Urrich González Gerardo Ernesto

COMISION FUNA

GERARDO ERNESTO URRICH GONZALEZ “MANO NEGRA”; MIEMBRO DE LA AGRUPACION PUREN DE LA DINA
CEDULA DE IDENTIDAD 4.285.012.8
GERENTE DE SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD
“ALCAZAR LTDA”. RUT: 78.379.730-5 – UBICADA EN AHUMADA 236, OFICINA 408

Gerardo Urrich González se integró a la DINA antes de su legalización, con grado de mayor; trabajaba ya en noviembre de 1973 como instructor del futuro personal en la Escuela de las Rocas de Santo Domingo y Tejas Verdes, donde estaba bajo las órdenes de Manuel Contreras.

En febrero de 1974 se integra a la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA y a la Agrupación Purén, encargada en 1975 de la represión directa al Partido Socialista y en 1976 al Partido Comunista, funcionando primero en Londres 38 y luegoen Villa Grimaldi, donde compone un trío terrible junto a Raúl Carevic y Marcelo Morén Brito.

Los tres asesinan a cadenazos, luego de reiteradas torturas, a otro agente de la DINA, Rodolfo Valentín González Pérez, porque al ser enviado al Hospital Militar a cuidar a “prisioneros peligrosos” como Tito Palestro, Osvaldo Puccio y el Ministro Tohá, comenzó a ayudarlos en la comunicación con sus familiares. En Villa Grimaldi lo torturaron en “La Torre” y luego, frente a toda la guardia, lo lincharon a cadenazos para demostrar “como mueren los traidores”. González Pérez está desaparecido desde el 19 de julio de 1974.

A fines de 1974 es herido en un enfrentamiento con el MIR, por lo que vuelve sólo tras seis meses de licencia, a ocupar su puesto, en junio de 1975.

Entre los detenidos desaparecidos que habrían pasado por sus manos están los dirigentes socialistas Ricardo Lagos Salinas, Exequiel Ponce y Carlos Lorca, como también los dirigentes comunistas Mario Juica Vega, Gabriel Castillo Tapia, Juan Cortés Alruiz, Carlos Godoy Lagarrigue, Juan Bautista y Washington Maturana Pérez, Miguel Morales Ramírez y Daniel Palma Robledo,  entre otros.

Las prisionera y posteriormente colaboradora de la DINA, Luz Arce, reconoció a Gerardo Urrich como uno de sus torturadores en “La Torre” de Villa Grimaldi.

En 1977 y 1978 ingresa a cursos en la Academia de Guerra. En 1986, siendo Coronel, fue designado agregado militar de la Embajada chilena en la República Federal Alemana. Es 1992 es citado a declarar en el “caso Soria”, donde admite haber pertenecido a la DINA. 

PARA LOS TORTURADORES Y ASESINOS ¡NI PERDON NI OLVIDO!

SI NO HAY JUSTICIA ¡HAY FUNA!

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VILLA GRIMALDI

(avenida José Arrieta 8200, La Reina) 

Villa Grimaldi fue el recinto secreto de detención y tortura más importante de la DINA. El local, conocido por los agentes de la DINA como Cuartel Terranova, ya estaba en funcionamiento en 1974 como sede de la Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM). 

Hacia el verano de 1975, Villa Grimaldi pasó a convertirse en el centro de operaciones de la BIM, que ejercía la función de represión interna en Santiago. En Villa Grimaldi tenían su cuartel los equipos operativos; allí se llevaba a los prisioneros para sus primeros interrogatorios después de la detención y se  mantenían lugares y artefactos especialmente dispuestos para las distintas formas de tortura. Allí también se mantenía a los prisioneros a quienes ya no se torturaba, a veces por largos períodos, a la espera de posibles nuevos interrogatorios o de la decisión sobre su suerte futura.

 A medida que el número de detenidos fue aumentando, se fueron habilitando lugares para su permanencia, los que aparentemenete se encontraban diferenciados según la calidad en que se encontraba el detenido y los efectos que se esperaba producir en él.

 “La Torre”: efectivamente se trataba de una construcción como torre, que sustentaba un depósito de agua. En su interior se construyeron unos diez estrechos espacios para la mantención de reclusos, de unos 70 x 70 centímetros y unos dos metros de alto, con una puerta pequeña en la parte baja por la que era necesario entrar de rodillas. En esa torre también había una sala de torturas. En cada una de estas celdas se mantenía a una o dos personas en un régimen de encierro permanente. En el caso de haber dos detenidos en una celda debían acomodarse de modos muy forzados para permanecer en el lugar y especialmente para dormir. Aparentemente las personas llevadas a La Torre eran detenidos de cierta relevancia que habían terminado su etapa de interrogatorios intensos. A muchos de los detenidos que permanecieron en “La Torre” no se los volvió a ver. 

ALGUNOS MIEMBROS DE LA BRIGADA PUREN
Mayor de Ejército Raúl Eduardo Iturriaga Neumann
Mayor de Ejército Eduardo Espinoza Paiella
Mayor de Ejército Gerardo Urrich Gonzçalez, alias “Mano Negra”
Capitán de Ejército Manuel Carevic Cubillos, alias “Raúl”
Capitan de Ejército Manuel Vásquez Chahuan
Capitán de Ejército Manuel José Provis Carrasco
Capitán de Ejército Alfonso Faúndez Norambuena
Capitán de Carabineros Ingrid Olderock Bernardh
Capitán de Ejército Germán Barriga Muñoz, alias “Don Jaime”
Teniente de Ejército Marco Antonio Sáez Saavedra
Teniente de Ejército Manuel Rolando Mosqueira Jarpa

Funa No. 6
(Comision Funa: hijoschile@yahoo.com )

Más de 400 personas, el sábado 28 de abril, se dieron cita en Av. Las Condes con Tabancura para "funar" al teniente coronel (r) Ricardo Víctor Lawrence Mires (cédula de identidad 5.392.869-2), uno de los jefes de la DINA. La marcha de la  Funa se inició luego de un emotivo homenaje a Carlos Cid, miembro de la Comisión  Funa, fallecido en un accidente automovilístico hace algunas semanas. La amplia  presencia policial -patrullas, motos, micros de Fuerzas Especiales y agentes  civiles.- se debió a que en el sector apaciblemente viven "altos mandos" de la  DINA y la CNI, como Gerardo Urrich González (agente de la Brigada de Inteligencia Metropolitana y de la Brigada Purén) y el general (r) Odlanier Mena  Salinas (Director de la CNI). La distribuidora de camarones "Kamaron Bay S.A."  -donde "trabaja" Lawrence- mantenía también esa "protección policial", además,  el frontis y una luminaria de publicidad estaban burdamente tapados con  cartones, y un letrero de "cerrado" que cubría la puerta. En el interior del  inmueble, en La Empresa "Kamaron Bay" se ubica en Tabancura 1382, teléfono  2170551, fax 2173223, y su actual gerente Rodrigo Izquierdo del Villar -que postula a director en el Club de la Unión- es hijo de Vicente Izquierdo Besa  -actual director de éste- y sobrino de político derechista Arturo Alessandri  Besa. Otras sucursales de la empresa están en Alameda 1146, sector A, Of. 602 y  Pío XI 1290, en Vitacura.
     Vecinos -de los numerosos negocios del sector- informaron que en el interior se encontraba desde temprano el gerente y el propio Lawrence. Una cuidada  performance llena de sentimiento simuló las torturas que Lawrence infligió adecenas de detenidos, luego se leyó el "prontuario". La marcha continuó por el tranquilo vecindario, entregando volantes a negocios, automovilistas, vecinos, y transeúntes, custodiada en todo momento por Carabineros.
     Lawrence se moviliza en furgones Citröen verde oscuro de la empresa, y en un Lada Blanco de su propiedad. Trató de abrir una sucursal en Puerto Varas y Frutillar, hace algunos años. Se le veía asiduamente en el Club Alemán donde hacía "negocios". Tiene una parcela en Talagante, en sitios otorgados por Carabineros, y un departamento en el barrio Esperanza, en Santiago Centro, entre otros. Distribuye camarones ecuatorianos, presentándose en algunos restaurantes -donde desconocen su pasado en la DINA- como "Ricardo Flores", atendiendo otros ligados a ex "compañeros de su antiguo oficio". Atiende, entre otros, al Club de la Unión y Club de Golf Los Leones -sus mejores clientes-, Le Due Torri en Providencia y Santiago Centro, La Cava, El Galindo, Como Agua para Chocolate, La Muñeca Brava -de la familia Arqueros-, San Frutoso, Ibis -donde "cenaron" los Comandantes en Jefe hace algunos meses-, El otro sitio, Ají Verde, Venezia, Borde Río, Hotel Sheraton, Hotel Hyatt, Gioggia, Aquí está Coco -del chef "Coco" Pacheco- Luego de la Funa, algunos "clientes" del barrio Bellavista, encabezados por el restauran El Galindo, dejaron de comprar a la distribuidora cerca de 20 millones de pesos mensuales. En el Club de la Unión también existe conmoción por la denuncia, que fue difundida por CNN, entre otros medios internacionales.

EL PRONTUARIO DE UN TORTURADOR

    Lawrence Mires, alias "Roberto" o "teniente Cachete grande", fue oficial de las  FF.EE de Carabineros y durante la UP integró el Grupo Móvil. Actuó en torturas y  fusilamientos en el Estadio Nacional. Pasó a la DINA, llegando a ser jefe del grupo "Halcón", dependiente de la Brigada "Caupolicán", ejerciendo funciones en  los centros de detención y tortura de Londres 38 ("Yucatán"), Villa Grimaldi ("Terranova"), José Domingo Cañas ("Ollagüe") y Venecia 1722 en Independencia, del que fue jefe, y donde funcionó, además, una clínica. Lawrence ayudó a constituir la empresa de fachada "Pedro Diet Lobos" que financió a la DINA. Fue condecorado por el dictador Pinochet con la "medalla al valor" por su participación en el asesinato de Miguel Enríquez, en octubre de 1974. Fue
    Comisario de la 1ra Comisaría, y en 1988, de la 3ra Comisaría. En 1989 se le trasladó a Los Andes, siendo dado de baja en 1990 por el general (r) -actual senador UDI- Rodolfo Stange.
    Junto con Krassnoff Martchenko, Lawrence es uno de los más siniestros personajes de la DINA. Según testimonios "sus subalternos lo consideraban cruel, pues sólo suspendía la tortura a un detenido cuando éste sufría un paro cardíaco o se desmayaba. Sobrevivientes recuerdan que a una detenida que había sufrido más de cuatro horas de parrillazos, le puso un pedazo de sandía por delante. Todos sabían que si lo ingería le provocaría un estallido de sus vísceras". La ex agente de la DINA Luz Arce asegura que fue él quien, bajo amenaza de muerte, la "obligó a colaborar".
     Lawrence está involucrado en el secuestro, tortura, muerte y desaparición de cientos de chilenos, entre ellos el dirigente del MIR Alfonso Chanfreau (23), detenido en julio de 1974; la militante del MIR Lumi Videla (26), que murió a causa de las torturas, y fue luego arrojada a la Embajada de Italia; María Cristina López Stewart (21), militante del MIR, detenida en septiembre de 1974, desaparecida hasta hoy; Carmelo Soria, funcionario internacional español, en julio de 1976. El cadáver de Soria, fue encontrado junto a su automóvil en el canal El Carmen. Testigos afirman que "Lawrence llegó a visitar a Wenderoth. Entró mofándose y diciendo: ‘despachamos al compadre’. Señaló que le habían metido una botella entera de pisco y después ‘lo metimos en el auto y lo despachamos’. Agregó que alguien se subió al lado del detenido en el auto y cuando este cobró cierta velocidad el acompañante se lanzó y el auto siguió camino hasta chocar y desbarrancar".

 VENECIA Y CONFERENCIA

     En enero de 1975, en un operativo en el que participaron "Caupolicán" y "Purén", con apoyo de helicópteros de la Fach y el Ejército, cuyo objetivo era detener a los dirigentes del MIR Dagoberto Pérez Vargas y Nelson Gutiérrez, la DINA tomó posesión del inmueble de calle Venecia.
    Lawrence era jefe de ese "cuartel" cuando, en 1977, un joven enfermo mental fue reiteradamente violado por un agente de la DlNA. El "escándalo" obligó a la DINA a abandonar ese lugar.
    Actualmente Ricardo Lawrence está procesado por el secuestro y desaparición de la dirección clandestina del Partido Comunista, detenida en "la ratonera" de  calle Conferencia. Hasta hoy se encuentran desaparecidos, producto de este operativo de la DINA: Mario Zamorano Donoso, Víctor Díaz López, Jorge Muñoz Poutays, Uldarico Donaire Cortez, Elisa Escobar Cepeda, Eliana Espinoza Fernández, Fernando Lara Rojas, Jaime Donato Avendaño, Lenín Díaz Silva, César Cerda Cuevas y Marcelo Concha Bascuñan.
    Vinculado a este operativo se encuentra la detención y desaparición de Bernardo Araya Zuleta y María Flores Barraza, quienes fueron vistos en el "cuartel" Venecia.
Por este proceso, que sustancia el juez Guzmán, en enero la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones le concedió la libertad a Lawrence, fijándole fianza de un millón de pesos.

 IZQUIERDO VILLAR

     Los Camarones de la familia Izquierdo. Luego de la Funa al ex agente de la DINA, Ricardo Víctor Lawrence Mires (teniente "Cachete Grande"), en la empresa distribuidora de camarones Kamaron Bay S.A -de propiedad de la familia Izquierdo-, algunos "funeros" fueron blanco
de e-mails y llamadas telefónicas amenazantes: "Ustedes han hecho mucho daño… Ahora nos toca a nosotros", dice uno de los mensajes firmados con un acróstico de nombres formando la sigla "DINA".
     No es primera vez que la "Comisión Funa" recibe amenazas. En mayo de 2000 las enviaron luego de la "funa" al ex agente de la DINA, Miguel Krassnoff Martchenko, actual gerente del Hotel Militar, ubicado en Avenida Providencia 219, y recientemente procesado por el juez Guzmán en el caso "Villa Grimaldi" por su responsabilidad en once secuestro, un homicidio, y "asociación ilícita".
     Las amenazas no resultan sospechosas porque ex miembros de la DINA, sobre todo de la Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM), continúan en "contacto", incluso haciendo "vida social", visitándose en parcelas de su propiedad en las afueras de la ciudad. El propio Ricardo Lawrence tiene una en Talagante, en terrenos otorgados por Carabineros, donde, además, es vecino del ex general director y senador designado Fernando Cordero Rusque. Lawrence Mires es visitado a menudo por el coronel (r) de ejército Marcelo Morén Brito -entre otras, procesado por los crímenes de la Caravana de la Muerte y Calle Conferencia-, y el ex agente de la Brigada Purén de la DINA, Gerardo Urrich González, quien se jacta de ser experto en computación. Ricardo Lawrence continúa trabajando en Kamaron Bay -ubicada en Tabancura 1382- aunque, según propietarios de negocios vecinos, "después de la Funa, es raro que se le vea… casi no viene".
     La familia Izquierdo enfrentó serios problemas con exclusivos restaurantes y clientes que desconocían el pasado de su "distribuidor", quien se presentaba como "Ricardo Flores". Algunos dejaron de adquirir camarones y mariscos, más que nada por evitar el escándalo. Existen otros, como el Casino de Suboficiales de La Reina -ubicado en Alvaro Casanova  311 A- y el Casino de Suboficiales -de Avenida Campos de Deportes 680-, que facturan para Kamaron Bay entre 3 y 4 millones mensuales, de los cuales Lawrence recibe una excelente "comisión".
     La pérdida de clientes no fue el único problema. Rodrigo Izquierdo del Villar -actual gerente de Kamaron Bay- postulaba al directorio del Club de la Unión, del que era miembro hasta hace poco su padre, Vicente Izquierdo Besa, y su tío Arturo Alessandri Besa. Izquierdo hijo era "candidato seguro", sin embargo, luego de la Funa comenzaron sus problemas.
     La denuncia publicada en medios extranjeros como CNN, impactaron a los "electores del Club", que prefirieron -en su mayoría- "excluir" a Izquierdo, para no tener problemas o arriesgarse a posibles "funas". Fuentes del Club informan que miembros cercanos a la Concertación estaban "consternados con la denuncia". Incluso exigieron que Izquierdo fuera "eliminado de la elección". Sin embargo, la mayoría prefirió solucionar el impasse no votando por él, y así prevenir cualquier bochorno futuro. Se sacó a relucir un antiguo proceso en Fiscalías Militares contra Izquierdo por "porte de armas", en  el que fue defendido por el abogado y socio de su padre, Luis Mackenna Shiell, ex ministro de Hacienda en el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, gerente general y presidente del Banco Central.
     Con el reciente fallecimiento del latifundista y político derechista Domingo Durán -que ocurrió, según su hijo, en "extrañas circunstancias"-, el Club de la Unión deberá llenar la vacante dejada, a la que una vez más postulará Rodrigo Izquierdo del Villar, quien en la lección anterior obtuvo el último lugar.

«Fui violada, me ponían corriente, me quemaron con cigarrillos, me hacían ‘chupones’, me pusieron ratas. Creo que estuve en Venda Sexy (recinto secreto de la DINA), me amarraron a una camilla donde unos perros amaestrados me violaron. Estaba siempre con scotch, después una venda y después una capucha. Se reían, nos ofrecían comida y nos […]

«Fui violada, me ponían corriente, me quemaron con cigarrillos, me hacían ‘chupones’, me pusieron ratas. Creo que estuve en Venda Sexy (recinto secreto de la DINA), me amarraron a una camilla donde unos perros amaestrados me violaron. Estaba siempre con scotch, después una venda y después una capucha. Se reían, nos ofrecían comida y nos daban cáscaras de naranjas. Nos despertaban de noche para perder la noción del tiempo».
(Testimonio de una niña de 16 años, secuestrada en la Región Metropolitana, quien luego fue expulsada del país sin su familia.)

El horror se hizo presente para todos los chilenos. Algunos seguirán diciendo que es mentira, que a los sobrevivientes «les pagaron para hablar contra las Fuerzas Armadas», o por último que «se lo merecían». Pero el país ya supo la verdad y hasta una modelo-animadora quiere «saber los nombres de los torturadores». Esa es la idea de este especial: entregar una parte de la verdad que no tiene por qué esperar 50 años para ser conocida.
Esa es una de las tantas críticas que se hace al Informe sobre Prisión Política y Tortura presentado por Ricardo Lagos, en la noche del domingo 28 de noviembre, a través de un discurso pregrabado para la cadena nacional transmitida antes de comenzar los espacios noticiosos de los canales de televisión. Solo, sin víctimas ni familiares a los que mirar a los ojos, el Presidente de la República cumplía con el ritual de informar a sus conciudadanos. No hubo entrega simbólica del texto, no hubo posibilidad de consultar nada, no hubo reconocimiento de los motivos que llevaron a tantos hombres y mujeres a torturar a sus compatriotas, no hubo crítica certera, no hubo nombres de víctimas ni de victimarios, no se entregaron los antecedentes a la Justicia, como se había hecho luego del Informe Rettig y hasta de la Mesa de Diálogo.

