Torres Gacitúa Jaime Fernando

La Corte de Apelaciones aumentó las condenas de los autores del secuestro con posterior homicidio del ex químico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Eugenio Berríos, y a quienes conformaron una asociación ilícita con el fin de asesinarlo, en 1992 en Uruguay.

En fallo dividido, los ministros de la Quinta Sala del tribunal de alzada Carlos Cerda, Gloria Ana Chevesich y la abogada integrante Teresa Álvarez confirmaron, en el aspecto de penal, la sentencia del ministro Madrid, y aumentaron los períodos de presidio.

Así el mayor (r) Arturo Silva Valdés fue condenado a una pena efectiva de 15 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro con homicidio y 5 años y un día por asociación ilícita.

El ex jefe de la DINE general (r) Hernán Ramírez Rurange recibió una pena efectiva de 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro; 10 años y un día por asociación ilícita, y absuelto de obstrucción a la justicia, mientras que el ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva fue condenado a 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de asociación ilícita.

En el aspecto civil, la sala revocó la resolución que había acogido la demanda de indemnizaciones a favor de Fabiola Letelier del Solar y Gladys Schmeisser, pero mantuvo el pago de $20.000.000 para la sucesión representada por el querellante Gonzalo Berríos Sagredo.

El resto de las condenas de la Corte

Eugenio Covarrubias Valenzuela: 10 años y un día por su responsabilidad como autor de del delito de secuestro; 5 años y 1 día por asociación ilícita, y absuelto de su participación como encubridor de secuestro con homicidio y obstrucción a la justicia. Sin beneficios.

Jaime Torres Gacitúa: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 5 años y un día por asociación ilícita. Sin beneficios.

Manuel Provis Carrasco: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 5 años y un día por asociación ilícita. Sin beneficios.

Pablo Rodríguez Márquez: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 800 días por asociación ilícita. Sin beneficios.

Raúl Lillo Gutiérrez: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 800 días por asociación ilícita. Absuelto del cargo de obstrucción a la justicia. Sin beneficios.

Manuel Pérez Santillán: 5 años y un día por su responsabilidad como cómplice del delito de secuestro y absuelto del cargo asociación ilícita. Sin beneficios.

Tomás Casella Santos (militar uruguayo): 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 5 años y un día asociación ilícita. Sin beneficios.

Eduardo Radaelli Copolla (militar uruguayo): 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 800 días por asociación ilícita. Sin beneficios.

Wellington Sarli Pose (militar uruguayo): 5 años y un día por su responsabilidad como cómplice del delito de secuestro y 60 días por asociación ilícita. Sin beneficios.

Marcelo Sandoval Durán: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro, 800 días por asociación ilícita y absuelto por infracción al artículo 295 bis del Código Penal. Sin beneficios.

Nelson Román Vargas: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro, 800 días por asociación ilícita y absuelto del cargo de infracción al artículo 295 bis del Código Penal. Sin beneficios.

Enrique Ibarra Chamorro: absuelto por su responsabilidad como autor del delito de asociación ilícita.

Mario Cisternas Orellana: absuelto por su responsabilidad como autor del delito de infracción al artículo 295 bis del Código Penal.

Nelson Hernández Franco: absuelto por su responsabilidad como autor del delito de infracción al artículo 295 bis del Código Penal.

Erika Silva Morales: absuelta por su responsabilidad como autor del delito de infracción al artículo 295 bis del Código Penal.

Emilio Rojas Gómez: absuelto por su responsabilidad como autor del delito de obstrucción a la justicia.

 

El fallo del ministro Alejandro Madrid

En septiembre de 2010, el ministro Alejandro Madrid dio a conocer la resolución de la extensa sentencia en la cual condenó a los autores del secuestro con posterior homicidio del ex químico de la DINA. El magistrado acreditó en la investigación que Berríos fue ocultado para evitar que declarara en la investigación por el homicidio del ex canciller Orlando Letelier.

En su fallo estableció que los hechos ocurrieron entre los años 1991 a 1993 -cuando apareció el cuerpo en una playa- un período "de plena vigencia del orden constitucional", y que fue perpetrado por "personal militar en servicio activo de los Ejércitos de Chile y Uruguay".

Aquella vez, la pena más alta, de los 14 condenados fue para el mayor (r) Arturo Silva Valdés, condenado a una pena efectiva de 10 años y un día como autor de secuestro con homicidio y 3 años y un día por asociación ilícita.

