Varela Mendoza Manuel Reinaldo

En 1982, el sindicalismo fue perseguido por un piquete clandestino de uniformados que atacaban a manifestantes y reporteros en las concentraciones. Aunque el golpe más duro ese año fue la muerte de Tucapel Jiménez a manos del Ejército.

En diciembre de 1981, el capitán de Ejército Carlos Herrera Jiménez, adscrito a la CNI,  recibió la orden de trasladarse a la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, que comandaba el general Álvarez Scoglia.

Herrera, a quienes sus compañeros de curso en la Escuela Militar lo habían apodado “Boccacio” por sus prominentes labios, se incorporó al Cuerpo de Inteligencia del Ejército, CIE, el grupo ejecutivo de esa Dirección, a cargo del comandante Víctor Pinto Pérez, para realizar una “operación especial”.

Todos los datos recabados  por la CNI sobre Tucapel Jiménez fueron engrosando una carpeta que en los inicios de 1982 llegó a las manos del capitán Carlos Herrera, junto con la orden de secuestrar y eliminar al líder sindical.

“Boccacio” se instaló en la Unidad de Contraespionaje, dependiente de la sección de Contrainteligencia del CIE, situada en Avenida Echenique 5995, en la comuna de La Reina, conocida por los militares como “Cuartel Coihueco”, en esa época al mando de Hernán Ramírez Hald. Esporádicamente ocupaba también algunas oficinas en la sede central de la DINE, en calle García Reyes, muy cerca del barrio Brasil.

A mediados de febrero se tomaron las decisiones finales. Actuarían directamente tres hombres: “Boccacio” y los suboficiales de Ejército Manuel Contreras Donaire (“Felipe”) y Miguel Letelier Verdugo (Marcos”). 

La operación la realizarían en dos vehículos pintados como taxis reglamentarios y dispondrían, además, del apoyo de algunos agentes y colaboradores. Otro equipo, conocido como Unidad de Apoyo Especial, al mando del oficial Juan Carlos Arriagada Echeverría, estaba encargado de conseguir las armas, las que llegaron el día 24 de febrero, un día antes de la fecha elegida para acometer la tarea

En la mañana del jueves 25 de febrero de 1982, el grupo de trabajo especial del CIE siguió a Tucapel Jiménez cuando este salió desde su casa a bordo de su taxi en dirección a la Panamericana Norte. Sorpresivamente, en una esquina, Luis Rolando Pino, sargento de carabineros, sobrino del sindicalista, le hizo señas para que se detuviera, momento que aprovecharon el capitán Herrera y uno de los suboficiales para abordar el vehículo y obligar al presidente de la ANEF a tomar el camino que lleva desde Renca a Lampa, en la zona norponiente de Santiago.

Poco antes de llegar al cruce a Noviciado le ordenaron que se detuviera.

Carlos Herrera disparó entonces el revólver Dan Wesson calibre 22 que le habían pasado el día anterior. Cinco balazos impactaron sobre el costado derecho de la cabeza de Tucapel Jiménez. Al ver que la víctima seguía con vida, “Bocaccio” lo sujetó con una mano y con la otra le infirió tres heridas corto punzantes en el cuello.

De inmediato procedieron a limpiar el automóvil y sustrajeron diversas especies y documentos de la víctima, entre ellas el taxímetro, una linterna, un reloj pulsera, una peineta, la cédula de identidad y el carnet de conducir.

La misión especial estaba cumplida.

Los dos suboficiales fueron destinados a otras reparticiones militares en regiones apartadas del territorio nacional y el capitán Carlos Herrera permaneció en la DINE.

El 1° de marzo de 1982 la Corte de Apelaciones de Santiago designó al juez Sergio Valenzuela Patiño como ministro en visita para investigar el asesinato de Tucapel Jiménez.

