Torres Guajardo Hector Armando

Dictamen del magistrado por secuestro de Guillermo del Canto afectó a dos oficiales y un sargento del Ejército, todos retirados, además de un ex comisario de Investigaciones.

El ministro en visita Alejandro Solís Muñoz dictó su 15ª condena por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar desde que heredó parte de las causas que investigó el ex ministro de Juan Guzmán Tapia en contra de Augusto Pinochet.

Solís condenó al general (R) Gabriel del Río, al capitán (R) Claudio Lecaros Carrasco y al ex sargento Antonio Aguilar Barrientos, todos del Ejército, y al otrora comisario de Investigaciones Héctor Torres Guajardo a 10 años y un día de presidio por el secuestro del militante del MIR Guillermo del Canto Ramírez, ocurrido en enero de 1974. En calidad de cómplice fue sentenciado a cinco años y un día de cárcel al ex detective Nelson Volta Rozas.

En mayo de 2006, el ministro en visita Víctor Montiglio Rezzio había favorecido al general (R) Del Río con la aplicación del decreto ley de Amnistía de 1978 por los crímenes de la denominada Caravana de la Muerte en la ciudad de San Javier, Región del Maule, por lo que ésta es la primera sentencia que afecta al militar que fue intendente en los primeros días del régimen.

En tanto, el resto de los condenados ya enfrentan sentecias a presidio remitido por las torturas que se desarrollaron al interior de la Escuela de Artillería de Linares entre 1973 y 1974, en causa que investigó el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Talca Víctor Stenger Larenas.

Guillermo del Canto Ramírez tenía 30 años al momento de su detención y era secretario regional del MIR de Linares-Maule, por lo tanto integrante del Comité Central del partido de izquierda. Desde noviembre de 1973, era intensamente buscado por integrantes del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) en la zona donde además era funcionario de la Corporación de Reforma Agraria (CORA).

Pese a la intensa búsqueda en la Región del Maule, Del Canto Ramírez había logrado salir hacia Santiago para refugiarse en la casa de unos primos ubicada en calle Santa Clara 560, La Cisterna, donde fue capturado en la madrugada del

2 de enero de 1974.

Los efectivos militares irrumpieron en la vivienda y se llevaron a Del Canto Ramírez y su esposa, Marianela Méndez Soto, para trasladarlo a la Escuela Militar y la Escuela de Artillería de Linares, desde donde se perdió el paradero del técnico agrícola.

El ministro Alejandro Solís es el juez que más condenas ha dictado en casos de violaciones a los derechos humanos desde que el 14 de octubre de 2002 la Corte Suprema decidiera dividir las más de 200 querellas que tramitó ex juez Juan Guzmán Tapia.

En aquella ocasión, se nombraron además de Solís a los ministros Jorge Zepeda Arancibia y Daniel Calvo Flores, quien luego fue reemplazado por Joaquín Billard Acuña, mientras que Guzmán se quedó sólo con los procesos denominados Caravana de la Muerte, Operación Colombo, Operación Cóndor I y II y Calle Conferencia, los que tramitó hasta su jubilación en marzo de 2005 sin dictar condenas.

El ministro en visita Alejandro Solís procesó a cinco miembros en retiro del Ejército y dos ex detectives como autores de secuestro calificado de tres militantes del MIR y un dirigente sindical, quienes fueron vistos con vida por última vez en la Escuela de Artillería de Linares entre el 12 de septiembre de

1973 y el 2 de enero de 1974.

El dictamen se convierte en una ampliación de la resolución que dictó el 6 de julio de 2003, ocasión en que encausó a seis ex uniformados por otros casos de detenidos desaparecidos contenidos en el mismo episodio.

El magistrado decidió encausar al coronel (r) Gabriel del Río Espinoza, quien era el comandante del mencionado recinto y -a la vez- intendente regional en la época, al coronel (r), Claudio Abdón Lecaros Carrasco, al ex comisario de Investigaciones Héctor Torres Guajardo, al suboficial mayor (r) Antonio Aguilar Barrientos y al comisario (r) de Investigaciones Nelson Volta Rosas, en calidad de autores del delito de secuestro calificado de Guillermo del Canto Ramírez, dirigente del MIR.