Reacciones desde el odio

Senadores designados y ex uniformados reaccionaron descartando participación en los delitos. El ex almirante Jorge Martínez Bush exigió un «punto final» para terminar con las «mentiras» contra su institución. El otro ex almirante, Jorge Arancibia, negó rotundamente la posibilidad de «dar de baja» a La Esmeralda, «que sólo puede ser dada de baja en combate» y amenazó: «Yo no puedo comprometerme, ni nadie puede hacerlo, a que algo no ocurra nunca más si no sé qué lo origina». Muchos insistieron en la tesis de Hermógenes Pérez de Arce sobre los infundios sin base contra los uniformados y el «gobierno militar», repetidos en boca de los generales y almirantes en retiro.
El senador designado y ex comandante en jefe de la FACH Ramón Vega apoyó la declaración oficial de su institución y agregó que: «las consecuencias hoy día las estamos lamentando y las estamos investigando, pero una planificación de tortura yo por lo menos jamás la escuché, nunca se analizó, ni en la Academia de Guerra ni en la Escuela de Aviación ni en ninguna escuela de instrucción se escuchó nunca la palabra tortura».
Los senadores Rodolfo Stange y Fernando Cordero, ex generales directores de Carabineros, no aceptaron responsabilidad institucional en las torturas y aseguraron que «no hay motivos para que la policía uniformada pida perdón».
Stange criticó el informe sobre tortura «porque raya en lo inconstitucional, poniendo en tela de juicio a las instituciones y no a las personas. Yo participé en la junta de gobierno, pero no hago un mea culpa porque no me siento responsable de ninguna situación extrema como se está indicando en la comisión del obispo Valech», señaló.
Cordero, por su parte, dijo que habría que «completar la tercera pata de la mesa, porque en este minuto la mesa está coja, hay que hacer el mea culpa por lo que se produjo antes del 11 de septiembre del 73, que fue el causante de todas las situaciones que se produjeron con posterioridad».
El actual Director General, Alberto Cienfuegos, también se mostró lejano a la posibilidad de pedir perdón o asumir institucionalmente la responsabilidad, aunque debería responder sobre cuál fue su función, desde el 25 de marzo de 1974, cuando como teniente fue nombrado en comisión de servicio para desempeñarse como Jefe de la Oficina de Informaciones de la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos, recordada por mucha gente por su sigla: SENDET.
La UDI, Renovación Nacional y Lavín, apostaron por bajarle el perfil, por mostrarse en profunda conmoción, asegurando incluso que su participación en la dictadura era, justamente, para evitar que se cometieran más atropellos y abrir camino a la democracia. Nadie les creyó. Sergio Fernández continuó tratando de descartar su participación en las violaciones a los derechos humanos, pero su compañera de gabinete Mónica Madariaga aseguró que en los centros clandestinos de tortura los agentes lo conocían como «el car’e jote». Pronto deberá iniciar continuas visitas a tribunales, junto a Sergio Onofre Jarpa, Sergio Diez, Ambrosio Rodríguez, entre tantos, para responder a tanta interrogante que surge sobre sus responsabilidades como autoridades civiles. Una nueva avalancha de querellas por torturas, como las que ya han presentado cientos de ex presos políticos, se anuncia tras la entrega del informe. Fernández Fernández deberá responder, por ejemplo, por que negó a la Justicia la existencia de Villa Grimaldi, como lo demuestra el oficio reservado en que responde el 18 de mayo de 1978 a la pregunta del Tercer Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago.

Exigencias desde las organizaciones

La conjunción de organizaciones de ex presos políticos reaccionó al unísono (ver página 2), las agrupaciones de familiares de las víctimas se sumaron a la denuncia. El Partido Comunista anunció nuevas querellas y agregó que «la principal reparación que esperaba el país es la que dice relación con que ésta fuera proporcional al daño causado. Esto implica verdad y justicia plena para todas las víctimas. Demandamos que en aras de esos principios, el Informe se haga público en su totalidad; que los nombres de los torturadores sean entregados a los tribunales de justicia y se inicien todos los procesos judiciales que se requieran; que sus archivos sean desclasificados en forma inmediata y no en 50 años; que sean removidos inmediatamente de las fuerzas armadas y policiales todos los responsables de torturas y vejámenes; que se termine con la doctrina militar cuya matriz es instaurada por el imperialismo norteamericano, y en la cual son y han sido instruidos sistemáticamente los cuadros militares y policiales chilenos, para reprimir a su propio pueblo».
El tema de la reparación monetaria no fue el centro de la polémica, excepto por el intento de Ricardo Lagos de chantajear a los torturados con la amenaza de tener que sacar dineros de los programas sociales para cancelarles la indemnización.
Desde el CODEPU se hizo otra exigencia: «Así como se van abrir nuevos plazos para reconsiderar la calidad de víctimas de las personas que no calificaron, planteamos que por tratarse de un crimen de lesa humanidad no puede existir un plazo excluyente para la calificación. En este sentido, el Estado debe abrir un nuevo plazo, para nuevas presentaciones de personas que por diversas razones no concurrieron al llamado inicial, más cuando el propio Informe señala que los testimonios recogidos ‘sólo representan una muestra parcial del universo total de personas afectadas por dichas violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar'».
Así, ni el mea culpa que intentaron hacer algunos medios de comunicación, como Canal 13, o el «asombro» de algunos funcionarios de la dictadura como Jorge Hevia, han logrado sacar del centro el tema principal: en Chile se torturó. La tortura fue sistemática y organizada, apoyada con toda la infraestructura del Estado convertido en terrorista; cientos de hombres y mujeres fueron adiestrados para someter a las más terribles vejaciones a otros hombres y mujeres. El uso de ratas y perros para agredir sexualmente a los prisioneros, la electricidad en los rincones más delicados de sus cuerpos, los simulacros de fusilamiento, la abstinencia de comida por largos períodos y muchas otra aberraciones, fueron cometidas en contra de quienes consideraban «enemigos», «humanoides» en el decir de uno de los integrantes de la Junta Militar. Lo otro que ha sido claro es que los sobrevivientes han tenido el coraje y la dignidad para relatar lo que sufrieron, para transformarlo en esperanza y ganas de seguir insistiendo en la necesidad de transformar este país, para continuar luchando por hacer realidad los sueños de aquellos que no pudieron acudir a dar su testimonio: los ejecutados y detenidos desaparecidos.

DINA: La mano de Pinochet

«Siempre cumplí (…) conforme a las órdenes que el señor Presidente de la República me daba. Solamente él, como Autoridad Superior de la DINA, podía disponer y ordenar las misiones que se ejecutaran y siempre, en mi calidad de Delegado del Presidente y Director Ejecutivo de la DINA, cumplí estrictamente lo que se me ordenó».
(Manuel Contreras Sepúlveda, director de la DINA).

En los procesos contra la DINA, mirando la lista de encausados y condenados, pareciera que los únicos que la conformaron eran unos pocos mandos encabezados por su director Juan Manuel Contreras Sepúlveda, de alias «Mamo» y «Mojón». Siempre aparecen Pedro Octavio Espinoza Bravo, alias «Don Rodrigo»; Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, alias «Don Elías» y «Luis Gutiérrez»; Miguel Krassnoff Martchenko, alias «caballo loco»; y los operativos Gerardo Godoy García, Basclay Zapata Reyes y Osvaldo Romo Mena. Pero los torturadores fueron muchos más.

Brigada Caupolicán

Mayor Marcelo Luis Manuel Moren Brito, jefe de Brigada Caupolicán. Alias «coronta», «ronco» y «oso».

Teniente Coronel Vianel Valdivieso Cervantes, alias «Víctor». Jefe del Departamento de Operaciones Psicológicas. Mantenía contacto con los periodistas que ejercían servicios para la DINA, como Roberto Araya, Julio López Blanco, Claudio Sánchez, Pablo Honorato, Ricardo Coya y Beatriz Undurraga, y el publicista Manfredo Mayol. Pasó a retiro en 1987 y se instaló en Temuco con una empresa privada.

Capitán de Corbeta Sergio José Peñaloza Marusic, agente operativo.

Capitán de Corbeta Alejandro Paulino Campos Rehbein, alias «Antolín». C.I. 3.704.573-K. Agente operativo. Luego se integra a la Subdirección de Inteligencia Exterior.

Capitán Francisco Maximiliano Ferrer Lima. Alias «Max Lenoux». Jefe del centro clandestino de torturas conocido como José Domingo Cañas, reemplazando a Ciro Torré. Socio de «Pedro Diet Lobos» e instructor de la Escuela Nacional de Inteligencia impartiendo los cursos de «servicio secreto y observación». Continuó su labor en la CNI y se mantuvo en servicio activo, al menos, hasta principios de los 90 con el grado de coronel.

Teniente Fernando Eduardo Laureani Maturana, alias «teniente Pablo». Agente Brigada Caupolicán y jefe del grupo Aguila, conocido como «los guatones». Hasta principios de los 90 continuaba en servicio activo, con el grado de coronel, como Jefe de Estado Mayor de la 3ª División de Ejército en Concepción.

Teniente de Carabineros Jaime Gustavo López Abarca, agente de Londres 38 y Cuatro Alamos. C.I. 1.822.793-2. Involucrado en la desaparición de María Cecilia Labrín Sazo.

Cabo de Carabineros Emilio Hernán Troncoso Vivallos. C.I. 4.236.940-3. Involucrado en las desapariciones de Juan Bautista y Washington Maturana Pérez, Mario Juica Vega, Gabriel Castillo y Daniel Palma Robledo.

Cabo de Carabineros Heriberto del Carmen Acevedo Acevedo.

Teniente de Ejército Jorge Claudio Andrade Gómez, C.I. 5.293.833-3. En los primeros días del golpe participa en la masacre del complejo maderero Panguipulli. Actúa bajo el mando directo de Krassnoff en el cuartel Terranova (Villa Grimaldi). En agosto de 1979, ya en la CNI, participó en la aplicación de las torturas que causaron la muerte del profesor Federico Alvarez Santibáñez. En 1991 era mayor en la Guarnición General Metropolitana y miembro del DINE.

Cabo de Carabineros José Aravena Ruiz, alias «muñeca del diablo» y «cucharita», este último sobrenombre se lo pusieron los prisioneros pues acostumbraba golpearles los nudillos de las manos con una cuchara después de la tortura. Fue funado en diciembre de 1999 en su casa de Alfonso Leng 5569-0, en la Villa Santa Elena de Macul, sitio que abandonó poco después.

Conscripto del Ejército Samuel Enrique Fuenzalida Devia, alias «gato».

Emilio Iribarren Ledermann, alias «Joel». Pasó de militante del MIR a ser agente de la DINA.

Leonardo Alberto Schneider Jordán, alias «Barba». Pasó de militante del MIR a ser agente, primero del Comando Conjunto y luego de la DINA. Por estos días está siendo procesado en varios casos de torturas y desapariciones.

Capitán de Carabineros Egladio Salgado Torres, agente destinado al Cuartel General de Belgrano, pero también con funciones operativas en secuestros y torturas en Villa Grimaldi. En 1980 retornó a su institución, integrándose a la DICAR. Pasó a retiro con el grado de coronel.

Sergio Bernardino Ortega Parada, alias «gil culiao».
Capitán de corbeta Sergio José Peñaloza Marusic. C.I. 4.782.486-9. Agente operativo de la DINA hasta su disolución.

Cabo de Carabineros José Avelino Yévenes Vergara, alias «Quico» o «Daniel Cáceres». Integrante del grupo Halcón II, con labores de torturador en Londres 38, José Domingo Cañas y Villa Grimaldi. Al finalizar la DINA pasó a la CNI y luego al DINE. Fue funado en su casa de Calle B 5266, Villa San Luis de Macul, comuna de Peñalolén.

Brigada Purén

Capitán de Ejército Alfonso Faúndez Norambuena, Jefe de Brigada Purén. C.I. 5.454.077-1. El 11 de septiembre se desempeñaba en la Escuela de Infantería de San Bernardo participando en las ejecuciones y desapariciones Paine y Cerro Chena. Continuó su labor en la CNI. Tras el fin de la dictadura se radicó en Talca, donde tiene una empresa que provee de forraje y granos al Ejército.

Coronel de Ejército Manuel Andrés Carevic Cubillos, alias «Raúl» y «Claudio». Segundo en el mando de la Brigada Purén. Continuó su labor en la CNI y, en 1989, fue designado Jefe de Plaza en el distrito de La Pintana, Puente Alto, Pirque y San José de Maipú. Hasta principios de los 90 formó parte del DINE con el grado de coronel.

Mayor de Carabineros Eduardo Víctor Espinoza Paiella. C.I. 3.662.969-K. Agente del Departamento Economía. Pasó a retiro junto con Manuel Contreras.

Capitán Carabineros Germán Jorge Barriga Muñoz, alias «Don Jaime». C.I. 5.060.938-3. Integrante de la Brigada Purén y luego de la CNI. Con el grado de coronel, Barriga cumplía en 1991 funciones en la Dirección Nacional de Movilización. Fue funado en su domicilio de Irarrázaval 2061, departamento 105, lugar que abandonó presurosamente. Hoy es jefe de seguridad de los supermercados Lider.

Teniente Manuel Abraham Vásquez Chahuán, alias «teniente Manuel». C.I. 5.090.309-K. Responsable en las desapariciones y ejecuciones de Paine y Cerro Chena. Continuó en la CNI y en 1989 fue designado comandante del Batallón Logístico de Concepción.

Cabo de Ejército Basclay Humberto Zapata Reyes, alias «el troglo». Con fama de ser muy cruel en las torturas y violar a las mujeres detenidas. Procesado por múltiples casos de desaparición, ejecuciones y torturas. Hasta principios de los 90 se mantuvo como instructor en la Escuela de Suboficiales «Daniel Rebolledo» y con labores operativas en el DINE.

Oficial de Carabineros Gerardo Urrich González, alias «mano negra». Instructor en Tejas Verdes. Responsable de una serie de ejecuciones en el sector conocido como Barrancas, hoy mayoritariamente comuna de Pudahuel. Fue funado en su oficina de «Servicios de Seguridad Alcázar», ubicada en Ahumada 236, oficina 408.

Teniente de Ejército Manuel Jorge Provis Carrasco. Como integrante de la Escuela de Infantería de San Bernardo participó en los crímenes de Paine y Cerro Chena. Continuó en tareas represivas y fue comandante del cuartel de la CNI de calle Borgoño, participando en la Operación Albania. A fines de 1989 regresa de un viaje profesional que hace a Israel. Hasta 1991 era teniente coronel en la Brigada de inteligencia del Ejército.

Teniente de Ejército Marco Antonio Sáez Saavedra. C.I. 5.795.624-0. Especialista en la represión al Partido Comunista y Partido Socialista. En 1991 era teniente coronel y desempeñaba sus labores en la Dirección de Operaciones del Ejército. Cuñado del mayor de la CNI Joaquín Molina, asesinado por Manuel Contreras Valdebenito.

Teniente de Ejército Manuel Rolando Mosqueira Jarpa.

Detective Manuel Gregorio Chirinos Ramírez.

Detective Jorge Lander Cabezas.

Detective Francisco Aladino Caamaño Díaz.

Detective Arturo Patricio Vargas Cid.

Inspector de Investigaciones Juan Saldías Valdés, alias «Harry el sucio».

Inspector de Investigaciones Risiere del Prado Altes España, alias «Pedro».

Otros mandos y agentes

Teniente Coronel de Ejército Jerónimo Luzberto Pantoja Hernández, Subdirector de la DINA y la CNI. C.I. 2.095.044-7. Responsable de la masacre de Chihuío como vicecomandante del Regimiento Maturana de Valdivia. En 1990 fue arrestado por su participación en la financiera ilegal conocida como «La Cutufa».

Teniente Coronel de Ejército Alberto Elissalde Muller, Encargado Departamento de Economía. C.I. 3.118.465-7. Como encargado de la Subdirección de Personal paga los salarios de los agentes a través de las empresas de fachada «Villar y Reyes» y «Elissalde y Poblete». Al menos hasta fines de los 90 vivió en uno de sus extensos predios en la zona sur del país.

Mayor Carlos Rafael Parera Silva, Alias «Luis Gutiérrez», C.I. 3.090.193-2. Jefe Departamento Exterior (sucesor de Iturriaga Neumann). En 1973 era Segundo Comandante de Boinas Negras en Peldehue. Cuando se disolvió la DINA se reincorporó al Ejercito y fue destinado como Comandante del Regimiento Dolores, Director de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales, y en 1985 agregado militar en Francia. En el gobierno de Patricio Aylwin fue Agregado Militar en la embajada chilena en Sudáfrica.

Andrés Terrise Castro. Agente del Departamento de Operaciones Sicológicas, donde cumplía funciones de encubrimiento de crímenes y preparación de campañas de propaganda. Continuó en la CNI y el DINE como agente civil. Hoy aparece como empresario de una firma de publicidad con sede en la Ciudad Empresarial de Huechuraba.

Mayor Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, jefe de Villa Grimaldi. C.I. 3.870.222-K. Era el jefe y amante de Luz Arce. En 1985 fue agregado militar en la República Federal Alemana, pasando a retiro en 1987 para irse al sur, donde muchos altos jerarcas de la DINA tienen extensas zonas de tierra.

Mayor Julio Cerda Carrasco, Jefe de Seguridad del Cuartel Central (Belgrano). Responsable de desapariciones y ejecuciones en el Cerro Chena. Pasó a retiro en diciembre de 2002 como Comandante en Jefe de la IV División del Ejército.

Capitán de Ejército Eugenio Armando Videla Valdebenito, agente operativo. C.I. 4.209.466-8. Participó en los cursos de Tejas Verdes antes de pertenecer a la DINA. Fue director de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes y gobernador de San Antonio. En servicio activo hasta principios de los 90, llegó a integrar el Estado Mayor del Ejército.

Teniente de Ejército Juan Viterbo Chiminelli Fullerton, C.I. 3.704.546-2. Agente Departamento Exterior. En 1973 se desempeñaba en el comando de aviación y fue uno de los pilotos que acompaño al sur y norte del país al General Arellano Stark, en la «Caravana de la Muerte». El año 1974 pasó a formar parte de la DINA. Funado en su domicilio en Avenida El Bosque Norte y su trabajo en la empresa minera Kvaerner-Chile, de origen holandés.

Teniente Ricardo Víctor Lawrence Mires, 5.392.869-2, Jefe Brigada Halcón 1. Alias «cachete grande». Procesado por numerosos casos de secuestros, ejecuciones y torturas, entre ellos la desaparición de María Cecilia Labrín Sazo que se encontraba en avanzado estado de embarazo. Fue funado en Tabancura 1382, su lugar de trabajo en la distribuidora de camarones «Kamaron Bay», donde usa el alias de «Ricardo Flores» en su contacto con dueños de numerosos restaurantes de Santiago.

Teniente de Carabineros Emilio Patricio Sajuria Alvear, socio de la empresa de pantalla Pedro Diet Lobos. C.I. 5.122.525-2. Funado en Telefónica, donde se desempeñaba en su Departamento Jurídico. Hoy ejerce como abogado de empresas turísticas.

Subteniente de Carabineros Gerardo Ernesto Godoy García, Jefe Grupo de Apoyo Tucán y Jefe de la Venda Sexy. Alias «cachete chico». Hasta marzo de 1991, con el grado de mayor, era jefe de la comisaría de Ancud. Después de esa fecha fue trasladado a Santiago. Hoy condenado por el secuestro de Miguel Angel Sandoval, debiendo ser trasladado a Punta Peuco II, aunque aún se le ve por su casa de La Reina.

Oficial de Carabineros Gerardo Alejandro Aravena Longa, agente operativo. C.I. 4.567.685-4. Involucrado en la ejecución de cinco prisioneros políticos en Cuesta Barriga y en la desaparición de José Guillermo Barrera. Al terminar la DINA pasó a la CNI y en 1985 volvió a Carabineros, pasando a retiro como comandante. Hoy es Gerente General de Radio Santiago.

Oficial de Ejército Mario Alejandro Jara Seguel. C.I. 3.319.824-8. Jefe del cuartel de la DINA en la IV Región, con asiento en Coquimbo. En otro momento estuvo al mando de la brigada que operaba en Rocas de Santo Domingo. Amigo personal de Manuel Contreras. Adquirió una parcela entre Coquimbo y La Serena en la que viviría con su ex secretaria, de nombre Nancy.

Comando Conjunto
El terrorismo desde la FACH

El denominado Comando Conjunto (CC) fue una agrupación de inteligencia que operó aproximadamente entre fines de 1975 y 1976, y cuyo objetivo principal fue la represión a la denominada Fuerza Central del MIR, y a los comités centrales del Partido y las Juventudes Comunistas. Durante este período, según el Informe Rettig, fue responsable de la desaparición de cerca de 30 personas. Otras fuentes hablan de más de 70.
El CC estaba formado principalmente por agentes pertenecientes a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA) y más tarde con una participación importante de efectivos de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DICAR). Contó también, en menor medida, con la participación de agentes del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) y con algunos efectivos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Además, colaboraron en ese Comando miembros de la Policía de Investigaciones de Chile y civiles provenientes del grupo de extrema derecha Patria y Libertad.