A fines de ese año el alto mando del Ejército dispuso el traslado del capitán Herrera Jiménez a Coihaique, medida que “Bocaccio” se resistió a acatar. Acudió a pedir ayuda a su viejo amigo Álvaro Corbalán y le relató minuciosamente los entretelones del crimen del presidente de la ANEF. Corbalán llevó a Herrera ante el general Humberto Gordon, quien ya sabía los detalles de la operación y tranquilizó a “Bocaccio” ofreciéndole retornar a la CNI, pero en un cargo operativo en Viña del Mar.

Gordon, minutos después de retirarse el capitán Herrera, ordenó a Corbalán que lo acompañara a La Moneda para entrevistarse a solas con Pinochet. A la salida de esa reunión, el jefe de la CNI le comentó a Corbalán, quien le esperaba en un pasillo: “Dile a Herrera que el presidente le envía su reconocimiento, que lo felicita y que lo tendrá presente en el futuro”. 

En mayo de 1983, estando ya Carlos Herrera Jiménez como jefe operativo de la CNI en la Quinta Región, con asiento en Viña del Mar, el general Gordon comunicó a su jefe directo, el capitán de corbeta Sergio Echeverría Villarroel, que Herrera estaría dedicado por una semana a una operación especial en Valparaíso, bajo el mando de Álvaro Corbalán. 

Dos meses después, en julio de 1983, un carpintero cesante y alcoholizado, identificado como  Juan Alegría Mundaca, fue encontrado muerto en su humilde vivienda situada en un cerro de Valparaíso. 

Alegría Mundaca tenía profundos cortes en sus muñecas que le habían causado el desangramiento. Junto a él fue hallada una carta donde se inculpaba del homicidio de Jiménez, relatando que sólo había querido asaltarlo y robarle.

La autopsia, sin embargo, reveló que era imposible que el carpintero se hubiera suicidado de esa manera. Las profundas incisiones realizadas en los antebrazos habían cortado los tendones. El médico legista fue categórico: Alegría Mundaca podía haberse cortado una muñeca, pero jamás las dos.

Varios años después de los homicidios de Jiménez y Alegría, Héctor Alarcón Nohra, ex jefe de la División de Regionales de la CNI, aparentemente arrepentido, entregó al sacerdote Miguel Ortega un anónimo con los nombres de los cinco hombres de un servicio de seguridad que habían participado en el asesinato de Alegría Mundaca.

Los oficiales de la Brigada de Homicidios lograron establecer que en la noche del 20 de julio de 1983, uno de los hombres de confianza de Álvaro Corbalán en la CNI, el capitán (r) Francisco Zúñiga, recorrió las comisarías de Viña del Mar en busca de una víctima propicia, un hombre que a nadie le importara, pobre, sin personalidad ni carácter, que fuera fácilmente influenciable y que viviera solo.

Así, en plena calle, dio con Juan Alegría Mundaca, un alcohólico que recién había salido de la cárcel. Zúñiga le preguntó su nombre y su domicilio. Luego lo subió a un automóvil y lo llevó hasta una casa apartada en el sector alto de lo que hoy es la comuna de Concón.

Allí, Zúñiga y otros conjurados lo retuvieron durante dos días tratando de convencerlo primero y forzarlo después para que se inculpara como el asesino de Tucapel Jiménez. El carpintero se negó reiteradamente a colaborar y los hombres de la CNI debieron recurrir a Osvaldo Pincetti, al que apodaban ‘‘Doctor Tormenta’’ o simplemente ‘‘Doc’’, para obtener una falsa confesión escrita. Pincetti, una extraña mezcla de charlatán y de hipnotizador, intentó hacer caer en un trance al carpintero, pero éste se siguió resistiendo. 

Finalmente optaron por darle grandes cantidades de licor, presuntamente pisco, hasta conseguir doblegarlo cuando ya estaba en avanzado estado de embriaguez.

Alegría Mundaca escribió entonces de su puño y letra una carta sin fecha en la que se inculpaba del crimen de Tucapel Jiménez y anunciaba que se suicidaba motivado por el arrepentimiento.

