Trincado Araneda Miguel Eduardo

El ex comandante de la guarnición de Santiago y juez militar de la Región Metropolitana hasta 2006, general ahora retirado Miguel Trincado, comandó la operación del desentierro y lanzamiento al mar de los cadáveres cuando ocupó la jefatura de la Sección de Inteligencia del regimiento Calama. El operativo fue supervisado en terreno en un sector del desierto de Atacama por el entonces jefe del Departamento de Inteligencia de la I División del Ejército de Antofagasta, actual general (R) Julio Salazar Lantery.

Miguel Trincado comandó la operación del desentierro y lanzamiento al mar de los cadáveres cuando ocupó la jefatura de la Sección de Inteligencia del regimiento Calama.

Los encausamientos en esta causa de violaciones de DD.HH. fueron dictados ayer por la ministra presidenta de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rosa María Pinto. La magistrada encausó además al coronel (R) Luis Aracena y a otras cinco personas. Todos están acusados como autores del desentierro y lanzamiento al mar a fines de 1975 o comienzos de 1976, de los 26 cuerpos de los prisioneros asesinados por la Caravana de la Muerte en octubre de 1973.

Los generales (R) Miguel Trincado Araneda y Julio Salazar Lantery, junto al coronel (R) Luis Aracena Romo, y otras cinco personas, fueron procesados como autores del desentierro y desaparición entre fines de 1975 y comienzos de 1976, de los 26 cuerpos de los prisioneros asesinados en octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en Calama.

El encausamiento fue resuelto ayer por la ministra presidenta de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rosa María Pinto, sin embargo les otorgó libertad provisional inmediata. La magistrada instruye la causa por las exhumaciones y lanzamiento al mar de estos cuerpos a bordo de un avión Fach.

El ex comandante de la guarnición de Santiago y juez militar de la Región Metropolitana hasta 2006, general ahora retirado Miguel Trincado, comandó la operación del desentierro y lanzamiento al mar de los cadáveres cuando ocupó la jefatura de la Sección de Inteligencia del regimiento Calama. El operativo fue supervisado en terreno en un sector del desierto de Atacama por el entonces jefe del Departamento de Inteligencia de la I División del Ejército de Antofagasta, actual general (R) Julio Salazar Lantery.

El coronel (R) Aracena Romo era en 1975 el segundo comandante del regimiento Calama, y estuvo también presente en el desentierro. El comandante del Calama era, en aquel tiempo, el coronel Eduardo Ibáñez Tillería, quien falleció con el grado de general.

Otros de los procesados son los suboficiales (R) Héctor Iturra Orrego, Wilson Pacheco Obreque y Emilio Pardo Pardo. Estos eran subordinados de Trincado en la Sección de Inteligencia del Calama, e igualmente tuvieron participación en la exhumación de los restos. Asimismo, también se encausó a Hugo Carrasco Pérez y a Pedro Gutiérrez Ruiz.

Ya se encontraban encausados por la ministra Pinto los entonces suboficiales de inteligencia del regimiento Calama, hoy en retiro, Manuel Aguirre Cortés y Juan Carlos González Reyes. Ambos también tomaron parte en el desentierro.

Mecánico confeso

Aguirre fue el primero que inculpó judicialmente a Trincado en 2005, acusándolo de comandar la operación e incluso manejar el camión en el cual se trasladaron los cadáveres ensacados hasta el aeródromo de Calama, donde esperaba un avión C-47 de la Fach a bordo del cual los arrojaron el mar. "Yo iba de copiloto en el camión junto a Trincado", dijo Aguirre en el proceso.

Cuando Aguirre acusó a Trincado, La Nación publicó la información el 3 de mayo de 2005, pero el Ejército bajo la jefatura del general Juan Emilio Cheyre, desmintió tanto la participación de Trincado como el hecho mismo.

"El Ejército rechaza categóricamente estas imputaciones por ser injustas, lesionar innecesariamente la imagen de la institución, y comprometer la honra del citado oficial (Trincado)", dijo el comunicado.

El otro que ya se encontraba encausado por la magistrada Pinto, es el suboficial (R) de la Fach, Sergio López Maldonado. Este confesó en el proceso que fue el mecánico que viajó en el C-47 y declaró que "cuando habían pasado unas dos horas de vuelo, el piloto me hizo una seña. Entonces abrí la escotilla y tiré los bultos al océano".

Es la primera vez que Salazar Lantery y Aracena Romo son encartados por violaciones a los derechos humanos.

Trincado había sido procesado este año por propia iniciativa de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Pero ese tribunal cometió un error procesal al encausarlo por los crímenes de los 26 prisioneros cometidos por la Caravana de la Muerte el 19 de octubre de 1973 en Calama, hechos que investiga en Santiago el ministro Víctor Montiglio y para lo cual, ni esa corte ni la magistrada Pinto tienen competencia.

Primer episodio "Retiro de Televisores"

El caso desentierro de Calama es el primer episodio de la llamada por la inteligencia del Ejército "Operación Retiro de Televisores", la que masivamente se llevó a efecto a lo largo del país a partir de diciembre de 1978. Fue la fecha en que en los hornos de una mina en Lonquén, al sur de Santiago, se hallaron los cuerpos de quince campesinos asesinados por Carabineros que escondieron sus cadáveres.

La "Operación Retiro de Televisores" consistió en el desentierro de todos los cadáveres de prisioneros que habían sido sepultados en fosas clandestinas por el norte, el sur y la zona centro de Chile. Los cuerpos fueron arrojados al mar. La operación la decretó entonces el dictador Augusto Pinochet, a través de criptogramas (mensaje cifrado en código) que envió a los regimientos del país con la orden. Uno de los primeros en fijar la fecha del desentierro en Calama fue el coronel (R) Aracena Romo, quien declaró judicialmente que el hecho sucedió "en los últimos días de 1975".

Por su parte, Salazar Lantery reconoció en el juicio que "a fines de 1974 ó 1975, hubo acuerdo para sacar los cuerpos, porque supimos que los familiares los andaban buscando por el desierto".

A pesar de que Trincado sigue negando su participación, en la investigación judicial hay al menos ocho suboficiales que lo acusan de comandar el operativo, o de dirigir la Sección de Inteligencia del regimiento Calama en ese tiempo.

El próximo paso podría quedar en manos del ministro Montiglio, pues la parte querellante sostiene que no se trata simplemente de que los procesados cometieron el delito de exhumación ilegal al desenterrar los cuerpos y hacerlos desaparecer, sino que en su actuar habrían incurrido, al menos, como encubridores de secuestro y homicidio porque actuaron para borrar las huellas de los crímenes cometidos por la Caravana de la Muerte en 1973.

Por ello existe la posibilidad de que, tras estos encausamientos, la ministra Pinto se declare incompetente y envíe la causa a Santiago al juez Montiglio.

La causa que desató la guerra en Investigaciones

El proceso por los desentierros en Calama fue el detonante de la pugna abierta en la Policía de Investigaciones. Quien desató la disputa fue el general Miguel Trincado, cuando estando en servicio activo visitó al director de la policía civil Arturo Herrera, para pedirle que ordenara cambiar un informe policial que en julio de 2005 le imputó responsabilidad en la operación por la cual ayer fue procesado.

Oficiales de esa policía afirmaron en el proceso que instruye la ministra Pinto que el director Herrera intentó que el informe se alterara, pero se encontró con la oposición de los autores del escrito y de su jefe directo, el prefecto recién retirado Rafael Castillo.

A partir de ese momento, se trabó una dura disputa entre Castillo y Herrera, lo que trajo diversas situaciones al interior de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos.

En 2006, Castillo venía pasado a retiro por Herrera, pero el gobierno vetó esa disposición y repuso a Castillo en servicio activo. Este año, sin embargo, el gobierno no lo siguió respaldando y el director Herrera lo pasó a retiro.
Más
SE ENTREGÓ A LA JUSTICIA OFICIAL QUE COMANDÓ INHUMACIONES

Ex capitán del Ejército Carlos Minoletti fue esperado en el aeropuerto por funcionarios de la policía civil, que lo pusieron a disposición del juez Víctor Montiglio.

El prófugo ex capitán del Ejército Carlos Minoletti Arriagada, que comandó el entierro clandestino de 26 cuerpos de ejecutados en 1973 por la Caravana de la Muerte, volvió a Chile desde Miami y se entregó a la justicia.

El ex comandante de la Compañía del Ingenieros del regimiento de Calama huyó a Norteamérica en 1998 para evadir la investigación judicial en su contra que dirigía el juez Juan Guzmán.

Aunque no integró el pelotón de ejecución que dirigió el general Sergio Arellano Stark, el juez Juan Guzmán decretó el 31 de enero del 2000 el arresto del militar, pero Minolleti ya había huido a Estados Unidos dos años antes.
Su regreso a Chile obedece, según fuentes de tribunales, a que una extradición pondría en riesgo su residencia en ese país y, además, a que estaría afectado por una seria afección al corazón.
En el aeropuerto lo esperaron funcionarios de la policía civil que lo llevaron al despacho del juez Víctor Montiglio, actual encargado del proceso por los episodios.
La comitiva militar recorrió el país semanas después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y ejecutó sin someter a juicio a 75 presos políticos en distintas ciudades.
El entonces capitán Minoletti dirigió el entierro clandestino de los 26 prisioneros que la "caravana de la muerte" asesinó el 19 de octubre en el sector Topater, del desierto de Atacama.
El militar también deberá comparecer ante la jueza Rosa María Pinto, a cargo del proceso por el desentierro de los cuerpos de las víctimas de Calama y su lanzamiento al mar entre 1975 y 1976.

Por estos hechos, el pasado sábado la magistrada procesó a los generales jubilados Miguel Trincado y Julio Salazar, el ex coronel Luis Aracena y cinco suboficiales retirados, a los que les otorgó la libertad provisional, previo el pago de una fianza de $ 50 mil.

