Valdés Jaime

Novo O'Día

Si bien existen ciertos antecedentes previos, este operativo inicia su concreción con la aparición de una nota en la publicación Novo O'Día (Curitiba, Brasil), el día 25 de Junio de 1975, en la que se informa del asesinatos de 59 militantes del MIR en enfrentamientos con fuerzas del gobierno argentino en la localidad de Salta.

De acuerdo con los antecedentes recogido por la investigadora brasileñas Maria Helena Wiechmann, con la colaboración de Josefina Palazzo Ayres, de la División de Documentación del Estado de Paraná y citadas por el periodista Ernesto Carmona, en los archivos de la Biblioteca Publica de Curitiba consta que el antiguo diario O Día sacó tres ediciones en 1975, modificando su nombre anteponiendo el adjetivo Novo a su viejo logotipo.

Novo O'Día apareció el 15 de abril, 31 de mayo y 25 de junio de ese año.  El periódico, que aparece dirigido por Almir H. De Lara, fue fundado el 2 de julio de 1870 y relanzado en 1896, 1901, 1923 y 1975, año en que imprimió sus tres ediciones en la Cromográfica Editora Limitada, rua Augusto Stelfels 793, por encargo de la Imperium Sociedade Jornalistica e Publicitaria Ltda.

El financiamiento de esta acción en Brasil, según está acreditado en varios juicios, provino de la entonces estatal Línea Aérea Nacional y de la embajada de Chile en Brasil, señalándose la responsabilidad del agente de la DINA Gerardo Roa Araneda, funcionario entonces de LAN.

En su edición del 25 de Junio, el diario Novo O'Día, en Curitiba, Brasil, da cuenta de la muerte de 59 “extremistas marxistas” chilenos abatidos en Salta, Argentina e incluye sus nombres completos. 

Bajo el título de "Terroristas chilenos na interior da Argentina", informaba que las acciones terroristas en Argentina iban en aumento en los últimos días, habiéndose registrado choques con las fuerzas de seguridad en Salta, Tucumán, Mendoza, Córdoba y Rosario. La información finaliza señalando que en esos encuentros con las fuerzas de seguridad argentinas, habían sido identificados entre los muertos los miembros del MIR y entregaban una lista con 59 nombres completos, ordenados alfabéticamente por apellidos.

Diversas publicaciones e informes sobre el tema señalan que el responsable de gestionar la aparición de esta información en ese diario, fue el agregado de prensa de la Embajada de Chile en Brasil, Jaime Valdés, quien actuaba de coordinador de las actividades de la DINA en esta materia.

Organizaciones periodísticas y medios de prensa de América Latina y Europa difundieron y comentaron positivamente el fallo del Tribunal de Ética y Disciplina del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas que sancionó a tres miembros de la orden por participar en la producción de noticias falsas en el montaje conocido como Operación Colombo o Caso de Los 119, orquestado por los servicios de inteligencia de la dictadura militar en junio de 1975.

La difusión en el exterior contrasta con el silencio de la prensa local, en particular los medios afectados por el fallo (La Tercera, La Segunda, El Mercurio y Las Ultimas Noticias). En otros casos, el fallo fue tergiversado en cartas y comentarios que circularon por Internet

En Chile, la noticia fue recogida por Diario Siete, La Nación, Revista Punto Final, Radio Cooperativa, Radio Universidad de Chile, los diarios electrónicos El Mostrador y Gran Valparaíso y numerosos órganos alternativos a los grandes medios corporativos.

La Operación Colombo, de “guerra psicológica”, presentó a 119 detenidos desaparecidos como muertos entre ellos mismos –“exterminados como ratones”-, en ficticios encuentros armados en Argentina, según noticias inventadas por la prensa en junio de 1975.

Las 119 víctimas formaban parte de cientos de personas reclamadas en recursos de “habeas corpus” de sus familias que fueron ignorados por los tribunales y entre ellos se encontraban dos jóvenes periodistas desaparecidos, Mario Calderón Tapia, de Valparaíso, y Luis Durán Rivas, de Santiago.