En la mañana del sábado 21 de julio, Álvaro Corbalán, Carlos Herrera, Armando Cabrera Aguilar y otro agente, al que apodaban ‘‘Zanahoria’’ por su pelo colorín, fueron a revisar el domicilio de Alegría. Comprobaron que nadie lo habitaba y prepararon el escenario para realizar el último acto del macabro plan trazado.

Los confiados agentes de la CNI  no se percataron que en los cerros de Valparaíso muchos ojos observan a los extraños, sobre todo si tienen una apariencia como la de ellos, que erizaba la epidermis de los vecinos, los mismos que casi diez años después no dudarían en identificarlos ante la presencia del juez Sergio Valenzuela Patiño.

El domingo 22 de julio llovía torrencialmente. Completamente borracho, el carpintero Alegría Mundaca fue dejado sobre su cama. Junto a él estaban los cinco hombres de la CNI. Herrera colocó la fecha en la carta: 22 de julio de 1983. Se acercó entonces Francisco Zúñiga y con una afilada navaja cortó casi al hueso las dos muñecas del infortunado alcohólico. Las profundas incisiones destrozaron los tendones que permiten la movilidad de los dedos y su capacidad para asir objetos. Ese exceso, fue uno de los antecedentes que más tarde permitió a los detectives de la Brigada de Homicidios establecer que la muerte del carpintero no fue un suicidio.

En el sitio del crimen también se encontraron otros indicios que ayudaron a los policías a convencerse del homicidio. La cama del carpintero estaba colocada de una forma que la víctima, según sus familiares, jamás habría puesto; y, el lápiz encontrado al lado de la carta dejada por Alegría era de un color de tinta diferente al empleado para redactar la nota.

El juez Valenzuela Patiño investigó durante 17 años los asesinatos de Tucapel Jiménez y Juan Alegría. No obstante, pese a los enormes avances conseguidos, por miedo o por abulia, nunca se atrevió a avanzar resueltamente en el caso; más pareció que lo único que deseaba era cerrarlo y relegarlo a los archivos judiciales. El 12 de abril de 1999, finalmente, la Corte Suprema decidió removerlo de la causa y nombró en su reemplazo al juez Sergio Muñoz Gajardo. El nuevo magistrado asumió personalmente la conducción de las investigaciones y en una tarea que quedará en los anales de la justicia chilena, sólo tres años después, el 5 de agosto de 2002, tras acumular 24 tomos, siete cuadernos reservados y 60 cuadernos agregados, dictó su primera sentencia por el crimen de Tucapel Jiménez:

-Carlos Alberto Fernando Herrera Jiménez, mayor (r) destinado en 1982 a la Unidad de Contraespionaje del CIE, en calidad de autor, a la pena de presidio perpetuo.

-Ramsés Arturo Álvarez Sgolia, general (r), ex director de la DINE, en calidad de autor, a la pena de diez años de presidio mayor en su grado mínimo.

-Víctor Raúl Pinto Pérez, coronel (r), ex comandante de la Unidad de Contraespionaje del CIE, en calidad de autor, a la pena de ocho años de presidio mayor en su grado mínimo.

-Francisco Maximiliano Ferrer Lima, teniente coronel (r), ex comandante de la Unidad de Contraespionaje del CIE, en calidad de autor, a la pena de ocho años de presidio mayor en su grado mínimo.

-Miguel Segundo Letelier Verdugo, ex suboficial del CIE, en calidad de autor, a la pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo.

-Juan Carlos Arriagada Echeverría, capitán (r), ex jefe de la Unidad de Apoyo Especial del CIE, en calidad de cómplice, a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio.

-Jorge Luis León Alessandrini, ex dentista del Departamento de Sanidad Dental del CIE, en calidad de cómplice, a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio.

-Hernán Ramírez Hald, brigadier general (r),  ex jefe de Contrainteligencia del CIE, en calidad de encubridor, a la pena de 800 días de presidio menor en su grado medio.