Trincado, ex comandante de la guarnición de Santiago y juez militar de la Región Metropolitana hasta 2006, comandó la operación del desentierro y el lanzamiento al mar de los cadáveres cuando ocupó la jefatura de la sección de Inteligencia del regimiento de Calama.

Los cuerpos fueron desenterrados a fines de 1975 o comienzos de 1976, trasladados al aeródromo de Calama y lanzados desde un avión al mar.

Según establece el proceso que lleva la jueza Pinto, Minoletti fue quien localizó la fosa para la exhumación y también habría sido parte de esta operación.

El ex militar podría convertirse en el primer oficial que reconozca la presencia en el desentierro de los generales Trincado y Salazar, lo que ambos niegan, aunque a Trincado lo han imputado varios suboficiales.

El caso de Calama es el primer episodio de la llamada "operación retiro de televisores", que consistió en el desentierro a lo largo del país de todos los cadáveres de prisioneros que habían sido sepultados clandestinamente.

La operación la decretó el fallecido dictador Augusto Pinochet a través de un criptograma que envió a los regimientos de todo el país.

Anoche fueron notificados de la recuperación de su libertad, los detenidos por su implicancia en la exhumación ilegal de cadáveres, quienes se hallaban internos en dependencias del Regimiento Topáter en calidad de presos, luego que el 31 de agosto, fueran procesados por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
La notificación tuvo lugar en el Segundo Juzgado de Calama y fue realizada por el ministro Enrique Alvarez, quien viajó desde Antofagasta exclusivamente a cumplir ese cometido y además de cumplir ese trámite explicó a los familiares de los ejecutados políticos que la decisión se debía a que el caso está en manos del ministro señor Montiglio.

El trámite dio lugar a la presencia en el área de los edificios públicos de familiares de los detenidos desparecidos y ejecutados políticos de la Provincia El Loa, quienes además, en improvisada exposición mostraron las fotografías tanto de los fusilados por la Caravana de la Muerte, como de otros detenidos que fueron muertos y de quienes han hallado pequeños restos que han sido identificados por el Servicio Médico Legal de Santiago.

Corte Suprema
Ayer la Segunda Sala de la Corte Suprema de Justicia acogió los recursos de amparo presentados por los militares en retiro Carlos Langer y Miguel Trincado en contra de la resolución de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que decidió procesarlos en torno al caso de exhumación ilegal perpetrado en Calama.

Como consecuencia de esa decisión, la Sala Penal de la Corte Suprema ordenó la libertad inmediata de los amparados, además de quienes "se encuentren privados de ella, a propósito de los autos de procesamiento que por esta decisión se dejan sin efecto, si no estuvieren privados de la misma por otro motivo o causa", conforme lo establece el fallo dictado ayer.

Tal como fue informado, el 31 de agosto, la Corte de Apelaciones de Antofagasta sometió a proceso a 12 personas, entre civiles y ex militares, por el delito de homicidio calificado en contra de 28 personas ocurridas en la ciudad de Calama el 19 de octubre de 1973.
En fallo unánime los ministros del tribunal de alzada Enrique Álvarez, Óscar Clavería y la abogada integrante Nancy Mellado sometieron a proceso a Armando Fernández Larios y Eugenio Rivera Desgroux por el delito de asociación ilícita.

Asimismo, se encausó a Armando Fernández Larios, Eugenio Rivera Desgroux, Carlos Max George Langer von Furstemberg, Carlos Humberto Minolleti Arriagada y Jerónimo Tomás Rojo Rojo como autores del delito reiterado de homicidio calificado.
Además, se acusó al doctor Luis Benito Rojas Delzo y a Luis Mario Aracena Romo, Julio Fernando Salazar Lantery, Óscar Figueroa Márquez, Domingo Antonio Flores Figueroa, Miguel Eduardo Trincado Araneda y el capellán Luis Exequiel Jorquera Molina como encubridores del mismo ilícito.
En los casos de Fernández Larios, Minoletti Arriagada y Rojas Delzo se ordena iniciar los trámites para solicitar a la Corte Suprema su extradición, ya que se encuentran fuera del país.

Fallo sobre amparo
El fallo que dejó sin efecto la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta fue pronunciado ayer luego que el abogado Sr. Luis Valentín Ferrada Valenzuela, presentó ante la Corte Suprema un recurso de amparo a favor de Miguel Trincado Araneda, general de Ejército en retiro, y por sí, Carlos George Max Langer Von Furstenberg, en contra los ministros de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en el que expone que los integrantes, quienes, conociendo de un recurso de apelación deducido por las defensas de otros tres encausados, en los autos seguidos ante la ministro en Visita del Segundo Juzgado del Crimen de Calama, Rosa María Pinto Egusquiza, en el Rol N° 28-2007, de oficio, procedieron a someter a proceso a los recurrentes ya indicados, como encubridor del delito reiterado de homicidio calificado y autor del mismo ilícito, respectivamente.
En otros considerandos se incluye que sucintamente, sostienen que dichas decisiones son arbitrarias, ya que no sólo carecerían de todo razonamiento sino que, fundamentalmente, porque los ministros recurridos no tendrían competencia ni jurisdicción, desde que sometieron a proceso a los amparados, no obstante existir otro tribunal a quien se encomendó el conocimiento de los mismos hechos.
Que con fecha cuatro de febrero de dos mil cinco se resolvió, en ese mismo ingreso Rol N° 2182-98, desglosar todos los antecedentes que digan relación con hallazgos de osamentas de la causa Rol N° 37.340-A-8, que se encuentra agregada al mismo proceso, la que fue remitida al Segundo Juzgado del Crimen de Calama, por corresponderle su conocimiento y resolución. Que según consta de los antecedentes agregados por el Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, señor Montiglio Rezzio, con fecha diez de mayo de dos mil cinco se le transcribió el acuerdo de Pleno de esta Excelentísima Corte Suprema celebrado el día seis del mismo mes y año, con el objeto de comunicarle que continúe la sustanciación de los procesos, hasta su conclusión definitiva, que se encontraban a cargo, en razón del fuero, del ex Ministro de ese tribunal don Juan Guzmán Tapia, referido entre otros, al capítulo conocido como Caravana de la Muerte, Episodio "A" Calama Rol N° 2182-98. Que tratándose del amparado Langer Von Furstenberg, éste figura procesado en los autos Rol N° 2182-98, en calidad de coautor de diversos homicidios calificados, perpetrados en el sector Topáter de la ciudad de Calama el diecinueve de octubre de 1973, decisión que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha seis de julio de 2006, cargo que, ahora, la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en relación a idénticos hechos, les hace efectivos en la decisión recurrida de amparo a que ya se hizo referencia. En tanto, el enjuiciado Trincado Araneda lo es sólo en la causa que se sigue en esta última ciudad, como encubridor del delito reiterado de homicidio calificado.

Otro considerando, el séptimo, agrega que lo anterior implica, en forma manifiesta, que el tribunal de alzada recurrido procedió ilegalmente a pronunciarse respecto a hechos que no guardan relación con la competencia entregada a la ministra en Visita del Segundo Juzgado del Crimen de Calama, Rosa María Pinto Egusquiza, quien sólo se aboca a la investigación de aspectos relacionados con exhumaciones ilegales ocurridas en esa Región; ya que la investigación de todo lo relativo a los delitos de secuestro y homicidios son sustanciados por el Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Sr. Víctor Montiglio, en la causa Rol N° 2182-98 letra "A" Calama.
Tal proceder implicó para los amparados afectar el principio del non bis in idem, y la competencia de los tribunales establecidos en la ley, desde que los mismos hechos ya eran de conocimiento de otro tribunal, cuya competencia emanó de un acuerdo expreso de esta Corte; y que en el caso de Langer Von Furstenberg llegó al extremo de registrar dos autos de procesamiento respecto del mismo asunto, encontrándose en libertad bajo fianza en la causa que se sigue en esta ciudad, desde el veintitrés de marzo del año pasado, y contradictoriamente en prisión preventiva por la que se sigue en Antofagasta.

Sin efecto
Y de conformidad a lo que establecen los artículos 21 de la Constitución Política de la República y 540 del Código Orgánico de Tribunales, de oficio, se deja sin efecto el auto de procesamiento de treinta de agosto de dos mil siete, dictado también de oficio por la Corte de Apelaciones de Antofagasta
El fallo fue pronunciado por la Segunda Sala integrada por los ministros Alberto Chaigneau, Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros y Hugo Dolmestch.

Siete implicados en los hechos ocurridos en octubre de 1973 relacionado con las acciones de lo que está en la historia como la Caravana de la Muerte, fueron notificados ayer en Calama del procesamiento que les afecta por el delito de homicidio calificado.

La diligencia tuvo lugar en dependencias del Segundo Juzgado de Calama y fue dirigida por la Ministro en Visita Extraordinaria, María Rosa Pinto Egusqiza, de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

De acuerdo a antecedentes proporcionados por la propia ministro en visita, en la diligencia participaron siete de los diez procesados en distintos grados de responsabilidad en la causa 37.340, quienes se presentaron en Antofagasta, Calama y Santiago para ser notificados de la resolución de la Corte de Apelaciones, por la responsabilidad que pueda caberles.

Los siete ingresaron al Regimiento Topáter en calidad de procesados presos, bajo la custodia y vigilancia, además de las medidas de seguridad adoptadas por el Ejército, dado que la mayoría de ellos, salvo uno, son oficiales en retiro.

La causa 37.340 fue iniciada por la exhumación ilegal de restos óseos realizada en Calama en el camino a San Pedro de Atacama, pero los siete individuos fueron notificados por el procesamiento de homicidio calificado en forma reiterada.
La llegada a Calama del grupo de personas se tradujo en intensa actividad en el Segundo Juzgado y la gestión principal terminó pasadas las 18 horas.

