Trujillo Miranda Otto Silvio

La jueza Cecilia Flores Sanhueza, quien investiga casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos al interior del Cerro Chena, San Bernardo, dictó ayer en la tarde los primeros autos de procesamiento producto de su labor como jueza de dedicación exclusiva en casos de detenidos desaparecidos.
Flores, titular del Primer Juzgado de Letras de San Bernardo, encausó, por los delitos de asociación ilícita y secuestro, a un total de 10 personas. Cuatro son oficiales en retiro de la Escuela de Infantería del cerro Chena: Magaña Bau, Alfonso Faúndez, Víctor Pinto y Sergio Rodríguez. Un quinto, Sergio Ávila Quiroga, fue funcionario de la Sexta Comisaría de Carabineros de San Bernardo.
Los otros cinco corresponden a ex miembros del Comando Conjunto, la mayoría de los cuales ya se encuentran procesados por el juez del 25 ° Juzgado del Crimen de Santiago, Carlos Hasbún. Se trata de Otto Trujillo, Manuel Muñoz Gamboa, Eduardo Cartagena Maldonado, César Palma Riquelme y Fernando Zúñiga Canales.
Los procesamientos dictados por la jueza Flores –informados por el diario La Hora- corresponden a la investigación que lleva por la desaparición del joven militante comunista David Edison Urrutia Galaz. También, por el secuestro del dirigente sindical
Manuel Ahumada Lillo y el hijo del gobernador de San Bernardo en la época, Fernando Ávila Alarcón

El juez con dedicación exclusiva Christián Carvajal sometió a proceso a ocho ex integrantes del Comando Conjunto, entre ellos el general (r) Enrique Ruiz Bunger, ex director de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA), y Alvaro Corbalán
Castilla, ex jefe operativo de la CNI.
La medida adoptada por el titular del Tercer Juzgado del Crimen se refiere a la desaparición del estudiante Ignacio González Espinoza (24 años), militante del Partido Comunista, el 4 de diciembre de 1975.
También fueron procesados en calidad de autores del secuestro calificado Juan Saavedra Loyola, Sergio Díaz López, Daniel Guimpert (Armada), Manuel Muñoz Gamboa, y el ex oficial de la Armada y jefe del Departamento de Contrainteligencia del
Servicio de Inteligencia Naval (SIN), Jorge Osses Novoa.
En calidad de cómplice quedó encargado reo Otto Trujillo, el conocido "Colmillo Blanco".
Hace algunos días, el magistrado -que heredó las causas del actual fiscal Mario Carroza- procesó a Alvaro Corbalán y el ex uniformado Sergio Díaz López por el secuestro calificado de Luis Moraga Cruz y Ricardo Weibel Navarrete, quienes desaparecieron el 20 de octubre y el 7 de noviembre de 1975, respectivamente.
Con la decisión del titular del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago se comprueba que Corbalán, previo a pertenecer a la Central Nacional de Informaciones (CNI), integró la DINE, organismo que dentro del Comando Conjunto detuvo y dio muerte a opositores al régimen militar.
Corbalán cumple en la actualidad presidio perpetuo por su participación en el asesinato del carpintero Juan Alegría Mondaca, crimen vinculado al homicidio del ex presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez Alfaro. En la actualidad el mayor en retiro permanece recluido en el Batallón de Policía Militar Número 1 de Santiago, ubicado en dependencias del Comando de Telecomunicaciones del
Ejército en la comuna de Peñalolén.
También por la desaparición de Weibel, el juez Carvajal ha procesado a los ex uniformados y ex miembros del Comando Conjunto Juan Francisco Saavedra, Enrique Ruiz Bunger y Viviana Ugarte “La Pochi”, esposa del general (r) de la Fach Patricio Campos.
La semana pasada el juez especial encausó también al ex oficial de la Armada Jorge Aníbal Osses y al coronel (R) de la FACH Roberto Serón Cárdenas, por el secuestro de Weibel Navarrete y Luis Moraga Cruz

En un fallo que tendrá importantes repercusiones en las causas de derechos humanos, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la libertad de trece uniformados y revocó sus procesamientos al estimar que regía el principio de la cosa juzgada y la Ley de Amnistía.

El dictamen estima que no hay mérito para mantener los autos de procesamientos contra trece efectivos que pertenecieron al Comando Conjunto y que fueron sometidos a proceso por el titular del 25 Juzgado del Crimen, Carlos Hazbún, quien oficia como juez con dedicación preferente.

Esto, luego que el 2 de mayo, la titular del Primer Juzgado de Letras de San Bernardo, Cecilia Flores, se declarara incompetente para conocer la causa por el secuestro de David Urrutia Galaz, capturado por agentes del Comando Conjunto en 1975, y derivó los antecedentes al juez del 25º Juzgado del Crimen de Santiago, Carlos Hazbún.

La defensa de los ex uniformados a cargo del abogado Carlos Portales estimó que la resolución abre las puertas para seguir por el mismo camino con el resto del medio centenar de militares que en estos momentos son procesados por los jueces de dedicación exclusiva para estas causas.

Según El Mercurio, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior ordenó una reunión especial para mañana con todos sus abogados para analizar el nuevo escenario. El director del organismo, Luciano Fouillioux, indicó que la última palabra respecto de la aplicación del principio de cosa juzgada y de la Ley de Amnistía se encuentra en manos de la Corte Suprema.

Esto, porque es la primera vez que un tribunal de alzada aplica un fallo de esta naturaleza en los casos por violaciones a los derechos humanos que son investigados por jueces especiales que fueron designados como resultado de la "Mesa de Diálogo".

El titular del 25º Juzgado del Crimen de Santiago, Carlos Hazbún, había procesado el 7 de enero de 2002 como autores de "asociación ilícita criminal" a los uniformados César Palma Ramírez, Otto Trujillo Miranda, Raúl González Fernández y Manuel Muñoz Gamboa.

Igualmente, al suboficial (r) FACh Pedro Caamaño Medina; al comandante (r) del regimiento Colina de la FACh Carlos Madrid Hayden; al suboficial activo FACh Robinson Suazo Jaque; al suboficial (r) FACh Fernando Zúñiga Canales; al suboficial (R) FACh Eduardo Cartagena Maldonado; al teniente (r) de Marina Daniel Guimper Corvalán; al suboficial (r) FACh Guillermo Urra Carrasco; al suboficial (r) FACh Pedro Zambrano Uribe y al suboficial (r) FACh Juan Chávez Sandoval, quienes ahora se vieron beneficiados con esta disposición

La Policía de Investigaciones detuvo a Otto Trujillo, el agente del Comando Conjunto conocido por su chapa de “Colmillo Blanco”.

En el Cuartel Borgoño de Independencia, el jefe de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, Gilberto Loch, entregó antecedentes respecto al arresto, tras lo cual el sujeto fue puesto a disposición de tribunales. 

Trujillo tenía una orden de detención pendiente por el asesinato del militante del PC, David Urrutia, hecho ocurrido en diciembre de 1975.  

El ex agente también está procesado en otras causas de violaciones de derechos humanos, como la depsaracición del  ex militante comunista Humberto de las Nieves Fuentes Rodríguez, perpetrado en noviembre de 1975  

“Colmillo Blanco” formaba parte del Comando Conjunto, grupo represor  formado en 1975 por un grupo de militares de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, más Carabineros y civiles de Patria y Libertad para coordinar la represión contra militantes de izquierda, especialmente comunistas y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR.

En septiembre de 2002, La Nación publicó una serie de reportajes sobre “Colmillo Blanco”, quien reveló una rearticulación del grupo de ex agentes represores para engañar a la Mesa de Diálogo y a los tribunales de justicia en los procesos de violaciones de derechos humanos.

También develó la estructura del Comando Conjunto, sacando a la luz pública la calidad de ex agente de Viviana Ugarte. La revelación sobre la mujer conocida como la “Pochi”, esposa del general de Aviación Patricio Campos Montecinos, provocó el retiro de éste de la institución.

Pero la situación de Campos se complicó aún más, porque la justicia comprobó que como representante de la FACH ante la Mesa de Diálogo ocultó información sobre cinco detenidos desaparecidos, justamente víctimas del Comando Conjunto, donde operaba su esposa.

De paso, la bola de nieve generada por "Colmillo Blanco" también obligó a la forzada renuncia de Patricio Ríos al mando de la FACH.

Ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal condenaron definitivamente a ex integrantes del Servicio de Inteligencia de la FACh, por el secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez.
La Corte Suprema dictó sentencia final en la investigación por el secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez, detenido desaparecido desde noviembre de 1975 en la ciudad de Santiago.

En fallo dividido, los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Alberto Chaigneau determinaron las sanciones que se indican contra los responsables de estos crímenes atribuidos a personal de la SIFA (Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea).

El tribunal condena a César Palma Ramírez a 5 años de presidio por su responsabilidad en calidad de autor sin beneficios; a Freddy Ruiz Bunguer a 5 años de presidio por su responsabilidad como autor concediéndose la libertada vigilada. Misma condena recayó para Juan Saavedra Loyola, Eduardo Cartagena Maldonado y para Manuel Muñoz Gamboa. En tanto a Otto Trujillo Miranda se le condeno a 541 días de presidio por su responsabilidad en calidad de cómplice, otorgándosele el beneficio de la remisión condicional. Absuelto por falta de participación quedo Daniel Guimpert Corvalán.

En el aspecto civil se condenó al Fisco a pagar una indemnización por daño moral de $ 80 millones a Humberto Fuentes Godoy, hijo de la víctima.
En este aspecto la sentencia se determinó con el voto en contra de los ministros Ballesteros y Rodríguez, quienes fueron partidarios de acoger la causal de incompetencia absoluta del tribunal.

14 condenados recibieron beneficios de Gendarmería. La mayoría se encuentra en libertad vigilada y otros obtuvieron la salida dominical, como los dos condenados por los secuestros y degollamientos de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino.

 El 3 de agosto se informó que el Consejo Técnico de Gendarmería concedió el beneficio de la salida dominical al coronel (R) de Carabineros Guillermo González Betancourt y el sargento (R) José Fuentes Castro, quienes se encuentran recluidos en Punta Peuco, cumpliendo cadena perpetua simple por los asesinatos de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, así como del secuestro de otras 6 personas en marzo de 1985, situación que fue conocida como el “Caso Degollados”. La condena de primera instancia fue dictada por el ministro Milton Juica en marzo de 1994 y quedó a firme en octubre de 1995.

La noticia impactó en el mundo de los derechos humanos y particularmente entre los familiares de las víctimas, quienes para tratar de revertir la medida presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, indicando que les causaba un profundo daño moral y perturbaciones sicológicas. El recurso fue aceptado a tramitación y el tribunal solicitó a Gendarmería que informe los antecedentes que se tuvieron a la vista para adoptar la resolución.

Fue en estas circunstancias que se supo que otros condenados también habían recibido beneficios carcelarios. En total, se trata de 14 reclusos que cumplen sentencia en Punta Peuco y el Penal Cordillera de Peñalolén. El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales informó que los siguientes condenados por violaciones a los DDHH gozan de distintos beneficios penitenciarios (todas las sentencias son afirme, es decir, ratificadas por la Corte Suprema):

– Hugo Enrique Alarcón Vergara, ex empleado civil de la Central Nacional de Informaciones (CNI), condenado en 2006 a 5 años y 1 días como cómplice del homicidio calificado del carpintero Juan Alegría Mundaca (caso Tucapel Jiménez). Recibió una conmutación de 8 meses y actualmente se encuentra en libertad condicional.

– Primitivo Castro Campos, suboficial (R) de Carabineros, condenado en 2007 a 5 años y 1 días por el homicidio de Carlos Fuentealba Herrera. Se le conmutaron 17 meses y está en libertad condicional.

– Luis Fernando Romo Morales, mayor (R) de Carabineros, sentenciado en 2007 a 5 años y 1 días por los secuestros calificados de José Lorenzo Cofré Obadilla y Carlos Montecinos Urra. Se le benefició con una reducción de pena de 8 meses, la conmutación de otros 3 y se encuentra en libertad condicional.

– Juan de Dios Caniulaf Hualme, civil, condenado en 2007 a 3 años como encubridor del homicidio simple de José Matías Ñanco. Recibió los beneficios de salida controlada y se le redujo la pena en 5 meses. Se encuentra libre.

– Alejandro Molina Cisternas, suboficial (R) de Carabineros, sentenciado en 2007 a 5 años y 1 día por los secuestros calificados de Mario Edrulfo Carrasco Díaz y Víctor Olea Alegría. Se le redujo la pena en 8 meses y está libre.

– Gerardo Ernesto Urrich González, mayor (R) de Ejército, condenado en 2007 a 5 años y 1 día por los secuestros calificados de Mario Edrulfo Carrasco Díaz y Víctor Olea Alegría. Además, está acusado en otras 3 causas y procesado en otras 21. Se le redujo la pena en 8 meses y está libre.

– Patricio Zamora Rodríguez, capitán (R) de Carabineros, condenado en 1995 a 15 años y 1 día por los secuestros de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino y como cómplice de los homicidios de los tres y por los secuestros de otras cinco personas en el mismo caso. También tiene otras tres condenas a 5n años y 1 días por violencia innecesaria con resultado de muerte de Percy Arana; 541 días por asociación ilícita y 541 días por lesiones. Se le redujo la pena en 13 meses y está libre.

– Emilio Enrique Neira Donoso, ex agente de la CNI y teniente coronel (R) de Ejército, condenado a la pena única de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo, como autor de los homicidios calificados de José Valenzuela Levi y de Recaredo Valenzuela Pohorecky, ocurridos en junio de 1987 en el marco de la “Operación Albania”, cuya sentencia quedó a firme en agosto de 2007. Se le concedió el beneficio de la salida dominical.

– Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, coronel (R) de Ejército, condenado en 7 oportunidades, entre 2007 y 2011, por varios secuestros calificados (desapariciones). Recibió una reducción de pena de 7 meses. En algunos casos ya se encontraba con libertad vigilada. Actualmente está en libertad.

– José Florentino Fuentes Castro, sargento (R) de Carabineros, condenado en 1995 a presidio perpetuo simple (mínimo de 20 años) y 541 días por los homicidios de Parada, Nattino y Guerrero y por los secuestros de 6 dirigentes de la Agech. Acaba de recibir el beneficio de salida dominical.

– Guillermo Washington González Betancourt, coronel (R) de Carabineros, condenado a presidio perpetuo simple en el mismo caso del anterior. Junto con Fuentes, acaba de obtener la salida dominical.

– Otto Silvio Trujillo Miranda, alias “Colmillo Blanco”, ex empleado civil de la Fuerza Aérea de Chile e integrante del Comando Conjunto, condenado en 2010 a 3 años y 1 día como cómplice del secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez, detenido por el Comando Conjunto en noviembre de 1975. Trujillo, además, se encuentra procesado o acusado en otras 5 causas, como autor o cómplice de las desapariciones de 11 militantes del Partido Comunista, detenidos por el Comando Conjunto en los años 1975 y 1976. Se le concedió la salida dominical.

– César Luis Palma Ramírez, alias “Fifo”, también ex empleado civil de la Fuerza Aérea de Chile e integrante del Comando Conjunto, quien igualmente fue condenado en 2010 a 5 años y 1 día por el secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez. También fue condenado en 2007 a 3 años y 1 día, con el beneficio de la libertad vigilada, como autor del homicidio de Carlos Contreras Maluje, detenido en noviembre de 1976. Además, se encuentra procesado o acusado en otras 6 causas, como autor de las desapariciones de 13 militantes del Partido Comunista, detenidos por el Comando Conjunto en los años 1975 y 1976. Se le concedió la reclusión nocturna.

– Odlanier Rafael Mena Salinas, general (R) de Ejército, ex director de la CNI, condenado en 2008 a 6 baños por tres secuestros calificados (Caso Caravana de la muerte, episodio Arica).

El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, al ser consultado acerca del tema, manifestó que respaldaba plenamente las decisiones del Consejo Técnico de Gendarmería, ya que si bien los beneficiados podían haber cometido “delitos rechazables, también tienen derechos humanos”. Sin embargo, en opinión del Observatorio de DDHH “hay razones muy fundamentadas para cuestionar la aplicabilidad de normas del derecho interno diseñados para crímenes comunes a crímenes que, por su carácter de lesa humanidad, revisten la mayor gravedad, según normas activamente reconocidas y ratificadas por el mismo Estado de Chile”.

