del vehículo, desconociendo su actual paradero", dice el fallo.

La investigación señala que los tres uruguayos fueron ultimados a tiros por los tres oficiales, entre ellos, Moisés Ratamal, y sus cuerpos no han sido encontrados.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel Marianela Cifuentes Alarcón dictó acusación en contra de efectivos del Ejército en retiro, por su responsabilidad en el delito consumado de secuestro calificado de Jorge Enrique Carrión Castro. Ilícito perpetrado a partir del 5 de octubre de 1973, en la comuna de Puente Alto.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel Marianela Cifuentes Alarcón dictó acusación en contra de efectivos del Ejército en retiro, por su responsabilidad en el delito consumado de secuestro calificado de Jorge Enrique Carrión Castro. Ilícito perpetrado a partir del 5 de octubre de 1973, en la comuna de Puente Alto.

En la resolución (causa rol 17-2013), la ministra Cifuentes Alarcón acusó en calidad de autores del delito a Francisco Ricardo Alfonso Varela Gantes, subteniente del Ejército en la época de los hechos, y Moisés Retamal Bustos, otrora miembro de la Sección de Inteligencia del Regimiento de Ingenieros Ferrocarrileros de Puente Alto.

En la etapa de investigación de la causa, la ministra en visita logró recopilar antecedentes suficientes para dar por establecidos los siguientes hechos:

“1° Que el día 5 de octubre de 1973, a las 7:30 horas, en el marco de un allanamiento masivo en busca de armas y explosivos en el campamento ‘Luis Emilio Recabarren’ del sector Casas Viejas, comuna de Puente Alto, soldados del Regimiento de Ingenieros Ferrocarrileros de Puente Alto, a cargo del capitán Guillermo Vargas Avendaño –actualmente fallecido– y el subteniente Francisco Varela Gantes, entre otros, detuvieron, sin derecho, a Jorge Ernesto Carrión Castro, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y dirigente poblacional, en el sitio 50, actual calle Los Pinos de la población Vista Hermosa y, posteriormente, lo condujeron al Regimiento de Ingenieros Ferrocarrileros de Puente Alto, unidad militar comandada por el coronel Mateo Durruty Blanco, actualmente fallecido, lugar en que fue interrogado y sometido a apremios ilegítimos.

2° Que ese día, en horas de la tarde, Jorge Ernesto Carrión Castro fue llevado por sus captores al mencionado campamento y obligado a introducirse a un canal en busca de armas de fuego.

3° Que, de regreso en la unidad militar, Carrión Castro trató de darse a la fuga, siendo capturado, brutalmente castigado y, más tarde, encerrado en un vagón de ferrocarril al interior de la unidad militar.

4° Que al día siguiente, en la madrugada, Jorge Carrión Castro fue sacado desde el vagón de ferrocarril en que se le mantenía encerrado, desconociéndose desde entonces su paradero.

5° Que, en la época de los hechos, el interrogatorio de los detenidos en el Regimiento de Ingenieros Ferrocarrileros de Puente Alto estaba a cargo de personal de la Sección II de Inteligencia de la referida unidad militar, esto es, René Eloy Cruces Tapia, Luis Orlando Canales Pino –fallecido–, José Miguel Latorre Pinochet –fallecido–, Moisés Retamal Bustos y Lander Mickel Uriarte Burotto, entre otros”.