Torres Rivera Angel Custodio

La Corte de Apelaciones de Valparaíso aumentó hoy a 10 años de prisión las condenas a cinco militares en retiro por su participación en la muerte de nueve opositores a la dictadura militar en el llamado "Asalto a la Patrulla", en enero de 1974 en la ciudad de Quillota.

Según informaron fuentes judiciales, la sentencia de segunda instancia del tribunal de alzada porteño establece la reclusión efectiva sin beneficios para los ex uniformados.

El denominado "Asalto a la Patrulla" se remonta al 18 de enero de 1974 cuando militares inventaron la fuga de nueve prisioneros que luego fueron ejecutados a balazos bajo el puente San Isidro de Quillota.

Los cinco condenados son el entonces gobernador militar de Quillota, Ángel Custodio Torres; el director de la Escuela de Caballería Blindada de Quillota, Sergio Arredondo, y los uniformados en retiro Francisco Pérez Egert, Daniel Walter Ramos y Leonardo Quilodrán,

Ángel Custodio Torres y Sergio Arredondo ya fueron condenados por un juez en primera instancia a seis años de presidio efectivo el año pasado, mientras que los tres uniformados en retiro recibieron condenas a cinco años de presidio remitido.

De este modo, la Corte de Apelaciones de Valparaíso aumentó las condenas de los militares, sentencia que fue acogida con satisfacción por Karina Fernández, abogada del programa de derechos humanos del Ministerio del Interior.

"Dada la envergadura del daño que sufrieron las víctimas y sus familiares, el subir las penas y elevarlas a 10 años, a nosotros nos parece que al tratarse de desapariciones forzadas y homicidio nos deja conformes, porque se ha subido las penas a estos cinco condenados", precisó.

En tanto, Eda Hurtado, hija de Manuel Hurtado, uno de los asesinados, reconoció que esperaba penas aún más altas para los responsables de las ejecuciones dada "la envergadura del delito", aunque valoró positivamente que se hayan igualado las condenas de los cinco condenados.

Cinco ex uniformados fueron condenados por los ocho asesinatos registrados en enero de 1974 en el puente San Isidro, en la comuna de Quillota, Región de Valparaíso.

El ex gobernador militar Angel Custodio Torres y el coronel en retiro Sergio Arredondo recibieron seis años de presidio; el general (r) Francisco Pérez Eghert y Leonardo Quilodrán Burgos fueron condenados a cinco años y Daniel Valderrama a tres años y un día.

En enero de 1974, fueron ejecutadas ocho personas, entre ellas el ex alcalde socialista Pablo Gac Espinoza, el abogado Rubén Cabezas Paredes y el dirigente campesino Levi Arraño Sancho.

El caso fue dado a conocer como "asalto a la patrulla", en alusión a supuestos enfrentamientos entre extremistas y militares, versión que fue deslegitimada por el Informe Rettig tras el regreso a la democracia.

Diversas reacciones causó en Quillota la resolución de la ministra en visita Gabriela Corti de someter a proceso al ex gobernador militar de Quillota, general en retiro Ángel Custodio Torres Rivera en la causa conocida como "asalto a la patrulla".

Se trata del episodio registrado el 18 de enero de 1974, ocasión en que nueve detenidos políticos fueron asesinados cuando eran trasladados desde el Regimiento de Ingenieros a la Escuela de Caballería. Oficialmente se informó que la patrulla que los transportaba había sido asaltada por "elementos extremistas", producto de lo cual seis detenidos resultaron muertos, mientras otros dos -el ex alcalde Pablo Gac y el abogado Rubén Cabezas- se habrían dado a la fuga y sobre el noveno detenido, Levi Arraño, se negó toda información.

El año pasado, la ministra Corti estableció que los detenidos Manuel Hurtado, Hugo Aranda, Arturo Loo, Eduardo Manzano, Ángel Díaz y Víctor Fuenzalida fueron ejecutados por los militares, a balazos y granadas, en las cercanías del paso bajo nivel, en el Camino a San Isidro. Los cuerpos también sin vida de Gac, Cabezas y Arraño fueron llevados a la Escuela de Caballería, donde al día siguiente fueron retirados por un helicóptero de la Armada y lanzados al mar.

