Valverde Steinlein Víctor Sergio

En una masiva resolución la jueza Eliana Quezada de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, procesó a cuatro oficiales y nueve suboficiales (R) de la Armada como coautores del secuestro -en septiembre de 1973- del sacerdote Miguel Woodward.

Con ello la ministra elevó a 19 los encausados en esta investigación, precisamente cuando se cumplen 35 años de la desaparición del religioso que militaba en el MAPU.

Por primera vez la magistrada dio cuenta esta vez del capitán de navío (R) Víctor Valverde Steinlein, quien como director entonces de la Escuela de Operaciones de la Armada, fue el jefe de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM) que la Marina usó hasta fines de octubre de 1973 como centro de detención tras el golpe militar.

También encausó al capitán de navío (R) Luis Holley de la Maza y a los capitanes de fragata (R) José Yáñez Riveros y Marcos Silva Bravo.

Éstos comandaron los equipos que la Armada formó coordinados por Valverde para reprimir en los cerros Los Placeres, Esperanza y Barón, utilizando las dependencias de la UTFSM como lugar de reclusión de quienes eran arrestados en esa zona.

Miguel Woodward fue detenido en su casa de Placeres el 21 de septiembre y conducido a esa universidad donde recibió los primeros golpes y torturas.

"Una patrulla del Cuartel de Operaciones de la UTFSM detuvo a Woodward, donde fue interrogado, golpeado y sometido a diversas torturas por parte de funcionarios de la Armada que integraban la Compañía de la Escuela de Operaciones allí asentada, para al día siguiente entregarlo a la Academia de Guerra Naval (AGN)", sostiene el dictamen de la jueza Quezada.

Diez de los trece procesados están ya bajo arresto en el cuartel de Infantería de Marina de Las Salinas en Viña del Mar, tras ser ubicados por funcionarios de Investigaciones.

El capitán de fragata (R) José Yáñez Riveros, regresa a Chile en noviembre porque está a bordo de una nave comercial.

Respecto del otro capitán de fragata (R) Marcos Silva Bravo, éste se encuentra de vacaciones en el sur, donde está siendo buscado por los funcionarios policiales. El suboficial Alfredo Mondaca Salamanca vive en Iquique y ya fue ubicado. Se espera que ambos ingresen hoy a cumplir su arresto en el mismo cuartel.

Miguel Woodward continuó luego siendo torturado en la AGN y quedó moribundo, por lo que fue llevado al buque escuela Esmeralda, donde existía un hospital de campaña.

Allí fue chequeado por el oficial y médico naval Kenneth Gleiser, quien recomendó llevarlo Hospital Naval, entonces en el cerro Playa Ancha. No se ha determinado el lugar exacto donde murió Woodward.

Los actuales procesados tuvieron participación en la detención, golpiza y torturas del sacerdote, como en su posterior traslado a la AGN y a la Esmeralda. El jefe de la AGN y los torturadores del religioso en esta academia, tres vicealmirantes, dos capitanes de navío y un teniente, todos en retiro, fueron ya encausados en abril pasado.

Nómina de Procesados

1.- Víctor Valverde Steinlein (capitán navío R)

2.- Luis Holley de la Maza (capitán navío R)

3.- José Yáñez Riveros (capitán fragata R)

4.- Marcos Silva Bravo (capitán fragata R)

5.- José García Reyes (suboficial R)

6.- Alfredo Mondaca Salamanca (subof. R)

7.- Luis Pinda Figueroa (subof. R)

8.- Carlos Miño Muñoz (subof. R)

9.- José Rojas Araya (subof. R)

10.- Pedro Vidal Miranda (subof. R)

11.- Héctor Palomino López (subof. R)

12.- Guillermo Inostroza Opazo (subof. R)

13.- Claudio Cerezo Valencia (subof. R)

En el caso hay 19 oficiales en retiro de la Armada procesados. La magistrada intenta ubicar a los integrantes de la patrulla que llevó al religioso a la Esmeralda, quienes podrían sumarse a la lista de encausados. Se espera que la ministra cierre el sumario investigativo a fin de mes.

La investigación por el secuestro y desaparición a manos de la Armada en 1973 en Valparaíso del sacerdote Miguel Woodward llega al final.

Lo único que falta a la magistrada de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Eliana Quezada, es precisar la identidad de los integrantes de la patrulla naval que trasladó al militante del MAPU desde la Academia de Guerra Naval (AGN), donde sufrió las principales torturas, hasta el buque escuela Esmeralda en el molo de abrigo del Puerto.

