Valdebenito Bugmann Hernán Emilio

El ex comandante en jefe del Ejército quedó detenido, por orden del juez Mario Carroza, como autor de 15 homicidios en La Serena en 1973.

El ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, se encuentra detenido junto a otras ocho personas en el Regimiento de Policía Militar n°1 de Santiago, en el marco de la Caravana de la Muerte.

Al general en retiro se le investiga como cómplice de 15 homicidios en La Serena el año 1973. Los hechos ocurren tras una instrucción del juez Mario Carroza.

El ministro de fuero encausó a: Ariosto Lapostol Orrego, Víctor Hugo Alegre Rodríguez y Armando Fernández Larios, en calidad de autores de los delitos. En tanto, Jaime Ojeda Torrente, Hernán Valdebenito Bugmann, Guillermo Raby Arancibia, Hugo Leiva González y Mario Vargas Migueles fueron procesados en calidad de cómplices.

El diputado comunista Hugo Gutiérrez señaló a CNN que "es una persona relevante, uno de los encargados de inteligencia. Los sobrevivientes decían que lo vieron que estaba presente el día en que fueron fusiladas estas quince personas. Cheyre estuvo en ese regimiento. Hay testimonios categóricos".

Lorena Pizarro indicó en ADN que "siempre hubo abundantes testigos que lo sindicaron en La Serena. Lo más doloroso es que hablamos de un comandante en jefe del Ejército en transición que es responsable de crímenes de lesa humanidad".

En junio pasado, el Programa de DDHH del Ministerio del Interior solicitó el procesamiento de Cheyre, ante lo que su defensa en manos del abogado Jorge Bofill, señaló que el ex comandante en jefe del Ejército "ha estado siempre disponible, pero es raro que a uno lo persigan durante 16 años, eso es completamente extraordinario. Afortunadamente estamos llegando al final del camino porque la investigación está, en mi opinión, acotada y no queda mucho más por averiguar".

'Ese día los militares comenzaron a citar gente al regimiento Arica. El comandante era el coronel Ariosto Lapóstol Orrego y su secretario, el teniente Emilio Cheyre'".

Armando Gatica Barahona se tituló de químico farmacéutico en la Universidad de Chile el año 1961 y entró a trabajar al Instituto Bacteriológico en el área de control de alimentos. De ahí se trasladó a un laboratorio de investigación en tuberculosis en el hospital San José, al lado del Cementerio General de Santiago. A comienzos de noviembre de 1966 se fue con su esposa a La Serena para crear un laboratorio de Bromatología en la Segunda Zona de Salud y colaborar en la implementación de un sistema de control de alimentos para todo el norte chico. Accesoriamente, fue nombrado, además, como perito para informar a los juzgados cuando había incautación de drogas. Militante comunista desde muy joven, le tocó también asumir varias veces como intendente subrogante durante el gobierno de la Unidad Popular.

El 11 de septiembre de 1973 transcurrió en La Serena con casi completa normalidad, al igual que los días miércoles 12 y el jueves 13. El viernes 14, sin embargo, las cosas empezaron a cambiar.

Armando Gatica, a los 80 años de edad, recuerda:

Ese día los militares comenzaron a citar gente al regimiento Arica. El comandante era el coronel Ariosto Lapóstol Orrego y su secretario, el teniente Emilio Cheyre. En la mayoría de los casos devolvían a la gente a sus lugares de trabajo o a sus domicilios. A mí, sin embargo, me detuvieron en la mañana en la vía pública con un aparatoso operativo policial en circunstancias de que yo seguía trabajando habitualmente y mi domicilio era conocido por todas las autoridades. Me llevaron al regimiento y me enfrentaron al coronel Lapóstol, el cual ordenó que me investigaran. Luego, me llevaron aparte, me apoyaron en una muralla y me empezaron a golpear en los testículos. Al mediodía me metieron a una pieza donde me mantuvieron hasta la noche, cuando me trasladaron  a la cárcel incomunicado. Ahí estuve en la sala de clases de los menores casi dos semanas. A fines de septiembre me llamaron nuevamente desde el regimiento, me llevaron al lugar donde estaban las fiscalías y luego de ser interrogado por un fiscal de Carabineros quedé en libre plática en la cárcel. Allí permanecí bastante tranquilo hasta que el martes 16 de octubre apareció la caravana de la muerte, al mando del general Sergio Arellano Stark.