Al ex jefe de la DINE general (r) Hernán Ramírez Rurange le dio pena efectiva de 5 años y un día por secuestro y 3 años y un día por asociación ilícita, al igual que al mayor (r) Jaime Torres Gacitúa y el brigadier (r) Manuel Provis.

Al ex director de la DINE general (r) Eugenio Covarrubias le dio 3 años y un día por secuestro y 541 días por asociación ilícita, con libertad vigilada.

Al ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva lo condenó a 3 años y un día por asociación ilícita y sin beneficios, y al mayor (r) Raúl Lillo a 5 años y un día por secuestro y 100 días por asociación ilícita.

Se suman los militares Pablo Rodríguez Márquez, Marcelo Sandoval y Nelson Román a 3 años y un día por secuestro y 60 días por asociación ilícita.

El ministro absolvió a todos quienes estaban procesados por obstrucción a la justicia, delito que está derogado, y por la infracción de no denunciar la asociación ilícita. Entre ellos, a Mario Cisternas, Nelson Hernández, Érika Silva y Emilio Rojas. Y el coronel (r) Enrique Ibarra, de asociación ilícita.

La titular del Sexto Juzgado del Crimen de Santiago, Olga Pérez, ordenó la detención preventiva de dos militares en retiro del Ejército, en el marco de la investigación por la muerte del ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el químico Eugenio Berríos, asesinado en Uruguay en 1993.

La decisión afecta al comandante (r) Jaime Torres Gacitúa y el mayor (r) Arturo Silva Valdés y fue adoptada luego que el domingo pasado realizara una ronda de reconocimientos en la Brigada de Homicidios de la policía civil.
Arturo Silva Valdés ayudó a Berríos a salir del país en 1991, cuando era buscado para que declarara en el proceso por el homicidio del ex canciller Orlando Letelier.

En tanto, Arturo Silva Valdés estuvo a cargo de la custodia del ex DINA mientras permanecía en Uruguay.

Además de violar los derechos humanos, asesinando y haciendo detener a opositores a la dictadura, cuatro detenidos en Punta Peuco fueron acusados por el Consejo de Defensa del Estado de haber cometido fraude al fisco.

La acusación sostiene que los condenados “no cumplían ni cumplen con los requisitos para haberse acogido a la pensión de inutilidad de segunda clase que les fue otorgada. No tienen, según sus propios dichos, ninguna limitación física o mental que les impida desarrollar alguna actividad laboral en completa normalidad”.

Se trata de Enrique Neira, Patricio Ferrer Ducaud, Jaime Torres Gacitúa y Rubén Fiedler Alvarado. Entre los cuatro, reciben pensiones que suman más de 7 millones de pesos. Enrique Neira dobra $2.605.979, Patricio Ferrer $2.161.406 pesos, Jaime Torres $1.647.687 pesos y Rubén Fiedler $1.340.000 pesos.

Mientras que se mantiene la investigación contra otros detenidos: Emilio Neira Donoso, quien fue agente de la CNI; Patricio Ferrer Ducaud, oficial de la fuerza aérea. Otro caso que está en investigación es el de Rivera, exabogada de Capredena y Patricio Franjola.

Quienes son los querellados Jaime Fernando Torres Gacitúa CNI. Fue condenado a cinco años y un día por su participación en el "Caso Berrios".

Mayor (r) Patricio Ferrer Ducaud, condenado a 15 años de prisión en diciembre de 2013 por su participación en el asesinato de 14 personas en Antofagasta, en el caso Caravana de la Muerte.

Enrique Neira Donoso agente de la CNI, que participó de la Operación Albania, donde se asesinó a 12 personas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Actualmente en libertad.

Rubén Fiedler Alvarado condenado a 5 años y un día por la muerte de Horacio Carabantes Olivares, Alfredo García Vega, María Isabel Gutiérrez Martínez, Fabián Ibarra Córdova, Sonia Ríos Pacheco, Carlos Rioseco Espinoza, Abel Vilches Figueroa y Elías Villar Guijón. Prófugo durante años.

