Tuane Escaff Hernán

"El timbre de voz…"
En su libro "Rodrigo: Una interpretación criminológica", el sicólogo Tuane cuenta que la primera vez que pensó que un niño era culpable de la desaparición de Rodrigo fue luego de escuchar la llamada de una presunta mujer que señalaba dónde se encontraba una de las zapatillas de la víctima.
"Mis conclusiones suponen un vuelco total en cuanto al rapto y sus autores… ¡Así es! Antenoche, al escuchar varias veces la grabación, la desestimé como hecha por una mujer… he postulado que esa voz corresponde a un niño de entre 12 y 14 años. El timbre y la inflexión de su voz me hacen inferirlo".

Tan pronto como declaren los funcionarios policiales y del gobierno de la época respecto del papel que les tocó en los días posteriores a la desaparición del pequeño Rodrigo Anfruns Papi (el 3 de junio de 1979), por los pasillos del 17° Juzgado del Crimen de Santiago debería pasar el sicólogo Hernán Tuane Escaff, quien realizó una amplia entrevista que habría allanado la confesión del único inculpado, Patricio Pincheira Villalobos, P.P.V., entonces de 16 años.
Para el abogado Roberto Celedón, que patrocina la querella interpuesta por Paola Papi, madre del menor, el testimonio de quien fuera el director de Relaciones Humanas durante los primeros años del gobierno militar es vital, por cuanto el análisis sicológico que le practicó a P.P.V. fue considerado por Investigaciones como clave para determinar la culpabilidad del adolescente.

Pero la responsabilidad de Pincheira ha sido cuestionada muchas veces y, con ello, la labor realizada por el sicólogo.

Entre las inquietudes que tendrán que dilucidarse en tribunales se haya el procedimiento empleado por Tuane para entrevistar al joven, puesto que, como sugiere la periodista Soledad Pino en su libro "Una Verdad Pendiente", el sicólogo era conocido por su facilidad para el uso de la hipnosis.

Dispuesto a declarar
Lejano a estas presunciones, Tuane Escaff, hoy de 79 años, prefiere evitar la polémica y para conocer su opinión respecto del caso se remite a su libro "Rodrigo: Una interpretación criminológica", publicado por Editorial Planeta Chilena, en 1982.
"Si la justicia me llama a declarar, por supuesto que iré. Y en ella diré lo que está escrito en el libro, puesto que es el examen sicológico de la época", dijo el profesional, quien analizó confusos dibujos de Pincheira y concluyó que eran la representación del crimen elaborada por el propio homicida.

Su apreciación no es del todo confiable para los familiares de la víctima, puesto que, en su obra, más que una interpretación criminológica se lee una validación de la versión oficial que hoy aparece cuestionada.

"Se han escuchado tantas cosas de él", señaló Paola Papi respecto de las especulaciones que hablan de un presunto aprovechamiento mediático del caso para provocar una intervención sicológica en la población.

El abogado Celedón sostiene que así como el médico legista José Luis Vásquez, quien realizó la segunda autopsia a Rodrigo, tiene un pasado no muy claro, por cuanto entregó informes tanatológicos errados respecto de la muerte del diplomático español Carmelo Soria, Tuane también tendría un oscuro pasado como director de Relaciones Humanas del gobierno militar.

Guerra sicológica
Una investigación del periodista Jorge Escalante, publicada en "La Nación" el 7 de abril de 2002, reveló que poco después del golpe militar, Hernán Tuane elaboró un documento llamado "Campaña de penetración psicológica masiva". Estos archivos, cuyos originales fueron encontrados en una caja oculta en el subterráneo de La Moneda, habrían tenido por objeto "manipular la mente de la población para mantener el miedo".
En los textos, caratulados como "secretos" , "Confidenciales" y "Reservados" y redactados por el equipo de sicología del gobierno al mando de Tuane, se acordó reencantar a la ciudadanía manipulando sus sentimientos. "Creemos imprescindible reactualizar un programa de acción de guerra sicológica", reza el documento, cuya función era desatar los sentimientos traumáticos de angustia, neurosis, tragedia, peligro y miedo.

"Luego de publicar estos documentos, Tuane me pidió los originales y amenazó con querellas. Le dije que se los entregaría a la justicia. Obviamente, no hizo nada", aseveró Escalante a La Cuarta.

El 5 de junio de 1974, el ex dictador Augusto Pinochet ordenó, por escrito y bajo su firma, la confección de un “Plan de Acción Sicológica” para manipular “el impulso agresivo” de los habitantes, con el fin de “continuar con la acción de minimizar y destruir la imagen del marxismo, demostrando que es intrínsecamente malo”.

A la vez, Pinochet ordenó que el plan (que debía elaborar un organismo que dependía del Ministerio Secretaría General de Gobierno, a cargo del sicólogo Hernán Tuane Escaff) requería pulsar los sentimientos de la población para “mejorar la imagen del Gobierno y aumentar la base de apoyo popular a la Honorable Junta”, y “mostrar los aspectos positivos de los gobernantes y que los objetivos perseguidos por ellos son igualmente buenos”.

La instrucción apuntó también a “revalorar los valores éticos y morales, estimular la lealtad a una causa superior, Dios y la Patria”, y a “preparar y desarrollar una operación sicológica destinada a mejorar la integración Fuerzas Armadas-Comunidad, y difundir los sacrificios que está realizando personal de las FFAA en beneficio de la Reconstrucción Nacional, para destruir la imagen de sector privilegiado”.

Para todo esto, Pinochet ordenó que el plan indujera a los habitantes a pensar en valores como la figura del “padre, la madre, la familia, la comunidad y el país”.

Sin descuidar a la prensa, el ya “Presidente de la Junta de Gobierno” dictaminó el “control y orientación de todos los medios de comunicación de masas, en orden a que actúen según los términos de este plan de acción, como medios de unión y no de división nacional”.

El hasta ahora desconocido documento que LND da a conocer, es original y lleva la firma de Augusto Pinochet estampada con tinta azul, tanto en el oficio conductor del plan Nº 61-1, como al final de las cinco páginas del plan mismo escrito en el “Memorándum Nº 229”.

El equipo Tuane

El contenido del plan tiene relación con aquellos documentos, también hallados en versión original, que LND publicó en sus ediciones del 7 y 14 de abril de 2002 y que llamó “Los documentos del miedo”.

A través de ellos, el Departamento de Sicología de la Dirección de Relaciones Humanas, a cargo de Hernán Tuane, organismo que dependía del Ministerio Secretaría General de Gobierno, en ese tiempo al mando del general Pedro Ewing Hodar, entregó a Pinochet los lineamientos base para la elaboración de este tipo de planes, mediante los cuales se planificó una “guerra sicológica de penetración” a nivel de los instintos del ser humano “manejando los sentimientos traumáticos de angustia, neurosis, tragedia, inseguridad, peligro y miedo”.

El ideal marxista

Precisamente, los documentos elaborados por el equipo de Tuane informaban a Pinochet que algunos meses después de ocurrida la intervención militar, el apoyo al Gobierno militar había decrecido, “lo que se traduce en una falta de compromiso y adhesión real para los planes de reconstrucción, esfuerzo y laboriosidad en que está empeñado el Gobierno”. “Las masas olvidan pronto”, decía uno de los informes de Tuane a Pinochet.

La manipulación del “impulso agresivo” y otros instintos de las personas, así como la explotación de valores como la figura del padre, madre y familia, los que sólo podría asegurar el régimen militar, aparecen recogidos por Pinochet en su instrucción para la elaboración del plan, el que debía difundirse a través de los distintos medios de comunicación.

La preocupación de Pinochet por el “marxismo” y su insistencia en eliminarlo, también tuvo su fundamento en otro de los informes que le entregó el equipo de Tuane a comienzos de 1974, en el que se le dijo que “análisis de encuestas, sondeos de opinión pública y estudios de reacciones inconscientes” demostraban que si bien el Gobierno de Salvador Allende había sido destruido, a nivel de parte de la población “se protege el esquema ideológico marxista”.

El plan ordenado por Pinochet contempló, además del abatimiento del marxismo, “la destrucción de la imagen de los demás grupos políticos que se manifiesten contrarios a la Honorable Junta de Gobierno” y la exaltación del “valor de la libertad, solidaridad y hermandad”.

Pinochet no dejó fuera del documento decretar programas de “aseo general de la ciudad, promoción de áreas verdes y construcción de plazas de juegos infantiles”.

Otro de los objetivos del plan fue despertar en la población un “sentido de unidad nacional ante cualquier tipo de agresión”, desarrollando “el sentido de la felicidad y el amor”.

