Ureta Pernas Ernesto Jose

Juan Hernández Rivera es el actual director de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca), institución que administra el sistema de previsión social y de salud de los uniformados de Carabineros, Gendarmería y la Policía de Investigaciones. Aunque su rol ha pasado más bien inadvertido para la prensa y la opinión pública, no ha sido así para los más de 400 funcionarios a nivel nacional y mucho menos para los representantes de las asociaciones de funcionarios de la entidad, quienes en conversación con Interferencia acusan a Hernández de amedrentamientos e incluso amenazas.

Hernández es contador auditor de la Universidad de Chile, perito contable forense y magíster en didáctica para la educación superior, aunque su carrera la hizo principalmente en la Policía de Investigaciones (PDI), donde llegó a ser parte del alto mando institucional, como Jefe de Finanzas, jefe de Antinarcóticos y subdirector operativo.

En junio de 2018 fue nombrado administrador general de Dipreca, entidad dependiente del Ministerio del Interior. Posteriormente fue nombrado director subrogante, hasta que en diciembre del mismo año -a través de un decreto firmado por los entonces presidente Sebastián Piñera y ministro del Interior Andrés Chadwick- fue nombrado director nacional de Dipreca.

A medida que fueron avanzando los meses, la tensión entre los funcionarios y el director fue escalando, así como también con los dirigentes sindicales. Sin embargo, la situación se hizo insostenible para las presidentas de las asociaciones el 23 de septiembre del 2021. Según relata la presidente de una de estas asociaciones, Anfup, Janette Droguett, cuando la reunión había terminado, bajó por el ascensor junto al director nacional y otros dos funcionarios. Allí, según ella relata, Hernández le preguntó si seguía viviendo en Renca, comuna donde él también vivió. Ella respondió que sí, a lo que él le dijo “¿Y qué pasaría si te mando unos amigos a tu casa?”.

Según afirma Droguett, esta amenaza hacía referencia a sus “amigos” de la PDI y otros uniformados, algunos ligados también a servicios de inteligencia de la dictadura.

“Fue una amenaza directa a mi persona, situación reiterada, y con testigos, ahí estaba la fiscal institucional. Puede ser autoreferente, pero lo veo más allá de ser presidenta de una organización, como mujer y representante de una organización, detrás de mí hay funcionarios, a los que represento”, afirma Droguett.

La amenaza generó temor no sólo en la dirigenta, sino también en su familia, afectando por un tiempo el ánimo y el estrés de Droguett.

Esta no era la primera vez que Hernández ejercía maltrato verbal en contra de Droguett. Meses antes, tras ella recuperarse del Covid y volver a sus labores, él le había comentado que le hubiese gustado “que te intubaran”, haciendo referencia a los casos graves de Covid-19.

La dirigenta de otra asociación de funcionarios, Anfudi, Patricia Catalán, afirma que además de estas actitudes, el director nacional ha insistido en despidos de socios de ambas asociaciones, casos que en muchos casos terminaron en tribunales.

A estas acusaciones, se suman varios desencuentros de Hernández con los funcionarios de Dipreca, que en su mayoría son civiles. Uno fue el traslado arbitrario de trabajadores de Bienestar del Servicio, departamento que además tenía entre sus funcionarios a dirigentes sindicales de Anfup. La medida, en julio del 2021, que los dirigentes y trabajadores alegaron que no se apegaba al reglamento, terminó con un dictámen de la Corte de Apelaciones con orden de no innovar, y por lo tanto, que los trabajadores permanecieran en sus puestos de trabajo.

Hernández, también a principios de este año, intentó cerrar el casino de los funcionarios, en las dependencias de las oficinas de Dipreca, en calle 21 de mayo, en Santiago, que en promedio es ocupado por 200 funcionarios al mes. Pero la medida no llegó a concretarse. A esto se suma la fijación con la seguridad y vigilancia en el mismo edificio, que ha decantado no sólo en la contratación de más guardias de seguridad, sino también en la instalación de cámaras en casi todos los espacios del recinto.

La actitud de Hernández también se habría repetido en el caso de un funcionario profesional de la institución, que constantemente recibía comentarios de Hernández sobre su pelo largo y orientación sexual, caso que incluso llegó a Contraloría.

