Torres Silva Juan Fernando Alfredo

La Corte Suprema ratificó la sentencia por el secuestro y asesinato del ex químico de la DINA Eugenio Berríos. La mayor condena recayó en Arturo Silva Valdés (15 años y 1 día de cárcel), quien formó parte del núcleo que ejecutó las operaciones más clandestinas del Ejército en los años 80 y en plena democracia. El siguiente reportaje, publicado en 2002 por la revista Siete+7, revela que el ex oficial es dueño también de los secretos de dos de los hombres más poderosos de Chile: Augusto Pinochet y Agustín Edwards, dueño y director del diario El Mercurio.
Otros protagonistas de la operación para asesinar a Berríos en Uruguay en 1992 condenados hoy son los militares uruguayos Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli, así como también el ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva y el ex director de Inteligencia del Ejército Eugenio Covarrubias, entre otros

Alto, atractivo, elegante, con don de mando, hombre de mundo, experto en inteligencia, tirador eximio, jugador de polo y rodeado de una aureola que le significó incluso el apelativo del “James Bond chileno”. Esas son algunas de las características que se le atribuyen al mayor (R) Arturo Rodrigo Silva Valdés, miembro del Servicio Secreto de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y quien aparece identificado por al menos dos testimonios como el autor chileno –el otro sería uruguayo– de los disparos que terminaron con la vida del químico de la DINA, Eugenio Berríos.

Pero Silva Valdés tiene otros atributos que contribuyeron a engrandecer su leyenda. Es dueño de los secretos de dos de los hombres más poderosos de Chile: Augusto Pinochet y Agustín Edwards, el director y dueño del diario El Mercurio. De ambos fue su jefe de seguridad personal, dueño de su retaguardia y desplazamientos.

El nombre de Silva Valdés ya era conocido en tribunales. Saltó a la palestra cuando el ministro Sergio Muñoz lo procesó como encubridor en el asesinato de Tucapel Jiménez. Pero su identificación se conoció en el corazón de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) antes de que fuera procesado. Y se tomaron medidas. Para entonces se desempeñaba como escolta personal de Agustín Edwards. Una función que abandonó abruptamente.

Uno de los aspectos que restan por dilucidar en su historial es si efectivamente en septiembre de 1994, Arturo Silva fue enviado en comisión de servicio a trabajar para Agustín Edwards por el entonces director de Inteligencia del Ejército, general Eugenio Covarrubias. Porque después, cuando se produce su retiro de la institución castrense, su relación laboral con El Mercurio y con Edwards pasa a ser asumida por la empresa de seguridad SERPROTEC S.A.

Esta empresa tiene dos socios principales: Juan Luis Herrera Villena e Inversiones Canelo Seis y Compañía, cuyos socios principales son Agustín Edwards Eatsman, Agustín Edwards del Río e Inversiones Nacionales.

Valdés no llegó solo a trabajar para Edwards. Un grupo de hombres, todos formados en la CNI y en el reducido y selecto equipo del Servicio Secreto, lo acompañó. Entre ellos estaban Nelson Hernández Franco, quien en 1982 se desempeñaba bajo la chapa de “Marcos de la Fuente” en la CNI y que también fue procesado por el asesinato de Tucapel Jiménez; Marcelo Sandoval, Nelson Román e incluso una mujer: Erika Silva. Más tarde se incorporaría como jefe el mayor Eduardo Martínez Wogner, quien fuera ayudante del director de la CNI.

El general Eugenio Covarrubias seguía muy de cerca los pasos de la escolta de seguridad de Agustín Edwards. Y sus nexos se estrecharon cuando su hijo, también de nombre Eugenio Covarrubias, asumió la gerencia de SERPROTEC, cargo que conservó hasta 1999.

No todo en la vida de este exclusivo experto en seguridad ha sido adrenalina y gloria. A sus más de 500 viajes por el mundo hay que contraponer la muerte de uno de sus hijos. Una herida que lo desestabilizó y que lo dejó vulnerable para la vida. Hoy, a pesar de sus acciones en Ecogas Limitada, Ceqsachile S.A. y Consultsistem Chile S.A., su mundo vuelve a desplomarse.

ASESOR VIP

Arturo Silva comenzó a destacarse por sus dotes en labores de inteligencia a principios de los ’80 cuando formaba parte de los escuadrones de la CNI. Hay quienes dicen que en ese entonces lo llamaban “Alvarito”, haciendo la relación con Álvaro Corbalán, el poderoso jefe operativo del organismo de seguridad. Eran tiempos en que los vasos comunicantes entre la CNI y el DINE eran fluidos y difusos. Una relación que hoy algunos oficiales califican de “perversa” porque involucró al organismo de inteligencia institucional, destinado a la seguridad territorial, en operaciones criminales, como el asesinato de Tucapel Jiménez.

Hoy la jueza Olga Pérez investiga otro hecho similar y que podría acarrear consecuencias de proporciones: el asesinato a través de toxinas botulínicas del ex Presidente Eduardo Frei Montalva. Su muerte acaeció días antes de que un escuadrón del DINE asesinara a Tucapel Jiménez (1982) 

Pero el tiempo de gloria de Silva llegó con ocasión del plebiscito de 1988, cuando pudo desplegar todos sus dotes al convertirse en el principal “asesor de seguridad” del general Augusto Pinochet.

Su función se iniciaba al momento en que el general decidía hacer un viaje. Allí entraba en acción. Viajaba hasta el lugar escogido, se entrevistaba con los invitantes y con los organismos de inteligencia militar del país, hacía una completa revisión de las condiciones de los hoteles posibles para escoger uno y teniendo siempre al menos dos alternativos en caso de emergencia; los hospitales cercanos, los vehículos que se utilizarían, los choferes, ambulancia, chequeos y fichas médicas a la mano. Revisaba hasta el último detalle, incluyendo la selección de los hombres que integrarían su escolta de seguridad, y luego se sentaba junto a Pinochet y su edecán del momento para dar cuenta del programa elegido y afinar.

Su misión debiera haber terminado allí, pero fue tal la cercanía, la confianza y el afecto que Pinochet depositó en él, que fue una costumbre que cuando el viaje se iniciaba, Arturo Silva Valdés se convertía en su sombra. Al punto que en más de una ocasión, los hoteles donde se hospedó Pinochet quedaron registrados a su nombre. Así ocurrió en octubre de 1993, cuando Pinochet viajó a Brasil de vacaciones y la prensa recogió que el ex dictador habría utilizado la falsa identidad de Arturo Silva Valdés en el Hotel Intercontinental de Ríos de Janeiro.

Pero para entonces Silva se había convertido en un agente ultra secreto del DINE. Un camino que inició en 1990 cuando fue elegido como uno de los brazos operativos de la operación “control de bajas”, la salida clandestina del país de aquellos militares en peligro de ser encarcelados o procesados por secuestro, tortura o homicidio en tiempos de dictadura.

Así, Silva Valdés fue la pieza clave que operó en la fuga de Luis Arturo Sanhueza Ross y de Carlos Herrera Jiménez. Silva Valdés preparó esa operación viajando a Argentina el 7 de septiembre de 1991, regresó el 12 y volvió a salir el mismo día que Herrera: el 19 de septiembre de 1991. Fueron días intensos. Ya estaba decidida y preparada la fuga de Eugenio Berríos. Pero ésta fue revestida de todos los cuidados especiales: Berríos no debía caer en manos argentinas. Fue Arturo Silva quien preparó hasta el último detalle y cuando Berríos cruzó la frontera por el sur en dirección a Río Gallego el 26 de octubre de 1991, Silva hacía lo propio hacia Argentina pero por vía aérea.

A partir de entonces controló cada uno de los pasos de Berríos en su nueva residencia. Y también las del otro paquete que mandó a guardar en Uruguay: Luis Arturo Sanhueza Ross.

La historia que sigue fue contada en la edición N° 32 de Siete+7. Pero hay un capítulo que detallar. Cuando en noviembre del ‘92 Berríos escapó de sus custodios desde la localidad de Parque del Plata, a 50 kilómetros de Montevideo, Arturo Silva Valdés estaba allí controlando paso a paso su captura. Junto a él, el mayor Jaime Torres Gacitúa, uno de sus mejores amigos y también “asesor de seguridad” de Pinochet y miembro del Servicio Secreto del DINE.

Cuando finalmente recuperan a Berríos, comienza la otra historia. Una que culmina –según los testimonios– con el asesinato de Berríos, el que habría sido ejecutado por Silva Valdés y el teniente coronel uruguayo Eduardo Radaelli (ver recuadro). Testigo de la operación fue el mayor Torres Gacitúa. Allí quedaría sellado un pacto entre oficiales de inteligencia que revela que la “Operación Cóndor” sigue siendo un peligro latente.

SERVICIO SECRETO BAJO IMPRONTA BRITANICA

El traspaso de la banda y la piocha que simbolizan el poder presidencial que el general Pinochet hizo al Presidente Patricio Aylwin el 11 de marzo de 1990, dando inicio a la transición, fue el detonante para otros movimientos en las sombras. A poco andar la auditoría del Ejército, a cuya cabeza estaba el general Fernando Torres Silva, tocó la campana de alerta.

Fernando Torres Silva (Fuente: memoriaviva.com)

Según un alto oficial del Ejército de la época, fue con instrucciones precisas del alto mando que se realizó la primera reunión entre la auditoría y el director de Inteligencia de la institución, más el jefe del Servicio Secreto que dependía del DINE, en la que se hizo un minucioso análisis de qué juicios estaban “maduros”: qué procesos estaban en peligro de obtener la identificación de torturadores, secuestradores y homicidas uniformados.

Fue en ese núcleo que se diseñó la estrategia para sacar de Chile a los militares “en peligro”. Y el brazo operativo fue precisamente la joya inexpugnable y más compartimentalizada del DINE, el Servicio Secreto que durante largos años dirigió el oficial Maximiano Ferrer Lima y que se creó bajo la asesoría del MI6, el Servicio Secreto de Gran Bretaña bajo el acicate de la invasión inglesa a Las Malvinas en 1982.

Esa unidad quedó al descubierto en el curso de la investigación del asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez, desarrollada por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Sergio Muñoz. Pero ha sido la investigación de la jueza Olga Pérez, que investiga el asesinato del químico Eugenio Berríos, la que ha permitido develar la identidad de sus miembros así como la ejecución de otras operaciones de corte criminal llevadas a cabo por el grupo.

Según declaraciones del brigadier Víctor Pinto Pérez, jefe del Comando de Inteligencia del Ejército (CIE), a mediados de 1982 –la invasión a Las Malvinas se produjo en abril– escogió a un pequeño grupo de oficiales de inteligencia para que viajaran a Gran Bretaña y allá se interiorizaran del funcionamiento del MI6 para crear en Chile una unidad de corte similar, claro está guardando las proporciones.

Fue el mayor Maximiliano Ferrer Lima uno de los oficiales que jugó un importante rol en la DINA como el “capitán Max”, uno de los fundadores del Servicio Secreto del Ejército en su calidad de jefe de la Unidad de Contraespionaje del CIE.

¿Por qué incorporar al Servicio Secreto, destinado a la misión de blindar la seguridad territorial en actividades de encubrimiento de asesinos y torturadores? Esa es la pregunta clave que hoy deben responder los responsables de una gestión fracasada. Porque un somero análisis de las operaciones fuga llevadas a cabo el ’91 permiten concluir que todas ellas fracasaron. Y principalmente, por los engaños y desaciertos en que incurrieron los hombres encargados del “control de bajas”.

Así sucedió con Luis Arturo Sanhueza Ross, con Carlos Herrera Jiménez y con Eugenio Berríos. No sólo no pudieron escamotear a la justicia sino que terminaron enlodando a la institución y de paso, comprometiendo incluso la seguridad nacional.

Si hubiesen declarado en su momento ante los tribunales, esa página el Ejército ya la habría dado vuelta y sin ninguno de los costos en dinero, imagen y vulnerabilidad de la seguridad nacional.

También, y un hecho no menor, es que todas esas operaciones significaron un millonario gasto financiero y terminaron anidando focos de corrupción que hasta hoy no han sido investigados. Algunas preguntas a modo de ejemplo: ¿a quién rendía cuenta Arturo Silva Valdés de los gastos en que incurría para pagar pasaportes falsos, viajes múltiples y estadía de los custodios y los fugados en el extranjero? ¿De dónde salían esos fondos? Y si es efectivo que el gas Sarin y otras toxinas botulínicas mortales se vendieron a Irak o a otros países a fines de los ’80, ¿cuántos millones de dólares se recibieron y en qué cuentas se depositaron?

RADAELLI: EL OTRO DISPARO

En 1993, cuando el escándalo del secuestro y desaparición de Eugenio Berríos estalló ante la opinión pública en Uruguay, provocando lo que llamaron “un golpe técnico” de los militares, el teniente coronel Eduardo Radaelli debió ser traído en emergencia desde el Zaire, donde se hallaba en “misión de paz”.

Y si en un principio se pensó que el oficial sería castigado y procesado, junto al teniente coronel Tomás Casella, muy pronto la presión militar dejó en evidencia que el Presidente Lacalle estaba bajo tutela.

Han transcurrido nueve años. Radealli sigue activo y hoy debe enfrentar una acusación de homicidio. Sabe que no está solo. Es considerado la cabeza “pensante” de un grupo de oficiales nacionalistas de inteligencia del Ejército que se nuclearon en torno al ex comandante en jefe, teniente general Fernán Amado. En la época del escándalo de Berríos, Amado era jefe de Intendencia del Ejército.

En ese mismo grupo cerraba filas Casella y otro de los involucrados en el secuestro y asesinato de Berríos: el teniente coronel Wellington Sarli. Los tres oficiales no son desconocidos en Uruguay. Están vinculados a actos de terrorismo de Estado durante la dictadura de ese país. En especial, una serie de atentados con bombas perpetrados en contra de disidentes a fines de los ’80, los que incluyeron una bomba en el estudio jurídico del entonces Presidente Julio María Sanguinetti.

Al grupo se lo conoció bajo la sigla “Guardia de Artigas”, un grupo que nació bajo el amparo de la logia mayor y más poderosa –“Tenientes de Artigas” – pero bajo un perfil más clandestino. La trastienda de la pugna de poder de entonces hizo enfrentarse al general Amado con Sanguinetti. Más tarde, cuando estalló el escándalo Berríos, las trenzas volvieron a disputarse el poder. Según testimonios de oficiales chilenos, una presa que estuvo al medio de la disputa fue la producción de armas químicas que Berríos habría comenzado a realizar para el grupo de sus custodios uruguayos. Lo cierto es que Amado denunció escuchas telefónicas. Responsabilizó al director de Inteligencia, general Aguerrondo, el que finalmente debió partir a retiro. Ahora las nuevas trenzas se mezclan con las viejas y actuales luchas en una pugna por el poder y la impunidad. Y Radaelli está en el centro del huracán.

n diciembre de 1981, el capitán de Ejército Carlos Herrera Jiménez, adscrito a la CNI,  recibió la orden de trasladarse a la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, que comandaba el general Álvarez Scoglia.

Herrera, a quienes sus compañeros de curso en la Escuela Militar lo habían apodado “Boccacio” por sus prominentes labios, se incorporó al Cuerpo de Inteligencia del Ejército, CIE, el grupo ejecutivo de esa Dirección, a cargo del comandante Víctor Pinto Pérez, para realizar una “operación especial”.

Todos los datos recabados  por la CNI sobre Tucapel Jiménez fueron engrosando una carpeta que en los inicios de 1982 llegó a las manos del capitán Carlos Herrera, junto con la orden de secuestrar y eliminar al líder sindical.

“Boccacio” se instaló en la Unidad de Contraespionaje, dependiente de la sección de Contrainteligencia del CIE, situada en Avenida Echenique 5995, en la comuna de La Reina, conocida por los militares como “Cuartel Coihueco”, en esa época al mando de Hernán Ramírez Hald. Esporádicamente ocupaba también algunas oficinas en la sede central de la DINE, en calle García Reyes, muy cerca del barrio Brasil.

A mediados de febrero se tomaron las decisiones finales. Actuarían directamente tres hombres: “Boccacio” y los suboficiales de Ejército Manuel Contreras Donaire (“Felipe”) y Miguel Letelier Verdugo (Marcos”). 

La operación la realizarían en dos vehículos pintados como taxis reglamentarios y dispondrían, además, del apoyo de algunos agentes y colaboradores. Otro equipo, conocido como Unidad de Apoyo Especial, al mando del oficial Juan Carlos Arriagada Echeverría, estaba encargado de conseguir las armas, las que llegaron el día 24 de febrero, un día antes de la fecha elegida para acometer la tarea

En la mañana del jueves 25 de febrero de 1982, el grupo de trabajo especial del CIE siguió a Tucapel Jiménez cuando este salió desde su casa a bordo de su taxi en dirección a la Panamericana Norte. Sorpresivamente, en una esquina, Luis Rolando Pino, sargento de carabineros, sobrino del sindicalista, le hizo señas para que se detuviera, momento que aprovecharon el capitán Herrera y uno de los suboficiales para abordar el vehículo y obligar al presidente de la ANEF a tomar el camino que lleva desde Renca a Lampa, en la zona norponiente de Santiago.

Poco antes de llegar al cruce a Noviciado le ordenaron que se detuviera.

Carlos Herrera disparó entonces el revólver Dan Wesson calibre 22 que le habían pasado el día anterior. Cinco balazos impactaron sobre el costado derecho de la cabeza de Tucapel Jiménez. Al ver que la víctima seguía con vida, “Bocaccio” lo sujetó con una mano y con la otra le infirió tres heridas corto punzantes en el cuello.