Total hermetismo guardó ayer el abogado Carlos Portales, luego que el ex agente del Comando Conjunto Otto Trujillo denunciara que fue engañado para desmentir sus declaraciones al diario La Nación y anunciara que prescindirá de la asesoría jurídica del profesional.

En una declaración dirigida al periodista Víctor Gutiérrez, Trujillo admite haber recibido una visita del abogado el viernes pasado, en la ex Penitenciaría. Ese día Portales difundió la declaración jurada de su entonces representado con el desmentido al reportero.

En esa oportunidad, el abogado aseguró que su defendido le contó "su verdad de estos hechos", consignada en su declaración jurada, que ahora nuevamente rectifica.

Sin embargo, Otto Trujillo le pide al periodista que informe que "éste (Portales) usó un método de engaño, diciéndome que debía entregarse al señor magistrado el día viernes a las 17 horas, con el fin de tramitar mi libertad".

"Por causa de no contar en ese momento de mis anteojos -añade- sólo me dejó una copia de un documento, la cual debía ser modificada" y que instruyó a su abogado para que no divulgara la declaración jurada ante notario, ya que su entrega "era sólo por orden del juez".

Respecto de la veracidad de los antecedentes aportados al periodista, el ex agente ratifica que "efectivamente yo confeccioné la lista, la cual fue verificada por mí con antecedentes entregados por el comandante Roberto Fuentes Morrison, tres días antes de su muerte".

Para reforzar la autenticidad de las declaraciones de Trujillo, La Nación transcribe el diálogo que sostuvo con el reportero, conversación plagada de groserías y de imprecisiones con frases sin terminar.

Allí señala que la información aportada a la mesa de diálogo está "mal entregada… Ahí hay cosas que no son… yo supongo, que otras cosas. Pero tengo antecedentes que no fueron así como lo dicen".

Hasta el momento, en el proceso contra el Comando Conjunto no se ha establecido una eventual obstrucción a la justicia ni el ocultamiento de antecedentes a la mesa de diálogo.

El denominado Comando Conjunto (CC) fue una agrupación de inteligencia que operó aproximadamente entre fines de 1975 y el término del año 1976, y cuyo objetivo principal fue la represión al Partido y las Juventudes Comunistas. Durante este período, según el Informe Rettig, fue responsable de la desaparición de cerca de 30 personas. Otras fuentes hablan de más de 70.

El CC estaba formado principalmente por agentes pertenecientes a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA) y contó más tarde con una participación importante de efectivos de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DICAR). Contó también, en menor medida, con la participación de agentes del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) y con algunos efectivos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Además, colaboraron en ese Comando miembros de la Policía de Investigaciones de Chile y civiles provenientes de Patria y Libertad.

Cuarteles del horror

Entre los primeros recintos de tortura, aún antes de denominarse Comando Conjunto, aparece la Academia de Guerra Aérea (AGA) que funcionó desde fines de 1973 hasta fines de 1974, formalmente a cargo de la Fiscalía de Aviación, la que en la práctica se coordinaba estrechamente con el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA). El General Bachelet y muchos oficiales de la FACH fueron torturados en sus subterráneo. José Luis Baeza Cruces, miembro del Comité Central del PC actualmente desaparecido, también estuvo allí. Por este caso ha sido citado a declarar Fernando Matthei, a la fecha Director de la AGA.
En enero de 1975, cuando el SIFA desocupó el AGA, traslada a los detenidos a una casa de Santiago, ubicada en el sector de Apoquindo, a unas dos cuadras de la Municipalidad de Las Condes. Este inmueble fue utilizado como recinto secreto de detención hasta el mes de marzo de 1975 y estaba a cargo de agentes de la recientemente creada DIFA. Después de esa fecha, las oficinas de la DIFA se trasladaron a Juan Antonio Ríos N° 6, mientras los detenidos son repartidos entre el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina ("Remo Cero") y un hangar al interior del aeropuerto Cerrillos.
Otro centro clandestino de tortura es el conocido como "Nido 20", ubicado en la calle Santa Teresa 037, cerca del paradero 20 de la Gran Avenida, en Santiago. Producto de las torturas en su interior, falleció Alonso Gahona Chávez, hoy detenidos desaparecido. También aquí fue muerto a golpes Humberto Castro Hurtado. Hoy la casa alberga a la Corporación Nacional de Laringectomizados (operados de cáncer a la laringe).
El recinto denominado "Nido 18" fue empleado exclusivamente para practicar la tortura. Se trata un local ubicado en la calle Perú 9053, comuna de La Florida en Santiago, cercano al paradero 18 de Vicuña Mackenna. En este centro, según testigos, se quitó la vida Arsenio Leal Pereira, bajo la presión de las torturas a que estaba siendo sometido.
En "Remo Cero", junto a los agentes de la FACH, operan miembros del Servicio de Inteligencia Naval y algunos agentes de Ejército. La dotación de la Dirección de Inteligencia de Carabineros era más numerosa. También aquí actúan los civiles provenientes de Patria y Libertad. Desde allí habrían sido sacados en helicóptero para ser arrojados al mar varios detenidos, entre ellos Humberto Fuentes Rodríguez y Luis Moraga Cruz. También hay testigos que afirman que fueron sacados desde aquí, para ser asesinados y enterrados en los terrenos militares del Peldehue Ricardo Weibel Navarrete, Ignacio
González Espinoza, Miguel Rodríguez Gallardo y Nicomedes Toro Bravo. En este recinto fallecieron algunos detenidos a consecuencia de torturas, entre ellos José Sagredo Pacheco.
Este local fue visitado frecuentemente por un médico que atendió a varios detenidos y supervisaba las torturas.
Un recinto ubicado en calle Dieciocho N° 229, que había sido ocupado por el diario El Clarín y pasó a poder de Carabineros fue conocido como "La Firma". Allí se instaló la Escuela de Inteligencia de Carabineros, algunos de cuyos profesores eran miembros no sólo de DICAR sino también del Comando Conjunto. Colindante a este edificio existe otro inmueble comunicado con él, en cuya parte posterior funcionó el Comando Conjunto. En este segundo inmueble se mantuvo detenidos, en secreto, a distintos presos del PC, entre ellos Carlos Contreras Maluje, Juan René Orellana, Luis Emilio Maturana, Juan Antonio Gianelli, quienes fueron sacados de ese lugar para ser asesinados y enterrados clandestinamente en la Cuesta Barriga, y José Weibel Navarrete, quien posteriormente fue
asesinado en el sector del Cajón del Maipo. En 1985 sería ocupado para secuestrar a una decena de profesores y a los tres profesionales comunistas que luego aparecerían degollados en un camino rural de Quilicura.
Otros inmuebles usados por el SIFA o por el Comando Conjunto, donde se mantuvo transitoriamente detenidos, fueron un inmueble del Barrio Bellavista, donde vivían miembros solteros del CC, así como la Comisaría Las Tranqueras, usada mientras se efectuaba la visita de una delegación de derechos humanos de las Naciones Unidas, a fin de que tales detenidos no pudieran ser ubicados en los lugares de detención más conocidos.

 

AGA: El antecesor

Testigos que sobrevivieron a las torturas de la Academia de Guerra Aérea recuerdan como sus captores y torturadores, entre otros, al general Orlando Gutiérrez Bravo, los comandantes Sergio Lizasoaín, Edgar Ceballos Jones, Jaime Lavín, Juan Bautista González y Humberto Velásquez Estay; los capitanes León Duffey, Juan Carlos Sandoval, Jaime Lemus, Florencio Dublé, Contreras y Fullogher (jefe de guardia permanente); los tenientes Juan Carlos Sandoval, Luis Campos, Matig y Pérez; el Sargento Hugo "chuncho" Lizana, el cabo Eduardo Cartagena y el Cabo 2º Gabriel Cortés (que se cambió el nombre).
"Los torturadores del Academia de Guerra Aérea eran casi todos de la Especialidad de
Aerofotogrametría, tanto oficiales como suboficiales. Pertenecían a los cursos egresados en 1967 y otros posteriores. Estaban directamente bajo el mando del Comandante Otaiza, llamado también el "pata de oso". También se encontraban interrogando los del curso de instructores militares de la Escuela De Especialidades egresados en 1968, el mismo año de mi egreso. Posteriormente, a mediados de 1974, también fui llevado a la Academia de Guerra Aérea desde la Cárcel Pública. Ahí pude comprobar que el Coronel Matthei dirigía y seleccionaba a los que tenían que ser torturados e interrogados. El, junto a un teniente apodado "el loquillo", golpearon a dos prisioneros que estaban de pie y vendados. "El loquillo" también me golpeó con la culata de un fusil. De la AGA fui llevado a la Academia Politécnica por 24 horas, en este trayecto se temía la aplicación de la llamada ley de fuga (ajusticiamiento por la espalda y abandono en algún sitio eriazo). De la APA se me trasladó de nuevo a la AGA, finalmente fui trasladado a la Cárcel Pública".
(Sergio Lontano Trureo. 51 años. C.I.57.88167-4. Domiciliado en 290 South Lambeth Road, London SWB.1 JUG. Inglaterra. Ejecutivo Legal. Tenía al 11 de septiembre de 1973 el grado de Cabo 1º).

 

Procesados y responsables

Los mandos y agentes involucrados en el actuar del Comando Conjunto son:
Manuel Barra Von Kretschmann (C.I. 1.614.559-9), jefe del Servicio de Inteligencia Naval en la Comunidad de Inteligencia (José Antonio Ríos 6). Capitán de fragata al momento del golpe de Estado, parte de la dirección de la DINA en 1974 y subdirector en 1975. En 1976 pasa a formar parte de la CNI. Fue procesado como cómplice de la asociación ilícita criminal y del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira por el ministro Cerda.

Luis Rolando Pacheco Valdés, coronel (r) de la FACH. Jefe de la Base Aérea de Colina al momento de funcionar en su interior el centro de torturas "Remo Cero". Procesado por el ministro Cerda como autor de asociación ilícita criminal.

Rubén Samuel Romero Gormaz, general (r) de Carabineros, jefe de la DICAR en J.A.R. 6. Procesado por Carlos Cerda como autor de la asociación ilícita y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira.

Freddy Enrique Ruiz Bunger, general (r) de la FACH. Jefe de la DIFA en J.A.R. 6. Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira. Actualmente es procesado por el titular del 25º Juzgado del Crimen de Santiago por el secuestro de Víctor Vega.

Mario H. Vivero Avila, general (r) de la FACH, juez de Aviación y comandante de la guarnición de Santiago en 1976. Procesado como autor de asociación ilícita criminal por Carlos Cerda. Actualmente el juez Hazbún del 25º Juzgado del Crimen lo procesa como encubridor de la asociación ilícita y de la desaparición de Víctor Vega.

Edgar Benjamín Ceballos Jones, coronel (r) de la FACH. Director de la DIFA y luego de la SIFA, torturador en la Academia de Guerra Aérea y jefe de Roberto Fuentes Morrison en el CC. Alias "Inspector Cabezas". Procesado por Carlos Cerda como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira.

Carlos Arturo Madrid Hayden, comandante (r) de la FACH. Vicecomandante del Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina en el que funcionó el centro de tortura "Remo Cero". Procesado por Cerda como autor de asociación ilícita criminal, mientras que el juez Hazbún lo considera cómplice del secuestro de Víctor Vega.

Germán Alfredo Esquivel Caballero, teniente coronel (r) de Carabineros, encargado de contrainteligencia en DICAR. Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira.

Daniel Luis Enrique Guimpert Corvalán, teniente (r) de la Armada (C.I. 4.638.149-1). Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira. Actualmente es procesado por el juez Carlos Hazbún por el secuestro de Víctor Vega.

Jorge Rodrigo Cobos Manríquez, teniete de reserva FACH. Alias "Kiko" o "Elefantito" (C.I. 5.890.505-4). Procesado por el ministro Cerda como autor autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira. El juez Hazbún lo sometió a proceso por la desaparición de Víctor Vega.

Jorge Arnoldo Barraza Riveros, Comisario (r) de la Policía de Investigaciones. Alias "El Zambra". Procesado como cómplice de la asociación ilícita criminal.

Pedro Ernesto Caamaño Medina, Suboficial (r) de la FACH. Alias "Peter" (C.I. 7.024.319-9). Agente operativo en el centro de torturas "La Firma". Procesado por el juez Carlos Hazbún por el secuestro de Víctor Vega.

Germán Enrique Pimentel Ceballos, comandante (r) de la FACH. Procesado por el ministro Cerda como autor autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira.

Luis Enrique Campos Poblete, comandante (r) de la FACH. Procesado por Carlos Cerda como autor de asociación ilícita criminal

Manuel Agustín Muñoz Gamboa, Mayor (r) de Carabineros. Alias "El Lolo". Destacó por su crueldad en el CC, donde participa en decenas de secuestros, torturas y desapariciones, retornando con el grado de capitán a Carabineros para continuar ligado a los aparatos represivos. En la DICOMCAR comparte labores con su "colega" del CC Miguel Estay Reino. En este organismo aparece involucrado en el asesinato de Juan Antonio Aguirre Ballesteros en 1984.
Fue procesado por el ministro Cerda, posteriormente fue condenado a 5 años y un día por su participación en el asesinato de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino. Hoy aparece procesado por el secuestro y desaparición de Alonso Gahona, en el 4º Juzgado del Crimen de San Miguel, y en el caso que lleva el juez Hazbún por el secuestro y desaparición de Víctor Vega.

Eduardo Enrique Cartagena Maldonado Alias "Lalo". C.I. 5.083.760. Suboficial (r) de la Fach . Agente del CC desde 1975, participando en secuestros, torturas y desapariciones de numerosos dirigentes comunistas entre ese año y 1976. Tras la disolución de este organismo pasó a integrar el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA).
Está siendo procesado en el 4º Juzgado del Crimen de San Miguel por el secuestro y torturas que causaron la muerte de Alonso Gahona Chávez, desaparecido desde el 8 de septiembre de 1975. También aparece encausado en el proceso abierto por el juez con dedicación preferente Carlos Hazbún, titular del 25º Juzgado del Crimen, referido al secuestro y desaparición de Víctor Vega Riquelme ocurrido el 3 de enero de 1976.
Su último domicilio conocido es Del Rey 394, Maipú.

Miguel Arturo Estay Reyno. Alias "El Fanta". Ex militante comunista, pasó de delator a agente tras ser detenido en 1975 por miembros del Comando Conjunto. Conocedor de las estructuras internas de las Juventudes Comunistas y el PC fue pieza vital en la conformación de los organigramas que llevaron a la detención de sus principales dirigentes, entre los que figuraban Carlos Contreras Maluje, José Weibel, Fernando Ortiz y Waldo Pizarro. Participó en el secuestro de su ex compañero Manuel Guerrero, quien fue uno de los pocos que logró escapar de las garras del CC, pero en 1985 vuelve a secuestrarlo, esta vez con los agentes de la DICOMCAR, para finalmente degollarlo junto a José Manuel Parada y Santiago Nattino.
Procesado por el ministro Cerda y amnistiado por Silva Ibáñez, hoy cumple su condena a cadena perpetua en Colina por el asesinato de los tres profesionales comunistas y es procesado por la desaparición de Víctor Vega.

César Luis Palma Ramírez. Alias "El Fifo". C.I. 6.387.372-1. Como militante de Patria y Libertad participa en numerosos atentados terroristas contra el gobierno de la UP, fue detenido en agosto de 1973 por su participación en el homicidio del edecán presidencial Arturo Araya, amnistiado después del golpe de Estado por el Almirante Adolfo Waulbaum.
Amigo de Fuentes Morrison, quien lo lleva al CC, pasa a ser su mano derecha en la ejecución de las tareas represivas. Según el desertor del CC Andrés Valenzuela, "El Fifo" participa directamente en los asesinatos de José Weibel Navarrete, Miguel Rodríguez Gallardo, Humberto Fuentes Rodríguez, los agentes del mismo organismo Carol Flores y Guillermo Bratti, todos desaparecidos hasta la fecha. También se le nombra entre quienes ejecutan en Cuesta Barriga a los dirigentes comunistas Lincoyan Berríos, Fernando Navarro, Fernando Ortiz, Waldo Pizarro, Luis Lazo, Juan Gianelly, Horacio Cepeda,
Héctor Véliz y Reinalda Pereira, quien se encontraba en avanzado estado de embarazo.
Procesado por el ministro Cerda, aparece hoy en los casos de Alonso Gahona y Víctor Vega.
Su última dirección conocida es El Quilo 5535, Quinta Normal, donde funciona la fábrica de equipos refrigerantes FRIGOMET LTDA., en la que aseguran que no lo conocen, sin embargo continúa su fono-fax 7738010 a nombre de Palma Ramírez.