“Al funcionario, el director lo veía en el pasillo y le decía que parecía mujer, que de espalda parecía mujer y que generaba confusión”, cuenta Droguett.

“Es una manera de funcionar en la institución: el amedrentamiento. Amedrentar al dirigente, también genera temor en los funcionarios, ya que el dirigente tiene fuero, tiene cierta protección, pero los funcionarios no, y por ello temen que los despidan”, agrega la dirigenta.

Interferencia intentó contactarse con el director de Dipreca para obtener su versión de estas situaciones, vía telefónica y vía correo electrónico, sin obtener respuesta hasta el cierre de esta edición.

Buscando la remoción de Hernández ante Boric

Ante esta seguidilla de situaciones, las dirigentas han comenzado a apelar a las nuevas autoridades para solicitar remover a Hernández del cargo.  

“Entregamos dos cartas, antes de que asumiera el nuevo gobierno, en ‘la Moneda chica’. Y posterior a que asumieran, entregamos una carta al presidente Boric, a la ministra del Interior, Izkia Siches, y a la subsecretaría. También tuvimos una audiencia con autoridades  del Ministerio de la Mujer, ya que acá se han amedrentado dirigentas mujeres”, cuenta Patricia Catalán.

Esta semana se cumple un mes de haber sido emitidas ambas cartas al presidente y a la ministra, el 15 de marzo, por lo que esperan concretar una reunión lo antes posible.

Polémicos asesores

Entre las contrataciones que ha hecho Hernández en su cargo como director de Dipreca, para su gabinete, se encuentran las de cuatro ex funcionarios de la PDI, institución en la que se desempeñó por años. Las cuatro, con sueldos por sobre $1,8 millones de pesos, reciben además sus pensiones de la PDI, que fluctúan entre el $ millón y los $ tres millones de pesos.

Entre estos asesores contratados por Hernández, se encuentra Sergio Mellado Faúndez, jubilado de la PDI con una pensión de $ 3,4 millones y con un salario en Dipreca de $2,46 millones . El nombre de Mellado también aparece en el libro del periodista Javier Rebolledo La Danza de los Cuervos, del 2012, como ex agente de la DINA.

En el libro, Rebolledo relata que a fines de los años setentas la DINA crea el Cuartel Loyola, en la comuna de Quinta Normal, ubicado en Camino de Loyola, entre calles Marte y Neptuno. El recinto estaba a cargo del capitán del Ejército Ernesto Ureta Pernas.

“Último dentro de la cadena de mando estaba el subcomisario de la Policía de Investigaciones Sergio Mellado Faúndez. Mellado llegó a prefecto y fue jefe de Infor­mática y Telecomunicaciones de Investigaciones hasta 2009, año en que pasó a retiro. Este nombre lo recordó solo para este libro. No se en­cuentra en sus declaraciones por el caso” narra Rebolledo en su libro, aludiendo a la narración de Jorgelino Vegara, conocido como “el mocito”, ex agente de la DINA.

Posteriormente, agrega que Mellado, junto a Vergara y otros agentes de la DINA participaron en una operación para votar, de manera ilegal, en varios colegios para el plebiscito de 1980. Según se narra en el libro, los agentes se movían en grupo, de un colegio a otro de Santiago, para votar varias veces para aprobar la Constitución propuesta por la dictadura.

En un reportaje del 2008 del diario La Nación, también se menciona a Mellado Faúndez como un cercano al entonces director de la PDI, Arturo Herrera. También se menciona que Mellado fue un agente en terreno de la CNI, en la década de los ochentas.

“Según consta en tribunales, Mellado Faúndez ha declarado en varios procesos judiciales (entre otros, Operación Albania), debido a que fue agente operativo de la CNI, es decir, cumplió funciones en terreno. Ha declarado ante los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago Joaquín Billard y Jorge Zepeda. Para muchos fue una sorpresa que el ex agente haya ascendido de jefe de una pequeña brigada comunal (Bicrim peñaflor) a una jefatura nacional”, consigna el artículo. 

Un año después de esa nota, Mellado jubiló.

Otro de los asesores contratados por el director de Dipreca es Fernando Antonio Vega Evaristi, pensionado también de la PDI con $1,8 millones y que actualmente gana por sobre los $ tres millones de pesos. Vega fue jefe de Finanzas de la PDI por años, cargo en que Contraloría, en 2018, lo responsabilizó, junto a otros funcionarios, por aprobar gastos en $ 1.000 millones de pesos de giras de estudios, según informó en su momento El Desconcierto.