La caravana llegó el día 16 como a las 11 de las mañana a bordo de un helicóptero Puma. La integraban el general de brigada Sergio Arellano Stark; el teniente coronel Sergio Arredondo González; el mayor Pedro Espinoza Bravo; el capitán Marcelo Morén Brito; el capitán Emilio Robert de la Mahotiere González, piloto; el capitán Luis Felipe Polanco, copiloto; y los tenientes Juan Viterbo Chiminelli Fullerton y Armando Fernández Larios. También descendieron de la nave dos soldados de la Escuela de Infantería. Todos en tenida de combate y fuertemente armados. En la losa los estaba esperando el coronel Ariosto Lapóstol, quien se sorprendió al ver a Marcelo Morén, su segundo al mando en las regimiento Arica, de quien nada sabía desde que partió a Santiago para reforzar el golpe militar.

El general Arellano le comunicó a Lapóstol su calidad de oficial delegado del general Pinochet con la misión de revisar los procesos de los prisioneros políticos y se  dirigieron a la oficina del fiscal militar, el mayor Carlos Casanga, para revisar los antecedentes de los detenidos. Luego, en el despacho de Lapóstol, Arellano eligió a 15 detenidos para ser sometidos a un consejo de guerra. Moren Brito anotó los nombres en una libreta aparte, en tanto el teniente Emilio Cheyre observaba.  Lapóstol le explicó a Arellano que tres de los seleccionados –Roberto Guzmán, Manuel Marcarian y Carlos Alcayaga- ya habían sido sometidas a consejo de guerra y que estaban cumpliendo su condena en la cárcel de La Serena. Arellano respondió que las penas eran muy leves y que debían ser sometidos a un segundo consejo de guerra. Lapóstol, quien había presidido el anterior consejo de guerra, se opuso tenazmente, pero finalmente, ante la férrea decisión de Arellano, abandonó el regimiento, permaneciendo en los jardines exteriores.

Unos 20 minutos después llegó Arellano hasta donde estaba Lapóstol para insistirle en la necesidad de efectuar el consejo de guerra. En un momento se les acercó el capitán Mario Vargas Miqueles, quien llegaba de una misión en Vallenar y solicitó permiso a Arellano paras rendirle cuenta a su comandante. Enseguida Arellano y Lapóstol siguieron conversando. A pocos metros permaneció el capitán Vargas.  De pronto se escucharon disparos. Lapóstol le pidió al capitán Vargas que averiguara lo que estaba pasando. Regresó a los pocos minutos e informó que había 15 personas muertas en la cancha de tiro de pistola. En ese mismo instante se escucharon nuevamente disparos aislados que provenían de la misma dirección.

En el polígono de pistola, ubicado en el faldeo del cerro vecino al regimiento, cerca de la sala de banda, los 15 prisioneros que poco antes había sacado de la cárcel local el teniente Marcelo Morén Brito, fueron asesinados por miembros de la comitiva del general Arellano frente a los oficiales del regimiento. Luego se les ordenó a los mismos oficiales locales dispararles los tiros de gracia usando sus pistolas de servicio Staver. En ese minuto llegó al lugar el capitán Mario Vargas Miqueles quien se negó a cumplir la orden. Sí la acataron los oficiales Emilio Cheyre, Jaime Ojeda Torrent, Hernán Valdebenito Bugman, Mario Larenas Carmona, Guillermo Raby Arancibia, Julio Lafourcade Jiménez, y el médico militar Guido Díaz Pacci.

Pasadas las cinco de la tarde, el coronel Arredondo, delante de Lapóstol, dio cuenta a Arellano que todo estaba finiquitado y luego la comitiva se retiró del regimiento rumbo al aeropuerto. Lapóstol pidió a Arellano el acta del consejo de guerra que dictó la ejecución de los prisioneros, pero no le fue entregada.

Los prisioneros ejecutados fueron los siguientes:

-Roberto Guzmán Santa Cruz, abogado, casado, tres hijos, asesor jurídico de los trabajadores de la Compañía Minera Santa Fe. Militante del MIR

-Carlos Enrique Alcayaga Várela, 38 años, albañil. Secretario regional de la Central Única de Trabajadores, CUT, y gobernador de Vicuña. Militante del MAPU.