Roberto Alfonso Flores Cisterna. Alias "El Huaso". C.I. 7.767.975-8. Soldado (R) de la Fach . El 11 de septiembre de 1973, como soldado de la FACH en la Base Aérea El Bosque, participa en interrogatorios y torturas a detenidos. Por su "capacidad" es enviado a continuar su labor en la Academia de Guerra Aérea bajo el mando de Edgard Ceballos. En 1975 pasa a formar parte del CC, siendo responsable del secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes comunistas. Hasta mediados de los '90 continuaba en servicio activo en la SIFA, hoy aparece desempeñándose en el rubro del comercio.
Su último domicilio conocido es Villa Tantauco, Block 10282, depto. 31, San Bernardo.

Alejandro Jorge Forero Alvarez. Cardiólogo. Registro Colegio Médico 9580-K. Comandante de Escuadrilla y médico que se desempeñaba al momento del golpe de Estado en el Hospital de la FACH. En 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina. En este lugar participa del CC, supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer.
Fue sometido a proceso por el juez Carlos Cerda en plena dictadura y hoy vuelve a ser requerido por el juez Hazbún en el caso de Víctor Vega. Fue el primer funado en Chile, el 1º de octubre de 1999, en su consulta en la Clínica INDISA. Es socio, entre otros organismos, de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, donde figura con la dirección de la INDISA, y de la Sociedad Chilena de Cardiología en la que aparece con su consulta particular: Av. Apoquindo 6275, oficina 116, y el correo electrónico forero@entelchile.net.
Su última dirección conocida es Camino La Brisa 14.199-2, Lo Barnechea, teléfono 2161253.

Juan Francisco Saavedra Loyola. Alias "Jano". C.I. 4.124.917-K. Oficial (r) de la Fach. El 11 de septiembre de 1973 se desempeñaba como comandante de grupo de la Academia de Guerra Aérea, donde estuvo a cargo de los interrogatorios y tortura de sus compañeros de armas leales al gobierno constitucional, entre ellos Alberto Bachelet. En 1976 es nombrado Director de la Base Aérea de Colina y se integra al CC reemplazando en el cargo a Edgard Ceballos. En 1977 se traslada a la Comunidad de Inteligencia que funcionó en Juan Antonio Ríos 6 (Alameda con Santa Rosa). Hasta principios de los '90 estaba activo en la FACH con el grado de coronel.
Fue procesado por el ministro Carlos Cerda y hoy lo requiere el juez Hazbún en el caso de la desaparición de Víctor Vega.

Otto Silvio Trujillo Miranda. Agente civil. Militante DC en su juventud, luego se incorporó a Patria y Libertad donde conoce al "Wally", quien lo llevaría al CC y le salvaría la vida en una disputa entre este organismo y la DINA cuando, junto a Carol Flores y Guillermo Bratti, entregaron información a los hombres de Contreras. Desde antes del golpe de Estado pertenecía al Servicio de Inteligencia Militar (SIM), luego fue llamado por Fuentes Morrison para que formara parte del equipo de seguridad del Ministerio de Agricultura y del CC. Participa en el secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes de izquierda hasta su expulsión por el incidente con la DINA. Sus "contactos" le permitieron hacerse cargo de una empresa de seguridad en el sur de Chile, tras lo cual se vio envuelto en numerosos procesos por giro doloso de cheques. " En octubre de 2002 reveló a un periodista de La Nación como ex integrantes del CC entregaron listas ficiticias a la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos. La revelación resultó en el despido y posterior proceso del General Patricio Campos, y la renuncia del Comandante-en-Jefe de la FACH Patricio Rios. Está en la nómina de los procesados por Carlos Cerda y en los procesos abiertos por la desaparición de Alonso Gahona y Víctor Vega.

Guillermo Antonio Urra Carrasco. Alias "Willy". C.I. 6.687.227-0. Cabo segundo (R) de la Fach. Agente operativo del CC desde su formalización en 1975. Fue procesado por el juez Carlos Cerda por su participación en el secuestro, torturas y desaparición de decenas de militantes de izquierda. Según testigos directos es responsable de la ejecución de prisioneros en el Cajón del Maipo (entre ellos José Weibel y los agentes Carol Flores y Guillermo Bratti), en Cuesta Barriga (entre otros Horacio Cepeda, Fernando Ortiz y Reinalda Pereira) y en el lanzamiento al mar de otros, frente a las costas de Quintero.
Hoy vuelve a ser procesado, esta vez por el caso de Víctor Vega.
Su última dirección conocida es Santa Blanca 1990, Las Condes.

Roberto Fuentes Morrison. Alias "Wally". Durante la Unidad Popular se destacó en los grupos paramilitares de Patria y Libertad, donde conoce a varios de los que posteriormente llevaría al CC. Como Comandante de Escuadrilla de la FACH se incorpora a esta asociación ilícita criminal, pasando a ser uno de los jefes operativos reconocido como
uno de los más crueles torturadores.
Fur procesado por Carlos Cerda debido a su participación en decenas de secuestros, torturas, ejecuciones y desapariciones de militantes del MIR y el PC. A mediados de 1989 fue acribillado a la salida de su casa.

Fernando Patricio Zuñiga Canales. Alias "Chirola". Suboficial (R) de la FACH. Como soldado de la Base Aérea de El Bosque, el 11 de septiembre de 1973, participa en la tortura de sus camaradas de armas. Luego es trasladado a la Academia de Guerra Aérea para cumplir las mismas funciones y de allí pasa a formar parte de la DIFA. En 1975 se incorpora al CC, en el que participa en el secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes de izquierda, entre ellos Víctor Cárdenas, Carlos Durán, Luis Maturana, Humberto Castro y Davíd Urrutia. También está presente en la ejecución de Bratti y Flores.
Perteneció al Servicio de Inteligencia de la FACH (SIFA) al menos hasta principios de los '90. Fue procesado por el ministro Cerda y hoy aparece en los casos de Alonso Gahona y Víctor Vega. Su última dirección conocida es Pasaje Simón Bolivar 1298, San Bernardo.

Alex Damián Carrasco Olivos, Funcionario de la FACH, escolta de Leigh, Fernando Matthei y Ramón Vega. Alias "Loco Alex" (C.I. 6.243.426-7). Agente operativo del Comando Conjunto.

Juan Arturo Chavez Sandoval, cabo (r) de la FACH. Alias "Peque", "Rucio" o "Pol. Torturador en el AGA y operativo del CC. Procesado por el secuestro de Víctor Vega.

Marco Alejandro Cortes Figueroa, inspector (r) de la Policía de Investigaciones. Alias "Yoyopulus". Procesado como cómplice de la asociación ilícita criminal en el caso de Cerda.

Raúl Horacio González Fernández, funcionario (r) de la FACH. Alias "Rodrigo"o "Wally Chico". Testigos afirman que participó en la detención de José Weibel. Procesado como cómplice de la detención ilegal de Amanda Velasco Pedersen en el 25º Juzgado del Crimen.

Viviana Lucinda Ugarte Sandoval, soldado (r) de la FACH, con destinación a la DIFA y al Comando Conjunto. Alias "La Pochi". La revelación en octubre 2002 de "Colmillo Blanco" que "La Pochi" es la esposa del General Patricio Campos y que éste entregó en 2001 un informe falso a la Mesa de Diálogo de Derechos Humanos resultó en su despido y posterior proceso. Ex-prisioneros se acuerdan de ella como una presencia sádica en centros de tortura. Procesada por el ministro Cerda como autora de asociación ilícita criminal y cómplice de la desaparición de Reinalda Pereira y Edrás Pinto.

Pablo Arturo Navarrete Arriagada, coronel (r) de Carabineros con destinación en DICAR. Procesado como cómplice de asociación ilícita criminal por el ministro Cerda.

Antonio Benedicto Quiros Reyes, coronel (r) de la FACH y jefe del Departamento de Contrainteligencia en los años del CC. Procesado por Carlos Cerda como autor de asociación ilícita criminal.

Andrés Pablo Potin Lailhacar, agente civil del CC. Alias "Yerko". Militante de Patria y Libertad detenido en agosto de 1973 por su participación en el homicidio del edecán presidencial Arturo Araya. Procesado por el juez Hazbún como participante del secuestro de Víctor Vega. Hoy figura como empresario en el rubro computacional con una oficina en Américo Vespucio Norte 2506.

Manuel Antonio Salvatierra Rojas, subprefecto (r) de la Policía de Investigaciones. Alias "Negro" (C.I. 6.195.828-2). Procesado por el ministro Cerda como autor de asociación ilícita criminal.

Robinson Alfonso Suazo Jaque, soldado (r) de la FACH. Alias "Jonathan". Torturador en la AGA. Procesado en el 25º Juzgado del Crimen por el secuestro y desaparición de Víctor Vega.

Humberto Villegas, sargento segundo (r) de Carabineros. Alias "Don Beto". Procesado por Carlos Cerda como autor de asociación ilícita criminal y cómplice de la desaparición de Reinalda Pereira y Edrás Pinto.

Pedro Juan Zambrano Uribe, funcionario de la Fach. Alias "Chino". Procesado por el ministro Hazbún como autor del secuestro de Víctor Vega.

Otros procesados por el ministro Carlos Cerda fueron Gustavo Leigh y Julio Benimelli Ruiz, fallecidos en diversas circunstancias. Encausados como cómplice del CC aparecen los coroneles (r) de Carabineros Italo Astete Sermini, Gonzalo Jiménez Huerta, Raúl Enrique Montt Carvajal y federico Luis Smith Ibarra. También los tenientes coroneles Graciano Bernales Pérez, Juan Bezzemberger Schwarz y Luis Humberto Villagra Rebeco. Como encubridores de los secuestros de Reinalda Pereira y Edrás Pinto fueron encausados el subcomisario de Investigaciones Federico Infante Lillo y el oficial Jorge Mondaca González, ambos en retiro. En el proceso abierto por Carlos Hazbún son sometidos a proceso Carlos Pascua Riquelme, Juan Chávez Sandoval y Alejandro Sáez Mardones (cumpliendo presidio perpetuo por caso degollados).

Por Julio Oliva García

"Fui violada, me ponían corriente, me quemaron con cigarrillos, me hacían ’chupones’, me pusieron ratas. Creo que estuve en Venda Sexy (recinto secreto de la DINA), me amarraron a una camilla donde unos perros amaestrados me violaron. Estaba siempre con scotch, después una venda y después una capucha. Se reían, nos ofrecían comida y nos daban cáscaras de naranjas. Nos despertaban de noche para perder la noción del tiempo". (Testimonio de una niña de 16 años, secuestrada en la Región Metropolitana, quien luego fue expulsada del país sin su familia.)

El horror se hizo presente para todos los chilenos. Algunos seguirán diciendo que es mentira, que a los sobrevivientes "les pagaron para hablar contra las Fuerzas Armadas", o por último que "se lo merecían". Pero el país ya supo la verdad y hasta una modelo-animadora quiere "saber los nombres de los torturadores". Esa es la idea de este especial : entregar una parte de la verdad que no tiene por qué esperar 50 años para ser conocida. Esa es una de las tantas críticas que se hace al Informe sobre Prisión Política y Tortura presentado por Ricardo Lagos, en la noche del domingo 28 de noviembre, a través de un discurso pregrabado para la cadena nacional transmitida antes de comenzar los espacios noticiosos de los canales de televisión. Solo, sin víctimas ni familiares a los que mirar a los ojos, el Presidente de la República cumplía con el ritual de informar a sus conciudadanos. No hubo entrega simbólica del texto, no hubo posibilidad de consultar nada, no hubo reconocimiento de los motivos que llevaron a tantos hombres y mujeres a torturar a sus compatriotas, no hubo crítica certera, no hubo nombres de víctimas ni de victimarios, no se entregaron los antecedentes a la Justicia, como se había hecho luego del Informe Rettig y hasta de la Mesa de Diálogo.

Reacciones desde el odio

Senadores designados y ex uniformados reaccionaron descartando participación en los delitos. El ex almirante Jorge Martínez Bush exigió un "punto final" para terminar con las "mentiras" contra su institución. El otro ex almirante, Jorge Arancibia, negó rotundamente la posibilidad de "dar de baja" a La Esmeralda, "que sólo puede ser dada de baja en combate" y amenazó : "Yo no puedo comprometerme, ni nadie puede hacerlo, a que algo no ocurra nunca más si no sé qué lo origina". Muchos insistieron en la tesis de Hermógenes Pérez de Arce sobre los infundios sin base contra los uniformados y el "gobierno militar", repetidos en boca de los generales y almirantes en retiro. El senador designado y ex comandante en jefe de la FACH Ramón Vega apoyó la declaración oficial de su institución y agregó que : "las consecuencias hoy día las estamos lamentando y las estamos investigando, pero una planificación de tortura yo por lo menos jamás la escuché, nunca se analizó, ni en la Academia de Guerra ni en la Escuela de Aviación ni en ninguna escuela de instrucción se escuchó nunca la palabra tortura". Los senadores Rodolfo Stange y Fernando Cordero, ex generales directores de Carabineros, no aceptaron responsabilidad institucional en las torturas y aseguraron que "no hay motivos para que la policía uniformada pida perdón".

Stange criticó el informe sobre tortura "porque raya en lo inconstitucional, poniendo en tela de juicio a las instituciones y no a las personas. Yo participé en la junta de gobierno, pero no hago un mea culpa porque no me siento responsable de ninguna situación extrema como se está indicando en la comisión del obispo Valech", señaló. Cordero, por su parte, dijo que habría que "completar la tercera pata de la mesa, porque en este minuto la mesa está coja, hay que hacer el mea culpa por lo que se produjo antes del 11 de septiembre del 73, que fue el causante de todas las situaciones que se produjeron con posterioridad". El actual Director General, Alberto Cienfuegos, también se mostró lejano a la posibilidad de pedir perdón o asumir institucionalmente la responsabilidad, aunque debería responder sobre cuál fue su función, desde el 25 de marzo de 1974, cuando como teniente fue nombrado en comisión de servicio para desempeñarse como Jefe de la Oficina de Informaciones de la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos, recordada por mucha gente por su sigla : SENDET.

La UDI, Renovación Nacional y Lavín, apostaron por bajarle el perfil, por mostrarse en profunda conmoción, asegurando incluso que su participación en la dictadura era, justamente, para evitar que se cometieran más atropellos y abrir camino a la democracia. Nadie les creyó. Sergio Fernández continuó tratando de descartar su participación en las violaciones a los derechos humanos, pero su compañera de gabinete Mónica Madariaga aseguró que en los centros clandestinos de tortura los agentes lo conocían como "el car’e jote".

Pronto deberá iniciar continuas visitas a tribunales, junto a Sergio Onofre Jarpa, Sergio Diez, Ambrosio Rodríguez, entre tantos, para responder a tanta interrogante que surge sobre sus responsabilidades como autoridades civiles.

Una nueva avalancha de querellas por torturas, como las que ya han presentado cientos de ex presos políticos, se anuncia tras la entrega del informe. Fernández Fernández deberá responder, por ejemplo, por que negó a la Justicia la existencia de Villa Grimaldi, como lo demuestra el oficio reservado en que responde el 18 de mayo de 1978 a la pregunta del Tercer Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago.

Exigencias desde las organizaciones

La conjunción de organizaciones de ex presos políticos reaccionó al unísono (ver página 2), las agrupaciones de familiares de las víctimas se sumaron a la denuncia. El Partido Comunista anunció nuevas querellas y agregó que "la principal reparación que esperaba el país es la que dice relación con que ésta fuera proporcional al daño causado. Esto implica verdad y justicia plena para todas las víctimas. Demandamos que en aras de esos principios, el Informe se haga público en su totalidad ; que los nombres de los torturadores sean entregados a los tribunales de justicia y se inicien todos los procesos judiciales que se requieran ; que sus archivos sean desclasificados en forma inmediata y no en 50 años ; que sean removidos inmediatamente de las fuerzas armadas y policiales todos los responsables de torturas y vejámenes ; que se termine con la doctrina militar cuya matriz es instaurada por el imperialismo norteamericano, y en la cual son y han sido instruidos sistemáticamente los cuadros militares y policiales chilenos, para reprimir a su propio pueblo".