Darío Andrés Ortega Moreno también es otro de los asesores del director de Dipreca. Jubilado de la PDI con más de $ 3 millones de pesos mensuales, ostenta un salario de casi $ 2 millones de pesos. Fue subdirector Operativo de la PDI y en agosto del año pasado fue llamado a declarar por la Fiscalía en el caso de uso de gastos reservados en la institución, donde se investiga a Héctor Espinosa. Espinosa es investigado por la malversación de fondos públicos por más de $ 140 millones de pesos.

Entre 1982 y 1986 estuvo en el cuartel Loyola. Allí ejerció tareas de mando medio sobre los más sanguinarios integrantes de la Brigada Lautaro que provenían del cuartel de exterminio Simón Bolívar. Respecto a ello, afirma tajante que “ahí yo sólo cumplí tareas administrativas. Además, soy muy católico y tengo mis manos limpias”. Dice que nunca ejerció funciones operativas, deteniendo gente o espiando. Pero Jorgelino Vergara, El Mocito, sostiene lo contrario.

Es una antigua casona de calle Vergara donde trabaja Felipe Enrique Ricardo Palacios Cabrera. Altas habitaciones, con un gran patio. De ambiente familiar. Ahí se ubica el departamento de Defensa Civil del Ministerio de Defensa. Palacios es el jefe de Planificación de la entidad. El teniente coronel (R) de Ejército nos recibe amablemente. Algo inquieto. Apenas un segundo demora en responder sin titubeo, como si esperara la pregunta: Sí, yo fui agente de la CNI.

Pero el jefe de Planificación no fue un simple agente. Entre 1982 y 1986 estuvo en el cuartel Loyola. Allí ejerció tareas de mando medio sobre los más sanguinarios integrantes de la Brigada Lautaro que provenían del cuartel de exterminio Simón Bolívar. Aunque afirma tajante que “ahí yo sólo cumplí tareas administrativas. Además, soy muy católico y tengo mis manos limpias”. Dice que nunca ejerció funciones operativas, deteniendo gente o espiando. Pero Jorgelino Vergara, El Mocito, sostiene lo contrario.

Fue él quien, sin dudar, lo reconoció en la fotografía oficial de Palacios en la página de la Defensa Civil del Ministerio de Defensa. “En el grupo operativo de Palacios estaban también el teniente Fernando Paredes Uribe, hijo del general Fernando Paredes que fue director de Investigaciones, el teniente Brito, y el teniente Ramón Briceño Rodríguez, de Carabineros”, nos dijo Vergara. “Con su grupo, Palacios fue operativo a veces deteniendo gente”.

En el libro del periodista Javier Rebolledo, “La Danza de los Cuervos”, El Mocito identificó a Palacios Cabrera como uno de los que tenía mando en el cuartel Loyola, bajo la tuición del capitán de Ejército Ernesto Ureta Pernas.

La permanencia de Palacios en el cuartel Loyola fue saliendo de a poco durante nuestra conversación. Al inicio dijo que nunca estuvo en Santiago en ese período. Después que sólo estuvo un año en Loyola. Al insistirle, su estadía en ese cuartel aumentó a dos años. Por último, admitió que estuvo cuatro años.

Reitera tajantemente. “No tengo nada que ver, tengo mis manos limpias. Nunca he sido procesado por nada, y jamás un juez me ha llamado a declarar por alguna causa de derechos humanos”. En 2001, un testigo, del cual nunca se conoció públicamente su nombre, lo identificó como uno de los custodios en Montevideo del químico de la DINA, Eugenio Berríos, asesinado en 1992 por integrantes de la inteligencia de los ejércitos de Chile y Uruguay. Pero, finalmente su nombre se descartó en forma definitiva en el proceso.

Con los pavos reales

En 1987, después del atentado en el Cajón del Maipo, Palacios se fue como jefe de la seguridad de Augusto Pinochet y su familia en la mansión de Bucalemu, en la comuna de Santo Domingo en la Quinta Región. “Ahí nunca pasó nada”, explica, “y los Pinochet se entretenían jugando con los pavos reales que tenían”, con los cuales él también disfrutaba.