 “A ese hombre lo vi junto a Berríos”, musitó el doctor uruguayo Juan Ferrari Grillo apostado junto a la jueza Olga Pérez en la ventanilla para reconocimiento de presos en un juzgado de Santiago. Era la mañana del lunes 14 de octubre y Ferrari señaló al apuesto y elegante teniente coronel Arturo Silva Valdés. Desde su incómoda posición, sin ver al testigo que lo observaba, el hombre que durante diez años fue el dueño de la retaguardia y de los desplazamientos del general Augusto Pinochet, nunca imaginó que en ese preciso instante un médico entregaba una de las últimas piezas que le han permitido a la jueza Olga Pérez armar el engorroso puzzle del asesinato del químico y ex agente de la DINA Eugenio Berríos. Y que lo inculpa.

Olga Pérez no olvidará lo que vivió el 14 y 15 de octubre. Preparó todo en el más completo sigilo. En una sala especial esperaban dos testigos que ella hizo traer desde Uruguay en una diligencia que se rodeó del mayor secreto, al punto que ambos sólo se conocieron en el aeropuerto. Ni el médico Juan Fe

rrari (44 años) ni el conserje de un elegante edificio del pintoresco barrio de Pocitos en Montevideo, Luis Minguez (53), sabían que a partir de ese momento sus vidas quedarían atadas. Y ello ocurrió cuando en la rueda de sospechosos cada uno y con total certeza pudo identificar a los hombres que custodiaron a Berríos durante su estadía en Uruguay, y lo más importante, a los dos hombres que se lo llevaron el último día que se le vio con vida frente al Policlínico del Balneario Parque del Plata, a 50 kilómetros de Montevideo.

Más tarde, la jueza esbozó la primera sonrisa de la jornada cuando intempestivamente ingresó a una sala acompañada del conserje Luis Minguez, y EL SUBOFICIAL SALGADO -tras dar un leve paso hacia atrás- le extendió la mano a Minguez ante el estupor de los otros militares inculpados. Un saludo que tuvo más valor que cien testimonios.

-Me causó impresión encontrarme con uno de los hombres que conocí junto a Berríos. Este señor está más delgado, más avejentado…Lo reconocí de inmediato y nos dimos la mano con gusto. Incluso él me llevó un presente de Chile: una botella de pisco -cuenta Minguez horas antes de partir de regreso a su país.

Ferrari y Minguez cumplieron así con una diligencia que debió haberse hecho en Montevideo. Pero en Uruguay aún el poder militar mantiene bajo tutela la democracia. Se hizo en Chile. Olga Pérez, acompañada por un selecto grupo de policías y en sólo dos años, logró armar un difícil rompecabezas que devela un capítulo secreto de los vestigios de la Operación Cóndor, la colaboración entre las policías secretas de las dictaduras del Cono Sur y que encierra quizás la caja más sórdida: la de fabricación de armas químicas y el uso de bacterias para eliminar opositores y aumentar el potencial bélico militar. Un capítulo cuyo inició se remonta a 1991, a meses de la recuperación de la democracia en Chile.

Adolfo Bañados, el juez implacable.

Difícil describir la decepción que invadió al equipo que secundaba al ministro Adolfo Bañados en la investigación del crimen de Orlando Letelier, ex canciller de Salvador Allende (perpetrado en Washington en septiembre de 1976), cuando supieron que uno de sus testigos había escapado. Era la primera prueba de fuego para la frágil nueva democracia chilena y Bañados, inteligente y enemigo acérrimo de la figuración, desplegaba los hilos de la mayor investigación judicial sobre la acción de la DINA que se haya hecho en Chile. Y en esa trama la figura del químico Eugenio Berríos fue poco a poco resultando muy importante.

El 8 de noviembre de 1991, el juez dictó la orden de arresto en su contra. A poco andar supo que Berríos había escapado. No sospechaba que en la antesala de su despacho, un actuario, plenamente identificado, fotocopiaba y registraba cada testimonio, prueba y movimiento de los investigadores para informarlo de inmediato a una central que comandaba el general Fernando Torres Silva. El auditor del Ejército llevaba una investigación paralela cuyo fin era impedir la acción de la justicia.

Fue así como los testimonios de Alejandra Damiani (la secretaria que la DINA le asignó a Michael Townley, el agente que instaló el laboratorio donde se fabricaron armas químicas) y de Mariana Callejas (la esposa de Townley y también agente DINA) pusieron a Eugenio Berríos en la mira de Bañados. Pero también encendieron la alerta roja en las oficinas de Torres Silva. Años más tarde, los mismos policías que secundaron a Bañados retomarían los hilos para desentrañar el misterio de la desaparición y muerte de Berríos. Y descubrirían el grupo de las operaciones más secretas que se instaló en la Dirección de Inteligencia del Ejército –DINE- y cuya misión tenía dos objetivos: inteligencia para la seguridad nacional y la seguridad de Pinochet y su familia.