Fueron los mismos que luego se llevaron su cuerpo ya sin vida desde la nave hasta el Hospital Naval en el Cerro Playa Ancha.

Quien comandó esa patrulla, el teniente de Infantería de Marina Sergio Bidart, murió el año pasado sin revelar quiénes lo acompañaban en el vehículo naval ese 22 de septiembre.

Estos podrían ser los últimos procesados por la jueza antes de cerrar la fase investigativa del juicio, que ya cuenta con 19 oficiales y suboficiales en retiro encausados. El cierre se estima para fines de julio o comienzos de agosto próximo.

ASESORÍA DE LA PDI

Fuentes vinculadas a la investigación dijeron a La Nación que es probable que la jueza logre dar con al menos algunos de los integrantes de esta patrulla, especialmente porque cuenta con la asesoría de expertos integrantes de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Santiago.

En todo caso la ministra Quezada ya tiene claro quiénes torturaron a Woodward tanto en la Universidad Federico Santa María de Valparaíso, como después en la AGN, y qué pasó con él a bordo de la Esmeralda, donde al menos permaneció unas tres horas en muy malas condiciones físicas por las torturas recibidas en ambos lugares.

En todos estos hechos están involucrados los 19 procesados. (Ver recuadro).

Al momento de cerrarse la investigación, quedará establecido que el sacerdote chileno-británico murió a causa de las torturas; que fue llevado a la Esmeralda para reanimarlo por la existencia a bordo de un hospital de campaña, a pesar de que no había un médico y debió llamarse a uno del crucero Latorre; que murió a bordo del buque escuela; que su cuerpo fue llevado al Hospital Naval; y que desde allí funcionarios de la Armada lo sacaron, y lo llevaron de noche al cementerio de Playa Ancha, donde ocultaron su cuerpo en una fosa clandestina, desapareciendo para siempre.

Una vez que la jueza ponga fin a la fase sumaria (investigativa) del proceso de acuerdo al antiguo sistema procesal penal, la magistrada dictará la acusación formal contra los procesados, para luego abrir la fase probatoria que es una audiencia pública donde la partes presentan testigos y tratan de precisar antecedentes, después de lo cual la ministra podrá dictar la sentencia de primera instancia, condenando o absolviendo a los acusados.

Ésta será revisada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en segunda instancia. Finalmente, la Sala Penal de la Corte Suprema resolverá todo en última instancia.

Los procesados

1.- Guillermo Aldoney Hansen (vicealmirante)

2.- Adolfo Walbaum Wiebe (vicealmirante)

3.- Juan Mackay Barriga (vicealmirante)

4.- Sergio Barra von Kretschmann (cap. navío)

5.- Ricardo Riesco Corne (capitán navío)

6.- Carlos Costa Canessa (teniente)

7.- Víctor Valverde Steinlein (capitán navío)

8.- Luis Holley de la Maza (capitán navío)

9.- José Yáñez Riveros (capitán de fragata)

10.- Marcos Silva Bravo (capitán fragata)

11.- José García Reyes (suboficial)

12.- Alfredo Mondaca Salamanca (subof.)

13.- Luis Pinda Figueroa (subof.)

14.- Carlos Miño Muñoz (subof.)

15.- José Rojas Araya (subof.)

16.- Pedro Vidal Miranda (subof.)

17.- Héctor Palomino López (subof.)

18.- Guillermo Inostroza Opazo (subof.)

19.- Claudio Cerezo Valencia (subof.)

La ministra María Elena Quezada dictó órdenes de detención contra 13 funcionarios en retiro de la Armada quienes detuvieron y trasladaron al sacerdote Miguel Woodward a diversos centros de detención que poseía la institución luego del Golpe de Estado.

"En estos momentos se están cursando las órdenes de aprehensión, tienen que ser traídos al tribunal y van a ser notificados del auto de procesamiento que se ha dictado en contra de cada uno de ellos y pasarán a ingresar a la unidad de la Armada que esté dispuesta para ello", declaró Quezada.

Los funcionarios han ido llegando uno por uno a la Corte de Apelaciones de Valparaíso custodiados por la Policía de Investigaciones para reunirse a puerta cerrada con la jueza.

Se trata de los capitames de navío en retiro Víctor Valverde Steinlein, Luis Holley de la Maza; los capitanes de fragata José Yáñez Riveros y Marco Silva Bravo; los suboficiales mayores José Manuel García, Alfredo Moncada Salamanca, Luis Pinda Figueroa y Carlos Miño Muñoz; y el suboficial José Rojas Araya.