Los inicios en la AGA

Testigos que sobrevivieron a las torturas de la Academia de Guerra Aérea recuerdan como sus torturadores, entre otros, a los generales Orlando Gutiérrez Bravo y Juan Soler Manfredini; los comandantes Sergio Lizasoaín Mitrano, Edgar Cevallos Jones, Jaime Lavín Fariña, Carlos Godoy Avendaño, Juan Bautista González, Ramón Cáceres Jorquera y Humberto Velásquez Estay; el coronel y médico FACH Humberto Berg Fontecilla; los coroneles Sergio Sanhueza López y Javier Lopetegui Torres; los capitanes León Duffey Treskoff (quien llegó hasta general al interior de la FACH), Alberto Waschtendorf, Juan Carlos Sandoval, Alvaro Gutiérrez (residiendo actualmente en Melipilla), Jaime Lemus, Víctor Mattig Guzmán, Florencio Dublé, Contreras y Hernán Fucshlogher (jefe de guardia permanente); el abogado Julio Tapia Falk (cerebro del consejo de guerra y asesor principal del general Leigh. Rector designado en la U. de Chile, abogado de Manuel Contreras cuando intentó refugiarse en el Hospital Naval de Talcahuano y, últimamente, querellante en contra de la obra «Arturo Prat». Trabaja en su estudio privado de abogado en la comuna de Providencia, en calle Santa Magdalena), los asesores legales Cristián Rodríguez, Jaime Cruzat Corvera (que tiene su oficina en pleno Paseo Huérfanos) y Víctor Barahona; los tenientes Juan Carlos Sandoval, Luis Campos, José García Huidobro, Franklin Bello y Gonzalo Pérez Canto; el sargento Hugo «chuncho» Lizana, el suboficial Juan Normabuena, el cabo Eduardo Cartagena y el cabo 2º Gabriel Cortés (que se cambió el nombre).

Los más siniestros

Sergio Manuel Barra Von Kretschmann (C.I. 1.614.559-9), jefe del Servicio de Inteligencia Naval en la Comunidad de Inteligencia (José Antonio Ríos 6). Capitán de fragata al momento del golpe de Estado, parte de la dirección de la DINA en 1974 y subdirector en 1975. En 1976 pasa a formar parte de la CNI. Fue procesado como cómplice de la asociación ilícita criminal y del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira por el ministro Cerda.

Freddy Enrique Ruiz Bunger, general (r) de la FACH. Jefe de la DIFA en J.A.R. 6. Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira, por el secuestro de Víctor Vega y la desaparición y muerte de Juan Luis Rivera Matus. También por el delito de secuestro calificado en las personas de Víctor Vega, David Urrutia, Juan Carlos Orellana, Ricardo Weibel, Alonso Gahona Chávez y Miguel Rodríguez Gallardo, y la detención ilegal de los sobrevivientes Isabel Stange, Jaime Estay y Amanda Velasco.

Mario H. Vivero Avila, general (r) de la FACH, juez de Aviación y comandante de la guarnición de Santiago en 1976. Procesado como encubridor de la asociación ilícita y de la desaparición de Víctor Vega.

Edgar Benjamín Cevallos Jones, coronel (r) de la FACH. Director de la DIFA y luego de la SIFA, torturador en la Academia de Guerra Aérea y jefe de Roberto Fuentes Morrison en el CC. Alias «Inspector Cabezas». C.I. 2.895.236-8. Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira, y por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el asesinato de Alfonso Carreño Diaz en 1974.

Carlos Arturo Madrid Hayden, comandante (r) de la FACH. Vicecomandante del Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina en el que funcionó el centro de tortura «Remo Cero». Procesado como autor de asociación ilícita criminal, del secuestro de Víctor Vega y Juan Luis Rivera Matus.

Daniel Luis Enrique Guimpert Corvalán, teniente (r) de la Armada (C.I. 4.638.149-1). Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto, Reinalda Pereira y Víctor Vega.

Eduardo Enrique Cartagena Maldonado, alias «Lalo». C.I. 5.083.760. Suboficial (r) de la FACH. Agente del CC desde 1975, participando en secuestros, torturas y desapariciones de numerosos dirigentes comunistas entre ese año y 1976. Tras la disolución de este organismo pasó a integrar el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA).
Su último domicilio conocido es Del Rey 394, Maipú, donde fue denunciado por la Comisión FUNA. Lo más probable es que esté viviendo en la zona del litoral central.

Miguel Arturo Estay Reyno, alias «El Fanta». C.I. 6.446.545-7. Ex militante comunista, pasó de delator a agente tras ser detenido en 1975 por miembros del Comando Conjunto.
Procesado por el ministro Cerda y amnistiado por Silva Ibáñez, hoy cumple condena a cadena perpetua en Colina por el asesinato de los tres profesionales comunistas y es procesado por la desaparición de Víctor Vega.

César Luis Palma Ramírez, alias «El Fifo». C.I. 6.387.372-1. Como militante de Patria y Libertad participa en numerosos atentados terroristas contra el gobierno de la UP, fue detenido en agosto de 1973 por su participación en el homicidio del edecán presidencial Arturo Araya, amnistiado después del golpe de Estado por el Almirante Adolfo Waulbaum. Amigo de Fuentes Morrison, quien lo lleva al CC, pasa a ser su mano derecha en la ejecución de las tareas represivas. Su última dirección conocida es El Quilo 5535, Quinta Normal, donde funciona la fábrica de equipos refrigerantes FRIGOMET LTDA., en la que aseguran que no lo conocen, sin embargo continúa su fono-fax 7738010 a nombre de Palma Ramírez.

Leonardo Alberto Schneider Jordán, alias «El Barba». C.I. 5.521.250-3. Ex militante del MIR, agente. Acusado por numerosos sobrevivientes de haber participado en su detención y tortura en la Academia de Guerra Aérea. Luego pasaría a integrar la brigada que se dedicó a reprimir al MIR en la DINA. Procesado por torturas y secuestro permanente en, al menos, dos juzgados de Santiago. Su último domicilio conocido es Las Hualtatas 4966, fono 2633546, Vitacura.

Roberto Alfonso Flores Cisterna, alias «El Huaso». C.I. 7.767.975-8. Soldado (R) de la FACH. El 11 de septiembre de 1973, como soldado de la FACH en la Base Aérea El Bosque, participa en interrogatorios y torturas a detenidos. En 1975 pasa a formar parte del CC, siendo responsable del secuestro, tortura y desaparación de decenas de militantes comunistas. Hasta mediados de los ’90 continuaba en servicio activo en la SIFA, hoy aparece desempeñándose en el rubro del comercio. Su último domicilio conocido es Villa Tantauco, Block 10282, depto. 31, San Bernardo.

Otto Silvio Trujillo Miranda, agente civil, alias «Colmillo Blanco» en reportaje de La Nación. C.I. 5.684.434-1. Militante DC en su juventud, luego se incorporó a Patria y Libertad donde conoce al «Wally», quien lo llevaría al CC.
Participa en el secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes de izquierda hasta su expulsión por el incidente con la DINA. Tras una larga permanencia en el Hospital Penitenciario se le ha visto circular por la comuna de La Florida.

Guillermo Antonio Urra Carrasco, alias «Willy». C.I. 6.687.227-0. Cabo segundo (R) de la FACH. Agente operativo del CC desde su formalización en 1975. Fue procesado por el juez Carlos Cerda por su participación en el secuestro, torturas y desaparición de decenas de militantes de izquierda. Según testigos directos es responsable de la ejecución de prisioneros en el Cajón del Maipo (entre ellos José Weibel y los agentes Carol Flores y Guillermo Bratti), en Cuesta Barriga (entre otros Horacio Cepeda, Fernando Ortiz y Reinalda Pereira) y en el lanzamiento al mar de otros, frente a las costas de Quinteros..
Su última dirección conocida es Santa Blanca 1990, Las Condes.

Fernando Patricio Zúñiga Canales, Alias «Chirola». C.I. 5.974.807-6. Suboficial (R) de la FACH. Como soldado de la Base Aérea de El Bosque, el 11 de septiembre de 1973, participa en la tortura de sus camaradas de armas. Luego es trasladado a la Academia de Guerra Aérea para cumplir las mismas funciones y de allí pasa a formar parte de la DIFA. En 1975 se incorpora al CC, en el que participa en el secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes de izquierda. Perteneció al Servicio de Inteligencia de la FACH (SIFA) al menos hasta principios de los ’90.
Su última dirección conocida es Pasaje Simón Bolívar 1298, San Bernardo.

Jorge Rodrigo Cobos Manríquez, teniete de reserva FACH, proveniente de Patria y Libertad. Alias «Kiko» o «Elefantito» (C.I. 5.890.505-4). Procesado como autor autor de asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto, Reinalda Pereira y Víctor Vega.
Jorge Arnoldo Barraza Riveros, Comisario (r) de la Policía de Investigaciones. Alias «El Zambra». Procesado como cómplice de la asociación ilícita criminal.

Pedro Ernesto Caamaño Medina, Suboficial (r) de la FACH. Alias «Peter» (C.I. 7.024.319-9). Agente operativo en el centro de torturas «La Firma». Procesado por el juez Carlos Hazbún por el secuestro de Víctor Vega. Participa en el secuestro de José Weibel y decenas de militantes de las Juventudes Comunistas. Su último domicilio conocido es José Miguel Carrera 424, departamento 702, Santiago Centro, lugar donde fue denunciado ante sus vecinos por la Comisión FUNA.

Alejandro Fígari Verdugo, alias Luty, proveniente de Patria y Libertad, segundo al mando en el equipo de detención, luego de «Fifo» Palma (según Otto Trujillo). C.I. 6.693.227-3.

Alex Damián Carrasco Olivos, Funcionario de la FACH, escolta de Leigh, Fernando Matthei y Ramón Vega. Alias «Loco Alex» (C.I. 6.243.426-7). Agente operativo del Comando Conjunto.

Juan Arturo Chávez Sandoval, cabo (r) de la FACH. Alias «Peque», «Rucio» o «Pol». C.I. 6.476.141-2. Torturador en el AGA y operativo del CC. Procesado por el secuestro de Víctor Vega.

Raúl Horacio González Fernández, funcionario (r) de la FACH. Alias «Rodrigo»o «Wally Chico». C.I. 6.519.815-0. Testigos afirman que participó en la detención de José Weibel. Funado en Puerto Montt, en octubre de 2002, frente a la empresa de radio taxis Volcanes ubicada en calle Doctor Marín 459, teléfonos 313131 y 313989, desde la que ofrecía servicios a los diarios El Mercurio y El Llanquihue, y a la filial local de la Coca-Cola. Procesado como cómplice de la detención ilegal de Amanda Velasco Pedersen en el 25º Juzgado del Crimen.

Antonio Benedicto Quiros Reyes, C.I. 3.189.349-6. Coronel (r) de la FACH y jefe del Departamento de Contrainteligencia en los años del CC. Procesado por Carlos Cerda como autor de asociación ilícita criminal.

Andrés Pablo Potin Lailhacar, agente civil del CC. Alias «Yerko». C.I. 5.390.709-1. Militante de Patria y Libertad detenido en agosto de 1973 por su participación en el homicidio del edecán presidencial Arturo Araya. Procesado por el juez Hazbún como participante del secuestro de Víctor Vega. Figura como empresario en el rubro computacional con una oficina en Américo Vespucio Norte 2506.

Robinson Alfonso Suazo Jaque, soldado (r) de la FACH. Alias «Jonathan». C.I. 7.641.894-2. Torturador en la AGA. Procesado en el 25º Juzgado del Crimen por el secuestro y desaparición de Víctor Vega.

Pedro Juan Zambrano Uribe, funcionario de la Fach. Alias «Chino». C.I. 6.969.320-2. Procesado por el ministro Hazbún como autor del secuestro de Víctor Vega.

Franklin Bello Calderón, teniente (r) de la FACH, procesado en el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el asesinato de Alfonso Carreño Diaz en 1974.

Otros torturadores del Comando Conjunto

Miguel Angel Perucca López, reservista de la FACH.
Víctor Misael Robles Mella, oficial (r) de la FACH.
Luis Eduardo Rojas Campillay, funcionario de la FACH.
Patricio Eugenio Saavedra Rojas, comandante (r) de la FACH.
Ramón Eduardo Valenzuela Cuevas, 5.934.129-4.
Alberto Roque Badilla Grillo, C.I. 5.164.080-2.
Tito Alejandro Figarí Verdugo, C.I. 6.693.227-3.
Angel Gabriel Valdivia Pérez, C.I. 3.277.893-3.
Lénin Figueroa Sánchez, C.I. 4.633.329-2.
Enrique Augusto Werner Haase, 4.086.322-2.
Santiago Segundo San Martín Riquelme, C.I. 4.530.448-5.
Angel Segundo Valdivia Pérez, C.I. 3.996.083-4.
José Florentino Fuentes Castro, C.I. 5.340.552-5.
Francisco Hidalgo García, 2.633.797-6.
Francisco Segundo Illanes Miranda, C.I. 4.294.918-3.
Ernesto Arturo Lobos Gálvez, C.I. 5.082.345-8.
Jorge Aníbal Osses Novoa, C.I. 4.818.025-6.

La Segunda Sala de la Corte Suprema, en un fallo unánime, resolvió acoger un recurso de casación que condena al Fisco por daño moral a Magaly González Pérez, la hermana de una de las víctimas, quien recibirá una indemnización por 70 millones de pesos.

La Corte Suprema dictó sentencia por los secuestros calificados de José Flores Araya y Rodolfo González Pérez ocurridos en 1974, durante la dictadura de Pinochet.

Según informó radio BíoBío, la Segunda Sala de la Corte Suprema, en un fallo unánime, resolvió acoger un recurso de casación que condena al Fisco por daño moral a Magaly González Pérez, la hermana de una de las víctimas, quien recibirá una indemnización por 70 millones de pesos.

Así se ratificó la sentencia condenatoria a los ex integrantes de la DINA, César Manríquez Bravo, Marcelo Moren Brito, Gerardo Urrich González, Manuel Carevic Cubillos, Hernán Ramírez Hald y Haroldo Latorre Sánchez a penas de 10 años.

En el fallo se detalla que “la acción indemnizatoria deducida como de naturaleza meramente patrimonial, porque los hechos en que se la sustenta son ajenos a una relación contractual o extracontractual, sino configurativos de un delito de lesa humanidad, del cual emana, además de la acción penal, una civil reparatoria”.

Fue detenido en julio de 1974 en la comuna de Macul. Numerosos testigos lo vieron en el centro de tortura y exterminio de Londres 38. Es una de las víctimas de la “Operación Colombo”. La Justicia condenó a 78 ex agentes de la DINA por este crimen contra la humanidad.
El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Hernán Crisosto, dictó sentencia de primera instancia por el secuestro y desaparición de Miguel Angel Acuña Castillo.
El magistrado estableció que el joven, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en las cercanías de su domicilio ubicado en pasaje Talca N° 2033 de la comuna de Macul, por agentes del Estado pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), entre ellos Osvaldo Romo Mena, alias el Guatón Romo.
Su hermana Rosa Acuña Castillo declaró que su padre trató de subirse a la parte trasera de la camioneta con toldo, en momentos en que se lo llevaban, pero fue golpeado en la boca por uno de los sujetos, cayendo al suelo.
Una semana después del secuestro, Romo fue nuevamente a su domicilio y le dijo que su hermano estaba en buenas condiciones junto a Héctor Garay Hermosilla, también desaparecido. Ambos integraron el Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER), en el Liceo 7 de Ñuñoa.
El juez Crisosto determinó que los agentes de la DINA“lo trasladaron al recinto de reclusión clandestino denominado “Yucatán” o “Londres 38″.
Acuña Castillo pertenecía a la estructura de estudiantes secundarios del Grupo Político Militar 3 del MIR (GPM3), orgánica que agrupaba a los militantes de la zona oriente de la capital y que era dirigida por Agustín Reyes González, del cual se perdió para siempre su rastro en Londres 38.
Allí “permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la DINA” y, la última vez que fue visto con vida, “ocurrió un día no determinado del mes de julio o agosto de 1974, encontrándose desaparecido hasta la fecha”, señala el fallo de primera instancia.
Reían en Londres 38 junto a Héctor Garay Hermosilla
En el Cuartel “Yucatán” fue visto por Erika Hennings, detenida el 30 de julio de 1974. “Puedo decir que era muy joven, creo que le decían El Pampa, aseveró en el proceso. Escuchó que les pasaban lista diaria dos veces al día a los detenidos. El 31 de Julio de 1974, escuchó el nombre de Miguel Angel Acuña Castillo, quien contestaba presente. Luego no volvió a oir que lo llamaran. “Los sacaron de Londres 38 al igual que otros detenidos entre los que recuerda a María Inés Alvarado”, detenida desaparecida de 21 años.
Hugo Chacaltana Silva detenido el 4 de mayo de 1974, ex alumno del Liceo Manuel de Salas y miembro del Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER), también lo vio en Londres 38. Relató que en la madrugada del 8 al 9 de Julio de 1974 llegaron Miguel Angel Acuña junto a Héctor Garay Hermosilla a quien decían Titín, los pudo ver por un hueco que se formaba entre la nariz y los pómulos de la venda.
Chacaltana señaló que conoció a Castillo en 1971, cuando ambos eran estudiantes secundarios. Ambos coincidieron en reuniones que se efectuaban en la época entre miembros del FER, consigna el dictamen judicial. Recuerda a “Miguel Ángel como un joven de gran capacidad de liderazgo y mucha resistencia física”.
Dejó de verlo el 11 de septiembre de 1973. Lo volvió a encontrar en Londres 38. Llegó junto a Héctor Garay a la misma habitación en que él permanecía acostado en el suelo. “En ese momento no me dirigí a Miguel Ángel”, por el contrario, se hizo el desentendido respecto de su presencia. “Al día siguiente cuando las colchonetas en que nos recostábamos los detenidos fueron retiradas y reemplazadas por sillas, yo me senté y, a uno de los costados observé que aún permanecían sentados. Le llamó la atención que ambos conversaban y se reían, lo que le hizo pensar que ignoraban la magnitud de lo que les esperaba. Miguel Ángel lo abordó en Londres-38 diciéndole “yo te conozco”.
Su madre supo en la peluquería que su hijo estuvo en Londres 38
León Gómez, detenido el 15 de julio de 1974 y trasladado a Londres 38 vio a Miguel Angel junto a Héctor Garay a quien conocía. Alguien le comentó que entre los detenidos estaba Pampino, lo que corroboró al escucharlo “con sus típicas tallas que le hacía a los guardias, como dando la impresión que lo que estaba sucediendo en el lugar no tenía ninguna importancia. Incluso Titín con Pampino sacaban de sus casillas a los guardias. Eran muy irreverentes”.
David Cuevas Sharon detenido el 04 de mayo de 1974 también testimonió haberlo visto. “El Pampino pese a que evidenciaba maltrato se veía con mucha presencia de ánimo, era muy fuerte físicamente”. Compartió con él a lo menos unos cinco días.
Cuando Cuevas salió en libertad Acuña Castillo quedó prisionero. Su abuela materna tenía una peluquería en Ñuñoa y una de sus clientas era la madre de Miguel Angel. En una conversación “se enteró del problema que tenía con un hijo desaparecido. Ante esto mi abuelita le hizo ir a la peluquería en donde conoció a la madre de Pampino y le contó lo que sabía de él, específicamente el lugar en que había estado preso con él”.
Respecto a los tormentos aplicados a los detenidos en Londres 38, entre ellos Miguel Angel, el ministro Crisosto incorporó declaraciones de Osvaldo Romo, quien manifestó que entre otras torturas, se les aplicaba a los detenidos “el submarino seco, que era taparle la respiración con una bolsa de plástico puesta en la cabeza, a los detenidos, se les ponían los ojos como “huevo frito”, les salía sangre por las narices y por los tímpanos. Después de los interrogatorios y apremios los detenidos quedaban extenuados”.
Otro ex agente, Samuel FuenzalidaDevia precisó al respecto que “el trato general a los prisioneros era mantenerlos con la vista cubierta, no se los dejaba asear, no había camas para que durmieran, la alimentación era escasa y eran sometidos a intensos interrogatorios en los cuales se les aplicaba electricidad, especialmente en los órganos genitales y senos. Otra forma de tortura consistía en mantener sentados a los detenidos en las sillas, atados de pies y manos , mientras se les aplicaba corriente con magnetos, aunque también se les aplicaba corriente eléctrica común, por lo cual se quemaba a esas personas, procedimiento en los cuales falleció mucha gente.”
Eugenio Fieldhouse Chávez sostiene que como funcionario de la Policía de Investigaciones a mediados de junio de 1974 fue destinado a ese organismo represor e indicó que los mismos agentes de la DINA que intervenían en la detención e interrogatorio de los detenidos, una vez obtenida la información que se buscaba, eran los encargados de hacerlos desaparecer”, previa orden de la superioridad de la DINA.
El nombre de Miguel Ángel Acuña Castillo, apareció entre los 119 chilenos de la Operación Colombo, en una lista difundida en la prensa nacional, luego que figurara en publicaciones que aparecieron por una sola vez en Brasil y Argentina, “en la que se daba cuenta que Miguel Ángel Acuña Castillo, había muerto en Argentina, junto a otras 58 personas pertenecientes al MIR, a causa de rencillas internas”.
Las condenas
“Las publicaciones que dieron por muerto a la víctima Acuña Castillo tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior”, determinó el juez Crisosto, quien condenó a 78 ex agentes de la DINA por su desaparición.
El magistrado dictó sentencia de 13 años de presidio mayor en su grado medio a Manuel Contreras Sepúlveda; César Manríquez Bravo; Pedro Espinoza; Marcelo Luis Moren Brito; Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Iturriaga Neumann.
Asimismo condenó a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo a Gerardo Ernesto Urrich González; Gerardo Ernesto Godoy García; Ricardo Víctor Lawrence Mires; Ciro Ernesto Torré Sáez; Sergio Hernán Castillo González; Manuel Andrés Carevic Cubillos; José Nelson FuentealbaSaldías; Basclay Humberto Zapata Reyes; José Enrique Fuentes Torres; José Mario Friz Esparza; Julio José Hoyos Zegarra; Nelson Alberto Paz Bustamante; Claudio Orlando Orellana de la Pinta; Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar; Gustavo GalvarinoCaruman Soto; Hiro Álvarez Vega; José Alfonso Ojeda Obando; Luis Salvador Villarroel Gutiérrez; Olegario Enrique González Moreno; Orlando Jesús Torrejón Gatica; Rudeslindo Urrutia Jorquera; Alfredo Orlando Moya Tejeda; Carlos Alfonso Sáez Sanhueza; Fernando Enrique Guerra Guajardo; Hernán Patricio Valenzuela Salas; Hugo Rubén Delgado Carrasco; Juan Alfredo Villanueva Alvear; Juan Evaristo Duarte Gallegos; Lautaro Eugenio Díaz Espinoza; Leónides Emiliano Méndez Moreno; Pedro Ariel Araneda Araneda; Rafael De Jesús Riveros Frost; Víctor Manuel Molina Astete; Manuel Rivas Díaz; Hugo del Tránsito Hernández Valle; Juan Ángel Urbina Cáceres; Risiere del Prado Altez España; HermonHelec Alfaro Mundaca y Raúl Juan Rodríguez Ponte.
Como cómplices del secuestro y desaparición del joven de 19 años sentenció a 4 años de presidio menor en su grado máximo a Luis Eduardo Mora Cerda; José Jaime Mora Diocares; Camilo Torres Negrier; Carlos Justo Bermúdez Méndez; Claudio Enrique Pacheco Fernández; Fernando Adrián Roa Montaña; Gerardo Meza Acuña; Héctor Raúl Valdebenito Araya; Jaime Humberto Paris Ramos; Jorge Laureano Sagardia Monje; José DorohiHormazabal Rodríguez; José Manuel Sarmiento Sotelo; José Stalin Muñoz Leal; Juvenal Alfonso Piña Garrido; Luis René Torres Méndez; Manuel Antonio Montre Méndez; Máximo Ramón Aliaga Soto; Moisés Paulino Campos Figueroa; Nelson Aquiles Ortiz Vignolo; Nelson Eduardo Iturriaga Cortes; Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo; Reinaldo Alfonso Concha Orellana; Sergio Hernán Castro Andrade; Víctor Manuel de la Cruz San Martin Jiménez; Gustavo Humberto Apablaza Meneses; Héctor Carlos Díaz Cabezas; Jorge Antonio Lepileo Barrios; Oscar Belarmino La Flor Flores; Rufino Espinoza Espinoza; Roberto Hernán Rodríguez Manquel; Víctor Manuel Álvarez Droguett; Héctor Manuel Lira Aravena y Sergio Iván Díaz Lara.
Respecto de Víctor Manuel De la Cruz San Martín Jiménez, por haber caído en demencia, se suspende el cumplimiento de la pena, debiendo en su oportunidad ser entregado bajo fianza de custodia a un familiar.