El oficio conductor con el que Pinochet presentó esta planificación estableció que “dicho plan deberá ser presentado a la aprobación de la Honorable Junta de Gobierno a través de su Comité Asesor, hasta el 24 de junio del presente año [1974]”. En el primer párrafo del oficio del 5 de junio de 1974, Pinochet dispuso que el plan estaba destinado a cubrir “lo que resta del año 1974”.

Al revisar el contenido de la prensa de la época, se confirma que este “Plan de Acción Sicológica” se llevó a la práctica en todas sus partes.

El sicólogo Hernán Tuane Escaff declaró por cerca de cuatro horas ante la jueza del 17° Juzgado del Crimen de Santiago, Patricia González, quien investiga el asesinato del niño Rodrigo Anfruns Papi, cuyo cuerpo fue hallado en 1979 tras estar 11 días desaparecido.

El profesional es sindicado como la persona que después del crimen logró la confesión del menor P.P.V., quien posteriormente fue sobreseído por razones mentales.

El sicólogo de avanzada edad se mostró hostil con la prensa a su llegada al tribunal, situación que se repitió cuando abandonó el recinto a las 12:40 horas (16:40 GMT).

Es primera vez que Tuane entrega su testimonio a la jueza González desde que ésta reabrió, el año pasado, la investigación por la muerte de Rodrigo Anfruns.

El caso fue investigado en su momento por el juez Ricardo Gálvez y de acuerdo a la versión oficial entregada en la época, el crimen fue cometido por el menor P.P.V., de 16 años.

Esta tesis fue respaldada por la dictadura militar, cuyos ministros de Interior y Justicia, Sergio Fernández y Mónica Madariaga, respectivamente, apoyaron en forma pública la explicación de la Policía de Investigaciones para el crimen.

Tras la reapertura del caso, el sub oficial en retiro de Carabineros, Armando Sandoval Sepúlveda, quien participó en el equipo que realizó la búsqueda del niño, declaró que pasó en numerosas ocasiones por el lugar donde finalmente fue hallado el cuerpo sin advertir rastro alguno de su presencia.

Algunas versiones desarrolladas en indagaciones periodísticas posteriores indican que Rodrigo Anfruns fue secuestrado por error, en el marco de una operación ilegal de los servicios de seguridad, por una rencilla personal entre oficiales castrenses.

Aunque parezca increíble, hay todavía 31 médicos que, habiendo participado, sea en forma activa o como soportes técnicos de la tortura practicada sistemáticamente por los servicios de seguridad de la dictadura, siguen ejerciendo la profesión, como si nada hubiera ocurrido. Esas cosas sólo pasan en Chile. A continuación, la lista de médicos torturadores, proporcionada por el Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura  CECT-SE, con los casos que se les imputan, dónde están, ejercen y dirección.

1. Darwin Arriagada

Médico, dirigente del Colegio Médico de Chile en 1973.

Fue nombrado por la Junta Militar como Director General de Salud. Participó en el plan de administrar drogas en los alimentos para asesinar a presos políticos. Entregó a numerosos médicos de izquierda, más de 30 de los cuales fueron asesinados. Atiende en Santa María 217, oficina 34, comuna de Independencia. Fono 7372626.

2. Camilo Azar Saba, Traumatólogo

Médico de la CNI. Fue suspendido por seis meses del Colegio Médico por su participación en torturas aplicadas a prisioneros en cuarteles de la CNI. Implicado en caso de Federico Alvarez Santibáñez.

Desde el 1 agosto de 2003 atiende en Integramedica Alto Las Condes, ubicada en Avenida Kennedy 9001, piso 7, Mall Alto Las Condes. Fonos: 6366666, 6796500, 6796566 y 6796567. Asistente: Fabiola Banda, fono 6796576. Su última dirección conocida es Echeñique 8801-B (interior). Teléfonos 3265277 – 3265294

3. Guillermo Aranda, Cardiólogo.

Médico de Punta Arenas. Aplicó sus conocimientos para la tortura de presos en esta ciudad.

4. Alejandro Babaich Schmith

Director Hospital "Cirujano Guzmán" de Punta Arenas. Asesor en torturas contra prisioneros políticos.

5. Gregorio Burgos

Médico del Regimiento de Los Angeles.

Asesoró a agentes de la DINA en buscar formas de tortura sin que el detenido perdiera el sentido.

6. Víctor Carcuro Correa

Médico de la CNI. Este doctor fue suspendido de sus derechos en el Colegio Medico por su participación en las torturas que culminaron con la muerte del transportista Mario Fernández López, en La Serena, en octubre de 1984.

7. Raúl Díaz Doll

Médico, funcionario de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud. Integró la comisión militar que investigaba la filiación política de los médicos. Organizó el soplonaje en el servicio y participó personalmente en los interrogatorios a los médicos detenidos y torturados.

8. Guido Mario Félix Díaz Paci, Pediatra.

Medico del Ejército y de la CNI. Oficial de sanidad militar del Ejército que participa de los hechos que culminaron con la muerte del transportista Mario Fernández López, en La Serena. Las causas de la muerte de Fernández López fueron las torturas sufridas en el cuartel de la CNI de dicha ciudad en octubre de 1984.

Cuando Mario Fernández debió ser trasladado al Hospital de La Serena, Díaz Paci mintió a los doctores de turno del Hospital, aduciendo que el detenido venía de una Tenencia de Carabineros y no de la CNI, solicitando a los médicos que ocultaran el estado del detenido. Una vez fallecido Fernández, el médico y agente CNI intentó que el facultativo que había operado de urgencia a la víctima falsificara el diagnóstico de su muerte, ocultando los verdaderos motivos del deceso. Por todas estas razones Guido Díaz Paci fue expulsado del Colegio Médico.

En 1974 participó en la exhumación del cuerpo de María Avalos, asesinada junto a su marido, Bernardo Lejdermann, en diciembre de 1973 por una patrulla del Regimiento Arica de La Serena. En el certificado de defunción aseguró que la mujer se había dinamitado.

Atiende en el Regimiento de Infantería N°21 "Arica" de la Segunda División de Ejército con base en La Serena, bajo el mando del General de Brigada José Gabriel Gaete Paredes. Mantiene consulta particular en esta ciudad.

9. José María Fuentealba Suazo

Médico del Ejército. El 27 de octubre de 1973 José Fuentealba participa en la comitiva que viaja a Río Mayo, en Argentina, para trasladar a 3 detenidos, Juan Vera, Néstor Castillo y José Rosendo Pérez, que habían sido capturados por Gendarmería argentina cuando escaparon en busca de refugio político. La comitiva iba al mando del Capitán Joaquín Molina Fuenzalida (asesinado por el hijo de Manuel Contreras) y también la integraban un carabinero de apellido Salinas y el suboficial Evaldo Reidlich Hains. Los tres prisioneros fueron subidos a un vehículo del Hospital Regional de Coyhaique y trasladados en dirección a Chile, pero nunca llegaron a destino. En abril del 2002, el juez del Primer Juzgado del Crimen de Coyhaique, Luis Sepúlveda, sometió a proceso a Fuentealba Suazo y al suboficial (R) de Carabineros Evaldo Reidlich Hains.

10. Alejandro Jorge Forero Alvarez, Cardiólogo

Registro Colegio Médico 9580-K. Comandante de Escuadrilla y médico que se desempeñaba al momento del golpe de Estado en el Hospital de la FACH. En 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina. En este lugar participa del Comando Conjunto, supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. Fue sometido a proceso por el juez Carlos Cerda en plena dictadura. Por estos días ha vuelto a ser requerido en nuevos procesos del Comando Conjunto.

Trabaja en la Clínica INDISA, Avenida Santa María 1810, fono 2254555. Consulta Particular Apoquindo 6275, oficina 116. Su última dirección conocida es Camino La brisa 14.199-2, Lo Barnechea. Teléfono 2161253. Registro de Colegio Médico 9580-K

11. Werner Gálvez

Médico pediatra, Coronel de Sanidad en Iquique. A comienzos del régimen militar aplicó inyecciones intravenosas de pentotal sódico, alternadamente con suero biológico, durante interrogatorios en esta ciudad.

12. Fernando Jara de la Maza

Médico traumatólogo de Valdivia. En los días posteriores al golpe militar participó directamente en la aplicación de tortura a detenidos.

13. Manfred Jurgensen Caesar, Medicina general.

Médico de la CNI.

Este médico, a la vez agente de la CNI, fue expulsado del Colegio Médico por su participación en torturas aplicadas a prisioneros en cuarteles clandestinos de este organismo represivo. Implicado en muerte de Federico Alvarez Santibáñez.