Producto de sus indagaciones -que se prolongan ya por casi dos años-, hace algunos meses la ministra Corti sometió a proceso al brigadier general (R) Francisco Pérez Egert; a los coroneles en retiro Sergio Arredondo González, Pedro Durcudoy Montandon y Daniel Walker Ramos; a los suboficiales en retiro Raúl Muñoz Gutiérrez, Leonardo Quilodrán y Sergio Placencia Sepúlveda y al suboficial mayor de Carabineros (R) Laureano Hernández Araya.

Ex gobernador provincial

Llamó la atención que el entonces Gobernador, Jefe Militar de Quillota y Comandante del Regimiento de Ingenieros, en la época coronel Ángel Custodio Torres, actual general en retiro, no hubiera declarado en la causa ni haya sido sometido a proceso, porque si bien pudo no haber participado directamente en los hechos, al menos sería encubridor, ya que firmó el bando con la versión burda y tergiversada de lo ocurrido, sosteniendo que se trató de un asalto extremista.

Las partes del expediente conocidas por ZonaImpacto.cl no arrojan plenas luces sobre el detalle, pero fuentes allegadas al proceso nos aseguraron que el ex gobernador estría afectado por demencia total. En el expediente hay un certificado médico que acusa pérdida parcial de memoria debido a su pronunciado alcoholismo.

Sin embargo, hace un par de meses Torres Rivera fue sometido a un nuevo examen en el Instituto Médico Legal, cuyo informe estableció que el más alto oficial involucrado en el episodio es absolutamente imputable, lo que motivó la resolución de la ministra en visita.

En Quillota, los familiares de las víctimas reaccionaron ante esta decisión reiterando su respaldo a la tramitación que la ministra Gabriela Corti ha dado a este proceso. Así lo manifestaron, entre otros, el profesor Pedro Pablo Gac, hijo del ex alcalde Pablo Gac, y la también docente Edda Hurtado, hija del ex dirigente socialista Manuel Hurtado.

EL ex comandante de la Escuela, Ángel Custodio Torres Rivera quien entonces tenía grado de coronel y se desempeñaba como Jefe de Inteligencia es uno de los responsables directos de los crímenes y desapariciones de:

Víctor Enrique Fuenzalida Fuenzalida, 35 años, Jefe del Departamento Técnico de la Corporación de la Reforma Agraria(CORA) de Quillota
Manuel Hernán Hurtado Martínez, 35 años, empleado de la Tesorería de Quillota
Osvaldo Mario Manzano Cortés, 32 años, obrero textil, Presidente del Sindicato de Rayon Said
Julio Arturo Loo Prado, 27 años, obrero textil, Secretario del Comité de Producción de Rayón Said
Ángel Mario Díaz Castro, dirigente poblacional, 41 años, obrero textil
Hugo Hernán Aranda Bruna, 30 años, soltero, agricultor, dirigente vecinal
Pablo Gac Espinoza, 43 años, Alcalde de Quillota
Rubén Guillermo Cabezas Pares, 46 años, abogado, Fiscal de la Corporación de Reforma Agraria (CORA) de Quillota
Levi Segundo Arraño Sancho, 27 años, obrero agrícola y Presidente del Comité Campesino San Isidro, de Quillota,

Las primeras 6 personas se encontraban detenidas desde septiembre de 1973 y muchas de ellas se presentaron voluntariamente a las “autoridades militares”, las 3 ultimas fueron detenidas el 17 de enero de 1974 y se encuentran desaparecidos hasta hoy.

El día 18 de enero todas fueron ejecutadas por decisión de Fernando Paredes y Sergio Arredondo González. Existen testigos que revelan que los tres últimos detenidos fueron asesinados e inhumados ilegalmente al interior de la Escuela de Infantería el 18 de enero de 1974 y confirman la participación en su secuestro de una serie de oficiales en retiro, entre ellos Ángel Custodio Torres Rivera quien entonces tenía grado de coronel y se desempeñaba como Jefe de Inteligencia; Al comandante de la patrulla, capitán Francisco Pérez Eghert y el teniente coronel (r), Sergio Arredondo González, procesado como uno de los principales inculpados en el caso Caravana de la Muerte.

El ministro en visita Julio Miranda condenó a penas de entre 6 y 5 años de presidio a cinco ex oficiales del Ejército, por el denominado caso “Asalto a la Patrulla”, hecho ocurrido el 18 de enero de 1974 en Quillota, donde murieron 9 prisioneros políticos.