Seis ex miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) fueron condenados por el ministro en visita Miguel Vázquez Plaza en la causa por la desaparición de 11 integrantes del Comité Central del Partido Socialista, a manos del órgano represor de la dictadura de Augusto Pinochet.

En su resolución, el magistrado condenó por la figura de secuestro calificado a Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Manuel Andrés Carevic Cubillos, Gerardo Ernesto Urrich González, Miguel Krassnoff Martchenko y Juvenal Alfonso Piña Garrido, a penas de entre 12 a 20 años de presidio por los hechos ocurridos en distintas fechas de 1975, en la Región Metropolitana.

Todos los condenados, salvo Juvenal Alfonso Piña Garrido, se encuentran recluidos en el penal de Punta Peuco. Además, el ministro decretó la absolución del agente Jorge Madariaga Acevedo.

En el aspecto civil, el fallo acogió las demandas deducidas, ordenando al Estado de Chile pagar indemnizaciones por $80 millones y $150 millones a familiares de las víctimas.

Michelle Peña y Carlos Lorca

En la etapa de investigación, el ministro en visita logró establecer que las detenciones de los integrantes del Comité Central del PS comenzaron el 4 de marzo de 1975 con la captura de Alfredo Rojas Castañeda, hasta los últimos días de diciembre, cuando los agentes de la DINA arrestaron a Jaime Eugenio López Arellano.

Entre las víctimas aparecen Michelle Marguerite Peña Herreros, embarazada al momento de su detención, quien fue detenida entre el 20 y el 25 de junio en el sector de Villa Las Rejas, siendo trasladada al recinto de Villa Grimaldi, último lugar donde fueron vistos con vida los militantes.

Otro de los detenidos fue Carlos Enrique Lorca Tobar, considerado el mentor político de la ex Presidenta Michelle Bachelet. Fue capturado el 25 de junio de 1975, por agentes de la DINA en calle Maule, comuna de Santiago, y también trasladado a Villa Grimaldi.

El detalle de las condenas

Los condenados por estos hechos son:

Raúl Eduardo Iturriaga Neumann a la pena de 20 años de presidio efectivo, como coautor de los delitos de secuestro calificado de Alfredo Rojas Castañeda, Michelle Marguerite Peña Herreros, Ricardo Ernesto Lagos Salinas, Mireya Herminia Rodríguez Díaz y Exequiel Ponce Vicencio.

Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo y Manuel Andrés Carevic Cubillos deberán purgar 18 años de presidio, como coautores de los secuestros calificados de Alfredo Rojas Castañeda, Adolfo Ariel Mancilla Ramírez, Michelle Marguerite Peña Herreros, Ricardo Ernesto Lagos Salinas, Exequiel Ponce Vicencio, Mireya Herminia Rodríguez Díaz, Carlos Enrique Lorca Tobar, Modesta Carolina Wiff Sepúlveda, Rosa Elvira Soliz Poveda, Sara de Lourdes Donoso Palacios y Jaime Eugenio López Arellano.

A Gerardo Ernesto Urrich González, el ministro lo condenó a 16 años de presidio efectivo, como coautor de los delitos de secuestro calificado de Michelle Marguerite Peña Herreros, Ricardo Ernesto Lagos Salinas, Exequiel Ponce Vicencio, Mireya Herminia Rodríguez Díaz, Carlos Enrique Lorca Tobar, Modesta Carolina Wiff Sepúlveda, Rosa Elvira Soliz Poveda, Sara de Lourdes Donoso Palacios y Jaime Eugenio López Arellano.

Miguel Krassnoff Martchenko deberá cumplir 15 años y un día de presidio, en calidad de autor de los delitos de secuestro calificado de Alfredo Rojas Castañeda y Exequiel Ponce Vicencio; y Juvenal Alfonso Piña Garrido, 12 años de presidio, como coautor de los secuestros calificados de Alfredo Rojas Castañeda, Michelle Marguerite Peña Herreros, Ricardo Ernesto Lagos Salinas, Mireya Herminia Rodríguez Díaz y Exequiel Ponce Vicencio.

Magistrado Hernán Crisosto estableció que los agentes de inteligencia de la dictadura participaron como autores de secuestro calificado de Bernardo Castro López, el que después apareció en una supuesta lista de muertos por enfrentamientos en Argentina.

El ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago designado para causas por violaciones a los Derechos Humanos Hernán Crisosto dictó -el 6 de enero pasado- sentencia en la indagatoria por el delito de secuestro calificado de Bernardo de Castro López, hecho ocurrido a partir del 14 de septiembre de 1974.

En la causa, el magistrado condenó en calidad de autores a los ex agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA): Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, César Manríquez Bravo,  Pedro Octavio Espinoza Bravo, Gerardo Ernesto Urrich González, Manuel Andrés Carevic Cubillos y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann. a cumplir penas de 13 años de presidio.

Asimismo, el ministro Crisosto condenó como autores de secuestro calificado a: Orlando Manzo Durán, Pedro René Alfaro Fernández, Armando Segundo Cofré Correa, Héctor Alfredo Flores Vergara, Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar, Hugo del Tránsito Hernández Valle, Manuel Rivas Díaz, Risiere del Prado Altez España, Juan Evaristo Duarte Gallegos, Manuel Heriberto Avendaño González, Alfredo Orlando Moya Tejeda, Alejandro Francisco Astudillo Adonis, Demóstenes Eugenio Cárdenas Saavedra, Hernán Patricio Valenzuela Salas y Alejandro Francisco Molina Cisternas, a 10 años de presidio.

En tanto, en calidad de cómplices, sentenció a: Nelson Eduardo Iturriaga Cortez y José DorohiHormazábal Rodríguez a la pena de 4 años de presidio, sin beneficios; y  absolvió a Basclay Zapata Reyes.

EL FALLO

 Según la resolución,  el ministro Hernán Crisosto dio por acreditado los siguientes hechos:

“Que en horas de la tarde del día 14 de septiembre de 1974, Bernardo de Castro López, militante del Partido Socialista, fue detenido en su domicilio ubicado en calle Bilbao N° 1236, de la comuna de Providencia, siendo llevado a un cuartel de la Policía de Investigaciones de Chile donde fue interrogado  y luego entregado a agentes de la DINA , quienes lo llevaron  al recinto de detención clandestina,  denominado "Venda Sexy", ubicado en calle Irán N° 3037, de Santiago, y posteriormente fue trasladado al recinto de detención clandestino denominado  "Cuatro Álamos", ubicado en calle Canadá N° 3000, de la comuna de Santiago, recintos que eran custodiados por guardias armados y a los cuales sólo tenían acceso los agentes de la DINA”, afirma en su primer punto.

 En un segundo, señala que “De Castro López durante su estada en el cuartel de ‘Venda Sexy’ permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la DINA que operaban en dicho cuartel con el propósito de obtener información relativa a integrantes de su grupo político, para proceder a la detención de los miembros de esa organización, aislamiento que continuó en Centro de Cuatro Álamos”.

“Que la última vez que la víctima De Castro López fue visto con vida por otros detenidos, ocurrió un día no determinado del mes de octubre de 1974, encontrándose desaparecido hasta la fecha”, en tercer lugar.

En cuarto, que “el nombre de Bernardo de Castro López apareció en un listado de 119 personas, publicado en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista LEA de Argentina, de fecha 15 de julio de 1975, en la que se daba cuenta que Bernardo de Castro López había muerto en Argentina, junto a otras 59 personas pertenecientes a grupos de izquierda, a causa de rencillas internas suscitadas entre esos miembros;  y que las publicaciones que dieron por muerto a la víctima De Castro López tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior”, 

Como quinto punto, estableció que “los hechos establecidos en el considerando anterior son constitutivos del delito de secuestro calificado en la persona de Bernardo de Castro López previsto y sancionado en elartículo 141 inciso 3° del Código Penal, de la época, en relación con el inciso primero del mismo artículo, toda vez que la privación de libertad o encierro de la víctima se ha prolongado por más de 90 días, y por ende produjo un daño grave en la persona de esta, que se tradujo finalmente en su desaparición”.

En el marco de la investigación denominada Caso Torres San Borja, donde fueron detenidas 6 personas el 17 de octubre de 1973 y más tarde ejecutadas cerca del túnel Lo Prado, el ministro en visita Jorge Zepeda dictó sentencia de 10 años para tres ex uniformados.
Los sentenciados fueron identificados como los ex miembros de la escuela de suboficiales del Ejército Gerardo Urrich, Juan Ramón Fernández y René Cardemil, quienes una vez que quede ejecutoriado el dictamen, deberán cumplirlo con presidio efectivo.
Los ex agentes son responsables de los homicidios calificados de Ricardo Montecinos Slaughter, funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI); la pareja de turistas argentinos Carlos Adler Zulueta y Beatriz Elena Díaz Agüero; Víctor Garretón Romero, importador y militante del Partido Nacional; Jorge Salas Pararadisi, estudiante universitario y Julio Saa Pizaro, cirujano dentista.
Este caso tuvo un alto revuelo en 1976, pues el FMI consideró el hecho una violación a los derechos humanos por lo que pidió a la ONU investigar los hechos. El organismo internacional recomendó a Chile iniciar una investigación y encontrar a los responsables, sin embargo, en la época, se cerró el proceso sin culpables.
De acuerdo a la sentencia, las víctimas fueron detenidas mientras dormían en sus departamentos de la Torre 12 de remodelación San Borja, el 16 de octubre de 1973 por miembros de la escuela de suboficiales del Ejército y conducidas al recinto de detención habilitado en la Casa de la Cultura de Barrancas en Pudahuel.
El 17 de octubre de 1973 son sacadas de ese lugar y llevadas a los alrededores del túnel Lo Prado, donde se les ordena a cada uno que huya, para simular una fuga, y no obstante los ruegos de clemencia, son asesinadas por ráfagas de ametralladora.

Crueles represores figuran entre los más de 150 ex agentes de la DINA, todos en situación de retiro, que fueron procesados el martes pasado por el ministro Víctor Montiglio en los casos Operación Colombo, Cóndor y Calle Conferencia 1587.

Entre ellos figura la oficial de Ejército Gladys Calderón Carreño, quien inyectaba cianuro para matar a los detenidos en el cuartel de avenida Simón Bolívar, en la comuna de La Reina, donde operó la Brigada Lautaro.

También aparece el suboficial de Infantería de Marina Sergio Escalona Acuña, quien con un alicate extraía a los cuerpos de los prisioneros ya muertos, las piezas dentales que contenían oro.

Esta operación la realizaba antes de que los cadáveres fueran ensacados para ser arrojados al mar.

De la misma manera, otros de los procesados son los suboficiales de Carabineros Jorge Pichunmán Curiqueo y Claudio Pacheco Fernández, quienes se encargaban en ese cuartel clandestino de desfigurar los rostros de los detenidos y quemar sus huellas dactilares, utilizando un soplete.

Entre los 150 ex agentes encausados por los casos Colombo y Conferencia, existe un total de 21 oficiales. (Ver lista).

A ello hay que sumar los cerca de 50 procesados por víctimas de la Operación Cóndor, lo que podría hacer crecer la cifra total de encausados por sobre los 165, dado que la mayoría de estos cerca de 50 nombres se repiten en las resoluciones dictadas por Colombo y Conferencia.

La mayoría de los procesados pertenecen al Ejército, pero también hay integrantes de la Fuerza Aérea, Armada, Carabineros, Investigaciones y Gendarmería.

Hoy viernes debe terminar la maratónica operación para que todos los procesados queden arrestados e ingresados a los distintos lugares de reclusión preventiva, según la institución a la que pertenecen.

En el caso del Ejército, todos deberán quedar detenidos en el Batallón de Policía Militar en la Avenida José Arrieta, en la comuna de Peñalolén

Lista de oficiales (R)

1.- César Manríquez Bravo (coronel Ejército)

2.- Ciro Torré Sáez (crl. Carabineros)

3.- Fernando Lauriani Maturana (brigadier Ej.)

4.- Gerardo Godoy García (tte.crl. Carab.)

5.- Gerardo Urrich González (crl. Ej.)

6.- Jaime Paris Ramos (crl. Ej.)

7.- José Fuentes Torres (crl. Ej.)

8.- Manuel Contreras Sepúlveda (gral. Ej.)

9.- Manuel Carevic Cubillos (crl. Ej.)

10.- Marcelo Moren Brito (crl. Ej.)

11.- Miguel Krassnoff (brig. Ej.)

12.- Orlando Manzo Durán (crl. Gendarmería)

13.- Pedro Espinoza Bravo (brig. Ej.)

14.- Raúl Iturriaga Neumann (gral. Ej.)

15.- Ricardo Lawrence Mires (crl. Carab.)

16.- Sergio Castillo González (crl. Ej.)

17.- Víctor Molina Astete (crl. Ej.)

18.- Víctor San Martín Jiménez (crl. Ej.)

19.- Gladys Calderón Carreño (cap. Ej.)

20.- Federico Chaigneau Sepúlveda (tte. crl. Ej.)

21.- Juan Morales Salgado (crl. Ej.)

Entre los encausados, todos en retiro, hay ocho coroneles y 23 suboficiales de Ejército, 40 oficiales y suboficiales de Carabineros, dos ex agentes de la FACH, una ex agente de la Armada, y siete ex agentes de la Policía de Investigaciones.

El mayor golpe a la represión de la dictadura de Augusto Pinochet dio ayer el ministro Víctor Montiglio, al procesar a 98 ex agentes de distintas ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones por 42 víctimas de la Operación Colombo.

Se trata de la resolución más numerosa dictada entre las casi 400 causas por violaciones de los derechos humanos que se instruyen en el país. Incluso superó a los 67 ex agentes encausados por el mismo juez Montiglio en 2007 por los crímenes de la Brigada Lautaro y su Grupo Delfín en el cuartel Simón Bolívar.

Entre los encausados por Colombo hay ocho coroneles de Ejército (R), seis de los cuales no habían procesados antes en ninguna causa. También fueron declarados reos 23 suboficiales de Ejército (R) de los cuales al menos el 50 por ciento aparecen por primera vez en este tipo de causas.

Entre estos suboficiales figura Juvenal Piña, alias "El Elefante", ex agente de la Brigada Lautaro, que fue quien asfixió al jefe comunista en la clandestinidad (1976) Víctor Díaz, con una bolsa plástica en su cabeza, previo a que le inyectaran cianuro.

Además el magistrado encausó a 40 ex agentes oficiales y suboficiales de Carabineros, entre los que están Ricardo Lawrence, Heriberto Acevedo, Claudio Pacheco y José Mora, todos ex integrantes de la misma Brigada. Entre los procesados hay también ex agentes que pertenecían a la Policía de Investigaciones. El único civil (Ejército) es Juan Suárez.

De la lista total, al menos trece ya se encuentran cumpliendo condena por otras causas (ver lista).

Hasta el cierre de esta edición los procesados seguían siendo detenidos para ser internados en distintos lugares, como el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.

Entre las 42 víctimas por las cuales el ministró dictó su resolución, están María Angélica Andreolli, Miguel Acuña Castillo, Juan Carlos Perelmann Ide, Juan Chacón Olivares, Jorge Müller Silva, Luis Guendelmann Wisniak, Mario Calderón Tapia y Carmen Bueno Cifuentes.

La Operación Colombo y los medios

La lista de los 119 fue publicada en la revista Lea (Buenos Aires) y el diario O Dia (Brasil), en 1975, informaciones que también fueron falsas. Ambas publicaciones fueron creadas por agentes de la DINA.

La Operación Colombo fue parte de la Operación Cóndor, y consistió en un montaje de la dictadura para hacer creer a la población que 119 detenidos que se encontraban desaparecidos, habían salido clandestinamente a Argentina y allí murieron enfrentados con fuerzas policiales y del Ejército durante la fase previa al golpe militar de 1976 en Argentina.

Algunos de esos nombres aparecieron como militantes "asesinados" en Buenos Aires y alrededores, con carteles en sus cuerpos que decía que habían sido ejecutados por sus propios compañeros por ajuste de cuenta por rencillas internas. Sin embargo, ello también resultó un montaje.

La lista de los 119 fue publicada en la revista Lea (Buenos Aires) y el diario O Dia (Brasil), en 1975, informaciones que también fueron falsas. Ambas publicaciones fueron creadas por agentes de la DINA en el extranjero y tuvieron una única edición.