Según la investigación sustanciada por Solís, siendo las 00:30 horas del 2 de enero de 1974, Del Canto fue detenido mientras se encontraba junto a su cónyuge Marianela Méndez Soto en el domicilio de su primo Félix Ignacio Valenzuela Ferrer, ubicado en calle Santa Clara Nº 560 de la comuna de La Cisterna.

En efecto, ingresaron al lugar varios funcionarios que dijeron pertenecer al Regimiento de la ciudad de Linares, los que detuvieron a del Canto Ramírez y a su primo, por tratarse de un ”encubridor” –según manifestaron los aprehensores- .

Ambos detenidos fueron llevados en un camión hasta la Escuela Militar de Santiago, lugar en que fueron interrogados. A la mañana siguiente, Valenzuela Ferrer fue dejado en libertad en tanto que Guillermo del Canto fue trasladado hasta el Regimiento de Artillería de Linares, donde permaneció detenido algunos días, siendo interrogado y torturado para, posteriormente, en una fecha no determinada, ser conducido al campo de prisioneros de Tejas Verdes de San Antonio, donde se perdió su rastro hasta hoy.

Otras tres víctimas

Por otra parte, el ministro Solís procesó al general (r) Carlos Edmundo Morales Retamal, a la sazón director de la Escuela de Artillería de Linares, en su calidad de autor del delito de secuestro calificado en contra de la estudiante universitaria y ex militante del MIR María Isabel Beltrán Sánchez, cometido a contar del 18 de septiembre de 1973.

Al ex comisario de Investigaciones Héctor Armando Torres Guajardo y al suboficial mayor (r) Antonio Aguilar Barrientos, como autores del delito de secuestro calificado en contra del ex militante del MIR Héctor Hernán Contreras Cabrera, cometido a contar del 8 de diciembre de 1973.

Por último, el juez encausó al coronel (R) Juan Hernán Morales Salgado, en su calidad de autor del delito de secuestro calificado en la persona de José Alfonso Saavedra Betancourt, ex dirigente sindical de la empresa Celco, perpetrado desde el 12 de septiembre de 1973.

El magistrado otorgó la libertad provisional a todos los procesados y sólo en el caso de Morales Salgado, quien por primera vez es imputado en esta causa, el beneficio fue entregado con consulta a la Corte de Apelaciones.

La Primera Sala del tribunal de alzada confirmó este martes la excarcelación del ex militar, con los votos favorables de los ministros Juan Cristóbal Mera y Amanda Valdovinos, además del abogado integrante Benito Mauriz.

Compañeros de Mery

En el procesamiento, que consta de más de 60 páginas, el ministro Solís dejó estampadas las varias alusiones que existen en estos casos por la participación del ex director de Investigaciones en la detención de estos opositores al régimen militar.

De hecho, varios testigos lo sindican como parte del grupo de agentes que detuvo a María Isabel Beltrán. Asimismo, uno de los detectives que prestó servicios en la Escuela de Artillería, Armando Torres Guajardo, sostuvo que en esa unidad "había un Departamento de Seguridad, a cargo del capitán Lecaros y contaba con otros funcionarios, como Nelson Mery, al mando de Jorge Zincke.

Participaba en los interrogatorios y respecto de María Isabel Beltrán, militante del MIR, arrestada en Santiago, presenció unos 3 interrogatorios a cargo del capitán Lecaros, el cual, para amedrentarla, la golpeaba, en la espalda, con un “churro” de goma".

En tanto, uno de los sobrevivientes de la Escuela de Artillería de Linares, Osvaldo Efraín Salazar Saavedra, quien fue detenido el 19 de diciembre de 1973 por un pelotón de militares y detectives que lo llevaron a la Escuela Militar y luego fue trasladado a la Escuela de Artillería de Linares, afirma que en ese grupo participó Nelson Mery.