Seguridad
El aspecto básico de la gestión fue la notificación del auto de procesamiento a cada uno de los involucrados y sólo uno de los citados prestó declaraciones, conforme lo dio a conocer la ministro en visita. El suceso causó expectación generalizada que se vio aumentada por el gran despliegue de seguridad montada alrededor del Segundo Juzgado de Calama.
Los guardias, entre los que se incluían personal del Ejército, Carabineros y Detectives estaban distribuidos hasta no menos de cincuenta metros del edificio del tribunal.

La ministro en visita declinó entrar en detalles sobre el particular e indicó que tiene entendido que el Departamento de Relaciones Públicas del Poder Judicial ha informado sobre ello.

De este modo se desconoce los pasos siguientes que tendrá el proceso o si esos tendrán lugar en Calama o en otros puntos del país.
Entre quienes fueron notificados figuran Miguel Trincado, Julio Salazar Lanteri, coronel Luis Aracena Romo, coronel Carlos Langer von Forthenberg, coronel Domingo Flores Figueroa y suboficial Sergio López Maldonado.
Faltan tres personas por presentarse, entre ellas el capellán Luis Jorquera, quien se halla interno en el Hospital Militar afectado por un edema cerebral.

Fallecidos
A todas luces el caso tiene relación con las acciones de la Caravana de la Muerte, de acuerdo a las reclamaciones que han venido haciendo las familias de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de 1973, y que todavía no han logrado la identificación de restos óseos hallados en distintos puntos de la provincia del Loa.

Entre los fusilados el 19 de octubre, por la llamada Caravana de la Muerte que encabezó el general Sergio Arellano Stark, conforme lo indican todas las presunciones, figuran los calameños: Mario Argüéllez Toro, Carlos Berger Guralnik, Haroldo Cabrera Abarzúa, Gerónimo Carpanchay Choque, Bernardino Cayo Cayo, Carlos Escobedo Caris, Luis Gahona Ochoa, Daniel Garrido Muñoz, Luis Hernández Neira, Manuel Hidalgo Rivas, Rolando Hoyos Salazar, Domingo Mamani López, David Miranda Luna, Hernán Moreno Villarroel, Luis Moreno Villarroelm Rosario Muñoz Castillo, Víctor Ortega Cuevas, Milton Muñoz Muñoz, Rafael Pineda Ibacache, Carlos Piñero Lucero, Sergio Ramírez Espinoza, Fernando Ramírez Sánchez, Alejando Rodríguez, Roberto Rojas Alcayaga, José Saavedra González. Jorge Yueng Rojas.

Decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta
Las acciones realizadas ayer en Calama responden a la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta y que fue conocida el 31 de agosto recién pasado y, según la página del poder judicial, fueron sometidas a proceso doce personas, entre civiles y ex militares, por el delito de homicidio calificado en contra de 28 personas ocurridas en la ciudad de Calama el 19 de octubre de 1973.

En fallo unánime los ministros del tribunal de alzada Enrique Álvarez, Óscar Clavería y la abogada integrante Nancy Mellado sometieron a proceso a Armando Fernández Larios y Eugenio Rivera Desgroux por el delito de asociación ilícita.

Asimismo, se encausó a Armando Fernández Larios, Eugenio Rivera Desgroux, Carlos Max George Langer von Furstemberg, Carlos Humberto Minolleti Arriagada y Jerónimo Tomás Rojo Rojo como autores del delito reiterado de homicidio calificado.

Encubridores
Además, fueron acusados el doctor Luis Benito Rojas Delzo y a Luis Mario Aracena Romo, Julio Fernando Salazar Lantery, Óscar Figueroa Márquez, Domingo Antonio Flores Figueroa, Miguel Eduardo Trincado Araneda y el capellán Luis Exequiel Jorquera Molina como encubridores del mismo ilícito. En los casos de Fernández Larios, Minolleti Arriagada y Rojas Delzo se ordena iniciar los trámites para solicitar a la Corte Suprema su extradición, ya que se encuentran fuera del país. De los restantes procesados se ordenó despachar orden de detención para que ingresen en prisión preventiva.

Proceso Iniciado por Ministro Juan Guzmán
El ministro Juan Guzmán firmó el 8 de febrero de 2005 la resolución mediante la cual decretó el fin de la etapa de investigación de la comitiva militar que recorrió el país de norte a sur efectuando secuestros y homicidios a opositores a la dictadura entre septiembre y octubre de 1973.
El caso Caravana de la Muerte comenzó a ser investigado en enero de 1998 y quien encabezó la operación, Sergio Arellano Stark, fue procesado por tener responsabilidades en la muerte de todas las víctimas, 57 ejecutados y 19 secuestrados.
Además, el proceso significó el desafuero y posterior arresto de Pinochet en 2001 y el primer caso por violaciones a los derechos humanos por los que el militar fue procesado. Según el expediente del ministro Juan Guzmán, se realizaron 72 ejecuciones: cuatro en Cauquenes, 26 en Calama, 14 en Antofagasta, 13 en Copiapó y 15 en La Serena.
La comitiva, a bordo de un helicóptero Puma, llegó a Cauquenes el 4 de octubre de 1973. Doce días después arribó a La Serena, donde los 15 ejecutados fueron sacados del regimiento de esa ciudad.
Ese mismo 16 de octubre aterrizó también en Copiapó. El 18 llegó a Antofagasta, donde fueron retirados de la cárcel 14 presos políticos, quienes fueron ejecutados en la quebrada Way. Al día siguiente el helicóptero llegó a Calama, donde 26 personas fueron fusiladas. De estas, 13 cuerpos se encuentran todavía desaparecidos.
El magistrado ordenó la detención de cinco ex oficiales del Ejército el 10 de junio de 1999, por esta investigación. Entre ellos el general (r) Sergio Arellano Stark, el brigadier (r) Pedro Espinoza, los coroneles Marcelo Moren y Sergio Arredondo y el mayor Armando Fernández Larios.

En Calama
Posteriormente, en Calama las acciones fueron radicadas en el Segundo Juzgado cuando el magistrado titular de ese tribunal fue designado como juez extraordinario de derechos humanos.
La consecuencia fue el hallazgo de restos óseos en distintos puntos de la provincia, además de otras especies que permitieron las primeras identificaciones de detenidos desaparecidos. Algunas de las piezas identificadas se constituyeron en sorpresa porque pertenecían a personas que supuestamente habían sido arrojadas al mar, como el caso de Domingo Mamani, de quien hallaron un botón de su chaqueta.

La Corte de Apelaciones de Antofagasta sometió a proceso a 12 personas, entre civiles y militares por los delitos de homicidio calificado en contra de 28 personas ocurridas en la ciudad de Calama el 19 de octubre de 1973.

En fallo unánime los ministros del tribunal de alzada Enrique Álvarez, Oscar Clavería y la abogada integrante Nancy Mellado sometieron a proceso a Armando Fernández Larios y Eugenio Rivera Desgroux por el delito de asociación ilícita.

Asimismo se encausó a Armando Fernández Larios, Eugenio Rivera Desgroux, Carlos Max George Langer Von Furstemberg, Carlos Humberto Minolleti Arriagada y Jerónimo Tomás Rojo Rojo como autores del delito reiterado de homicidio calificado.

Además se acusó al doctor Luis Benito Rojas Delzo y a Luis Mario Aracena Romo, Julio Fernando Salazar Lantery, Oscar Figueroa Márquez, Domingo Antonio Flores Figueroa, Miguel Eduardo Trincado Araneda y el capellán Luis Exequiel Jorquera Molina como encubridores del mismo ilícito.

En los casos de Fernández Larios, Minoletti Arriagada y Rojas Delzo se ordena iniciar los trámites para solicitar a la Corte Suprema su extradición, ya que se encuentran fuera del país.

De los restantes procesados se ordenó despachar orden de detención para que ingresen en prisión preventiva.

Los abogados querellantes en el proceso sobre el lanzamiento al mar de 26 cuerpos de ejecutados políticos en Calama estudian recusar a la ministra de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rosa María Pinto, por sus vínculos sentimentales con un ex oficial del Ejército.

En 1973, la magistrada era funcionaria del Juzgado de Calama y estaba casada con el militar Álvaro Morales, quien cumplía funciones en esa ciudad cuando la comitiva de Sergio Arellano Stark efectuó los fusilamientos.

La jueza confirmó a La Nación que fue esposa de Morales y que éste era oficial del Ejército.

Procesamientos

El pasado martes la ministra en visita del caso procesó al suboficial (R) de Inteligencia del regimiento de Calama Manuel Aguirre Cortés y al ex mecánico de la Fuerza Aérea Sergio López Maldonado, como presuntos autores del delito de exhumación ilegal. Pero no encausó al ex comandante de la Segunda División

del Ejército, general (R) Miguel Trincado Araneda, quien fue sindicado como el oficial a cargo de dirigir el desentierro y traslado de los cuerpos a un avión de la FACH en el aeropuerto de la ciudad a fines de 1975.

Cuando se llevó a cabo la operación, Trincado era teniente y jefe de la sección II de Inteligencia del regimiento de Calama, por lo cual podría haber tenido algún tipo de contacto con el fallecido esposo de la ministra. A pesar de los testimonios que hay en su contra, el oficial en retiro no fue procesado.

Esto generó molestia en el abogado de derechos humanos Eduardo Contreras, debido a que estima que existían los méritos suficientes para que el general en retiro enfrentara la justicia como encausado.

“Me parece insólito que después de tanto tiempo de investigación se haya decidido el tribunal por procesar a los testigos y no a los culpables. Esto amerita estudiar la situación y adoptar las medidas que corrijan este procedimiento. Entre estos culpables se encuentra Miguel Trincado Araneda”, dijo el abogado.