También los sargentos primero Pedro Vidal Miranda y Héctor Palominos López; el cabo segundo Guillermo Inostroza Opazo y el marinero primero Claudio Cerezo Valencia.

El ex comandante en jefe de la Armada, Miguel Ángel Vergara, calificó hoy de "raro" el procesamiento contra trece ex marinos por su presunta participación en la detención del sacerdote de origen británico Miguel Woodward, muerto y desaparecido en 1973.

Vergara, que durante su período como jefe de la Marina chilena se caracterizó por no comentar los fallos de los tribunales, cuestionó hoy la figura del "secuestro permanente", en base a la cual se sustentan los procesamientos.

La resolución, que considera a los marinos coautores del delito de secuestro calificado, fue adoptada el pasado martes por la jueza María Eliana Quezada, titular de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que además dispuso su detención preventiva.

"Es un tema que debe aclarar la justicia, pero a mi me parece raro. Esto pasó en el año 73, es difícil lograr determinar exactamente lo que pasó y que hayan trece personas detenidas por secuestro permanente, a mi me parece a lo menos curioso", añadió.

"¿Cómo puede haber una persona secuestrada por más de 30 años sin que nadie sepa y la justicia no haga nada?", se preguntó Vergara, quién además criticó la insistencia de las agrupaciones de derechos humanos para que la Armada chilena haga un reconocimiento de que la tortura fue una doctrina institucional.

"La Armada siempre ha tenido la mejor disponibilidad y así lo ha dicho siempre el almirante Rodolfo Codina (actual jefe de la Marina), de que alcancemos una posición de paz en Chile; pero no podemos estar imponiendo cosas que la Armada no puede aceptar", sostuvo Vergara.

En su opinión, hay que hacer todo lo posible para un acuerdo común, pero sin imposiciones de ni uno ni otro lado.

Vergara sostuvo que la marina "no puede aceptar que se diga que la tortura fue una doctrina institucional porque no lo ha sido jamás. Al contrario porque la Armada siempre ha insistido en el respeto del derecho humano y de la gente", apostilló.

"Los problemas son privados, particulares, si cometo un error, yo tengo que arrepentirme, pero no puedo poner a una institución detrás. Las responsabilidades son individuales y son con nombre y apellido", recalcó.

LOS MARINOS PROCESADOS
Los procesados son los capitanes de navío Víctor Valverde Steinlein y Luis Holley de la Maza; los capitanes de fragata José Yáñez Riveros y Marco Silva Bravo; los suboficiales José Manuel García Reyes, Alfredo Mondaca Salamanca, Luis Pinda Figueroa, Carlos Miño Muñoz y José Rojas Araya.

También los sargentos Pedro Vidal Miranda y Héctor Palominos López; el cabo Guillermo Inostroza Opazo y el marinero Claudio Cerezo Valencia.

Según fuentes judiciales, los procesados, que se suman a otros seis oficiales sometidos a juicio el pasado abril por la jueza Quezada, eran infantes de marina que participaron en la detención de Woodward, efectuada el 16 de septiembre de 1973 en su casa del cerro "Los Placeres".

De acuerdo con la resolución, el sacerdote, que realizaba labores sociales en los barrios pobres de Valparaíso, fue llevado a la Universidad Técnica Federico Santa María, habilitada por los marinos como campo de prisioneros y tras someterlo a torturas, fue trasladado a la Academia de Guerra Naval.

En ese lugar, Woodward fue nuevamente torturado hasta que sus verdugos se percataron de que estaba grave y decidieron llevarlo al buque escuela "Esmeralda", que disponía de un hospital de campaña.

En el buque, lo atendió un médico de la Marina que recomendó su inmediata hospitalización, por lo que el prisionero fue llevado al Hospital Naval.

Los procesados en abril son los almirantes Sergio Barros Von Kretschman y Guillermo Aldoney Hansen; los vicealmirantes Adolfo Walbaum Weber y Juan McKay; el capitán de navío de la Infantería de Marina y miembro de la Dirección Nacional de la Inteligencia Nacional (DINA) Ricardo Riesco Cornejo y el teniente de Sanidad Carlos Costa, todos retirados y en libertad provisional.

El caso del Miguel Woodward tuvo un nuevo vuelco durante este viernes luego que la corte de apelaciones de Valparaíso decidiera procesar a los 18 oficiales y suboficiales que secuestraron al sacerdote.