En Chile la prensa pro dictadura como los diarios El Mercurio, La Tercera, Las Ultimas Noticias y La Segunda, reprodujeron el montaje de los servicios de inteligencia. En el recuerdo quedó el titular del vespertino que informó "Exterminados como ratones: 59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina". Ellos formaron parte de la lista de los 119 desaparecidos de Colombo.

El ex prófugo Raúl Iturriaga, quien era uno de los encargados del departamento exterior de la DINA, fue quien primero dio luces en Buenos Aires de este operativo.

Según el ex agente civil Enrique Arancibia Clavel, condenado en Buenos Aires por el crimen del general Carlos Prat y su esposa, fue Iturriaga quien a comienzos de 1975 se juntó con él para pedirle que preparara lo necesario porque "hay que hacer aparecer a unos muertos de la Operación Colombo".

Se trataba de preparar la aparición de los supuestos cuerpos de Jaime Robotham y Luis Guendelmann como parte del montaje.

Lista de procesados

Ejército (todos en retiro):

Víctor Molina Astete (coronel); Sergio Castillo González (crl); Eduardo Guerra Guajardo (crl); Víctor San Martín Jiménez (crl); José Fuentes Torres (crl); Manuel Carevic Cubillos (crl); Jaime Paris Ramos (crl); César Manríquez Bravo (crl); Raúl Toro Montes (suboficial); Eduardo Reyes Lagos (sub); Orlando Torrejón Gatica (sub); Osvaldo Tapia Alvarez (sub. Suicidado); Juvenal Piña Garrido (sub. “El Elefante”); Juan Suárez Delgado (civil); Nelson Paz Bustamante (sub); José Aravena Ruiz (sub); Luis Torres Méndez (sub); Raúl Soto Pérez (sub); Jorge Andrade Gómez (sub); Juan Escobar Valenzuela (sub); Rolando Concha Rodríguez (sub); Gustavo Apablaza Meneses (sub); Hiro Alvarez Vega (sub); Víctor Alvarez Droguett (sub); Jorge Venegas Silva (sub); Carlos Rinaldi Suazo (sub); Carlos Letelier Verdugo (sub)

Reinaldo Concha Orellana (sub); Máximo Aliaga Soto (sub); Hugo Clavería Leiva (sub); Samuel Fuenzalida Devia (sub); Investigaciones

Juan Urbina Cáceres; Hugo Hernández; Manuel Rivas Díaz; Herman Alfaro; Eugenio Fieldhouse; Osvaldo Castillo; Carabineros (oficiales y suboficiales todos en retiro)

Gerardo Godoy García; Ciro Torres Sáez, Alejandro Molina Cisternas; Camilo Torres Negrier; Héctor Lira Aravena; José Fritz Esparza; Claudio Pacheco Fernández; Jorge Sagardia Monge; Sergio Castro Andrade; Luis Villarroel Gutiérrez; Armando Cofré Gómez; Fernando Roa Montaña; Gerardo Meza Acuña; Enrique Gutiérrez Rubilar; Luis Mora Cerda; José Muñoz Leal; Juan Duarte Gallegos; Carlos Miranda Meza; Rufino Jaime Astorga; Luis Urrutia Acuña; Luis Zúñiga Ovalle; Pedro Alfaro Hernández; Orlando Inostroza Lagos; Rosa Ramos Hernández; Gustavo Caruvan Soto; Héctor Valdebenito Araya; Manuel Avendaño González; José Mora Diocares; Guido Jara Brevis; Nelson Ortiz Vignolo; Ruderlindo Urrutia Jorquera; Héctor Flores Vergara; Jerónimo Neira Méndez; Manuel Montré Méndez

Heriberto del Carmen Acevedo; Claudio Orerllana de la Pinta; Nelson Iturriaga Cortés; Luis Gutiérrez Uribe; José Ojeda Obando; Fuerza Aérea

Delia Gajardo Cortés; Hernán Avalos Muñoz

Armada

Teresa Navarro Osorio;

Procesados que ya cumplen condena

Manuel Contreras Sepúlveda; Pedro Espinoza Bravo; Raúl Iturriaga Neumann; Marcelo Moren Brito; Miguel Krassnoff Martchenko; Ricardo Lawrence Mires; Basclay Zapata Reyes; Conrado Pacheco; Francisco Ferrer Lima; Gerardo Urrich; Orlando Manzo Durán; Rizier Altez España; Fernando Lauriani Maturana

La Corte Suprema mantuvo la sanción en contra de cinco ex integrantes de la DINA, entre ellos el otrora prófugo de la justicia Raúl Iturriaga Neumann por dos casos de detenidos desaparecidos.

La Sala Penal de la Corte Suprema mantuvo la condena de diez años y un día de presidio en contra del ex director del DINA Manuel Contreras  por los secuestros permanentes de Víctor Olea Alegría y  Mario Carrasco Díaz, ocurridos el 11 y 16 de septiembre de 1974, respectivamente.

En un fallo dividido la Segunda Sala del máximo tribunal fijo también una pena de cinco años y un día para Raúl Iturriaga Neumann,  Gerardo Urrich González y  Alejandro Molina Cisternas, mientras que Rigiere Altez España recibió una sanción de 3 años y un día.

El voto a favor de mantener la pena fue de los ministros Alberto Chaigneau, Nibaldo Segura y Jaime Rodríguez, quienes estimaron que correspondía seguir aplicando la figura del secuestro permanente; mientras que el ministro Rubén Ballesteros y el abogado integrante Ricardo Peralta fueron partidarios de absolver a los condenados aplicando la prescripción.

El caso estuvo en manos del ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar, quien el  6 de junio de  2005 condenó a Contreras Sepúlveda a 4 años; Raúl Iturriaga Neumann. 4 años; Gerardo Urrich González. 4 años; Alejandro Molina Cisternas 4 años con beneficio de libertad vigilada; y Risiere Altez España 800 días con beneficio de remisión condicional. Sin embargo, al año siguiente la Novena

Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago aumentó las sanciones.

Olea Alegría y Carrasco Díaz eran militantes del Partido Socialista y según los antecedentes recopilados en la causa estuvieron detenidos en el recinto de calle Irán 3037, esquina Los Plátanos, conocida como la “Venda Sexy”, desde donde desaparecieron en septiembre de 1974.

Novena Sala del tribunal de alzada aumentó de cuatro a diez años la sentencia contra los otrora integrantes del organismo represivo, desestimando lo resuelto por el juez Juan Eduardo Fuentes, quien consideró que los secuestros finalizaron a la par de la dictadura. Se trata del primer fallo de una instancia superior desde el pronunciamiento de la CIDH.

 La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo unánime, elevó las sentencias contra la cúpula de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por el desaparición de dos militantes del Partido Socialista (PS), rectificando de esta manera la tesis de la prescripción gradual aplicada por el juez Juan Eduardo Fuentes Belmar.

La decisión fue adoptada por los ministros Haroldo Brito, Amanda Valdovinos y Juan Manuel Muñoz Pardo, quienes aumentaron hasta en diez años las condenas que el juez Fuentes Belmar había resuelto aplicar contra varios ex integrantes del organismo represivo, aplicando su teoría de que los secuestros terminaron a la par con la dictadura militar.

De esta manera, el tribunal de alzada capitalino decidió condenar a diez años de prisión al general retirado Manuel Contreras Sepúlveda, ex jefe del organismo represivo, así como al también general en retiro Raúl Iturriaga Neumann y Gerardo Urrich, quienes en primera instancia habían sido a cumplir sólo cuatro años de cárcel.

Los tres ex uniformados fueron condenados como autores del secuestro calificado de los militantes socialistas Mario Carrasco Díaz y Víctor Olea Alegría, ocurridos los días 11 y 16 de septiembre de 1974, respectivamente.

El tribunal de alzada también dictó una condena de cinco años y un día de presidio mayor, en su grado mínimo, para el oficial retirado de Carabineros Alejandro Molina Cisternas, por el rapto de Olea Alegría, mientras que el ex detective Risiere Altez España recibó una pena de tres años de presidio menor.

El dictamen, el primero de un tribunal superior desde el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó a Chile por la aplicación de la ley de Amnistía, corrigió de esta manera la tesis de la prescripción gradual que ha impulsado el ministro Fuentes Belmar, en el sentido de que los secuestros de las víctimas de la dictadura militar terminaron, necesariamente, el 11 de marzo de 1990, cuando retornó la democracia.

Aunque el juez rechaza aplicar la mencionada normativa, sustenta su argumento de reducir gradualmente la condena dado que a partir del 11 de marzo de 1990 volvieron a funcionar todas las instituciones establecidas en la Constitución de 1980, a imperar con plenitud las garantías individuales, y los organismos policiales fueron sometidos al control y supervigilancia directa de la autoridad administrativa.

Los casos

Víctor Fernando Olea Alegría, obrero y militante socialista, fue arrestado por agentes de la DINA que dijeron ser miembros del Servicio de Inteligencia. Su aprehensión se adscribió a un operativo que culminó con la detención de un grupo de militantes de esa colectividad.

Los detenidos, entre ellos la víctima, fueron llevados en primera instancia al Cuartel Central de Investigaciones, donde los interrogaron y ficharon.

Posteriormente fueron trasladados hasta el recinto de interrogatorios de la DINA conocido como Venda Sexy, que correspondía a una casa ubicada en la calle Irán 3037, esquina de Los Plátanos en la comuna de Macul, donde fueron ubicados en una misma pieza. En tanto, la detención de Mario Carrasco se registró el 16 de septiembre de 1974, correspondiendo al mismo procedimiento utilizado por los agentes del desaparecido organismo represor. En una visita efectuada el 11 de octubre de 1974, por los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) al campamento de detenidos Tres Alamos, se constató que el joven se encontraba incomunicado en dicho centro, lo que impidió que pudiera ser visitado. 

El ministro Alejandro Solís dejó al lado la polémica por la aplicación de la ley de amnistía y optó por dictar sendas condenas en contra de la cúpula de la DINA, entre ellos el general (r) Manuel Contreras, por su responsabilidad en el secuestro del mirista Luis Dagoberto San Martín Vergara.

El debate que se realiza en el seno del Consejo de Defensa del Estado (CDE) sobre la conveniencia de aplicar este decreto que deja foja cero los ilícitos y el cuestionamiento a la verdadera existencia del secuestro en casos de detenidos desaparecidos, estuvo fuera de la revisión del juez Solís.

Por ello el magistrado determinó que Contreras debe cumplir una pena de 15 años de presidio, mientras que el brigadier (r) Raúl Iturriaga Neuman de 10 años y un día de presidio, y los brigadieres (r) Miguel Krassnoff y Gerardo Urrich a tres años y un día de presidio en calidad –los dos últimos- de cómplices.

De acuerdo a los antecedentes recogidos por agrupaciones de derechos humanos, el 17 de diciembre de 1974 San Martín fue detenido y trasladado –según informan testigos- hasta el centro clandestino conocido como la “Venda Sexy” donde la DINA lideraba la acción de hostigamiento contra los prisioneros.

Hasta el momento, el juez Solís sólo ha notificado de su condena al brigadier Iturriaga, quien indicó que "estoy siendo sentenciado por una mentira. Yo no tengo ninguna responsabilidad, yo ni siquiera detuve a un señor que no conozco que se llamaba San Martín Vergara y no tengo a nadie secuestrado, y lo sabe usted y lo sabe el presidente de la Corte Suprema. Lo sabe el Presidente de la República y lo sabe el juez". Agregó que “el juez sabe que yo no tengo a nadie secuestrado".

La titular del Noveno Juzgado del Crimen de Santiago, Raquel Lermanda, decidió procesar al ex jefe de la disuelta DINA, general (r) Manuel Contreras Sepúlveda, en calidad de autor del secuestro del militante socialista Víctor Olea Alegría.

La magistrada con dedicación excusiva en causas de derechos humanos, completó de esta manera con enbcausar a la totalidad de la línea de mando de la unidad de represión encargada de este delito, la llamada brigada Purén, informó El Mostrador.

Entre los procesados por este caso figuran el ex carabinero Alejando Molina Cisternas, el suboficial (R) Miguel Hernández Oyarzo, el brigadier (R) Gerardo Urrich González y el general (r) del Ejército Raúl Iturriaga Neumann.

Olea Alegría fue detenido el 11 de septiembre de 1974 en su domicilio de calle Pedro Lagos, en la comuna de Santiago.

Luego, junto a otros militantes socialistas de la llamada Décima Comuna fue trasladado al centro de detención conocido como "Venda Sexy" -ubicada en la calle Irán 3037 esquina de Los Plátanos en la comuna de Macul- uno de los sitios más desconocidos donde fueron torturados los opositores secuestrados por los servicios de represión de la dictadura y utilizado como lugar de tránsito para los detenidos que luego eran trasladados a Villa Grimaldi

Gerardo Urrich había sido encausado por el secuestro de Antonio Soto Cerna, detenido el 22 de noviembre de 1974 por agentes de la DINA. En la época se desempeñaba como capitán de Ejército

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel acogió un recurso de amparo presentado por la defensa del militar en retiro Gerardo Urrich y revocó el auto de procesamiento que había sido dictado en su contra por la titular del Cuarto Juzgado del Crimen de esa localidad, María Teresa Díaz, quien posee dedicación exclusiva para investigar causas de detenidos desaparecidos.

Urrich había sido encausado por el secuestro de Antonio Soto Cerna, detenido el 22 de noviembre de 1974 por agentes de la DINA.

Ante el tribunal de alzada alegó el abogado Fidel Reyes representando a Urrich, quien en esa época era capitán de Ejército.

La defensa argumentó que en los días anteriores y posteriores al secuestro de Soto Cerna, el militar en retiro se encontraba hospitalizado producto de una herida a bala provocada en servicio. El alegato fue, en definitiva, acogido por la Corte

Los encausados por la jueza María Inés Collin son Gerardo Urrich  Miguel Krassnoff, quienes fueron procesados como cómplices, además del ex agente Miguel Hernández Oyarzo, quien figura
como autor del delito de secuestro de Dagoberto San Martín Vergara

Los encausados por la jueza María Inés Collin son Gerardo Urrich y Miguel Krassnoff, quienes fueron procesados como cómplices, además del ex agente Miguel Hernández Oyarzo, quien figura en los autos como autor.

Dagoberto San Martín fue detenido el 17 de diciembre de 1974 y desapareció desde el centro de tortura de la DINA conocido como Venda sexy.

Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Manuel Andrés Carevic Cubillos, Gerardo Ernesto Urrich González, Miguel Krassnoff Martchenko y Juvenal Alfonso Piña Garrido, recibieron condenas de primera instancia por el secuestro calificado de los 11 integrantes del Comité Central del Partido Socialista en 1975. Entre las víctimas aparecen Michelle Peña Herreros, embarazada al momento de su detención, y Carlos Lorca Tobar, considerado el mentor político de Michelle Bachelet.

Seis ex miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) fueron condenados por el ministro en visita Miguel Vázquez Plaza en la causa por la desaparición de 11 integrantes del Comité Central del Partido Socialista, a manos del órgano represor de la dictadura de Augusto Pinochet.

En su resolución, el magistrado condenó por la figura de secuestro calificado a Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Manuel Andrés Carevic Cubillos, Gerardo Ernesto Urrich González, Miguel Krassnoff Martchenko y Juvenal Alfonso Piña Garrido, a penas de entre 12 a 20 años de presidio por los hechos ocurridos en distintas fechas de 1975, en la Región Metropolitana.

Todos los condenados, salvo Juvenal Alfonso Piña Garrido, se encuentran recluidos en el penal de Punta Peuco. Además, el ministro decretó la absolución del agente Jorge Madariaga Acevedo.

En el aspecto civil, el fallo acogió las demandas deducidas, ordenando al Estado de Chile pagar indemnizaciones por $80 millones y $150 millones a familiares de las víctimas.

Michelle Peña y Carlos Lorca

En la etapa de investigación, el ministro en visita logró establecer que las detenciones de los integrantes del Comité Central del PS comenzaron el 4 de marzo de 1975 con la captura de Alfredo Rojas Castañeda, hasta los últimos días de diciembre, cuando los agentes de la DINA arrestaron a Jaime Eugenio López Arellano.

Entre las víctimas aparecen Michelle Marguerite Peña Herreros, embarazada al momento de su detención, quien fue detenida entre el 20 y el 25 de junio en el sector de Villa Las Rejas, siendo trasladada al recinto de Villa Grimaldi, último lugar donde fueron vistos con vida los militantes.

Otro de los detenidos fue Carlos Enrique Lorca Tobar, considerado el mentor político de la ex Presidenta Michelle Bachelet. Fue capturado el 25 de junio de 1975, por agentes de la DINA en calle Maule, comuna de Santiago, y también trasladado a Villa Grimaldi.

El detalle de las condenas

Los condenados por estos hechos son:

Raúl Eduardo Iturriaga Neumann a la pena de 20 años de presidio efectivo, como coautor de los delitos de secuestro calificado de Alfredo Rojas Castañeda, Michelle Marguerite Peña Herreros, Ricardo Ernesto Lagos Salinas, Mireya Herminia Rodríguez Díaz y Exequiel Ponce Vicencio.

Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo y Manuel Andrés Carevic Cubillos deberán purgar 18 años de presidio, como coautores de los secuestros calificados de Alfredo Rojas Castañeda, Adolfo Ariel Mancilla Ramírez, Michelle Marguerite Peña Herreros, Ricardo Ernesto Lagos Salinas, Exequiel Ponce Vicencio, Mireya Herminia Rodríguez Díaz, Carlos Enrique Lorca Tobar, Modesta Carolina Wiff Sepúlveda, Rosa Elvira Soliz Poveda, Sara de Lourdes Donoso Palacios y Jaime Eugenio López Arellano.

A Gerardo Ernesto Urrich González, el ministro lo condenó a 16 años de presidio efectivo, como coautor de los delitos de secuestro calificado de Michelle Marguerite Peña Herreros, Ricardo Ernesto Lagos Salinas, Exequiel Ponce Vicencio, Mireya Herminia Rodríguez Díaz, Carlos Enrique Lorca Tobar, Modesta Carolina Wiff Sepúlveda, Rosa Elvira Soliz Poveda, Sara de Lourdes Donoso Palacios y Jaime Eugenio López Arellano.

Miguel Krassnoff Martchenko deberá cumplir 15 años y un día de presidio, en calidad de autor de los delitos de secuestro calificado de Alfredo Rojas Castañeda y Exequiel Ponce Vicencio; y Juvenal Alfonso Piña Garrido, 12 años de presidio, como coautor de los secuestros calificados de Alfredo Rojas Castañeda, Michelle Marguerite Peña Herreros, Ricardo Ernesto Lagos Salinas, Mireya Herminia Rodríguez Díaz y Exequiel Ponce Vicencio.