Trabaja en el Hospital Militar de Santiago. Consulta particular Hernando de Aguirre 194, oficina 301.

14. Luis Losada Fuenzalida

Médico de la CNI. También fue expulsado del Colegio Medico por su participación en las torturas que culminaron con la muerte del profesor Federico Álvarez Santibáñez. Una hora antes de la muerte de Álvarez Santibáñez, torturado en agosto de 1979 durante siete días en cuarteles secretos de la CNI en Santiago, firmó un informe en el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas.

15. Guido Minoletti

Médico de Carabineros, provincia de Concepción. Asesora a los torturadores de Fuerte Borgoño y extiende los certificados por muerte natural para encubrir los crímenes.

16. Vittorio Orvieto Teplizky,  Oftalmólogo.

Médico del Ejército. Cumple funciones de colaboración en las torturas cometidas en el Campo de Prisioneros Número Dos de Tejas Verdes. También participa en la Brigada de Salubridad de la DINA como director de la Clínica Santa Lucía.

Atiende en los centros Integramedica de Maipú, Av. Pajaritos 1605, teléfono 6366500, y en el de Plaza Oeste, ubicado en Américo Vespucio

 17. América González Figueroa, Tanatóloga

Contratada en dictadura para ejercer funciones en el Servicio Médico Legal, donde falseó la información sobre las causas de muerte de algunos ejecutados políticos. Entre los casos en que está implicada aparecen la muerte a causa de torturas de Carlos Godoy Echegoyen, que hizo aparecer como "muerte súbita", el asesinato de Cecilia Magni Camino, afirmando que se habría ahogado y ocultando los vestigios de tortura en su cuerpo, y el crimen del dirigente estudiantil DC Mario Martínez, que apareció en las costas de las Rocas de Santo Domingo luego de que fuera secuestrado en Santiago.

Otro "servicio a la patria" fue su participación en los exámenes que culminaron con el fraude de la demencia de Pinochet. En el último período, aún en el SML, fue designada jefe del Departamento de Tanatología y directora subrogante del servicio. El 21 de diciembre de 2000, poco después de que se comprobara su responsabilidad en la entrega equivocada de los cuerpos de tres jóvenes quemados al interior de la Cárcel de San Miguel, recibió una anotación de mérito en su hoja de vida firmada por el ministro de Justicia José Antonio Gómez, militante radical.

18. Jorge León Alessandri

Dentista, agente civil de la DINE, implicado en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez Alfaro.

19. Osvaldo Leyton Bahamondes

Médico de la DINA. Implicado en la muerte por torturas de Manuel Leyton Robles, agente de la DINA que fue asesinado por sus "colegas" al verse involucrado públicamente en el robo de una renoleta, trabajo encargado por su superior Germán Barriga Muñoz. El doctor Leyton Bahamondes firmó un certificado en el que el agente aparece como fallecido a causa de una crisis epiléptica y arritmia cardiaca en Almirante Barroso 76, ubicación de la clínica clandestina London.

20. Bernardo Purto.

Medico radiólogo de Melipilla. Junto al Fiscal militar de Melipilla tomó parte personalmente en las sesiones de tortura a prisioneros.

21. Luis Hernán Santibáñez Santelices.

Médico DINA. Integrante de la Brigada de Salubridad que funcionaba en la Clínica London (Almirante Barroso). Implicado en la desaparición de Juan Elías Cortés.

22. Hernán Horacio Taricco Lavín, Pediatra.

Médico DINA. Jefe de la Brigada de Salubridad que funcionaba en la Clínica London. Implicado en la muerte del agente DINA Manuel Jesús Leyton Robles.

Atiende los martes, jueves y viernes, de 12:00 a 14:30 horas, en el Centro Médico Militar de Maipú, ubicado en la Avenida Ramón Freire Nº6097, Villa Militar Oeste, Paradero 3 1/2 de Pajaritos, Comuna Estación Central. Teléfonos: 450 8564, 450 8565, 450 8566. Fax: 450 8563. Su última dirección conocida es en Tabancura 1278, teléfonos 2433425 y 2433444.

23. Hernán Tuane Escaff, Psicólogo

Aplicó Pentotal Sódico a los prisioneros para que éstos fueran interrogados por el Servicio de Investigaciones. Mantiene una consulta compartida en las inmediaciones del edificio Diego Portales.

24. Werner Zanghellini Martínez , Cardiólogo.

Director de la Clínica Santa Lucía entre 1975 y 1976. Es acusado por sobrevivientes de Villa Grimaldi de haber inyectado el virus de la rabia a Jorge Fuentes Alarcón, detenido desaparecido. Fue funado en su clínica particular de Galvarino Gallardo 1983, Providencia, y al día siguiente se cambió a una oficina cercana perteneciente a un familiar.

Ultima dirección conocida: Galvarino Gallardo 1983, Providencia. Ahora atiende sin publicidad en la consulta de un familiar, en la misma comuna.

25. Sergio Marcelo Virgilio Bocaz

Médico de la Brigada de Salubridad de la DINA, con labores en la clínica clandestina Santa Lucía, que continuó trabajando en el Comando de Logística de la CNI. Marcia Merino dice haberlo visto en publicidad de café y financieras.

26. Brigada de Salubridad de la DINA

Compuesta entre otros por los doctores Vittorio Orvietto, Werner Zanghellini, Hernán Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondez, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Hernán Santibáñez Santelices, Eduardo Contreras Balcarce, el ginecólogo Juan Pablo Figueroa Yáñez, el otorrino Eugenio Fantuzzi Alliende, el psiquiatra Roberto Lailhacar Chávez, el dentista Sergio Roberto Muñoz Bonta y la enfermera María Eliana Bolumburú Taboada. Otro médico, del cual sólo se sabe el apellido, es el psicólogo Bassaure.

27) Eugenio Fantuzzi Alliende, Otorrinolaringólogo.

Médico Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila, ubicada en Avenida Recoleta 464, Santiago. Consulta Particular en Luis Thayer Ojeda Norte 073, oficina 606, Providencia. Teléfono 233 7524. Fax 234 1740.

28) Juan Pablo Figueroa Yáñez, Ginecólogo y Obstetra.

Atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco, ubicada en el Parque Arauco. Avenida Kennedy 5413-B. Teléfono 2990299. Su última dirección conocida es Américo Vespucio Norte 1303, departamento 71, Vitacura. Teléfono 2069147.

29) Sergio Marcelo Virgilio Bocaz , Medicina general.

Aún se encuentra en funciones en el Hospital Félix Bulnes, ubicado en Leoncio Fernández 2655, Quinta Normal, Santiago. Su última dirección conocida es Tupungato 10.279, Vitacura. Teléfono 2154768.

30) Sergio Roberto Muñoz Bonta , Dentista.

Atiende público en el Hospital Barros Luco-Trudeau y en la consulta médica dental "San Lucas" de José Domingo Santa María 1338. Fonos 7377674 y 7379978.

31) Roberto Lailhacar Chávez , Psiquiatra.

Ex presidente de la Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual.. Atiende en Obispo Salas 290, Oficina 168. Fono 2239405. Su última dirección conocida es Los Ranchos 8763, Vitacura, teléfono 3262178.