Proceso ético

El fallo ético, emitido en marzo 2006, respondió a una denuncia introducida en noviembre 2005 por familiares de las víctimas. El documento de 38 páginas se encuentra en varios sitios web

Las 250 páginas del expediente completo, con sus anexos, declaraciones de imputados y testigos, documentos relacionados y fotografías, está publicado enel  portal londinense del periodista chileno Róbinson Rojas, quien reside en Inglaterra.

El instructor del sumario fue el periodista Alfredo Taborga Molina, autor de un expediente de unas 250 páginas, cuyo contenido de declaraciones y testimonios constituye una valiosa radiografía del periodismo chileno de la época. La sanción fue aprobada por la unanimidad de los miembros del Tribunal de Ética y Disciplina del Consejo Regional Metropolitano (Santiago) del Colegio: Doris Jiménez Villarroel, Enrique Contreras González, Víctor Abudaye Soto y Ricardo Urzúa Munita.

Sanciones y amonestaciones

El fallo sancionó a tres periodistas por su responsabilidad ética en el montaje noticioso que en junio de 1975 presentó en la prensa la desaparición de 119 ciudadanos como si se hubieran “exterminado” entre ellos mismos.

Para el tribunal deontológico de los periodistas, “los responsables del manejo de la información no cumplieron con su obligación profesional y su compromiso con la sociedad de trabajar con la verdad, con lo cual fallaron en su deber ético esencial”.

Fernando Díaz Palma, quien a la fecha dirigía el diario “Las Ultimas Noticias”, de la cadena El Mercurio, fue sancionado con “censura pública y suspensión de su calidad de miembro del Colegio de Periodistas durante seis meses” por violar el Código de Ética. La misma sanción recayó en Alberto Guerrero Espinoza, quien se desempeñaba a esa fecha como director del diario La Tercera de la Hora.

Beatriz Undurraga Gómez, de El Mercurio, quien hizo caso omiso de las citaciones del Tribunal, recibió “censura pública” y suspensión por tres meses, en tanto fue absuelta por falta de pruebas Mercedes Garrido Garrido, del vespertino “La Segunda” (también de “El Mercurio”), quien concurrió a declarar y demostró no haber estado involucrada.

René Silva Espejo y Mario Carneyro, directores de “El Mercurio” y “La Segunda” durante la publicación de las noticias falsas, fueron declarados “no imputables” por haber fallecido.

El tribunal amonestó, además, a dos periodistas de renombre que no estuvieron involucrados en la “Operación Colombo” pero rehusaron colaborar con la investigación ética de la orden y no concurrieron a declarar ante el fiscal. El tribunal citó a declarar a una veintena de periodistas afiliados al Colegio, de diverso signo político e ideológico, no en calidad de imputados sino como testigos o, simplemente, para recabar su aporte de información.

Los dos periodistas amonestados, quienes tampoco apelaron la decisión del tribunal, fueron Mónica González, directora del Diario Siete, galardonada en mayo 2006 con el premio Dan David (250.000 dólares), de la Universidad Tel Aviv, Israel, y Juan Pablo Cárdenas Squella, Premio Nacional de Periodismo 2005, consejero regional del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y director de la Radio Universidad de Chile.

El tribunal dictaminó que violaron el artículo 13 del Reglamento de Instrucción de Sumarios para los Tribunales de Ética y Disciplina del Colegio, cuyo texto establece que “ningún periodista colegiado podrá negarse a prestar declaración en un sumario o a concurrir a las audiencias a que sea citado con ese objeto, salvo que medie causa legítima de excusa”.

La amonestación a González y Cárdenas fue un aspecto menor del fallo, pero resultó más publicitada, comentada y criticada que la sanción a los tres periodistas involucrados en las publicaciones de prensa de 1975, probablemente por desconocimiento o una lectura equivocada del documento.

El fallo también implica una auto-crítica del propio Colegio. “Al tenor de esta investigación queda en evidencia, además, que el Colegio de Periodistas de Chile tampoco cumplió con su deber de proteger el correcto desempeño profesional y ser un referente en la defensa de valores éticos en el ejercicio de un periodismo sano para la sociedad”, indica un párrafo resolutivo del dictamen (página 23). “Le faltó la decisión de defender los requerimientos de la sociedad de estar correctamente informada y denunciar la responsabilidad que tuvo la prensa y los periodistas que fueron cómplices de esta situación”.