Según testimonios que constan en el proceso, a fines de 1975, los cuerpos fueron lanzados al mar desde un avión C-47 de la FACH, los que estaban envueltos en sacos y amarrados a rieles para que se hundieran en el océano. En el expediente se establece que López Maldonado fue el encargado de tirar a las víctimas de la Caravana de la Muerte.

Aguirre Cortés acusó ante la jueza de que Trincado era la persona encargada de dirigir el desentierro de los restos de las víctimas de Calama. Este hecho está dentro de la conocida Operación Retiro de Televisores.

Un problema llamado Trincado

Este proceso no ha estado ajeno de polémica, debido a que el director de la Policía de Investigaciones, Arturo Herrera, y el responsable de la Jefatura contra el Crimen Organizado, prefecto inspector Rafael Castillo, se enfrentaron en una pugna por la supuesta responsabilidad de Trincado.

En 2005, el ex militar era comandante en jefe de la II División de Ejército y juez militar de Santiago. Además, durante el mandato de Juan Emilio Cheyre se le designó como el enlace con la Policía de Investigaciones para cooperar con el esclarecimiento de fusilamientos, torturas y desapariciones de opositores durante la dictadura militar.

Al verse involucrado en los hechos y ver peligrar su situación judicial, solicitó a Herrera que “ablandara” el informe que estaba elaborando la Brigada de Derechos Humanos y que lo inculpaba.

Esto habría originado una discusión entre los dos hombres fuertes de la institución y dividió las aguas al interior de la policía civil durante un tiempo.

El ex comandante de la Guarnición de Santiago, general (R) Miguel Trincado, está acusado de dirigir la operación de desentierro y lanzamiento al mar de los 26 cuerpos de los prisioneros asesinados por la Caravana de la Muerte en Calama en octubre de 1973.

El recientemente pasado a retiro general Miguel Trincado Araneda se encuentra en rebeldía ante la jueza de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rosa María Pinto, que investiga el desentierro y lanzamiento al mar de los cuerpos de 26 prisioneros asesinados en octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en Calama.

Trincado fue citado a declarar en calidad de inculpado en dos oportunidades desde diciembre pasado, pero no se presentó ante el tribunal de Calama donde la magistrada se constituye para esta investigación.

Por ello tampoco puede ser careado con suboficiales (R) del Regimiento Calama, que le imputan comandar la operación de desentierro y disposición final de los cuerpos a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) modelo C-47 para arrojarlos al océano, como asimismo ser entre 1975-76 el jefe de la Sección II de Inteligencia del regimiento, unidad a cargo de esta operación.

La jueza Rosa María Pinto confirmó ayer desde Antofagasta a La Nación a la no concurrencia de Trincado, pero dijo que “ahora está citado por tercera vez para la próxima semana”. Consultada por una eventual orden de aprehensión en contra del general (R) para asegurar su comparecencia, la jueza respondió que ello “no ha sucedido”.

Operador

El ex comandante de la II División del Ejército con asiento en la Región Metropolitana y con jurisdicción para la IV, V, VI y VII regiones, está acusado además de interceder en noviembre de 2005 ante el director general de la Policía de Investigaciones, Arturo Herrera, con el fin de que éste ordenara el cambio de un informe policial que lo sindica como, al menos, jefe de la Sección II de Inteligencia de ese regimiento al momento del desentierro y traslado de los cuerpos hasta el aeródromo de Calama.

El general (R) debe además ser careado con el suboficial (R) del mismo regimiento Manuel Aguirre Cortés, que era miembro de la referida Sección II, porque éste lo acusa directamente de comandar la tarea de desentierro y manejar el camión en el que se trasladó los cuerpos al aeródromo de Calama. También debe ser careado con el ex mecánico de la FACH, suboficial (R) de iniciales S.O.L.M., quien está confeso de viajar en el avión y arrojar los cuerpos al mar.

Trincado no ha concurrido a declarar, a pesar de que fuentes vinculadas a la investigación judicial indicaron a este diario que el Ejército pidió en su momento al tribunal que su citación se produjera luego de que éste pasara a retiro, como ocurrió en diciembre pasado.

El desentierro de los cadáveres y su disposición final a bordo de la máquina proveniente de la base de la FACH en Cerro Moreno, Antofagasta, correspondió a una acción coordinada con el Departamento de Inteligencia de la Primera División del Ejército con asiento en esa ciudad, a cargo del actual general (R) Julio Salazar Lantery.

El ex mecánico de la FACH que admitió tirar los cuerpos al mar sostiene que los “bultos ensacados” fueron cargados y “acomodados” a bordo de la máquina por él mismo y otros integrantes del Ejército que llegaron una mañana con los cuerpos al aeródromo de Calama.

Pese a que hace nueve meses atrás la policía de Investigaciones solicitó al Ejército la hoja de vida del actual Comandante en Jefe de la II División de Ejército, Miguel Trincado Araneda, en el marco de la indagatoria por la remoción de cerca de 26 cuerpos en el cerro Topater de Calama, hasta la fecha sólo se consiguió el "encuadramiento" de sus funciones durante su carrera militar.

Si bien la finalidad de esta solicitud busca aclarar si el mencionado uniformado estuvo destinado en el regimiento de dicha ciudad, a fines de 1975, ello no se logró ya que la escueta respuesta de la institución castrense sólo detalló años y funciones, pero no los lugares específicos de destinación en los que ha estado el oficial en cuestión.

Pese a esta negativa, un informe de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos da cuenta que a través de este encuadramiento de funciones "se confirma que dicho oficial de Ejército se encontraba en el Regimiento de Infantería Nº 15 'Calama', en la fecha que se realizó la operación de la exhumación de los cuerpos de prisioneros políticos ejecutados en 1973".

Trincado apareció mencionado en este episodio denominado "retiro de televisores" en el Cerro Topater a raíz de la declaración de un suboficial (r) Manuel Aguirre Cortés, quien sostuvo en el proceso que participó en el desentierro y posterior colocación en sacos blancos de los restos de dichos opositores, junto al suboficial Misael Ramírez Pizarro (actualmente fallecido) y al entonces capitán y ahora comandante de la II División del Ejército.

"Esperamos que amaneciera y yo junto con el capitán Miguel Trincado nos fuimos en el camión, que era conducido por él, sin haber nadie más al interior del vehículo. Salimos cerca de las 07.00 horas del sector de la quebrada, pero yo sin saber a donde nos dirigíamos. El camino que tomamos fue la carretera en dirección a Calama y nos desviamos hacia el aeródromo de la ciudad, donde entramos a la pista de aterrizaje, estacionándonos en el extremo este de la pista. Cuando íbamos en el camino Trincado me dijo que iríamos al aeródromo a esperar un avión", afirmó el ex uniformado.

Si bien este es el testimonio más directo que vincula al militar activo en estos hechos, también es cierto que existen otras declaraciones de ex integrantes de este regimiento que confirman que Manuel Aguirre sí prestó funciones en dicha repartición, durante el segundo semestre de 1975.

Ante este escenario, abogados querellantes en el caso sostuvieron que es de suma importancia que el Ejército entregue una copia certificada de la hoja de vida anual del general Trincado, ya que luego de ello se estaría en condiciones de tomarle una nueva declaración como inculpado para que luego el tribunal se pronuncie sobre su situación procesal.

Este caso permaneció paralizado varios meses, luego de que la jueza Patricia Almazán jubilara. Pero desde hace un par de semanas asumió la investigación la ministra en visita Rosa María Pinto, ex titular del 16º Juzgado del Crimen de Santiago, quien ha reactivado la investigación relacionada con la desaparición de dos opositores al régimen militar, para luego dictar más diligencias en esta arista sobre la remoción de cuerpos.

Episodio Mulchén

En tanto, quien sí decretó nuevas diligencias para intentar aclarar el oscuro capítulo de las remociones de los cuerpos de detenidos desaparecidos es el ministro de fuero Carlos Gajardo, quien está a cargo del capítulo "Mulchén".

Hasta ahora dicha investigación cuenta con las confesiones de dos suboficiales (r) del Ejército que dicen haber participado en la tétrica tarea de rescatar los restos que fueron enterrados originalmente en la zona precordillerana de la Novena Región.

Por ello, es probable que en los próximos meses el magistrado ordene excavaciones en el sector, ya que incluso existe la posibilidad que aún se encuentren enterrados en ese lugar un par de cuerpos que corresponderían a los ejecutados políticos de dicha localidad durante 1973.

Junto a ello, el magistrado se encontraría realizando interrogatorios a otros miembros de las unidades militares existentes en la zona durante la época y, además, solicitó todos los antecedentes que en su momento fueron recopilados por la justicia a raíz de las denuncias por presunta desgracia que interpusieron los familiares de las víctimas, durante los primeros años del régimen militar.

Familiares de ejecutados políticos de Calama, con el patrocinio de abogados de derechos humanos, presentaron hoy una querella criminal contra el general en servicio activo Miguel Trincado, en el marco de la llamada Operación “Retiro de televisores”.

La acción judicial, que también está dirigida contra el general (R) Augusto Pinochet Ugarte, le imputa la autoría de los delitos de inhumación y exhumación ilegal, asociación ilícita y obstrucción a la justicia.

Según las organizaciones de derechos humanos, Trincado, actual comandante en Jefe de la II División de Ejército habría estado vinculado, a fines de los años 70, en la exhumación de los cadáveres de 26 fusilados de Calama. Los cuerpos habrían sido subidos a un avión bimotor de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) y posteriormente lanzados al mar.