(*) Pediatra, vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura  CECT-SE

La reapertura de la investigación judicial por el secuestro y muerte del niño de 6 años Rodrigo Anfruns Papi, ocurrido en junio de 1979, podría conducir a un espectacular vuelco en el caso y revelar la existencia de una tortuosa conspiración criminal que comprometería a varios de los principales jefes de los organismos de inteligencia y seguridad de la dictadura militar, que se enfrentaron en siniestras disputas de poder, dinero e influencias.
La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, tras una minuciosa revisión de las casi siete mil fojas del expediente, llegó a la convicción de que existen dudas más que razonables sobre la circunstancias de la muerte del menor, y ordenaron al juez Manuel Antonio Valderrama que realice una serie de diligencias para esclarecer las contradicciones en el proceso, en particular las referidas a la data de muerte de Rodrigo, dato fundamental que cambiaría drásticamente el curso de la investigación.
El ministro Valderrama resolvió, en julio de 2009, cerrar el sumario sin procesados y ratificar que el autor del crimen fue Patricio Pincheira Villalobos, entonces un joven de 16 años. Valderrama asumió la causa en marzo de 2007, luego que la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones ordenara reabrir el proceso que había cerrado la ministra Dobra Luksic. Ella no logró confirmar una versión del teniente (r) de Carabineros Jorge Rodríguez Márquez, quien acusó a miembros de Investigaciones de ser cómplices del crimen.
Ahora la Corte ordenó al juez Valderrama reabrir un expediente por el eventual delito de asociación ilícita, oficiar al Consejo de Defensa del Estado para que evalúe la posibilidad de hacerse parte en el proceso y otras 22 diligencias, entre ellas interrogar al general (r) Manuel Contreras, ex jefe de la Dina, al mayor (r) Alvaro Corbalán Castilla, ex jefe operativo de la CNI, y al mayor (r) Carlos Herrera Jiménez. Todos cumplen condenas por violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura.
El abogado Roberto Celedón, representante de la familia de la pequeña víctima, destacó la rigurosidad de la Corte de Apelaciones y destacó que “por primera vez” surgen esperanzas concretas de alcanzar la verdad. Rodrigo Anfruns, dice el abogado, no murió cuando se afirma. El niño fue una víctima inocente, utilizado como precio de una siniestra negociación sobre informaciones confidenciales y negocios turbios de los jefes de los servicios de inteligencia y seguridad de Pinochet. “Nuevos antecedentes, que hemos entregado al tribunal, nos permiten suponer que las negociaciones por la vida del menor no surtieron efecto, que el sujeto presionado no aceptó las condiciones impuestas y que entonces, Rodrigo fue asesinado”, manifestó a PF.
Un suboficial de Carabineros que cumple condena en Punta Peuco entregó un dato clave. Esa información indica que un grupo operativo de la CNI denominado “Grupo Apache”, integrado por cuatro agentes, viajó desde Viña del Mar a Santiago con la misión de secuestrar al niño Rodrigo Anfruns. Uno de los miembros del equipo habría sido el oficial de ejército Carlos Herrera Jiménez, apodado Mauro o Bocaccio, quien cumple condena perpetua por el asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez, entre otros delitos. El “Grupo Apache” se habría fusionado con detectives de las brigadas de Homicidios y de Asaltos de Investigaciones, que estaban adscritos a la CNI.
Las informaciones reunidas por el abogado Celedón lo inducen a sospechar que el secuestro y asesinato del niño Anfruns se enmarcó en una soterrada pugna por el control de los servicios de inteligencia, que se disputaban el favor del general Pinochet así como las fuentes de financiamiento clandestino del terrorismo de Estado. El general Contreras, quien se consideraba defenestrado ignominiosamente de la DINA; el general Odlanier Mena, al frente de la CNI; el general (r) Ernesto Baeza, director de Investigaciones -todos ellos del ejército-; y algunos mandos de Carabineros y de la Fach, que también aspiraban a mayor influencia, se enfrentaban sordamente en 1979 para conseguir el mando único de la represión.

Secuestro y muerte

En la tarde del domingo 3 de junio de 1979, Rodrigo Anfruns Papi, de 6 años, desapareció después de salir a jugar con otros niños frente a la casa de sus abuelos. Rodrigo era hijo del ingeniero Jaime Anfruns Stange y de Paola Papi Beyer. Miles de afiches con el rostro de Rodrigo tapizaron las vitrinas del comercio, taxis y microbuses. Influyentes familiares y amigos de los Anfruns Papi, como el coronel de Carabineros, Rodolfo Stange Oelckers, el animador de televisión Don Francisco, la ministra de Justicia, Mónica Madariaga y el hermano de la madre, Mario Papi Beyer, hicieron lo indecible para ubicar al menor, sin éxito.
En la mañana del jueves 14 de junio, once días después, Investigaciones anunció el esclarecimiento del caso. Los detectives, dijo el general Baeza, habían encontrado el cadáver desnudo del menor en un sitio baldío a metros de la casa de sus abuelos. La policía civil anunció que estaba detenido el presunto responsable del crimen: Patricio Pincheira Villalobos, de 16 años, a quien la prensa sólo identificó con las iniciales PPV.
El primero en manifestar dudas fue el abogado de la familia Anfruns, Mario Neumann, a quien el comisario José Opazo, jefe de la Brigada de Homicidios, que encabezó las pesquisas, respondió categóricamente: “Pongo mis 25 años de experiencia, mi placa y mi revólver sobre la mesa si las cosas no son como digo”. Según las conclusiones policiales, PPV asfixió a Rodrigo Anfruns al intentar violarlo y luego lo sepultó en un hoyo de unos 20 centímetros de profundidad, junto a la muralla que colindaba con la casa de los abuelos paternos.
Carabineros había rastreado los alrededores con perros. La abuela del niño, Nelly Beyer Bórquez, declaró en el proceso: “Me consta personalmente que el mismo día 3 de junio se rastreó el sitio eriazo que queda detrás de la casa (…) y no se encontró nada”. Los detectives argumentaron que los arbustos de palqui existentes en el lugar habían inhibido el olfato de los perros. No obstante, al día siguiente del hallazgo del cadáver, los carabineros volvieron a pesquisar el lugar y los perros demoraron sólo minutos en ubicar el sitio exacto donde había sido encontrado el cuerpo de Rodrigo.
El sargento de Carabineros José Alberto González declaró en el proceso: “Entre los lugares que recorrí dentro del sitio, estuve en el montículo en que más tarde se encontró al menor. Miré debajo de los arbustos y no vi rastro alguno del niño. No he podido comprender cómo pudo haber estado en el sitio donde fue hallado pues yo registré precisamente ese sector y no encontré rastro alguno”. Testigos como Andrés Nazar y un niño de 9 años, identificado por sus iniciales AML, dijeron haber visto a cuatro hombres subiendo a Rodrigo a un automóvil. Hasta ese lugar, precisamente, llegaban rastreando los perros policiales. Otra interrogante apuntaba a la ausencia total de insectos en el lugar donde el cuerpo habría permanecido, supuestamente, once días.

Autopsia irregular

El doctor Alberto Teke, de Investigaciones, llamó por teléfono a un hermano de Jaime Anfruns para informarle que la data de muerte de su sobrino no superaba los dos días. Lo mismo aseguró Lorenzo Reuss, del Instituto Médico Legal a la ministra de Justicia, Mónica Madariaga.
El primer informe de autopsia afirmó que la muerte había ocurrido cuatro días antes y que el niño presentaba quemaduras en el abdomen, en la boca y en los glúteos. Mostraba también señales de ataduras en los tobillos. En el estómago tenía trozos de carne y papas. Las paredes del estómago estaban constreñidas, indicando que estuvo varios días sin comer y luego fue forzado a hacerlo. La causa de la muerte, agregaba, era asfixia. Este primer informe fue desechado.
El informe oficial fue conocido el 15 de junio de 1979 y omitió la probable fecha de muerte. Esta autopsia, de modo inaudito, no fue refrendada por el médico jefe de Tanatología del Servicio Médico Legal, Julio Veas Ovalle. El forense afirmó más tarde que fue la única autopsia que no visó en sus 39 años de servicios. El 20 de junio se evacuó otro informe. Por primera vez fijó la data de muerte alrededor de 10 ó 12 días antes de la autopsia. Fue un ginecólogo del Hospital Militar, José Luis Vásquez, quien hizo esa autopsia. Ningún profesional del Servicio Médico Legal fue autorizado para eso por el director del organismo, Claudio Molina Fraga.
El 1º de diciembre de 1980, el doctor Julio Veas Ovalle entregó un informe que le solicitó el tribunal. Sostuvo que Rodrigo, al momento de ser hallado, no podía tener más de cuatro días de muerto. Agregó que las lesiones y quemaduras que presentaba el cadáver fueron causadas en vida del niño.
Otra incógnita fueron los restos de alimentos en el estómago de Rodrigo Anfruns. La abuela materna del niño, afirmó que tres días antes de que se encontrara el cadáver, el sicólogo de Investigaciones Hernán Tuane Escaff le preguntó por la última comida del niño. La señora Beyer declaró que pese a que la pregunta le pareció extraña, la respondió: carbonada. Días después, el informe oficial de autopsia menciona papas y carne sin digerir en el estómago del menor.