En fallo dividido, la Corte Suprema condenó a 24 ex miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Miguel Ángel Acuña Castillo, ilícito cometido a partir del 8 de julio de 1974 y que forma parte de la maniobra de desinformación conocida como "Operación Colombo".
Se condenó a los agentes César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann a penas de 13 años de presidio, en calidad de autores del delito.
En tanto, los ex agentes: Gerardo Ernesto Urrich González, Gerardo Ernesto Godoy García, Ricardo Víctor Lawrence Mires, Ciro Ernesto Torré Sáez, Sergio Hernán Castillo González, Manuel Andrés Carevic Cubillos, José Enrique Fuentes Torres, Julio José Hoyos Zegarra, Gustavo Galvarino Carumán Soto, José Alfonso Ojeda Obando, Luis Salvador Villarroel Gutiérrez, Rudeslindo Urrutia Jorquera, Juan Evaristo Duarte Gallegos, Pedro Ariel Araneda Araneda, Víctor Manuel Molina Astete, Manuel Rivas Díaz, Hugo del Tránsito Hernández Valle, Juan Ángel Urbina Cáceres, Hermon Helec Alfaro Mundaca y Raúl Juan Rodríguez Ponte, deberán purgar 10 años de presidio, como autores.
En la causa, otros 46 agentes fueron absueltos.
En la etapa de investigación de la causa, el ministro en visita Hernán Crisosto logró establecer los siguientes hechos:
En horas de la noche del día 08 de julio de 1974, Miguel Ángel Acuña Castillo, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en las cercanías de su domicilio ubicado en pasaje Talca N° 2033 de la comuna de Macul, por agentes de estado pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), quienes lo introdujeron en la parte posterior de una camioneta y lo trasladaron al recinto de reclusión clandestino denominado ‘Yucatán' o ‘Londres 38', ubicado en dicha dirección en la ciudad de Santiago, que era custodiado por guardias armados y al cual sólo tenían acceso los agentes de la DINA;
Que el ofendido Acuña Castillo durante su estada en el cuartel de Londres 38, permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la Dina que operaban en dicho cuartel con el propósito de obtener información relativa a los integrantes del MIR, para proceder a la detención de los miembros de esa organización;
Que la última vez que la víctima Acuña Castillo fue visto con vida, ocurrió un día no determinado del mes de julio o agosto de 1974, encontrándose desaparecido hasta la fecha;
Que el nombre de Miguel Ángel Acuña Castillo, apareció en un listado de 119 personas, publicado en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista Novo O' Día de Curitiba, Brasil, de fecha 25 de junio de 1975, en la que se daba cuenta que Miguel Ángel Acuña Castillo, había muerto en Argentina, junto a otras 58 personas pertenecientes al MIR, a causa de rencillas internas suscitadas entre esos miembros;
Que las publicaciones que dieron por muerto a la víctima Acuña Castillo tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior.
En el aspecto civil, se confirmó el fallo que condenó al fisco a pagar una indemnización total de $90.000.000 a familiares de la víctima.
Decisión adoptada con los votos en contra del ministro Dolmestch y el abogado Abuauad, quienes estuvieron por acogerlos, respecto de la prescripción gradual, extendiendo sus efectos además a los condenados César Manríquez Bravo; Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Gerardo Ernesto Urrich González; Gerardo Ernesto Godoy García; Ricardo Víctor Lawrence Mires; Ciro Ernesto Torré Sáez; Manuel Andrés Carevic Cubillos; José Enrique Fuentes Torres; Julio José Hoyos Zegarra; Gustavo Galvarino Caruman Soto; José Alfonso Ojeda Obando; Luis Salvador Villarroel Gutiérrez; Rudeslindo Urrutia Jorquera; Víctor Manuel Molina Astete, Juan Ángel Urbina Cáceres, Hermon Helec Alfaro Mundaca y Raúl Juan Rodríguez Ponte y, de este modo, anulada la sentencia penal, en la de reemplazo aplicar la media prescripción alegada, rebajando la pena impuesta, en consideración lo siguiente: 1° Que cualesquiera hayan sido los fundamentos para desestimar en el presente caso la concurrencia de la prescripción de la acción penal como causal de extinción de la responsabilidad criminal, es lo cierto que la prescripción gradual constituye una minorante calificada de responsabilidad criminal, cuyos efectos inciden en la determinación del quantum de la sanción corporal, independiente de la prescripción, con fundamentos y consecuencias diferentes. Así, aquélla descansa en el supuesto olvido del delito, en razones procesales y en la necesidad de no reprimir la conducta, lo que conduce a dejar sin castigo el hecho criminoso, en cambio la morigerante -que también se explica gracias a la normativa humanitaria- halla su razón de ser en motivos de política criminal relacionados con hechos ocurridos largo tiempo atrás, pero que no por ello deben dejar de ser irremediablemente sancionados, eso sí que con una pena menor. De este modo, en casos como el presente, aunque el decurso del tiempo desde la comisión del ilícito se haya prolongado en exceso, no provoca la desaparición por completo de la necesidad del castigo y nada parece oponerse en el ámbito jurídico a que los tribunales recurran a esta atenuación de la pena fundada en el tiempo transcurrido desde la perpetración del delito. 2° Que, en definitiva, la prescripción gradual conforma una mitigante muy calificada cuyos efectos inciden sólo en el rigor del castigo y por su carácter de regla de orden público, su aplicación es obligatoria para los jueces, en virtud del principio de legalidad que gobierna al derecho punitivo, dentro del marco de las facultades que conceden los artículos 65 y siguientes del Código Penal. 3° Que tampoco se advierte ninguna restricción constitucional, legal, ni de Derecho Convencional Internacional para su aplicación, desde que aquellas reglas sólo se limitan al efecto extintivo de la responsabilidad criminal que acarrea la prescripción de la acción penal. Entonces, concurriendo los supuestos del artículo 103 del Código Punitivo, no se divisa razón que obstaculice considerar a la atenuante de que se trata.

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a 26 exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por haber estado involucrados en el secuestro de Miguel Ángel Acuña por la “Operación Colombo” ocurrida en 1974.

En fallo unánime, la justicia condenó a 13 años de presidio a César Manríquez, Pedro Octavio, Miguel Krassnoff y Raúl Iturriaga como autores del delito.

Además, de 10 años de presidio a Gerardo Urrich, Gerardo Godoy, Ricardo Lawrence, Ciro Torré, Sergio Castillo, Manuel Carevic, Basclay Zapata, José Fuentes, Julio Hoyos, Gustavo Carumán, José Ojeda, Luis Villarroel, Rudeslindo Urrutia, Juan Duarte, Pedro Araneda, Víctor Molina, Manuel Rivas, Hugo Hernández, Juan Urbina, Risiere Altez, Hermon Alfaro y Raúl Rodríguez.

Según el ministro en visita, Hernán Crisosto, estableció en su investigación que “en horas de la noche del día 08 de julio de 1974, Miguel Ángel Acuña Castillo, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en las cercanías de su domicilio ubicado en pasaje Talca N° 2033 de la comuna de Macul, por agentes de estado pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), quienes lo introdujeron en la parte posterior de una camioneta y lo trasladaron al recinto de reclusión clandestino denominado ‘Yucatán’ o ‘Londres 38′”.

Crisosto agregó que “permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la Dina” y que “la última vez que la víctima Acuña Castillo fue visto con vida, ocurrió un día no determinado del mes de julio o agosto de 1974, encontrándose desaparecido hasta la fecha”.

Además en la causa otros 46 agentes fueron absueltos y el fisco fue condenado a pagar una indemnización de $90 millones a familiares de la víctima.

En varias causas de personas detenidas desaparecidas en el último tiempo, la Corte de Apelaciones de Santiago, ha decidido absolver a un porcentaje significativo de los responsables, contradiciendo así los fallos de primera instancia en las causas de "Operación Colombo". Se teme que este criterio se convierta en una constante, instalando, una vez más, nuevas formas de impunidad.

Esta situación se ha producido en los casos de Jorge Grez Aburto, Sergio Flores Ponce, Luis Durán Rivas y Washington Cid Urrutia, todos ellos detenidos en 1974. Solo en el caso de María Cristina López Stewart se condenó a todos los procesados. Particularmente grave es la argumentación dada por los magistrados en el caso de Grez, quien fue parte del grupo fundador del MIR, a fines de los sesenta se incorporó al Partido Socialista y fue detenido el 23 de mayo de 1974 por agentes de la DINA.

La sentencia condenatoria de primera instancia del caso Grez, de mayo de 2014, dictada por el ministro Hernán Crisosto Greisse, dio por comprobados estos hechos, así como la condición en la cual se le mantuvo durante su detención en Londres 38: sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, sometido continuamente a interrogatorios bajo tortura. El fallo de primera instancia condenó a seis altos oficiales de la DINA a 13 años de presidio como autores del delito de secuestro calificado: Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Marcelo Luis Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchenko y, Gerardo Ernesto Urrich González.

Además, condenó a otros 35 agentes de la DINA como autores del mismo delito a la pena de 10 años, entre ellos se encuentran Gerardo Godoy García, Gerardo Ernesto Godoy García, Ricardo Víctor Lawrence Mires, Ciro Ernesto Torré Sáez, Sergio Hernán Castillo González, Manuel Andrés Carevic Cubillos. Finalmente, la sentencia condenó a 34 agentes de la DINA, a la pena de 4 años de presidio, como cómplices del mismo delito.

La sentencia fue esperanzadora para cientos de familias que aún se mantienen sin saber el paradero de sus familiares, sin perjuicio que este es un tema de preocupación nacional. Sin embargo, considerando el lento avance, el proceso retrocedió, toda vez que la sentencia fue apelada por la defensa de los condenados. La Duodécima Sala de la I. Corte de Apelaciones de Santiago resolvió absolver a la gran mayoría de los acusados y reducir las penas de unos pocos condenados, en una decisión inesperada y dudosamente fundada, ya que para los Ministros de la Sala, todos podríamos ser responsables de los crímenes de la DINA. Así sin más, 56 agentes, oficiales, suboficiales y conscriptos fueron absueltos.

Meros "funcionarios públicos"

Como parte de una insólita argumentación, la Corte de Santiago compara la responsabilidad de los agentes de la DINA con la de cualquier funcionario público y, al extremo, con la de la sociedad en su conjunto, desconociendo las distintas responsabilidades y conocimiento de los hechos. Así, se señala en el texto de junio de 2016:

"(…) No parece razonable imputar responsabilidad personal de carácter penal a un sujeto determinado por el solo hecho de existir certeza de que perteneció al organigrama que conformó el aparato represivo del Estado, pues en dicha lógica, más bien parece que lo que se objeta es la existencia misma de tal organización, atendida la inaudita e inadmisible finalidad para la cual fue creada, reproche que aunque puede naturalmente ser entendido, bastando para ello tener únicamente en cuenta la más elemental distinción entre lo bueno y lo malo, lo cierto es que de aceptarse tal razonamiento en orden a hacer extensiva la responsabilidad personal en la perpetración de un crimen en función de las mencionadas consideraciones, podríamos incluso afirmar que tal factor de imputación incumbe también hacerlo aplicable a todos quienes formaban parte de la administración del Estado y, aún más, a la sociedad toda, que permaneció silente e inactiva frente a tal proceder ilícito (…)".

La Duodécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, fue presidida por el ministro Alejandro Rivera Muñoz e integrada por la ministra Maritza Villadangos Frankovich y el abogado Integrante José Luis López Reitze. Este criterio da continuidad al camino iniciado ya hace muchos años por los tribunales, en el sentido de condenar sólo a unos pocos perpetradores directos y a algunos jefes, sin entender que se trata de graves crímenes que no pueden ser juzgados como delitos comunes, porque son crímenes cometidos desde el Estado, por aparatos de poder que disponían de enormes y numerosos recursos y miembros, todos los cuales colaboraban de distinta forma para que la política de desaparición forzada de los militantes de la izquierda chilena se materializara.

Reconocemos el valor de algunos ministros y ministras por investigar y juzgar adecuadamente, muchas veces en contra de las políticas de justicia transicional adoptadas por los sucesivos gobiernos desde que se iniciara la transición ("justicia en la medida de lo posible") y el nulo avance de estas materias en el poder legislativo, tal como sucede con la derogación o interpretación de la Ley de Amnistía, que es anunciada cada cierto tiempo con fanfarria y aún duerme en el Congreso.

El escenario de un sistema judicial que avanza dos pasos y retrocede cuatro, da cuenta de la persistente impunidad en que se mantienen los casos de víctimas de desaparición forzada y la complicidad que sigue existiendo entre sectores del poder judicial y los responsables, civiles y militares, de la represión en Chile. Esta complicidad es aún más grave en el marco de los argumentos justificatorios de las violaciones a los derechos humanos emitidos por el Comandante en Jefe del ejército al pedir "comprender el contexto histórico" en que se produjeron, y del silencio de la máxima autoridad política a quien las fuerzas armadas, como cuerpo no deliberante, deberían subordinarse.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Hernán Crisosto Greisse, condenó a 75 agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el secuestro calificado de Alejandro Olivares Graindorge, una de las víctimas de la denominada «Operación Colombo». Obviamente, Punta Peuco no alcanzará para todos.  

En la resolución, dictada el jueves 17 de septiembre recién pasado, el ministro Crisosto condenó a 13 años de presidio efectivo, en calidad de autores del delito, a: César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann.

En tanto, deberán cumplir 10 años de presidio efectivo –también como autores– los agentes:  Gerardo Ernesto Urrich González, Gerardo Ernesto Godoy García, Ricardo Víctor Lawrence Mires, Ciro Ernesto Torré Sáez, Sergio Hernán Castillo González, Manuel Andrés Carevic Cubillos, José Nelson Fuentealba Saldías, Basclay Humberto Zapata Reyes, José Enrique Fuentes Torres, José Mario Friz Esparza, Julio José Hoyos Zegarra, Nelson Alberto Paz Bustamante, Claudio Orlando Orellana de la Pinta, Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar, Gustavo Galvarino Caruman Soto, Hiro Álvarez Vega, José Alfonso Ojeda Obando, Olegario Enrique González Moreno, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Rudeslindo Urrutia Jorquera, Alfredo Orlando Moya Tejeda, Carlos Alfonso Sáez Sanhueza, Fernando Enrique Guerra Guajardo, Hernán Patricio Valenzuela Salas, Hugo Rubén Delgado Carrasco, Juan Alfredo Villanueva Alvear, Juan Evaristo Duarte Gallegos, Lautaro Eugenio Díaz Espinoza, Leónidas Emiliano Méndez Moreno, Pedro Ariel Araneda Araneda, Rafael de Jesús Riveros Frost, Víctor Manuel Molina Astete, Manuel Rivas Díaz, Juan Ángel Urbina Cáceres, Risiere del Prado Altez España, Raúl Juan Rodríguez Ponte, Hermon Helec Alfaro Mundaca, Osvaldo Pulgar Gallardo, Máximo Ramón Aliaga Soto y Hugo del Tránsito Hernández Valle.

Asimismo, como cómplices fueron condenados a 4 años de presidio efectivo los agentes: Luis Eduardo Mora Cerda, José Jaime Mora Diocares, Camilo Torres Negrier, Carlos Justo Bermúdez Méndez, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Gerardo Meza Acuña, Héctor Raúl Valdebenito Araya, Jaime Humberto Paris Ramos, Jorge Laureano Sagardia Monje, José Dorohi Hormazábal Rodríguez, José Manuel Sarmiento Sotelo, José Stalin Muñoz Leal, Juvenal Alfonso Piña Garrido, Manuel Antonio Montre Méndez, Moisés Paulino Campos Figueroa, Nelson Aquiles Ortiz Vignolo, Nelson Eduardo Iturriaga Cortés, Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo, Reinaldo Alfonso Concha Orellana, Víctor Manuel de la Cruz San Martín Jiménez, Gustavo Humberto Apablaza Meneses, Héctor Carlos Díaz Cabezas, Jorge Antonio Lepileo Barrios, Óscar Belarmino la Flor Flores, Rufino Espinoza Espinoza, Héctor Manuel Lira Aravena, Sergio Iván Díaz Lara, Víctor Manuel Álvarez Droguett, Carlos López Inostroza, Sergio Hernán Castro Andrade y Roberto Hernán Rodríguez Manquel.

Absueltos, por falta de participación, resultaron los agentes Orlando Manzo Durán, Rodolfo Valentino Concha Rodríguez, Armando Segundo Cofré Correa, Luis René Torres Méndez y Fernando Adrián Roa Montaña.

Los hechos

En la etapa de investigación, el ministro de fuero logró acreditar:

«En horas de la tarde del día 27 de julio de 1974, Jorge Alejandro Olivares Graindorge, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en la vía pública en las cercanías de su domicilio ubicado en pasaje Salta 2258, comuna de Quinta Normal, por agentes pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), quienes lo trasladaron al recinto de detención clandestina denominado «Londres 38″, ubicado en dicha dirección en la ciudad de Santiago, que era custodiado por guardias armados y al cual sólo tenían acceso los agentes de la DINA».

«Que el ofendido –continúa– Olivares Graindorge durante su estada en el cuartel de Londres 38 permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la Dina que operaban en dicho cuartel con el propósito de obtener información relativa a otros integrantes del MIR, para proceder a la detención de los miembros de esa organización, La última vez que la víctima Olivares Graindorge fue visto por otros detenidos, ocurrió un día no determinado del mes de agosto de 1974, encontrándose desaparecido hasta la fecha.

Que el nombre de Jorge Alejandro Olivares Graindorge apareció en un listado de 119 personas, publicado en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista «O’ DIA» de Brasil, de fecha 25 de junio de 1975, en la que se daba cuenta que Jorge Alejandro Olivares Graindorge había muerto en Argentina, junto a otras 58 personas pertenecientes al MIR, a causa de rencillas internas suscitadas entre esos miembros, y, que las publicaciones que dieron por muerto a la víctima Olivares Graindorge tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior».

En el aspecto civil, el ministro Crisosto Greisse condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización, por concepto de daño moral de $150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos) a los hermanos de la víctima Ricardo Esteban, Víctor y Roberto Olivares Graindorge.

Operación Colombo: 36 ex agentes DINA condenados por secuestros de miembros de comunidad cristiana de Villa Francia

La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a 36 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado de Enrique Segundo Toro Romero, Eduardo Enrique Lara Petrovich y José Caupolicán Villagra Astudillo, integrantes de comunidad cristiana de la Villa Francia de la comuna de Estación Central.

En fallo unánime, la sala integrada por los ministros Jaime Balmaceda, Maritza Villadangos y el abogado (i) Jaime Guerrero– ratificó la sentencia que en lo penal condenó a César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, a 15 años y un día de presidio, en calidad de autores de los delitos.

En tanto, Gerardo Ernesto Godoy García, Gerardo Ernesto Urrich González, Ciro Torré Sáez, Manuel Andrés Carevic Cubillos, Hermon Helec Alfaro Mundaca, Basclay Humberto Zapata Reyes, José Enrique Fuentes Torres, Julio José Hoyos Zegarra, Nelson Alberto Paz Bustamante, Rudeslindo Urrutia Jorquera, Hiro Álvarez Vega, José Alfonso Ojeda Obando, Gustavo Galvarino Carumán Soto, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar, Hugo del Tránsito Hernández Valle, Juan Ángel Urbina Cáceres, Manuel Rivas Díaz, Raúl Juan Rodríguez Ponte, Juan Evaristo Duarte Gallegos, Víctor Manuel Molina Astete, Fernando Enrique Guerra Guajardo, Olegario Enrique González Moreno, Lautaro Eugenio Díaz Espinoza, Pedro Ariel Araneda Araneda, Carlos Alfonso Sáez Sanhueza, Juan Alfredo Villanueva Alvear, Alfredo Orlando Moya Tejeda, Rafael de Jesús Riveros Frost, Leonidas Emiliano Méndez Moreno, Demóstenes Eugenio Cárdenas Saavedra y Hernán Patricio Valenzuela Salas deberán purgar 10 años y un día de presidio.

En el aspecto civil, con el voto en contra del ministro Balmaceda, se condenó al Fisco a pagar una indemnización total de $540.000.000 (quinientos cuarenta millones de pesos a familiares de las víctimas.

En la investigación de la causa, el ministro en visita Hernán Crisosto estableció que en la noche del 10 de julio de 1974, Enrique Segundo Toro Romero, afín al Partido Comunista, fue detenido en su domicilio ubicado en calle Guillermo Saavedra 5440, Villa Francia de la comuna de Estación Central, por agentes de la DINA.

Lo mismo ocurrió con Eduardo Lara Petovich, también afín al PC, quien fue secuestrado el 15 de julio de 1974, en su lugar de su trabajo “Industria IRT”, ubicada en Av. Vicuña Mackenna N° 3333, comuna de San Joaquín, mientras José Villagra Astudillo, ligado al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido el 15 de julio de 1974 en su domicilio ubicado en calle Luis Infante Cerda N° 5447, Villa Francia.

Todos fueron trasladados al recinto de reclusión clandestino denominado “Yucatán” o “Londres 38”, en el centro de Santiago, y con posterioridad fueron llevados al recinto clandestino de detención denominado “Cuatro Álamos”, ubicado en calle Canadá N° 3000, recintos que eran custodiados por guardias armados y al cual sólo tenían acceso los agentes de la DINA.

Las indagatorias añaden que durante su estada en los cuarteles de Londres 38 y Cuatro Álamos fueron sometidos a interrogatorios bajo tortura por agentes de la DINA que operaban en dichos cuarteles “con el propósito de obtener información entre esas relativas a integrantes de su grupo político, y comunidad cristiana”. La última vez que fueron vistos con vida se remonta a julio y/o agosto de 1974.

Sus nombres aparecieron luego en un listado de 119 personas, publicado en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista Novo O’Día de Curitiba, Brasil, de fecha 25 de junio de 1975, en la que se daba cuenta que había muerto en Argentina, junto a otras 58 personas pertenecientes a grupos de izquierda, a causa de rencillas internas, lo que luego se estableció fue parte de maniobras de desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior.

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a 28 exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en calidad de autores del delito de secuestro calificado de Teobaldo Antonio Tello Garrido, que fue perpetrado el 22 de agosto de 1974 en el marco de la denominada Operación Colombo.