El revés de la trama

Dos periodistas imputados –Díaz Palma y Guerrero Espinoza– acataron explícitamente la autoridad del Colegio, para juzgar conductas éticas en la profesión. Ambos justificaron una equívoca actuación profesional por exigencias de las empresas y posibles represalias económicas gubernamentales a través del gasto publicitario de la dictadura militar. Asimismo, reconocieron falta de rigor profesional.

Por ejemplo, Fernando Díaz Palma, declaró:

-“… Hoy, con la perspectiva del tiempo, 30 años después, si…., claro, yo le digo, esto fue un fraude…..un engaño. …Un engaño y fue pasada a llevar la confianza en los periodistas que tratan de informar de todo… Pero, pienso yo, que si es una información oficial la que le entregan a uno, igual que hoy día, no se pone en duda una información oficial. Pasa en todos los regímenes. Era complicado…. Pero ahora, 30 años después, claro, uno se da cuenta…, 30 años después hemos venido a escuchar muchas cosas de lo que estaba pasando. Muertos, desaparecidos, desenterrando gente…..claro… si nosotros hubiéramos PODIDO y hubiéramos SABIDO esas cosas ya las habríamos tenido que investigar antes, sin perjuicio de correr riesgos… porque ahí…

-Fiscal: Es decir, ¿que eso (la investigación, el reporteo) habría faltado…?

-Fernando Díaz: “Claro, faltó… Faltó haber cubierto las cosas… y haber hecho las investigaciones propias… Pero, mire, es así… Y uno… a ver…”

Guerrero Espinoza, en una carta al fiscal Taborga del 1 de diciembre 2005 (Anexo 15), dijo: ‘Resultaría valioso que el actual Colegio reconstruyera, de alguna manera, esa etapa del periodismo con amedrentamientos, escasas fuentes noticiosas, censura previa, toque de queda y la presencia diaria de patrullas militares en las oficinas de redacción de los diarios, aprovechando que aún permanecen vivos y con alguna claridad mental muchos de sus protagonistas. Ellos, exclusivamente desde el punto de vista profesional -sin contaminarlo con el aspecto político- podrían hacer un buen aporte a las nuevas generaciones de periodistas’.

En su declaración ante el fiscal, el ex director de La Tercera Guerrero Espinoza recordó: ‘No se olviden que había censura previa, amedrentamiento, patrullas militares… Nosotros en La Tercera tuvimos más de un año una patrulla militar que llegaba todos los días a las 6 de la tarde a controlar la información. Yo creo que el Colegio no ha considerado muchas cosas. Si se revisa la historia del periodismo, y se revisan los diarios del año 73, se van a encontrar con que La Tercera durante muchos días publicó páginas en blanco y párrafos en blanco y que era una señal que yo pretendía dar para que se dieran cuanta de que había censura. Eso nadie lo ha dicho en el tiempo. Entonces, creo que es necesario considerar las condiciones en que se vivía, las condiciones en las que se trabajaba y lo difícil que era confrontar fuentes noticiosas. No las habían…Las habían de un solo lado. Entonces, ¿cómo podía un director de diario confirmar cada noticia que llegaba?”

Guerrero aclaró que siempre prevaleció la voluntad de la empresa: “Ah, bueno…Lo que quiero decir es que yo no era la autoridad absoluta del diario…Era el director, pero había un Consejo General, que lo presidía don Germán Pico Cañas, uno de los dueños del diario, y que integraban diversas personas a las que también las autoridades del Gobierno llamaban. Las llamaban por teléfono y les decían ‘Mire, hay una información muy importante que necesitamos que se destaque’. Ahí muchas veces se producía la confrontación entre el dueño del diario y el periodista, de no darle la trascendencia que le habían pedido y el título a ocho columnas en primera página. Bueno, ahí uno tenía que hacer, establecer el equilibrio, manejar la información, reducirla mucho, porque indudablemente –como tú dices– habían pautas y los reporteros que cubrían los sectores de gobierno cierto que naturalmente traían la influencia de la información que le habían entregado”.