El tema de la reparación monetaria no fue el centro de la polémica, excepto por el intento de Ricardo Lagos de chantajear a los torturados con la amenaza de tener que sacar dineros de los programas sociales para cancelarles la indemnización. Desde el CODEPU se hizo otra exigencia : "Así como se van abrir nuevos plazos para reconsiderar la calidad de víctimas de las personas que no calificaron, planteamos que por tratarse de un crimen de lesa humanidad no puede existir un plazo excluyente para la calificación. En este sentido, el Estado debe abrir un nuevo plazo, para nuevas presentaciones de personas que por diversas razones no concurrieron al llamado inicial, más cuando el propio Informe señala que los testimonios recogidos ’sólo representan una muestra parcial del universo total de personas afectadas por dichas violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar’". Así, ni el mea culpa que intentaron hacer algunos medios de comunicación, como Canal 13, o el "asombro" de algunos funcionarios de la dictadura como Jorge Hevia, han logrado sacar del centro el tema principal : en Chile se torturó. La tortura fue sistemática y organizada, apoyada con toda la infraestructura del Estado convertido en terrorista ; cientos de hombres y mujeres fueron adiestrados para someter a las más terribles vejaciones a otros hombres y mujeres. El uso de ratas y perros para agredir sexualmente a los prisioneros, la electricidad en los rincones más delicados de sus cuerpos, los simulacros de fusilamiento, la abstinencia de comida por largos períodos y muchas otra aberraciones, fueron cometidas en contra de quienes consideraban "enemigos", "humanoides" en el decir de uno de los integrantes de la Junta Militar. Lo otro que ha sido claro es que los sobrevivientes han tenido el coraje y la dignidad para relatar lo que sufrieron, para transformarlo en esperanza y ganas de seguir insistiendo en la necesidad de transformar este país, para continuar luchando por hacer realidad los sueños de aquellos que no pudieron acudir a dar su testimonio : los ejecutados y detenidos desaparecidos.

DINA : La mano de Pinochet

"Siempre cumplí (…) conforme a las órdenes que el señor Presidente de la República me daba. Solamente él, como Autoridad Superior de la DINA, podía disponer y ordenar las misiones que se ejecutaran y siempre, en mi calidad de Delegado del Presidente y Director Ejecutivo de la DINA, cumplí estrictamente lo que se me ordenó". (Manuel Contreras Sepúlveda, director de la DINA).

En los procesos contra la DINA, mirando la lista de encausados y condenados, pareciera que los únicos que la conformaron eran unos pocos mandos encabezados por su director Juan Manuel Contreras Sepúlveda, de alias "Mamo" y "Mojón". Siempre aparecen Pedro Octavio Espinoza Bravo, alias "Don Rodrigo" ; Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, alias "Don Elías" y "Luis Gutiérrez" ; Miguel Krassnoff Martchenko, alias "caballo loco" ; y los operativos Gerardo Godoy García, Basclay Zapata Reyes y Osvaldo Romo Mena. Pero los torturadores fueron muchos más.

Brigada Caupolicán

Mayor Marcelo Luis Manuel Moren Brito, jefe de Brigada Caupolicán. Alias "coronta", "ronco" y "oso".

Teniente Coronel Vianel Valdivieso Cervantes, alias "Víctor". Jefe del Departamento de Operaciones Psicológicas. Mantenía contacto con los periodistas que ejercían servicios para la DINA, como Roberto Araya, Julio López Blanco, Claudio Sánchez, Pablo Honorato, Ricardo Coya y Beatriz Undurraga, y el publicista Manfredo Mayol. Pasó a retiro en 1987 y se instaló en Temuco con una empresa privada.

Capitán de Corbeta Sergio José Peñaloza Marusic, agente operativo.

Capitán de Corbeta Alejandro Paulino Campos Rehbein, alias "Antolín". C.I. 3.704.573-K. Agente operativo. Luego se integra a la Subdirección de Inteligencia Exterior.

Capitán Francisco Maximiliano Ferrer Lima. Alias "Max Lenoux". Jefe del centro clandestino de torturas conocido como José Domingo Cañas, reemplazando a Ciro Torré. Socio de "Pedro Diet Lobos" e instructor de la Escuela Nacional de Inteligencia impartiendo los cursos de "servicio secreto y observación". Continuó su labor en la CNI y se mantuvo en servicio activo, al menos, hasta principios de los 90 con el grado de coronel.

Teniente Fernando Eduardo Laureani Maturana, alias "teniente Pablo". Agente Brigada Caupolicán y jefe del grupo Aguila, conocido como "los guatones". Hasta principios de los 90 continuaba en servicio activo, con el grado de coronel, como Jefe de Estado Mayor de la 3ª División de Ejército en Concepción.

Teniente de Carabineros Jaime Gustavo López Abarca, agente de Londres 38 y Cuatro Alamos. C.I. 1.822.793-2. Involucrado en la desaparición de María Cecilia Labrín Sazo.

Cabo de Carabineros Emilio Hernán Troncoso Vivallos. C.I. 4.236.940-3. Involucrado en las desapariciones de Juan Bautista y Washington Maturana Pérez, Mario Juica Vega, Gabriel Castillo y Daniel Palma Robledo.

Cabo de Carabineros Heriberto del Carmen Acevedo Acevedo.

Teniente de Ejército Jorge Claudio Andrade Gómez, C.I. 5.293.833-3. En los primeros días del golpe participa en la masacre del complejo maderero Panguipulli. Actúa bajo el mando directo de Krassnoff en el cuartel Terranova (Villa Grimaldi). En agosto de 1979, ya en la CNI, participó en la aplicación de las torturas que causaron la muerte del profesor Federico Alvarez Santibáñez. En 1991 era mayor en la Guarnición General Metropolitana y miembro del DINE.

Cabo de Carabineros José Aravena Ruiz, alias "muñeca del diablo" y "cucharita", este último sobrenombre se lo pusieron los prisioneros pues acostumbraba golpearles los nudillos de las manos con una cuchara después de la tortura. Fue funado en diciembre de 1999 en su casa de Alfonso Leng 5569-0, en la Villa Santa Elena de Macul, sitio que abandonó poco después.

Conscripto del Ejército Samuel Enrique Fuenzalida Devia, alias "gato".

Emilio Iribarren Ledermann, alias "Joel". Pasó de militante del MIR a ser agente de la DINA.

Leonardo Alberto Schneider Jordán, alias "Barba". Pasó de militante del MIR a ser agente, primero del Comando Conjunto y luego de la DINA. Por estos días está siendo procesado en varios casos de torturas y desapariciones.

Capitán de Carabineros Egladio Salgado Torres, agente destinado al Cuartel General de Belgrano, pero también con funciones operativas en secuestros y torturas en Villa Grimaldi. En 1980 retornó a su institución, integrándose a la DICAR. Pasó a retiro con el grado de coronel.

Sergio Bernardino Ortega Parada, alias "gil culiao". Capitán de corbeta Sergio José Peñaloza Marusic. C.I. 4.782.486-9. Agente operativo de la DINA hasta su disolución.

Cabo de Carabineros José Avelino Yévenes Vergara, alias "Quico" o "Daniel Cáceres". Integrante del grupo Halcón II, con labores de torturador en Londres 38, José Domingo Cañas y Villa Grimaldi. Al finalizar la DINA pasó a la CNI y luego al DINE. Fue funado en su casa de Calle B 5266, Villa San Luis de Macul, comuna de Peñalolén.

Brigada Purén

Capitán de Ejército Alfonso Faúndez Norambuena, Jefe de Brigada Purén. C.I. 5.454.077-1. El 11 de septiembre se desempeñaba en la Escuela de Infantería de San Bernardo participando en las ejecuciones y desapariciones Paine y Cerro Chena. Continuó su labor en la CNI. Tras el fin de la dictadura se radicó en Talca, donde tiene una empresa que provee de forraje y granos al Ejército.

Coronel de Ejército Manuel Andrés Carevic Cubillos, alias "Raúl" y "Claudio". Segundo en el mando de la Brigada Purén. Continuó su labor en la CNI y, en 1989, fue designado Jefe de Plaza en el distrito de La Pintana, Puente Alto, Pirque y San José de Maipú. Hasta principios de los 90 formó parte del DINE con el grado de coronel.

Mayor de Carabineros Eduardo Víctor Espinoza Paiella. C.I. 3.662.969-K. Agente del Departamento Economía. Pasó a retiro junto con Manuel Contreras.

Capitán Carabineros Germán Jorge Barriga Muñoz, alias "Don Jaime". C.I. 5.060.938-3. Integrante de la Brigada Purén y luego de la CNI. Con el grado de coronel, Barriga cumplía en 1991 funciones en la Dirección Nacional de Movilización. Fue funado en su domicilio de Irarrázaval 2061, departamento 105, lugar que abandonó presurosamente. Hoy es jefe de seguridad de los supermercados Lider.

Teniente Manuel Abraham Vásquez Chahuán, alias "teniente Manuel". C.I. 5.090.309-K. Responsable en las desapariciones y ejecuciones de Paine y Cerro Chena. Continuó en la CNI y en 1989 fue designado comandante del Batallón Logístico de Concepción.

Cabo de Ejército Basclay Humberto Zapata Reyes, alias "el troglo". Con fama de ser muy cruel en las torturas y violar a las mujeres detenidas. Procesado por múltiples casos de desaparición, ejecuciones y torturas. Hasta principios de los 90 se mantuvo como instructor en la Escuela de Suboficiales "Daniel Rebolledo" y con labores operativas en el DINE.

Oficial de Carabineros Gerardo Urrich González, alias "mano negra". Instructor en Tejas Verdes. Responsable de una serie de ejecuciones en el sector conocido como Barrancas, hoy mayoritariamente comuna de Pudahuel. Fue funado en su oficina de "Servicios de Seguridad Alcázar", ubicada en Ahumada 236, oficina 408.

Teniente de Ejército Manuel Jorge Provis Carrasco. Como integrante de la Escuela de Infantería de San Bernardo participó en los crímenes de Paine y Cerro Chena. Continuó en tareas represivas y fue comandante del cuartel de la CNI de calle Borgoño, participando en la Operación Albania. A fines de 1989 regresa de un viaje profesional que hace a Israel. Hasta 1991 era teniente coronel en la Brigada de inteligencia del Ejército.

Teniente de Ejército Marco Antonio Sáez Saavedra. C.I. 5.795.624-0. Especialista en la represión al Partido Comunista y Partido Socialista. En 1991 era teniente coronel y desempeñaba sus labores en la Dirección de Operaciones del Ejército. Cuñado del mayor de la CNI Joaquín Molina, asesinado por Manuel Contreras Valdebenito.

Teniente de Ejército Manuel Rolando Mosqueira Jarpa.

Detective Manuel Gregorio Chirinos Ramírez.

Detective Jorge Lander Cabezas.

Detective Francisco Aladino Caamaño Díaz.

Detective Arturo Patricio Vargas Cid.

Inspector de Investigaciones Juan Saldías Valdés, alias "Harry el sucio".

Inspector de Investigaciones Risiere del Prado Altes España, alias "Pedro".

Otros mandos y agentes

Teniente Coronel de Ejército Jerónimo Luzberto Pantoja Hernández, Subdirector de la DINA y la CNI. C.I. 2.095.044-7. Responsable de la masacre de Chihuío como vicecomandante del Regimiento Maturana de Valdivia. En 1990 fue arrestado por su participación en la financiera ilegal conocida como "La Cutufa".

Teniente Coronel de Ejército Alberto Elissalde Muller, Encargado Departamento de Economía. C.I. 3.118.465-7. Como encargado de la Subdirección de Personal paga los salarios de los agentes a través de las empresas de fachada "Villar y Reyes" y "Elissalde y Poblete". Al menos hasta fines de los 90 vivió en uno de sus extensos predios en la zona sur del país.

Mayor Carlos Rafael Parera Silva, Alias "Luis Gutiérrez", C.I. 3.090.193-2. Jefe Departamento Exterior (sucesor de Iturriaga Neumann). En 1973 era Segundo Comandante de Boinas Negras en Peldehue. Cuando se disolvió la DINA se reincorporó al Ejercito y fue destinado como Comandante del Regimiento Dolores, Director de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales, y en 1985 agregado militar en Francia. En el gobierno de Patricio Aylwin fue Agregado Militar en la embajada chilena en Sudáfrica.

Andrés Terrise Castro. Agente del Departamento de Operaciones Sicológicas, donde cumplía funciones de encubrimiento de crímenes y preparación de campañas de propaganda. Continuó en la CNI y el DINE como agente civil. Hoy aparece como empresario de una firma de publicidad con sede en la Ciudad Empresarial de Huechuraba.

Mayor Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, jefe de Villa Grimaldi. C.I. 3.870.222-K. Era el jefe y amante de Luz Arce. En 1985 fue agregado militar en la República Federal Alemana, pasando a retiro en 1987 para irse al sur, donde muchos altos jerarcas de la DINA tienen extensas zonas de tierra.

Mayor Julio Cerda Carrasco, Jefe de Seguridad del Cuartel Central (Belgrano). Responsable de desapariciones y ejecuciones en el Cerro Chena. Pasó a retiro en diciembre de 2002 como Comandante en Jefe de la IV División del Ejército.

Capitán de Ejército Eugenio Armando Videla Valdebenito, agente operativo. C.I. 4.209.466-8. Participó en los cursos de Tejas Verdes antes de pertenecer a la DINA. Fue director de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes y gobernador de San Antonio. En servicio activo hasta principios de los 90, llegó a integrar el Estado Mayor del Ejército.

Teniente de Ejército Juan Viterbo Chiminelli Fullerton, C.I. 3.704.546-2. Agente Departamento Exterior. En 1973 se desempeñaba en el comando de aviación y fue uno de los pilotos que acompaño al sur y norte del país al General Arellano Stark, en la "Caravana de la Muerte". El año 1974 pasó a formar parte de la DINA. Funado en su domicilio en Avenida El Bosque Norte y su trabajo en la empresa minera Kvaerner-Chile, de origen holandés.

Teniente Ricardo Víctor Lawrence Mires, 5.392.869-2, Jefe Brigada Halcón 1. Alias "cachete grande". Procesado por numerosos casos de secuestros, ejecuciones y torturas, entre ellos la desaparición de María Cecilia Labrín Sazo que se encontraba en avanzado estado de embarazo. Fue funado en Tabancura 1382, su lugar de trabajo en la distribuidora de camarones "Kamaron Bay", donde usa el alias de "Ricardo Flores" en su contacto con dueños de numerosos restaurantes de Santiago.

Teniente de Carabineros Emilio Patricio Sajuria Alvear, socio de la empresa de pantalla Pedro Diet Lobos. C.I. 5.122.525-2. Funado en Telefónica, donde se desempeñaba en su Departamento Jurídico. Hoy ejerce como abogado de empresas turísticas.

Subteniente de Carabineros Gerardo Ernesto Godoy García, Jefe Grupo de Apoyo Tucán y Jefe de la Venda Sexy. Alias "cachete chico". Hasta marzo de 1991, con el grado de mayor, era jefe de la comisaría de Ancud. Después de esa fecha fue trasladado a Santiago. Hoy condenado por el secuestro de Miguel Angel Sandoval, debiendo ser trasladado a Punta Peuco II, aunque aún se le ve por su casa de La Reina.

Oficial de Carabineros Gerardo Alejandro Aravena Longa, agente operativo. C.I. 4.567.685-4. Involucrado en la ejecución de cinco prisioneros políticos en Cuesta Barriga y en la desaparición de José Guillermo Barrera. Al terminar la DINA pasó a la CNI y en 1985 volvió a Carabineros, pasando a retiro como comandante. Hoy es Gerente General de Radio Santiago.

Oficial de Ejército Mario Alejandro Jara Seguel. C.I. 3.319.824-8. Jefe del cuartel de la DINA en la IV Región, con asiento en Coquimbo. En otro momento estuvo al mando de la brigada que operaba en Rocas de Santo Domingo. Amigo personal de Manuel Contreras. Adquirió una parcela entre Coquimbo y La Serena en la que viviría con su ex secretaria, de nombre Nancy.