De inmediato procedieron a limpiar el automóvil y sustrajeron diversas especies y documentos de la víctima, entre ellas el taxímetro, una linterna, un reloj pulsera, una peineta, la cédula de identidad y el carnet de conducir.

La misión especial estaba cumplida.

Los dos suboficiales fueron destinados a otras reparticiones militares en regiones apartadas del territorio nacional y el capitán Carlos Herrera permaneció en la DINE.

El 1° de marzo de 1982 la Corte de Apelaciones de Santiago designó al juez Sergio Valenzuela Patiño como ministro en visita para investigar el asesinato de Tucapel Jiménez.

A fines de ese año el alto mando del Ejército dispuso el traslado del capitán Herrera Jiménez a Coihaique, medida que “Bocaccio” se resistió a acatar. Acudió a pedir ayuda a su viejo amigo Álvaro Corbalán y le relató minuciosamente los entretelones del crimen del presidente de la ANEF. Corbalán llevó a Herrera ante el general Humberto Gordon, quien ya sabía los detalles de la operación y tranquilizó a “Bocaccio” ofreciéndole retornar a la CNI, pero en un cargo operativo en Viña del Mar.

Gordon, minutos después de retirarse el capitán Herrera, ordenó a Corbalán que lo acompañara a La Moneda para entrevistarse a solas con Pinochet. A la salida de esa reunión, el jefe de la CNI le comentó a Corbalán, quien le esperaba en un pasillo: “Dile a Herrera que el presidente le envía su reconocimiento, que lo felicita y que lo tendrá presente en el futuro”. 

En mayo de 1983, estando ya Carlos Herrera Jiménez como jefe operativo de la CNI en la Quinta Región, con asiento en Viña del Mar, el general Gordon comunicó a su jefe directo, el capitán de corbeta Sergio Echeverría Villarroel, que Herrera estaría dedicado por una semana a una operación especial en Valparaíso, bajo el mando de Álvaro Corbalán. 

Dos meses después, en julio de 1983, un carpintero cesante y alcoholizado, identificado como  Juan Alegría Mundaca, fue encontrado muerto en su humilde vivienda situada en un cerro de Valparaíso. 

Alegría Mundaca tenía profundos cortes en sus muñecas que le habían causado el desangramiento. Junto a él fue hallada una carta donde se inculpaba del homicidio de Jiménez, relatando que sólo había querido asaltarlo y robarle.

La autopsia, sin embargo, reveló que era imposible que el carpintero se hubiera suicidado de esa manera. Las profundas incisiones realizadas en los antebrazos habían cortado los tendones. El médico legista fue categórico: Alegría Mundaca podía haberse cortado una muñeca, pero jamás las dos.

Varios años después de los homicidios de Jiménez y Alegría, Héctor Alarcón Nohra, ex jefe de la División de Regionales de la CNI, aparentemente arrepentido, entregó al sacerdote Miguel Ortega un anónimo con los nombres de los cinco hombres de un servicio de seguridad que habían participado en el asesinato de Alegría Mundaca.

Los oficiales de la Brigada de Homicidios lograron establecer que en la noche del 20 de julio de 1983, uno de los hombres de confianza de Álvaro Corbalán en la CNI, el capitán (r) Francisco Zúñiga, recorrió las comisarías de Viña del Mar en busca de una víctima propicia, un hombre que a nadie le importara, pobre, sin personalidad ni carácter, que fuera fácilmente influenciable y que viviera solo.

Así, en plena calle, dio con Juan Alegría Mundaca, un alcohólico que recién había salido de la cárcel. Zúñiga le preguntó su nombre y su domicilio. Luego lo subió a un automóvil y lo llevó hasta una casa apartada en el sector alto de lo que hoy es la comuna de Concón.

Allí, Zúñiga y otros conjurados lo retuvieron durante dos días tratando de convencerlo primero y forzarlo después para que se inculpara como el asesino de Tucapel Jiménez. El carpintero se negó reiteradamente a colaborar y los hombres de la CNI debieron recurrir a Osvaldo Pincetti, al que apodaban ‘‘Doctor Tormenta’’ o simplemente ‘‘Doc’’, para obtener una falsa confesión escrita. Pincetti, una extraña mezcla de charlatán y de hipnotizador, intentó hacer caer en un trance al carpintero, pero éste se siguió resistiendo. 

Finalmente optaron por darle grandes cantidades de licor, presuntamente pisco, hasta conseguir doblegarlo cuando ya estaba en avanzado estado de embriaguez.

Alegría Mundaca escribió entonces de su puño y letra una carta sin fecha en la que se inculpaba del crimen de Tucapel Jiménez y anunciaba que se suicidaba motivado por el arrepentimiento.

En la mañana del sábado 21 de julio, Álvaro Corbalán, Carlos Herrera, Armando Cabrera Aguilar y otro agente, al que apodaban ‘‘Zanahoria’’ por su pelo colorín, fueron a revisar el domicilio de Alegría. Comprobaron que nadie lo habitaba y prepararon el escenario para realizar el último acto del macabro plan trazado.

Los confiados agentes de la CNI  no se percataron que en los cerros de Valparaíso muchos ojos observan a los extraños, sobre todo si tienen una apariencia como la de ellos, que erizaba la epidermis de los vecinos, los mismos que casi diez años después no dudarían en identificarlos ante la presencia del juez Sergio Valenzuela Patiño.

El domingo 22 de julio llovía torrencialmente. Completamente borracho, el carpintero Alegría Mundaca fue dejado sobre su cama. Junto a él estaban los cinco hombres de la CNI. Herrera colocó la fecha en la carta: 22 de julio de 1983. Se acercó entonces Francisco Zúñiga y con una afilada navaja cortó casi al hueso las dos muñecas del infortunado alcohólico. Las profundas incisiones destrozaron los tendones que permiten la movilidad de los dedos y su capacidad para asir objetos. Ese exceso, fue uno de los antecedentes que más tarde permitió a los detectives de la Brigada de Homicidios establecer que la muerte del carpintero no fue un suicidio.

En el sitio del crimen también se encontraron otros indicios que ayudaron a los policías a convencerse del homicidio. La cama del carpintero estaba colocada de una forma que la víctima, según sus familiares, jamás habría puesto; y, el lápiz encontrado al lado de la carta dejada por Alegría era de un color de tinta diferente al empleado para redactar la nota.

El juez Valenzuela Patiño investigó durante 17 años los asesinatos de Tucapel Jiménez y Juan Alegría. No obstante, pese a los enormes avances conseguidos, por miedo o por abulia, nunca se atrevió a avanzar resueltamente en el caso; más pareció que lo único que deseaba era cerrarlo y relegarlo a los archivos judiciales. El 12 de abril de 1999, finalmente, la Corte Suprema decidió removerlo de la causa y nombró en su reemplazo al juez Sergio Muñoz Gajardo. El nuevo magistrado asumió personalmente la conducción de las investigaciones y en una tarea que quedará en los anales de la justicia chilena, sólo tres años después, el 5 de agosto de 2002, tras acumular 24 tomos, siete cuadernos reservados y 60 cuadernos agregados, dictó su primera sentencia por el crimen de Tucapel Jiménez:

-Carlos Alberto Fernando Herrera Jiménez, mayor (r) destinado en 1982 a la Unidad de Contraespionaje del CIE, en calidad de autor, a la pena de presidio perpetuo.

-Ramsés Arturo Álvarez Sgolia, general (r), ex director de la DINE, en calidad de autor, a la pena de diez años de presidio mayor en su grado mínimo.

-Víctor Raúl Pinto Pérez, coronel (r), ex comandante de la Unidad de Contraespionaje del CIE, en calidad de autor, a la pena de ocho años de presidio mayor en su grado mínimo.

-Francisco Maximiliano Ferrer Lima, teniente coronel (r), ex comandante de la Unidad de Contraespionaje del CIE, en calidad de autor, a la pena de ocho años de presidio mayor en su grado mínimo.

-Miguel Segundo Letelier Verdugo, ex suboficial del CIE, en calidad de autor, a la pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo.

-Juan Carlos Arriagada Echeverría, capitán (r), ex jefe de la Unidad de Apoyo Especial del CIE, en calidad de cómplice, a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio.

-Jorge Luis León Alessandrini, ex dentista del Departamento de Sanidad Dental del CIE, en calidad de cómplice, a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio.

-Hernán Ramírez Hald, brigadier general (r),  ex jefe de Contrainteligencia del CIE, en calidad de encubridor, a la pena de 800 días de presidio menor en su grado medio.

-Hernán Ramírez Rurange, brigadier general (r), ex director de la DINE, en calidad de encubridor, a la pena de 800 días de presidio menor en su grado medio.

-Juan Fernando Alfredo Torres Silva, general (r), ex auditor general del Ejército, en calidad de encubridor, a la pena de 800 días de presidio menor en su grado medio.

-Enrique Gabriel Ibarra Chamorro, coronel (r), ex jefe del Departamento IV de la Auditoría General del Ejército, en calidad de encubridor, a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio.

Casi dos años antes, el 19 de julio de 2002, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago había anulado una sentencia del juez Valenzuela Patiño y en segunda instancia había condenado a presidio perpetuo por el asesinato del carpintero Juan Alegría Mundaca a los reos Carlos Herrera Jiménez, Álvaro Corbalán Castilla y Armando Cabrera Aguilar. También aplicó una pena de diez años de presidio a Osvaldo Pincetti Gac.

Los “gurkas” salen a golpear en las calles

En diciembre de 1982 se convocó a un mitin sindical en la Plaza Artesanos, junto a la Vega Central, en los inicios del barrio Recoleta, inmediatamente al norte del río Mapocho. A las seis de la tarde, cuando ya estaban congregadas varias decenas de personas, ante la presencia de reporteros y corresponsales de prensa extranjeros, aparecieron de improviso unos 50 hombres vistiendo parkas, zapatillas y jeans y portando laques, cadenas, manoplas, palos y otros elementos contundentes. Se desplazaban con movimientos previamente concertados y empezaron a golpear a quien se le pusiera por delante, eligiendo como blancos preferidos a los periodistas y fotógrafos. Algunos reporteros gráficos lograron a captar a varios de ellos y escaparon presurosos del lugar. 

El apaleo fue rápido y brutal. Reporteros de las radios Chilena y Cooperativa, de la revistas Hoy y Análisis, entre otros, cayeron al suelo bañados en sangre mientras sus colegas trataban de ayudarlos a salir del sector. En pocos minutos los agresores desaparecieron en medio de la confusión de los presentes.

El piquete represivo lo dirigía el capitán de Carabineros Francisco Zúñiga, el mismo que cercenaría pocos meses después las muñecas del carpintero Juan Alegría Mundaca. Zúñiga estaba adscrito desde comienzos de abril de 1982 a la Dirección de Comunicaciones de Carabineros, Dicomcar, pero desde allí fue enviado en comisión de servicios a la CNI, bajo las órdenes directas de Álvaro Corbalán, quien le encargó formar y adiestrar a un grupo de choque callejero, integrado por miembros de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y de ambas policías. 

El grupo tuvo diversas actuaciones en el arresto de grupos aislados y debutó “oficialmente” en diciembre del 82. Luego, el  1° de mayo de 1983 hizo una nueva  aparición pública –aún más brutal- en el acto conmemorativo del Día del Trabajo, organizado por la Coordinadora Nacional Sindical, que presidía Manuel Bustos, en la Plaza Artesanos.

Los llamados “gurkas” por la prensa, en alusión a los feroces combatientes nepaleses que lucharon por Gran Bretaña en la guerra de las islas Malvinas, actuaron ante la total permisividad de los carabineros apostados en el lugar, dirigidos por dos hombres, uno gordo y de barba y otro macizo, alto y de aspecto cuidado. El grupo, comandado por el capitán Zúñiga se adiestraba en las cercanías del aeropuerto de Los Cerrillos y en los patios de diversas comisarías de Santiago. Las fotografías publicadas por la prensa permitieron identificar a varios de ellos: dos cabos de Carabineros, Guido Fernández Taiba y Ricardo Rivas Baeza; Fernando Yau, funcionario de policía internacional; y Manuel Varela Mendoza, agente de la CNI.  Los vehículos en que se movilizaban tenían patentes correspondientes a diversas municipalidades de Santiago y provincias.

Los manifestantes agredidos también pudieron identificar a varias mujeres jóvenes y bien vestidas que se mezclaban con los asistentes y actuaban como delatoras. Consultadas las autoridades del gobierno al respecto, negaron la existencia de cualquier organismo paramilitar. El director de Carabineros, el general César Mendoza, declaró: “¡Esos son rumores, y como le va a creer usted a los rumores! ¡Son sólo rumores, copuchas! Eso está en la imaginación, nada más. Si supiéramos que existieran, los perseguiríamos”. 

Francisco Daniel Zúñiga Acevedo, el jefe de los “gurkas” nació en Valparaíso en 1949. Desde chico se inclinó por la  aventura y demostró una gran curiosidad por el mundo delictual. En 1969 ingresó como aspirante a la Escuela de Carabineros. En diciembre de 1970 recibió su grado de oficial en una ceremonia que encabezó el doctor Salvador Allende, quien acababa de asumir la presidencia del país.

Su primera destinación la cumplió en la Comisaría de Las Condes, donde se familiarizó con las incipientes operaciones terroristas de Patria y Libertad. En octubre de 1973, luego del golpe militar, la Corte Suprema envió a Carabineros una lista de los traficantes de droga que debían ser detenidos. El director de la policía uniformada, el general César Mendoza, eligió a uno de los que consideraba entre sus mejores hombres –el entonces mayor Luis Fontaine Manríquez-, para que comandara un nuevo grupo especial dedicado a combatir a la mafia de la droga en Chile. Nació así el OS-7, cuyos primeros integrantes viajaron a Washington para ser entrenados por el Drugs Enforcement Administrations, DEA. Entre sus integrantes figuraba Francisco Zúñiga y Luis Correa, ambos más tarde miembros de la CNI. En febrero de 1974, Zúñiga se integró al Departamento de Orden y Seguridad de Carabineros, donde permaneció dos años, hasta que en 1976 fue trasladado a la plana mayor de la Prefectura de Tarapacá y en octubre de 1977 fue redestinado al control de drogas y estupefacientes en Iquique.

Ese mismo año un fiscal militar de Arica lo encargó reo por su responsabilidad en la muerte de un presunto traficante que murió a causa de las torturas de Zúñiga. También se vio envuelto en otro episodio violento que tuvo como protagonista al joven Víctor Eduardo Monzalve, por el que fue acusado de homicidio y condenado por la Corte de Apelaciones de Iquique a la pena de diez años. El caso llegó a Santiago, y en un fallo redactado por el propio Hugo Rosende, ex ministro de Justicia de Pinochet, la Corte Suprema lo dejó en libertad y sin cargo alguno. A pesar de ello el oficial fue ascendido a capitán y obtuvo una felicitación, en agosto de 1979, por una pesquisa que culminó con la detención de un importante traficante de cocaína.

El primer “gurka” identificado por los tribunales de Justicia fue Manuel Reinaldo Varela Mendoza, capitán de Ejército, 32 años, casado, miembro de la CNI, a quien reconoció un compañero de curso en un liceo del sur. El segundo “gurka” reconocido fue el capitán de Ejército Norman Jeldes Aguilar, a quien el 13 de junio de 1985 la jueza Dobra Luksic, titular del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, encargó reo por lesiones menos graves, asignado en ese momento a un regimiento blindado de Copiapó. Por esos días también fue identificado Francisco Zúñiga como jefe del grupo. La CNI y el Ejército, en tanto, aseguraron que ninguno de sus miembros estaba en la plaza Artesanos el día de la agresión. El coronel Roberto Schmied, por la CNI, afirmó en un oficio que en esa fecha “se encontraba acuartelado todo el personal de ese organismo”.

A fines de 1990, en una larga entrevista concedida al periodista Francisco Poblete, en el diario La Época, Zúñiga reconoció su intervención en la golpiza: “Yo participé porque en Carabineros uno aprende técnicas y tácticas de control de muchedumbres, que es parte de la actividad policial”

La gestión de Hugo Rosende en el Ministerio de Justicia coincidió con el ascenso de un personaje a los más altos niveles de popularidad -o impopularidad, según como se lo mire- que haya alcanzado ningún otro funcionario del régimen militar.

Desde las pantallas de televisión, el rostro entre temible y compadrero del fiscal militar Fernando Torres Silva ha estado durante años presente en los hogares de todos los chilenos.

Los periodistas han seguido sus acciones en los más diversos casos político-policiales: las armas de Carrizal bajo, el atentado al general Pinochet, el secuestro del coronel Carreño, el asalto a la Panadería Lautaro, la fuga de Sergio Buschmann, el asesinato del dirigente de la UDI Simón Yévenes.

Torres, que inicialmente era sólo un oficial de rango medio, se convirtió en el célebre "fiscal ad hoc". El latinazgo le dio una prestancia que llegó a competir en la imaginería oficial con la del propio Pinochet.

El abogado, incorporado al aparato judicial del Ejército, tuvo un paso modesto por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Le costó titularse. Roberto Garretón, contemporáneo suyo, recuerda que cuando ingresó a la carrera, Torres ya estaba en la Facultad. Y que cuando egresó, Torres seguía allí.

El fiscal estuvo estudiando desde fines de los 50 hasta 1965, pero vino a titularse recién en 1974, con una memoria sobre "la jerarquía militar".

Torres fue uno de los oficiales de Justicia del Ejército designado para participar en los Consejos de Guerra instaurados inmediatamente después del Golpe de Estado. Terminada esa función, fue contratado como asesor presidencial y jefe de la Secretaría de Legislación del Diego Portales.