Guerrero terminó despedido del diario por publicar la noticia del secuestro y rescate del hijo de un relevante empresario de la época, un hecho que la dictadura quiso mantener oculto: ‘Al día siguiente la publiqué en el diario. ‘Rescatado hijo de Manuel Cruzat’. Nadie había hablado del secuestro. Y yo digo que había sido secuestrado, que se había pagado un millón… Eso, esa noticia…, porque había el compromiso con el Gobierno, y el compromiso de la Empresa (del dueño de La Tercera) con el Gobierno de no publicarla, me costo la dirección del diario. A mí, al día siguiente de la publicación, se me pidió la renuncia…”

El periodista afirmó que hoy podría actuar de manera diferente: ‘Te digo entonces, yo, naturalmente, a lo mejor habría preferido tener más alma de héroe y habérmelas jugado… pero en el ambiente que vivíamos…..no sé….[ilegible]… uno tiene familia, cuida su fuente de trabajo…. Con la perspectiva del tiempo, a lo mejor ahora diría que me da lo mismo jugármela y que pase lo que pase”.

Ninguno de los imputados apeló el fallo del tribunal ético de primera instancia, dando por aceptada la sanción de sus pares. La tuición de los colegios profesionales sobre la conducta ética de sus asociados fue restablecida en el ordenamiento jurídico chileno por una reforma de la Constitución Política aprobada por el Congreso en 2005, aunque todavía falta legislar sobre los tribunales especiales que ventilarán acusaciones deontológicas contra profesionales no asociados a esas organizaciones. La afiliación a los colegios no es obligatoria para ninguna profesión desde las reformas “legales” implantadas por la dictadura militar.

El fallo, asimismo, dejó “constancia de la perniciosa actuación del entonces funcionario civil del gobierno militar Álvaro Puga en la manipulación, amedrentamiento, censura y persecución de periodistas y medios”. Según el tribunal, por tratarse de un “individuo que no es periodista y por lo tanto no es miembro del Colegio de Periodistas de Chile”, el abogado Puga “no es sujeto de este sumario”, aunque ejercía el periodismo “de opinión” y firmaba artículos de prensa bajo el seudónimo “Alexis”.

La información recabada por el tribunal estableció que bajo la dictadura operó una suerte de división de guerra psicológica ligada a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), llamada después Central Nacional de Información (CNI), cuya labor consistió en orientar y controlar los medios de comunicación. En esa instancia, Puga trabajó con el psicólogo Hernán Tuane Scaff, involucrado además en torturas de la DINA/CNI en numerosos procesos judiciales, y Anthal Lipthay, de origen húngaro, quien CIA llegó a Chile, con pasaporte de “apatrida”, como “especialista psicológico”. Más tarde, derivó en operador financiero de Augusto Pinochet y se convirtió en millonario. Según las páginas sociales de La Tercera, Lipthay hospedaba en su residencia de Miami a Lucía Pinochet Hiriart, hija sesentona del ex dictador.

Piezas claves en la elaboración de las noticias falsas que dieron origen a la intriga de la Operación Colombo fueron los agregados de prensa en Argentina y Brasil, Silvia Pinto y Jaime Valdés, periodistas fallecidos. El agente DINA Gerardo Roa Araneda, en su doble condición de funcionario de la Línea Aérea Nacional (LAN) consiguió el financiamiento para sacar tres ediciones del periódico brasilero Novo O Dia, de Curitiba, donde publicó artículos firmados con su verdadero nombre. Esta publicación, más la revista LEA, que apareció una sola vez en Buenos Aires, publicaron las noticias falsas sobre “Los 119” y enseguida desaparecieron, pero sus “informes” fueron amplificados por El Mercurio, La Tercera, Las Ultimas Noticias, La Segunda, La Mañana de Talca, otros medios impresos, las agencias internacionales de noticias Associated Press y Latin, más la radio y la televisión de la época.