En fallo unánime, la Octava Sala del tribunal de alzada condenó a César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann a 13 años de presidio.

En tanto, Manuel Andrés Carevic Cubillos, Ricardo Víctor Lawrence Mires, Ciro Ernesto Torré Sáez, Gerardo Ernesto Godoy García, Nelson Alberto Paz Bustamante, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Hermón Helec Alfaro Mundaca, José Ojeda Obando, Rosa Humilde Ramos Hernández, José Abel Aravena Ruiz, Teresa del Carmen Osorio Navarro, Pedro René Alfaro Fernández, Luis René Torres Méndez, Rodolfo Valentino Concha Rodríguez, Juan Ángel Urbina Cáceres, Jerónimo del Carmen Neira Méndez, Silvio Antonio Concha González, Palmira Isabel Almuna Guzmán, Leonidas Emiliano Méndez, Luis Rigoberto Videla Inzunza, Julio José Hoyos Zegarra y Gerardo Ernesto Urrich González deberán cumplir 10 años de presidio.

En el caso de Víctor Manuel Álvarez Droguett y Samuel Enrique Fuenzalida Devia deberán purgar 4 años y 541 días de presidio, respectivamente.

“Que la presente causa se originó para investigar las circunstancias de la desaparición forzada de Teobaldo Antonio Tello Garrido, después de haber sido detenido por agentes del Estado, pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), el 22 de agosto del año 1974, y mantenido en los centros de detención ‘Ollagüe’, ‘Villa Grimaldi’ y ‘Cuatro Álamos’, recintos que eran custodiados por guardias armados, donde Teobaldo Tello fue objeto de torturas provocadas por agentes de ese organismo, desconociéndose posteriormente su paradero, hasta el día de hoy”, sostiene el fallo.

Resolución que agrega que el delito constituye un crimen de lesa humanidad, “toda vez que los secuestros calificados -denominados por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como ‘desapariciones forzadas’- forman parte de un ataque generalizado y sistemático en contra de un grupo determinado de la población civil, conformado, en este caso, por miembros y adherentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), condición que tenía a esa época la víctima”.

En el aspecto civil, se confirmó la sentencia que condenó al Fisco a pagar $80 millones familiares de la víctima.

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Leopoldo Llanos dictó acusación en la investigación por una serie de delitos cometidos por ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), en el centro de detención denominado Villa Grimaldi.

Los cargos afectan a Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Miguel Krassnoff Martchenko, Marcelo Luis Moren Brito, Basclay Humberto Zapata Reyes, Pedro Espinoza Octavio Espinoza Bravo, Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Orlando Gonzalo Manzo Durán, Fernando Eduardo Lauriani Maturana, Gerardo Ernesto Godoy García y Ricardo Lawrence Mires, por su responsabilidad en 19 delitos de secuestro calificado.

También, el ministro imputó al mismo grupo de agentes la responsabilidad en el homicidio de Humberto Juan Carlos Menenteau Aceituno.

En tanto, los ex agentes: Gerardo Ernesto Urrich González, Manuel Carevic Cubillos, Raúl Iturriaga Neuman fueron responsabilizados solo por 5 secuestros.

Además, al agente César Manríquez Bravo se le atribuye responsabilidad en los secuestros de: Guillermo Roberto Beausire Alonso; Manuel Antonio Carreño Navarro; Iván Sergio Carreño Aguilera, y Jacqueline Paulette Drouilly Yurich.

Miguel Krassnoff, Marcelo Moren Brito, Raúl Iturriaga Neumann, son algunos de los implicados.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Hernán Crisosto, condenó este lunes a 77 agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el secuestro de Héctor Garay Hermosilla en 1974.

Garay Hermosilla, miembro del Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER), tenía 19 años cuando el 8 de julio de 1974 fue detenido cerca de su hogar. Días más tarde, su nombre apareció en la prensa nacional en una falsa lista de 119 personas muertas por presuntas rencillas internas del MIR, en lo que se denominó como “Operación Colombo”. De acuerdo con lo recabado por el juez, “las publicaciones que dieron por muerta a la víctima Garay Hermosilla tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuadas por agentes de la DINA en el exterior".

Según la reconstitución de los hechos realizada por el ministro en visita, los agentes de la DINA que capturaron a Garay “lo introdujeron en la parte posterior de una camioneta Chevrolet C-10 gris y lo trasladaron al domicilio de un amigo de la víctima, quien también fue obligado a entrar en la referida camioneta, para ser conducidos en dirección desconocida”.

“Posteriormente, se pudo establecer, a través de testimonios, el paso de Héctor Marcial Garay Hermosilla por el recinto clandestino de detención denominado "Londres 38", que era custodiado por guardias armados y al cual sólo tenían acceso los agentes de la DINA”, continua explicando el fallo, donde se establece que a la fecha no hay más antecedentes del paradero de Garay.

Los condenados

En la resolución, el ministro de fuero condenó a penas de 13 años de presidio a: César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Marcelo Luis Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, como autores del ilícito perpetrado en 1974.

En tanto, deberán purgar 10 años de presidio, también en calidad de autores, los ex agentes: Gerardo Ernesto Urrich González, Gerardo Ernesto Godoy García, Ricardo Víctor Lawrence Mires, Ciro Ernesto Torré Sáez, Sergio Hernán Castillo González, Manuel Andrés Carevic Cubillos, José Nelson Fuentealba Saldías, Basclay Humberto Zapata Reyes, José Enrique Fuentes Torres, José Mario Friz Esparza, Julio José Hoyos Zegarra, Nelson Alberto Paz Bustamante, Claudio Orlando Orellana de la Pinta, Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar, Gustavo Galvarino Caruman Soto, Hiro Álvarez Vega, José Alfonso Ojeda Obando, Olegario Enrique González Moreno, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Rudeslindo Urrutia Jorquera, Alfredo Orlando Moya Tejeda, Carlos Alfonso Sáez Sanhueza, Fernando Enrique Guerra Guajardo, Hernán Patricio Valenzuela Salas, Hugo Rubén Delgado Carrasco, Juan Alfredo Villanueva Alvear, Juan Evaristo Duarte Gallegos, Lautaro Eugenio Díaz Espinoza, Leónidas Emiliano Méndez Moreno, Pedro Ariel Araneda Araneda, Rafael de Jesús Riveros Frost, Víctor Manuel Molina Astete, Máximo Ramón Aliaga Soto, Manuel Rivas Díaz, Juan Ángel Urbina Cáceres, Risiere del Prado Altez España, Raúl Juan Rodríguez Ponte, Hermon Helec Alfaro Mundaca y Hugo del Tránsito Hernández Valle.

Como cómplices del delito de secuestro calificado de Garay Hermosilla, el ministro de fuero condenó de penas de 4 años de presidio a: Luis Eduardo Mora Cerda, José Jaime Mora Diocares, Camilo Torres Negrier, Carlos Justo Bermúdez Méndez, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Fernando Adrián Roa Montaña, Gerardo Meza Acuña, Héctor Raúl Valdebenito Araya, Jaime Humberto Paris Ramos, Jorge Laureano Sagardia Monje, José Dorohi Hormazábal Rodríguez, José Manuel Sarmiento Sotelo, José Stalin Muñoz Leal, Juvenal Alfonso Piña Garrido, Luis René Torres Méndez, Manuel Antonio Montre Méndez; Moisés Paulino Campos Figueroa, Nelson Aquiles Ortiz Vignolo, Nelson Eduardo Iturriaga Cortés, Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo, Reinaldo Alfonso Concha Orellana, Sergio Hernán Castro Andrade, Víctor Manuel de la Cruz San Martín Jiménez, Gustavo Humberto Apablaza Meneses, Héctor Carlos Díaz Cabezas, Jorge Antonio Lepileo Barrios, Óscar Belarmino la Flor Flores; Rufino Espinoza Espinoza, Héctor Manuel Lira Aravena, Víctor Manuel Álvarez Droguett, Sergio Iván Díaz Lara, Juan Miguel Troncoso Soto y Roberto Hernán Rodríguez Manquel.

Mientras tanto, fueron absueltos por falta de participación en los hechos: Rodolfo Valentino Cocha Rodríguez y Armando Segundo Cofre Correa.

La Corte Suprema condenó a seis agentes de la Dina a penas de 15 años de presidio por el secuestro calificado de Eduardo Gustavo Aliste González, Eugenia del Carmen Martínez Hernández y Gerardo Ernesto Silva Saldívar, víctimas que fueron llevadas al cuartel secreto conocido como “Venda Sexy” o “La Discotheque”, ubicado en calle Irán 3037, esquina de Los Plátanos, en la actual comuna de Macul, entre septiembre y diciembre de 1974.
En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal -integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Manuel Antonio Valderrama y el abogado Jean Pierre Matus- confirmó la sentencia del ministro en visita Leopoldo Llanos, que condenó a Manuel Contreras Sepúlveda, Raúl Iturriaga Neumann, Manuel Carevic Cubillos, Risiere del Prado Altez España, Hugo Hernández Valle y Gerardo Ernesto Urrich González como autores de los secuestros.
Eduardo Aliste, 19 años, simpatizante de la Juventud Socialista, fue detenido el 24 de septiembre de 1974 y llevado al recinto denominado Venda Sexy, luego de lo cual no se tienen noticias de su paradero. Gerardo Silva Saldívar, de 23 años, estudiante de estadística en la Universidad de Chile, militante del MIR, fue capturado el 10 de diciembre de 1974, en horas de la tarde, por agentes que se movilizaban en una camioneta de color verde y conducido a Venda Sexy, según testigos, donde se pierde su rastro. María Eugenia Martínez, vinculada al MIR, obrera textil en Industria Labán, fue secuestrada el 24 de octubre de 1974 en su lugar de trabajo, Irarrázaval 1515, Ñuñoa, en presencia de sus compañeros, del jefe de personal de la industria, Mario Torres, y de uno de los dueños, Patricio Labán. Al día siguiente su domicilio fue allanado por un grupo de civiles armados. Posteriormente fue vista por diversos testigos con claras señales de tortura en la Venda Sexy y en Cuatro Alamos.

CUARTEL SECRETO
Venda Sexy, como la llamaron los prisioneros que lograron sobrevivir, era una casa de dos pisos, levantada en un sitio con los muros cubiertos de latón. Camionetas con toldos entraban y salían durante el día bajo la atenta vigilancia de hombres con lentes oscuros. Dos o tres sujetos permanecían siempre en la esquina de las calles Irán y Los Plátanos portando armas bajo sus ropas. Los vecinos escuchaban todos los días una fuerte música que salía del interior de la vivienda. El inmueble, situado muy cerca de la rotonda Quilín y a escasas cuadras de la avenida Américo Vespucio, pertenecía a Héctor Muñoz Muñoz, un vecino que tras el golpe militar abandonó el país y se radicó en Europa. El hermano de éste, Luis Muñoz, le arrendó la vivienda al teniente de Carabineros Miguel Hernández, a comienzos de 1974. El uniformado le dijo que sería utilizada como residencia para colegas suyos que venían a Santiago desde provincias. En los meses siguientes el teniente pagó puntualmente y en efectivo el canon acordado. La casa tenía en la planta baja un hall de distribución y una amplia escalera de mármol que conducía al segundo piso. Había también un comedor en desnivel, un escritorio, un baño de visitas con una pequeña ventana redonda y una cocina que daba a un patio de servicio por donde se accedía a un subterráneo. Arriba se ubicaban tres dormitorios y el baño principal. Los pisos eran de parquet.
La música y las canciones intentaban apagar el sonido del horror que se vivía en el interior de aquel cuartel de la Dina. Los prisioneros no sólo eran torturados sino que además se abusaba sexualmente de ellos. Muchas mujeres fueron violadas y sometidas a vejaciones inenarrables. El Informe Valech afirma: “Quienes estuvieron en la Venda Sexy denunciaron haber sido sometidos a interrogatorios y torturas que se desarrollaban en el subterráneo del inmueble. En este recinto se practicó con especial énfasis la tortura sexual. Eran frecuentes las vejaciones y violaciones sexuales de hombres y mujeres, para lo que también se valían de un perro adiestrado”.
Los innumerables testimonios señalan que se torturaba mediante corriente eléctrica, con quemaduras de cigarrillos, fractura de dedos y muñecas por largos colgamientos, palizas y otros métodos crueles y degradantes.
Venda Sexy fue inicialmente un cuartel de detención e interrogatorios para militantes y simpatizantes socialistas, pero muy luego fue destinado a interrogar a los detenidos de las estructuras estudiantiles y juveniles del MIR. Entre febrero y abril de 1974, la Dina reorganizó sus equipos operativos, en especial la denominada agrupación Purén, a cargo del mayor Raúl Eduardo Iturriaga. A comienzos de mayo, el comandante de la Fach Mario Jahn, subdirector entonces de la Dina, incorporó a Purén al capitán Gerardo Urrich, apodado “Pantalón Cortito”, quien había sido oficial de órdenes del coronel Manuel Contreras. En Purén ya estaban los capitanes Manuel Andrés Carevic Cubillos y Ciro Torré, y los tenientes Ricardo Lawrence y Miguel Hernández. Una parte de Purén operaba en el cuartel Ollagüe, en la calle José Domingo Cañas 1367; otra en la Compañía de Teléfonos; y una tercera, en el cuartel central de calle Belgrado. Inicialmente, el teniente Hernández estuvo al mando del recinto de Irán con Los Plátanos y le correspondió iniciar las detenciones y traslados de detenidos desde y hacia la Villa Grimaldi. Un ex agente de Purén, el suboficial de Carabineros Segundo Gangas Godoy, alias “Víctor Hugo”, declaró ante la justicia que aquella brigada estuvo compuesta por cinco grupos operativos: Alce, encargada del área sindical; Ciervo, Chacal, Puma y Leopardo. En total eran cerca de 50 agentes.
Los analistas de Purén fueron destinados a Venda Sexy a mediados de 1974. Uno de ellos, el carabinero Alejandro Molina Cisternas, estaba a cargo de redactar las fichas de quienes iban a ocupar puestos de confianza en el gobierno militar, las que entregaba al capitán Carevic. Por esa misma fecha llegaron los detectives encargados de los interrogatorios rutinarios, dirigidos por Risiere del Prado Altez España, apodado “El Conde”. El 2 de noviembre de 1974, el capitán Urrich resultó herido en un enfrentamiento en el sector de Bilbao con Jorge Matte. Estuvo hospitalizado siete meses y lo reemplazó en la brigada Purén el capitán Manuel Vásquez Chahuán.
Venda Sexy también era frecuentada por Osvaldo Andrés Pincetti Gac, a quien desde 1974 el coronel Contreras envió a hipnotizar al personal de la Dina para medir su coeficiente intelectual, lo que hizo con unos 800 funcionarios en Villa Grimaldi, Londres 38, José Domingo Cañas y en Venda Sexy.

VINCULOS PS-MIR
A mediados de 1974 los analistas de la Dina encontraron numerosos vínculos y puntos de encuentro entre algunas estructuras miristas y militantes del Partido Socialista. Los mandos decidieron concentrar a varios grupos de tarea en el nuevo cuartel de calle Irán con Los Plátanos y reunir allí a los detenidos del PS. Decenas de jóvenes de ambos sexos con aquella militancia, muchos de ellos aprehendidos por agentes de Investigaciones y luego entregados a la Dina, han atestiguado su presencia en ese lugar entre agosto y septiembre, siendo sometidos a bárbaras torturas y frecuentes violaciones y abusos sexuales. No obstante, en las semanas siguientes a la muerte del secretario general del MIR, Miguel Enríquez, mientras las jefaturas decidían empezar a desocupar el cuartel de José Domingo Cañas, se redobló la ofensiva en contra del MIR.
El 19 de noviembre, los agentes llegaron a la calle Joaquín Godoy, comuna de La Reina, y tras breve espera capturaron a la arquitecta boliviana Ida Vera Almarza, 32 años, al dirigente campesino Isidro Miguel Angel Pizarro Meniconi, 21 años, y a otros dos jóvenes. Los dos primeros fueron baleados cuando intentaron una desesperada resistencia.
El 20 arrestaron a Luis Mahuida Esquivel, 25 años, profesor de inglés, cercano al nuevo jefe del Grupo Político Militar Uno del MIR (GPM1). Dos días después, el 22, cerca de las cuatro de la madrugada, cinco hombres saltaron la reja de una casa en San Miguel e ingresaron violentamente a un dormitorio desde donde sacaron a Luis Genaro González Mella, 25 años, estudiante de la UTE. Horas más tarde arrestaron en la población La Bandera a Antonio Patricio Soto Cerna, 32 años, carpintero, miembro de la Fuerza Central del MIR.
En la Venda Sexy, mientras, se agolpaban los nuevos detenidos, las torturas se multiplicaban y los agentes obtenían nuevos nombres de contactos, enlaces y puntos de coctacto en diversos lugares de la ciudad. Los miembros de la brigada Purén acumulaban fotografías obtenidas en el Registro Civil y en los archivos del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, donde habían estudiado o incluso aún estaban muchos de los buscados.
En la mañana del 27 de noviembre los hombres de la Dina se apostaron en los alrededores de la esquina de las calles Independencia y Olivos, a escasos metros del río Mapocho, en el centro de Santiago. Un dato obtenido bajo tortura les indicaba que hasta allí llegaría el jefe del GPM1 del MIR, que comprendía la vasta zona de San Miguel, La Granja, el Cordón Industrial de San Joaquín, San Bernardo y Puente Alto. A las 7.45 horas en punto apareció Félix Santiago de la Jara Goyeneche (“Diego Parra”), 24 años, ex estudiante del Pedagógico, quien fue reducido rápidamente.
La arremetida prosiguió el 9 de diciembre con la detención de Marta Silvia Adela Neira Muñoz, 29 años, secretaria bilingüe, ex funcionaria de revista Ramona, en la desaparecida editorial estatal Quimantú, enlace de César Arturo Negrete Peña (“René”), su pareja. La mujer fue capturada en los alrededores de las calles Bascuñan y San Alfonso, muy cerca de la Estación Central. Pocas horas más tarde los agentes llegaron hasta el domicilio de ambos, en las Torres de San Borja, frente a la entonces sede del gobierno militar, donde arrestaron a Arturo Negrete Peña, 25 años, ingeniero comercial, segundo jefe del GPM1. En los días siguiente Marta Neira fue reiteradamente violada por perros en la Venda Sexy, brutal odisea que fue testimoniada meses después por Laura Ramsay, hija de un diplomático que estuvo detenida en aquel cuartel de la Dina y cuyo relato fue publicado por la revista estadounidense Time.

LA PASCUA DEL 74
Aquel mismo día fue aprehendido Mario Fernando Peña Solari, (“Bruja” o “Boris”), 21 años, estudiante de arquitectura de la Universidad de Chile, jefe del GPM5 del MIR, quien acudió a encontrarse con Cristián Mayol, dirigente mirista que permanecía detenido en Villa Grimaldi, donde era sometido a constantes torturas. Casi al mismo tiempo, cayeron también en manos de la Dina varios enlaces de Peña Solari, integrantes de la Red de Resistencia de Medicina, asentada en la facultad que se encuentra junto al Hospital José Joaquín Aguirre, en la comuna de Independencia.
A la caída de Mario Peña, siguió el día 10 la detención de su hermana, Nilda Patricia Peña Solari, 23 años, estudiante de biología de la Universidad de Chile, encargada de la publicación clandestina El Rebelde, quien vivía en un departamento en calle Valentín Letelier, a escasos metros de La Moneda.
El joven Peña Solari no pudo soportar presenciar cómo torturaban a su hermana y entregó algunos puntos de reunión y acompañó a los agentes de la Dina a efectuar las detenciones. El 12 cayeron Jorge Ortiz Moraga, 20 años, estudiante de medicina de la Universidad de Chile, encargado de las tareas militares del GPM5; Carlos Terán de la Jara, 25 años, dibujante proyectista; y Renato Sepúlveda Guajardo, 21 años, estudiante de medicina de la Universidad de Chile; el 13, fue detenido Jorge Antonio Herrera Cofré, 18 años, estudiante secundario; el 14, Ramón Labrador Urrutia, 24 años, comerciante; el 17, Luis Dagoberto San Martín Vergara, 22 años, estudiante de agronomía de la Universidad de Chile. Este último estuvo detenido en muy malas condiciones, torturado hasta lo indecible, con sus dedos y muñecas quebrados, incapaz de sostenerse en pie, afectado además por un infarto cardíaco. La última vez que fue visto lo conducían a una clínica de la Dina, el 18 ó 19 de diciembre de 1974.
El ciclo de pavor se cerró el 20 de diciembre con la detención de María Joui Petersen, 19 años, estudiante de economía de la Universidad de Chile; y de Francisco Rosas Contador, 22 años, fotógrafo.
Todos los arriba mencionados, que estuvieron en Venda Sexy, permanecen desaparecidos hasta hoy.