En su fallo el magistrado condenó a los acusados Angel Custodio Torres Rivera (ex gobernador de Quillota) y Sergio Carlos Arredondo González como autores de los delitos de secuestro con grave daño cometidos en perjuicio de Rubén Cabezas, Pablo Gac, Levy Arraño, Víctor Fuenzalida, Manuel Hurtado, Hugo Aranda, Angel Díaz, Osvaldo Manzano y Arturo Loo, a las penas de 6 años de presidio.

También se condenó a Francisco Javier Pérez Egert (oficial a cargo de la patrulla) como autor del delito de secuestro con grave daño a la pena de 5 años de presidio.

Los acusados Daniel Javier Walter Ramos a la pena de 3 años y un día y a Leonardo Quilodrán Burgos por el delito de secuestor a cinco años de presidio.

En su fallo de primera instancia el ministro Julio Miranda absolvió a Pedro Durcudoy, Raúl Muñoz Gutiérrez y Laureano Hernández Araya, por no encontrarse suficientemente acreditada su participación en el proceso.

El hecho se produjo el 18 de enero de 1974, cuando una patrulla militar trasladaba a nueve prisioneros políticos desde el regimiento de Ingenieros hasta la Escuela de Caballería Blindada, cuando fueron acribilladas seis personas, junto a la detención y la desaparición de otros tres personeros, ex alcalde de Quillota, Pablo Gac, el abogado de la Cora, Rubén Cabezas, y el dirigente campesino, Levi Arraño.

Como insuficiente calificaron familiares de los nueve dirigentes socialistas asesinados en el montaje denominado "Asalto a la Patrulla" en el año 1974, la pena que la Corte Suprema dictó el pasado jueves para cinco militares en retiro implicados en el caso que conmocionó a la comunidad quillotana. A 37 años de los sucesos, el hijo del aquel ex alcalde de Quillota Pablo Gac Espinoza, Pedro Pablo Gac expuso que lo único rescatable de este dictamen es el hecho de que se esclareció que las víctimas no tuvieron culpabilidad alguna en el asunto y que quedaron como "héroes de la revolución chilena".

Cabe mencionar que la pena que dictó la Corte Suprema para estos cinco militares fue de 5 años con el beneficio de libertad vigilada para Ángel Custodio Torres Rivera y Sergio Arredondo González, mientras que para Leonardo Quilodrán Burgos, Daniel Gálvez Ramos y Francisco Pérez Egert se les aplicó una pena de 4 años de presidio. En tanto, el Máximo Tribunal absolvió a Pedro Alberto Durcudoy Montandon, Raúl Aurelio Muñoz Gutiérrez y Laureano Enrique Hernández Araya, por no encontrarse acreditada su participación en este proceso.

En el hecho acontecido el 18 de enero de 1974, que tuvo lugar en el sector de San Isidro en la comuna de Quillota, los militares simularon un ataque terrorista a una patrulla de la Escuela de Caballería de Quillota, disparando por las espaldas a Pablo Gac Espinoza, ex alcalde de Quillota; Rubén Guillermo Cabezas Pares, funcionario de la Corporación de Reforma Agraria (CORA), Levy Segundo Arraño Sancho, dirigente campesino, Mario Manzano Cortés y Arturo Julio Loo Prado, dirigentes sindicales; Víctor Enrique Fuenzalida Fuenzalida, directivo de la Reforma Agraria; Manuel Hernán Hurtado Martínez, funcionario de Tesorería; el dirigente vecinal Hugo Hernán Aranda Bruna y Ángel Mario Díaz Castro, dirigente agrícola.

CONDENA SIMBÓLICA

Para el hijo de ex alcalde de Quillota, la condena que la Corte Suprema es un simple acto simbólico, ya que para él, en casos como el Asalto a la Patrulla no existe una condena apropiada, ya que la gravedad de los hechos es inmensamente superior a cualquier tipo de castigo que pueda aplicar la justicia.

Por otro lado, dijo que el hecho de que la Justicia haya sentenciado una pena 37 años después de ocurridos los hechos es lamentable. En este sentido, Gac aseveró que "La Justicia chilena actúa de acuerdo a los vaivenes del país. Se perdieron 16 años por razones que no vale la pena ahondar, lo lamentable aquí es que se perdieron 20 años más".