Repercusiones internacionales

Levy Benshimol, Presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela –organización crítica del gobierno de su país-, expresó (20 de abril): ‘¡Qué extraordinario ejemplo de ese Tribunal de Ética, para todos nosotros!’ Añadió: ‘En mi nombre y en el de los demás miembros del Colegio Nacional de Periodistas, nuestro sincero y solidario respaldo a la decisión del Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas de Chile por tan extraordinario trabajo, que no sólo sanciona, sino que abre el verdadero camino del ejercicio del periodismo en función no solamente de la ética profesional, sino de la ética ciudadana, pues ellos no sólo faltaron a su compromiso como seres humanos. Favor hacer llegar este mensaje a los colegas’.

El columnista Orlando Pérez, del diario Hoy, de Quito, Ecuador, señaló (16 de abril) que ‘la noticia señala un hito en la historia del periodismo latinoamericano: “El Tribunal de Ética y Disciplina del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas de Santiago de Chile confirmó el fallo del fiscal y presidente de esa instancia, Alfredo Taborga, y condenó a ex directores de El Mercurio, La Segunda, Las Ultimas Noticias y La Tercera y a una periodista, por falta a la ética y no cumplimiento con el deber ‘de entregar la verdad a la ciudadanía’, en las publicaciones que esos medios realizaron en los primeros años de la dictadura acerca del secuestro y desaparición de 119 prisioneros políticos en el montaje conocido como Operación Colombo”

La Política On Line Medios (24 de abril), de Argentina, comentando la noticia publicado por Clarín de Buenos Aires, en una nota titulada ‘Sanción a editores por desinformar (Operaron bajo el régimen de Pinochet)”, expresó: “La decisión abre un debate inquietante pero necesario para el fortalecimiento de la democracia, sobre la responsabilidad que cabe a los medios por su apoyo a regímenes dictatoriales como los que asolaron a Chile y la Argentina. Responsabilidad y eventuales sanciones que históricamente no suelen abordarse, como también sucede con los sectores económicos y otras instituciones que apoyan o toleran o aprovechan las dictaduras”.

La Política On Line Medios añadió: “La trascendente decisión chilena también abre un debate sobre la necesidad de auto-regulación del ejercicio periodístico a través de un organismo plural, independiente y profesional. Como se sabe en la Argentina no existe nada parecido al Colegio de Periodistas, que fiscalice con las necesarias garantías de debido proceso, la actuación de los medios”. La publicación reprodujo completo el informe de Jorge Escalante, en La Nación de Chile (31 de marzo).

La edición 565 de ‘La primera piedra (Una mirada sobre el periodismo y los medios libre de culpas)’ escribió (12 de abril): ‘Piedrazos a periodistas mentirosos: Esta es la reproducción de una nota aparecida en el diario chileno La Nación en torno a la participación de algunos periodistas en la dictadura. En la gran cantidad de actos y autocríticas que tuvimos en la Argentina con motivo de los 30 años de la dictadura hay un sector que no hizo su propia crítica, por el contrario siguió como si nada. ¿Que pasaría si enjuiciáramos la falta de ética de los grandes medios durante la dictadura? Fijensé una de las tapas expuestas como prueba, ¿no es demasiaaaado parecida a algunas argentinas?’. Y a continuación reprodujo la nota de Jorge Escalante, ilustrada con la tapa de La Segunda cuyo titular reza “Exterminados como ratones”.

El resumen de prensa de la Vicepresidencia de la República de Venezuela incluyó también la noticia (31 de marzo): “Chile: Sanción a periodistas por faltas a ética. Tribunal de Ética y Disciplina del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas confirmó el fallo del fiscal y presidente de esa instancia, Alfredo Taborga, y condenó a ex directores de “El Mercurio”, “La Segunda”, “Las Ultimas Noticias” y “La Tercera” y a una periodista, por falta a la ética y no cumplimiento con el deber “de entregar la verdad a la ciudadanía”, en las publicaciones que esos medios realizaron en los primeros años de la dictadura acerca del secuestro y desaparición de 119 prisioneros políticos en el montaje conocido como Operación Colombo. (La Nación, Chile).