El ministro en visita Hernán Crisosto condenó a 106 agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su respon sabilidad en secuestros calificados. El magistrado condenó a los agentes: César Manríquez Bravo,  Pedro Octavio Espinoza Bravo,  Raúl Eduardo Iturriaga Neumann y   Miguel Krassnoff Martchenko a la pena de 20 años de presidio por su responsabilidad como autores de los secuestros de las 16 víctimas.

Francisco Aedo Carrasco,   Juan Andrónicos Antequera, Jorge Andrónicos Antequera, Jaime Buzio Lorca, Mario Eduardo Calderón Tapia,  Cecilia Castro Salvadores,  Juan Carlos Rodríguez Araya, Rodolfo Espejo Gómez, Agustín Fiorasso Chau, Gregorio Gaete Farías, Mauricio Jorquera Encina, Isidro Pizarro Meniconi, Marcos Quiñones Lembach, Sergio Reyes Navarrete,  Jilberto Urbina Chamorro e  Ida Vera Almarza, son las víctimas de las maniobra de desinformación en el exterior conocida como «Operación Colombo».

Los agentes: Orlando Manzo Durán,  Fernando Eduardo Lauriani Maturana,  Basclay Humberto Zapata Reyes, Gerardo Ernesto Godoy García, Ricardo Lawrence Mires, Ciro Torre Sáez, Manuel Carevic Cubillos, Rosa Humilde Ramos Hernández, Hermon Helec Alfaro  Mundaca,  Nelson Alberto Paz Bustamante,  José Abel Aravena Ruiz, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Nelson Aquiles Ortiz Vignolo, Rudeslindo Urrutia Jorquera, José Alfonso Ojeda Obando, Gerardo Meza Acuña, Manuel Heriberto Avendaño González, José Nelson Fuentealba Saldías, Raúl Juan Rodríguez Ponte, Alejandro Francisco Astudillo Adonis, Demóstenes Eugenio Cárdenas Saavedra, Daniel Alberto Galaz  Orellana, Francisco Maximiliano Ferrer Lima,  Leoncio Enrique Velásquez Guala, Gerardo Ernesto Urrich González, Sergio Hernán Castillo González, Teresa del Carmen Osorio Navarro, José Enrique Fuentes Torres,Julio José Hoyos Zegarra, Pedro René Alfaro Fernández, Hiro Alvarez Vega, Gustavo Galvarino Caruman Soto,  Orlando Jesús Torrejón Gatica, José Manuel Sarmiento Sotelo, Luis René Torres Méndez, Rodolfo Valentino Concha Rodríguez, Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar, Hugo del Tránsito Hernández Valle, Juan Ángel Urbina Cáceres, Manuel Rivas Díaz, Risiere del Prado Altez España, Daniel Valentín Cancino Varas, Juan Duarte Gallegos, Víctor Manuel Molina Astete, Fernando Enrique Guerra Guajardo,  Guido Arnoldo Jara Brevis, Leonídas Emiliano Méndez Moreno, Jorge Antonio Lepileo Barrios, Lautaro Díaz Espinoza, Pedro Ariel Aravena Aravena, Carlos Alfonso Sáez Sanhueza, Juan Carlos Villanueva Alvear, Alfredo Orlando Moya Tejeda, Rafael de Jesús Riveros Frost, Silvio Antonio Concha González, Luis Fernando Espinace Contreras, Hernán Patricio Valenzuela Salas, Luis Rigoberto Videla Inzunza, Palmira Isabel Almuna Guzmán, Sylvia Teresa Oyarce Pinto, Osvaldo Pulgar Gallardo, José Yévenes Vergara y Olegario Enrique  González Moreno fueron sentenciados a 13 años de su presidio por su responsabilidad como autores.

Para los agentes: Werner Enrique Zanghellini Martínez y  Héctor Alfredo Flores Vergara se determinó que deberán purgar la sentencia de 10 años y un día de presidio como autores. Los agentes : Heriberto del Carmen Acevedo y  Jaime Alfonso Fernández Garrido fueron castigados con 6 años de presidio por su responsabilidad como autores y el agente Samuel Fuenzalida Devia fue sancionado con 541 días de presidio por su responsabilidad como autor.

En calidad de cómplices fueron condenados los agentes: José Jaime Mora Diocares, Armando  Segundo Cofre  Correa, Moisés Paulino Campos Figueroa, Oscar Belarmino La Flor Flores, Sergio Iván Díaz Lara Roberto Hernán Rodríguez Manquel, Jaime Humberto Paris Ramos, Jorge Laureano Sagardía Monje, José Stalin Muñoz Leal, Víctor Manuel de la Cruz San Martín Jiménez, Juvenal Piña Garrido, Camilo Torres Negrier, Manuel Antonio Montre Méndez,  Sergio Hernán Castro Andrade, Nelson Eduardo Iturriaga Cortes,  Carlos Justo Bermúdez Méndez, Fernando Adrián Roa Montaña, Reinaldo Alfonso Concha Orellana,  Osvaldo Octavio Castillo Arellano, Gustavo Humberto Apablaza Meneses,  Hugo Hernán Clavería Leiva,  Juan Carlos Escobar Valenzuela,  Carlos Enrique Miranda Mesa, Víctor Manuel Alvarez Droguett, Juan Ignacio  Suárez Delgado,  Raúl  Alberto Soto Pérez,  José Dorohi Hormazabal Rodríguez,  Rufino Espinoza Espinoza,  Héctor Carlos Díaz Cabezas, Jorge Segundo Madariaga Acevedo y Miguel  Ángel Yáñez Ugalde fueron castigados con la pena de 5 años y un día de presidio.

Con el mismo grado de participación fueron condenados a 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, los agentes: Jorge Luis Venegas  Silva, Edinson Antonio Fernández Sanhueza y Pedro Mora Villanueva.

Un total de 13 agentes fueron absueltos de la acusación  en su contra.

En conformidad a los dispuesto en el  artículos 692 del Código de Procedimiento Penal respecto de  Jorge  Sagardía  Monje, Lautaro Eugenio Díaz Espinoza  y  Víctor Manuel De la Cruz San Martín Jiménez,  se suspendio el cumplimiento de la pena, debiendo en su oportunidad ser entregados en custodia a un familiar que deberá  proponer su defensa.

Los hechos

De acuerdo a la investigación del ministro Hernán Crisosto las 16 víctimas -militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y del Partido Socialista- fueron detenidos por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) entre el 17 de junio de 1974 y el 6 de enero de 1975 en distintas comunas de la región Metropolitana como Santiago, Providencia, La Reina y Ñuñoa y llevados a los centros de detención de Londres 38, José Domingo Cañas, Tres y Cuatro Álamos y Villa Grimaldi, últimos lugares en los que se les vio con vida.

Sus nombres aparecieron en dos listados publicados el 25 de junio de 1975 en la revista Novo O’Dia de Curitiba, Brasil, y el 15 de julio de 1975 en la revista Lea de Buenos Aires, Argentina, que registraron ediciones únicas en maniobras de desinformación ejecutadas en el exterior por la DINA.

En el aspecto civil se condenó al Fisco a pagar la suma total de $ 5.065.000.0000 (cinco mil sesenta y cinco millones de pesos) a los familiares de las víctimas en montos que se detallan en la sentencia.

El episodio Francisco Aedo y otros es el último de los procesos que instruyó el ministro Hernán Crisosto en la serie de causas de víctimas de la denominada «Operación Colombo» en el que se dicta sentencia de primera instancia.

Tras 43 años de búsqueda de justicia, finalmente el ministro en visita, Miguel Vázquez Plaza, dictó sentencia por el secuestro y desaparición de Alfredo Rojas Castañeda, Adolfo Ariel Mancilla Ramírez, Ricardo Ernesto Lagos Salinas, Michelle Marguerite Peña Herreros, Carlos Enrique Lorca Tobar, Modesta Carolina Wiff Sepúlveda, Exequiel Ponce Vicencio, Mireya Herminia Rodríguez Díaz, Rosa Elvira Soliz Poveda, Sara de Lourdes Donoso Palacios, y Jaime Eugenio López Arellano, todos miembros de la dirección clandestina del PS en 1975.

El fallo condena a los represores de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) responsables del secuestro y posterior desaparición de once militantes socialistas. Las penas van de los quince a veinte años de prisión y comprenden la sentencia a seis agentes de la dictadura cívico militar.

De esta forma, el ministro en visita en causas por violaciones a los Derechos Humanos, condenó a Raúl Iturriaga Neumann, a 20 años de presidio efectivo como coautor de secuestro calificado de cinco de estos miembros del PS, detenidos en distintas circunstancias.  Asimismo, condenó a los exagentes Rolf Wenderoth Pozo y Manuel Carevic Cubillos, a 18 años de presidio; a Gerardo Ernesto Urrich González, a 16 años de cárcel; a Juvenal Alfonso Piña Garrido, a 12 años de presidio; y a Miguel Krassnoff Martchenko, a 15 años y un día de presidio, y quien deberá cumplir dos condenas que suman en total veintisiete años de presidio por el delito de secuestro calificado de ocho de los once desaparecidos, sumando así más de setecientos años de cárcel.

La investigación determinó que secuestros de los dirigentes del Partido Socialista se realizaron entre los meses de marzo y diciembre de 1975, tiempo en el cual los detenidos fueron trasladados en su mayoría a Villa Grimaldi, centro de detención, torturas y exterminio, desde donde se pierde todo rastro de ellos/as.

Beatriz Díaz Agüero fue vista por última vez el 16 de octubre de 1973. Durante esa madrugada, la ciudadana argentina fue sacada a la fuerza de su cama y detenida junto a su marido Carlos Adler Zulueta (25), con quien llegó a vivir a Santiago en marzo de ese año. Otros cuatro vecinos también fueron detenidos.

Según se acreditó en las investigaciones judiciales, el grupo fue trasladado al centro de torturas Londres 38 y luego a la Casa de la Cultura de Barrancas, en Pudahuel. Desde ahí los llevaron a las cercanías del Túnel Lo Prado, donde Beatriz, su esposo y otras cuatro personas, fueron fusiladas por la espalda con ráfagas de ametralladora. Los responsables fueron efectivos de la Escuela de Suboficiales del Ejército.

Beatriz había realizado sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo, en Argentina y tenía 26 años cuando la detuvieron. La joven se encontraba embarazada, con seis meses de gestación, según consignó el periódico El Dínamo.

En 2011, por el caso conocido como Torres San Borja, fueron condenados a diez años de presidio efectivo, sin beneficios, los uniformados Gerardo Ernesto Urrich González, Juan Ramón Gerardo Fernández Berardi y René José Guillermo Cardemil Figueroa, como autores del delito reiterado de homicidio calificado.

En específico,Cardemil Figueroa fue el hombre condenado que cumplía prisión en Punta Peuco, pero que fue indultado recientemente por el presidente Sebastián Piñera.

Según la investigación, Cardemil habría dirigido la patrulla militar que realizó el allanamiento y detención y también fue quien dio orden de ejecutar a los prisioneros bajo su custodia.

La indagatoria demostró que la detención se realizó tras una delación telefónica de una vecina de los ejecutados y que habría sido una “equivocación”, lo que quedó acreditado en la Comisión Rettig. A excepción de los Adler Agüero, el resto de las víctimas no tenía vinculación política ni relación entre sí. Sus cuerpos fueron encontrados el 17 de octubre de 1973 en el kilómetro 12 de la ruta que une a Santiago con Valparaíso y fueron trasladados como NN al Servicio Médico Legal.

El Ministro condenó a Donato Alejandro López Almarza y Gerardo Ernesto Urrich González a las penas efectivas de 10 años y un día de presidio, como autores mediatos de los delitos consumados de homicidio calificado.El Ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza Espinosa, condenó a cuatro miembros del Ejército en retiro por su responsabilidad en 14 casos de secuestros y homicidios calificados, cometidos entre septiembre y octubre de 1973, en Barrancas, actual comuna de Pudahuel.

El Ministro condenó a Donato Alejandro López Almarza a la pena efectiva de 10 años y un día de presidio, como autor mediato de los delitos consumados de homicidio calificado de: Raúl Eliseo Moscoso Quiroz, Víctor Manuel Barrales González, Sergio Osvaldo de la Barra de la Barra, Mario Gabriel Salas Riquelme y José Eusebio Villavicencio Medel; y del delito frustrado de homicidio calificado de Luis Sergio Gutiérrez Rivas.

Igual pena deberá purgar Gerardo Ernesto Urrich González, en calidad de autor mediato de los homicidios calificados de: Rafael Antonio Madrid Gálvez, Exequiel Segundo Contreras Carrasco, Carlos Leonardo Ibarra Echeverría, Alberto Toribio Soto Valdés, José Elías Quezada Núñez y Rosalindo del Carmen Retamal; del delito frustrado de homicidio calificado de: Gastón Alberto González Rojas, y del secuestro calificado seguido de homicidio de: Daniel Hernández Orrego.

En tanto, Juan Ramón Gerardo Fernández Berardi fue sentenciado a 5 años de presidio -pena que se suspende, quedando sometido a un régimen de libertad a prueba con sujeción de un programa de actividades-, como cómplice de los homicidios calificados de: Rafael Antonio Madrid Gálvez, Exequiel Segundo Contreras Carrasco, Carlos Leonardo Ibarra Echeverría, Alberto Toribio Soto Valdés, José Elías Quezada Núñez y Rosalindo del Carmen Retamal; de los delitos frustrados de homicidio calificado de: Gastón Alberto González Rojas, y de secuestro calificado seguido de homicidio de Daniel Hernández Orrego.

En el caso de Carlos Rodolfo Silva Pérez, el Ministro Carroza le impuso 541 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena por igual lapso, en calidad de cómplice de los delitos frustrados de homicidio calificado de Raúl Eliseo Moscoso Quiroz, Víctor Manuel Barrales González, Sergio Osvaldo de la Barra de la Barra, Mario Gabriel Salas Riquelme y José Eusebio Villavicencio Medel; y de delitos frustrados de homicidio calificado de Luis Sergio Gutiérrez Rivas.

En la etapa de investigación, el Ministro Carroza estableció que a partir del 11 de septiembre de 1973 un batallón del regimiento de Infantería Montaña N° 3 "Yungay" de San Felipe se asentó en la comuna de Quinta Normal y en la Casa de la Cultura de la comuna de Barrancas, lugares donde se realizaron distintos allanamientos a sectores poblacionales de campamentos y poblaciones de Quinta Normal y Barrancas (actual Pudahuel), quienes fueron fusilados en la Casa de la Cultura o sectores cercanos al túnel de Lo Prado, cuyos restos dejados en el Servicio Médico Legal o en la vía pública.

En el aspecto civil, el fallo acogió las demandas por daño moral, condenando al fisco a pagar la suma total de $470.000.000 a familiares de las víctimas.

El ex militar se encuentra actualmente cumpliendo condena en Punta Peuco por delitos cometidos en la dictadura, entre ellos, la tortura y el asesinato a cadenazos de un agente de la propia organización que intentó ayudar a presos políticos. Los abogados de sus víctimas dicen que si bien su demencia podría ser real, se requiere un informe imparcial que lo determine, no uno propiciado por un ex doctor que trabajó para la DINA.

La defensa de Gerardo Urrich González, ex oficial de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) condenado por delitos de lesa humanidad, presentó una petición para que se ordene el cese de su condena, y se le permita vivir al cuidado de un familiar, bajo la argumentación de que padecería de demencia senil.

No obstante, quien firma esta solicitud desde el aspecto sanitario, es Jorge Bassa Salazar, doctor que también es ex agente de la DINA, y que actualmente se desempeña como cirujano estético en el Hospital Militar de Santiago, en la comuna de la Reina.

Bassa, aparece mencionado en Memoria Viva como "Agente DINA y médico de las clínicas clandestinas de la DINA", como la conocida "Clínica London", donde se asesinó y torturó a detenidos de la dictadura.

"Si bien podría ser que el diagnóstico sea verdadero, hay fuertes motivos para desconfiar. Necesitamos peritajes, a fondo, serios, y el problema es que el SML no están haciendo peritajes por la pandemia", señaló al respecto la abogada representante de víctimas de violaciones a los DDHH, Magdalena Garcés.

En ese sentido, lo que busca la defensa de Urrich, es que el tribunal acepte este informe, como si se tratase de uno imparcial, explicó la abogada.

La defensa

Desde la defensa de Urrich González, argumentan que el informe médico que presentaron ante la justicia da cuenta de un caso de "demencia senil tipo Alzheimer" con un pronóstico "malo: de alta mortalidad en corto plazo".

Sin embargo, lo que no mencionan es que -además del mencionado doctor de la DINA- todos los firmantes del documento son militares o cercanos, que de hecho, ejercen funciones en el Hospital Militar.

Así, el informe fue elaborado por el doctor José Tomas Armstrong (el único de los que lo sustentan que no es militar), aunque sí se desempeña en dicho recinto, es firmado por: el doctor Jorge Bassa Salazar (ex DINA y actual médico cirujano del Hospital Militar) y el doctor Francisco Silva Terán (director médico del Hospital Militar y Teniente Coronel del Ejército).

Además, el informe es "suscrito" por el Director General del Hospital Militar, Sergio Nazar Martínez, quien es también, General de Brigada del Ejército. 

Ninguno de estos grados militares es mencionado en el escrito, que se referiere a quienes apoyan el informe como "doctores".

Los hechos por los que cumple condena

Según pudo establecer la justicia décadas más tarde, Gerardo Urrich González formó parte de la DINA desde sus inicios, y participó directamente en la aplicación de torturas a sus detenidos en el lugar denominado “La Torre” en Villa Grimaldi.

De acuerdo a la información publicada por Memoria Viva, dicho recinto se trataba efectivamente de una construcción con forma de torre, que sustentaba un depósito de agua. En su interior se construyeron unos diez estrechos espacios para la mantención de reclusos, de unos 70 x 70 centímetros y unos dos metros de alto, con una puerta pequeña en la parte baja por la que era necesario entrar de rodillas.

En cada una de estas celdas se mantenía a una o dos personas en un régimen de encierro permanente, y aparentemente, las personas llevadas a La Torre eran detenidos de cierta relevancia que habían terminado su etapa de interrogatorios intensos. En esta torre también había una sala de torturas, y muchos de los detenidos que llegaron a ese lugar nunca fueron vistos nuevamente.

Allí ejerció gran parte de sus funciones Urrich González luego de haber sido, desde noviembre de 1973, instructor del futuro personal en la Escuela de las Rocas de Santo Domingo y Tejas Verdes, donde estaba bajo las órdenes de Manuel Contreras.

Luego, en febrero de 1974, se integró a la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA y a la Agrupación Purén, encargada en 1975 de la represión directa al Partido Socialista y en 1976 al Partido Comunista, funcionando primero en Londres 38 y luego en Villa Grimaldi, donde formó parte de un trío que pasó a la historia por sus atrocidades, junto a Raúl Carevic y Marcelo Morén Brito.

Los tres, son famosos por haber asesinado a cadenazos, luego de reiteradas torturas, a otro agente de la DINA, que había comenzado a ayudar a algunos de los detenidos.

Ese fue el caso de Rodolfo Valentín González Pérez, quien al ser enviado al Hospital Militar a cuidar a “prisioneros peligrosos” como Tito Palestro, Osvaldo Puccio y el Ministro José Tohá, comenzó a ayudarlos en la comunicación con sus familiares.

Al ser descubierto, lo torturaron en “La Torre” de Villa Grimaldi y luego, frente a toda la guardia, lo lincharon a cadenazos para demostrar “como mueren los traidores”. González Pérez está desaparecido desde el 19 de julio de 1974.

Asimismo, Urrich González fue condenado por su participación en el delito de secuestro calificado del médico veterinario Juan Rosendo Chacón Olivares. Ilícito perpetrado a partir del 15 de julio de 1974, en el marco de la denominada "Operación Colombo", donde junto a él, fueron condenados otros 35 agentes de la organización.

Otra de sus labores, incluyeron su participación en los crímenes cometidos en el cuartel de la DINA conocido como "Venda Sexy", en Ñuñoa, entre 1974 y 1975.