Sus quince minutos de gloria llegaron años después con el atentado a Pinochet. Torres se convirtió en fiscal ad hoc para indagar todos los procesos en que estuviera involucrado el FPMR.

El Ejército lo dotó de grandes recursos y Torres creó una megaoficina, con abogados que hizo trasladar desde diversas dependencias militares. El mayor Francisco Baguetti lo ayudaba en el caso del atentado; el capitán Ricardo Latorre, en el de la Panadería Lautaro y el de los arsenales; Carlos Troncoso, en el secuestro del coronel Carreño.

Respondiendo a oficios de la Corte de San Miguel -que trataba de ponerle cortapisas al abuso de sus atribuciones-, Torres reclamó el trato de "Señoría".

El militar se sentía cómodo en su papel. Era una especie de súper procurador, beneficiado por las enormes facultades de que fue dotada la justicia militar, en perjuicio de la justicia ordinaria. Obtuvo también granjerías especiales -"pitutos" en nuestra jerga popular- que incrementaron sus ingresos. En 1986, Rosende firmó un decreto autorizando su contratación como "asesor jurídico" de Gendarmería.

El fiscal era generoso con las demandas de los periodistas. Alimentaba constantemente los noticiarios con el resultado de sus averiguaciones. Se movilizaba rodeado de guardaespaldas y procuraba no quitarse nunca sus lentes Rayban. Ganó fama de frío, calculador, experto en inteligencia, y cultivó la reputación de "amigo de Pinochet" y de su esposa, Lucía Hiriart.

Torres se jactaba de haber procesado a 120 integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y afirmaba que en cualquier momento iba a atrapar a la cúpula.

Los detenidos bajo sus órdenes, denunciaron haber sufrido las más aberrantes torturas en cuarteles de la CNI. Muchos de ellos no lograban diferenciar entre los recintos de la policía secreta y la fiscalía. Torres, sordo a las quejas, aumentaba sus penurias con largas y reiteradas incomunicaciones.

El caso más dramático fue el de Karin Eitel, procesada por el secuestro del coronel Carreño, quien apareció en las pantallas de televisión nacional confesando su participación y dando, además, muestras evidentes de haber sido sometida a crueles torturas.

El propio coronel Carreño sufrió el rigor del suspicaz funcionario. Después de ser liberado por sus captores, fue recluido en el Hospital Militar para enfrentar numerosas y prolongadas sesiones de interrogatorio.

Las protestas contra las actitudes del fiscal ad hoc llegaron hasta las Naciones Unidas. El relator especial Fernando Volio afirmó que los "procesos hipertrofiados que atiende el fiscal Torres son contrarios al debido proceso legal y, por tanto, se apartan o desvían de lo normal en perjuicio de los derechos de los procesados y quienes los defienden".

Pero los tribunales de justicia no obstaculizaron su gestión.

Hasta que se metió con la Iglesia.

El fiscal, como Rosende y otras altas autoridades del gobierno militar, pensaba que la Iglesia era la protectora de la oposición al gobierno, y la posibilidad de probarlo se le presentó con el caso de la Panadería Lautaro. Asaltada el 28 de abril de 1986 por un grupo de militantes del FPMR, en su huida éstos se enfrentaron con Carabineros hiriendo de muerte al policía Miguel Vásquez Tobar. También murió uno de los asaltantes.

El hecho le sirvió a Torres para intentar de manera frontal el encausamiento de la Vicaría de la Solidaridad. Tomó como pretexto la ayuda médica que ésta le había prestado a Hugo Torres Peña, quien resultó ser uno de los acusados del asalto. El fiscal hizo procesar a médicos y abogados, desafiando incluso las decisiones de la Corte Suprema.

Durante la existencia de la Vicaría de la Solidaridad ésta sostuvo, es efectivo, relaciones con los partidos y organizaciones de ultra izquierda. Se estableció un diálogo en que las reglas de juego estuvieron perfectamente delimitadas. La vicaría defendía a las víctimas de atropellos a los derechos humanos (detenciones arbitrarias, torturas, crímenes, desapariciones), sin importar su creencia política; pero no aceptaba actuar como "pantalla" en la defensa de delitos de sangre o de otro orden que pudieran cometer los militantes de esas colectividades, aun cuando argumentaran legitimidad política. Para eso existían otros organismos, como el Codepu. Tanto el MIR como el FPMR estaban perfectamente al tanto de estos códigos e conducta.

Torres sostenía, empero, que los "terroristas" tenían en la Vicaría su retaguardia de protección. El argumento no era sólido desde el punto de vista legal, pero su instinto le decía que en ese organismo, colaborador o no de los grupos izquierdistas, las caras que él quería atrapar eran conocidas. Con astucias de sabueso, buscaba hacer caer en trampas a la institución.

En los interrogatorios a funcionarios menores de ese organismo, Torres usaba todo su poder de persuasión para intentar delaciones. Ponía el arma sobre la mesa y les decía: "Usted sabe que yo tengo el poder de meterlo preso o dejarlo libre".

El fiscal estaba obsesionado con el organismo eclesiástico. Quería saber todo sobre él: su estructura, organización, financiamiento, personal, procedimientos, vínculos, situación tributaria y el rol del Vicario. También quería conocer la identidad de las personas atendidas por la Vicaría, especialmente los heridos a bala. Pretendió apoderarse de todas las fichas médicas con la esperanza de reconstruir la estructura del FPMR.

La paciencia del obispo Valech se colmó cuando Torres allanó la sede de la AFP Magister para incautar antecedentes sobre las imposiciones de los empleados de la Vicaría de la Solidaridad desde 1981 a 1988.

Valech presentó dos recursos de queja ante la Corte Marcial, argumentando que el fiscal se había extralimitado en el ámbito de la investigación del asalto a la panadería Lautaro y estaba entrometiéndose en las organización y funcionamiento de la Vicaría de la Solidaridad. De hecho, los medios llamaban ahora a la investigación "el caso Vicaría".

El obispo defendió el secreto profesional. No estaba protegiendo a nadie en particular, sino que la sacrosanta institución eclesiástica del secreto de confesión, base de la confianza que millones de personas han depositado en la Iglesia por siglos. No se trataba tanto de una defensa en un momento puntual en la historia de Chile, como de la protección de los fundamentos de la creencia católica. Ningún poder político podía pretender avasallarlos.

La Corte Marcial había rechazado todas las anteriores quejas en contra del fiscal, aunque en más de una ocasión le había advertido, en forma privada, que morigerara su comportamiento. El presidente del tribunal, Enrique Paillás, le había dejado caer "consejos" y "observaciones" en las hojas de los expedientes. Hasta que se produjo esa resolución del 7 de diciembre de 1988, en que la Corte Marcial, por cuatro votos a uno, acogió inesperadamente el recurso de la Vicaría de la Solidaridad.

Votaron a favor los ministros civiles, Paillás y Luis Correa Bulo. Eso era predecible. Lo inesperado fue el voto favorable del representante del Ejército, brigadier general Joaquín Erlbaum y el de la Fuerza Aérea, Adolfo Celedón. Sólo la representante de Carabineros, Ximena Márquez, respaldó al fiscal ad hoc.

El fallo ordenó a Torres devolver las fichas incautadas en Magister, sin usar sus datos, y circunscribir su investigación a los hechos estrictamente vinculados con el asalto, abandonando su pretensión de entrometerse con la Vicaría.

El hecho produjo un terremoto en el Ejército. El fiscal general de la institución (superior a Torres, pero inferior a Erlbaum) el comandante Enrique Ibarra, comentó que el fallo había sido "político", influenciado por el resultado del plebiscito. Sus palabras, que acusaban a su superior de haberse puesto en el bando opositor, desataron una crisis aún mayor.

El martes 13, en Las Ultimas Noticias apareció el primer indicio de la catástrofe. El Ejército había pedido la renuncia a toda la plana mayor de la justicia militar: al general Eduardo Avello, que ocupaba el cargo de Auditor General del Ejército; al brigadier general Erlbaum, y a los auditores, coroneles Rolando Melo y Alberto Márquez, por sus discrepancias con Torres. El propio fiscal ad hoc se apresuró en anunciar que él ocuparía el más alto cargo en la justicia militar, reemplazando al general Avello, pese a la distancia en grado y antigüedad entre ambos. Es "una decisión del Mando que, en este caso en particular, me enorgullece", dijo al diario La Segunda.

Sus palabras desataron una ola de críticas de envergadura no sólo en la oposición. Uno de los principales dirigentes de la derecha, Miguel Otero, en ese entonces vicepresidente de Renovación Nacional, dijo: "En mis treinta y tres años de ejercicio profesional, nunca antes he tenido conocimiento de que luego de un fallo adverso a un fiscal militar, se llamara de inmediato a retiro al Auditor General y al miembro de la Corte Marcial. Le molestaba la oportunidad de la medida, pues era el argumento perfecto para quienes criticaban la falta de independencia de la justicia militar. "La mujer del César, no sólo tiene que ser honrada, sino que también debe parecerlo", dijo, recurriendo a la conocida sentencia.

El Mercurio y La Segunda editorializaron en contra de las destituciones. El vespertino dijo que "resulta difícil de comprender por lo inoportuna la sola eventualidad de que quien ha sido cuestionado por éstas (las instancias judiciales competentes) pudiera venir a sustituir a sus superiores jerárquicos".

En medio de la avalancha de ataques, el Ejército aparentó retractarse nombrando interinamente al general Rolando Melo Silva, quien, al asumir como auditor general, admitió que la justicia militar estaba en "crisis". Torres quedó como Fiscal General Militar, en reemplazo del comandante Enrique Ibarra, quien descendió abruptamente tras sus imprudentes comentarios.

Las especulaciones corrieron en los medios de comunicación. Se dijo que la propia Corte Suprema y la oposición en el generalato habían influido en el fracaso del nombramiento de Torres. Sin embargo, el 28 de diciembre, día "de los inocentes", la junta de generales, después de una jornada completa de deliberaciones en el Edificio Diego Portales, demostró que el fiscal ad hoc era mucho más poderoso de lo que se pensaba. Con la anuencia del comandante en jefe, representando en este caso por el vicecomandante de la institución, Torres fue ascendido al puesto de auditor general.

Sin complejos, ese mismo día la nueva autoridad declaró: "Yo creo que la crisis, a la cual se habría referido el coronel Melo, no existe". El subsecretario de Justicia y fiel asesor de Rosende, Luis Manríquez Reyes, entregó la opinión de esa cartera: "El fiscal Torres es un héroe de la democracia en Chile".

No opinó igual El Mercurio, que en un ácido editorial, apuntó derechamente a la decisión política detrás del nombramiento.

"El daño ya está hecho. En momentos en que el combate contra el terrorismo exigía alejar toda posibilidad de desprestigio de los instrumentos con que esa lucha debe llevarse a cabo, se dio prioridad a otras consideraciones, lo cual no hará sino dificultar su defensa cuando sea necesario. El dolido desconcierto de los partidarios del régimen es explicable. Y no puede sorprender el regocijo con que ciertos sectores opositores han seguido el episodio, que es, a no dudarlo, un obsequio para su propaganda".

La Corte Suprema le dio un último y final espaldarazo al revocar, el mismo día de su nombramiento, las sentencias de la Corte Marcial que lo habían castigado por su actuación en el caso Vicaría. Torres sería, como auditor general del Ejército, integrante del máximo tribunal cuando hubiera causas que interesaran a los militares y no lucía bien que un magistrado de esa categoría llegara con una queja disciplinaria a sus espaldas. Mejor era limpiarle los antecedentes.

Aunque el ascenso podría haber significado un alivio para la Vicaría, porque Torres, en su nueva función tendría que dejar los casos, la verdad es que por un tiempo continuó prestándoles atención. El mismo se encargó de avisar que perseveraría: "Los procesos son como los hijos. No se les puede dejar solos".

Ese verano, el fiscal militar Sergio Cea se presentó finalmente en la Vicaría a cumplir las órdenes de Torres. Llegó acompañado con los integrantes de su escolta vestidos de civil. Ese día sólo estaban en el edificio de la entidad el Vicario y un par de asistentes. No se atendió público y todo el personal fue autorizado a ausentarse. No querían ser vistos ni identificados por personal militar. Por lo demás, las fichas que buscaba Cea tampoco estaban allí. Precaución elemental.

Los asesores de Valech le habían sugerido que vistiera para la ocasión sus prendas de obispo, con báculo y todo. Pero el Vicario no quiso. Se limitó al simple traje negro con el clásico cuello clergyman.

Hizo pasar a Cea y le dijo en tono amable:

-Como sacerdote estoy obligado a respetar el secreto profesional y, además, soy custodio de la confianza que la gente ha puesto en la Vicaría; no acepto, por lo tanto, que se registre nuestra sede. Yo no puedo romper mis compromisos. Si usted quiere ver las fichas, tiene que pasar por sobre este obispo.

La sola presencia física de Valech, grueso y de elevada estatura, era lo bastante imponente como para intimidar al menudo y delgado Cea. Aunque estaba claro que no se trataba de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con el prelado.

Fue una medición de fuerzas que no duró más de quince minutos. Amabilidad y tensión se reflejaban al mismo tiempo en las caras del vicario, el fiscal y los escasos testigos de la escena. Cea optó finalmente por retirarse, ordenando el repliegue del contingente de carabineros que había estado esperando afuera para proceder al allanamiento.

Se acercaba el cambio de gobierno y Torres tuvo finalmente que desistir. Las causas contra militares que comenzarían a llegar a la Corte Suprema una vez que asumió el gobierno Patricio Aylwin, iban a ocupar en el futuro sus buenos oficios.

– A la luz de los hechos, ¿no hubiera sido preferible haber entregado los cuerpos de los detenidos desaparecidos y así zanjar el tema de los derechos humanos definitivamente?.

– Tengo entendido que muchas veces se intentó entregar los cuerpos de personas que estaban en la morgue, pero nadie los reclamaba, por eso se enterraron en distintas partes. En todo caso, las listas oficiales de la gente que fue fusilada existen y están incorporadas al proceso, de ahí que se ha cuestionado fundamentalmente la existencia del secuestro. …

Los poderosos hombres de la Auditoria General del Ejército durante el renacimiento de la democracia, general Fernando Torres Silva, entonces auditor, y su mano derecha, el coronel Enrique Ibarra Chamorro, ambos en retiro, enfrentan una situación procesal que, a diferencia del caso Tucapel Jiménez donde salieron casi indemnes, los podría conducir esta vez a una eventual pena de cárcel en el juicio por el crimen del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos.

Ello ocurriría porque el ministro que instruye el juicio por el homicidio de Berríos, Alejandro Madrid, tiene ya bastante adelantado un auto de procesamiento que dictaría en los próximos días en contra de ambos, como integrantes de una “asociación ilícita criminal” que operó desde comienzos de la década de los años noventa en esa auditoría, coordinada con la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, y el propio ex dictador Augusto Pinochet.

El objetivo de esta “asociación ilícita”, fue, como está acreditado en la investigación, implementar la llamada operación “Control de Bajas” que consistió en sustraer del ámbito de la justicia a aquellos oficiales de inteligencia involucrados en crímenes de lesa humanidad, sacándolos clandestinamente del país.

A la vez, esta “asociación ilícita” cumplió la función -en la que la Auditoria de Torres e Ibarra jugó un papel fundamental- de obtener información de los expedientes de los juicios fotocopiando a veces legajos completos, y manipulando resoluciones a través de sus contactos con algunos jueces que hoy ya no están en las cortes.

De la misma manera, también está acreditado en la indagatoria del juez Madrid, que la Auditoria de aquel tiempo desinformó a los jueces a cargo de los juicios, enviando informes evasivos o distractivos, o con información falsa.

En toda esta función colaboró además un equipo de siete a ocho abogados, tanto militares en servicio activo o retiro y civiles, algunos de los cuales podrían eventualmente también ser encausados por primera vez. Sus apellidos corresponderían a un tal Seves, Elizalde, Alegría, y el actual funcionario del Comando de Apoyo Administrativo del Ejército, CAE, Guido Poli.

Torres Silva e Ibarra libraron en el caso Tucapel, puesto que a las penas que les aplicó el ministro Sergio Muñoz, 800 días al primero y 541 días al segundo, pero en forma remitida (que no cumplen en prisión), finalmente la Corte de Apelaciones de Santiago y la Sala Penal de la Corte Suprema absolvieron de toda pena a Ibarra, y ambas cortes rebajaron la condena de Silva a 541 días manteniendo la remisión.

Según se indicó, también se está ''haciendo espacio'' en el centro de detención de Peñalolén para acoger a quien fuera la mano derecha del fiscal ad-hoc, el coronel (R) de la justicia militar Enrique Ibarra Chamorro. Fuentes allegadas a la causa revelaron que el magistrado los encausaría por asociación ilícita.

También vienen encausamientos por la muerte del ex DINA, Manuel Jesús Leyton.

Listo se encuentra el espacio en el centro de detención militar de Peñalolén para el ex auditor del Ejército Fernando Torres Silva, quien en los próximos días será notificado del auto de procesamiento en la investigación que sustancia el ministro Alejandro Madrid por el secuestro y homicidio del químico de la DINA, Eugenio Berríos.

El magistrado, de esta manera, resolverá la petición que le hiciera en tal sentido el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por el delito de asociación ilícita.

Madrid encausaría también al abogado de la Auditoría del Ejército Enrique Ibarra, para quien el penal también cuenta con un espacio reservado, dijeron a El Mostrador.cl fuentes militares.