Dudas sobre el autor

PPV fue sometido a proceso por el ministro Ricardo Gálvez Blanco, magistrado que luego integró la Corte Suprema. Por haber actuado “sin discernimiento”, PPV fue recluido en centros de rehabilitación, hasta que recuperó su libertad en octubre de 1982. El jefe de la sección de sicología del Centro de Observación de Menores, Luis González Riffo, que lo examinó, atestiguó que “después de una serie de entrevistas sostenidas con el menor, queda la duda acerca de la participación directa en el hecho que se le imputa. El menor parece estar guardando u ocultando información para proteger a tercera o terceras personas”.
En una nota enviada a su madre, luego de su detención, el joven escribía: “Mamita, le juro por Dios que soy inocente. Estoy muy asustado. Tengo miedo que me vaya a pasar algo”. Meses después, en una grabación enviada a sus familiares, señalaba: “Jamás le digan a nadie que yo no he sido el culpable… Si hubiera dicho quienes fueron realmente, algo que ustedes jamás pensarían le pasaría a la familia… Si yo salgo algún día, siempre tendré miedo de andar por las calles, de saber que me pueden callar para siempre”.
En julio de 2009, la periodista Soledad Pino, autora del libro Una verdad pendiente, la desaparición de Rodrigo Anfruns Papi entrevistó, para La Nación, a Patricio Pincheira, hoy de 47 años.
“-¿Usted es culpable del crimen del niño Anfruns?-, inquirió la periodista.
-No, yo no maté a Rodrigo.
-¿Por qué se autoinculpó hace 30 años?
-Nunca tuve nada que ver con él. Esa supuesta confesión es falsa, yo nunca afirmé que haya matado a Rodrigo, ni nada parecido, recuerdo que dentro del cuartel me dijeron ‘confiesa y te podrás ir a tu casa’, pero ni siquiera ahí confesé. Me han dicho que se supone que yo confesé ante el ministro (Ricardo) Gálvez y alguien más, pero no me acuerdo de eso. Además, la firma que está puesta en esa supuesta declaración ni siquiera es mía, yo no tenía firma en esa época”.

La Dina en correos

Las dudas del abogado Mario Neumann, en la medida que transcurrieron las primeras semanas de la investigación judicial, se transformaron en convicción: “Pienso que el móvil fue venganza”, repetía a los reporteros. En los años siguientes no quiso referirse al tema: tuvo que enfrentar numerosas amenazas anónimas y al intento de secuestro de uno de sus hijos.
La primera pista para la hipótesis de una venganza la proporcionó la revista Qué Pasa, el 21 de junio de 1979, cuando señaló que “rumores no confirmados, indican que el coronel (r) Alberto Irazábal, casado en segundas nupcias con la abuela paterna de Rodrigo, mientras se desempeñó como subdirector de Correos habría practicado un sumario interno por irregularidades y de cuya investigación habría resultado comprobada la participación de algunos funcionarios”.
Poco antes de la desaparición de Rodrigo, apareció en Las Ultimas Noticias la información de ese sumario que afectó a Mario Ernesto Farías Bandera, Manuel Jesús Lara González, Jorge Perley Muñoz, Edmundo Amaro y Guillermo Picardo Olivos. Fueron acusados de violar la correspondencia y apropiarse de valores. Según el periodista Víctor Osorio, esos funcionarios habían sido impuestos por Manuel Contreras, el jefe de la Dina, y “además de violar la correspondencia desde 1974, fotografiaban las cartas de ministros, jueces y altos fucionarios”.
El coronel Alberto Irazábal tenía un hijo de un anterior matrimonio, el capitán de ejército Luis Irazábal Lobo, experto en energía nuclear, ex miembro de la Dina y en comisión de servicios en la CNI. Ese oficial tenía un hijo casi de la misma edad de Rodrigo Anfruns. Algunos fines de semana lo dejaba al cuidado de su padre, donde, en muchas ocasiones, jugaba con el niño Anfruns cuando visitaba a su abuela. Ese domingo 3 de junio, sin embargo, Rodrigo estaba solo.
Tras el crimen de Rodrigo, el capitán Luis Irazábal Lobo prometió todo tipo de ayuda a la familia. Pero a los pocos días, se marchó con su familia a España -incluida su suegra, que era secretaria del general Ernesto Baeza en Investigaciones-. Irazábal -después de dos años en Europa- prosiguió su carrera en el ejército vinculada al negocio de las armas. Entre 1990 y 1992 dirigió la Academia Politécnica Militar y más tarde fue director de Famae. En esa calidad acompañó a Pinochet, en 1995, en su viaje a Inglaterra y Malasia. También encabezó una delegación militar que visitó al ex dictador detenido en Londres, en 1999.

Gritos en un subterráneo

En agosto de 1980 el general Ernesto Baeza renunció a la dirección de Investigaciones por su responsabilidad en los crímenes del Comando de Vengadores de Mártires (Covema), autor del asesinato del estudiante de periodismo de la Universidad Católica, Eduardo Jara, y de diversos secuestros y torturas.
Poco antes, unos sesenta detectives habían sido reunidos para investigar -junto a la Brigada Azul de la CNI- el asesinato del coronel Roger Vergara, jefe de Inteligencia del ejército, perpetrado por un comando del MIR en julio de 1980. Muchos de los policías convocados habían trabajado en el caso Anfruns y algunos advirtieron a José Opazo, jefe de la BH, que no se involucrara con demasiado celo en la nueva tarea.
Un inspector agregado a la CNI, cuya chapa era Marcos Roa, le dijo:
-¡No te metai en huevás, Opazo! La CNI sabe quiénes fueron.
“Roa” era muy amigo de Roberto Fuentes Morrison, El Wally, que había sido jefe operativo del Comando Conjunto. Cuando el policía estaba en la IV Comisaría Judicial, en la Plaza Almagro, se le “prestaba gente” a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea.
Opazo y “Roa” comentaron que el coronel Roger Vergara investigaba una cuantiosa falsificación del IVA en que aparecían envueltos el general Manuel Contreras y varios integrantes de “La Tía”, como apodaban los policías a la Dina.
Esa noche, Opazo formó su equipo. Entre ellos acordaron usar chapas o sus respectivos apodos: Arafat, Chancho, Torito, Foca Loca, Huaso, Búho, entre otros alias. También estaba un tal “Starky”. Aquella chapa pertenecía a uno de los cuatro hombres que en 1979 conformaron el “Grupo Apache”, que viajó desde Viña del Mar para secuestrar al niño Rodrigo Anfruns en Santiago.
Estas y otras pistas, que conducen a los autores materiales e intelectuales del asesinato del niño Anfruns, y a los sórdidos móviles del crimen, son las que seguirá ahora la justicia. El abogado Roberto Celedón está optimista: cree que los nuevos antecedentes que ha entregado a la Corte despejarán de una vez y para siempre uno de los más horrorosos crímenes de la dictadura militar

Pocos meses después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, los expertos de la "guerra sicológica de penetración" del régimen de Augusto Pinochet hicieron sonar la alarma. Habían detectado que el apoyo de la población a los militares estaba en peligro y que, con cierta indiferencia, los habitantes comenzaron a olvidar lo vivido en los días previos y posteriores al golpe, y se empezaron a preocupar más de rearmar sus vidas que de alabar y buscar vínculos con quienes ahora tenían el poder.

Constataron también mediante "análisis de encuestas, sondeos de opinión pública y estudios de reacciones inconscientes", que si bien el gobierno de Salvador Allende había sido destruido, las ideas fundamentales que lo inspiraron se mantenían vivas, "manifestándose a nivel de rumores explicaciones del fracaso de la vía chilena hacia el socialismo donde, sintomáticamente, se protege el esquema ideológico marxista", según dijeron en el documento "Campaña de penetración psicológica masiva" que hicieron llegar a Pinochet y al resto de la Junta Militar.

Esto significó que, a pesar de todo lo que ya se había hecho para infundir el miedo, incluído la formación de la DINA en las primeras semanas después del golpe y el viaje de la Caravana de la Muerte en octubre de 1973, por primera vez apareció a fines de ese año al interior del régimen el temor de que las ideas que sustentaron el gobierno de la Unidad Popular, así como sus organizaciones, pudiesen volver a hacer "su aparición en forma paulatina, aumentando con ello su grado de peligrosidad".

Estos documentos caratulados como "Secretos", "Confidenciales" y "Reservados", cuyos autores operaron desde las primeras semanas posteriores al 11 de septiembre en el Departamento de Sicología de la Dirección de Relaciones Humanas al mando del sicólogo Hernán Tuane Escaff, instalados en el ministerio Secretaría General de Gobierno bajo el general Pedro Ewing Hodar, permanecían hasta ahora desconocidos por la opinión pública.

Ellos ayudan a explicar algunos de los orígenes de lo que efectivamente ocurrió en el país, en la calle, en los centros de detención, en los hogares y en los medios de comunicación, y permiten conocer de dónde nacieron algunas de las ideas y acciones que Pinochet y el resto de la Junta Militar llevaron a la práctica.

El equipo de apoyo de Pinochet y la Junta verificó también, argumentando que "las masas olvidan pronto", que esa actitud de indiferencia de la población ante lo que ocurría, la que comenzaron a percibir a pocos meses del derrocamiento de Salvador Allende, "se traduce en una falta de compromiso y adhesión real para con los planes de la reconstrucción, esfuerzo y laboriosidad en que está empeñado el gobierno".

