Uriarte Burotto Lander Mikel

Un general y un brigadier retirados fueron procesados por el juez Joaquín Billard, como autores del secuestro y desaparición en septiembre de 1973 de los ciudadanos uruguayos, Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres.

Los encausados son el general Francisco Martínez Benavides y el coronel Lander Uriarte Burotto, además del suboficial también retirado René Cruces Tapia.

Antes había sido igualmente declarado reo por este mismo delito el ex comandante del Regimiento de Ingenieros de Montaña de Puente Alto, coronel (R) Mateo Durruty Blanco.

Días después del golpe militar, seis uruguayos fueron arrestados por Carabineros de la subcomisaría de San José de Maipo al interior de una mina abandonada de la zona cordillerana.

Al parecer, ellos se ocultaban para planificar una huida a Argentina, pues se habían refugiado en Chile después de la asonada militar uruguaya el 27 de junio de 1973.

Los policías los condujeron hasta el referido regimiento, donde de acuerdo a los antecedentes del proceso fueron torturados reiteradamente, al igual que los centenares de prisioneros que pasaron por ese cuartel que comandaba Durruty.

A algunos incluso se les obligó a tragar vidrio molido, como lo testificó judicialmente el ex detenido Alfonso Brizuela Durán.

Desde aquel cuartel son sacados una noche por personal de Ejército para trasladarlos supuestamente al Estadio Nacional. Sin embargo, en el trayecto los custodios bajaron del vehículo militar a los tres uruguayos mencionados y los hicieron desaparecer hasta hoy.

Tanto el general Francisco Martínez como el coronel Lander Uriarte y el suboficial René Cruces, pertenecen a la franja de acusados de cometer crímenes de lesa humanidad menos conocidos y por primera vez procesados.

En el caso de Durruty Blanco, éste tiene ya una condena de 10 años y un día dictada en primera instancia por la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marta Hantke, por el secuestro y desaparición desde el regimiento de Puente Alto en septiembre de 1973 de Juan Manuel Llanca Rodas.

Pero esta condena debe ser aún revisada por esa corte y luego por la Sala Penal de la Corte Suprema, que podría dejar a Durruty en libertad si le rebaja considerablemente la pena como es el criticado criterio jurídico que instaló ese tribunal hace más de dos años.

Los procesados por Billard fueron beneficiados con la libertad provisional mientras sigue adelante la investigación.

El pasado 31 de julio, la Corte Suprema le otorgó el beneficio de libertad condicional a seis ex uniformados, reos de Punta Peuco. Ese evento llamado popularmente como #Supremazo, Londres 38, espacio de memorias, lo reconoce como parte de la estructura institucional de impunidad y, en el marco de su campaña “Toda La Verdad, Toda La Justicia”, el sitio de memorias difundió los prontuarios judiciales y los rostros de los respectivos criminales de lesa humanidad.

Pero la historia se vuelve a repetir. El pasado 11 de octubre la Corte Suprema le concedió la libertad condicional a Lander Mikel Uriarte Burotto, condenado por el asesinato de tres ciudadanos uruguayos. Uriarte, en la década de los ochentas, trabajó para la Central Nacional de Inteligencia (CNI). Este hecho se suma al beneficio que obtuvieron en julio pasado otros seis condenados por delitos de lesa humanidad, como lo fue José Quintanilla Fernández, Manuel Antonio Pérez Santillán, Hernán Ernesto Portillo Aranda, Felipe Luis González Astorga, Gamaliel Soto Segura y Moisés Retamal Bustos, todos libres.

La campaña #TodaLaVerdadTodaLaJusticia que realiza la organización Londres 38, espacio de memorias y de la que fue parte el lienzazo y panfletazo en el Costanera Center el pasado 11 de Septiembre, busca evidenciar la impunidad en la que aún viven los criminales de lesa humanidad e impulsar la búsqueda de verdad y justicia en Chile.

La justicia chilena acusó este miércoles a siete exmilitares&nbsp por el secuestro de tres ciudadanos uruguayos que desaparecieron en septiembre de 1973 tras del golpe militar que puso en el poder al dictador Augusto Pinochet (1973-1990).

El juez Joaquín Billard fue el encargado de dictar la acusación contra los exmilitares por la desaparición de Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres, quienes eran exiliados uruguayos que huyeron de su país por, supuestamente, pertenecer al&nbsp movimiento Tupamaros.

Una nota del juez indica que los uruguayos "fueron sometidos a interrogatorios y torturas" en el Regimiento Ferrocarrileros y luego se ordenó su traslado al Estadio Nacional de Santiago, un conocido centro de torturas, no obstante, se desconoce »su actual paradero".

Los tres sujetos formaban parte de un grupo de siete personas que se escondían en una mina abandonada localizada en la zona de&nbsp Cajón del Maipo, aledaña a Santiago.

Los individuos pretendían dirigirse a&nbsp Argentina, pero fueron detenidos y arrestados por la Policía chilena.