Para el CDE, las declaraciones que constan en el expediente permiten “presumir fundadamente” que ambos sujetos participaron activamente en la organización criminal que sacó a Berríos del país, lo secuestró y eliminó en Uruguay.

Según el organismo, ambos participaron de manera directa en la operación conocida como “Control de Bajas”, que pretendía impedir que miembros del Ejército y de los servicios de inteligencia de la dictadura involucrados en causas por violaciones de los derechos humanos declararan en tribunales.

De acuerdo con la documentación anexada a la causa, la función del ex auditor general del Ejército y del abogado Ibarra era seleccionar a aquellos militares considerados “peligrosos” para la institución, porque manejaban información clasificada o porque estaban relacionados con procesos judiciales en curso.

El CDE concluye que, a partir de los datos reunidos en la investigación, es posible concluir que Torres Silva e Ibarra “excediendo las funciones de sus cargos” se coordinaron con el entonces director general de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Hernán Ramírez Rurange, para ocultar información a los jueces con causas por delitos de lesa humanidad.

Madrid también tiene casi terminados también los procesamientos en otra causa que sustancia: el homicidio del ex agente de la DINA Manuel Jesús Leyton.

Se sabe hasta ahora que uno de los encausados será el ex oficial del Ejército Vianel Valdivieso y una serie de funcionarios del organismo represivo que estuvieron relacionados con la clínica London.

Historia y procesados

Eugenio Berríos Sagredo fue sacado de Chile en octubre de 1991 por la Unidad Especial de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), a través de Monte Aymond, en Punta Arenas, primero con destino a Argentina, desde donde luego fue trasladado a Montevideo, Uruguay.

En ese lugar estuvo hasta fines de 1992, cuando Berríos intentó escapar desde la casa en la que permaneció recluido en el balneario de Parque del Plata, cerca de la capital uruguaya.

Su data de muerte está definida entre enero y junio de 1993. Su cuerpo fue encontrado en abril de 1995 en la playa El Pinar, con dos tiros en la cabeza.

Por estos hechos están encausadas las siguientes personas, casi todos ex miembros de la DINE:

Por el delito de asociación ilícita para obstruir la justicia, los ex directores de la DINE Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, así como los oficiales de inteligencia uruguayos Tomás Casella, Eduardo Radaeli y Wellington Sarli.

Por el mismo delito fueron encausados también el mayor (R) Arturo Silva, los capitanes (R) Jaime Torres Gacitúa y Pablo Rodríguez Márquez, el funcionario civil Raúl Lillo Gutiérrez y el comandante (R) Manuel Pérez Santillán.

El ministro agregó un segundo ilícito, el de secuestro, al ex jefe DINE Ramírez Rurange, a Pablo Rodríguez Márquez, Raúl Lillo, Manuel Pérez Santillán, y a los uruguayos Casella, Radaelli y Sarli. En tanto, Covarrubias enfrenta cargos como autor de secuestro con homicidio.

El magistrado también encausó, en calidad de encubridor, al coronel uruguayo(R) Ramón Rivas, jefe de la zona policial donde Berríos estuvo secuestrado en Uruguay.

También encausó por infracción al artículo 295 bis del Código Penal –la obligación de los funcionarios públicos de denunciar un delito-, al oficial en retiro Mario Cisternas, a los suboficiales Marcelo Sandoval, Nelson Román y a la ex secretaria de la Unidad Especial Erika Silva.

Por último, como autores de delito de obstrucción a la justicia procesó al ex agregado cultural de Chile en Uruguay, entre 1990 y 1993, Emilio Rojas Gómez, y al propio Covarrubias.

Dos resoluciones que marcan hitos en los juicios por violación de los derechos humanos tomó ayer el ministro Alejandro Madrid. Afirmó que el asesinato del ex cabo de Ejército Manuel Leyton se ejecutó utilizando gas sarín y procesó por este delito a trece ex agentes de la DINA. Paralelamente, sometió a proceso por asociación ilícita al ex auditor del Ejército, Fernando Torres Silva, justamente en el caso del asesinato del químico que produjo el elemento venenoso en los servicios de seguridad, Eugenio Berríos.

Por primera vez en un proceso por violaciones a los derechos humanos de aquellos que se instruyen en Chile, un juez dio por acreditado que la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) utilizó el gas sarín para eliminar personas. El magistrado Alejandro Madrid estableció que el ex agente de ese organismo, cabo de Ejército Manuel Leyton Robles, fue muerto por los propios agentes en marzo de 1977 utilizando “el denominado gas sarín”, pero la información oficial entregada por el Ejército a su familia fue que la muerte se produjo “por causas naturales”.

Por este caso el juez Madrid procesó ayer y decretó el arresto de 13 ex agentes, entre ellos cuatro médicos, tres enfermeras, y ex integrantes de las brigadas Mulchén y Lautaro y la Agrupación Aguila.

Todos ellos fueron encausados, algunos en calidad de autores y otros como cómplices y encubridores, por los delitos de asociación ilícita criminal, secuestro, homicidio calificado y falsificación de instrumento público.

En una segunda resolución y esta vez por el secuestro y homicidio del ex químico de la DINA Eugenio Berríos, el magistrado encausó y decretó la detención del ex auditor del Ejército, general (R) Fernando Torres Silva, y del coronel (R) y abogado Enrique Ibarra Chamorro. Este último fue el segundo de esa auditoría bajo Torres Silva durante el primer período de la década de los años 90. Ambos fueron procesados como autores del delito de asociación ilícita criminal.

Además, en esta misma resolución el juez también encausó y decretó el arresto de los suboficiales en servicio activo del Ejército, Marcelo Sandoval Durán y Nelson Román Vargas, como autores de los delitos de secuestro y asociación ilícita criminal. Ambos suboficiales fueron los custodios que el ex químico Berríos tuvo en Uruguay mientras permaneció secuestrado, y a éstos Berríos confesó su deseo de volver a Chile a entregar a la justicia antecedentes acerca de los crímenes del ex canciller Orlando Letelier y diplomático chileno-español Carmelo Soria.

Berríos fue sacado clandestinamente de Chile en octubre de 1991, mediante una compleja operación planificada entre la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y la Auditoría que comandaba el general Torres Silva

Luego de ser ejecutado, presumiblemente en 1993, el cuerpo de Berríos apareció el 13 de abril de 1995 en una playa cercana a Montevideo.

Por el crimen de Berríos permanecían hasta ahora procesados 17 oficiales y suboficiales (R), varios de ellos agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Entre los procesados figuran los oficiales uruguayos extraditados a Chile, coronel (R) Tomás Cassella Santos, el coronel en servicio activo Eduardo Radaelli Coppola, y el coronel activo Wellington Sarli Pose.

Conexión Lautaro.

En su resolución acerca del crimen del cabo Leyton, el juez Madrid estableció una conexión entre la Brigada Lautaro que comandó el entonces mayor de Ejército Juan Morales Salgado, y el cuartel en que operó esta brigada ubicado en la Avenida Simón Bolívar 8630, donde fueron exterminadas dos direcciones clandestinas completas del Partido Comunista.

La indagatoria logró acreditar que el cabo Leyton, quien junto a otros agentes se había dedicado a robar vehículos de personas que iban siendo detenidas, fue llevado por agentes de la DINA a ese cuartel, luego de que Carabineros ubicara en su casa un vehículo que estaba siendo buscado, por lo que lo detuvo y le entregó a la DINA.

El juez no logró establecer si al cabo Leyton se le aplicó el gas Sarín en el mismo cuartel de Simón Bolívar -como sí se hizo con otros detenidos según la investigación del ministro Víctor Montiglio en el proceso por Calle Conferencia- o si el gas se le lanzó al interior de la clínica London de la DINA, que operó en calle Almirante Barroso en Santiago Centro.

Según el auto de procesamiento, “el cabo Leyton fue llevado por agentes de la DINA al cuartel de calle Simón Bolívar, siendo después trasladado a la denominada “Clínica London”, donde estuvo privado de libertad y posteriormente falleció”.

El juez Madrid dijo que “se presume con fundamento, que su deceso se produjo a consecuencia de la aplicación del denominado Gas Sarín”

Si el ministro Alejandro Madrid accede a esta petición por la muerte del químico de la DINA, los generales (R) Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, pasarán el resto de su vida en prisión, al igual que los funcionarios castrenses de la República Oriental, Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli, quienes cumplirán la pena en nuestro país. El organismo solicitó también condena de 20 años para el ex auditor del Ejército, Fernando Torres Silva, entre otros.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) contestó la acusación del Ministro Alejandro Madrid, en el marco del proceso que se sigue por el secuestro y homicidio del químico de la DINA, Eugenio Berríos Sagredo, y solicitó altas penas para los involucrados.

Según supo El Mostrador.cl en fuentes judiciales, el documento fue presentado este miércoles y en el se piden, por ejemplo, 40 años de cárcel para los ex jefes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE): los generales (R) Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias. La misma pena para la cabeza del batallón de la especialidad, Manuel Provis, como también para Arturo Silva Valdés quien hasta ahora aparece como el ejecutor de Berríos en Uruguay, donde fue hallado su cadáver en 1995 con dos tiros en la cabeza. Este último, como autor de asociación ilícita y secuestro con homicidio, mientras que los anteriores por delitos similares pero sin responsabilidad en la muerte del ex DINA. 

En tanto, el capitán (R) Jaime Torres Gacitúa, quien acompañaba a Silva Valdés, a 25 años por los delitos de asociación ilícita y secuestro.

Asimismo el CDE solicita 25 años para cada uno de los militares uruguayos extraditados hace unos años a Chile, Tomás Casella, Wellington Sarli y Eduardo Radaelli, como autores de asociación ilícita y participación en el secuestro del químico.  
Hay que recordar que Eugenio Berríos Sagredo fue sacado de Chile por la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) en octubre de 1991 para evitar que declarara en el proceso que sustanciaba el ministro Adolfo Bañados por el homicidio del ex canciller Orlando Letelier. 
El químico de la DINA fue llevado a las dependencias del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) -que por aquellos años funcionada en la calle García Reyes-, se le caracterizó, se le entregó un pasaporte falso y fue sacado por dos agentes de la DINE por el paso el Monte Aymond en Punta Arenas, con destino a Argentina, para luego enviarlo a Uruguay, donde residió casi dos años antes de ser asesinado en 1993. 

Dos décadas para Fiscal Torres
Tampoco quedan fuera los históricos de la justicia militar, el ex auditor del Ejército, Fernando Torres Silva. y su segundo de a bordo, el abogado Enrique Ibarra Chamorro. El CDE pide penas de 20 años para cada uno.
En tanto el CDE pide 15 años más 541 días de presidio para los que participaron en la salida de Berríos de Chile y su cuidado mientras estuvo escondido en Uruguay por una orden del propio Augusto Pinochet al general Ramírez Rurange, según el mismo confesó ante el magistrado. Se trata de los oficiales Pablo Rodríguez Márquez, Raúl Lillo Gutiérrez y los suboficiales Manuel Pérez Santillán, Marcelo Sandoval Duran y Nelson Román Vargas.
A penas de 60 días, el CDE pide que se condene al ex oficial Mario Cisternas Orellana al empleado civil Nelson Hernández Franco, la secretaria de la Unidad Especial de la DINE, Erika Silva Morales, y al ex agregado cultural de Chile en Uruguay, Emilio Rojas Gómez.
Todos los acusados, deberán también contestar la acusación del juez Madrid a través de sus abogados defensores. Una vez terminado ese proceso, el ministro abrirá el llamado plenario, algo muy similar a un juicio oral del nuevo sistema. Allí los futuros condenados intentarán hacer valer sus atenuantes, mientras los querellantes en este caso buscarán probar sus dichos y lograr las penas más altas que el código establezca. Luego vendrá la sentencia de primera instancia, la que puede ser apelada ante el tribunal de alzada capitalino y luego mediante otros recursos llegar hasta la Segunda Sala (penal) Corte Suprema.

Tensión política
El caso Berríos fue uno de los momentos más complejos de la transición democrática durante el gobierno de Patricio Aylwin (DC), ya que en junio de 1993, cuando Berríos ya había sido asesinado, un mensaje anónimo llegó hasta la oficina de un parlamentario uruguayo contando toda la operación que permitió tener al ex DINA escondido en ese país.
Allí se desató una crisis entre ambos gobiernos que terminó con la presentación de una querella ante el Sexto Juzgado del Crimen de Santiago, por el entonces ministro del Interior, Enrique Krauss.
En esa indagatoria, se establecieron los vínculos de Berríos con narcotraficantes y ex militares y prestamistas, como también su adicción a las drogas.
Los detalles de este caso son casi infinitos, los que a su vez se engarzan con la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva y el homicidio del ex diplomático español Carmelo Soria, casos en manos del mismo magistrado.

Una veintena de agentes de las policías secretas de la dictadura, la DINA y la CNI fueron condenados por el crimen de Eugenio Berríos, un químico del Ejército que también estaría involucrado en la muerte del ex presidente Eduardo Frei. El ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva fue condenado a 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de asociación ilícita.

La Corte de Apelaciones aumentó las condenas de los autores del secuestro con posterior homicidio del ex químico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Eugenio Berríos, y a quienes conformaron una asociación ilícita con el fin de asesinarlo, en 1992 en Uruguay.
En fallo dividido, los ministros de la Quinta Sala del tribunal de alzada Carlos Cerda, Gloria Ana Chevesich y la abogada integrante Teresa Álvarez confirmaron, en el aspecto de penal, la sentencia del ministro Madrid, y aumentaron los períodos de presidio.
Así el mayor del Ejército (r) Arturo Silva Valdés fue condenado a una pena efectiva de 15 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro con homicidio y 5 años y un día por asociación ilícita. Este sujeto era el jefe de los escoltas de Augusto Pinochet.
El ex jefe de la DINE general (r) Hernán Ramírez Rurange, también encargado de la seguridad del dictador, recibió una pena efectiva de 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro; 10 años y un día por asociación ilícita, y absuelto de obstrucción a la justicia, mientras que el ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva fue condenado a 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de asociación ilícita.

Según información de tribunales, Fernando Torres Silva deberá cumplir la pena con cárcel efectiva por tener antecedentes penales. Está acusado de obstrucción a la justicia en el caso del asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez.
En el aspecto civil, la sala revocó la resolución que había acogido la demanda de indemnizaciones a favor de Fabiola Letelier del Solar y Gladys Schmeisser, pero mantuvo el pago de $20.000.000 para la sucesión representada por el querellante Gonzalo Berríos Sagredo.

El resto de las condenas de la Corte

Eugenio Covarrubias Valenzuela, general (r) ex jefe del Dine del Ejército: 10 años y un día por su responsabilidad como autor de del delito de secuestro; 5 años y 1 día por asociación ilícita, y absuelto de su participación como encubridor de secuestro con homicidio y obstrucción a la justicia. Sin beneficios.
Jaime Torres Gacitúa, mayor (r) ex jefe de escoltas de Pinochet: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 5 años y un día por asociación ilícita. Sin beneficios.

Manuel Provis Carrasco, general (r)ex sub jefe de la CNI: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 5 años y un día por asociación ilícita. Sin beneficios.
Pablo Rodríguez Márquez, mayor (r), ex miembro de la DINA y la CNI: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 800 días por asociación ilícita. Sin beneficios.

Raúl Lillo Gutiérrez, ex agente de la DINA y CNI: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 800 días por asociación ilícita. Absuelto del cargo de obstrucción a la justicia. Sin beneficios.
Manuel Pérez Santillán: 5 años y un día por su responsabilidad como cómplice del delito de secuestro y absuelto del cargo asociación ilícita. Sin beneficios.
Tomás Casella Santos (militar uruguayo): 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 5 años y un día asociación ilícita. Sin beneficios.
Eduardo Radaelli Copolla (militar uruguayo): 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 800 días por asociación ilícita. Sin beneficios.
Wellington Sarli Pose (militar uruguayo): 5 años y un día por su responsabilidad como cómplice del delito de secuestro y 60 días por asociación ilícita. Sin beneficios.
Marcelo Sandoval Durán: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro, 800 días por asociación ilícita y absuelto por infracción al artículo 295 bis del Código Penal. Sin beneficios.
Nelson Román Vargas: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro, 800 días por asociación ilícita y absuelto del cargo de infracción al artículo 295 bis del Código Penal. Sin beneficios.
Enrique Ibarra Chamorro: abogado de la dictadura: absuelto por su responsabilidad como autor del delito de asociación ilícita.
Mario Cisternas Orellana: absuelto por su responsabilidad como autor del delito de infracción al artículo 295 bis del Código Penal.
Nelson Hernández Franco: absuelto por su responsabilidad como autor del delito de infracción al artículo 295 bis del Código Penal.
Erika Silva Morales: absuelta por su responsabilidad como autor del delito de infracción al artículo 295 bis del Código Penal.
Emilio Rojas Gómez, periodista: absuelto por su responsabilidad como autor del delito de obstrucción a la justicia.