La querella también está dirigida contra el coronel (R) del Ejército Eugenio Rivera Desgroux, los oficiales (R) del Ejército Humberto Minoletti, Julio Salazar Lanterri, el suboficial (R) del Ejército, Jerónimo Tomás Rojo, y los funcionarios de la FACH Carlos Desgroux Camus (ya fallecido) y Carlos Pahoa Riroroco.

Los abogados, encabezados por Hugo Gutiérrez e Hiram Villagra, anunciaron que la próxima semana solicitarán al Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago la designación de un nuevo ministro en reemplazo del actual juez instructor de la causa, Cornelio Villarroel, a quien el tribunal de alzada ordenó reabrir la investigación luego que la sobreseyera.

Formado en la Escuela de las Américas, según la ONG SOA Watch, fue felicitado por el propio Augusto Pinochet por su “lealtad”. Esta es la historia del único absuelto del caso Calama 2; aquél que siempre negó haber asumido el mando del Departamento II de Inteligencia del regimiento en Calama. El Desconcierto accedió a su hoja de vida donde se demuestra lo contrario. Incluso fue reconocido como el mejor teniente de la unidad y felicitado por su actuar en “operaciones confidenciales”.

Violeta Berríos (81) es de esas mujeres que ha debido plantarse ante la vida con el dolor de la búsqueda incesante y la angustia de una verdad siempre a medias. Es una de las familiares de los detenidos desaparecidos de Calama, tras el paso de la Caravana de la Muerte. Su pareja fue de uno de los ejecutados: Mario Argüéllez, de 35 años, taxista y dirigente socialista en los setenta. Lo asesinaron junto a otros 25 detenidos.

-Yo sé que siempre se dice que lo muertos son buenos. Pero la verdad es que más que ‘taxear´, Mario vivía arreglando el mundo-, recuerda.

Violeta buscó por años su cuerpo y recién en 1990 aparecieron los primeros restos de las víctimas, en una fosa en el desierto a 10 kilómetros de la capital de la provincia de El Loa. Llegaba al fin algo de verdad, pero se comenzaría a conocer otra historia de horror.

Berríos es conocida por ser una de las organizadoras de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) de Calama. Ya no dirige, pero recuerda todo. El 11 de septiembre de 1973 se encontraba en Santiago. Tuvo que viajar para un control médico. En la mañana salió de la casa de su padre, en la comuna de Ñuñoa, rumbo al centro. Apenas caminó unas cuadras, vio que la calle estaba desierta y los helicópteros ruidosos ya surcaban el cielo. Comenzó a caminar y alcanzó a llegar hasta Irarrázaval con Macul, donde un carabinero le ordenó que se devolviera. Ella obedeció sin entender nada. En la casa, su padre le contó que había llegado “el golpe de Estado”. Estuvo escuchando por radio todo lo que pasaba. No podía volver al norte, era imposible en esos momentos. Días después regresó a Calama y su pareja ya estaba detenido. Luego lo soltaron, pero el 30 de septiembre lo volvieron a encerrar. Fue torturado y asesinado el 19 de octubre de 1973. Ese último día Violeta alcanzó a verlo en el retén de Dupont; él le pidió una termo con café con leche y ella fue a preparárselo. Cuando volvió ya se lo habían llevado. Lo que sigue es el rastreo por años en el desierto de un grupo de mujeres, la fosa  y la incredulidad de todo, aun con certificado de defunción en la mano. Es decir, una vida incompleta.

– ¿Sabes lo que es que te devuelvan una costilla, una falange de un dedo, una vértebra y un tendón de un ser querido?- comenta, y su pregunta queda en el aire como un mazazo.

Dice que desconfía de la justicia, porque en el caso “Caravana de la Muerte” Miguel Eduardo Trincado Araneda es un eslabón importante en una cadena de mando que ha logrado sortear todo. Fue procesado y llamado a retiro en 2006 cuando, con el grado de general, se desempeñaba como comandante de la II División en la Región Metropolitana.

Aunque fue absuelto el año 2015, Trincado es señalado como autor de las inhumaciones y exhumaciones ilegales de los cuerpos de los 26 dirigentes asesinados en Calama por la comitiva militar al mando del entonces general de brigada, Sergio Arellano Stark, quién, a bordo de un helicóptero Puma del Ejército de Chile, visitó varias ciudades al sur y norte de Chile, ejecutando a opositores políticos. Entre las víctimas de Calama también se encontraba Carlos Berger, periodista, abogado y esposo de la diputada Carmen Hertz.

En la jefatura de la Sección 2, al entonces “teniente Trincado” se le habría ordenado conducir un camión militar marca REO hasta el aeropuerto El Loa, de Calama, en donde debían esperar la llegada de un avión de la FACH, proveniente de la base aérea de Cerro Moreno de Antofagasta. El camión se usó para traspasar los sacos de cadáveres y después, junto a Manuel Aguirre (quien trabajaba bajo sus órdenes y luego declaró en el caso) manejaron hasta el puente Topater, en donde estaba el comandante Julio Salazar, junto al resto del equipo que participó en la operación. Se le ordenó al capitán Carlos Minoletti lavar los camiones y quemar la que habían usado en el procedimiento.

El jueves 28 de marzo, en la Corte de Apelaciones de Santiago, fueron los alegatos del caso Calama 2, para la revisión de la sentencia en primera instancia. Pero para Violeta, esta es una historia que no tiene cierre.

-Somos pocas la viejas que vamos quedando. Me ha tocado ver su caso (Calama 2) en tabla, que se dilate todo y así, incluso ha salido del país. ¿Cuándo vamos a tener justicia? ¿Cuándo estemos muertas?-, espeta.

El ex militar es amigo de los ex comandantes del Ejército Juan Emilio Cheyre y Juan Miguel Fuente-Alba. Trincado siempre se negó entregar su hoja de vida a la PDI, la cual solo accedió a un encuadernamiento de sus funciones, pero se omitieron los lugares específicos de destinación. Fue el periodista Jorge Escalante quien echó luz sobre esta historia con una serie de reportajes para La Nación. En 2005, en un artículo para el semanario del diario, publicó el informe elaborado por la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones. Aquello derivó en que el propio Trincado visitara la casa del entonces director General de la PDI, Arturo Herrera, para pedirle que cambiara el informe. El episodio desató una crisis dentro de la institución policial.

En los interrogatorios, el ex militar solo reconoció haber cumplido funciones en el Regimiento Calama “entre agosto de 1974 y diciembre de 1977” y que fue ascendido a teniente en 1975. Negó haber asumido el mando del Departamento II de Inteligencia del regimiento.

El Desconcierto accedió a la hoja de vida, de calificación y a la Tarjeta de Antecedentes Personales (TAP) del ex militar donde se documenta todo lo contrario. Es decir, sí estuvo en Calama como jefe del Departamento II de Inteligencia del regimiento (Revise acá el documento completo).

Antes del golpe, en la TAP, con fecha 22 de diciembre de 1972, consta que fue “destinado para que participe en un Curso de Orientación y Entrenamiento en la Escuela de las Américas, Zona del Canal de Panamá, por 30 días, a contar de la fecha de salida del país”. Esta situación además se corrobora con el listado elaborado por la ONG SOA Watch (Observadores de la Escuela de las Américas), donde se menciona que Trincado, con el grado de subteniente, realizó el Curso “Combat Arms Orientation”, entre el 08 de enero y el 09 de febrero de 1973.

Luego, en marzo de 1976, fue designado alumno del Curso “Inteligencia” (Básico), en la Escuela de Inteligencia del Ejército (San Bernardo). Este curso lo aprobó “satisfactoriamente”, según la anotación que figura en su hoja de vida correspondiente al periodo que va desde el 1 de agosto de 1975 hasta el 31 de julio de 1976, específicamente con fecha 28 de julio de 1976.

En la hoja de calificación, entre el periodo del 1 de agosto de 1976 y el 31 de julio de 1977, en  el tópico titulado “Datos generales”, se confirma que este ex oficial sí desempeñó cargos como Jefe del Departamento II y Auxiliar del Departamento II del Regimiento de infantería Motorizada de Montaña Reforzada N 15 “Calama”.

Así también, en la hoja de vida correspondiente al mismo periodo, con fecha del 5 de octubre 1976, fue felicitado en el punto “Criterio y discreción”. Al respecto, se comenta que “por sus cualidades personales, especialmente por su tino y acierto en todas sus actuaciones y por consenso unánime de todos los oficiales jefes y capitanes del regimiento. Se le califica como el mejor teniente de la unidad”. A renglón seguido, figura lo siguiente: “Se desempeñó como oficial auxiliar de Inteligencia de la J.Z.E.S, se califica como óptimo”.

En el periodo que va desde el 1 de agosto de 1977 al 31 de julio de 1978, con fecha 30 de noviembre de 1977, fue felicitado en cuanto a criterio y discreción, informándose al respecto que “en su calidad de Oficial especialista en Inteligencia Básica; recibió una misión estrictamente confidencial de parte del comandante del regimiento cumpliendo con acierto, tacto y reserva. Se destaca en este aspecto entre los oficiales de su grado. Digno de confianza”.

Con estos méritos en su historial, el 10 de octubre de 1981 fue nombrado Profesor Militar (Oficial) para la Escuela de Inteligencia, en la Asignatura “Técnicas Especiales de Investigación”. El año siguiente, con fecha 7 de enero de 1982, fue destinado en comisión de servicios a Sudáfrica, país que estaba gobernado por Pieter Willem. En ese periodo habría nacido su hijo Miguel Trincado Caviedes.

En su hoja de vida, en el periodo que va desde el 1 de julio de 1987 al 30 de junio de 1988, mientras prestaba servicios en la comandancia en Jefe del Ejército con el grado de Mayor, consta la siguiente opinión del calificador superior, Augusto Pinochet Ugarte: “Oficial Jefe que se destaca por sus condiciones profesionales, serio, abnegado y muy leal”.