Según la sentencia, los militares Mateo Durruty Blanco, René Cruces Tapia, Francisco Martínez Benavides, Lander Uriarte Burotto, Gabriel Montero Uranga, Moisés Retamal Bustos, todos altos exoficiales del Ejército, y Guillermo Vargas Avendaño son señalados por los "secuestros calificados".

El juez&nbsp Acuña elevó la causa a estado de plenario etapa previa al dictamen de sentencia de primera instancia.

El pasado 18 de agosto la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura en Chile, mejor conocida como Comisión Valech, presentó al Gobierno un informe sobre crímenes de la dictadura de&nbsp Pinochet, que eleva a más de 40 mil las víctimas de ese régimen.

El documento actualiza otro informe de 2004, que acreditó nueve mil 800 nuevas víctimas de torturas y prisión política, que se suman a las 27 mil 255 reportadas inicialmente. Además registra 30 nuevos casos de desaparecidos y ejecutados, que se agregan a los tres mil 195 certificados oficialmente.

De esta manera, el total de víctimas oficiales entre ejecutados, desaparecidos y torturados durante los 17 años en los que se extendió la dictadura de Pinochet (1973-1990) subió a 40 mil 280, aunque entre las agrupaciones de víctimas se estima que la cifra puede superar los 100 mil.

Actualmente la justicia chilena mantiene abiertas unas 350 causas relacionadas con desapariciones, torturas, encierros ilegales o conspiraciones durante la dictadura.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un «recurso de protección» presentado por el coronel (r) del Ejército, Lander Uriarte Burotto, interno de Punta Peuco, condenado por violaciones a los derechos humanos, a quien no se le concedió el beneficio intrapenitenciario de “salida dominical”.

En fallo unánime, la Octava Sala del tribunal descartó que existiera alguna infracción legal de Gendarmería de Chile, quien le negó el beneficio a Uriarte Burotto.

Cabe destacar que este ex uniformado cumple condena por el secuestro calificado y desaparición en septiembre de 1973 de los ciudadanos uruguayos Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres.

El fallo sostiene que para acceder al beneficio solicitado es fundamental el informe psicológico que «dé cuenta de la conciencia del delito, del mal causado con su comisión y de la disposición al cambio».

Sin embargo, el tribunal agrega que debido a la condena que cumple el interno de Punta Peuco, «no solo requería de un informe psicosocial favorable por parte del Consejo Técnico, sino que el informe favorable a la concesión del beneficio impetrado debía contar con la unanimidad de los miembros que lo componen».

«Como ha quedado establecido, ello no ocurre, ya que consta el voto desfavorable del Encargado de Área Técnica del Consejo Técnico, según aparece de la documentación que acompañó la recurrida. No existió, por cierto, la unanimidad que exige la norma, circunstancia bastante para entender que no existe la ilegalidad o arbitrariedad que se imputa a la autoridad recurrida, lo que se constituye en una razón suficiente para rechazar el recurso», concluye el tribunal.

En la provincia Cordillera funcionaron durante la dictadura  (diez lugares y Centros de Torturas), siendo el más conocido del ex Regimiento militar de Puente Alto. Más de 300 vecinos de nuestras comunas permanecieron detenidos en esas dependencias.

En el Regimiento militar, la mayor cantidad de prisioneros políticos se registró entre 1973 y 1975. Los detenidos permanecían por semanas en ese lugar. A los prisioneros los distribuían en “vagones de tren impregnados con polvo de yeso”. Allí permanecían vendados e incomunicados, a veces privados de alimentos y de agua. Durante el día la mayoría eran encerrados en un corral con malla, a pleno sol.

Los prisioneros políticos sufrieron tormentos, golpes, a veces amarrados a una silla, simulacros de fusilamiento, aplicación de electricidad, colgamientos, vejaciones y violaciones sexuales a algunas mujeres, quemaduras con cigarros, posiciones forzadas durante tiempo prolongado.

Más de 10 de los 70 asesinatos y desapariciones de detenidos en la provincia Cordillera, son responsabilidad de la cúpula militar del ex Regimiento según los Tribunales de Justicia. Sus nombres y biografías, serán publicados en un libro investigativo que se presentara en diciembre de este año.

Actualmente están condenados y presos en Punta Peuco el coronel, Mateo Durruty Blanco; – el comandante, Rolf  Wenderoth Pozo; – los oficiales, Francisco Martínez Benavidez (fallecido), Lander Uriarte Burotto, Gabriel Montero Uranga, (fallecido) David Miranda Monarde. – Esta procesado el oficial, Pedro Teyssedre Cartagena. También están presos  los –  suboficiales, Moisés Retamal Bustos y Guillermo Vargas Avendaño; y procesados los – suboficiales, Luis Canales Pino y René Cruces Tapia. Además, del ex capitán Sergio Rocha Aros.

Muchos de nuestros compañeros fueron trasladados a otros campos de prisioneros, como el Estadio Nacional, entre otros lugares de tormentos.