Operación escape en cadena.

El primer indicio lo entregó la salida clandestina de Chile del capitán (r) Luis Arturo Sanhueza Ross,
alias “El Huiro” o Ramiro Droguett Aranguiz, vinculado a los asesinatos de la Operación Albania y
al asesinato del dirigente del MIR Jecar Neghme. Se logró determinar que su fuga tuvo lugar en
abril de 1991. La segunda operación fue la huída del mayor (r) Carlos Herrera Jiménez (autor del
asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez en 1982), el 19 de septiembre de 1991.
-Junto con el director de Inteligencia del Ejército hemos decidido que su único camino está en irse
fuera de Chile. Allá estará junto a su familia por unos cuatro años, hasta que todo este cuento pase
-le dijo Torres Silva a Herrera un día de septiembre de 1991 en su oficina de Alameda esquina
Zenteno.

El 10 de septiembre, el teniente coronel Pablo Rodríguez Márquez, integrante del equipo secreto
del DINE (en retiro desde hace pocos meses), salió hacia la Argentina. Su misión: conseguir con
sus socios argentinos un pasaporte falso para Herrera. El 12 de septiembre Rodríguez regresó y
siete días más tarde, Herrera escapó bajo la falsa identidad de “Mauricio Gómez”.
Una semana más tarde se dio el vamos al operativo de Eugenio Berríos. La orden se la dio Torres
Silva a Arturo Silva Valdés. Por alguna razón, esta vez se tomaron más precauciones. Lo primero
que hizo Valdés fue mandar a Punta Arenas al capitán Pablo Rodríguez. Después, el 24 de
octubre, instruyó a Raúl Lillo Gutiérrez (civil de la CNI y asignado al equipo secreto del DINE entre
1990 y 1993, encasillado en el Ejército en febrero de 1990, días antes de que Pinochet entregara el
poder) para que viajara vía aérea a Punta Arenas llevando el “paquete” Berríos. Allá los esperaba
Rodríguez, quien ya tenía todo preparado. Aprovechando la circunstancia de que uno de sus
hermanos, ex teniente de Carabineros, vivía en Punta Arenas, lo convenció de partir hacia
Argentina en auto con un grupo de amigos. El salvoconducto para el vehículo se sacó en tiempo
record y el 26 de octubre Rodríguez, su hermano, Lillo y Berríos abandonaron territorio chileno y
cruzaron hacia Río Gallegos. Fue el momento para que el químico estrenara una nueva identidad:
Manuel Antonio Morales Jara.

El mismo 26 de octubre, Arturo Silva Valdés viajó vía aérea a Buenos Aires y allá esperó a Berríos
y a Raúl Lillo.

Lo que sucedió en Argentina está claro pero es un capítulo que aún complica más que otros a los
miembros del equipo secreto. Sólo fueron tres días, porque el 29 de octubre el trío emprendió viaje,
esta vez por vía fluvial. Cruzaron desde Buenos Aires a Colonia y de allí siguieron viaje a 
Montevideo donde ya los esperaban Carlos Herrera y el teniente coronel del Ejército uruguayo
Tomás Casella.

El 8 de noviembre de 1991, el mismo día que Bañados dictó la orden de captura para Berríos, el
coronel Francisco Maximiliano Ferrer Lima, el temido “capitán Max” de la DINA y entonces uno de
los jefes del equipo secreto, salió hacia Montevideo vía Pluna para chequear que el “paquete”
estuviera a buen resguardo.

La primera residencia de Berríos en Uruguay fue un departamento en Rambla República del Perú
N° 815 que compartió con Herrera. Su arrendataria, Elena Della Crosse, dirá más tarde que en un
momento en que ella reclamó por las abultadas cuentas de teléfono fue el propio Tomás Casella
quien le extendió un cheque por 1.500 dólares.

Es que el equipo secreto no tenía problemas financieros. Silva Valdés manejaba grandes sumas
de dinero para comprar pasaportes, costear desplazamientos sorpresivos y rápidos, pagar hoteles,
financiar a testigos molestos y a los clandestinos y sus familias así como a los colaboradores o
socios extranjeros. Y todo ello salía de una caja negra del Ejército, es decir de la plata de todos los
chilenos.