-Manuel Marcarían Jamett, 31 años, agricultor, militante del Partido Comunista. Fue detenido por carabineros en Los Vilos, cinco días después del golpe militar.

-Jorge Peña Hen, 45 años, director de la Escuela de Música de la sede local de la Universidad de Chile y director de la Orquesta Sinfónica de Niños de la ciudad. Militante del Partido Socialista.

-Mario Ramírez Sepúlveda, 44 años, casado, dos hijas, académico de la Universidad de Chile, administrador de la fábrica estatal de neumáticos, Manesa, y secretario regional del Partido Socialista.

-Óscar Aedo Herrera, 23 años, técnico forestal, militante del Partido Comunista. Fue detenido por carabineros en Salamanca, el 6 de octubre de 1973.

-José Araya González, 23 años, campesino, militante del Partido Comunista. Fue detenido en Salamanca en la víspera de su homicidio.

-Marcos Barrantes Alcayaga, 26 años, supervisor de Manesa, militante del Partido Socialista. Fue detenido en su lugar de trabajo, cinco días después del golpe militar.

-Jorge Contreras Godoy, 31 años, campesino, sin militancia política. Detenido por carabineros en Salamanca.

-Hipólito Cortés Álvarez, 43 años, funcionario municipal, dirigente del Sindicato de la Construcción y militante del Partido Comunista. Detenido por carabineros en Ovalle.

-Óscar Cortés Cortés, 48 años, campesino, militante del Partido Comunista. Fue detenido en su casa de Ovalle por carabineros.

-Víctor Escobar Astudillo, 22 años, técnico agrícola, funcionario de la estatal Empresa de Comercio Agrícola, ECA, y secretario comunal del Partido Comunista. Fue detenido por carabineros en Salamanca.

-Jorge Jordán Domic, 29 años, médico y militante del Partido Comunista. Tras escuchar su nombre en un bando militar, se presentó voluntariamente en la comisaría de Ovalle al día siguiente del golpe militar.

-Jorge Osorio Zamora, 35 años, profesor universitario, funcionario de Manesa, militante del Partido Socialista. Fue detenido en su lugar de trabajo, una semana después del golpe militar, por funcionarios de Investigaciones.

-Gabriel Vergara Muñoz, 22 años, campesino, militante del MAPU. Fue detenido el 12 de octubre de 1973 en Ovalle.

El coronel Lapóstol pidió al médico militar que viera los cuerpos y extendiera certificados de defunción. Luego ordenó llevar los cadáveres al cementerio local y meterlos en una fosa común. Después mandó al teniente Cheyre a que publicara en el diario El Día de La Serena del 17 de octubre de 1973, un bando en que se informó que los 15 prisioneros murieron “ejecutados conforme a lo dispuesto por los Tribunales Militares en tiempo de guerra”.

Cuando el 11 de noviembre de 1998 los cuerpos fueron encontrados y exhumados desde la fosa clandestina en el cementerio de La Serena, además de los múltiples impactos de disparos en el cuerpo, todos presentaban un orificio de bala en el cráneo, con dirección desde arriba hacia abajo. Era la prueba científica de que los habían rematado en el suelo.

Armando Gatica prosigue su relato:

El 19 de octubre me llamaron a la fiscalía y al llegar al regimiento me hicieron pasar a la zona de guardia, donde llegaron militares que me vendaron, encapucharon y amarraron las manos a la espalda. Había otros prisioneros y nos llevaron a una colina donde nos colgaron y nos empezaron a golpear con pies y puños y con palos en las nalgas. Perdí el conocimiento. Me bajaron y no me podía sentar, además de tener las muñecas destrozadas. Fui trasladado nuevamente a la cárcel, al Colectivo 2, donde llegué en muy malas condiciones. El sábado 20 me trasladaron nuevamente a la fiscalía donde me sometieron a los mismos apremios, pero a campo abierto. Me hicieron hincar en el suelo y empezaron a darme culatazos en la espalda y en el pecho. Me preguntaban por la gente que tenía armas. Un oficial me dijo que si no respondía me fusilarían en diez minutos. Otra vez a la cárcel y el lunes 22 volví a la fiscalía. Me metieron en una pieza donde se escuchaba música clásica. Estuve ahí un largo rato hasta que sentí un feroz golpe en ambas orejas y alguien me dijo que ahí sí que iba a hablar. Me pusieron en una parrilla y me empezaron a aplicar corriente en diversas partes del cuerpo. Al otro día siguieron en el regimiento donde me hicieron correr vendado hasta que me estrellaba con los diversos muros. Me caía y me levantaban a punta de culatazos. Así me siguieron dando durante varios días más.