Comando Conjunto El terrorismo desde la FACH

El denominado Comando Conjunto (CC) fue una agrupación de inteligencia que operó aproximadamente entre fines de 1975 y 1976, y cuyo objetivo principal fue la represión a la denominada Fuerza Central del MIR, y a los comités centrales del Partido y las Juventudes Comunistas. Durante este período, según el Informe Rettig, fue responsable de la desaparición de cerca de 30 personas. Otras fuentes hablan de más de 70. El CC estaba formado principalmente por agentes pertenecientes a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA) y más tarde con una participación importante de efectivos de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DICAR). Contó también, en menor medida, con la participación de agentes del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) y con algunos efectivos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Además, colaboraron en ese Comando miembros de la Policía de Investigaciones de Chile y civiles provenientes del grupo de extrema derecha Patria y Libertad.

Los inicios en la AGA

Testigos que sobrevivieron a las torturas de la Academia de Guerra Aérea recuerdan como sus torturadores, entre otros, a los generales Orlando Gutiérrez Bravo y Juan Soler Manfredini ; los comandantes Sergio Lizasoaín Mitrano, Edgar Cevallos Jones, Jaime Lavín Fariña, Carlos Godoy Avendaño, Juan Bautista González, Ramón Cáceres Jorquera y Humberto Velásquez Estay ; el coronel y médico FACH Humberto Berg Fontecilla ; los coroneles Sergio Sanhueza López y Javier Lopetegui Torres ; los capitanes León Duffey Treskoff (quien llegó hasta general al interior de la FACH), Alberto Waschtendorf, Juan Carlos Sandoval, Alvaro Gutiérrez (residiendo actualmente en Melipilla), Jaime Lemus, Víctor Mattig Guzmán, Florencio Dublé, Contreras y Hernán Fucshlogher (jefe de guardia permanente) ; el abogado Julio Tapia Falk (cerebro del consejo de guerra y asesor principal del general Leigh. Rector designado en la U. de Chile, abogado de Manuel Contreras cuando intentó refugiarse en el Hospital Naval de Talcahuano y, últimamente, querellante en contra de la obra "Arturo Prat". Trabaja en su estudio privado de abogado en la comuna de Providencia, en calle Santa Magdalena), los asesores legales Cristián Rodríguez, Jaime Cruzat Corvera (que tiene su oficina en pleno Paseo Huérfanos) y Víctor Barahona ; los tenientes Juan Carlos Sandoval, Luis Campos, José García Huidobro, Franklin Bello y Gonzalo Pérez Canto ; el sargento Hugo "chuncho" Lizana, el suboficial Juan Normabuena, el cabo Eduardo Cartagena y el cabo 2º Gabriel Cortés (que se cambió el nombre).

Los más siniestros

Sergio Manuel Barra Von Kretschmann (C.I. 1.614.559-9), jefe del Servicio de Inteligencia Naval en la Comunidad de Inteligencia (José Antonio Ríos 6). Capitán de fragata al momento del golpe de Estado, parte de la dirección de la DINA en 1974 y subdirector en 1975. En 1976 pasa a formar parte de la CNI. Fue procesado como cómplice de la asociación ilícita criminal y del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira por el ministro Cerda.

Freddy Enrique Ruiz Bunger, general ® de la FACH. Jefe de la DIFA en J.A.R. 6. Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira, por el secuestro de Víctor Vega y la desaparición y muerte de Juan Luis Rivera Matus. También por el delito de secuestro calificado en las personas de Víctor Vega, David Urrutia, Juan Carlos Orellana, Ricardo Weibel, Alonso Gahona Chávez y Miguel Rodríguez Gallardo, y la detención ilegal de los sobrevivientes Isabel Stange, Jaime Estay y Amanda Velasco.

Mario H. Vivero Avila, general ® de la FACH, juez de Aviación y comandante de la guarnición de Santiago en 1976. Procesado como encubridor de la asociación ilícita y de la desaparición de Víctor Vega.

Edgar Benjamín Cevallos Jones, coronel ® de la FACH. Director de la DIFA y luego de la SIFA, torturador en la Academia de Guerra Aérea y jefe de Roberto Fuentes Morrison en el CC. Alias "Inspector Cabezas". C.I. 2.895.236-8. Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto y Reinalda Pereira, y por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el asesinato de Alfonso Carreño Diaz en 1974.

Carlos Arturo Madrid Hayden, comandante ® de la FACH. Vicecomandante del Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina en el que funcionó el centro de tortura "Remo Cero". Procesado como autor de asociación ilícita criminal, del secuestro de Víctor Vega y Juan Luis Rivera Matus.

Daniel Luis Enrique Guimpert Corvalán, teniente ® de la Armada (C.I. 4.638.149-1). Procesado como autor de la asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto, Reinalda Pereira y Víctor Vega.

Eduardo Enrique Cartagena Maldonado, alias "Lalo". C.I. 5.083.760. Suboficial ® de la FACH. Agente del CC desde 1975, participando en secuestros, torturas y desapariciones de numerosos dirigentes comunistas entre ese año y 1976. Tras la disolución de este organismo pasó a integrar el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA). Su último domicilio conocido es Del Rey 394, Maipú, donde fue denunciado por la Comisión FUNA. Lo más probable es que esté viviendo en la zona del litoral central.

Miguel Arturo Estay Reyno, alias "El Fanta". C.I. 6.446.545-7. Ex militante comunista, pasó de delator a agente tras ser detenido en 1975 por miembros del Comando Conjunto. Procesado por el ministro Cerda y amnistiado por Silva Ibáñez, hoy cumple condena a cadena perpetua en Colina por el asesinato de los tres profesionales comunistas y es procesado por la desaparición de Víctor Vega.

César Luis Palma Ramírez, alias "El Fifo". C.I. 6.387.372-1. Como militante de Patria y Libertad participa en numerosos atentados terroristas contra el gobierno de la UP, fue detenido en agosto de 1973 por su participación en el homicidio del edecán presidencial Arturo Araya, amnistiado después del golpe de Estado por el Almirante Adolfo Waulbaum. Amigo de Fuentes Morrison, quien lo lleva al CC, pasa a ser su mano derecha en la ejecución de las tareas represivas. Su última dirección conocida es El Quilo 5535, Quinta Normal, donde funciona la fábrica de equipos refrigerantes FRIGOMET LTDA., en la que aseguran que no lo conocen, sin embargo continúa su fono-fax 7738010 a nombre de Palma Ramírez.

Leonardo Alberto Schneider Jordán, alias "El Barba". C.I. 5.521.250-3. Ex militante del MIR, agente. Acusado por numerosos sobrevivientes de haber participado en su detención y tortura en la Academia de Guerra Aérea. Luego pasaría a integrar la brigada que se dedicó a reprimir al MIR en la DINA. Procesado por torturas y secuestro permanente en, al menos, dos juzgados de Santiago. Su último domicilio conocido es Las Hualtatas 4966, fono 2633546, Vitacura.

Roberto Alfonso Flores Cisterna, alias "El Huaso". C.I. 7.767.975-8. Soldado ® de la FACH. El 11 de septiembre de 1973, como soldado de la FACH en la Base Aérea El Bosque, participa en interrogatorios y torturas a detenidos. En 1975 pasa a formar parte del CC, siendo responsable del secuestro, tortura y desaparación de decenas de militantes comunistas. Hasta mediados de los ’90 continuaba en servicio activo en la SIFA, hoy aparece desempeñándose en el rubro del comercio. Su último domicilio conocido es Villa Tantauco, Block 10282, depto. 31, San Bernardo.

Otto Silvio Trujillo Miranda, agente civil, alias "Colmillo Blanco" en reportaje de La Nación. C.I. 5.684.434-1. Militante DC en su juventud, luego se incorporó a Patria y Libertad donde conoce al "Wally", quien lo llevaría al CC. Participa en el secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes de izquierda hasta su expulsión por el incidente con la DINA. Tras una larga permanencia en el Hospital Penitenciario se le ha visto circular por la comuna de La Florida.

Guillermo Antonio Urra Carrasco, alias "Willy". C.I. 6.687.227-0. Cabo segundo ® de la FACH. Agente operativo del CC desde su formalización en 1975. Fue procesado por el juez Carlos Cerda por su participación en el secuestro, torturas y desaparición de decenas de militantes de izquierda. Según testigos directos es responsable de la ejecución de prisioneros en el Cajón del Maipo (entre ellos José Weibel y los agentes Carol Flores y Guillermo Bratti), en Cuesta Barriga (entre otros Horacio Cepeda, Fernando Ortiz y Reinalda Pereira) y en el lanzamiento al mar de otros, frente a las costas de Quinteros.. Su última dirección conocida es Santa Blanca 1990, Las Condes.

Fernando Patricio Zúñiga Canales, Alias "Chirola". C.I. 5.974.807-6. Suboficial ® de la FACH. Como soldado de la Base Aérea de El Bosque, el 11 de septiembre de 1973, participa en la tortura de sus camaradas de armas. Luego es trasladado a la Academia de Guerra Aérea para cumplir las mismas funciones y de allí pasa a formar parte de la DIFA. En 1975 se incorpora al CC, en el que participa en el secuestro, tortura y desaparición de decenas de militantes de izquierda. Perteneció al Servicio de Inteligencia de la FACH (SIFA) al menos hasta principios de los ’90. Su última dirección conocida es Pasaje Simón Bolívar 1298, San Bernardo.

Jorge Rodrigo Cobos Manríquez, teniete de reserva FACH, proveniente de Patria y Libertad. Alias "Kiko" o "Elefantito" (C.I. 5.890.505-4). Procesado como autor autor de asociación ilícita criminal y cómplice del secuestro de Edrás Pinto, Reinalda Pereira y Víctor Vega. Jorge Arnoldo Barraza Riveros, Comisario ® de la Policía de Investigaciones. Alias "El Zambra". Procesado como cómplice de la asociación ilícita criminal.

Pedro Ernesto Caamaño Medina, Suboficial ® de la FACH. Alias "Peter" (C.I. 7.024.319-9). Agente operativo en el centro de torturas "La Firma". Procesado por el juez Carlos Hazbún por el secuestro de Víctor Vega. Participa en el secuestro de José Weibel y decenas de militantes de las Juventudes Comunistas. Su último domicilio conocido es José Miguel Carrera 424, departamento 702, Santiago Centro, lugar donde fue denunciado ante sus vecinos por la Comisión FUNA.

Alejandro Fígari Verdugo, alias Luty, proveniente de Patria y Libertad, segundo al mando en el equipo de detención, luego de "Fifo" Palma (según Otto Trujillo). C.I. 6.693.227-3.

Alex Damián Carrasco Olivos, Funcionario de la FACH, escolta de Leigh, Fernando Matthei y Ramón Vega. Alias "Loco Alex" (C.I. 6.243.426-7). Agente operativo del Comando Conjunto.

Juan Arturo Chávez Sandoval, cabo ® de la FACH. Alias "Peque", "Rucio" o "Pol". C.I. 6.476.141-2. Torturador en el AGA y operativo del CC. Procesado por el secuestro de Víctor Vega.

Raúl Horacio González Fernández, funcionario ® de la FACH. Alias "Rodrigo"o "Wally Chico". C.I. 6.519.815-0. Testigos afirman que participó en la detención de José Weibel. Funado en Puerto Montt, en octubre de 2002, frente a la empresa de radio taxis Volcanes ubicada en calle Doctor Marín 459, teléfonos 313131 y 313989, desde la que ofrecía servicios a los diarios El Mercurio y El Llanquihue, y a la filial local de la Coca-Cola. Procesado como cómplice de la detención ilegal de Amanda Velasco Pedersen en el 25º Juzgado del Crimen.

Antonio Benedicto Quiros Reyes, C.I. 3.189.349-6. Coronel ® de la FACH y jefe del Departamento de Contrainteligencia en los años del CC. Procesado por Carlos Cerda como autor de asociación ilícita criminal.

Andrés Pablo Potin Lailhacar, agente civil del CC. Alias "Yerko". C.I. 5.390.709-1. Militante de Patria y Libertad detenido en agosto de 1973 por su participación en el homicidio del edecán presidencial Arturo Araya. Procesado por el juez Hazbún como participante del secuestro de Víctor Vega. Figura como empresario en el rubro computacional con una oficina en Américo Vespucio Norte 2506.

Robinson Alfonso Suazo Jaque, soldado ® de la FACH. Alias "Jonathan". C.I. 7.641.894-2. Torturador en la AGA. Procesado en el 25º Juzgado del Crimen por el secuestro y desaparición de Víctor Vega.

Pedro Juan Zambrano Uribe, funcionario de la Fach. Alias "Chino". C.I. 6.969.320-2. Procesado por el ministro Hazbún como autor del secuestro de Víctor Vega.

Franklin Bello Calderón, teniente ® de la FACH, procesado en el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago por el desaparecimiento de Luis Baeza Cruces y el asesinato de Alfonso Carreño Diaz en 1974.

Otros torturadores del Comando Conjunto

Miguel Angel Perucca López, reservista de la FACH. Víctor Misael Robles Mella, oficial ® de la FACH. Luis Eduardo Rojas Campillay, funcionario de la FACH. Patricio Eugenio Saavedra Rojas, comandante ® de la FACH. Ramón Eduardo Valenzuela Cuevas, 5.934.129-4. Alberto Roque Badilla Grillo, C.I. 5.164.080-2. Tito Alejandro Figarí Verdugo, C.I. 6.693.227-3. Angel Gabriel Valdivia Pérez, C.I. 3.277.893-3. Lénin Figueroa Sánchez, C.I. 4.633.329-2. Enrique Augusto Werner Haase, 4.086.322-2. Santiago Segundo San Martín Riquelme, C.I. 4.530.448-5. Angel Segundo Valdivia Pérez, C.I. 3.996.083-4. José Florentino Fuentes Castro, C.I. 5.340.552-5. Francisco Hidalgo García, 2.633.797-6. Francisco Segundo Illanes Miranda, C.I. 4.294.918-3. Ernesto Arturo Lobos Gálvez, C.I. 5.082.345-8. Jorge Aníbal Osses Novoa, C.I. 4.818.025-6.

La mayoría se encuentra en libertad vigilada y otros obtuvieron la salida dominical, como los dos condenados por los secuestros y degollamientos de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino. Observatorio de DDHH de la Universidad Diego Portales cuestiona estos beneficios.

 Claudio Leiva Cortés

El 3 de agosto se informó que el Consejo Técnico de Gendarmería concedió el beneficio de la salida dominical al coronel (R) de Carabineros Guillermo González Betancourt y el sargento (R) José Fuentes Castro, quienes se encuentran recluidos en Punta Peuco, cumpliendo cadena perpetua simple por los asesinatos de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, así como del secuestro de otras 6 personas en marzo de 1985, situación que fue conocida como el “Caso Degollados”. La condena de primera instancia fue dictada por el ministro Milton Juica en marzo de 1994 y quedó a firme en octubre de 1995.

 La noticia impactó en el mundo de los derechos humanos y particularmente entre los familiares de las víctimas, quienes para tratar de revertir la medida presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, indicando que les causaba un profundo daño moral y perturbaciones sicológicas. El recurso fue aceptado a tramitación y el tribunal solicitó a Gendarmería que informe los antecedentes que se tuvieron a la vista para adoptar la resolución.

 Fue en estas circunstancias que se supo que otros condenados también habían recibido beneficios carcelarios. En total, se trata de 14 reclusos que cumplen sentencia en Punta Peuco y el Penal Cordillera de Peñalolén. El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales informó que los siguientes condenados por violaciones a los DDHH gozan de distintos beneficios penitenciarios (todas las sentencias son afirme, es decir, ratificadas por la Corte Suprema):

 – Hugo Enrique Alarcón Vergara, ex empleado civil de la Central Nacional de Informaciones (CNI), condenado en 2006 a 5 años y 1 días como cómplice del homicidio calificado del carpintero Juan Alegría Mundaca (caso Tucapel Jiménez). Recibió una conmutación de 8 meses y actualmente se encuentra en libertad condicional.

 – Primitivo Castro Campos, suboficial (R) de Carabineros, condenado en 2007 a 5 años y 1 días por el homicidio de Carlos Fuentealba Herrera. Se le conmutaron 17 meses y está en libertad condicional.