En tanto, el hijo del ex funcionario de la CORA Rubén Cabezas, Pablo Cabezas, declaró que el falló en este caso era algo "esperable" considerando el comportamiento del Máximo Tribunal en los últimos días. Pese a ello, valoró que tras casi 20 años de abierto el caso, se logró dar con la verdad y sentenciar a los militares como reales culpables más allá de la pena que éstos recibieron.

PENA "INAUDITA"

Por su parte, el diputado Hugo Gutiérrez, quien como abogado se desempeñó en los años 90 como querellante en varias causas de Derechos Humanos, calificó como "inaudita" la pena aplicada por el Máximo Tribunal en este caso, argumentando que la baja condena solo causará un nuevo daño a los familiares de las víctimas, y planteó que con estos hechos queda demostrado que no existe un Estado comprometido con los casos de DD.HH.

El diputado comunista explicó que la investigación careció de rigurosidad, ya que los otros implicados en el caso (Durcudoy, Muñoz y Hernández), no fueron sentenciados por no haber sido autores materiales del crimen, sin haber considerado su participación intelectual.

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por secuestros calificados de Rubén Cabezas Pares, Pablo Gac Espinoza, Levy Arraño Sancho, Víctor Fuenzalida Fuenzalida, Manuel Hurtado Martínez, Hugo Aranda Bruna, Ángel Díaz Castro, Osvaldo Manzano Cortés y Arturo Loo Prado, en la causa conocida como “Asalto a la Patrulla-Quillota”.

En fallo dividido los ministros de la Segunda Sala Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller determinaron las siguientes penas contra quienes se indívidualiza:

Ángel Custodio Torres Rivera. 5 años de presidio. Se concedió el beneficio de la libertad vigilada.

Sergio Carlos Arredondo González. 5 años de presidio. Se concedió el beneficio de la libertad vigilada.

Francisco Javier Pérez Egert. 4 años de presidio. Se concedió el beneficio de la libertad vigilada.

Leonardo Quilodrán Burgos. 4 años de presidio. Se concedió el beneficio de la libertad vigilada.

Daniel Javier Walker Ramos. 4 años de presidio. Se concedió el beneficio de la libertad vigilada.

En el aspecto civil se determinó que los condenados Arredondo González, Pérez Egert y Quilodrán deben pagar de manera solidaria una indemnización de $ 30.000.000 (treinta millones de pesos) a cada uno de los grupos familiares de las 7 víctimas.

Asimismo se rechazó la demanda en contra del Fisco de Chile por estimarse la incompetencia del tribunal.

En el aspecto penal y civil la decisión se adoptó con el voto en contra de los ministros Segura y Ballesteros quienes eran partidarios de acoger la figura de la prescripción de la acción.

Dictan condena en investigación de DD.HH. conocida como Asalto a patrulla militar
El caso asalto a la patrulla alude un simulacro de ataque extremista, el 17 octubre de 1974, y que en realidad fue la ejecución de ocho personas y la posterior desaparición de dos de ellas.
El ministro en visita extraordinario de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Julio Miranda Lillo dictó condena contra varios implicados en el denominado caso "Asalto a la patrulla militar", ocurrido en Quilllota el 17 de enero de 1974.