La resolución adoptada el pasado lunes 4 de mayo y ejecutoriada este viernes ordena la inmediata detención en la Academia de Guerra de la Armada de los vicealmirantes de la Armada, Guillermo Aldoney y Juan Mackay Barriga, los capitanes de navío Ricardo Riesco, Víctor Valverde y Pedro Abrego, el capitán de fragata José Yáñez y los suboficiales Pedro Vidal, Alfredo Mondaca, Claudio Cerezo, Juan Reyes, Jaime Lazo, Alejo Esparza, Carlos Líbano y Sergio Hevia.

Mientras que de Carabineros los procesados por el delito de secuestro calificado son los coroneles Héctor Tapia, Angel Lorca y Enrique Corrales junto con el mayor Luis Araya, quienes comenzaron a ser detenidos desde las 6 de la mañana de este viernes. Así lo explicó Francisco Ugas, secretario ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior

“El mismo Tribunal dictó una orden de aprehensión respecto de cada uno de ellos, ellos están siendo aprehendidos, hay catorce de ellos que fueron aprehendidos y puestos a disposición del Tribunal. El Tribunal tendrá que decidir en concreto si los mantiene en prisión preventiva, que es lo que se ordena precisamente por la resolución también, o bien si les concede la libertad provisional bajo fianza”.

Recordemos que el procesamiento de los 18 uniformados había sido rechazado con anterioridad, lo que provocó que el Consejo de Defensa del Estado y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior presentaran un recurso de queja que fue rechazado en tres instancias consecutivas, lo que produjo que los imputados fueran sobreseídos temporalmente por la Corte Suprema.

Pero antes de que se emitiera el fallo definitivo, el Programa de Derechos Humanos presentó los antecedentes a la Corte Suprema para que designara un juez que no esté inhabilitado para llevar adelante este proceso.

Luego se dictó sentencia definitiva el 30 de septiembre del 2014, condenando sólo a los suboficiales de la Infantería de Marina en retiro, José Manuel García Reyes y Manuel Leiva a la pena de 5 años y un día y a Héctor Palomino López a 3 años y un día.

Ese mismo día el ministro instructor de la causa, Jaime Arancibia Pinto acogió el inicio del proceso a los 18 implicados, ejecutándose esta mañana la orden de la Corte de Apelaciones de Valparaíso lo que fue destacado por Francisco Ugas

“La importancia radica en que nuestro Estado y a través del Poder Judicial con la dictación de la resolución por parte del ministro Don Jaime Arancibia Pinto, está cumpliendo obligaciones internacionales relativas a la obligación de investigar y sancionar crímenes de lesa humanidad. Esta es una primera resolución por la cual el ministro estima que existen presunciones fundadas de participación de los 18 sujetos que han sido sometidos a proceso por su participación en el crimen de secuestro calificado cometido en perjuicio de Miguel Woodward”.

Recordemos que el sacerdote fue secuestrado por la Armada el 20 de septiembre de 1973. Dos días después, el 22 de septiembre, el cura del MAPU fue llevado al buque escuela Esmeralda, escoltado por infantes de Marina.

El sacerdote estaba en estado agónico debido a las continuas torturas que había sufrido. Según la bitácora de la Esmeralda, Woodward llegó a las 11.25 horas al buque en “precarias condiciones” y pasó a la enfermería del barco. Según el Capitán Eduardo Barison Roberts, Woodward “falleció en el interior del buque”. Posteriormente, el mismo Barison ordenó el traslado del cuerpo al Hospital Naval de Valparaíso.

El enfermero que recibió el cuerpo del sacerdote en dicho Hospital, Luis Gaete, afirma haber visto que el cadáver tenía un tiro en el pecho. De acuerdo a su familia, esto habría sido un montaje para justificar la muerte de Woodward en un “enfrentamiento armado”. El mismo enfermero, siguiendo órdenes, trasladó al fallecido desde la morgue del Naval hasta el Hospital Gustavo Fricke en Viña del Mar. “Dejé su cuerpo en el suelo ya que no había camillas suficientes en ese momento para la cantidad de fallecidos que había, eran cerca de quince cuerpos sin vida”, declaró Gaete en juicio.

De ahí la historia pierde claridad, ya que no se sabe a ciencia cierta qué sucedió con los restos del conocido cura obrero. Supuestamente, habrían sido enterrados en una fosa común en el Cementerio de Playa Ancha (lugar donde hoy existe un memorial en su nombre) y removidos posteriormente en los años 80. La Armada hasta el día de hoy no ha querido señalar el lugar exacto donde fue depositado el cuerpo de Woodward.

El caso del Miguel Woodward tuvo un nuevo vuelco durante este viernes luego que la corte de apelaciones de Valparaíso decidiera procesar a los 18 oficiales y suboficiales que secuestraron al sacerdote.