 – Luis Fernando Romo Morales, mayor (R) de Carabineros, sentenciado en 2007 a 5 años y 1 días por los secuestros calificados de José Lorenzo Cofré Obadilla y Carlos Montecinos Urra. Se le benefició con una reducción de pena de 8 meses, la conmutación de otros 3 y se encuentra en libertad condicional.

 – Juan de Dios Caniulaf Hualme, civil, condenado en 2007 a 3 años como encubridor del homicidio simple de José Matías Ñanco. Recibió los beneficios de salida controlada y se le redujo la pena en 5 meses. Se encuentra libre.

 – Alejandro Molina Cisternas, suboficial (R) de Carabineros, sentenciado en 2007 a 5 años y 1 día por los secuestros calificados de Mario Edrulfo Carrasco Díaz y Víctor Olea Alegría. Se le redujo la pena en 8 meses y está libre.

 – Gerardo Ernesto Urrich González, mayor (R) de Ejército, condenado en 2007 a 5 años y 1 día por los secuestros calificados de Mario Edrulfo Carrasco Díaz y Víctor Olea Alegría. Además, está acusado en otras 3 causas y procesado en otras 21. Se le redujo la pena en 8 meses y está libre.

 – Patricio Zamora Rodríguez, capitán (R) de Carabineros, condenado en 1995 a 15 años y 1 día por los secuestros de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino y como cómplice de los homicidios de los tres y por los secuestros de otras cinco personas en el mismo caso. También tiene otras tres condenas a 5n años y 1 días por violencia innecesaria con resultado de muerte de Percy Arana; 541 días por asociación ilícita y 541 días por lesiones. Se le redujo la pena en 13 meses y está libre.

 – Emilio Enrique Neira Donoso, ex agente de la CNI y teniente coronel (R) de Ejército, condenado a la pena única de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo, como autor de los homicidios calificados de José Valenzuela Levi y de Recaredo Valenzuela Pohorecky, ocurridos en junio de 1987 en el marco de la “Operación Albania”, cuya sentencia quedó a firme en agosto de 2007. Se le concedió el beneficio de la salida dominical.

 – Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, coronel (R) de Ejército, condenado en 7 oportunidades, entre 2007 y 2011, por varios secuestros calificados (desapariciones). Recibió una reducción de pena de 7 meses. En algunos casos ya se encontraba con libertad vigilada. Actualmente está en libertad.

 – José Florentino Fuentes Castro, sargento (R) de Carabineros, condenado en 1995 a presidio perpetuo simple (mínimo de 20 años) y 541 días por los homicidios de Parada, Nattino y Guerrero y por los secuestros de 6 dirigentes de la Agech. Acaba de recibir el beneficio de salida dominical.

 – Guillermo Washington González Betancourt, coronel (R) de Carabineros, condenado a presidio perpetuo simple en el mismo caso del anterior. Junto con Fuentes, acaba de obtener la salida dominical.

 – Otto Silvio Trujillo Miranda, alias “Colmillo Blanco”, ex empleado civil de la Fuerza Aérea de Chile e integrante del Comando Conjunto, condenado en 2010 a 3 años y 1 día como cómplice del secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez, detenido por el Comando Conjunto en noviembre de 1975. Trujillo, además, se encuentra procesado o acusado en otras 5 causas, como autor o cómplice de las desapariciones de 11 militantes del Partido Comunista, detenidos por el Comando Conjunto en los años 1975 y 1976. Se le concedió la salida dominical.

 – César Luis Palma Ramírez, alias “Fifo”, también ex empleado civil de la Fuerza Aérea de Chile e integrante del Comando Conjunto, quien igualmente fue condenado en 2010 a 5 años y 1 día por el secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez. También fue condenado en 2007 a 3 años y 1 día, con el beneficio de la libertad vigilada,  como autor del homicidio de Carlos Contreras Maluje, detenido en noviembre de 1976. Además, se encuentra procesado o acusado en otras 6 causas, como autor de las desapariciones de 13 militantes del Partido Comunista, detenidos por el Comando Conjunto en los años 1975 y 1976. Se le concedió la reclusión nocturna.

 – Odlanier Rafael Mena Salinas, general (R) de Ejército, ex director de la CNI, condenado en 2008 a 6 baños por tres secuestros calificados (Caso Caravana de la muerte, episodio Arica).

 El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, al ser consultado acerca del tema, manifestó que respaldaba plenamente las decisiones del Consejo Técnico de Gendarmería, ya que si bien los beneficiados podían haber cometido “delitos rechazables, también tienen derechos humanos”. Sin embargo, en opinión del Observatorio de DDHH “hay razones muy fundamentadas para cuestionar la aplicabilidad de normas del derecho interno diseñados para crímenes comunes a crímenes que, por su carácter de lesa humanidad, revisten la mayor gravedad, según normas activamente reconocidas y ratificadas por el mismo Estado de Chile”.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, dictó condena en contra de 14 ex agentes del denominado «Comando Conjunto», por su responsabilidad en los delitos de asociación ilícita y los secuestros de Víctor Humberto Vega Riquelme, Isabel Stange Espínola, Jaime Estay Reyno, Amanda Velasco Pedersen y María Eugenia Calvo Vega, ilícitos perpetrados entre 1975 y 1976.

En la resolución, el ministro Vázquez Plaza condenó a 7 años de presidio al ex general de la fuerza aérea César Freddy Enrique Ruiz Bunger, por el secuestro calificado de Vega Riquelme, y cuatro penas de 100 días de presidio por el secuestro simple de Isabel Stange Espínola, Jaime Estay Reyno, Amanda Velasco Pedersen y María Eugenia Calvo Vega; además de la pena de 5 años y un día por asociación ilícita. En la época de los hechos Ruiz Bunger era jefe del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA) y actuaba como jefe del Comando Conjunto.

El también ex oficial de la Fach Juan Francisco Saavedra Loyola, alias el "Mono Saavedra", deberá cumplir 7 años de presidio por el secuestro calificado de Vega Riquelme, y cuatro penas de 100 días de presidio por los secuestros simples de Stange Espínola, Estay Reyno, Velasco Pedersen y Calvo Vega.

El ex miembro del grupo fascista Patria y Libertad (banda armada de derecha que desarrolló acciones terroristas contra el gobierno de Allende), César Luis Adolfo Palma Ramírez, alias "El Fifo", agente civil del SIFA, deberá purgar 6 años de presidio por el secuestro calificado de Víctor Vega Riquelme, y dos penas de 100 días de presidio por los secuestros simples de Estay Reyno y Stange Espínola.

Por su parte, los ex oficiales de ejército Sergio Antonio Díaz López, Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla y Raúl Ernesto Rojas Nieto fueron condenados a 7 años de presidio por su responsabilidad en el secuestro calificado de Víctor Vega Riquelme.

El ex miembro de Patria y Libertad (PL), Otto Silvio Trujillo Miranda, agente civil del SIFA, fue condenado a 300 días de presidio por el secuestro simple de María Eugenia Calvo Vega; Raúl Horacio González Fernández, alias "El Wally Chico", ex suboficial de la Fach y agente SIFA, deberá cumplir 60 días de presidio por su responsabilidad como cómplice del secuestro simple de Amanda Velasco Pedersen, y 541 días de presidio por asociación ilícita. En ambas condenas se le concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena.

Los agentes SIFA Pedro Ernesto Caamaño Medina, Robinson Alfonso Suazo Jaque, Eduardo Enrique Cartagena Maldonado, Juan Arturo Chávez Sandoval, ex suboficiales Fach, y Alejando Julio Segundo Sáez Mardones, ex carabinero, y el agente civil Andrés Pablo Potín Lailhacar, ex PL, fueron condenados a 541 días de presidio -con el beneficio de la remisión condicional- por su responsabilidad en el delito de asociación ilícita.

Asimismo, el magistrado absolvió a los agentes del SIFA Guillermo Antonio Urra Carrasco y Pedro Juan Zambrano Uribe.

Los hechos

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, el ministro Vázquez Plaza logró acreditar la siguiente secuencia de hechos:

«a) Que un grupo de oficiales de la Fuerza Aérea de Chile, de Carabineros de Chile, de la Armada, del Ejército y civiles relacionados con miembros de la Fuerza Aérea, se unieron en el último trimestre del año 1975 y parte del primer trimestre del año 1976, formando una agrupación fuera de los marcos de la institucionalidad y legalidad, los que desarrollaron estrategias y acciones que permitieran detectar, detener y en algunos casos, eliminar o hacer desaparecer a militantes de la Juventud Comunista, para cuyo efecto realizaban seguimientos de acuerdo a los datos obtenidos en esa actividad y actuaban al margen de todo procedimiento administrativo y judicial.

b) Que en ese contexto, en la madrugada del día 22 de diciembre de 1975, en el interior del domicilio ubicado en calle Estados Unidos N° 9214, paradero 19 de Villa Kodak, comuna de La Florida, fueron detenidos dos miembros del Partido Comunista de Chile, uno de los cuales de nombre Miguel Estay Reyno, con posterioridad a su detención, comenzó a prestar colaboración para cumplir los fines propuestos por la mencionada agrupación «Comando Conjunto» y, dicho sujeto tomó contacto con Eliana Graciela Espínola Bradley, para ubicar a Isabel del Rosario Stange Espínola y, a través de ésta, a Víctor Humberto Vega Riquelme, a quien conocía por su militancia en el mismo partido, el que era requerido por la citada agrupación y fue así que, se acordó como punto de reunión el de Avenida Libertad Bernardo O’Higgins con General Velásquez, lugar al que concurrieron el 3 de enero de 1976, a las 21:30 horas, los nombrados Isabel del Rosario Stange Espínola y Víctor Humberto Vega Riquelme, conjuntamente con Jaime Eduardo Estay Reyno, quedando los dos varones a media cuadra de distancia del punto de reunión, mientras Isabel del Rosario Stange Espínola conversaba con el sujeto concertante de la reunión, el que iba acompañado de miembros operativos de la agrupación, momentos en que fueron aprehendidos, a viva fuerza, por varios de los agentes y los introdujeron en el interior de varios vehículos, uno de los cuales correspondía a un Fiat 600 de color blanco, sin que existiese orden judicial o administrativa que autorizase su detención.

c) Que, acto seguido, los tres detenidos fueron llevados hasta las dependencias de un recinto que resultó ser, a la postre, la Base del Regimiento de Artillería Antiaérea de la Fuerza Aérea de Chile, ubicado en Colina, en cuyo interior funcionaba un centro de detención clandestino, denominado «La Prevención», que también era conocido como «Remo Cero», lugar en que fueron interrogados y torturados con aplicación de corriente eléctrica en sus cuerpos y otros tormentos.

d) Que Vega Riquelme permaneció encerrado y detenido en el indicado recinto hasta que éste fue cerrado a fines del mes de enero de 1976, ocasión en que fue entregado a personal del Ejército, perteneciente a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), que hasta esa época participaba en la agrupación, desconociéndose desde esa fecha el paradero de Víctor Vega Riquelme, así como la suerte que ha corrido su salud física, síquica e integridad personal no obstante las búsquedas realizadas, tanto por vía judicial y administrativa, manteniéndose en calidad de detenido desaparecido hasta la fecha.

e) Que, los otros dos detenidos, esto es Stange Espínola y Estay Reyno, también fueron trasladados al recinto denominado «La Prevención» o «Remo Cero» referido en la letra c) anterior, e interrogados bajo aplicación de tormentos, posteriormente la mujer Isabel del Rosario Stange Espínola y el varón Jaime Eduardo Estay Reyno fueron dejados en libertad el 29 de enero de 1976, sin que se les formulase cargo alguno».

Cabe señalar que Miguel Arturo Estay Reyno, alias "El Fanta", ex militante del PC, se convirtió en traidor, torturador y asesino, operando como agente SIFA en el Comando Conjunto. Este criminal fue detenido en diciembre de 1992 cuando llegaba al país luego de haber sido expulsado de Paraguay donde el dictador Stroessner brindaba refugio a los asesinos provenientes de diversas dictaduras latinoamericanas. "El Fanta" fue condenado en 1995 a cadena perpetua, más una pena de cinco años y un día, y dos de 541 días de prisión por su participación en el secuestro y degollamiento de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino cometidos en 1985; además de su participación en diversos otros delitos criminales.

El ministro en visita para causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago,  Miguel Vázquez Plaza, condenó a 29 ex agentes del Comando Conjunto por su responsabilidad en los secuestros y homicidios calificados de los militantes del Partido Comunista, Ricardo Manuel Weibel Navarrete, Juan René Orellana Catalán, Luis Desiderio Moraga Cruz, Ignacio Orlando González Espinoza y de Luis Emilio Gerardo Maturana González, cometidos entre octubre de 1975 y junio de 1976 en la ciudad de Santiago.

El llamado Comando Conjunto fue un aparato represivo creado por la dictadura bajo la tutela de la Fuerza Aérea (Fach) y la participación de agentes del ejército, de la marina, de carabineros y civiles fachos, que operó principalmente entre los años 1975 a 1977, y cuya razón de ser era competir en faenas represivas y criminales con el omnímodo poder que ostentaba la DINA bajo la tutela del ejército y la dirección de Pinochet y Contreras.

En este caso particular, el ministro Vásquez Plaza sustanció la causa por el secuestro y desaparición de militantes comunistas, uno de los principales objetivos de este ente represor.

El magistrado condenó al ex oficial de la Fach Juan Francisco Saavedra Loyola y al ex oficial de carabineros Manuel Agustín Muñoz Gamboa a las penas de 18 años de presidio, más 13 años y más 3 años de presidio, cada uno.

Al ex oficial de la armada Daniel Luis Enrique Guimpert Corvalán a penas de 18 años, más 12 y más 3 años de presidio

Al ex oficial Fach Antonio Benedicto Quiros Reyes a penas de 18 años, más 6 años y más 541 días de presidio

A los ex oficiales de ejército Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla y Sergio Antonio Díaz López, y al ex oficial de la armada Jorge Aníbal Osses Novoa, a penas de 12 años de presidio, más 10 años y un día, más 400 días de presidio a cada uno

A los agentes Raúl Horacio González Fernández y Alejandro Julio Segundo Sáez Mardones a dos condenas de 10 años y un día de presidio, y más 400 días de presidio a cada uno.

A los agentes Roberto Alfonso Flores Cisterna y Juan Carlos Hernán Rodrigo Villarreal a penas de 10 años y un día, más 5 años y un día, más 400 días de presidio a cada uno

Al facho civil Otto Silvio Trujillo Miranda la penas de 10 años y un día de presidio

Al agente Lenin Figueroa Sánchez, dos condenas de 5 años y un día, más 400 días de presidio.

Al civil reconvertido Miguel Arturo Estay Reyno, y los agentes Sergio Daniel Valenzuela Morales, Juan Atilio Aravena Hurtuvia, a penas de 5 años y un día de presidio, más 5 años, más 400 días de presidio

A los fachos civiles Andrés Pablo Potín Lailhacar, Viviana Lucinda Ugarte Sandoval, Emilio Mahias del Río, y los agentes Juan Luis Fernando López López, José Evaristo Rojas Alruiz, Francisco Segundo Illanes Miranda, a penas de 5 años y un día de presidio, más 400 días de presidio.

A Ernesto Arturo Lobos Gálvez, Alejandro Jorge Forero Álvarez, a penas de 5 años y un día de presidio, más 60 días de presidio.

A Roberto Francisco Serón Cárdenas, a la pena de 5 años y un día de presidio

A Robinson Alfonso Suazo Jaque, Pedro Ernesto Caamaño Medina, Pedro Juan Zambrano Uribe y José Hernando Alvarado Alvarado, a la pena de 4 años, más 60 días de presidio cada uno

Los agentes Eduardo Enrique Cartagena Maldonado, Alex Damián Carrasco Olivos, José Osiris Vera Reyes, Juan Luis Huaiquimilla Coñuepan y Víctor Iván Zúñiga Zúñiga fueron absueltos.