Iniciaron entonces un proceso a los supuestos hospitales clandestinos y el 19 de noviembre fuimos citados a la fiscalía un número importante de funcionarios del Servicio Nacional de Salud que trabajábamos en diversas reparticiones de la Segunda Zona de Salud. Nos llevaron vendados y encapuchados a la colina del regimiento y nos hicieron tendernos en el suelo. Alguien dijo: ¡Aquí estás otra vez Gatica. De esta si que no te vas a salvar!  Me agarraron a patadas y me quebraron cuatro costillas. Luego nos llevaron a un galpón donde nos colgaron y siguieron golpeándonos mientras nos preguntaban por los hospitales clandestinos. Me aplicaron corriente en las tetillas mientras me tiraban agua. Después me bajaron los pantalones y me aplicaron corriente en los genitales. Más tarde, inmovilizado en el suelo, me introdujeron unos electrodos en el ano y siguieron con la corriente hasta que perdí el conocimiento. Me tiraron en un calabozo del regimiento y me dejaron allí toda la noche. A los otros los devolvieron a la cárcel. En la madrugada sentí los disparos con que fusilaron a un preso común al que le decían “El paco santón”. En la cárcel creyeron que era yo y le avisaron a mi señora, las que fue al regimiento y habló con el mayor Casanga y el teniente Cheyre. Este último le dijo que mi situación era muy comprometida por ser comunista. Mi esposa habló con el obispo Francisco Fresno y éste se sorprendió porque el coronel Lapóstol le había asegurado que en el regimiento no se torturaba. Freno llamó a Lapóstol, quien recibió a  mi señora y le garantizó que no me aplicarían más torturas. El proceso por los hospitales clandestinos lo tomó la FACh. Al final, todos los involucrados quedamos en libertad. Nada era cierto.

(Tomado del libro “La lista del Schindler chileno”; LOM Ediciones)

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó este viernes a 10 militares (r) por su responsabilidad en los delitos consumados de homicidios de 15 personas realizados el 16 de octubre de 1973, en la ciudad de La Serena, en el marco de la llamada “Caravana de la Muerte”.

Se trata de las víctimas Óscar Gastón Aedo Herrera, Marcos Enrique Barrantes Alcayaga, Mario Alberto Ramírez Sepúlveda, Hipólito Pedro Cortés Álvarez, Jorge Abel Contreras Godoy, Roberto Guzmán Santa Cruz, Jorge Mario Jordán Domic, Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz, Carlos Enrique Alcayaga Varela, Jorge Ovidio Osorio Zamora, José Eduardo Araya González, Óscar Armando Cortés Cortés, Manuel Jachadur Marcarian Jamett, Víctor Fernando Escobar Astudillo y Jorge Washington Peña Hen.

En ese sentido, en un fallo unánime la Sexta Sala del tribunal de alzada modificó la sentencia de base, dictada por el ministro Mario Carroza, respecto a la participación que les cupo en los hechos a los condenados Pedro Espinoza Bravo y Juan Chiminellli Fullerton, quienes deberán cumplir 10 años y un día de presidio como coautores de los delitos.

Por otra parte, la Corte confirmó la resolución en la parte que condenó a Víctor Hugo Alegre Rodríguez, Jaime Ojeda Torrent y Emilio de la Mahotiere González a 5 años y un día de presidio, como cómplices de los delitos; y a Hernán Valdebenito Bugmann, Guillermo Raby Arancibia, Juan Emilio Cheyre Espinoza, Mario Vargas Miguieles y Luis Araos Flores a 3 años y un día, con el beneficio de la libertad vigilada, como encubridores.

En el aspecto civil, se confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar indemnizaciones por $80.000.000 a cada una cónyuge de las víctimas demandantes, $70.000.000 a cada hijo y $40.000.000 a los hermanos.