La resolución adoptada el pasado lunes 4 de mayo y ejecutoriada este viernes ordena la inmediata detención en la Academia de Guerra de la Armada de los vicealmirantes de la Armada, Guillermo Aldoney y Juan Mackay Barriga, los capitanes de navío Ricardo Riesco, Víctor Valverde y Pedro Abrego, el capitán de fragata José Yáñez y los suboficiales Pedro Vidal, Alfredo Mondaca, Claudio Cerezo, Juan Reyes, Jaime Lazo, Alejo Esparza, Carlos Líbano y Sergio Hevia.

Mientras que de Carabineros los procesados por el delito de secuestro calificado son los coroneles Héctor Tapia, Angel Lorca y Enrique Corrales junto con el mayor Luis Araya, quienes comenzaron a ser detenidos desde las 6 de la mañana de este viernes. Así lo explicó Francisco Ugas, secretario ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior

“El mismo Tribunal dictó una orden de aprehensión respecto de cada uno de ellos, ellos están siendo aprehendidos, hay catorce de ellos que fueron aprehendidos y puestos a disposición del Tribunal. El Tribunal tendrá que decidir en concreto si los mantiene en prisión preventiva, que es lo que se ordena precisamente por la resolución también, o bien si les concede la libertad provisional bajo fianza”.

Recordemos que el procesamiento de los 18 uniformados había sido rechazado con anterioridad, lo que provocó que el Consejo de Defensa del Estado y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior presentaran un recurso de queja que fue rechazado en tres instancias consecutivas, lo que produjo que los imputados fueran sobreseídos temporalmente por la Corte Suprema.

Pero antes de que se emitiera el fallo definitivo, el Programa de Derechos Humanos presentó los antecedentes a la Corte Suprema para que designara un juez que no esté inhabilitado para llevar adelante este proceso.

Luego se dictó sentencia definitiva el 30 de septiembre del 2014, condenando sólo a los suboficiales de la Infantería de Marina en retiro, José Manuel García Reyes y Manuel Leiva a la pena de 5 años y un día y a Héctor Palomino López a 3 años y un día.

Ese mismo día el ministro instructor de la causa, Jaime Arancibia Pinto acogió el inicio del proceso a los 18 implicados, ejecutándose esta mañana la orden de la Corte de Apelaciones de Valparaíso lo que fue destacado por Francisco Ugas

“La importancia radica en que nuestro Estado y a través del Poder Judicial con la dictación de la resolución por parte del ministro Don Jaime Arancibia Pinto, está cumpliendo obligaciones internacionales relativas a la obligación de investigar y sancionar crímenes de lesa humanidad. Esta es una primera resolución por la cual el ministro estima que existen presunciones fundadas de participación de los 18 sujetos que han sido sometidos a proceso por su participación en el crimen de secuestro calificado cometido en perjuicio de Miguel Woodward”.

Recordemos que el sacerdote fue secuestrado por la Armada el 20 de septiembre de 1973. Dos días después, el 22 de septiembre, el cura del MAPU fue llevado al buque escuela Esmeralda, escoltado por infantes de Marina.

El sacerdote estaba en estado agónico debido a las continuas torturas que había sufrido. Según la bitácora de la Esmeralda, Woodward llegó a las 11.25 horas al buque en “precarias condiciones” y pasó a la enfermería del barco. Según el Capitán Eduardo Barison Roberts, Woodward “falleció en el interior del buque”. Posteriormente, el mismo Barison ordenó el traslado del cuerpo al Hospital Naval de Valparaíso.

El enfermero que recibió el cuerpo del sacerdote en dicho Hospital, Luis Gaete, afirma haber visto que el cadáver tenía un tiro en el pecho. De acuerdo a su familia, esto habría sido un montaje para justificar la muerte de Woodward en un “enfrentamiento armado”. El mismo enfermero, siguiendo órdenes, trasladó al fallecido desde la morgue del Naval hasta el Hospital Gustavo Fricke en Viña del Mar. “Dejé su cuerpo en el suelo ya que no había camillas suficientes en ese momento para la cantidad de fallecidos que había, eran cerca de quince cuerpos sin vida”, declaró Gaete en juicio.

De ahí la historia pierde claridad, ya que no se sabe a ciencia cierta qué sucedió con los restos del conocido cura obrero. Supuestamente, habrían sido enterrados en una fosa común en el Cementerio de Playa Ancha (lugar donde hoy existe un memorial en su nombre) y removidos posteriormente en los años 80. La Armada hasta el día de hoy no ha querido señalar el lugar exacto donde fue depositado el cuerpo de Woodward.