Cómo fue el crimen

Silva Valdés y Torres Gacitúa, jefes de escolta y seguridad de Pinochet, son los autores materiales del asesinato del químico Eugenio Berríos, cometido en 1992 en Uruguay.
Este es uno de los episodios más sórdidos y tardíos del plan Cóndor, el régimen de coordinación represiva establecido en los años 70 y 80 por las dictaduras del Cono Sur.
Berríos, un científico y agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía secreta de los primeros años de la dictadura de Pinochet (1973-1990), fue retirado clandestinamente de Chile el 26 de octubre de 1991 y llevado a Uruguay a través de Argentina. Está también involucrado en la muerte del presidente Eduardo Frei Montalva.
El químico escapó así de la justicia chilena cuando el juez Adolfo Bañados se disponía a interrogarlo por sus nexos con la operación de la DINA que culminó en septiembre de 1976 con el asesinato en Washington del ex canciller Orlando Letelier.
El 15 de noviembre de 1992 Berríos fue visto por última vez con vida, cuando llegó hasta la sede policial del balneario uruguayo de Parque del Plata para pedir auxilio, afirmando que estaba secuestrado por militares chilenos y uruguayos que querían matarlo.
El comisario Elbio Hernández tuvo que entregarlo, ”por órdenes superiores” a los tenientes coroneles del ejército uruguayo Eduardo Radaelli y Tomás Casella, que llegaron a buscar a Berríos junto a otros dos individuos.
Esos dos hombres eran Silva Valdés y Torres Gacitúa, y que ambos fueron identificados por dos testigos que viajaron desde Uruguay.
El médico Juan Ferrari, que examinó a Berríos en la seccional policial, fue uno de esos testigos. El otro fue Luis Míguez, conserje de un edificio del vecindario montevideano de Pocitos, donde los militares chilenos mantuvieron durante varios meses al científico y ex agente de la DINA.
Berríos fue uno de los hombres clave en los planes de la DINA de desarrollar armas químicas como el gas sarín, con el propósito de eliminar opositores sin dejar huellas.
El paso clandestino de Berríos por Argentina, en 1991, se hizo en solo tres días por tierra y sin conocimiento de los militares de ese país.
Berríos suministró ventajas bélicas a Chile sobre Argentina cuando ambos países estaban al borde de la guerra por la posesión de tres islotes en el austral canal de Beagle, a fines de 1978.
”Entre otras cosas (gracias a las armas desarrolladas por Berríos) se podía envenenar el agua de Buenos Aires, y había una serie de acciones, peores, que se iban a cometer”, según informantes anónimos.
El militar asesino Silva Valdés fue jefe de seguridad de Pinochet y que en esa condición hizo más de 500 viajes al exterior, hasta que se retiró del ejército en 1993.
Torres Gacitúa sirvió, por su parte, 15 años como jefe de escoltas de Pinochet, incluso después de que el dictador dejara el poder, en 1990, y la comandancia del ejército, en marzo de 1998.

Torres Gacitúa fue el oficial que intentó enfrentarse a los agentes de Scotland Yard que el 16 de octubre de 1998 arrestaron a Pinochet en una clínica de Londres, y permaneció junto al ex dictador los 503 días de su arresto en la capital británica.

Silva Valdés y Torres Gacitúa mataron a Berríos de dos balazos en la cabeza y luego enterraron su cuerpo en las dunas de la meridional playa uruguaya de El Pinar, a 34 kilómetros de Montevideo donde el cadáver fue hallado el 13 de abril de 1995.

Los proyectiles encontrados en el cráneo de Berríos los guarda el juez Alvaro Gustavo González, de la localidad uruguaya de Pando, quien no ha hecho mayores esfuerzos por dilucidar el crimen, aclarado gracias a la labor en Chile de la magistrada Olga Pérez.

La jueza no pudo realizar diligencias en Uruguay debido a las dificultades que pusieron las autoridades de ese país en 1996.

En febrero de 1993, Pinochet viajó a Uruguay donde fue recibido por el teniente coronel Tomás Casella, el hombre que tres meses antes había impedido que Berríos obtuviera protección policial y lo entregó a los chilenos que lo mataron.

El ex Auditor General del Ejército Fernando Torres Silva dijo que él mismo solicitó al obispo Sergio Valech, quien encabezó la Vicaría de la Solidaridad, que intercediera para que se concediera el indulto al ex director de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Odlanier Mena.

El general (R) se suicidó el sábado 28 de septiembre pasado, horas antes de que se concretara el traslado de los internos en el antiguo penal Cordillera a Punta Peuco.

"Le pedí (al obispo Valech) que me ayudara con el indulto al general (R) Mena", afirmó Torres Silva, en una entrevista concedida al noticiario "Teletrece" de Canal 13.

El ex auditor del Ejército aseguró que cuando se presentó la solicitud, monseñor Valech "dijo que el general Mena fue un ejemplo de un hombre que nos dio facilidades para todo".

El rol de la Vicaría

El obispo Valech, quien dirigió la Vicaría de la Solidaridad entre 1987 y 1992, falleció en noviembre de 2010 a los 83 años de edad.

Pese a que Torres, durante sus acciones en la investigación de casos relacionados con acciones terroristas, tuvo roces con el organismo creado por la Iglesia Católica, ahora destacó la labor que cumplió la entidad.

"Creo que la Vicaría fue un elemento importante. Prestó apoyo y cooperación y sirvió para que mucha gente, como es el caso del general (R) Mena, por ejemplo, y los que siguieron después, pudieran ver y corregir hechos que no estaban bien", declaró el ex fiscal ad-hoc.

También negó que tuviera enemistad personal con el obispo Valech.

"De dónde sacaron eso. Si tomábamos té: él me invitaba a lugares de monjitas y tomábamos té con empanadas de dulce de alcayota", relató.

"Fue un hombre que se jugó, con una inteligencia tan especial, con la fortaleza del obispo y con la agudeza del diplomático", describió.

Torres Silva también deslizó críticas a las determinaciones adoptadas por el Presidente Sebastián Piñera en torno al tema de los militares condenados por violaciones a los derechos humanos.

En este aspecto, recordó que el único indultado por casos de este tipo es el de un suboficial de Ejército condenado por el degollamiento de Tucapel Jiménez, quien recibió el beneficio durante la administración del ex Mandatario Ricardo Lagos.

"Eso lo hizo un Presidente con una estatura de mayor estadista, que es el ex Presidente Lagos", aseveró.

Mena "se sentía mal"

Sobre el suicidio de Mena, Torres reveló que se había reunido con el general (R) días antes de su muerte. "Era un hombre que se sentía mal de salud", relató.

"Me decía, cómo mi mujer va a ir allá: son 50 km y tiene que caminar dos km a pie. Estaba tremendamente complicado", aseveró.

En los próximos días, la Corte Suprema deberá decidir sobre la condena a 10 años de prisión que enfrenta el ex auditor militar por el caso del homicidio del químico de la DINA Eugenio Berríos, cuyo cadáver fue encontrado en una playa de Uruguay en 1995.

Investido de superpoderes en la justicia militar, el fiscal militar favorito de Pinochet llegó a tener más de 250 procesados por atentados y acciones atribuidas al FPMR. Su figura gruesa, anteojos Rayban y declaraciones temibles inundaban los diarios y noticieros de TV. Hasta que se metió con la Vicaría y encontró la férrea oposición de la Iglesia. Despojado del poder de antaño, hoy se declara admirador de algunos a quienes fustigó en sus años de gloria. En Fernando Torres Silva se inspira uno de los personajes clave del décimo capítulo de Los archivos del cardenal. La periodista Alejandra Matus escribió su perfil en El libro negro de la justicia chilena,

en cuyo texto se basa este nuevo reportaje de la autora sobre el fiscal Torres.

Una encuesta CEP publicada en 1988, revelaba que el 75% de los chilenos conocía al “fiscal Torres”. Era tan famoso como las figuras políticas estelares en aquel entonces: Ricardo Lagos y Andrés Zaldívar, y más conocido que Jaime Guzmán, Gabriel Valdés y Andrés Allamand. Sin embargo, era también el más repudiado de la lista, con una nota de 2,8.

El abogado de la justicia militar, que nunca pisó las aulas de las academias castrenses, estaba en el lugar correcto en el momento propicio en 1986, cuando asumió la investigación, como fiscal ad hoc o fiscal especial, de la causa abierta en los tribunales castrenses por el asalto a la Panadería Lautaro, cometido por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y donde murió un carabinero. Entonces tenía el grado de mayor. En 1988, cuando se hizo la encuesta, había sido ascendido a coronel y como fiscal ad hoc concentraba las causas por el asalto a la Panadería Lautaro; la internación de armas en Carrizal bajo; el atentado contra Pinochet; el secuestro del coronel Carlos Carreño; la fuga del frentista Sergio Buschmann y el asesinato del dirigente de la UDI Simón Yévenes, entre otras.

A esas alturas había procesado a unas 250 personas, a las que acusaba de distintos grados de vinculación con el FPMR. Sus métodos heterodoxos eran blanco de estruendosas críticas de los abogados de derechos humanos, los partidos políticos que habían salido de la clandestinidad de los primeros años de la dictadura, y aun de partidarios del régimen, que veían que sus actuaciones alimentaban con argumentos a la oposición. Sin embargo, Torres seguía empinado en la cumbre, con el apoyo férreo del general Augusto Pinochet y su esposa Lucía Hiriart.

Esta es la crónica del ascenso y caída del fiscal predilecto de la pareja gobernante.

Un abogado esforzado
Torres tuvo un paso modesto por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, a la que entró a fines de los años 50. Le costó titularse. El abogado Roberto Garretón, ex director del Departamento Jurídico de la Vicaría de la Solidaridad, fue contemporáneo suyo y recuerda que cuando él ingresó a la carrera, Torres ya estaba en la Facultad. Y que cuando egresó, Torres seguía allí.

Torres egresó en 1965, pero vino a titularse recién en 1974 –un año después del Golpe de Estado-, con una memoria sobre “la jerarquía militar”, después de haber ingresado ya al aparato de justicia del Ejército y con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile intervenida. Una de sus primeras tareas en esa repartición fue participar en los Consejos de Guerra instaurados inmediatamente después del 11 de septiembre. Luego, fue contratado como asesor presidencial y jefe de la Secretaría de Legislación en el Edificio Diego Portales, donde funcionaba la Junta de Gobierno.

En 1986, su nombre comenzó a sonar en los medios, cuando fue designado, con el grado de mayor, para investigar el asalto a la Panadería Lautaro, ocurrido el 28 de abril de ese año. Inmediatamente después, fue ascendido a coronel. En octubre siguiente, tras el atentado a Pinochet, fue nombrado “fiscal ad hoc” para ese caso, las armas de Carrizal –cuya internación ilegal había sido descubierta dos meses antes- y cualquier otro proceso en que estuviera involucrado el FPMR.

El Ejército lo dotó de recursos jamás vistos. Torres creó una megaoficina, con abogados que hizo trasladar desde diversas dependencias militares, en comisión de servicio. El mayor Francisco Baguetti lo ayudaba en el caso del atentado; el capitán Ricardo Latorre, en el de la Panadería Lautaro y el de los arsenales; Carlos Troncoso, en el secuestro del coronel de Ejército Carlos Carreño. Su acción hipertrofiada la empezó a granjear enemigos dentro de la propia justicia militar. Por ejemplo, el personal de Concepción resintió que se hubiera apropiado del caso por el asalto al retén policial de Los Queñes –acción realizada en octubre de 1988 por el FPMR Autónomo y que daba inicio a su llamada Guerra Patriótica Nacional-, porque estaba en la jurisdicción penquista y no en la capitalina.

En el Poder Judicial también hubo arqueo de cejas, a los que el coronel respondió con prepotencia. Por ejemplo, en una comunicación con la Corte de San Miguel -que trataba de ponerle cortapisas al abuso de sus atribuciones pidiéndole informes, por ejemplo, por la justificación de los largos plazos de incomunicaciones -, Torres reclamó para sí el trato de “Señoría”. En una de sus respuestas, señalaba Torres: “Se hace presente a Usía Ilustrísima que los fiscales militares, al igual que el resto de los magistrados de los tribunales del país, merecen el tratamiento de señorías”.

Pese a ese difícil entorno político, el abogado militar se sentía cómodo en su papel. Era una especie de súper procurador, beneficiado por las enormes facultades de que fue dotada la justicia militar, en perjuicio de la justicia ordinaria. El fiscal era generoso con las demandas de los periodistas. Alimentaba constantemente los noticiarios con el resultado de sus averiguaciones. Los canales de televisión podían, sin problemas, tener acceso a sus “monos”: imágenes de operativos, de allanamientos, de reconstituciones de escena, de armamentos. Pedía cotidianamente a los chilenos mantenerse alerta frente a la amenaza del “terrorismo” y anunciaba estar tras los pasos de los instigadores, de los autores intelectuales de las acciones del FPMR.

El oficial de Justicia daba amplia publicidad a complots para asesinarlo que aseguraba haber desbaratado a último minuto y se trasladada con un vistoso equipo de seguridad: dos motoristas le abrían el paso; otros dos escoltas viajaban con él; dos más le cubrían la retaguardia en un vehículo distinto.
Obtuvo también granjerías especiales –“pitutos” en nuestra jerga popular- que incrementaron sus ingresos. En 1986, el ministro de Justicia, Hugo Rosende, firmó un decreto autorizando su contratación como “asesor jurídico” de Gendarmería.

Tenía, además, otros dos cargos: secretario de Legislación, por lo cual contaba con una oficina en el Edificio Diego Portales, y era el “auditor de la Comandancia en Jefe para asuntos administrativos”, cargo que le servía de cobertura para visitar a Pinochet con mucha frecuencia. Pinochet solía decir que sólo a Torres le preocupaba el caso por el atentado en su contra. En el régimen todos lo consideraban uno de sus favoritos.

Los detenidos bajo sus órdenes denunciaron haber sufrido las más aberrantes torturas en cuarteles de la CNI. Uno de los líderes del FPMR, Sergio Buschmann, el encargado de la logística de la internación de armas de Carrizal Bajo, aseguró haber sido torturado en presencia del propio fiscal. Sin embargo, Torres lo negó. Ante el tribunal aseguró que el episodio denunciado por Buschmann habría ocurrido en La Serena, antes de que él asumiera la investigación del caso Carrizal. “El fiscal no aceptaba paquetes”, es decir, prisioneros que llegaran a su despacho con evidentes signos de haber sido torturados, aseguran en su entorno, y agregan que lo primero que ordenaba al recibir a los detenidos que dejaban los cuarteles secretos de la CNI para pasar a sus interrogatorios, era enviarlos al Servicio Médico Legal, para constatar lesiones.

No obstante, son numerosas las denuncias de los prisioneros de aquella época que señalan que no lograban diferenciar entre los recintos de la policía secreta y la fiscalía. Sus penurias se agravaban por las largas incomunicaciones que sufrían los presos, de hasta por 40 días, período en el cual estaban a completa merced de los agentes del CNI.

El caso más dramático fue el de Karin Eitel, procesada por el secuestro del coronel de Ejército Carlos Carreño, ocurrido en septiembre de 1987. La joven apareció en las pantallas de Televisión Nacional confesando su participación en el plagio, con evidentes muestras de haber sido sometida a torturas.

El propio coronel Carreño sufrió el rigor del suspicaz Torres. Después de ser liberado por sus captores en Brasil, en diciembre de ese año, a su regreso a Chile fue recluido en el Hospital Militar para enfrentar numerosas y prolongadas sesiones de interrogatorio.

Torres rechazó los cargos en su contra, señalando que tales quejas podían deberse a que se acercaba con sus investigaciones a la cúpula del FPMR. “A lo mejor, estamos más cerca de lo que pensamos de algunas tesis en que estamos trabajando… Eso ha hecho que el Frente reaccione por la forma más, rápida intentando eliminar el problema… La eliminación física es una de las formas, hay otras como desacreditar o inhabilitar, medios todos que han sido probados contra mi persona”, dijo a La Tercera en aquel tiempo.

Con lo de “eliminación física” el fiscal hacía referencia a los intentos del FPMR por asesinarlo. Al menos dos intentos de atentado hubo en su contra. El primero ocurrió en mayo de 1987, cuando la organización armada envío a la fiscalía un paquete con explosivo T-4, que fue descubierto antes de estallar. En mayo de 1988, dos frentistas en moto intentaron adosar una bomba magnética en el techo de su auto. El artefacto resbaló y cayó al piso sin explotar.

“Justicia aberrante”
En marzo de 1987, Anthony Gifford, del Comité de Derechos Humanos del Parlamento británico, investigó denuncias en contra del fiscal y relató que se consignaron incomunicaciones de hasta por 40 días y que los ayudantes del oficial se jactaban de que el jefe era “todopoderoso”. “Hace frecuentes declaraciones a la prensa declarando la culpabilidad de quienes investiga. Impone incomunicaciones a quienes no colaboran con él. Da instrucciones a autoridades carcelarias para que restrinjan las visitas, y distribuye a los presos políticos en alas peligrosas donde, se teme, puedan ser atacados”, reveló. Se sumaban quejas por encargatorias de reo sin presunciones fundadas y allanamientos ilegales.

Las protestas contra las actitudes del fiscal ad hoc llegaron hasta las Naciones Unidas.

En diciembre de 1987, el relator especial para Chile en materia de derechos humanos, Fernando Volio, afirmó que los “procesos hipertrofiados que atiende el fiscal Torres son contrarios al debido proceso legal y, por tanto, se apartan o desvían de lo normal en perjuicio de los derechos de los procesados y quienes los defienden”. Y agregó: “Torres se ha convertido en un fiscalizador con potestades que exceden toda norma civilizada para investigar casos que se someten a su conocimiento (…) Es una justicia aberrante la que él hace”.