Cabe recordar que Cheyre -ex comandante en jefe del Ejército- fue recientemente procesado por el delito de malversación de caudales públicos de alrededor de 130 millones de pesos, ordenando la ministra de la Corte Marcial, Romy Rutherford, su ingreso al batallón de policía militar de Peñalolén como medida cautelar de prisión preventiva en su contra.

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a ocho exoficiales y dos exsuboficiales del Ejército por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de 15 personas víctimas del paso de la llamada "Caravana de la Muerte" por la ciudad de La Serena en 1973.  El graneado grupo de criminales está compuesto por un ex general y comandante en jefe de esa institución, dos ex brigadieres, cinco ex tenientes coroneles, además de los dos suboficiales.

En el episodio, la comitiva uniformada perpetró el 16 de octubre de ese año, los asesinatos de Oscar Gastón Aedo Herrera, Marcos Enrique Barrantes Alcayaga, Mario Alberto Ramírez Sepúlveda, Hipólito Pedro Cortés Álvarez, Jorge Abel Contreras Godoy, Roberto Guzmán Santa Cruz, Jorge Mario Jordán Domic, Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz, Carlos Enrique Alcayaga Varela, Jorge Ovidio Osorio Zamora, José Eduardo Araya González, Oscar Armando Cortés Cortés, Manuel Jachadur Marcarian Jamett, Víctor Fernando Escobar Astudillo y Jorge Washington Peña Hen.

En fallo unánime (causa rol 4.599-2019), la Sexta Sala del tribunal de alzada -integrada por el ministro Antonio Ulloa y las ministras Gloria Solís y Verónica Sabaj- el pasado viernes 28 de octubre modificó la sentencia de primera instancia, dictada por el ministro Mario Carroza en noviembre de 2018, respecto a la participación que les cupo en los hechos, a los condenados exoficiales de Ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo y Juan Viterbo Chiminellli Fullerton, quienes deberán cumplir 10 años y un día de presidio como coautores de los delitos, en lugar de los 5 años en calidad de cómplices como los había calificado el ministro Carroza. Otro ex oficial y principal inculpado, Ariosto Alberto Lapostol Orrego, quien había sido condenado a 15 años de presidio, falleció en el curso del proceso por lo que resulta sobreseído.

Además, el tribunal confirmó el fallo penal en la parte que condenó a los ex oficiales Jaime Manuel Ojeda Torrent y Emilio Robert de la Mahotiere González y al ex suboficial Víctor Hugo Alegre Rodríguez a la pena de 5 años y un día de presidio, como cómplices de los delitos; y a los ex oficiales Hernán Emilio Valdebenito Bugmann, Guillermo Oscar Raby Arancibia, Juan Emilio del Sagrado Corazón de Jesús Cheyre Espinoza, Mario Hernando Vargas Miguieles y al ex suboficial Luis Segundo Araos Flores a 3 años y un día, con el beneficio de la libertad vigilada, como encubridores.

El helicóptero de la muerte

En la investigación judicial quedó establecido que el día 16 de octubre de 1973, arribó a la ciudad de La Serena la comitiva encabezada por el exgeneral Sergio Arellano Stark (fallecido) en un helicóptero 'Puma' del Ejército, con un grupo de militares entre los que se encontraban los oficiales Sergio Carlos Arredondo González, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Emilio Robert de la Mahotiere González, Luis Felipe Polanco Gallardo, Juan Viterbo Chiminelli Fullerton, Marcelo Luis Manuel Moren Brito (fallecido) y Hugo Héctor Leiva González.

Luego de bajar de la aeronave, el mencionado Arellano Stark sostiene una reunión con el entonces Comandante del Regimiento de Artillería N°2, "Arica" de La Serena, Ariosto Lapostol Orrego, y le informa de su misión encomendada por el tirano Pinochet consistente en la ejecución de seleccionadas personas de izquierda que permanecían detenidas por los uniformados golpistas en diversos lugares y distintas ciudades del país.