"Esta masa ciudadana, al no estar comprometida responsablemente con los preceptos, significado y el actuar de los miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros, se constituyen a la postre en verdaderos lastres críticos y obstáculos para la acción gubernativa", dijeron los ideólogos que, ante lo descubierto, planificaron reencantar a la ciudadanía manipulando sus sentimientos, afirmando en marzo de 1974 que "creemos imprescindible reactualizar un programa de acción de guerra psicológica realizado por esta Dirección el 19 de noviembre de 1973".

Programando las mentes
Los especialistas de Tuane resolvieron entonces que había que dar curso a una "guerra sicológica de penetración" a nivel de lo más instintivo del ser humano, desatando a través de una campaña los sentimientos traumáticos de "angustia", "neurosis", "tragedia", "inseguridad", "peligro" y "miedo".

"La masa está capacitada para comprender sólo imágenes simples y es necesario tener focalizada su atención, pero no hay que saturarla", recomendaron los expertos a los gobernantes.

Uno de los ejemplos que dieron para justificar que la campaña debía apuntar al centro de las emociones de los chilenos, fue que "si bien no podemos pretender que un ladrón no hurte en función de el deber de no hacerlo, podemos evitar que robe bajo amenazas de castigos angustiosos severos, ya que su temor instintivo es más fuerte que su acción delictual".

Si bien esas "amenazas de castigos angustiosos" ya se habían comenzado a hacer realidad mediante los operativos represivos que se desataron desde las primeras horas de producido el golpe militar, los destinatarios de estos mensajes verían cómo ellos se incentivarían con el correr de los meses.

El objetivo final de esa campaña también estaba trazado: "como consecuencia de esta campaña, se debe llegar a que el gobierno militar actual vuelva a emerger ante las mentes ciudadanas como única solución a ese problema llamado marxismo", dijeron los expertos.

Llegaron a plantear que para desacreditar la imagen de Salvador Allende, había que mostrar "imágenes simples que por sí solas den cuenta de la idea que se expresa, como por ejemplo la perrera de Tomás Moro (casa de Allende), comparada con viviendas callampas".

Como justificación para realizar la campaña dijeron que, por el contrario, "al recurrir al sistema de la realidad como motivadora, los logros que se obtendrán serán los mínimos".

Desatar la angustia

"Con asombro hemos visto que a sólo seis meses del pronunciamiento militar que impactó a la ciudadanía como una acción salvadora inobjetable y requerida por la gran mayoría, esta misma masa ciudadana ha olvidado las circunstancias previas al 11 de septiembre. El ciudadano común ha olvidado aceleradamente las circunstancias de peligro que significó el marxismo y, confiado, se ha entregado a una "vida normal" bajo el amparo y protección de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Es como si no quisieran aceptar que estamos en guerra, pese a los anuncios de las esferas oficiales", informaron los hombres de la guerra sicológica en el documento "Campaña de penetración psicológica masiva".

"Es imprescindible reactivarles entonces los instantes angustiosos y trágicos previos al pronunciamiento militar, porque es una de las formas de incorporarlos a apoyar los planes del gobierno. La campaña tiene como objetivo fundamental actualizar los factores neurotizantes que traumatizaron al ciudadano chileno durante el régimen de la UP, y que en muchos casos actualmente han olvidado", dijeron los intelectuales de la campaña.

Pero, además, trazaron otra línea de acción afirmando que todo ello se podía lograr sólo si se destruía a quienes habían sostenido el gobierno de Salvador Allende y sus ideas.

"Para lo anterior es imperioso destruir los pilares ideológicos que, directa o indirectamente, gestaron el anterior gobierno marxista. Es conveniente asimismo socavar la imagen de los políticos tradicionales que no fueron capaces de oponerse al marxismo. Este plan de penetración sicológica masiva pretende a la luz de lo padecido por la población, destruir la doctrina marxista", propusieron a Pinochet y la Junta.

Para llevar a la práctica esto último diseñaron el siguiente esquema de asociación de ideas que debía hacerse penetrar en la población a través de la difusión en los medios de comunicación:

"MARXISMO=violencia=escasez=escándalo=angustia=peligro de muerte.

JUNTA MILITAR=factor terapéutico=bienestar=solución a los problemas=progreso=Patria".

El temor a la izquierda
En el documento caratulado como "Secreto" y titulado "Preparación sicológica de la población para contrarestar la Acción Marxista", que se había enviado a Pinochet y la Junta el 19 de noviembre de 1973, los autores de la guerra sicológica sostuvieron que uno de los principales temores era que militantes y dirigentes de los partidos y movimientos de la izquierda -reorganizados luego del repliegue por "el temor paralizante de la acción bélica" que las fuerzas militares lanzaron en su contra intensamente en los primeros días posteriores al 11-, comenzaran a ganar espacios entre los habitantes, fundamentalmente "por la vía pacífica, destinada a capitalizar el descontento o cualquier tipo de forma de insatisfacción, postergación de anhelos o deformación de las auténticas espectativas".

A la vez, advirtieron a los jefes militares que la izquierda podía comenzar a infiltrar a los partidos políticos no marxistas, y "a las organizaciones estudiantiles, centros de padres, gremios, religiosas, deportivas, etc… En general, toda organización que les permita cierto poder de masa".

"Establecerán metas de lucha que puedan atraer al mayor número de adherentes. Estos objetivos se realizarán a través de plantear logros de "libertad", "justicia social", derrota del "militarismo", "lucha contra el estado policial" y "no aceptación del estado fascista", tratando de aglutinar al mayor número de personas no importando su posición política o credo religioso", escribieron en este documento.

Enseguida dijeron a quienes conformaban la cúpula del gobierno cuatripartito que, ante este escenario, "se hace necesario preparar sicológicamente a la población antes de que éstos hechos se presenten, de modo que estos elementos activistas no puedan contar con el apoyo ciudadano".

Frases cortas, ideas claras

"Para lograr estos objetivos se sugieren dos líneas de trabajo: primero, una lucha contra el movimiento UP en general. Esta campaña tendrá como finalidad la obtención de estos vínculos:

Marxismo (UP) equivalente a Mentira.

Marxismo (UP) igual Traición.

Marxismo (UP) igual Corrupción.

Segundo, una campaña contra del extremismo:

Extremismo igual Anti-Chileno

Extremismo igual Mercenarios

Extremismo igual Inseguridad

Extremismo igual Peligro

Extremismo igual Pérdida de Libertad", planificaron los autores de la guerra sicológica.

Para alcanzar estos objetivos concientizadores determinaron actuar "mediante formas sencillas, con un lenguaje directo que fácilmente llegue a la masa, con frases cortas e ideas claras, a semejanza de lo realizado en días posteriores al 11 de septiembre en la Guerra Sicológica, donde se dejó en evidencia el contraste entre lo publicitario de la UP y su realidad interna".

Los expertos dijeron que era necesario introducir los mensajes "a través de consignas repetitivas, porque es necesario aclarar que lo repetitivo es la idea involucrada, debiéndose cada cierto tiempo cambiar las imágenes o los ejemplos que acompañan a la idea que se trata de depositar en la mente individual y colectiva".

Peligrosa reconciliación
En otro documento "Reservado" del Departamento de Sicología de la Dirección de Relaciones Humanas del ministerio Secretaría General de Gobierno de fecha 6 de junio de 1974 titulado "Sobre la necesidad de realizar una campaña sicológica masiva tendiente a destruir al marxismo como ideología", enviado, entre otros, al general Pedro Ewing, ministro Secretario General de Gobierno en esa época, y al jefe del Comité Asesor de la Junta general Julio Canessa, se advirtió que "podemos asegurar que los efectos de la máquina publicitaria de la Unidad Popular están latentes en los chilenos".

En ese escenario, los ideólogos alertaron que, respecto de la relación de la población con el régimen militar, si bien se mostraban signos de respaldo "se le hace difícil a la población hacer trascender su apoyo. Así, la idea marxista sigue vigente".

Ante ello sostuvieron que "se hace clara la necesidad de desconcientizar primero -entiéndase una prolongada campaña tendiente a destruir la ideología marxista- y concientizar después, en un sentido positivo y de acuerdo a los postulados o principios del Gobierno de Chile".

No obstante, llamaron la atención acerca de algunos riesgos que esta guerra tendría.

"La realización de una campaña destructora de la ideología marxista traerá como resultado inevitable acciones tendientes a entrabarla, o lisa y llanamente suprimirla. Igualmente, como contraposición a ésta misma, se proclamarán campañas en base a la solidaridad o en pro de la reconciliación", advirtieron.