Al final de la dictadura se observa que ejerció el cargo de Jefe del Departamento II de la comandancia en Jefe del Ejército, obteniendo además la especialidad de profesor militar de academia en la asignatura de “Inteligencia Militar”, el 13 de abril de 1988.

El 15 de febrero de 1990 recibió la condecoración “Misión Cumplida”, de Segunda Clase, otorgada por Pinochet. Luego prestó servicios en la Dirección de Inteligencia del Ejército hasta 1999 y un año antes, el 6 de febrero de 1998, se le concedió el título de “Profesor Militar de Academia”.

Victoria Saavedra (76) es una conocida integrante de la AFDD de Calama y en tres oportunidades ha ejercido como dirigente. Hoy vive en Arica, pero siempre está atenta a los alegatos de este caso. Al igual que el resto de las mujeres, su vida dio un vuelco tras el golpe. Su hermano, José Saavedra, fue ejecutado en Calama. Después de ese día todo se transformó en búsqueda.

-Trincado es una persona que ha evadido la justicia durante tantos años. Siempre negó todo, incluso que perteneció a la división de inteligencia. Ha causado daño, podría haber colaborado con la justicia para saber cuál fue el destino de nuestros familiares, para que las mujeres no vagáramos durante tanto tiempo por la pampa-, dice.

Entre sus recuerdos está rastrear el desierto y buscar en 102 piques mineros. También esperanzarse cuando hace ocho años le llegó el dato de un corvo de 2 kilómetros dibujado con cal en ladera del cerro Moctezuma, como orgullosa firma militar de las ejecuciones realizadas por la caravana de la muerte. El entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís, viajó a la zona con la PDI y funcionarios del Servicio Médico Legal. Victoria se paró cerca de la empuñadura  donde aparecía el número 73, (el inicio de la dictadura) y 78, una de las fechas probables de la “Operación Retiro de Televisores”, nombre que se le dio al desentierro y lanzamiento al mar de los cadáveres. No hubo suerte.

Para este grupo de mujeres siempre fue un secreto a voces que Trincado perteneció a la división de inteligencia en los momentos que se llevó a cabo la operación. Diversas declaraciones lo situaban en el lugar, pero veían pasar el tiempo y todo quedaba en nada. Hoy, para ellas, el escenario es aún más adverso.

-En este momento, con todas las peticiones de rebaja de condena que hay, si llega a ser encerrado lo más probable es que solo cumpla algunos pocos años. Ya se han ido siete de nuestras compañeras sin encontrar la verdad de lo que pasó en Calama, por eso siempre nos quedaremos con los amargo de la impunidad -, concluye.

Polémico ha resultado el nombramiento del general Juan Miguel Fuente-Alba Poblete como nuevo comandante en jefe del ejército. Según la versión oficial, la presidenta de la República lo nombró después de un acucioso estudio de sus antecedentes. Descartarían toda implicación de Fuente-Alba en violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura militar, período durante el cual hizo casi toda su carrera militar. Sin embargo, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, ha denunciado que Fuente-Alba Poblete, cuando era subteniente del Regimiento Calama, en octubre de 1973, estuvo involucrado en la masacre de prisioneros cometida por la Caravana de la Muerte que encabezaba el general Sergio Arellano Stark. Esas declaraciones las sostiene también el abogado de derechos humanos Hugo Gutiérrez. El general Fuente-Alba señala que para la fecha del asesinato de 26 prisioneros políticos en Calama -el 19 de octubre de 1973-, él se encontraba en la mina de Chuquicamata, custodiando equipos de ese yacimiento cuprífero. Agrega que el actual juez instructor de la causa, Víctor Montiglio, ante el cual declaró en dos oportunidades en calidad de inculpado, lo dejó fuera de enjuiciamiento por no existir antecedentes en su contra.
El ministro Montiglio le extendió un certificado señalando que hasta ahora “no aparecen presunciones fundadas” para estimar que el oficial haya tenido participación como autor, cómplice o encubridor de la masacre. Existiría, por lo tanto, una virtual declaración de inocencia judicial. Sin embargo, hay tres declaraciones de militares que refutan a Fuente-Alba. Una es del brigadier (r) Pedro Espinoza, segundo jefe de la Dina, que tomó parte en la Caravana de la Muerte. Su testimonio ha sido descalificado porque, se asegura, ha mentido varias veces. Una segunda declaración judicial es del teniente (r) Patricio Lapostol Arno. Sostiene que el subteniente Fuente-Alba estuvo presente en una tensa reunión que sostuvo en Calama con Marcelo Morén Brito, uno de los oficiales-verdugos de la Caravana de la Muerte. Morén habría reprochado a Lapostol la conducta de su padre, comandante del Regimiento Arica, que se negó a fusilar a unos prisioneros. La tercera declaración es del suboficial (r) Leopoldo Pérez Paredes en la causa por el desentierro de los cuerpos de los mártires (a fines de 1975) que fueron lanzados al mar. Esa operación la dirigió el teniente Miguel Trincado Araneda, llamado a retiro y sometido a proceso en diciembre de 2006, cuando -con el grado de general- se desempeñaba como comandante de la II División en la Región Metropolitana. Un documentado relato de estos antecedentes se encuentran en la nota del periodista Jorge Escalante en La Nación-Domingo (31/8/2008).
El caso del general Fuente-Alba induce a reflexión. Hay precedentes que indican que en materia de militares, asuntos que aparecían claros e indiscutibles, dejaron de serlo después. Ha sucedido con otros nombramientos de altos oficiales de las fuerzas armadas. Esto se relaciona con el “pacto de silencio” que rige entre los uniformados y que ha entorpecido la investigación de los crímenes de la dictadura. El hecho de haber sido Fuente-Alba un joven subteniente en 1973, no borra el hecho de que la mayor parte de su carrera militar transcurrió en el ejército comandado por Pinochet y su camarilla de asesinos y ladrones.
Fuente-Alba no pudo, al menos, dejar de tener noticias de los crímenes y atrocidades cometidos por sus camaradas de armas. Su silencio implica una evidente responsabilidad ética. Sin embargo, el mismo razonamiento debería aplicarse prácticamente a todos los mandos actuales del ejército, por lo menos hasta el grado de coronel, o incluso más abajo. Esta situación significa que en las fuerzas armadas existen elementos de peligrosidad latente que deberían ser afrontados con tacto pero también con firmeza, buscando formar una nueva mentalidad castrense que se inspire en valores democráticos y que permita a la sociedad avanzar sin amenazas hacia formas más profundas de igualdad y justicia social. Es inquietante saber que Pinochet -con todos sus crímenes y enriquecimiento ilícito a cuestas- sigue siendo una figura emblemática y admirada en el ejército y en el conjunto de las fuerzas armadas. Esto sucede mientras el asesinato del ex comandante en jefe, general Carlos Prats González, y de su esposa, sigue impune.
Durante los 20 años de la democracia de baja intensidad que impera en Chile, las fuerzas armadas han sido intocables y son un tema tabú en el debate político. Ninguno de los candidatos presidenciales se ha atrevido a enfrentar el tema y a proponer una política que termine con privilegios, corruptelas y potenciales peligros antidemocráticos.
Las fuerzas armadas siguen siendo -tal como las dejó Pinochet- un estamento privilegiado de la sociedad, sometido a la doctrina de Seguridad Nacional levemente maquillada y repotenciada para la lucha “antiterrorista” que hoy propugna el Pentágono y que amenaza al continente desde las bases que instalará en Colombia.
Los privilegios de que gozan los militares chilenos son variados. Desde la discrecionalidad con que los altos mandos deciden la compra de armamentos (4.778 millones de dólares en 2008, según el Instituto de Investigaciones para la Paz, de Estocolmo) con los recursos que provienen de las ventas de cobre de Codelco, hasta sus regímenes especiales de previsión y salud. Aunque ese sistema previsional está quebrado, sigue funcionando gracias al aporte fiscal -pagado por todos los chilenos- a razón de más de 1.500 millones de dólares anuales. Los hospitales de cada rama de las fuerzas armadas y de Carabineros son los más modernos del país -como el nuevo Hospital Militar inaugurado en la comuna de La Reina-. Los uniformados gozan de todo tipo de asignaciones especiales que ya se las quisieran profesores y funcionarios públicos que gritan su pobreza en las calles. El Código de Justicia Militar les asegura una justicia propia que invariablemente los favorece. Cada una de las ramas de las fuerzas armadas cuenta con patrimonio propio del que disponen como si lo hubieran adquirido con su trabajo y no gracias al financiamiento fiscal. El dispendio en el gasto militar facilita la corrupción, como se ha visto en el caso de los aviones Mirage y en la adquisición de los tanques Leopard. Los suicidios de conscriptos rara vez son investigados a fondo, y menos los crímenes como el de Pedro Soto Tapia o el del cabo Orlando Morales Pinto, este último para ocultar un desfalco en el Comando de Salud del ejército. Hizo falta la movilización y protesta para que el ejército se diera por enterado de los casos de radiación que afectaron a conscriptos que sirvieron en el centro nuclear de Lo Aguirre.
Tampoco se puede sostener razonablemente que las fuerzas armadas se hayan empleado a fondo para ayudar a la justicia en materia de violaciones de los derechos humanos. Esto alimenta las sospechas y suspicacias cuando se producen ascensos en los altos mandos. Con razón los ciudadanos se preguntan: ¿dónde estaba y qué hacía ese general o aquel almirante cuando la dictadura militar torturaba, asesinaba y hacía desaparecer prisioneros? ¿O es que los actuales comandantes en jefe fueron abnegados y pulcros oficiales, dedicados a su perfeccionamiento profesional y a la formación de contingentes en los cuarteles? ¿Fueron sólo oficiales de escritorios, polígonos y desfiles? ¿Nunca se enteraron de lo que hacían sus compañeros en la Dina, la CNI, la Dine, etc.?
Lamentablemente, el gobierno de la presidenta Bachelet, que por antecedentes familiares y profesionales pudo haber abordado con mayor autoridad el tema de las fuerzas armadas y su readecuación para servir a la Patria en democracia, ni siquiera intentó comenzar esa tarea que seguirá congelada durante el próximo gobierno, según nos prometen los candidatos que se disputan la Presidencia de la República.