“¿Cuántas puntas tiene una cruz?”, preguntaba a gritos el oficial de Marina que interrogaba… Cuatro, respondía con dificultad el sacerdote prisionero que era torturado… “Entonces, cuatro culatazos”, ordenaba el oficial… Luego mandaba que el cura, indefenso en el suelo, fuera golpeado. Los vejámenes y maltrato continuaron por horas mientras la vida de Miguel Woodward se extinguía. Un balazo en el pecho pretendió ser la justificación para que las autoridades navales declararan más tarde que el sacerdote había sido encontrado muerto en la vía pública.
Los restos de Miguel Woodward no fueron entregados a sus familiares. Mientras, el proceso para determinar responsabilidades penales en el crimen, se ha desarrollado lentamente en medio de irregularidades, inconsistencias jurídicas y con un evidente intento de impunidad.
Miguel Woodward Iriberry nació en Valparaíso, en enero de 1932, de madre chilena y padre inglés. Sus estudios secundarios los realizó en Inglaterra, en un internado dirigido por monjes benedictinos. A los 18 años se graduó de ingeniero civil. Una vez titulado regresó a Chile e ingresó al seminario. El obispo Raúl Silva Henríquez lo ordenó sacerdote diocesano en la Catedral de Valparaíso, en 1961. Ese año, su familia decidió viajar a Inglaterra pero Miguel quiso permanecer en Valparaíso. Su primer destino parroquial fue Peñablanca, donde trabajó con jóvenes en las poblaciones.
Como muchos curas de esa época, imbuido en los aires transformadores del Concilio Vaticano II, quiso ser sacerdote obrero y trabajó como tornero en el astillero Las Habas, de Valparaíso. También fue profesor del Centro de Estudios y Capacitación Laboral (Cescla). En su trabajo como obrero se ganó la confianza de sus compañeros, quienes lo eligieron secretario del sindicato. En 1969, en el Cerro Los Placeres, donde construyó una modesta vivienda, encabezó una comunidad religiosa. Formó parte del movimiento Cristianos por el Socialismo, hizo suyos los postulados del gobierno del presidente Salvador Allende y se desarrolló como dirigente vecinal. Su labor fue rechazada por la autoridad eclesiástica de Valparaíso, y el obispo Emilio Tagle Covarrubias lo suspendió de sus funciones sacerdotales alegando su militancia política. No obstante, Miguel siguió adelante con sus actividades sociales.
Patricia Woorward desde que supo de la detención y muerte de su hermano ha viajado numerosas veces a Chile desde su residencia en España, y ha participado en múltiples diligencias judiciales para obtener justicia y demandar la entrega de los restos del sacerdote.

“ERA COMO JESUCRISTO”
¿Qué antecedentes tiene sobre la detención de Miguel Woodward?
“Mi hermano fue detenido por miembros de la Inteligencia Naval, aproximadamente el 16 de septiembre de 1973, en su casa… Fue conducido a la Universidad Santa María, ocupada por la Armada para mantener a los detenidos. Allí durante doce horas fue golpeado y sumergido en agua de la piscina. Según testigos, estaba en el suelo tiritando de frío mientras un teniente ebrio, lo interrogaba”.
Según el testimonio del infante de Marina José Manuel García Reyes, fue llamado por el teniente Montenegro al costado sur de la piscina. “Allí se encontraba un hombre arrodillado con el rostro y brazos curvados hacia el suelo. Recibí la orden de interrogarle. Lo obligué a mirarme a los ojos y me impresionó mucho porque era como ver a Jesucristo, y no he podido sacar nunca más ese episodio de mi mente… El teniente Montenegro se encontraba muy molesto y portaba un arma de fuego que ponía en la frente del sacerdote y ante sus gritos de ‘¡Pégale!…’ yo tuve que actuar”.
¿Qué ocurrió en las horas siguientes?
“Al día siguiente -dice Patricia- a Miguel lo conducen a la Academia de Guerra Naval donde repitieron los tormentos. En mal estado físico, es llevado al molo donde estaba atracado el buque-escuela Esmeralda… Lo suben en camilla a la enfermería, pero no estaba el médico. Según la bitácora de la Esmeralda, después de una hora, ya fallecido, Woodward es llevado al Hospital Naval. El enfermero que recibió el cuerpo constató un orificio de bala en el pecho. A ese funcionario le ordenan enviar el cadáver a la morgue del Hospital Gustavo Fricke, en Viña del Mar. Allí, junto a varios cadáveres, dejaron el cuerpo de Miguel y desde ese momento se desconoce su paradero. Un médico de la Armada, Carlos Costa Canessa, certificó la defunción el 22 de septiembre por paro cardio-respiratorio y afirmó, dolosamente, que el cuerpo había sido encontrado en la vía pública”.