Pero Torres no sólo contaba con Pinochet para defenderlo: el ministro Rosende y el procurador general del gobierno (un cargo hecho a la medida de quien lo ocupaba, pues no estaba previsto en la institucionalidad previa), Ambrosio Rodríguez, lo hacían a brazo partido. Tras las declaraciones de Volio, Rosende y Rodríguez se reunieron con Volio para tratar la conducta de Torres. En la ocasión, el ministro increpó duramente al funcionario de Naciones Unidas. Le dijo que en Chile existía un orden jurídico vigente que autorizaba las conductas del fiscal y que dicha normativa se seguiría aplicando mientras estuviera vigente. El relator, indignado, se puso de pie diciendo: “¡No pedí esta reunión para ser sermoneado!” y se retiró del encuentro. Rosende, consultado por los periodistas, dijo al finalizar la cita que se vio “obligado a poner las cosas en su lugar”. Torres, empoderado, aseguró que los comentarios hechos por el funcionario de Naciones Unidas sobre sus actuaciones “lo inhabilitan moral, ética y profesionalmente para hablar de la justicia chilena”.

La crisis tuvo que resolverla la Cancillería.

Los tribunales de justicia, sin embargo, más allá de algunas suaves reprimendas, no obstaculizaron su gestión y rechazaron unos 350 recursos de amparo, protección e inconstitucionalidad presentados en su contra.

Hasta que el fiscal se metió con la Iglesia.

El caso Fichas
El fiscal, como Rosende y otras altas autoridades del gobierno militar, pensaba que la Iglesia era usaba como escudo protector por la oposición al gobierno y por el FPMR, y la posibilidad de probarlo se le presentó con el caso de la Panadería Lautaro. Esta fue asaltada el 28 de abril de 1986 por un grupo de frentistas que en su huida se enfrentó con Carabineros y mató al policía Miguel Vásquez Tobar. En la refriega murió también uno de los asaltantes.

Médicos de la Vicaría de la Solidaridad atendieron el día del asalto a Hugo Gómez Peña, quien dijo haber sido baleado en la pierna durante una protesta. Después, resultó ser uno de los asaltantes de la panadería. Torres creyó haber encontrado el nexo entre el grupo armado y la Vicaría, y procesó al médico y al abogado que asistieron a Gómez Peña.

Durante la existencia de la Vicaría de la Solidaridad ésta sostuvo, es efectivo, relaciones con los partidos y organizaciones de ultra izquierda. Se estableció un diálogo en que las reglas del juego estuvieron perfectamente delimitadas. La Vicaría defendía a las víctimas de atropellos a los derechos humanos (detenciones arbitrarias, torturas, crímenes, desapariciones), sin importar su creencia política; pero no aceptaba actuar como “pantalla” en la defensa de delitos de sangre o de otro orden que pudieran cometer los militantes de esas colectividades, aun cuando argumentaran legitimidad política. Para eso existían otros organismos, como la Corporación de Defensa y Promoción de los Derechos del Pueblo (Codepu). Tanto el MIR como el FPMR estaban perfectamente al tanto de estos códigos de conducta.

Torres sostenía, empero, que los “terroristas” tenían en la Vicaría su retaguardia de protección. El argumento no era sólido desde el punto de vista legal, pero su instinto le decía que en ese organismo, colaborador o no de los grupos izquierdistas, las caras que él quería atrapar eran conocidas. Con astucia de sabueso, buscaba hacer caer en trampas a la institución.

En los interrogatorios a funcionarios menores de ese organismo, Torres usaba todo su poder de persuasión para intentar delaciones. Ponía su arma de fuego sobre la mesa y les decía: “Usted sabe que yo tengo el poder de meterlo preso o dejarlo libre”.

El fiscal estaba obsesionado con el organismo eclesiástico. Quería saber todo sobre él: su estructura, organización, financiamiento, personal, procedimientos, vínculos, situación tributaria y el rol del vicario general. También quería conocer la identidad de las personas atendidas por la Vicaría, especialmente los heridos a bala. Pretendió apoderarse de todas las fichas médicas con la esperanza de reconstruir la estructura del FPMR.

La paciencia del vicario general, el obispo auxiliar de Santiago Sergio Valech, se colmó cuando Torres allanó la sede de la AFP Magister para incautar antecedentes sobre las imposiciones de los empleados de la Vicaría de la Solidaridad desde 1981 a 1988.

Valech presentó dos recursos de queja ante la Corte Marcial, argumentando que el fiscal se había extralimitado en el ámbito de la investigación del asalto a la panadería Lautaro y estaba entrometiéndose en la organización y funcionamiento de la Vicaría de la Solidaridad. De hecho, los medios llamaban ahora a la investigación “el caso Vicaría”.

El obispo defendió el secreto profesional. No estaba protegiendo a nadie en particular, sino que la sacrosanta institución eclesiástica del secreto de confesión, base de la confianza que millones de personas han depositado en la Iglesia por siglos. No se trataba tanto de una defensa en un momento puntual en la historia de Chile, como de la protección de los fundamentos de la creencia católica. Ningún poder político podía pretender avasallarlos.

La Corte Marcial había rechazado todas las anteriores quejas en contra del fiscal, aunque en más de una ocasión le había advertido, en forma privada, que morigerara su comportamiento. El presidente del tribunal, Enrique Paillás, le había dejado caer “consejos” y “observaciones” en las hojas de los expedientes. Hasta que se produjo la resolución del 7 de diciembre de 1988, en que la Corte Marcial, por cuatro votos a uno, acogió inesperadamente el recurso de la Vicaría de la Solidaridad.

Votaron a favor los ministros civiles, Paillás y Luis Correa Bulo. Eso era predecible. Lo inesperado fue el voto favorable del representante del Ejército, brigadier general Joaquín Erlbaum y el de la Fuerza Aérea, Adolfo Celedón. Solo la representante de Carabineros, Ximena Márquez, respaldó al fiscal ad hoc.

El fallo ordenó a Torres devolver las fichas incautadas en Magister, sin usar sus datos, y circunscribir su investigación a los hechos estrictamente vinculados con el asalto, abandonando su pretensión de entrometerse con la Vicaría.

Terremoto en la justicia militar

El hecho produjo un terremoto en el Ejército. El fiscal general de la institución (superior a Torres, pero inferior a Erlbaum) el comandante Enrique Ibarra, comentó que el fallo había sido “político”, influenciado por el resultado del plebiscito de octubre de ese año, en que triunfó la opción No, lo que obligaba a Pinochet a entregar el poder en 1990. Sus palabras, que acusaban a su superior de haberse puesto en el bando opositor, desataron una crisis aún mayor.

El martes 13, en Las Ultimas Noticias apareció el primer indicio de la catástrofe. El Ejército había pedido la renuncia a toda la plana mayor de la justicia militar: al general Eduardo Avello, que ocupaba el cargo de Auditor General del Ejército; al brigadier general Erlbaum, y a los auditores, coroneles Rolando Melo y Alberto Márquez, por sus discrepancias con Torres. El propio fiscal ad hoc se apresuró en anunciar que él ocuparía el más alto cargo en la justicia militar, reemplazando al general Avello, pese a la distancia en grado y antigüedad entre ambos. Es “una decisión del Mando que, en este caso en particular, me enorgullece”, dijo al diario La Segunda.

Sus palabras desataron una ola de críticas de envergadura no sólo en la oposición. Uno de los principales dirigentes de la derecha, Miguel Otero, en ese entonces vicepresidente de Renovación Nacional, dijo: “En mis treinta y tres años de ejercicio profesional, nunca antes he tenido conocimiento de que luego de un fallo adverso a un fiscal militar, se llamara de inmediato a retiro al auditor general y al miembro de la Corte Marcial”. Le molestaba la oportunidad de la medida, pues era el argumento perfecto para quienes criticaban la falta de independencia de la justicia militar. “La mujer del César no sólo tiene que ser honrada, sino que también debe parecerlo”, dijo Otero, recurriendo a la conocida sentencia.

El Mercurio y La Segunda editorializaron en contra de las destituciones. El vespertino dijo que “resulta difícil de comprender por lo inoportuna la sola eventualidad de que quien ha sido cuestionado por éstas (las instancias judiciales competentes) pudiera venir a sustituir a sus superiores jerárquicos”.

En medio de la avalancha de ataques, el Ejército aparentó retractarse nombrando interinamente al general Rolando Melo Silva, quien, al asumir como auditor general, admitió que la justicia militar estaba en “crisis”. Torres quedó como Fiscal General Militar, en reemplazo del comandante Enrique Ibarra, quien descendió abruptamente tras sus imprudentes comentarios.

Pinochet quería darle el máximo cargo, como auditor general, pero sus asesores le advertían que, como coronel, no le daba el rango. El general incluso habría estado dispuesto a dictar una ley especial para ascender a Torres a general en tiempo récord, si tal era el requisito para ponerlo en ese puesto, pero no fue necesario. Alguien argumentó que el cargo era una “función” y no requería legalmente tener un rango jerárquico determinado para ejercerla.

Las especulaciones corrieron en los medios de comunicación. Se dijo que la propia Corte Suprema y la oposición en el generalato habían influido en el fracaso del nombramiento de Torres. Sin embargo, el 28 de diciembre, día de los Inocentes, la junta de generales, después de una jornada completa de deliberaciones en el Edificio Diego Portales, demostró que el fiscal ad hoc era mucho más poderoso de lo que se pensaba. Con la anuencia del comandante en jefe, representando en este caso por el vicecomandante de la institución, teniente general Jorge Zincke, Torres fue ascendido al puesto de auditor general en una audiencia extraordinaria.

Sin complejos, ese mismo día la nueva autoridad declaró: “Yo creo que la crisis, a la cual se habría referido el coronel Melo, no existe”. El subsecretario de Justicia y fiel asesor de Rosende, Luis Manríquez Reyes, entregó la opinión de esa cartera: “El fiscal Torres es un héroe de la democracia en Chile”.

No opinó igual El Mercurio, que en un ácido editorial, fustigó la falta de prolijidad en el nombramiento: “El daño ya está hecho. En momentos en que el combate contra el terrorismo exigía alejar toda posibilidad de desprestigio de los instrumentos con que esa lucha debe llevarse a cabo, se dio prioridad a otras consideraciones, lo cual no hará sino dificultar su defensa cuando sea necesario. El dolido desconcierto de los partidarios del régimen es explicable. Y no puede sorprender el regocijo con que ciertos sectores opositores han seguido el episodio, que es, a no dudarlo, un obsequio para su propaganda”.

La Corte Suprema le dio a Torres un último y final espaldarazo al revocar, el mismo día de su nombramiento, las sentencias de la Corte Marcial que lo habían castigado por su actuación en el caso Vicaría. Torres sería, como auditor general del Ejército, integrante del máximo tribunal cuando hubiera causas que interesaran a los militares y no lucía bien que un magistrado de esa categoría llegara con una queja disciplinaria a sus espaldas.

Aunque el ascenso podría haber significado un alivio para la Vicaría, porque Torres, en su nueva función tendría que dejar los casos, la verdad es que por un tiempo continuó prestándoles atención. Él mismo se encargó de avisar que perseveraría: “Los procesos son como los hijos. No se les puede dejar solos”.

Ese verano de 1989, el fiscal militar Sergio Cea se presentó finalmente en la Vicaría a cumplir las órdenes de su superior. Llegó acompañado con los integrantes de su escolta vestidos de civil. Ese día sólo estaban en el edificio de la entidad el Vicario y un par de asistentes. No se atendió público y todo el personal fue autorizado a ausentarse. No querían ser vistos ni identificados por personal militar. Por lo demás, las fichas que buscaba Cea tampoco estaban allí. Precaución elemental.

Los asesores de Valech le habían sugerido que vistiera para la ocasión sus prendas de obispo, con báculo y todo. Pero el vicario no quiso. Se limitó al simple traje negro con el clásico cuello clergyman.

Hizo pasar a Cea y le dijo en tono amable:

-Como sacerdote estoy obligado a respetar el secreto profesional y, además, soy custodio de la confianza que la gente ha puesto en la Vicaría; no acepto, por lo tanto, que se registre nuestra sede. Yo no puedo romper mis compromisos. Si usted quiere ver las fichas, tiene que pasar por sobre este obispo.

La sola presencia física de Valech, grueso y de elevada estatura, era lo bastante imponente como para intimidar al menudo y delgado Cea. Aunque estaba claro que no se trataba de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con el prelado.

Fue una medición de fuerzas que no duró más de quince minutos. Amabilidad y tensión se reflejaban al mismo tiempo en las caras del vicario, el fiscal y los escasos testigos de la escena. Cea optó finalmente por retirarse, ordenando el repliegue del contingente de carabineros que había estado esperando afuera para proceder al allanamiento.

Según el entorno de Torres, la puesta en escena de esta diligencia como de otras actuaciones en el “caso Vicaría” fueron acordadas previamente en reuniones secretas entre Valech y Torres. El vicario invitaba al oficial a reunirse en conventos, sin prensa, donde conversaban por horas. Valech fumaba cigarrillos Cabaña y desarrollaba para el fiscal su tesis de la inviolabilidad de la confesión. Torres, en tanto, intentaba persuadirlo, señala una fuente, de que su actuar lo tenía en cuenta, pues si él hubiera querido, podría haber aplicado la tesis de la línea del mando y procesar hasta al cardenal por su responsabilidad en el caso de la Panadería Lautaro. No quería enfrentarse con la Iglesia, afirmaba, sino sólo perseguir a aquellos dentro de la Vicaría que estaban colaborando con los frentistas. Para persuadir al obispo, incluso le entregó copias de declaraciones de algunos procesados, bajo secreto de confesión.

Pese a sus discrepancias, dice la fuente, Torres “entendía el papel del Vicario. Nunca hubo golpes bajos”.

Roberto Garretón afirma que, en el entendido que Torres los consideraba enemigos, los abogados de la Vicaría mantenían un trato cordial con él, aunque él en lo particular se daba el gusto de llamarlo “coronel” y no fiscal, para remarcar su condición de militar y ofuscarlo. Relata, además, que el vicario lo consideraba torpe políticamente, pues acusaba sin base de ser frentista a cualquiera, hasta a familiares, amigos y conocidos casuales de los imputados.

El ocaso
El fin de la dictadura y el inicio del primer gobierno democrático, encabezo por Patricio Aylwin, fue el primer golpe para el poder de Torres Silva. El ministro de Justicia de Aylwin, Francisco Cumplido, promovió un conjunto de leyes conocidas como “leyes Cumplido” que permitieron cerrar las causas contra un gran número de los procesados por Torres, especialmente las de aquellos que habían sido acusados de “ayudistas” por actos como facilitar el teléfono desde el cual uno de los frentistas hizo un llamado el día del atentado a Pinochet, aún sin saber de quién o qué se trataba. Otros fueron indultados o tantos vieron rebajadas sus penas y pudieron salir prontamente en libertad. Un grupo más reducido, aquellos involucrados en los llamados “hechos de sangre”, condenados, por ejemplo, a prisión perpetua, pudieron conmutar sus penas por extrañamiento.

Como auditor general y con rango de ministro de Corte Suprema, en democracia Torres empezaría a ocuparse de obstaculizar las investigaciones por violaciones a los derechos humanos. Él mismo se hacía llamar “el Villano invitado” cuando debía integrar una sala o el pleno, pues la ley le permitía hacerlo cuando se vieran materias que incidieran en el Ejército.

En el futuro se le reprocharía haber desestimado el peso del juicio contra Pinochet en España y haberle aconsejado viajar sin temor a Inglaterra, en 1998. También sería criticado por viajar personalmente, en 1997, para intentar persuadir al juez español Manuel García Castellón (predecesor del juez Baltasar Garzón) de que las acusaciones contra el general estaban motivadas por revanchismo político y eran una conspiración del Partido Comunista, con lo que no sólo no convenció, sino que, sin haberlo buscado, validó la jurisdicción española para juzgar al militar.

Se llegó a decir que por sus torpes acciones y consejos, habría perdido el favor de la familia Pinochet. No obstante, en el entorno del militar retirado, se asegura que esa amistad nunca se quebró y que incluso aún visita a Lucía Hiriart, pese a que su relación con la viuda no era tan cercana como la que tenía con su marido.

En abril de 1999, tras el arresto de Pinochet en Londres, renunció al Ejército y a su cargo como auditor general, en medio de crecientes presiones para que abandonara el puesto.

 Tras la muerte de Pinochet en 2007, Torres fue procesado como integrante de la “asociación ilícita” que, según el magistrado Alejandro Madrid, se creó para sacar de Chile al químico de la DINA Eugenio Berrio a fines de 1991, y así evitar su comparecencia ante la justicia para que declarara en el caso por homicidio de Orlando Letelier, que había sido reabierto y entregado al ministro Adolfo Bañados. Un año después, Berríos fue asesinado en Uruguay cuando intentó escapar de sus protectores. Torres estuvo recluido más de un mes en un recinto militar, antes de que se le concediera la libertad bajo fianza.

En 2013, la Corte de Apelaciones aumentó las condenas en este caso, subiendo la de Torres a 10 años y un día. Sin embargo, la pena no se ha hecho efectiva pues hay un recurso de casación en la forma y en el fondo pendiente en la Corte Suprema. También tendrá que pronunciarse el Tribunal Constitucional, donde Torres Silva presentó un recurso por inconstitucionalidad contra las resoluciones judiciales.

A sus 75 años de edad, hoy, el abogado, a quien Pinochet consiguió ascender a general antes del ocaso de su poder, expresa en privado admiración y respeto por aquellos que en el pasado fustigó. Valora, por ejemplo, la labor de los periodistas que han investigado las causas por violaciones a los derechos humanos, como a Mónica González, y en su ranking de preferencias ocupa el primer lugar el obispo Sergio Valech.