-Hernán Ramírez Rurange, brigadier general (r), ex director de la DINE, en calidad de encubridor, a la pena de 800 días de presidio menor en su grado medio.

-Juan Fernando Alfredo Torres Silva, general (r), ex auditor general del Ejército, en calidad de encubridor, a la pena de 800 días de presidio menor en su grado medio.

-Enrique Gabriel Ibarra Chamorro, coronel (r), ex jefe del Departamento IV de la Auditoría General del Ejército, en calidad de encubridor, a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio.

Casi dos años antes, el 19 de julio de 2002, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago había anulado una sentencia del juez Valenzuela Patiño y en segunda instancia había condenado a presidio perpetuo por el asesinato del carpintero Juan Alegría Mundaca a los reos Carlos Herrera Jiménez, Álvaro Corbalán Castilla y Armando Cabrera Aguilar. También aplicó una pena de diez años de presidio a Osvaldo Pincetti Gac.

Los “gurkas” salen a golpear en las calles

En diciembre de 1982 se convocó a un mitin sindical en la Plaza Artesanos, junto a la Vega Central, en los inicios del barrio Recoleta, inmediatamente al norte del río Mapocho. A las seis de la tarde, cuando ya estaban congregadas varias decenas de personas, ante la presencia de reporteros y corresponsales de prensa extranjeros, aparecieron de improviso unos 50 hombres vistiendo parkas, zapatillas y jeans y portando laques, cadenas, manoplas, palos y otros elementos contundentes. Se desplazaban con movimientos previamente concertados y empezaron a golpear a quien se le pusiera por delante, eligiendo como blancos preferidos a los periodistas y fotógrafos. Algunos reporteros gráficos lograron a captar a varios de ellos y escaparon presurosos del lugar. 

El apaleo fue rápido y brutal. Reporteros de las radios Chilena y Cooperativa, de la revistas Hoy y Análisis, entre otros, cayeron al suelo bañados en sangre mientras sus colegas trataban de ayudarlos a salir del sector. En pocos minutos los agresores desaparecieron en medio de la confusión de los presentes.

El piquete represivo lo dirigía el capitán de Carabineros Francisco Zúñiga, el mismo que cercenaría pocos meses después las muñecas del carpintero Juan Alegría Mundaca. Zúñiga estaba adscrito desde comienzos de abril de 1982 a la Dirección de Comunicaciones de Carabineros, Dicomcar, pero desde allí fue enviado en comisión de servicios a la CNI, bajo las órdenes directas de Álvaro Corbalán, quien le encargó formar y adiestrar a un grupo de choque callejero, integrado por miembros de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y de ambas policías. 

El grupo tuvo diversas actuaciones en el arresto de grupos aislados y debutó “oficialmente” en diciembre del 82. Luego, el  1° de mayo de 1983 hizo una nueva  aparición pública –aún más brutal- en el acto conmemorativo del Día del Trabajo, organizado por la Coordinadora Nacional Sindical, que presidía Manuel Bustos, en la Plaza Artesanos.

Los llamados “gurkas” por la prensa, en alusión a los feroces combatientes nepaleses que lucharon por Gran Bretaña en la guerra de las islas Malvinas, actuaron ante la total permisividad de los carabineros apostados en el lugar, dirigidos por dos hombres, uno gordo y de barba y otro macizo, alto y de aspecto cuidado. El grupo, comandado por el capitán Zúñiga se adiestraba en las cercanías del aeropuerto de Los Cerrillos y en los patios de diversas comisarías de Santiago. Las fotografías publicadas por la prensa permitieron identificar a varios de ellos: dos cabos de Carabineros, Guido Fernández Taiba y Ricardo Rivas Baeza; Fernando Yau, funcionario de policía internacional; y Manuel Varela Mendoza, agente de la CNI.  Los vehículos en que se movilizaban tenían patentes correspondientes a diversas municipalidades de Santiago y provincias.