MUERTE EN LA “ESMERALDA”
“La Dama Blanca llevará la mácula de la sangre de Miguel Woodward en sus travesías por el mundo mientras la Armada no reconozca su crimen”, sentenció años después el sacerdote jesuita José Aldunate para referirse al paso del cura obrero y de otros presos políticos por el buque-escuela. Sobre estos hechos, Patricia Woodward explica que desde la Academia de Guerra Naval su hermano fue llevado a la Esmeralda. “Sus condiciones físicas eran deplorables, su gravedad era tan evidente que el segundo comandante del buque, Eduardo Barison, se negó a recibirlo; sin embargo, esta orden fue anulada por el capitán de la Esmeralda, Jorge Sabugo (fallecido)”. Barison -como consta en el proceso- declaró que “le dijeron que (Miguel) estaba en calidad de detenido y que presumía que su estado era producto de malos tratos físicos… se encontraba agónico, con hematomas en su rostro e inconsciente. Los enfermeros lo asistieron, trataron de reanimarlo, pero falleció en el mismo recinto”. Sobre el particular, Patricia subraya que Barison ante la magistrada afirmó categóricamente: “Tengo la seguridad de que falleció en el interior del buque”.
De acuerdo con lo expresado por la hermana del sacerdote, luego que Barison llamara a Guillermo Aldoney, jefe del Estado Mayor de la Primera Zona Naval, para informarle de la muerte de Miguel Woodward y señalarle que “se le habría pasado la mano a un interrogador”, se decidió el traslado del cuerpo al Hospital Naval, en donde se inició, por instrucciones de Aldoney, el encubrimiento del homicidio.
¿Por qué hubo tanto ensañamiento con su hermano?
“Creo que lo tenían ubicado desde hace tiempo. Tenían una carpeta con sus antecedentes. Habían puesto allí calumnias, tergiversaron muchos hechos y siendo una persona con liderazgo -aunque era muy sencillo-, tenía muchos contactos conseguidos a través de su labor pastoral al lado de las personas desprotegidas. Mi hermano se entregó a los pobres, era un obstinado por la justicia social. Nadie pensaba que mi hermano podía ser detenido ni menos asesinado por su trabajo como pastor y sacerdote”.
¿Qué ha ocurrido con el proceso judicial?
“El proceso comenzó en 2002 con una querella de la familia ante los tribunales. La acción judicial se dirigió en contra de Pinochet, catorce oficiales navales, un médico, un clérigo y un alto funcionario judicial por los cargos de genocidio por motivos religiosos, terrorismo de Estado, homicidio calificado, secuestro, torturas, tratos crueles y degradantes, inhumación y exhumación ilegal y otros delitos conexos. La querella fue investigada por tres ministros sucesivamente. La primera jueza instructora del sumario fue Gabriela Corti, quien a los dos años cerró la causa aplicando la prescripción, aunque según convenios ratificados por el Estado chileno en materia de derechos humanos, las causas por delitos de lesa humanidad no prescriben, razón por la que se acusó a esa jueza de prevaricación. Posteriormente, en 2011 fue designada la ministra Eliana Quezada para hacerse cargo del proceso; hasta antes de ser nombrada presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso inculpó a 29 personas, en su mayoría marinos en retiro, y a cuatro ex almirantes. Después fue nombrado Julio Miranda como juez instructor y el proceso comenzó a distorsionarse”.
¿Qué ocurrió con los restos del sacerdote Woodward?
“La jueza Eliana Quezada hizo tres intentos de exhumación del cuerpo, en base al testimonio de dos personas involucradas en su sepultura. Pero esto no dio resultados. A fines de los 80, según un funcionario del Cementerio de Playa Ancha, cuando estaba concluyendo la dictadura militar, hubo una curiosa limpieza donde creemos que Miguel estaba sepultado. Probablemente sus restos fueron quemados o tirados al mar. Ahora, junto a mi esposo, Frederick Bennett, entregamos al gobierno un documento en el que se relatan las anomalías en la causa y el encubrimiento llevado a cabo por la Armada”.