 

En la investigación judicial el ministro Vásquez Plaza estableció que: 

a) Que existió una agrupación de hecho que operó clandestinamente entre los años 1975 y 1976, conformado principalmente por agentes que pertenecieron a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea, además de Carabineros Chile, Marina y Ejército, con la colaboración de civiles, cuyo objetivo principal fue la represión de la Juventud del Partido Comunista, para lo cual procedían a la detención de varios de ellos.

b) Que, la referida agrupación, utilizó para las detenciones y torturas: Hangar de Cerrillos; Nido 20, recinto secreto de detención y tortura ubicado en calle Santa Teresa N° 037, paradero 20 de Gran Avenida; Nido 18, recinto secreto ubicado en calle Perú N° 9053, La Florida, Santiago, que fue empleado exclusivamente para la tortura; La Prevención o Remo Cero, que eran calabozos ubicados al interior del Regimiento de Artillería Antiaérea en Colina, todo esto durante el año 1975; La Firma, a principios del año 1976, dicho grupo traslada sus operaciones a la parte posterior del inmueble a cargo de Carabineros de Chile, ubicado en calle Dieciocho, frente al N° 229, que perteneció al ex diario Clarín, denominándosele La Firma.

c) Que, el actuar operativo de la agrupación, respecto de las personas privadas ilegítimamente de su libertad, manteniéndolos en recintos secretos, era obtener información de éstos bajo tortura psicológica y física, logrando la colaboración de alguno de ellos, hasta el punto que algunos fueron asimilados como agentes operativos del grupo, lo que proporcionó una mayor efectividad en la detención de militantes comunistas en cadena, a los cuales se les hizo desaparecer, ocurriendo que de algunos de ellos, en el curso de los años, se encontró parte de sus restos.

d) Que el día 07 de noviembre de 1975, aproximadamente a las 22.00 horas, fue detenido en su domicilio de Río Maule N° 1893, Comuna de Recoleta, Ricardo Manuel Welbel Navarrete, por sujetos que vestían de civil; manteniéndosele privado de libertad en el recinto denominado La Prevención o Remo Cero, ubicado al interior del Regimiento Antiaérea en Colina, último lugar en que se le vio con vida y, con posterioridad, fueron encontradas sus osamentas en los terrenos del Fuerte Arteaga, Peldehue.

e) El día 08 de junio de 1976, en el sector de Estación Central, Juan René Orellana Catalán se reunió con Luis Emilio Gerardo Maturana González, ambos militantes de la Juventud Comunista en la clandestinidad debido a la persecución política de que eran objeto, con el propósito de recibir dinero del partido de manos de Maturana González, este último encargado de distribuirlo; momento en que es detenido por agentes de la agrupación referida en la letra a), manteniéndose recluido en el recinto denominado La Firma, y posteriormente fue ejecutado en la Cuesta Barriga, donde se encontró restos de su persona consistentes en piezas dentarias y prótesis removible.

f) Que, el día 20 de octubre de 1975, en horas de la madrugada fue detenido en su domicilio de pasaje Tokio N° 5862, Población Juanita Aguirre, comuna de Conchalí, Santiago, Luis Desiderio Moraga Cruz, por sujetos que vestían de civil; manteniéndosele recluido en el Regimiento de Artillería Antiaérea en Colina, en cuyo interior se encontraba el recinto denominado La Prevención o Remo Cero, donde prestó la declaración que obra a foja 5532, siendo éste el último lugar en que se le vio con vida.

g) Que, el día 04 de diciembre de 1975, en horas de la madrugada, fue detenido en su domicilio de calle Soberanía N° 1220, Santiago, Ignacio Orlando González Espinoza, por sujetos que vestían de civil; manteniéndosele privado de libertad en el recinto denominado La Prevención o Remo Cero, ubicado al interior del Regimiento de Artillería Antiaérea en Colina, último lugar en que se le vio con vida y, con posterioridad, fue ejecutado en los terrenos del Fuerte Arteaga, Peldehue, donde fueron encontradas sus osamentas.

h) El día 08 de junio de 1976, en el sector de Estación Central, Luis Emilio Gerardo Maturana González se reunió con Juan René Orellana Catalán, ambos militantes de la Juventud Comunista en la clandestinidad debido a la persecución política de que eran objeto, con el propósito de entregarle dinero del partido a Orellana Catalán para sí y para que a su vez lo entregara a otros militantes del partido ya que Maturana González estaba encargado de distribuirlo; momento en que es detenido por agentes operativos de la agrupación reseñada en la letra a), manteniéndosele recluido en el recinto denominado La Firma, desde donde se pierde su rastro.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Marta Jimena Pinto Salazar, sometió a proceso a exmiembros de las Fuerzas Armadas por su responsabilidad en los delitos de detención ilegal, secuestro calificado, aplicación de tormentos y abusos deshonestos en contra de Magda Ilia Ruiz Méndez. Ilícitos cometidos a partir de septiembre de 1973 y julio de 1974, en distinto recintos militares de la ciudad.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Marta Jimena Pinto Salazar, sometió a proceso a exmiembros de las Fuerzas Armadas por su responsabilidad en los delitos de detención ilegal, secuestro calificado, aplicación de tormentos y abusos deshonestos en contra de Magda Ilia Ruiz Méndez. Ilícitos cometidos a partir de septiembre de 1973 y julio de 1974, en distinto recintos militares de la ciudad.

En la resolución (causa rol 3-20215), la ministra Pinto Salazar encausó al almirante en retiro de la Armada Walter Radic Prado, al oficial de Ejército de reserva y fiscal militar Gerardo Álvarez Rodríguez y al oficial civil de la Fuerza Aérea Otto Trujillo Miranda, en calidad de como autores de los delitos de detención ilegal, secuestro calificado y aplicación de tormentos y como cómplices de abusos deshonestos.

En esta etapa procesal, la ministra Pinto Salazar reunió antecedentes suficientes para tener por “(…) justificado que Magda Ilia Ruiz Méndez fue detenida por primera vez el 14 de septiembre de 1973, desde su casa cuando personal del Ejército se presentó a buscarla, la subieron a un camión y la llevaron a la casa del deportista. La interrogaron y le preguntaron por Eduardo Ramírez, quien era el Secretario General de la Juventud Socialista en Punta Arenas, les dijo que no tenía información de él, por lo que la golpearon en la cabeza. Ese proceso duró unas tres horas y la devolvieron a su casa. En octubre la detuvieron nuevamente, junto a su madre y sus hermanos Luis y Alicia. Fueron llevados a la casa del deportista, es interrogada y nuevamente le preguntan por Eduardo Ramírez. Al cabo de unas horas la regresan a su casa. En noviembre de 1973 fueron militares a su casa, pero ella no se encontraba ahí, por ello al día siguiente concurrió a clases sin uniforme escolar porque creyó que la iban a detener, lo que ocurrió. Fue interrogada en la casa del deportista, la increparon por sus comentarios en el interior del Liceo en contra de la Dictadura.

A principios de diciembre de 1973, llegaron a su domicilio Antonia Ruiz Fuchslocher y María Dieus, quienes le entregaron una carta que escrita por Eduardo Ramirez, solicitando información a la Juventud Socialista sobre las personas detenidas e identidades de los interrogadores. Al cabo de unos días a través de ellas mismas, envió una respuesta. 
El 21 de diciembre de 1973 llegaron a detenerla a su casa y se la llevaron junto a su hermano Luis. Los trasladaron a la casa del deportista, donde la golpearon y luego la llevaron a un lugar campestre donde la desnudaron y comenzaron a golpearla con una prenda mojada o una correa. En la mañana siguiente, la desnudaron y le aplicaron corriente en sus genitales, pezones y boca, le amarraron los brazos y pies, escuchó las voces de hombres quienes la interrogaban con respecto a la carta que había recibido de Eduardo Ramírez y de la carta que había respondido. La hicieron firmar un documento. Reconoció el lugar como el Fundo Los Roblecitos. Manifiesta haber sido víctima de violencia sexual, pues la interrogaban completamente desnuda, amarrada de manos y pies, como en cruz, pero con las piernas abiertas y en esas ocasiones los entrevistadores la tocaban con sus manos en todo su cuerpo y órganos. 

El 24 de diciembre de 1974, con 17 años de edad, la trasladaron hasta el Regimiento Ojo Bueno. En reiteradas ocasiones, fue interrogada y torturada por militares y agentes del Servicio de Inteligencia Militar (SIM). En una oportunidad, en la cual se encontraba vendada, Otto Trujillo Miranda, la hizo firmar un documento del cual desconoce su contenido. Incluso cree haber escuchado la voz de Otto Trujillo, aquella vez en que le aplicaron corriente en Los Roblecitos. 
La sacaron a interrogatorio varias veces. Estando detenida en el Regimiento Ojo Bueno, fue llevada hasta la Fiscalía Militar a fin de ser interrogada. En marzo o abril de 1974, la trasladaron hasta el Policlínico del Ejército, donde vio a su profesor de Filosofía del Liceo de Niñas, Giovanni Carraro, quien trató de hipnotizarla. Le sacaron la venda y fue interrogada por Walter Radic. 

En 1974 fue sometida a Consejo de Guerra Rol 5-74, donde se da la orden de que se instruya sumario por el Fiscal Letrado Gerardo Álvarez Rodríguez y se asigna el rol 5-74 TG. Más adelante, el 8 de abril de 1974 a fs.99 del expediente, se designa al Mayor Juan Toro Reyes en reemplazo del Fiscal Alvarez. En este Consejo de Guerra la abogada Laura Soto consiguió pena remitida de 360 días para su representada, quien salió en libertad en julio de 1974. El Consejo de Guerra se desarrolló en el Regimiento Pudeto. 
Luego de un tiempo es citada a Fiscalía Militar donde el Fiscal Walter Radic le dio dos alternativas: la tomaban detenida o la relegaban a Santiago firmando en el Patronato de reos. Se fue a Santiago y en septiembre de 1975 le informaron que tenía visa para irse a Dinamarca, con decreto de expulsión del país. A fines de 1988 pudo volver a Chile”.

La ministra Pinto Salazar decretó la prisión preventiva en sus domicilios de los procesados Álvarez Rodríguez y Radic Prado, en consideración a su avanzada edad, y mantuvo la prisión preventiva del procesado Trujillo Miranda en la base aérea El Bosque de Santiago, donde cumple la medida cautelar en otra causa de derechos humanos.

Luego del golpe militar, la dictadura instaló consejos de guerra en los que juzgó a partidarios y simpatizantes de la UP. En Magallanes, también se juzgó a menores de edad que contra toda convención internacional. De los 13 acusados, seis eran menores, uno de ellos seleccionado nacional de básquetbol.

En la imagen, Rosa María Lizama Barrientos, formalmente todavía tiene 15 años. El pelo largo y liso cae sobre sus hombros. Viste polerón de cuello de tortuga y luce un rostro suave -en blanco y negro-, con aspecto serio y seguro, quizás por las buenas notas que destacan en el libro de clases del tercero medio E del Liceo de Niñas de Punta Arenas. Tal vez por las anotaciones de mérito que hablan de sus cualidades y locuacidad en historia, castellano, matemática y filosofía o los trabajos voluntarios cotidianos por pintar, arreglar y limpiar el colegio, junto a otras alumnas.

Lo cierto, es que esa mirada fija en el lente y el rictus fino de sus labios dibujando una leve sonrisa de satisfacción quedaría grabada en la única fotografía que la recuerda de adolescente, meses antes del golpe militar. Puede ser una de las que tomó en campaña para postularse a dirigir el centro de alumnos. No recuerda, porque gran parte de lo que ella podría haber sido fue borrado completamente los dos días que duró el primer consejo de guerra, 21 y 22 de noviembre de 1973, frente a una decena de militares, abogados, y otros presos, en el proceso realizado en la región de Magallanes.

En tanto, la redacción de la sentencia avalada con la rúbrica del general masón, Manuel Torres de la Cruz, quedó fechada el 26 de noviembre. A partir de entonces, para Rosa María Lizama y otros doce acusados comenzó el silencio, el olvido y los temblores.

En el discurso, Lizama era acusada de esconder armas, tener entrenamiento militar, conocimiento y participación del “Plan Z”, supuesta confabulación del gobierno de Salvador Allende para matar a los generales de las Fuerzas Armadas y a la oposición. Y otros móviles artificiales que aparecen señaladas en la causa “Rol Tiempo de Guerra N°4-73” del V Juzgado Militar de Punta Arenas.

Lizama “la peligrosa”, decían cada vez que la mencionaban. Y ella, la de menos edad, y la de más baja estatura en el juicio, seguía con las piernas balanceándose en la banca sin alcanzar el suelo, todavía con el uniforme escolar que mantenía desde el día de su detención.

Rosa María empezó a temblar mientras escuchaba los cargos del fiscal acusador, Gerardo Álvarez Rodríguez, vestido con elegante traje de militar. Ese día, su cuerpo entero caía y se quebraba como cristal sobre el piso de la capilla adaptada a tribunal militar, con un grupo de uniformados apostados sobre la mesa del altar, mirando hacia abajo a los detenidos y en ambos lados ubicados los fiscales acusadores. En el otro extremo, los abogados defensores: Laura Soto, Juan Vivar, Carlos Frías Meneses y Hugo Espinoza Balcázar.

Lizama la “terrorista”, Lizama “la peligrosa”, decían cada vez que la mencionaban. Y ella, la de menos edad, y la de más baja estatura en el juicio, seguía con las piernas balanceándose en la banca sin alcanzar el suelo, todavía con el uniforme escolar que mantenía desde el día de su detención, 26 de octubre, cuando la sacaron los militares de su propio liceo, a pocas semanas de haber cumplido los 16 años.

Durante un mes pasó por distintos recintos de tortura: la Base Aérea de Bahía Catalina, Regimiento de Ojo Bueno, el recinto de Colón 636, y la casa del Deportista (ya no existe y parte de ese espacio lo ocupa hoy el Casino y Hotel Dreams). Y aunque el juicio fue sin venda solo recuerda nítidamente a Alejandro Olate, 17 años, Pablo Jeria, 18 años, y a Gladys Pozo, 22 años, condenada a veinte, y quien la apañó en la cárcel pública mientras cumplieron condena.

La imagen del consejo es uno de los más terroríficos de su vida. Todavía tiene fresco el retrato de los ocho hombres sentados al frente de los trece acusados, en un lugar rodeado de militares dispuestos a disparar. Llena de espanto, con los músculos cubiertos de nudos que la recorrían entera, saltaba sin movimiento. Y gritaba sin voz. Y nadie, ni el fiscal ni los testigos, ni ninguno de los generales, comandantes o soldados que estaban en la capilla del regimiento Pudeto logró darse cuenta, porque los temblores y los movimientos eran internos. Un espasmo incontrolado, nervioso que continuó durante muchos años. La emoción era invisible para el espectador que la veía en su semblante tranquila y serena, tal cual aparece en la foto blanco y negro que guarda de adolescente. 

Entre 1973 y 1974, seis son los consejos de guerra que más resuenan entre las víctimas de violación a los derechos humanos por parte del Estado en la región de Magallanes. Y en cada uno, los fiscales siguieron al pie de la letra el artículo 81 del Código de Justicia Militar que explicita que los consejos son concebidos para delitos propios del "tiempo de guerra". Porque para algunos se trataba de eso, de una guerra.

— A la pena de cuatro años de reclusión menor en su grado máximo, se condena a Rosa María Lizama Barrientos, por los delitos de rebelión militar y los crímenes señalados en las letras a, b, y d del artículo 4° de la Ley 12.967 sobre seguridad del Estado –repetía parsimonioso Walter Radic, el fiscal de la Armada, días después de redactada la condena. La misma voz calma e imperturbable que reconocen varias prisioneras durante distintas sesiones de tortura.

A 49 años de ocurrido el primer consejo de guerra, hoy recién están procesado cuatro violadores a los derechos humanos que participaron directa e indirectamente en los consejos de guerra Gerardo Álvarez, Guillermo Araneda. Otto Trujillo y Walter Radic.

Parte de la condena Rosa María Lizama la cumplió en la cárcel pública de adultos en la ciudad de Punta Arenas. El 2 de octubre de 1974 salió del recinto penitenciario y continuó firmando en el patronato de reos y cumpliendo condena en su casa. Fue un tiempo de silencio. Se quedaba callada y se veía a sí misma asustada. No quería que le preguntaran nada. No podía contar nada. Y la gente la veía en silencio, con una sonrisa tranquila por fuera. Por dentro, toda convulsionada, llena de temblores, la boca seca, un calor terrible.