Los procesamientos en esta causa de violaciones de DD.HH. fueron dictados ayer por la ministra presidenta de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rosa María Pinto. La magistrada encausó además al coronel (R) Luis Aracena y a tres suboficiales (R). Todos están acusados como autores del desentierro y lanzamiento al mar a fines de 1975 o comienzos de 1976, de los 26 cuerpos de los prisioneros asesinados por la Caravana de la Muerte en octubre de 1973.

Foto: Miguel Trincado comandó la operación del desentierro y lanzamiento al mar de los cadáveres cuando ocupó la jefatura de la Sección de Inteligencia del regimiento Calama. 

Los generales (R) Miguel Trincado Araneda y Julio Salazar Lantery, junto al coronel (R) Luis Aracena Romo, y tres suboficiales (R), fueron procesados como autores del desentierro y desaparición entre fines de 1975 y comienzos de 1976, de los 26 cuerpos de los prisioneros asesinados en octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte en Calama.

El encausamiento fue resuelto ayer por la ministra presidenta de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Rosa María Pinto, quien decretó además los arrestos de los encartados. La magistrada instruye la causa por las exhumaciones y lanzamiento al mar de estos cuerpos a bordo de un avión Fach.  

El ex comandante de la guarnición de Santiago y juez militar de la Región Metropolitana hasta 2006, general ahora retirado Miguel Trincado, comandó la operación del desentierro y lanzamiento al mar de los cadáveres cuando ocupó la jefatura de la Sección de Inteligencia del regimiento Calama. El operativo fue supervisado en terreno en un sector del desierto de Atacama por el entonces  jefe del Departamento de Inteligencia de la I División del Ejército de Antofagasta, actual general (R) Julio Salazar Lantery.  

El coronel (R) Aracena Romo era en 1975 el segundo comandante del regimiento Calama, y estuvo también presente en el desentierro. El comandante del Calama era, en aquel tiempo, el coronel Eduardo Ibáñez Tillería, quien falleció con el grado de general.  

Los otros tres procesados son los  suboficiales (R) Héctor Iturra Orrego, Wilson Pacheco Obreque y Emilio Pardo Pardo. Estos eran subordinados de Trincado en la Sección de Inteligencia del Calama, e igualmente tuvieron participación en la exhumación de los restos.  

Ya se encontraban encausados por la ministra Pinto los entonces suboficiales de inteligencia del regimiento Calama, hoy en retiro, Manuel Aguirre Cortés y Juan Carlos González Reyes. Ambos también tomaron parte en el desentierro.  

Mecánico confeso  

Aguirre fue el primero que inculpó judicialmente a Trincado en 2005, acusándolo de comandar la operación e incluso manejar el camión en el cual se trasladaron los cadáveres ensacados hasta el aeródromo de Calama, donde esperaba un avión C-47 de la Fach a bordo del cual los arrojaron el mar. “Yo iba de copiloto en el camión junto a Trincado”, dijo Aguirre en el proceso.  

Cuando Aguirre acusó a Trincado, La Nación publicó la información el 3 de mayo de 2005, pero el Ejército bajo la jefatura del general Juan Emilio Cheyre, desmintió tanto la participación de Trincado como el hecho mismo.  

“El Ejército rechaza categóricamente estas imputaciones por ser injustas, lesionar innecesariamente la imagen de la institución, y comprometer la honra del citado oficial (Trincado)”, dijo el comunicado.  

El otro que ya se encontraba encausado por la magistrada Pinto, es el suboficial (R) de la Fach, Sergio López Maldonado. Este confesó en el proceso que fue el mecánico que viajó en el C-47 y declaró que “cuando habían pasado unas dos horas de vuelo, el piloto me hizo una seña. Entonces abrí la escotilla y tiré los bultos al océano”.  

Es la primera vez que Salazar Lantery y Aracena Romo son encartados por violaciones a los derechos humanos.  

Trincado había sido procesado este año por propia iniciativa de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Pero ese tribunal cometió un error procesal al encausarlo por los crímenes de los 26 prisioneros cometidos por la Caravana de la Muerte el 19 de octubre de 1973 en Calama, hechos que investiga en Santiago el ministro Víctor Montiglio y para lo cual, ni esa corte ni la magistrada Pinto tienen competencia.  

Primer episodio “Retiro de Televisores”  

El caso desentierro de Calama es el primer episodio de la llamada por la inteligencia del Ejército “Operación Retiro de Televisores”, la que masivamente se llevó a efecto a lo largo del país a partir de diciembre de 1978. Fue la fecha en que en los hornos de una mina en Lonquén, al sur de Santiago, se hallaron los cuerpos de quince campesinos asesinados por Carabineros que escondieron sus cadáveres.  

La “Operación Retiro de Televisores” consistió en el desentierro de todos los cadáveres de prisioneros que habían sido sepultados en fosas clandestinas por el norte, el sur y la zona centro de Chile. Los cuerpos fueron arrojados al mar. La operación la decretó entonces el dictador Augusto Pinochet, a través de criptogramas (mensaje cifrado en código) que envió a los regimientos del país con la orden. Uno de los primeros en fijar la fecha del desentierro en Calama fue el coronel (R) Aracena Romo, quien declaró judicialmente que el hecho sucedió “en los últimos días de 1975”.  

Por su parte, Salazar Lantery reconoció en el juicio que “a fines de 1974 ó 1975, hubo acuerdo para sacar los cuerpos, porque supimos que los familiares los andaban buscando por el desierto”.  

A pesar de que Trincado sigue negando su participación, en la investigación judicial hay al menos ocho suboficiales que lo acusan de comandar el operativo, o de dirigir la Sección de Inteligencia del regimiento Calama en ese tiempo.  

El próximo paso podría quedar en manos del ministro Montiglio, pues la parte querellante sostiene que no se trata simplemente de que los procesados cometieron el delito de exhumación ilegal al desenterrar los cuerpos y hacerlos desaparecer, sino que en su actuar habrían incurrido, al menos, como encubridores de secuestro y homicidio porque actuaron para borrar las huellas de los crímenes cometidos por la Caravana de la Muerte en 1973.  

Por ello existe la posibilidad de que, tras estos encausamientos, la ministra Pinto se declare incompetente y envíe la causa a Santiago al juez Montiglio. 

La causa que desató la guerra en Investigaciones

El proceso por los desentierros en Calama fue el detonante de la pugna abierta en la Policía de Investigaciones. Quien desató la disputa fue el general Miguel Trincado, cuando estando en servicio activo visitó al director de la policía civil Arturo Herrera, para pedirle que ordenara cambiar un informe policial que en julio de 2005 le imputó responsabilidad en la operación por la cual ayer fue procesado.

Oficiales de esa policía afirmaron en el proceso que instruye la ministra Pinto que el director Herrera intentó que el informe se alterara, pero se encontró con la oposición de los autores del escrito y de su jefe directo, el prefecto recién retirado Rafael Castillo.

A partir de ese momento, se trabó una dura disputa entre Castillo y Herrera, lo que trajo diversas situaciones al interior de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos.

En 2006, Castillo venía pasado a retiro por Herrera, pero el gobierno vetó esa disposición y repuso a Castillo en servicio activo. Este año, sin embargo, el gobierno no lo siguió respaldando y el director Herrera lo pasó a retiro

La Presidenta Bachelet es un buen ejemplo de cómo las personas tienden a justificar las agresiones de las que no pueden vengarse. Algo común en Chile donde la condición para ejercer la democracia es respetar la memoria de la dictadura y donde los hijos de las víctimas deben humillarse ante la impunidad de los victimarios. A veces hasta defenderlos. Como hizo Bachelet con su Jefe de Policía Arturo Herrera, acusado por de Chávez de complicidad con las atrocidades de Pinochet.

Arturo Herrera Verdugo es jefe de policía. Como tal, se considera por encima de la política. Se cree con derecho a decir (discurso del 25 de Septiembre 2004):

“No podemos desconocer que una parte importante de la sociedad chilena vivió directamente los acontecimientos que posibilitaron que se quebrantara el Estado de Derecho, que regía en el país bajo la Constitución de 1925. No es esta la ocasión de analizar las causas que originaron aquella crisis. Pero sí es válido señalar que la policía civil no concurrió con su pequeña fuerza, ni con sus armas ni hombres, al quiebre de la democracia chilena. No fuimos llamados, ni fuimos parte del poder que se instaló”.

¿”Los acontecimientos que posibilitaron que se quebrantara el Estado de Derecho”? Estos acontecimientos no pueden ser sino el gobierno de Presidente Allende, quien así vendría a ser responsable de que “se quebrantara el Estado de Derecho” o, lo que es lo mismo, culpable de su derrocamiento y muerte, como del encarcelamiento y muerte por torturas del padre de la Presidenta, el general Alberto Bachelet que el 16 de Octubre de 1973 escribía: “Me quebraron por dentro, en un momento, me anduvieron reventando moralmente -nunca supe odiar a nadie- siempre he pensado que el ser humano es lo más maravilloso de esta creación y debe ser respetado como tal, pero me encontré con camaradas de la FACH a los que he conocido por 20 años, alumnos míos, que me trataron como un delincuente o como a un perro”.