CONDENAS ¿O PREMIOS?
¿Qué opinión le merecen las condenas aplicadas en el caso?
“Las condenas impuestas el pasado 8 de mayo a los torturadores y personas que tuvieron que ver con este asesinato, fueron muy bajas, irrisorias. La familia no está de acuerdo. De diez procesados hubo sólo dos suboficiales de la Armada sancionados. Ellos estaban bajo las órdenes de tenientes, capitanes y almirantes.
En la resolución los suboficiales de Marina José Manuel García Reyes y Héctor Palominos López fueron condenados a tres años y un día por los delitos de torturas y secuestro con grave daño, por lo que quedaron libres de inmediato (pena remitida). Carlos Miño, Marcos Silva, Guillermo Inostroza, Luis Pinda y Bertalino Castillo: absueltos. Manuel Leiva: absuelto (por demencia). Nelson López y Jorge Leiva Cordero: absueltos por fallecimiento”.
Para la familia del sacerdote Woodward quedó comprobada judicialmente la culpa de altos mandos de la Armada cuando ocurrieron los hechos. Esta afirmación fue ratificada por el ex auditor general de la Armada al declarar que recibió órdenes de los comandantes en jefe, almirantes Miguel Vergara y Rodolfo Codina, para obstruir la justicia. Sin embargo, esta confesión no se tradujo en sanciones de los tribunales.
¿Por qué cree que después de once años sólo hubo dos condenas a marinos de bajo rango y no se tocó a los oficiales?
“Valparaíso, al parecer, es un feudo de la Armada. Numerosas personas viven a costillas de las actividades que tiene esa institución. Hay miedo a hablar y decir la verdad. La Armada como institución se niega a hacerse responsable de los crímenes y torturas que se cometieron en sus propios recintos durante la dictadura”.

ALMIRANTES EN LAS SOMBRAS
¿Qué opina de aquellas personas que han pedido perdón por las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura?
“La declaración que hizo la Asociación de Magistrados y sus disculpas por las ‘acciones y omisiones impropias del Poder Judicial’, dio la vuelta al mundo. Estábamos en España cuando supimos. Pero pienso que son sólo buenas intenciones. No sabemos cómo esto se puede traducir en justicia”.
¿Qué falta para que se haga justicia en éste y otros casos de violaciones a derechos fundamentales?
“Faltan cambios urgentes y profundos en el sistema judicial en materia de derechos humanos. Se podría aumentar el número de ministros en visita que investigan los casos. Pero, además, hay una serie de prácticas francamente ilegales en el sistema. Por ejemplo, los jueces no suelen interrogar a los testigos. Dejan esa tarea a sus actuarios que no son muy competentes. Pero es necesario llegar a la verdad para determinar la responsabilidad de los altos mandos de la Armada que dieron las órdenes. Ellos siguen en completa impunidad”.
Una rápida mirada a lo ocurrido con algunos oficiales de la Armada involucrados en el caso de Miguel Woodward, indica que el ex responsable de la Universidad Federico Santa María, capitán Sergio Valverde, fue inculpado durante el sumario pero luego fue sobreseído. El jefe del Estado Mayor de la Zona Naval, capitán de navío Guillermo Aldoney, ascendió a almirante y posteriormente fue nombrado presidente del directorio de una empresa de aceros, privatizada por la dictadura militar. En tanto, el médico del crucero Latorre que en algún momento examinó a Miguel, fue ascendido a almirante y dirigió los servicios de salud de la Armada. Por su parte, el capitán Eduardo Barison, segundo comandante de la Esmeralda, no fue imputado. Otros inculpados, entre ellos varios oficiales en retiro, viven tranquilos y con buenas jubilaciones.

Sacerdote obrero

El sacerdote Mariano Puga, ex detenido en Villa Grimaldi, recordando a Miguel Woodward relata: “Nos tocó estar en el Seminario Pontificio de Santiago… Después, mientras estudiaba en París, me encontré con él. Llegó un día a la Ciudad Universitaria y me dice: “Oye Mariano, ¿qué has pensado de los sacerdotes obreros?”. Le contesté que yo pensaba llegar a Chile, hablar con el cardenal Raúl Silva y pedir permiso para incorporarme al equipo de sacerdotes obreros que estaban trabajando en Chuquicamata; éramos siete. Entonces Miguel de nuevo me preguntó: “¿Y tú crees que yo podría ser sacerdote obrero?”. Le dije ¡pero ojalá que lo seas! Cuando llegué a Chile a fines del 70, pregunté por Miguel y me contaron que andaba de obrero en el astillero Las Habas. Lo fui a ver, pregunté y ahí apareció él con un overol, casco y jeans. Woodward pensaba que si era cura-obrero tenía que ser obrero”.