"Analicemos el término reconciliación que significa volver a conciliarse, estar de acuerdo con otro mediante un acuerdo. Por lo tanto, se plantearía así el absurdo y el contrasentido de que en el plano interno el Gobierno conciliara, mientras los marxistas en el exterior y en el interior atacan a la autoridad establecida", dijeron, previendo, por ejemplo, el temprano trabajo que iniciaron las iglesias, en especial la católica, para defender los derechos esenciales de quienes el régimen había resuelto destruir.

La necesaria DINA
Los documentos ayudan a comprender el por qué del plan sistemático implementado para aniquilar orgánica y físicamente a "los enemigos" en la "guerra" que se vivía. Así, se entiende que el exterminio de la izquierda que operó desde los primeros días después del golpe, fue también producto del miedo generado al interior del régimen de que sus "enemigos principales" pudiesen volver a emerger con renovadas fuerzas, poniendo en peligro la estabilidad del totalitarismo que se comenzaba a construir. Frente a ese temor, la creación de la DINA de Manuel Contreras fue lo que aseguró a Pinochet sentir que nadie -tampoco dentro de la Junta Militar ni del Ejército u otra rama de las Fuerzas Armadas-, le cuestionaría el poder absoluto que, a poco andar, concentró en sus únicas manos.

Enseñando a engañar

En otro documento de nombre "Orientación sicológica para los planes de difusión del Gobierno", los hombres de Tuane explican que "toda propaganda debe responder a un programa planeado como una totalidad. Es decir, insertado dentro de un plan de acción general para fines públicos a través de cualquier tipo de comunicación que produzca efecto en el intelecto y emociones de la masa ciudadana".

A modo de ejemplo para graficar a los gobernantes cómo debían introducirse las ideas que estaban destinadas a penetrar en los sentimientos de los ciudadanos, los diseñadores recordaron "el plan realizado por esta Dirección en relación a mitigar el efecto del alza del costo de la vida".

"El plan constaba de tres fases. La primera ponía énfasis en una crisis económica mundial. Era la primera idea. La segunda idea hablaba de la crisis mundial, pero se hacía hincapié en las repercusiones en los países subdesarrollados y de América Latina, sin mencionar a Chile. Es decir, se sumaba a la idea de la crisis mundial las consecuencias que de ello se derivaban para el resto del mundo. Esta segunda idea facilita la tercera, porque al decir países latinoamericanos está inserto Chile en forma subliminal. Por último, en la tercera idea se mencionaba a Chile como víctima de lo anterior, pero marginando al actual gobierno de toda responsabilidad. A ello se terminaba agregando que esta crisis habría sido más grave en caso de haber continuado el gobierno de la Unidad Popular. La tercera idea queda ligada con la primera, habiéndola remarcado previamente con la segunda idea, debilitando la responsabilidad interna del actual gobierno", explicaron los autores a los gobernantes.

El pan para el apoyo
En junio de 1974, Hernán Tuane y su equipo advirtieron ahora a los gobernantes acerca del impacto negativo que tendría la proyectada alza del pan en el apoyo de la población al régimen, nivel en el que, como ya se ha visto, se detectaban problemas serios.

En el documento timbrado "Confidencial" titulado "Importancia sicológico-social de que no hayan más alzas del precio del pan", los expertos de la guerra sicológica partieron recordando a Pinochet y la Junta una frase bíblica: "Ganarás el pan con el sudor de tu frente", escribieron en el encabezamiento.

Y a continuación entregaron toda una argumentación para reforzar la idea de que el pan era para las clases más desposeídas el alimento diario fundamental.

"Al subir el costo del pan que es el alimento base de las clases más desposeídas y, por lo tanto, el sustento más directo que les permite su existencia, se generará toda una serie de fantasías en relación a otros productos, y no sólo de los alimentos", argumentaron.

Y luego lanzaron la advertencia principal, que era lo que interesaba evitar: "en las actuales circunstancias, al aceptarse el alza del precio del pan producirá en la mente del individuo un desasosiego, inquietud o desconcierto, que puede llegar al punto de decepcionarlo y dudar de los planes de acción del gobierno".

Haciendo un recordatorio de otras alzas que se estaban produciendo por esos meses (1974), dijeron que "como una manera de aminorar los efectos que en general las alzas de precios tienen en la masa consumidora, y específicamente en los asalariados, es que estimamos, desde el punto de vista de la sicología social, de imprescindible conveniencia solventar de alguna manera esta alza de precios para el consumidor".

Luego siguieron advirtiendo: "se ha llegado desde el punto de vista de la sicología de las masas a un punto crítico en cuanto a la capacidad para resistir el aumento del costo de la vida, y si bien es cierto que en los planes de estabilización el trigo tiene una importante incidencia de carácter económico para el país, no es menos efectivo que sería de desastrozas consecuencias el seguir produciendo un distanciamiento con los factores de índole social".

"El pan tiene para el gobierno más implicancias sociales que económicas, y es altamente aconsejable que se busque la forma que, en lo posible, no aumente su precio", recomendaron los especialistas.

También el azúcar
Pero eso no había sido todo, porque también se había manipulado el alza del azúcar para buscar apoyo al régimen.

"Así como durante algunos meses fue aconsejable desde el punto de vista sico-político no alzar el valor del azúcar, y reconocemos que se hizo con detrimento en algún grado de los planes económicos, es que ahora recalcamos la imperiosa necesidad de que el pan, en lo posible, no sufra modificaciones en su valor", dijeron a los jefes militares.

Abundando en el peligro de las alzas de precios, advirtieron que, incluso, "no sería extraño que ésto fuese aprovechado por los enemigos del gobierno para rumorear que la Junta está castigando a aquellas personas que fueron adictas al ex régimen marxista: los más pobres".

Si esta vez no era posible frenar el alza del pan, recomendaron que entonces se otorgara un bono como "bonificación de pan", "semejante al que los trabajadores reciben por concepto de movilización". Además recomendaron entregar pan a los escolares en aquellas comunas de menos ingresos.

El documento finalizó insistiendo en el peligro de la pérdida de apoyo al régimen: "estimamos que políticas sociales de esta índole serán recibidas con el mayor beneplácito por los sectores más necesitados, y bien vale la pena intentarlas cuando el riesgo de pérdida de adhesión al gobierno está en juego, aún cuando los planes económicos de recuperación nacional aparentemente se retrasen. En las actuales circunstancias en que se está percibiendo un clamor público por las alzas de precios, bien vale la pena este esfuerzo", plantearon los hombres de Tuane Escaff.

El miedo con que la dictadura quería mantener el apoyo ciuidadano, emergía de sus propios miedos.

Existen actividades y profesiones que involucran por definición el servicio a las personas. Las llamadas “disciplinas humanistas” y “sociales” suponen la vocación de ayuda y búsqueda del bienestar tanto individual como colectivo. En tal sentido, el irrestricto apego a las normas éticas como principio fundamental del ejercicio profesional se presenta como un imperativo ineludible. Desde esta lógica, diferentes colegios profesionales han elaborado códigos de ética que recogen esta necesidad de regulación y que orientan cualquier actuación.

En nuestra historia país no tan lejana, muchos profesionales de estas disciplinas debieron desempeñarse en condiciones extremadamente difíciles, en un contexto sociopolítico que no pocas veces puso en jaque la ética profesional. Durante la dictadura muchísimos médicos, profesores, psicólogos, abogados, jueces, hicieron decisiones bajo un entramado férreamente controlado por las fuerzas represivas de la época. Sin duda, que el trabajo de muchos se transformó en un esfuerzo aún mayor del que cabía esperar, toda vez que la vida misma estaba en juego.

Desgraciadamente, hubo profesionales que claudicaron los principios éticos, algunas veces tal vez anulados por el terror, otros sin embargo, fueron presa de concepciones desdibujadas y distorsionadas del ser humano y el ideario de sociedad que se impuso bajo la fuerza. Bajo este marco fue que algunos médicos y psicólogos pusieron su conocimiento técnico a disposición del aparato represivo en los tiempos de la dictadura militar para llevar a cabo las maniobras de terror que dejaron miles de víctimas.

El Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech, 2005) ha acreditado la participación de médicos y profesionales de la salud en el asesoramiento de prácticas de tortura con detenidos políticos, siendo crucial en los episodios de aplicación de descargas eléctricas, donde la “labor profesional” se orientó a supervisar niveles de voltaje administrados, y, tal como lo han revelado las propias víctimas con sus testimonios recientes, experimentar con los niveles de tolerancia de sus cuerpos, práctica absolutamente contraria a procurar el bienestar y la salud.