En nuestra provincia funcionaron como lugares de tormentos, según investigaciones judiciales, el Campamento de Prisioneras en Pirque ubicado en Soquimich;  la Casa de Piedra en Lagunillas lugar de exterminio en San José de Maipo; la Comisaría de Carabineros de Puente Alto; la Subcomisaria de Carabineros de San José de Maipo; el Retén de Pirque; la Cárcel de Puente Alto; el Retén Fronterizo San Gabriel; la Cárcel de Menores de Puente Alto y el Cuartel de Investigaciones de Puente Alto.

Son más de mil 200 causas contra terroristas de Estado. Sólo están en Punta Peuco  alrededor de 120 condenados y hay una campaña para que se les perdone y condone por los crímenes cometidos. Se olvidan que es la Justicia y sus Tribunales quienes los han condenado.

El candidato de las derechas tiene en su programa. Homologación de las garantías procesales en los juicios del antiguo sistema procesal penal por el nuevo.  Piden juicio racional y justo, sujeto a las mayores garantías establecido en el nuevo ordenamiento jurídico. Que por razones humanitarias se envíen a sus casas los genocidas de avanzada edad o enfermos que están dementes. Pero lo más grave es que hablan de eventuales delitos contra los derechos humanos.

El que salga electo Presidente se olvida que en Chile hay tres poderes del Estado. Se olvida que las organizaciones de derechos humanos nos movilizaremos ante cualquier intento de liberar delincuentes, (terroristas de Estado), que son un peligro para la sociedad.

La justicia chilena condenó ayer a seis años de cárcel a seis militares en retiro por la desaparición de tres ciudadanos uruguayos ocurrida en septiembre de 1973 tras el golpe que encabezó Augusto Pinochet.

En fallo unánime, un tribunal de la Corte de Apelaciones de Santiago determinó “condenar a seis años de presidio a los funcionarios del Ejército en retiro Mateo Durruty Blanco, Lander Uriarte Burotto, Gabriel Montero Uranga, Francisco Martínez Benavides, Moisés Retamal Bustos y Guillermo Vargas Avendaño”, todos ellos actualmente en libertad, indicó un comunicado del Poder Judicial.

La investigación del caso determinó que los militares retirados son culpables por los secuestros calificados de los ciudadanos uruguayos Ariel Arcos, Juan Povaschuck y Enrique Pargadoy, detenidos y desaparecidos desde septiembre de 1973.

CILE Sotto accusa sette ex-ufficiali dell’esercito  Sette ex militari saranno processati, in Cile, per il sequestro di tre uruguaiani, scomparsi subito il golpe militare dell’11 settembre 1973, che portò al potere Augusto Pinochet.

I tre esiliati – Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo e Enrique Pargadoy Saquieres – erano probabilmente militanti del movimento Tupamaros. Secondo il giudice Joaquà­n Billard, incaricato del procedimento, facevano parte di un gruppo di sette persone, che aveva cercato riparo in una miniera abbandonata nella zona di Cajà³n del Maipo, in attesa di recarsi in Argentina. Vennero, però, intercettati dalla polizia cilena, interrogati e torturati e poi trasferiti allo Stadio nazionale di Santiago, uno dei campi di sterminio della dittatura (1973-’90).
I sette accusati – Mateo Durruty Blanco, René Cruces Tapia, Francisco Martà­nez Benavides, Lander Uriarte Burotto, Gabriel Montero Uranga, Moisés Retamal Bustos, Guillermo Vargas Avendaà±o – erano alti ufficiali dell’esercito, specializzati in sequestri. Agivano nell’ambito del piano Condor, il patto siglato dalle dittature latinoamericane degli anni ’70-80 per eliminare gli oppositori ovunque si trovassero. Il Cile di Pinochet, l’Argentina di Videla, l’Uruguay di Bordaberry, la Bolivia di Banzer, il Brasile di Geiseld e il Paraguay di Stroessner, si prestavano mutua assistenza, col beneplacido della Cia. Del Condor si occuperà  anche una commissione creata di recente nell’ambito del Mercosur, il Mercato comune del Cono sud (equivalente dell’Ue per l’America latina).
Il 18 agosto scorso, la Commissione Valech, incaricata di indagare sulle vittime della dittatura, ha presentato al governo un fascicolo sui crimini commessi da Pinochet: le vittime provate sarebbero oltre 40.280. Un calcolo al di sotto del reale, secondo le organizzazioni per i diritti umani, che avanzano invece la cifra di oltre 100 milioni. Nel ’91, un rapporto della Commissione nazionale di verità  e riconciliazione – il rapporto Retting, dal nome del giurista Raàºl Rettig -, certificò 2.296 casi di sparizioni forzate e omicidi. Un anno dopo, venivano aggiunti altri 899 casi di violazioni dei diritti umani. Nel 2003, venne creata la Commissione Valech (presieduta dal vescovo Sergio Valech), incaricata di completare i lavori della precedente in merito alle persone incarcerate e torturate per ragioni politiche.
In Cile, vi sono attualmente 350 procedimenti aperti per casi di sparizione, sequestro o tortura commessi durante i 17 anni di dittatura.