Torres, de hecho, escribió en 2009 una carta que fue publicada en El Mercurio, valorando la labor del vicario, cuando éste anunció su retiro como obispo. Valech “es un hombre superior”, dijo. Una fuente relata que, temprano en la mañana de ese día, apenas publicada esa nota, Valech llamó al abogado y lo invitó a tomar onces. “Se hizo una rutina entre ambos reunirse periódicamente, una vez al mes, para conversar”, afirma. En algunas ocasiones, Torres le pidió, sin mayores resultados, que intercediera por algunos uniformados procesados, como Odlanier Mena, el ex director de la CNI y enemigo acérrimo de Manuel Contreras. El vicario, dice la fuente, también hizo peticiones que se cumplieron discretamente. Ambos siguieron viéndose hasta el fallecimiento del obispo, en noviembre de 2010.

Un total de 95 generales retirados y exoficiales condenados por violaciones de los derechos humanos en Chile reciben mensualmente pensiones que pueden llegar a los 4.800 dólares, se informó hoy.

En respuesta a un requerimiento presentado por el periódico "La Tercera", mediante la Ley de Transparencia, la Caja de Previsión de la Defensa Nacional informó de que los militares condenados que actualmente cobran pensiones de las Fuerzas Armadas de Chile reciben, en promedio, una pensión de 1,6 millones de pesos (unos 2.364 dólares).

Quien lidera la nómina es el ex fiscal militar Juan Fernando Torres Silva, con una jubilación de 3,2 millones de pesos (unos 4.800 dólares) mensuales.

General del Ejército en retiro, Torres Silva cumple una pena de 10 años por el asesinato en 1991 de Eugenio Berríos, exquímico de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina) que fabricaba el gas sarín utilizado durante la dictadura por la policía secreta de Augusto Pinochet.

Torres Silva cumple condena en Punta Peuco, una prisión especial para violadores de los derechos humanos situada a 35 kilómetros al norte de Santiago.

Otro de los jubilados con mayor pago es Eugenio Covarrubias Valenzuela, exdirector de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (Dine), quien recibe 2,9 millones de pesos (unos 4.284 dólares).

Covarrubias también fue condenado por el caso Berríos a 10 años y un día como autor de secuestro del químico, y a 5 años y un día por asociación ilícita.

En tanto, Miguel Krassnoff, brigadier del Ejército e integrante de la Brigada Lautaro de la Dina recibe 2,4 millones de pesos (unos 3.500 dólares).

Krassnoff se encuentra también en Punta Peuco cumpliendo penas por diversos casos de violaciones de los derechos humanos que suman más de 400 años de presidio.

Además, el general y exsubdirector de la Dina Raúl Iturriaga Neumann recibe al mes 2,1 millones de pesos (unos 3.100 dólares) desde 1991, y el exjefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI) Alvaro Corbalán Castilla cuenta con una pensión de 716.442 pesos (unos 1.100 dólares).

Otro de los pensionados es Carlos Herrera Jiménez, sentenciado por el asesinato del líder sindical chileno Tucapel Jiménez, quien registra un pago mensual de 1 millón de pesos (1.470 dólares).

"El hecho de ser violador de derechos humanos no impide mantener la pensión. El tema va por otro lado: cómo este país no tiene en cuenta un sistema de degradación. Ellos debieran perder sus cargos, porque mientras más jerarquía ostentan más pensión reciben", declaró hoy el abogado de casos de lesa humanidad Nelson Caucoto.

Retirar estas pensiones significaría "castigar a su familia, y la familia es distinta al sujeto. No se puede culpar a los cónyuges y sus hijos", añadió.

En tanto, el abogado que representa a prisioneros en Punta Peuco, Raúl Meza, aseguró que dichas pensiones son "un derecho adquirido durante el tiempo que permanecieron en el Ejército en calidad de funcionarios públicos, cumpliendo al término de sus funciones con todos los requisitos que establece la ley".

"Como cualquier ciudadano, tienen derecho a cubrir sus necesidades básicas, y especialmente las de sus familiares, frente a la incapacidad de generar ingresos", concluyó

El ex fiscal militar enfrenta un complejo escenario luego de involucrarse en el asesinato del ex químico de la DINA Eugenio Berríos. El viernes se entregó a la policía, tal vez para no seguir el camino del general Hernán Ramírez Rurange, condenado en la misma causa y que sólo horas antes se había suicidado.
 

“Fernando Torres Silva no interrogaba”, recuerda un ex militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez detenido en Carrizal Bajo luego del descubrimiento del ingreso de armamento a Chile. Claudio Molina afirma que las veces que estuvo en la oficina del fiscal ad hoc en calle Zenteno, sus actuarios eran quienes hacían las preguntas. Mientras, el oficial se paseaba detrás del detenido intentando amedrentar con su paso cansino y su respiración pesada.

Torres Silva había asumido el caso de la internación de armas luego del atentado contra Augusto Pinochet y el asalto de la panadería Lautaro, momento en que la dictadura decidió otorgarle el título de fiscal ad hoc para que investigara esas causas.

Sin embargo, los militantes del FPMR detenidos por el caso Carrizal, decidieron no declarar ante Torres Silva y entregaron una proclama donde detallaron públicamente los motivos que motivaron el ingreso del arsenal al país.

“Nosotros denunciamos que desde ese momento no íbamos a hacer ninguna declaración ante la fiscalía, porque no le otorgábamos ninguna autoridad ética, política, jurídica y moral para juzgarnos. Esa declaración tuvo mucha repercusión. Salió por México y de ahí para todos lados y luego rebotó en Chile, que era la idea. El tipo nos mandó a los cinco que estábamos detenidos, a declarar a la fiscalía. Nosotros habíamos acordado que no íbamos a declarar nada. Entonces los tipos nos llamaban con toda una parafernalia de militares y escoltas armados para sacarnos de la Penitenciaría, y nosotros nos poníamos de pie con las manos atrás, mirándoles la cara. Nos preguntaban de todo y nosotros no respondíamos nada”, explica Molina.

El ex dirigente del FPMR agrega que luego de la visita del Papa Juan Pablo II a Chile, Torres Silva ordenó que fueran ubicados en las galerías de los reos rematados de la ex Penitenciaría de Santiago. Pero los presos comunes respetaban y terminaron protegiendo a los prisioneros políticos. Entonces se aplicaron castigos como la incomunicación, todo gatillado por el acto de rebeldía de no declarar.

“Nos dejaban en una celda de castigo, aislado en la Penitenciaría, por cinco días. Pasado los cinco días te volvían a llamar y te hacían las mismas preguntas… y esa opereta se volvía a repetir, hasta que al final le ganamos por cansancio. Durante un mes y medio estuvimos en esa especie de protesta y nos tuvo incomunicados. No te permitían ingresar ni una cuchara, había que comer con la mano, además la comida del penal que es asquerosa”, puntualiza.

Claudio Molina agrega que había de parte de la fiscalía acoso a los familiares, quienes, como en su caso, también terminaron saliendo del país.

Molina se fugó de la ex Cárcel Pública de Santiago en enero de 1990. Sólo después de ese hecho, Torres Silva lo condenó a cadena perpetua.

De empleado civil a general de justicia

En diciembre de 1969, Juan Fernando Torres Silva ingresó con grado 8 al Ejército. En diversas oportunidades recibe el reconocimiento del propio Augusto Pinochet.

En su hoja de vida que lo calificó entre el 1 de julio de 1980 hasta el 30 junio de 1981, se lee: “Con ocasión del estudio del anteproyecto de la Constitución, análisis del informe del Consejo del Estado y redacción definitiva del texto de la nueva Constitución Política de la República por parte de la Secretaría de Legislación de la H. Junta de Gobierno, el calificado, en su calidad de integrante de dicho organismo desempeñó un papel destacado por su eficiencia y preparación profesional, mereciendo por tal motivo el expreso reconocimiento y felicitación de S.E. el Presidente de la República”. Firma el documento el coronel Jorge Zincke con fecha del 26 de agosto de 1980.

Torres Silva siempre fue cercano a Pinochet. Según se desprende de su hoja de vida y calificaciones a las que tuvo acceso Radio Universidad de Chile, el fiscal fue felicitado en varias ocasiones por el propio dictador, entre ellas una a raíz de la misión desarrollada en Argentina entre el 22 y el 27 de marzo de 1983. Ese mismo año, el 10 de diciembre, asumía la presidencia del país el abogado Raúl Alfonsín, poniendo fin a la dictadura en esa nación.

Por eso el abogado especialista en causas de derechos humanos, Cristián Cruz, no descarta que se tratara de una visita en el marco de los enlaces de la Operación Cóndor en las postrimerías de la dictadura trasandina. “Es del todo probable. Recordemos que hay víctimas de los años ’80 que están catalogadas como ‘Operación Cóndor’, principalmente militantes del MIR chileno, que son detenidos en Argentina, hechos desaparecer y que se les ve a finales de la dictadura argentina en recintos clandestinos de detención en Buenos Aires, por lo tanto ahí hay información relevante. Los ejércitos siguieron colaborando. Prueba de ello es lo sucedido con Eugenio Berríos que recordemos, traspasa las fronteras y ciertamente con el conocimiento de los servicios de inteligencia uruguayos, sin lugar a dudas que los servicios de inteligencia de argentina estaban al tanto, quizás no de los detalles, pero sí que por su territorio pasa una misión de inteligencia chilena y eso lo detectaron”.

De hecho, Torres Silva realizó cursos de inteligencia y el 13 de mayo de 1974 recibió el título de “Especialista en Inteligencia Militar” y luego los impartía. Así se lee en el documento de calificación del periodo agosto 1974 – julio 1975, donde se señala que ocupó los puestos de fiscal militar y “Profesor del Curso ESP-OL. 7c. ‘Especialista en Inteligencia’ (Avanzado)”.

En su labor de asesoría legal de la dictadura, Torres Silva formó parte del grupo de auditores de la Junta de Gobierno y también en la redacción de cuerpos legales que aún son materia de debate en la actualidad.

En su hoja de vida, el 28 de junio de 1979 el coronel Zincke suscribe que al fiscal “le correspondió integrar una comisión dispuesta por S.E el Presidente de la República para la redacción de la Ley del Deporte y asesorar en las leyes laborales en el comité de la H. Junta de Gobierno”. En esta oportunidad el propio Pinochet ordena se estipule por escrito sus felicitaciones por el trabajo desarrollado.

En sus calificaciones de 1987-1988 se puede leer los cargos que ocupó como fiscal ad hoc: Auditor de la comandancia en jefe del Ejército; Representante del Ejército ante la Secretaría Legislativa de la Honorable Junta de Gobierno; Integrante permanente del Comité de Auditoría de Justicia Militar; Fiscal ad hoc causa internación ilegal de armas; Atentado a S.E. el Presidente de la República; Proceso homicidio carabinero Vásquez Tobar; Secuestro Teniente Coronel Carlos Carreño; Ministro Integrante Ilustrísima Corte Marcial.

En esas funciones, el 22 de junio de 1988 el juez del Segundo Juzgado Militar de Santiago informa de su desempeño, destacando su conducta. “Por su infatigable acción en contra del terrorismo y por los profundos conocimientos que tiene sobre el FMR y el MIR, fue víctima de un atentado en contra de su vida por parte de una de estas organizaciones”, hecho ocurrido el 27 de mayo de ese año.

Además, ya en 1986 se subraya que su acción “hasta el momento permiten neutralizar y/o inmovilizar como detenidos a numerosos presuntos inculpados, que además militan en organización o partidos de reconocida oposición al Gobierno Militar, las efectúa en forma extraordinariamente hábil, y con un gran tino”. Ese mismo año se cometieron numerosas detenciones y también el asesinato de un grupo de integrantes del FPMR, conocido como “Operación Albania”, hecho que fue presentado por la dictadura como un enfrentamiento, lo que quedó desechado años después por la investigación judicial del ministro Hugo Dolmestch, quien determinó que se trató de crímenes cometidos por agentes de la CNI.

Cristián Cruz sostiene que la “judicatura militar fue un verdadero soporte, que dio cobertura, que sirvió para encubrir e incluso perpetrar crímenes durante la dictadura de Pinochet, asegurando impunidad para los agentes, lo que también se traspasó en el tiempo. Recordemos que la auditoría general del Ejército ya en democracia, es la que determina cual es el curso de acción que van a seguir los agentes, o sea, lo que van a decir, las mentiras que van a señalar en las causas de derechos humanos. Ciertamente que hubo operaciones de encubrimiento, pactos del mando para que los inferiores mintieran e impidieran verdad y justicia en estos casos”, rol en el que Torres Silva tuvo un papel relevante y que aún hoy es motivo de debate en Chile.

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por los delitos de asociación ilícita, secuestro y homicidio del ex químico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Eugenio Berríos Sagredo, ilícitos perpetrados a partir de octubre de 1991, en Chile y Uruguay.

En un fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Lamberto Cisternas– rechazó los recursos de casación y confirmó las penas dictadas por la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de 14 militares en retiro de Chile y Uruguay, incluido el ex fiscal militar y ex auditor del Ejército Fernando Torres Silva, quien tendrá que cumplir una condena de 10 años y un día de presidio, sin beneficios, como autor del delito de asociación ilícita.

El voto disidente corrió por parte de Dolmestch, quien estuvo por acoger dichos recursos, y de dictar "el correspondiente fallo de reemplazo de la sección penal, absolutorio por ese cargo".

En el aspecto civil, se acogió el recurso de casación planteado por el fisco y se rechazó la demanda civil presentada por familiares de la víctima.

El siniestro fiscal Torres

Torres Silva, conocido como uno de los Fiscales Favoritos de Pinochet, fue reconocido por llevar los procesos en contra del FPMR, también acusó a la Vicaría de la Solidaridad de amparar a terroristas. En 1973 integró los Consejos de Guerra, luego fue asesor presidencial de Pinochet.

El abogado estuvo a cargo de la investigación del atentado contra Pinochet y de la internación de armas en Carrizal Bajo. En su obsesión por el FPMR llevó una línea investigativa en contra de la Vicaría de la Solidaridad, empecinado en que estaba infiltrada por los militantes del grupo de resistencia a la dictadura.

En 1988, según el archivo de la Vicaría de la Solidaridad, "por cuatro votos contra uno, la Corte Marcial acoge sorpresivamente un recurso de queja del vicario de la Vicaría de la Solidaridad, Sergio Valech, alegando que el fiscal Torres ha sobrepasado sus atribuciones al entrometerse en la organización y funcionamiento de la Vicaría. El fallo le ordena a Torres mantener la investigación sólo respecto de los hechos estrictamente vinculados con el asalto a la Panadería Lautaro –que llevaba desde un inicio–. Seis días después, Pinochet le pide la renuncia a toda la plana mayor del escalafón de Justicia del Ejército, entre ellos el general Joaquín Erlbaum, quien había votado contra Torres", sentencia que posteriormente fue revocada.

En 1989 el fiscal cierra la investigación sobre el atentado a Pinochet, pide la pena de muerte para los 9 militantes de FPMR que han sido detenidos por el atentado de 1986. Ya en democracia estuvo a cargo de la defensa judicial de los militares implicados en casos de violaciones a los derechos humanos. Además, sindicado como uno de los responsables de no advertirle a Pinochet que su viaje a Londres podría ser peligroso, tras el cual es detenido.

Berríos: de victimario a víctima

El caso Berríos no es como otros, el químico de la Universidad de Concepción, fue militante de Patria y Libertad, antes de ser parte de la DINA, allí estuvo a cargo del proyecto Andrea, a partir de cual experimentó con el gas sarín, que causa la muerte a través de parálisis neurológica, sigilosa arma utilizada en dictadura en los casos de la muerte del Conservador de Bienes Raíces Renato León Zenteno (1976), y el caso del cabo del miembro del Ejército y agente de la DINA Manuel Leyton (1977), entre otros.

El químico habría estado implicado en distintas causas: en el asesinato de Orlando Letelier, cometido el 21 de septiembre de 1976. En la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva y el envenenamiento de prisioneros políticos, en 1981. Y por último en la muerte del diplomático español Carmelo Soria, en julio de 1976.

Eugenio Berríos no mantenía un bajo perfil, en reiteradas ocasiones se denominó como "el químico de Pinochet", que podía causar la muerte con una sola gota de su fórmula. En plena transición, en octubre 1991, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Adolfo Bañados citó a Berríos a declarar en la investigación del asesinato Letelier, lo que fue un problema para los pinochetistas, ya que Berríos al ser civil no estaba bajo los pactos de silencio de la institución, según relata el sitio Memoria y Justicia.

Esta habría sido la razón por la que la Dirección General del Ejército decide sacar a Berríos fuera de Chile. "El 26 de octubre de 1991 militares chilenos en colaboración con sus pares uruguayos sacaron a Berríos de Chile, trasladándolo a Montevideo, Uruguay por medio de Río Gallegos, Argentina. En 1991, la DINA creó una unidad con la misión específica de sacar a Berríos de Chile".

Durante 1992, Berríos residió en Montevideo, bajo vigilancia constante de militares chilenos. En noviembre 1992 fue trasladado a la propiedad del capitán Jaime Torres Gacitúa, en Parque de Plata, Uruguay, ese mismo mes el químico llamó al Consulado de Chile y pidió la documentación necesaria para regresar a Chile, se escapó de la casa de Parque de Plata y solicitó ayuda en una comisaría policial.

Tras ser entregado al teniente coronel Tomás Cassella, jefe de Operaciones de Contrainteligencia, Berríos siguió viviendo como prisionero otros tres meses. Finalmente fue ejecutado en la playa de El Pinar, Uruguay, sus restos fueron descubiertos en abril del 1995 y mostraron evidencia de fracturas craneales como consecuencia de dos entradas de bala. Pruebas de ADN confirmaron que los restos correspondían a Berríos.