Los manifestantes agredidos también pudieron identificar a varias mujeres jóvenes y bien vestidas que se mezclaban con los asistentes y actuaban como delatoras. Consultadas las autoridades del gobierno al respecto, negaron la existencia de cualquier organismo paramilitar. El director de Carabineros, el general César Mendoza, declaró: “¡Esos son rumores, y como le va a creer usted a los rumores! ¡Son sólo rumores, copuchas! Eso está en la imaginación, nada más. Si supiéramos que existieran, los perseguiríamos”. 

Francisco Daniel Zúñiga Acevedo, el jefe de los “gurkas” nació en Valparaíso en 1949. Desde chico se inclinó por la  aventura y demostró una gran curiosidad por el mundo delictual. En 1969 ingresó como aspirante a la Escuela de Carabineros. En diciembre de 1970 recibió su grado de oficial en una ceremonia que encabezó el doctor Salvador Allende, quien acababa de asumir la presidencia del país.

Su primera destinación la cumplió en la Comisaría de Las Condes, donde se familiarizó con las incipientes operaciones terroristas de Patria y Libertad. En octubre de 1973, luego del golpe militar, la Corte Suprema envió a Carabineros una lista de los traficantes de droga que debían ser detenidos. El director de la policía uniformada, el general César Mendoza, eligió a uno de los que consideraba entre sus mejores hombres –el entonces mayor Luis Fontaine Manríquez-, para que comandara un nuevo grupo especial dedicado a combatir a la mafia de la droga en Chile. Nació así el OS-7, cuyos primeros integrantes viajaron a Washington para ser entrenados por el Drugs Enforcement Administrations, DEA. Entre sus integrantes figuraba Francisco Zúñiga y Luis Correa, ambos más tarde miembros de la CNI. En febrero de 1974, Zúñiga se integró al Departamento de Orden y Seguridad de Carabineros, donde permaneció dos años, hasta que en 1976 fue trasladado a la plana mayor de la Prefectura de Tarapacá y en octubre de 1977 fue redestinado al control de drogas y estupefacientes en Iquique.

Ese mismo año un fiscal militar de Arica lo encargó reo por su responsabilidad en la muerte de un presunto traficante que murió a causa de las torturas de Zúñiga. También se vio envuelto en otro episodio violento que tuvo como protagonista al joven Víctor Eduardo Monzalve, por el que fue acusado de homicidio y condenado por la Corte de Apelaciones de Iquique a la pena de diez años. El caso llegó a Santiago, y en un fallo redactado por el propio Hugo Rosende, ex ministro de Justicia de Pinochet, la Corte Suprema lo dejó en libertad y sin cargo alguno. A pesar de ello el oficial fue ascendido a capitán y obtuvo una felicitación, en agosto de 1979, por una pesquisa que culminó con la detención de un importante traficante de cocaína.

El primer “gurka” identificado por los tribunales de Justicia fue Manuel Reinaldo Varela Mendoza, capitán de Ejército, 32 años, casado, miembro de la CNI, a quien reconoció un compañero de curso en un liceo del sur. El segundo “gurka” reconocido fue el capitán de Ejército Norman Jeldes Aguilar, a quien el 13 de junio de 1985 la jueza Dobra Luksic, titular del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, encargó reo por lesiones menos graves, asignado en ese momento a un regimiento blindado de Copiapó. Por esos días también fue identificado Francisco Zúñiga como jefe del grupo. La CNI y el Ejército, en tanto, aseguraron que ninguno de sus miembros estaba en la plaza Artesanos el día de la agresión. El coronel Roberto Schmied, por la CNI, afirmó en un oficio que en esa fecha “se encontraba acuartelado todo el personal de ese organismo”.

A fines de 1990, en una larga entrevista concedida al periodista Francisco Poblete, en el diario La Época, Zúñiga reconoció su intervención en la golpiza: “Yo participé porque en Carabineros uno aprende técnicas y tácticas de control de muchedumbres, que es parte de la actividad policial”.