Por su parte, el ex director de la policía civil, quien abandonó su cargo por su supuesta vinculación a violaciones a los derechos humanos, declaró en el procesó que "el 12 de septiembre de 1973, siendo detective, fue designado como Oficial de enlace en la Escuela de Artillería de Linares y en una ocasión lo llamaron de la “Oficina de Inteligencia” y Aguilar le preguntó si conocía a Patricia Contreras, a quien ubicaba por ser amigo de su hermana, Elena".

"Contestó que sí y le ordenaron ir a Santiago porque aquella estaría involucrada en un ocultamiento de armas en Panimávida. Llegaron a una casa en calle Cienfuegos, en un jeep militar, a cargo del capitán Humberto Julio, iban además el sargento Aguilar y el detective Volta; la detuvieron y la llevaron a la Escuela Militar; al día siguiente, yendo de regreso, bajó del jeep y miró en el camión en que iba aquella y se encontró, además, con María Isabel Beltrán, quien fue detenida por los efectivos militares", añadió.

"Siempre estimó que María Isabel Beltrán era un objetivo de inteligencia militar como lo dijo por escrito el coronel Morales Retamal, quien señala que aquella pertenecía a una célula mirista, mantenía actividades extremistas en Parral y en la infiltración de personas en las Fuerzas Armadas, principal cargo por el cual fue detenida", aseguró Mery al tribunal.

El general (R) Jorge Zincke informó que Mery interrogaba en Linares pero que no trasladaba personas.

El ex vicecomandante en jefe del Ejército, teniente general (R) Jorge Zincke, quien está procesado por la desaparición de prisioneros desde la Escuela de Artillería de Linares, confirmó ayer que el director general de Investigaciones Nelson Mery, operó como interrogador de los detenidos en ese regimiento.

 “Así es, él interrogaba”, dijo escuetamente Zincke luego de ser sometido a un nuevo interrogatorio por el ministro en visita Alejandro Solís, quien el 6 de junio pasado lo declaró reo por el secuestro y desaparición de José Campos Morales y Alejandro Mella Flores. Zincke también afirmó que Mery no tenían nada que ver con el traslado de personas.

Al momento del golpe militar de septiembre de 1973, Zincke era el jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo de la Escuela de Artillería de Linares. Ayer el abogado Jorge Mario Saavedra, patrocinador de la querella por injurias que interpuso Mery en contra de la ex detenida Odette Alegría, quien lo acusó de abuso sexual, declaró a Radio Agricultura que Mery “nunca interrogó, él sólo entrevistaba a los detenidos, porque era sólo un ave de paso por la Escuela de Artillería”.

El director de Investigaciones Nelson Mery también fue interrogado en su momento por el ministro Solís en la causa por los desaparecidos de Linares. Dada las revelaciones de que Mery fue un hombre activo en ese regimiento durante los primeros meses del régimen militar, el gobierno le pidió que se tomara vacaciones.

En la causa, el juez Solís procesó además a los generales (R) Carlos Morales Retamal y Humberto Julio Reyes. También encausó a los coroneles (R) Juan Morales Salgado, Félix Cabezas Salazar y Claudio Lecaros Carrasco, así como al suboficial (R) Antonio Aguilar Barrientos y al funcionario de Investigaciones (R) Héctor Torres Guajardo.

Los otros siete detenidos desaparecidos de Linares son: Rubén Bravo Bravo, Anselmo Cancino Aravena, Hernán Contreras Cabrera, María Isabel Beltrán Sánchez, Waldo Villalobos Moraga, Guillermo del Canto Ramírez y Luis Tapia Concha.

Según la dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Linares, Zolidia Leiva, Mery detuvo personalmente a Tapia Concha, quien era su esposo.

Histórico. La Segunda Sala de la Corte Suprema refrendó en fallo unánime el dictamen que condenó al Estado por torturas cometidas por efectivos del Ejército en contra de civiles tras el golpe militar en la Escuela de Artillería de Linares.