Ante estas revelaciones, el colegio médico de Chile se constituye en el primer gremio profesional en condenar la participación de sus colegas en este tipo de actuaciones. Al respecto, las propias víctimas han logrado identificar a algunos médicos y también enfermeras que colaboraron activamente con los agentes de la represión en nuestro país. También se hizo parte hace algunos años en la denuncia y sanción pública, el Tribunal de Ética y Disciplina del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas, el que sancionó a tres miembros de la orden por participar en la producción de noticias falsas, cuyo caso emblemático lo constituye el montaje conocido como Operación Colombo o Caso de Los 119, orquestado por los servicios de inteligencia de la dictadura militar en junio de 1975, que hizo aparecer a las víctimas como muertas en enfrentamientos, en circunstancias que habían sido asesinados por agentes del gobierno.

Sin duda, que estas acciones, que aunque muchas veces solo puedan quedarse en el plano de lo simbólico, contribuyen a establecer la verdad y restituir tanto las confianzas como el compromiso del mundo profesional hacia una ética humanista, defensora de la vida y de la dignidad de las personas.

Existe aún, sin embargo, otro ámbito disciplinar que merece atención y que ha sido poco visibilizado. Diferentes testimonios de testigos de la época y también diferentes investigaciones periodísticas han revelado las actuaciones de profesionales del ámbito de la psiquiatría y psicología –de manera paradojal las disciplinas más directamente vinculadas a la salud mental. Específicamente, el gremio de psicólogos ha evitado investigar y referirse a las denuncias y testimonios que vinculan al profesional Hernán Tuane Escaff, reconocido psicólogo para los tiempos de la dictadura y quien mantuvo y desarrolló diversas actuaciones al servicio de ese gobierno.

El colegio de psicólogos ha argumentado la dificultad para acreditar los hechos en que este profesional aparece sindicado. No obstante, existen testimonios de ex prisioneros políticos y hasta de un ex agente de la CNI –Andrés Valenzuela– que establecen clara vinculación de psicólogos en el trabajo de asesoramiento de la DINA Y CNI. Respecto de Tuane, su colaboración con el gobierno era pública para la época, por lo cual fue identificado por algunos prisioneros durante los interrogatorios ejecutados en centros de tortura. Se sabe que mantuvo un cargo de importancia en la secretaría general de Gobierno durante los primeros años de la dictadura. Su área de especialización declarada parece ser la criminología por cuanto aparece ligado a Policía de Investigaciones (PDI). Dentro de su trayectoria profesional se encuentra el haber dictado cursos de capacitación para este organismo, capacitaciones que según sus propias palabras, estaban orientadas a introducir el rigor científico en las técnicas de interrogatorio. Esta actividad laboral, le habría significado el cuestionamiento de sus alumnos de la cátedra de “Técnicas de Tratamiento Psicológico”, en su calidad de docente en la carrera de Psicología de la Universidad de Chile, hecho que aparece mencionado en la prensa de la época.

Sin embargo, pasa a ganar reconocimiento público desde su participación destacada en uno de los casos -en la época llamado policial- más oscuros de nuestra historia. Se trata del secuestro, desaparición, y asesinato de un niño de tan solo seis años de edad: Rodrigo Anfruns Papi. A más de 33 años de ocurrido, el caso aún es motivo de investigación, pese a haber sido cerrado por los tribunales en tres ocasiones. La razón por la que la familia aún presiona para su esclarecimiento se relaciona con la multiplicidad de enigmas y preguntas sin respuesta que quedan aún rondando, en donde el psicólogo Tuane aparece involucrado. Quienes conocen el caso, saben que Rodrigo en junio del año 1979 desaparece misteriosamente del antejardín de la casa de su abuela para aparecer muerto en un sitio eriazo luego de 11 días de intensa búsqueda, encontrándose el cuerpo en un lugar ampliamente registrado en forma previa. Esta contradicción fue esclarecida en el año 2011 cuando un ex carabinero que participó de la búsqueda confesó a la madre de Rodrigo haber visto a agentes de la CNI depositar el cuerpo del niño, horas previas al hallazgo del cadáver.

Consta en la información del caso y en expediente judicial de la causa –que estuvo misteriosamente extraviado– que el Sr. Tuane colaboró como asesor directo de la policía en la investigación del hecho y fue él quien, supuestamente mediante hipnosis, recibiera la confesión del único inculpado, el entonces adolescente de 16 años Patricio Pincheira, quien en su condición de menor de edad termina siendo declarado sin discernimiento y derivado a una institución de menores de la época. En declaraciones recientes, Pincheira relata haber sido interrogado y sometido a apremios ilegítimos y amenazas por parte de la policía, como maniobras para obligarlo a confesar algo que él no había hecho.

Tuane, a propósito de su rol protagónico en la resolución del caso, escribe un libro titulado "Rodrigo: Una interpretación criminológica", publicado por Editorial Planeta Chilena, en 1982. Sin embargo, su planteamiento nunca ha sido acogido por los familiares de la víctima. Paola Papi, madre del niño, ha sido enfática en señalar que ese texto le parece una validación de la versión oficial del caso, la que hoy aparece cuestionada. Respecto de Tuane y sus declaraciones, en el fallo de la corte de Apelaciones de Santiago del uno de abril de 2010 se concluye que en su declaración constan marcadas contradicciones, como por ejemplo la obtención de un dibujo de Pincheira con escritura en inglés, en circunstancias que el niño no manejaba ese idioma. Estos antecedentes permiten introducir serias sospechas respecto del grado de participación que le pudiera caber en la distorsión de la verdad en un caso altamente sensible y para el que se maneja la tesis del móvil político.

Otros antecedentes de su trayectoria ligada a la dictadura se relacionan con el asesoramiento en materia de manejo y manipulación de la opinión pública. Su nombre aparece en una serie de documentos caratulados como "Campaña de penetración sicológica masiva", los cuales fueron encontrados en un subterráneo de La Moneda en el año 2004. Estos documentos, con firma de Tuane, tienen data del 19 de noviembre de 1973 y fueron dirigidos a la Junta militar bajo el título “Sobre la necesidad de realizar una campaña psicológico-masiva tendiente a destruir el marxismo como ideología”. En definitiva corresponde a un trabajo encargado en el contexto del cargo que este psicólogo desempeñaba en el Departamento de Relaciones humanas de la Secretaría General de Gobierno. En estos escritos Tuane y sus colaboradores sugirieron el temor de que militantes y dirigentes políticos de la Unidad Popular comenzaran a ganar espacios entre los habitantes, fundamentalmente "por la vía pacífica”, ante lo cual sugerían la necesidad de llevar adelante una campaña de adoctrinamiento de la población. Esta operación tenía como objetivo mantener a la población bajo "la amenaza de castigos angustiosos" para que vieran al gobierno militar "como única solución al problema llamado marxismo". Expresa Tuane en estos escritos: “La campaña tiene como objetivo fundamental actualizar los factoresneurotizantes que traumatizaron al ciudadano Chileno durante el régimen de la UP.”

Bajo este esquema es posible visualizar la utilización de conocimientos derivados de la psicología social tales como herramientas de persuasión que fueron puestos al servicio de un diseño ideológico que buscaba legitimar el orden dictatorial impuesto. Sin duda se pueden leer reminiscencias de la maquinaria persuasiva de quien fuera artífice de propaganda de Hitler, el icónico Goebbels. Los principios doctrinarios aplicados por Tuane son los mismos, persuadir mediante la manipulación psicológica con el objetivo de introducir una ideología en la población y así obtener el apoyo irrestricto. Sin duda, una psicología muy lejana al ideario del bienestar colectivo y de promoción de la dignidad de las personas. Es por ello que, en una época como la que vivimos, en que poco a poco como país y sociedad hemos comenzado a asumir estas verdades largamente negadas y manipuladas, se hace urgente fijar los parámetros del actuar ético en pos de educar a las nuevas generaciones y garantizar que nuestra dolorosa historia de ignominia y salvajismo no se vuelva a repetir. Solo la memoria nos puede librar de incurrir en el camino traumático que transitáramos durante tantos años. En mi calidad de psicóloga, profesional de la salud mental y habiendo ejercido la docencia universitaria miro con preocupación y espanto las malas prácticas que involucran la utilización del conocimiento disciplinar para fines contrarios al servicio a las personas y a la promoción de sus derechos esenciales. Señalo enfáticamente que la disciplina de la psicología no puede estar al servicio de ideologías contrarias al desarrollo integral del ser humano ni prestarse para validar y legitimar el poder, menos por la vía de causar sufrimiento a personas, en circunstancias que precisamente debemos apuntar al alivio del sufrimiento humano y la promoción de sus derechos fundamentales.