A continuación, Arellano Stark selecciona a los detenidos que debían ser ajusticiados. Por orden suya, retiran desde la Cárcel Pública de La Serena a 14 de las víctimas escogidas a quienes trasladan al Regimiento y quedan a disposición de la mencionada autoridad militar. Paralelamente, es sacado desde los calabozos del mismo Regimiento otro detenido y lo unen a los demás prisioneros, conduciéndolos hasta el polígono de tiro de ese recinto militar. Una vez en el polígono, los detenidos son ajusticiados, mediante disparos efectuados por personal del Ejército.

Luego de cometidos los asesinatos, los efectivos del Regimiento procedieron a inscribir las defunciones de las víctimas sin habérseles practicado las autopsias respectivas, ni menos el reconocimiento por parte de sus familiares.  Acto seguido, personal militar procede al traslado de los cuerpos de los ejecutados hasta el cementerio local y les sepulta en una fosa común, de manera oculta, para lo cual las autoridades del Regimiento habían efectuado previamente las coordinaciones pertinentes con la administración del Cementerio Municipal.

Una vez concluida la etapa de desaparición de los cuerpos de las víctimas, las autoridades del Regimiento, particularmente la Jefatura de Zona ejercida por Lapostol Orrego, publica en los medios de comunicación un Bando Militar informando a la ciudadanía la ejecución de quince extremistas en cumplimiento de lo resuelto por Tribunales Militares en Tiempos de Guerra, cuestión que nunca aconteció pues el ajusticiamiento ocurre sin juicio previo, fundado en la sola circunstancia de su ideología.

El año 1998, el Servicio Médico Legal, habría encontrado osamentas humanas en el Cementerio Municipal de la Serena, por lo que efectuó peritajes y diligencias de reconocimiento, logrando identificar a las 15 víctimas fusiladas el 16 de octubre de 1973, verificando que todas ellas presentaban múltiples impactos de proyectil en diferentes partes de sus cuerpos

por Darío Núñez

Juan Emilio Cheyre, excomandante en jefe del Ejército, conoció su condena por su participación en la denominada Caravana de la Muerte, ocurrida en los primeros meses de la dictadura militar. Revisa más detalles aquí.

Durante la tarde de este jueves, la Corte Suprema dictaminó su fallo final sobre el caso Caravana de la Muerte, que involucró al general (R) Juan Emilio Cheyre, comandante en jefe del Ejército entre 2002 y 2006.

Además, el máximo tribunal elevó las penas que tendrán que cumplir 8 militares en retiro por su responsabilidad en los delitos del caso anteriormente mencionado.

Juan Emilio Cheyre fue condenado, en calidad de cómplice, a 5 años de presidio menor por el asesinato de 15 personas opositoras al régimen militar el 16 de octubre de 1973, en La Serena.

Además, recibió el beneficio de la libertad vigilada, también como cómplice. Recordemos que previamente fue considerado sólo como encubridor.

¿Qué dice la sentencia sobre el resto de los imputados?

La Segunda Sala del máximo tribunal condenó a Pedro Espinoza Bravo y Juan Chiminelli Fullerton a 15 años y un día de presidio, en calidad autores de los 15 homicidios calificados.

Mientras que por otro lado, Víctor Hugo Alegre Rodríguez, Jaime Ojeda Torrent y Emilio de la Mahotiere González deberán cumplir 10 años y un día de presidio, como cómplices de los 15 delitos.

Además, Hernán Valdebenito Buggman, Guillermo Raby Arancibia y Luis Araos Flores fueron condenados a 5 años y un día de presidio como encubridores.

¿Qué dice el fallo de la Corte Suprema?

En el fallo, el máximo tribunal planteó que “la reunión entre la Comitiva y una parte del personal del Regimiento de Artillería N° 2 Arica de La Serena corresponde a un momento previo a los delitos cometidos y en ella se revisaron los antecedentes estadísticos de quienes se buscaba acelerar los procesos que afectaban a detenidos políticos y en su caso, de inmediato proceder a ejecutarles”.

“Tal tarea era propia de quienes conformaban el círculo más selecto de la Unidad Militar que era visitada por la Comitiva (…) sus principales partícipes eran, entre otros, Sergio Arellano Stark, Marcelo Moren Brito, Ariosto Lapostol Orrego, Manuel Cazanga Pereira y, además, quien era el ayudante del primer mando del Regimiento, el sentenciado Juan Emilio Cheyre Espinoza”, agregaron en el fallo.