El magistrado determinó sanciones a los autores de los delitos de secuestro con grave daño cometidos en perjuicio de Rubén Guillermo Cabezas Pares, Pablo Gac Espinoza, Levy Segundo Arraño Sancho, Víctor Enrique Fuenzalida Fuenzalida, Manuel Hernán Hurtado Martínez, Hugo Hernán Aranda Bruna, Ángel Mario Díaz Castro, Osvaldo Mario Manzano Cortés y Arturo Julio Loo Prado.
Las sanciones son las que se detallan a continuación:
-Angel Custodio Torres Rivera: 6 años, sin beneficios.
-Sergio Carlos Arredondo González: 6 años, sin beneficios
-Francisco Javier Pérez Egert: 5 años. Se concedió el beneficio de libertad vigilada.
-Leonardo Quilodrán Burgos: 5 años Se concedió el beneficio de libertad vigilada.
-Daniel Javier Walker Ramos: 3 años y un día. Se concedió el beneficio de libertad vigilada.
-Pedro Alberto Durcurdoy Montandón: absuelto por falta de participación.
-Raúl Aurelio Muñoz Gutiérrez: absuelto por falta de participación.
-Laureano Enrique Hernández Araya: absuelto por falta de participación.
Asimismo, el ministro Miranda Lillo determinó acoger las demandas civiles deducidas y condenar, en forma solidaria, al Fisco y a los condenados Ángel Custodio Torres Rivera, Sergio Carlos Arredondo González, Francisco Javier Pérez Egert, Daniel Javier Walker Ramos y Leonardo Quilodrán Burgos a pagar a los querellantes que actuaron en representación de las nueve víctimas de esta investigación, la cantidad de novecientos millones de pesos ($900.000.000) correspondiendo, en consecuencia, la cifra de cien millones de pesos ($100.000.000) por cada una de las víctimas
Esta es la segunda condena que dicta el ministro Miranda Lillo en causas por violaciones a los derechos humanos a su cargo.
Caso asalto a patrulla militar
El caso asalto a la patrulla alude un simulacro de ataque extremista, el 17 octubre de 1974, y que en realidad fue la ejecución de ocho personas y la posterior desaparición de dos de ellas.
Un bando oficial de la época informó que seis prisioneros murieron en una refriega, cuando elementos extremistas asaltaron la patrulla que los trasladaba, al mando del entonces capitán Francisco Pérez Egart.
Los otros dos prisioneros, el ex alcalde de Quillota Pablo Gac Espinoza, y el abogado fiscal de la CORA, Rubén Cabezas Parés, fueron llevados a la Escuela de Caballería. El bando de la jefatura militar dio cuenta que ambos se habían fugado.

Quillota, Chile. En fallo unánime la Corte de Apelaciones de Valparaíso, condenó a siete de años de presidio, sin beneficios, a cinco oficiales en retiro del Ejército, como autores del delito de secuestro con grave daño cometido en contra de nueve prisioneros políticos, en el caso conocido como "Asalto a la Patrulla", hecho ocurrido el 18 de enero de 1974, en Quillota

En la resolución adoptada por el tribunal de alzada porteño, en sentencia de segunda instancia, se estableció que Ángel Custodio Torres Rivera, ex gobernador de Quillota; Sergio Carlos Arredondo González, ex director de la escuela de Caballería Blindada; Francisco Javier Pérez Egert, comandante de la patrulla militar; Leonardo Quilodrán Burgos y Daniel Walker Ramos, fueron condenados a siete años de presidio, sin beneficios.

Las víctimas fueron Rubén Guillermo Cabezas Pares (abogado de la Cora), Pablo Gac Espinoza (alcalde de Quillota), Levy Segundo Arraño Sancho (dirigente campesino), cuyos cuerpos no han sido encontrados, además de las ejecuciones de Víctor Enrique Fuenzalida Fuenzalida, Manuel Hernán Hurtado Martínez, Hugo Hernán Aranda Bruna, Ángel Mario Díaz Castro, Osvaldo Mario Manzano Cortés y Arturo Julio Loo Prado.

En el fallo se estableció que los ex militares fueron condenados a 10 años y un día de presido, pero fueron beneficiados por su irreprochable conducta anterior, y no perjudicándoles agravante alguna, no se les aplicó la pena en el grado máximo, por lo que finalmente se impuso una condena de siete años de presidio mayor en su grado mínimo.
En el fallo de primera instancia del octubre de 2008, dictado por el ministro en visita Julio Miranda Lillo, se había condenado a los ex uniformados a penas de entre tres a seis años de presidio.

Penas Desproporcionadas
Según explicó Karinna Fernández, abogada del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, el fallo si bien aumenta la pena de los condenados en primera instancia, a 10 años, "deja demostrada la existencia de penas desproporcionadas, cuando se trata de casos seguidos por graves violaciones a los derechos humanos en el pasado, toda vez que se trata del secuestro de nueves víctimas, que permanecen actualmente desaparecidas".
Además, se revoca el beneficio de la libertad vigilada a los sentenciados Pérez Egert, Walter Ramos y Quilodrán Burgos, pues por la extensión de la pena impuesta, no procede otorgarles beneficio alternativo alguno para su cumplimiento.
Se confirmó la absolución de Pedro Alberto Durcudoy Montandon, Raúl Aurelio Muñoz Gutiérrez y Laureano Enrique Hernández Araya por no encontrarse suficientemente acreditada su participación en este proceso y a quienes se les consideró que actuaron por obediencia debida a sus superiores.