Esos mismos oficiales son hoy generales de la Fuerza Aérea Chilena, son parte del gobierno de Bachelet y se paran detrás de ella en los desfiles. La democracia es farsa infame cuando los militares sólo nos permiten representarla a condición de no cambiar nada.

”Ni fuimos parte del poder que se instaló” ¿Arturo Herrera pretende hacernos creer que la policía no era parte del gobierno? Que mientras éste torturaba inocentes, la Policía respetaba los derechos humanos de los delincuentes.

El teniente Trincado recoge, ensaca y lanza al mar restos humanos

Volvamos a la pregunta original sobre Arturo Herrera.

Cito al periodista chileno Pedro Alejandro Mata:

“El Comandante de la II División del Ejercito, de la Guarnición de Santiago, y también Juez Militar, General Miguel Trincado Araneda, visitó en su casa al Director General de la Policía de Investigaciones, Sr. Arturo Herrera Verdugo. Este hecho, de por si curioso, tuvo características aun más sorprendentes cuando se supo que el motivo de la visita del General Trincado al Director de la Policía Civil tenía por objeto pedirle que, haciendo uso de su cargo, cambiara un informe policial que lo inculpaba de la exhumación ilegal, destrucción, y desaparecimiento de los restos de 26 ejecutados políticos de Calama (fueron lanzados al mar desde un avión de transporte C-47 de la FACH). El informe había sido elaborado por la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones a partir de órdenes de investigar emitidas, primero por el ex Magistrado Juan Guzmán, y posteriormente refrendadas por el Ministro Víctor Montiglio”.

”En esa época el General Miguel Trincado tenia el grado de teniente y estaba al mando de la Sección de Inteligencia del Regimiento de Calama. Haciendo uso de un camión del Ejército, y con un pelotón de soldados bajo su mando, el teniente Trincado primeramente ubico el lugar de entierro, para después proceder a desenterrar los restos humanos, a ensacarlos, y a transportarlos al avión de la FACH que esperaba en el aeropuerto de Calama. Desde dicho avión los restos humanos correspondientes a 26 personas que habían sido fusiladas o asesinadas por efectivos militares, en Calama, después del golpe de estado de 1973, fueron lanzados al mar”.

Interviene Arturo Herrera

“El informe técnico preparado por la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones llego a conocimiento de su Director General, el Sr. Arturo Herrera, quien dio ordenes inmediatas para que el informe técnico fuera alterado en su contenido y que el nombre de Trincado fuera omitido por cuanto Herrera lo consideraba inocente”.

“El autor del informe, el Comisario Abel Lizama, fue presionado para que procediera a redactar un segundo informe técnico alterando las conclusiones que se explicitaban en el primero. Se pretendía que el nuevo informe consignara la inocencia de Trincado en los hechos investigados”.

“Lizama se negó a ejecutar la orden del Director de la Policía, aduciendo que no tenia facultades para alterar un informe técnico, y que ello le correspondía al Jefe de la Unidad, el Comisario Sandro Gaete. Al ser requerido Gaete en el mismo sentido, vale decir, que procediera a alterar el informe técnico por orden del Director General, Gaete se negó de plano. De haberlo hecho habría cometido un delito”.

“La actitud asumida por Gaete y Lizama fue respaldada por el Prefecto Rafael Castillo, entonces Jefe de la Brigada de Asuntos Especiales y DDHH de la Policía de Investigaciones, y superior inmediato de Gaete y de Lizama”.

“Posteriormente el Prefecto Castillo, como asimismo los Comisarios Gaete y Lizama declararon ante la Presidenta de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Magistrado Rosa María Pinto, respecto del contenido del informe elaborado y también de las presiones recibidas del Director General de la Policía de Investigaciones para que el informe fuera cambiado, liberando de responsabilidades y exculpando al General Miguel Trincado”.

“Basada en este informe técnico, la magistrado Rosa María Pinto resolvió procesar al General Miguel Trincado, lo que significo que este fuera pasado de inmediato a retiro por el Alto Mando de la institución”.

“Sin embargo, la denuncia formal al tribunal, efectuada por los funcionarios Sres. Castillo, Gaete, y Lizama, en el sentido de haber sido presionados para modificar el informe técnico por el propio Director General, no tuvo mayores efectos. La denuncia quedo incorporada al expediente pero la magistrado se limito a continuar investigando los hechos bajo su competencia y no inicio una investigación paralela para dilucidar el gravísimo hecho, a pesar de que este revestía caracteres de delito: abuso de autoridad, tráfico de influencias, y obstrucción a la justicia, entre otros”.

Herrera si es Verdugo

A partir de cierta jerarquía los funcionarios son corresponsables de los actos del Estado por acción u omisión. Arturo Herrera Verdugo fue cómplice genérico en las atrocidades pinochetistas y cómplice necesario en el ocultamiento de crímenes horrendos. Como también lo es hoy de avalar con su silencio, como Presidente de INTERPOL, las mentiras de su Secretario General Ronald Noble, que contradicen el informe de esa organización sobre las computadoras presentadas por el gobierno colombiano como prueba contra las FARC. Herrera Verdugo se limita a callar, es decir a mentir con su silencio para encubrir al encubridor de los crímenes de Uribe, el policía gringo Ronald Noble.

Lamentablemente para la Presidenta Bachelet, una vez más Chávez tuvo razón.

El actual comandante de la IIª División del Ejército para (regiones metropolitana, IV, V, VI y VII) general Miguel Trincado Araneda, será por primera vez careado con subalternos que tuvo bajo su mando en 1975 y 1976. Testigos lo acusaron de comandar una operación para hacer desaparecer en el mar los cuerpos de 26 personas asesinadas por la Caravana de la Muerte, en 1973, en Calama.
Sus acusadores, entre ellos el suboficial (R) Manuel Aguirre Cortes, le imputan dirigir esta operación cuando era teniente a cargo de la Sección II de Inteligencia del Regimiento de esa ciudad, en conjunto con oficiales de inteligencia de la I División de Antofagasta que viajaron para supervisar la operación. A raíz de este proceso, Trincado fue pasado a retiro este año.

En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago rebajó la pena aplicada a 11 militares en retiro condenados por su responsabilidad en el delito de exhumación ilegal de restos de detenidos desaparecidos de la ciudad de Calama.
El Tribunal de alzada estableció que los ex uniformados tomaron parte en un solo delito de exhumación ilegal, y no en delitos reiterados como lo consideró la sentencia de primera instancia, dictada por el ministro en visita Leopoldo Llanos.
Por ello, el Tribunal condenó a Carlos Minoletti Arriagada, Julio Salazar Lantery, Luis Aracena Romo, Manuel Aguirre Cortés, Juan Carlos González Reyes, Sergio López Maldonado, Emilio Pardo Pardo, Hugo Carrasco Pérez, Wilson Pacheco Obreque y Pedro Gutiérrez Ruiz a 300 días de presidio, en calidad de autores del delito. En tanto, Héctor Iturra Orrego fue condenado a 60 días como cómplice.
La sentencia sostiene que los hechos descritos en el fundamento cuarto de la sentencia de primer grado, ponen en evidencia que los hechos, no obstante de ejecutarse en dos momentos distintos, con una diferencia de quince días, perseguían un mismo propósito, esto es, ocultar los restos de personas que habían sido sepultados ilegalmente en la fosa en que se encontraban, para de esta manera destruir la evidencia de sus asesinatos. Como todas ellas fueron sepultadas juntas y en el mismo lugar, la exhumación de sus restos se realizó mediante una misma acción, se trató de un desentierro único y si luego vuelven a trasladarlos, no por esto es posible entender que se trate de un hecho distinto del que lo antecedió.
La resolución agrega que si se tiene en consideración el grado de inhumanidad con que se actuó al momento de ocultar los cadáveres, resulta difícil aceptar que en el momento de su entierro ilegal se haya procedido con el cuidado y el respeto que cada cuerpo merecía y se los haya ‘sepultado' de tal manera, que el proceso de exhumación haya sido hecho por separado en cada caso, en términos tales que pudiera entenderse que se trata de hechos distintos con sus propias características y que configuran ilícitos también distintos. La consecuencia de lo dicho es que debe considerarse configurado sólo un delito de exhumación ilegal, a que se refiere el artículo 322 del Código Penal, y aunque esta calificación resulta benéfica para sus autores, el rigor con que debe procederse al momento de juzgamiento de los hechos así lo exige, no resultando pertinente que por la vía de entender que se cometieron multiplicidad de delitos, se logra sancionarlos con toda la severidad que su conducta merece.
Añade que habiéndose concluido que los hechos deben ser calificados como un delito de exhumación, la pena que corresponde imponer a los procesados es la de presidio menor en su grado mínimo y como favorece a todos ellos la minorante de su irreprochable conducta anterior, no puede ser aplicada en su máximum.
Luego, afirma la resolución que respecto de los procesados Iturra Orrego, Gutiérrez Ruiz, Aguirre Cortés, Pardo Pardo, Carrasco Pérez, Pacheco Obreque y López, no obstante habérseles reconocido también la atenuante contemplada en el artículo 211 del Código de Justicia Militar, no se hará uso de la facultad conferida por el artículo 67, inciso cuarto, del Código Penal, manteniendo la sanción en el grado correspondiente.
Por último, concluye que esta decisión tiene como fundamento la especial reprochabilidad de sus conductas, pues no sólo se trató de la comisión del hecho delictual que prevé el artículo 322 del Código Penal, sino tienen una connotación más grave, ya que sus actuaciones estuvieron dirigidas tanto al ocultamiento de la evidencias de un asesinato masivo, como a impedir que los familiares de las víctimas pudieran encontrar sus restos, lo que significó aumentar con mayor crueldad su sufrimiento.
La sentencia, además, confirmó la absolución de Miguel Trincado Araneda por no haberse probado su participación en los hechos.