El Mocito, dice que Palacios Cabrera fue incluso uno de los integrantes del Comando Vengadores de Mártires, Covema, lo que Palacios también niega absolutamente. Jorgelino Vergara lo identificó como parte de este comando en el libro “La Danza de los Cuervos”, donde además nombra como participantes a los agentes de la CNI, Jorge Díaz Radulovich, Guillermo Ferrán Martínez, y el teniente de Carabineros Ramón Briceño Rodríguez.

Recuperada la democracia, Palacios se inclinó hacia la inteligencia cursando en la Escuela de Inteligencia del Ejército en Nos. De esa manera, en 1992 ingresó a la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, donde estuvo hasta 2003, cuando se fue a retiro con el grado de teniente coronel. “En la DINE estuve en la contrainteligencia”, afirma.

Pero su estadía en el cuartel Loyola sigue dando vueltas en la conversación. Reconoce que allí su chapa era Tomás Jarpa Urzúa, como lo consigna un informe policial de 2007. Le consultamos por detenidos en ese cuartel. “Yo al menos nunca vi detenidos ahí”, responde. Pero sin ser un lugar destinado especialmente a la tortura y prisión de opositores a la dictadura, en Loyola sí hubo detenidos, al menos como lugar de tránsito hacia el cuartel Borgoño, la central operativa de la CNI en Santiago al mando de Álvaro Corbalán.

El Covema

El Mocito, dice que Palacios Cabrera fue incluso uno de los integrantes del Comando Vengadores de Mártires, Covema, lo que Palacios también niega absolutamente. Jorgelino Vergara lo identificó como parte de este comando en el libro “La Danza de los Cuervos”, donde además nombra como participantes a los agentes de la CNI, Jorge Díaz Radulovich, Guillermo Ferrán Martínez, y el teniente de Carabineros Ramón Briceño Rodríguez.

A comienzos de 1980 el MIR reagrupó parte de sus fuerzas, algunas retornadas clandestinamente a Chile desde Cuba y la República Democrática Alemana. Se iniciaron asaltos a bancos y cuarteles policiales. La seguridad del régimen entró en alerta. El 15 de julio de 1980, un comando del MIR dio muerte al jefe de inteligencia del Ejército, el coronel Roger Vergara.

El Covema fue un grupo clandestino de agentes que se formó a partir del crimen del coronel Vergara, justamente para “vengar a sus mártires”. Hasta hoy no está claro quiénes lo integraron. Si fueron sólo agentes de la CNI, o también participaron Carabineros y miembros de la policía civil.

Ante la ola de atentados, el 24 de julio de 1980 Pinochet sacó al general Odlanier Mena de la jefatura de la CNI, y puso al general Humberto Gordon. Este formó el Comando Antisubversivo, CAS, con funcionarios de la Brigada de Homicidios de Investigaciones, del OS-7 de Carabineros, y agentes de la Brigada Metropolitana de la CNI.

No está claro aún si los 12 estudiantes, la mayoría del MIR, que fueron detenidos en los días posteriores a la muerte de Roger Vergara, lo fueron por agentes del CAS, o del Covema, o de ambos grupos. Al recuperar su libertad, algunos de estos detenidos declararon que sus captores se identificaron como miembros del Covema, desacreditando la pésima tarea que venían haciendo “los pacos y los tiras”. Pero no dijeron que pertenecían a la CNI.

Entre estos detenidos, a causa de las torturas murió el estudiante de periodismo de la Universidad Católica, Eduardo Jara.

El hasta hoy misterioso Covema, fue un nombre temido que circuló entre los opositores a la dictadura a comienzos de los años 80. Se desconoce si otras víctimas lo fueron a manos de esta organización subterránea. Pero El Mocito sostiene que él “escuchó” en el cuartel Loyola, cómo algunos agentes, entre ellos los que nombra, hablaban del Covema y se citaban a reuniones en algunos cafés y restoranes de la parte alta de Santiago. En 1988, en una entrevista, el general Odlanier Mena dijo que el Covema lo integraron sólo agentes de la CNI.

Felipe Palacios nos despide desde la puerta de su oficina con la misma seguridad que nos recibió, pero con un leve temblor en sus manos.