Así lo informó El Ciudadano, medio que precisó que, según la resolución, "el Fisco deberá pagar $40 millones a Belarmino Sepúlveda Bueno, Pedro Sancho Barros, José Cifuentes Arcoverde y Luis Zurita Figueroa, quienes fueron prisioneros políticos sometidos a tormentos en esa unidad militar de la región del Maule en 1973 y 1974".

La sentencia indica textual: “Las acciones civiles aquí entabladas por las víctimas en contra del Fisco, tendientes a conseguir la reparación de los detrimentos ocasionados, encuentra su fundamento en los paradigmas generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación completa”.

INSERCIÓN DE PRENSA

Además, agrega el portal noticioso, el Estado deberá pagar una inserción de prensa en un diario de Talca y otro en Linares, en que se “haga público lo sustancial de lo fallado en autos rol N° 01-2003 por el Ministro de Fuero del Segundo Juzgado de Letras de Linares, Víctor Stenger Larenas”.

En relación a los victimarios, Nelson Volta Rozas fue condenado a catorce penas de 61 días de presidio; Héctor Armando Torres Guajardo, recibió seis penas de 61 días de presidio; Claudio Abdón Lecaros Carrasco, dos penas de 61 días; y a Antonio Aguilar Barrientos, a cuatro penas de 61 días de presidio. A estas personas se les sindica como responsables del delito de "aplicación de tormentos a reos de la Escuela de Artillería de Linares entre 1973 y 1974".

Según la resolución, el Fisco a pagar $40 millones a Belarmino Sepúlveda Bueno, Pedro Sancho Barros, José Cifuentes Arcoverde y Luis Zurita Figueroa, quienes fueron prisioneros políticos sometidos a tormentos en esa unidad militar de la región del Maule en 1973 y 1974.

“Las acciones civiles aquí entabladas por las víctimas en contra del Fisco, tendientes a conseguir la reparación de los detrimentos ocasionados, encuentra su fundamento en los paradigmas generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación completa”, precisa la sentencia.

Además, el Estado deberá pagar una inserción de prensa en un diario de Talca y otro en Linares, en que se “haga público lo sustancial de lo fallado en autos rol N° 01-2003 por el Ministro de Fuero del Segundo Juzgado de Letras de Linares, Víctor Stenger Larenas”.

Esto es penas aflictivas para que condenó a Nelson Volta Rozas, catorce penas de 61 días de presidio; Héctor Armando Torres Guajardo, con seis penas de 61 días de presidio; Claudio Abdón Lecaros Carrasco, dos penas de 61 días y a Antonio Aguilar Barrientos, a cuatro penas de 61 días de presidio como responsables del delito de aplicación de tormentos a reos de la Escuela de Artillería de Linares entre 1973 y 1974.

Ese dictamen se convierte en una ampliación de la resolución que dictó el propio magistrado el 6 de julio de 2003, ocasión en que encausó a seis ex uniformados por otros casos de detenidos desaparecidos a raíz del golpe militar de 1973.

Los encausados son el coronel (r) Gabriel del Río, quien era el comandante de la Escuela de Artillería de Linares e intendente regional en la época, y al coronel (r) Claudio Abdón Lecaros,

La lista también incluye al ex comisario de Investigaciones Héctor Torres Guajardo, al suboficial mayor (r) Antonio Aguilar Barrientos y al comisario (r) de Investigaciones Nelson Volta Rosas, todos en calidad de autores del delito de secuestro de Guillermo del Canto.

Según los antecedentes, el 2 de enero de 1974, Del Canto fue detenido mientras se encontraba junto a su cónyuge Marianela Méndez en el domicilio de un primo, a quien también arrestaron por presunto encubrimiento.

Ambos detenidos fueron llevados en un camión hasta la Escuela Militar de Santiago, donde fueron interrogados, y al día siguiente el último fue liberado, pero a del Canto lo condujeron hasta el Regimiento de Artillería de Linares, donde permaneció detenido algunos días.

Allí fue torturado y luego conducido al campo de prisioneros de Tejas Verdes, en la localidad de San Antonio, de donde sus familiares le perdieron la pista.