“Si me preguntaban, ¿qué iba a decir? Me torturaron, ultrajaron, aplicaron electricidad en distintas partes del cuerpo, ¿de eso iba a hablar?… si me daba vergüenza sólo pensarlo, mucho más, contarlo”, recuerda. Porque para ella, el no decir era casi convencerse de que nada ocurrió. No quería que nadie viviera lo que pasó. Y contar era traspasar la experiencia y el sufrimiento a personas que quería. Sus padres. Su hermano. Los amigos y familiares que llegaban a su casa. En ese silencio estaba protegiendo y salvando a quienes ella quería. Y aunque nadie preguntara empezó a bloquear trozos y momentos.

“¿Y por qué no preguntaban?”, se cuestiona hoy Rosa María y a sí misma se responde: “Tampoco se atrevían, sabían, porque algo habían escuchado. La sociedad ya estaba también amnésica y era tan víctima como todas las que padecimos la violencia”, precisa.

La Agrupación de Mujeres Presas Políticas de Magallanes iniciaron un campaña para transformar la casa de Colón 636 en un sitio de memoria.

Después de pasar por distintos recintos de tortura, vivir el consejo de guerra, y estar en la cárcel pública, vinieron años de mucho silencio, sufrimiento mordido. Para ella no era tema hablar del tema. “Hasta que un día, debe haber sido el año 2001, con la Magda conversamos y dijimos ya, ¿¡paremos!? Hay que hablar, los cabros ya están grandes, es necesario que se sepa. Y nos organizamos y las mujeres fuimos las primeros en presentar una querella (2015), entonces solo había demandas (ver subtítulo inferior)… Y cuando me aplicaron el protocolo de Estambul descubrí que tengo cinco años de amnesia emocional. Hoy, sigo al pie de la letra el tratamiento por depresión mayor, si dejo de tomar la pastilla pienso al tiro en la muerte”, cuenta.

Seleccionado nacional

Alejandro Olate Levet, 17 años, estudiante del cuarto año C, de la especialidad máquina y herramientas, de la Escuela Industrial Superior -así se conocía al emblemático establecimiento en 1973- era uno de los ochos elegidos de la región para representar al país en los sudamericanos de básquetbol. El día del juicio recuerda a Luis Valencia, 16 años; Eliecer Valencia, 18; Aldo Mayor, 19; y Lorenzo Oyarzo, 19. Todos estudiantes del Industrial. 

Cada uno de los inculpados tuvo testigos de defensa, personas que superaron los miedos y que se presentaron en la capilla del Pudeto a entregar su versión. En el juicio se desestimaron los 19 testimonios a favor de los acusados.

En la foto posada Alejandro Olate (número 8) tiene 17 años y fue tomada un mes antes de ser detenido el año 1973 en su casa en la población Williams. Aparece junto a otros jugadores, también seleccionados nacionales de básquetbol.

Olate, todavía tiene grabada en la mente la defensa que hizo Humberto “Papi” Vera, director del colegio público. “Había que ser muy valiente en esa época para hacer la defensa que él hizo, en un juicio súper arbitrario, frente a los militares y en el que todos los acusados habían sido torturados. Papi Vera era muy correcto, querido, llegó de Chiloé y levantó el colegio”, recuerda. 

También hubo otros que refrendaron las acusaciones y no lo hicieron de frente al consejo, sino que a través de declaraciones que según queda expresado en la sentencia causa Rol Tiempo de Guerra Nº4-73, “contextualizan y dan fe que en el último año existía temor o miedo de los distintos círculos de la ciudad de ser atacados por extremistas con formación paramilitar”. Entre los mencionados en el informe acusatorio aparecen: “Alejandro Florentino Fernández, Rodolfo Valentín Subiabre, Alfredo Arecheta González, Eugenio González Mimica, José Ruiz Maldonado, Selmiro Salgado Salgado, Jorge Luis Vega Germaín, y Ramón Utz Monsalve”.

Cada uno de los inculpados tuvo testigos de defensa. En el juicio se desestimaron los 19 testimonios a favor de los acusados.

“Antes del juicio pasé seis veces por la casa de Colón. Te obligaban a firmar documentos después de las torturas. Era terrible, por la electricidad que te aplican en todo el cuerpo, la lengua que es húmeda se te hincha tanto que no entra en la boca”, recuerda Olate, detenido en su casa en la población Williams, el día 26 de octubre de 1973, tras salir de un entrenamiento por el aniversario del colegio. Ahí, lo esperaba una cuadrilla de agentes de “inteligencia”, su padre ingenuamente le dijo que se entregara porque no había nada que temer, no había hecho nada.

Alejandro Olate Levet, actual concejal de Punta Arenas, fue condenado por el consejo de guerra a 5 años y un día, como autor de rebelión militar y los delitos señalados en las letras a, b, y d del artículo 4º de la Ley Nº12927 sobre Seguridad del Estado.

Condenados a pena de muerte

Luis Alvarado Saravia tenía 32 años cuando entró al juicio. Conocía en detalle el regimiento Pudeto, su padre era militar y durante toda su infancia recorrió el recinto. Él argumenta que el consejo de guerra ocurrió en la capilla, pero despojada de toda ornamentación religiosa los dos días que duró el proceso. Solo quedaron las bancas, la mesa del altar y cierto aire uniformado que suelen tener las homilías. El fiscal pedía pena de muerte para él y para Edgardo Avilés Venegas, dibujante técnico de 34 años en la fecha del proceso.

Alvarado recuerda que entró al juicio con un terno que usaba en el banco, porque era ejecutivo, y el traje le bailaba en el cuerpo, tenía 30 kilos menos, después de pasar por distintos recintos de tortura y permanecer incomunicado en el regimiento. 

“Al octavo día de tortura firmé todo lo que me pasaban para firmar. El sufrimiento era tanto que no aguanté más”, relata hoy con 81 años, y una lucidez plena que atribuye a la lectura.

Luis Alvarado Saravia tenía 32 años cuando entró al juicio. El fiscal pedía pena de muerte para él y para Edgardo Avilés Venegas, dibujante técnico de 34 años en la fecha del proceso.

“Íbamos más cagado que palo de gallinero al consejo de guerra. Los de la Fach votan pena de muerte y el tercero que vota era un mayor del Ejército con título de abogado, había llegado una semana después del golpe desde Estados Unidos, ese tipo vota 541 días y el resto presidio perpetuo… al terminar, cuando subimos al camión, nuestros compañeros nos abrazan, porque quedamos con vida, y la verdad era para sonreír, porque con vida puedes hacer de todo”, dice.

Del juicio, una de las cosas que más le impresionó fue ver a Rosa María Lizama. “Yo era amigo de su papá y no podía creer lo que veía. Ella era una niña, tan pequeña, delgada, no podía creer que la tuvieran ahí, lo que estaba mirando. Qué terrible lo que ocurrió”, dice.

El 3 de octubre del año 2016, la Corte Suprema anuló el fallo del Consejo de Guerra rol 1-1973, tribunal que había condenado a un grupo de aviadores constitucionalistas. Al dictar ese fallo, el máximo tribunal cumplió con lo ordenado en la sentencia de la Corte Interamericana: anular todos los fallos como medida de reparación y acto de verdad.

La falsedad del primer consejo de guerra de Magallanes aún sigue vigente en el papel y el nombre de las víctimas y su inocencia se mantiene todavía injuriada. 

Colón 636

Hoy, veinte víctimas de la violación a los derechos humanos de la zona, integran la Agrupación de Mujeres Presas Políticas de Magallanes 1973-1974.  Desde ahí iniciaron un campaña, apoyados por el Consejo de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, para transformar la casa de Colón 636 en un sitio de memoria (colon636.cl).

Ellas luchan cada día por darle voz a su silencio y recuperar la memoria perdida. En muchos casos se trata de adolescentes que fueron, en su mayoría, sacadas de su sala de clases y trasladadas a distintos recintos de tortura. Menores de edad que deberían haber llegado a su fiesta de graduación y posar junto a todas sus compañeras de curso en la foto de fin de año.  Y no pudieron.

Desde su dolor, quieren derrotar el miedo que todavía las acompaña y escribir una sinfonía justa que le dé sororidad y dignidad a los testimonios que la historia oficial ha intentado borrar. Una querella criminal está en curso desde el año 2015, hay cientos de declaraciones, mientras tanto, los criminales mueren en la impunidad y ya varias mujeres han partido sin conocer la justicia. Una de las causas ya tiene a cuatro procesados.

Acusados en el primer consejo de guerra de Magallanes:

•      Rosa María Lizama Barrientos, 16 años
•      Luis Valencia Ferguson, 16 años
•      Alejandro Lorenzo Olate Levet, 17 años
•      Aldo René Mayor Olivos, 18 años
•      Eliecer Segundo Valencia Oyarzo, 18 años
•      Pablo Ramón Jeria Ríos, 18 años
•      Hernán Enrique Biott Vidal, 22 años
•      Gladys Pozo Marchant, 22 años
•      Alfredo Corte Bernal, 26 años
•      Luis Enrique Alvarado Saravia, 32 años
•      Ricardo Hernán Marcelle Ojeda, 33 años
•      Edgardo Avilés Venegas, 34 años
•      Guillermo Sáez Aravena, 40 años

La Corte Suprema rechazó los recurso de casación en el fondo interpuestos por las defensas de los otrora agentes del denominado Comando Conjunto, en contra de la sentencia que condenó a 27 de ellos por su responsabilidad en los delitos de secuestro simple y homicidio calificado de Ignacio Orlando González Espinoza y Juan René Orellana Catalán; y en los secuestros calificados de Ricardo Manuel Weibel Navarrete, Luis Desiderio Moraga Cruz y Luis Emilio Gerardo Maturana González, todos militantes del Partido Comunista. Los delitos fueron perpetrados entre octubre de 1975 y junio de 1976, en la ciudad de Santiago.

El llamado Comando Conjunto fue un aparato represivo creado por la dictadura bajo la tutela de la Fuerza Aérea (Fach) y la participación de agentes del ejército, de la marina, de carabineros y civiles fachos, que operó principalmente entre los años 1975 a 1977, y cuya razón de ser era competir en faenas represivas y criminales con el omnímodo poder que ostentaba la DINA bajo la tutela del ejército y la dirección de Pinochet y Contreras.

En fallo unánime (causa rol 32.012-2022), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, la ministra María Teresa Letelier y el ministro Jean Pierre Matus- confirmó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que condenó al ex oficial de la Fach Juan Francisco Saavedra Loyola y al ex oficial de carabineros Manuel Agustín Muñoz Gamboa a las penas de 18 años de presidio, más 13 años y más 3 años de presidio, cada uno.

Al ex oficial de la armada Daniel Luis Enrique Guimpert Corvalán a penas de 18 años, más 12 y más 3 años de presidio.

A los ex oficiales de ejército Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla y Sergio Antonio Díaz López, y al ex oficial de la armada Jorge Aníbal Osses Novoa, a penas de 12 años de presidio, más 10 años y un día, más 400 días de presidio a cada uno.

A los agentes Raúl Horacio González Fernández y Alejandro Julio Segundo Sáez Mardones a dos condenas de 10 años y un día de presidio, y más 400 días de presidio a cada uno.

A los agentes Roberto Alfonso Flores Cisterna y Juan Carlos Hernán Rodrigo Villarreal a penas de 10 años y un día, más 5 años y un día, más 400 días de presidio a cada uno.

Al facho civil Otto Silvio Trujillo Miranda la penas de 10 años y un día de presidio Al agente Lenin Figueroa Sánchez, dos condenas de 5 años y un día, más 400 días de presidio.

A los agentes Sergio Daniel Valenzuela Morales, Juan Atilio Aravena Hurtuvia, a penas de 5 años y un día de presidio, más 5 años, más 400 días de presidio.

A los fachos civiles Andrés Pablo Potín Lailhacar, Viviana Lucinda Ugarte Sandoval, Emilio Mahias del Río, y los agentes Juan Luis Fernando López López, José Evaristo Rojas Alruiz, Francisco Segundo Illanes Miranda, a penas de 5 años y un día de presidio, más 400 días de presidio.

A Ernesto Arturo Lobos Gálvez, Alejandro Jorge Forero Álvarez, a penas de 5 años y un día de presidio, más 60 días de presidio.

A Roberto Francisco Serón Cárdenas, a la pena de 5 años y un día de presidio A Robinson Alfonso Suazo Jaque, Pedro Ernesto Caamaño Medina, Pedro Juan Zambrano Uribe y José Hernando Alvarado Alvarado, a la pena de 4 años, más 60 días de presidio cada uno.

Los también condenados Antonio Benedicto Quiros Reyes y Miguel Arturo Estay Reyno, fallecieron en el curso del proceso.

En la investigación judicial y fallo de primera instancia el ministro Miguel Vásquez Plaza estableció que existió una agrupación de hecho que operó clandestinamente entre los años 1975 y 1976, conformado principalmente por agentes que pertenecieron a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea, además de Carabineros Chile, Marina y Ejército, con la colaboración de civiles, cuyo objetivo principal fue la represión de la Juventud del Partido Comunista, para lo cual procedían a la detención de varios de ellos.

Esta agrupación, denominada Comando Conjunto, utilizó para las detenciones y torturas diversas instalaciones: Hangar de Cerrillos; Nido 20, recinto secreto de detención y tortura ubicado en calle Santa Teresa N° 037, paradero 20 de Gran Avenida; Nido 18, recinto secreto ubicado en calle Perú N° 9053, La Florida, Santiago, que fue empleado exclusivamente para la tortura; La Prevención o Remo Cero, que eran calabozos ubicados al interior del Regimiento de Artillería Antiaérea en Colina, todo esto durante el año 1975; La Firma, a principios del año 1976, dicho grupo traslada sus operaciones a la parte posterior del inmueble a cargo de Carabineros de Chile, ubicado en calle Dieciocho, frente al N° 229, que perteneció al ex diario Clarín, denominándosele La Firma.

El actuar operativo de la agrupación, consistía en detener a las personas con la modalidad de secuestro, mantenerlos cautivos en recintos secretos, y someterlos a interrogatorios y torturas, física y psicológica, para obtener información y doblegar su voluntad, logrando la colaboración de alguno de ellos, hasta el punto que algunos fueron asimilados como agentes operativos del grupo, lo que proporcionó una mayor efectividad en la detención de militantes comunistas en cadena, a los cuales se les hizo desaparecer; de algunos de ellos, en el curso de los años, se encontró parte de sus restos.

El día 7 de noviembre de 1975, aproximadamente a las 22.00 horas, fue detenido en su domicilio de calle Río Maule en la Comuna de Recoleta, Ricardo Manuel Welbel Navarrete, por sujetos que vestían de civil; manteniéndosele privado de libertad en el recinto denominado La Prevención o Remo Cero, ubicado al interior del Regimiento Antiaérea en Colina, último lugar en que se le vio con vida y, con posterioridad, fueron encontradas sus osamentas en los terrenos del Fuerte Arteaga, Peldehue.

El día 20 de octubre de 1975, en horas de la madrugada fue detenido en su domicilio de pasaje Tokio en la Población Juanita Aguirre, comuna de Conchalí, Santiago, Luis Desiderio Moraga Cruz, por sujetos que vestían de civil; manteniéndosele recluido en el Regimiento de Artillería Antiaérea en Colina, en cuyo interior se encontraba el recinto denominado La Prevención o Remo Cero, siendo éste el último lugar en que se le vio con vida.

El día 4 de diciembre de 1975, en horas de la madrugada, fue detenido en su domicilio de calle Soberanía de la comuna de Santiago, Ignacio Orlando González Espinoza, por sujetos que vestían de civil; manteniéndosele privado de libertad en el recinto denominado La Prevención o Remo Cero, ubicado al interior del Regimiento de Artillería Antiaérea en Colina, último lugar en que se le vio con vida y, con posterioridad, fue ejecutado en los terrenos del Fuerte Arteaga, Peldehue, donde fueron encontradas sus osamentas.

El día 8 de junio de 1976, en el sector de Estación Central, Luis Emilio Gerardo Maturana González se reunió con Juan René Orellana Catalán, ambos militantes de la Juventud Comunista en la clandestinidad debido a la persecución política de que eran objeto, con el propósito de entregarle dinero del partido a Orellana Catalán para sí y para que a su vez lo entregara a otros militantes del partido ya que Maturana González estaba encargado de distribuirlo; momento en que son detenidos por agentes operativos del referido Comando Conjunto, manteniéndoseles recluidos en el recinto denominado La Firma, desde donde se pierde su rastro. Posteriormente, Orellana Catalán fue ejecutado en la Cuesta Barriga, donde se encontró restos de su persona