Los condenados

En su calidad de oficial de justicia, Fernando Torres Silva fue uno de los hombres fuertes del régimen de Augusto Pinochet. Además de su participación en el caso Berríos, se hizo cargo durante la dictadura de los casos más relevantes de grupos de izquierda que se articularon contra el gobierno de facto y organizaciones de Derechos Humanos le atribuyen un rol clave en el entrampamiento de numerosas causas que involucraban a militares.

Además de Torres Silva fueron condenados:

–Arturo Silva Valdés: 15 años y un día de presidio, como autor del delito de secuestro con homicidio, más 5 años y un día por asociación ilícita. Sin beneficios;

–Hernán Ramírez Rurange: 10 años y un día, como autor del delito de secuestro; 10 años y un día, por asociación ilícita, y absuelto de obstrucción a la justicia. Sin beneficios;

–Eugenio Covarrubias Valenzuela: 10 años y un día, como autor de secuestro; 5 años y un día por asociación ilícita, absuelto de su participación como encubridor de secuestro con homicidio y obstrucción a la justicia. Sin beneficios;

–Jaime Torres Gacitúa: 10 años y un día, como autor de secuestro y 5 años y un día por asociación ilícita. Sin beneficios;

–Manuel Provis Carrasco: 10 años y un día, como autor de secuestro y 5 años y un día por asociación ilícita. Sin beneficios;

–Pablo Rodríguez Márquez: 10 años y un día, como autor de secuestro y 800 días por asociación ilícita. Sin beneficios;

–Raúl Lillo Gutiérrez: 10 años y un día, como autor de secuestro y 800 días por asociación ilícita. Absuelto del cargo de obstrucción a la justicia. Sin beneficios;

–Manuel Pérez Santillán: 5 años y un día,  como cómplice de secuestro y absuelto del cargo de asociación ilícita. Sin beneficios;

–Tomás Casella Santos (militar uruguayo): 10 años y un día, como autor de secuestro y 5 años y un día por asociación ilícita. Sin beneficios;

–Eduardo Radaelli Copolla (militar uruguayo): 10 años y un día, como autor de secuestro y 800 días por asociación ilícita. Sin beneficios;

–Wellington Sarli Pose (militar uruguayo): 5 años y un día, como cómplice de secuestro y 60 días asociación ilícita. Sin beneficios;

–Marcelo Sandoval Durán: 10 años y un día, como autor de secuestro, 800 días por asociación ilícita y absuelto por infracción al artículo 295 bis del Código Penal. Sin beneficios;

–Nelson Román Vargas: 10 años y un día, como autor de secuestro, 800 días por asociación ilícita y absuelto del cargo de infracción al artículo 295 bis del Código Penal. Sin beneficios.

El dictamen también absuelve a cinco procesados:

–Enrique Ibarra Chamorro: absuelto de responsabilidad como autor del delito asociación ilícita;

–Mario Cisternas Orellana: absuelto por su responsabilidad como autor de infracción al artículo 295 bis del Código Penal;

–Nelson Hernández Franco: absuelto por su responsabilidad como autor de infracción al artículo 295 bis del Código Penal;

–Érika Silva Morales: absuelta por su responsabilidad como autora de infracción al artículo 295 bis del Código Penal, y

–Emilio Rojas Gómez: absuelto por su responsabilidad como autor del delito de obstrucción a la justicia.

La Corte Suprema rechazó el recurso de revisión presentado por la defensa en contra de la sentencia que condenó al general de Ejército (r) Fernando Torres Silva a 10 años y un día de presidio, como autor del delito de asociación ilícita, en el marco de la investigación por el homicidio del exquímico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Eugenio Berrios Sagredo.

En fallo unánime (causa rol 366-2019), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Jorge Dahm y el abogado (i) Diego Munita– descartó que existan antecedentes nuevos o desconocidos en el proceso que permitan acoger el recurso especial y anular la condena recurrida.

“Que, la causal de revisión sobre la cual la defensa de Torres Silva articula su arbitrio exige que, con posterioridad a la sentencia condenatoria, ocurriere o se descubriere algún hecho o apareciere algún documento desconocido durante el proceso, que sean de tal naturaleza que basten para establecer la inocencia del condenado. Es desconocido algo ignorado, no conocido de antes y, se descubre aquello que viene en conocimiento de algo que se ignoraba, de manera tal que para que se configure la causal en estudio, necesariamente debe existir un antecedente, relativo a la ocurrencia de un hecho o a la mantención de un documento ignorado por el sentenciador que sea bastante para establecer la inocencia”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que: “sin embargo, del mérito de los antecedentes tenidos en vista, aparece que al momento de conocer esta Corte de los recursos de casación y dictar la sentencia de reemplazo que mantuvo la condena impuesta por el delito de asociación ilícita a Torres Silva, esto es, el once de agosto de dos mil quince, tanto este Tribunal, como la parte recurrente y la comunidad jurídica estaba en pleno conocimiento de la absolución por el delito de asociación ilícita en el proceso seguido por la muerte del Coronel Gerardo Huber, cuya sentencia de remplazo fue pronunciada por esta Sala con fecha veintitrés de noviembre de dos mil doce, es decir, casi tres años antes de la sentencia cuya revisión se solicita y, precisamente, fue citada por la defensa del articulista en el texto de su escrito de casación sustancial, tal como lo expresó la señora abogado del Consejo de Defensa del Estado en estrado, de manera que, no cumpliéndose con los requisitos del artículo 657 N° 4 del Código de Procedimiento Penal, el presente arbitrio extraordinario no podrá prosperar, dado que no concurre el requisito fundamental, esta es, la ignorancia del antecedente o documento nuevo”.

Fue uno de los encubridores y miembros judiciales de la dictadura que "protegió" al régimen. Finalmente, y a más de 20 años de la muerte del químico de la DINA, Eugenio Berríos, el hombre fuerte del dictador deberá cumplir una década de prisión efectiva por el crimen.

Sale el sol en una mañana de abril de 1995. Cerca de Montevideo está la playa El Pinar. Todo corre con normalidad, hasta que un exfuncionario policial encuentra restos óseos enterrados en las cercanías. Se trata del cuerpo de Eugenio Berríos, químico chileno desaparecido desde 1992. Fue la persona que desarrolló el gas sarín por encargo de Augusto Pinochet, el mismo con que se asesinó a militantes comunistas en las bases de exterminio de la dictadura. Pero ya no era de utilidad. Tenía dos impactos de bala en el cráneo.

El caso del químico vuelve a salir a flote con el fallo definitio entregado por la Corte Suprema, en que condenó a 19 personas por su crimen. Entre ellos destaca el exauditor general del Ejército Fernando Torres Silva, por asociación ilícita, quien deberá cumplir 10 años de prisión, sin beneficios. Es pena con cárcel efectiva por tener antecedentes penales, ya que está acusado de obstrucción a la justicia en el caso del asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez.

En fallo dividido, la Segunda Sala Penal rechazó los recursos de casación presentados y confirmaron las penas dictadas previamente por la Corte de Apelaciones de Santiago contra militares en retiro chilenos y uruguayos.

El fiscal favorito de Pinochet

Torres Silva se convirtió en uno de los rostros emblemáticos de la dictadura. Sus apariciones diarias ante los medios ratificaban su posición como hombre fuerte dentro del régimen. Como fiscal estuvo a la cabeza en la persecución de los miembros del MIR y del FPMR, como autores de actos terroristas contra la dictadura.

Sin embargo, el llamado Caso Berríos fue su perdición. El químico fue agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), sacado del país en octubre de 1991, en la "operación silencio" y llevado a Uruguay a través de Argentina. La operación fue con rapidez. Se le acusaba de ser parte de la red que acabó con la vida de los opositores del régimen y de tener nexos con el crimen del excanciller Orlando Letelier en Washington.

Cuando el juez Adolfo Bañados se disponía a interrogarlo por sus operaciones en la DINA, se lo llevaron hasta Uruguay a vivir en la clandestinidad. Tenía mucha información y era preciso mantenerla en secreto. También está involucrado en la muerte del presidente Eduardo Frei Montalva. Lo mantuvieron bajo guardia policial uruguaya. "La cofradía" aliada a Pinochet.

Fue secuestrado por sus captores, llevado a "pasear" a la playa y asesinado. Arturo Silva Valdés y Jaime Torres Gacitúa fueron los autores materiales del crimen. Luego de dispararle, enterraron el cuerpo de Berríos en las dunas cercanas a la playa. La Corte Suprema los condeno a 15 años por el homicidio y otros 5 por asociación ilícita.

Tucapel Jiménez

Torres Silva entra a prisión por su complicidad en una "asociación ilícita" ideada al interior del Ejército que permitió que distintos agentes de la DINA y la dictadura enfrentaran la justicia o fueran interrogados, por la delicada situación que pondría a los uniformados en los inicios de los 90 frente a los jueces.

El caso de Eugenio Berríos es sólo uno de los tantos que lo ligan con los crímenes de la dictadura. También fue acusado de encubrir el crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez en 1982. Por este crimen ya había sido detenido y procesado, bajo orden del magistrado Sergio Muñoz, actual presidente de la Corte Suprema.

El ocaso

Según relata la periodista y escritora Alejandra Matus, el fin de la dictadura y el inicio del primer gobierno democrático, encabezado por Patricio Aylwin, fue el primer golpe para el poder de Torres Silva. El ministro de Justicia de Aylwin, Francisco Cumplido, promovió un conjunto de leyes conocidas como "leyes Cumplido" que permitieron cerrar las causas contra un gran número de los procesados por Torres, especialmente las de aquellos que habían sido acusados de "ayudistas" por actos como facilitar el teléfono desde el cual uno de los frentistas hizo un llamado el día del atentado a Pinochet, aún sin saber de quién o qué se trataba.

Otros fueron indultados o tantos vieron rebajadas sus penas y pudieron salir prontamente en libertad. Un grupo más reducido, aquellos involucrados en los llamados "hechos de sangre", condenados, por ejemplo, a prisión perpetua, pudieron conmutar sus penas por extrañamiento.

Como auditor general y con rango de ministro de Corte Suprema, en democracia Torres empezaría a ocuparse de obstaculizar las investigaciones por violaciones a los derechos humanos. Él mismo se hacía llamar "el Villano invitado" cuando debía integrar una sala o el pleno, pues la ley le permitía hacerlo cuando se vieran materias que incidieran en el Ejército.

En el futuro se le reprocharía haber desestimado el peso del juicio contra Pinochet en España y haberle aconsejado viajar sin temor a Inglaterra, en 1998. También sería criticado por viajar personalmente, en 1997, para intentar persuadir al juez español Manuel García Castellón (predecesor del juez Baltasar Garzón) de que las acusaciones contra el general estaban motivadas por revanchismo político y eran una conspiración del Partido Comunista, con lo que no sólo no convenció, sino que, sin haberlo buscado, validó la jurisdicción española para juzgar al militar.

Se llegó a decir que por sus torpes acciones y consejos, habría perdido el favor de la familia Pinochet. No obstante, en el entorno del militar retirado, se asegura que esa amistad nunca se quebró y que incluso aún visita a Lucía Hiriart, pese a que su relación con la viuda no era tan cercana como la que tenía con su marido.

En abril de 1999, tras el arresto de Pinochet en Londres, renunció al Ejército y a su cargo como auditor general, en medio de crecientes presiones para que abandonara el puesto.

El abogado defensor de presos del penal, Raúl Meza, opinó que estas jubilaciones “es un derecho adquirido durante el tiempo que permanecieron en el Ejército en calidad de funcionarios públicos, cumpliendo al término de sus funciones con todos los requisitos que establece la ley (…), como cualquier ciudadano tienen derecho a cubrir sus necesidades básicas y especialmente las de sus familiares frente a la incapacidad de generar ingresos”.

Unas pensiones que algunos casos llegan a superar los 3 millones de pesos es lo que reciben los presos del penal Punta Peuco, informó La Tercera tras un requerimiento presentado bajo la Ley de Transparencia. De acuerdo el matutino, el ex militar Juan Fernando Torres Silva lidera la lista de las mejores jubilaciones con un monto bruto de $3.254.850. La pensión del coronel (r) del Ejército comenzó a serle entregada a partir del 11 de noviembre de 1999. Vale decir que este interno debe cumplir una pena de una década por el homicidio del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos, en 1991. En tanto, el ex director de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE), Eugenio Covarrubias Valenzuela, obtiene una pensión de $2.940.671 desde agosto de 1997. Este interno también fue condenado a 10 años y un día por el caso Berríos. El ex brigadier del Ejército, Miguel Krassnoff, recibe una pensión de $2.489.658 desde 1999. Por su lado, Raúl Iturriaga Neumann posee una jubilación de $2.143.977 desde 1991. Si se trata del ex jefe de la CNI, Álvaro Corbalán, se puede decir que recibe una pensión de $716.442. De acuerdo a La Tercera, los montos son depositados por medio del BancoEstado a través de cuentas corrientes, Cuenta Rut o retiro por ventanilla. Al ser consultado por la información, el abogado de hechos de torturas y asesinatos durante dictadura, Nelson Caucoto, manifestó que “el hecho de ser violador de derechos humanos no impide mantener la pensión. El tema va por otro lado: cómo este país no tiene en cuenta un sistema de degradación. Ellos debieran perder sus cargos, porque mientras más jerarquía ostentan, más pensión reciben”. Añadió que no hay que quitarles dicha pensión, ya que “significa castigar a su familia, y la familia es distinta al sujeto. No se puede culpar a los cónyuges y sus hijos”. A su vez, el abogado defensor de presos del penal, Raúl Meza, opinó que estas jubilaciones “es un derecho adquirido durante el tiempo que permanecieron en el Ejército en calidad de funcionarios públicos, cumpliendo al término de sus funciones con todos los requisitos que establece la ley (…), como cualquier ciudadano tienen derecho a cubrir sus necesidades básicas y especialmente las de sus familiares frente a la incapacidad de generar ingresos”. Para ver la lista completa de las pensiones de los internos de Punta Peuco, pincha acá (La Tercera).

Por vía Transparencia, Capredena informó montos mensuales que reciben ex miembros de las FF.AA. que están recluidos. La jubilación más alta la tiene el ex fiscal militar Fernando Torres Silva, mientras que Miguel Krassnoff obtiene al mes $ 2,4 millones.

A través de un requerimiento presentado por La Tercera, mediante Ley de Transparencia, la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) hizo un catastro de personas que pertenecen a las tres ramas de las FF.AA., que actualmente tienen pensiones de parte de esta institución. El resultado: 95 generales en retiro y ex oficiales condenados por causas de violaciones de derechos humanos reciben mensualmente, en promedio, $ 1.618.459.

Esta petición fue respondida en base a los nombres y RUT de los internos que aparecen en el registro elaborado por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de 2015, donde se señala su lugar de reclusión, siendo Punta Peuco el que concentra la mayoría de los casos. Todas las jubilaciones entregadas por Capredena figuran en montos brutos.

Quien lidera la nómina es el ex fiscal militar Juan Fernando Torres Silva, con una jubilación de $ 3.254.85. La fecha en que se empezó a entregar la pensión fue el 11 de noviembre de 1999. El coronel (R) del Ejército cumple una pena de 10 años por el homicidio de Eugenio Berríos, ex químico de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina), ocurrido en 1991.

Otros de los jubilados con mayor pago es Eugenio Covarrubias Valenzuela, ex director de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (Dine). Recibe $ 2.940.671 desde el 1 de agosto de 1997. También fue condenado por el caso Berríos a 10 años y un día por autor de secuestro y cinco años y un día por asociación ilícita.

En tanto, Miguel Krassnoff Martchenko, ex brigadier del Ejército e integrante de la Brigada Lautaro de la Dina, también obtiene una de las jubilaciones más altas de la nómina: $ 2.489.658 desde 1999. El ex subdirector de la Dina Raúl Iturriaga Neumann recibe al mes $ 2.143.977 desde 1991 y el ex jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Alvaro Corbalán Castilla, cuenta con una pensión de $ 716.442.

Otro de los condenados emblemáticos es Carlos Herrera Jiménez, sentenciado por el asesinato de Tucapel Jiménez, quien registra un pago mensual de Capredena de $ 1.019.730.

El registro incluye pensiones vigentes y suspendidas. Ese último estado significa que fue paralizada por la muerte del beneficiado y no existe un montepío.

Estos pagos son realizados mensualmente a través del BancoEstado vía Cuenta RUT o cuenta corriente. También pueden ser cancelados vía retiro por ventanilla.

Para el abogado de casos de lesa humanidad Nelson Caucoto, "el hecho de ser violador de derechos humanos no impide mantener la pensión. El tema va por otro lado: cómo este país no tiene en cuenta un sistema de degradación. Ellos debieran perder sus cargos, porque mientras más jerarquía ostentan, más pensión reciben".

Respecto de la opción de retirar estas pensiones, el abogado señaló no estar de acuerdo con eso, pues "significa castigar a su familia, y la familia es distinta al sujeto. No se puede culpar a los cónyuges y sus hijos".

En tanto, el abogado que representa reos en Punta Peuco, Raúl Meza, planteó que "es un derecho adquirido durante el tiempo que permanecieron en el Ejército en calidad de funcionarios públicos, cumpliendo al término de sus funciones con todos los requisitos que establece la ley (…), como cualquier ciudadano tienen derecho a cubrir sus necesidades básicas y especialmente las de sus familiares frente a la incapacidad de generar ingresos".

Finalmente, indicó "que cualquier iniciativa de ley (que busque quitar ese derecho) vulneraría la cosa juzgada y la irretroactividad de la ley penal"