Otro de los procesados por el magistrado fue el general (r) Carlos Edmundo Morales Retamal, a la sazón director de la Escuela de Artillería de Linares, en su calidad de autor del delito de secuestro contra de la estudiante universitaria María Isabel Beltrán Sánchez.

También al ex comisario de Investigaciones Héctor Armando Torres y al suboficial mayor (r) Antonio Aguilar, como autores del delito de secuestro en contra del ex militante del MIR Héctor Hernán Contreras, cometido en una fecha no precisada luego del 8 de diciembre de 1973.

Por último, el juez encausó al coronel (R) Juan Hernán Morales, en su calidad de autor del delito de secuestro en la persona de José Alfonso Saavedra, ex dirigente sindical de la empresa CELCO, perpetrado desde el 12 de septiembre de 1973.

Solís otorgó la libertad provisional a todos los procesados y sólo en el caso de Morales, quien por primera vez es imputado en esta causa, el beneficio fue entregado con consulta a la Corte de Apelaciones.

Nelson Volta Rozas, Héctor Torres Guajardo, Hugo González Yáñez, Claudio Lecaros Carrasco y Antonio Aguilar Barrientos son autores de delitos de lesa humanidad y tortura, según la investigación del ministro de fuero Víctor Stanger Larenas. La causa dictó además un sobreseimiento en favor del ex Director de la Policía de Investigaciones.
El Ministro de Fuero Victor Stenger Larenas dictó fallo de primera instancia en el marco de la investigación que sustanciaba por los delitos de tortura y lesa humanidad ocurridos en Linares entre los años 1973 y 1974 bajo el gobierno de Augusto Pinochet.
Las torturas. según indica el expediente que acumuló 12 tomos y 4256 fojas, ocurrieron principalmente en dependencias de la Escuela de Artillería de Linares.
Todos los sentenciados tienen la calidad de autores de haber aplicado ‘tormento a un reo', delito contemplado en el Artículo 150 Nº 1 del Código penal vigente al momento de ocurrir los hechos.
El dictamen judicial afecta a funcionarios públicos que trabajaron junto al ex Director de Investigaciones Nelson Mery: se trata del ex funcionario de Investigaciones Nelson Volta Rozas, como autor de catorce delitos; Héctor Armando Torres Guajardo funcionario de la Policía Civil como autor en seis delitos; Hugo Enrique González Yánez ex miembro de Carabineros, como autor de tres delitos; Claudio Abdón Lecaros Carrasco, ex integrante de las filas del Ejército, como autor de dos delitos; y Antonio Aguilar Barrientos, que también perteneció a las filas castrenses como autor de cuatro delitos.
Respecto a las penas que aplicó el Ministro Stenger, cada uno de los sentenciados, de ser ratificado el dictamen, deberá cumplir una condena de sesenta y un días de presidio menor en su grado mínimo por cada una uno de los delitos establecidos.
El dictamen judicial además contempla las accesorias de suspensión de cargo u oficios públicos durante el tiempo de la condena y al pago de las costas de la causa.
Por otra parte, el ministro de fuero argumenta que los vejámenes a los cuales estuvieron sometidos los detenidos están descritos y presentes en los artículos 5 y 7 de recientemente aprobado estatuto de la Corte Internacional y el Artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
A la salida del Tribunal, el Ministro Stenger señaló que "se ha dictado fallo en una causa que se inicio en un comienzo contra Nelson Mery y que al final ha terminado con una sentencia respecto de los funcionarios públicos que trabajaron con él en la Escuela de Artillería en los años 1973 y 1974, su contenido en la parte resolutiva y los fundamentos jurídicos están exactamente en el fallo".
Respecto a la situación de Nelson Mery, se dictó un sobreseimiento en Talca el que fue ratificado por la Corte en la Región Metropolitana.
Los abogados de los sentenciados tienen desde el momento de la notificación cinco días para apelar a las resoluciones. Se espera que durante esta jornada se conozca la reacción por parte de los integrantes de la Agrupación de Ex Presos Políticos que interpusieron esta querella en agosto del año 2004.