Nada funcionó entre Berríos y Herrera. No compartían ni hábitos ni miedos. Para qué hablar de sus
sueños. Hubo alertas rojas que los oficiales uruguayos se encargaron de apagar hasta que el
incendio estalló el 18 de enero de 1992, cuando Casella fue informado de la detención de Carlos
Herrera en Buenos Aires. Fue el momento de reestructurar todo el sistema de seguridad que
protegía la clandestinidad de Berríos. Muchas piezas se desplazaron para el blindaje.

¿Por qué Berríos era tan importante?
El juez Bañados tenía una respuesta (ver recuadro). Por ello el 21 de enero, tres días después del
arresto de Herrera, reiteró la orden de captura para el químico.
Pocitos, la nueva residencia.

Febrero de 1992 marcó el inicio de una nueva vida para Berríos. Un departamento en Pocitos, a
pocos metros de la costa, fue su nueva residencia. A calle Buxereo N° 117, en el sector Rambla
del Perú, llegaron Eugenio Berríos y un acompañante: el teniente coronel Mario Enrique Cisternas
Orellana.

Luis Ángel Minguez, un hombre cuya contextura delata su calidad de suboficial en retiro de la
Marina uruguaya, es desde 1985 el conserje del edificio. Volvió de sus vacaciones en marzo y se
encontró con nuevos arrendatarios en el departamento 401. La primera vez que se los topó la
recuerda bien:

-Solo hablaba uno de ellos, el que me mostró incluso una fotocopia de un documento de identidad
chileno en el que estaba estampado el nombre: Hernán Tulio Paredes Orellana. Me dijo que hacían
negocios entre Chile y Uruguay. Después supe que era Eugenio Berríos. Lo conocí como un
hombre dicharachero, simpático. Se veía tan agradable y jovial que nunca pensé que estaría
vinculado a otras cosas…

Minguez compartió con él y sus acompañantes para múltiples menesteres por sus funciones. “Y
cómo no recordarlo si hasta la cuenta de la luz venía a nombre de Hernán Tulio Paredes… Al
pasar de los días me percaté de que siempre vivieron allí tres personas. Paredes (Berríos) era el
permanente y los otros dos cambiaban cada quince días aproximadamente…”, dice Minguez.

Fueron diez meses de convivencia. Por eso, cuando la jueza le mostró el set de fotografías, sin
vacilar reconoció entre los “acompañantes” de Berríos a los oficiales Pablo Marcelo Rodríguez, a
Jaime Torres Gacitúa y a Arturo Silva Valdés. 

Minguez también guardaba un buen recuerdo de un “señor alto de muy buena presencia y que
usaba bigote. Llegaba en un auto Chevrolet Chevette color azul con patente uruguaya a buscar al
señor Paredes (Berríos) y el chofer nunca se bajaba del auto”. Era Raúl Lillo.
Algo pasó en junio del ’92 porque el día 24 Tomás Casella viajó a Chile. Tres días después
emprendieron el mismo viaje los tenientes coroneles del Ejército uruguayo Eduardo Radaelli y
Wellington Sarli Pose. ¿Quién los invitó? ¿Cuál fue su misión? ¿Qué pasaba con Berríos? Son
nudos que tienen pistas pero que aún restan por dilucidar. Lo cierto es que el 4 de julio los tres
oficiales uruguayos regresaron a su país y al control de los pasos de Berríos.

Un hecho cierto es que Berríos no estaba bien. Comenzaba a evidenciar hastío y a insistir en que
lo mejor era regresar a Chile y entregarse a la justicia. Un paso que el equipo liderado por Torres
Silva y el director de Inteligencia del Ejército de Chile no estaban dispuestos a permitir. Fue
entonces que decidieron enviarle a su esposa para mitigar el problema. El 24 de octubre Gladys
Schmeisser viajó a Montevideo para reunirse con Berríos.

El reencuentro se vivió en el Hotel Hispanoamericano de calle Melitón González N°1225,
habitación 202.

El 9 de noviembre se produce un episodio que hasta el día de hoy enturbia como fantasma molesto
a personeros de la Cancillería chilena. Emilio Rojas, agregado cultural de la embajada de Chile en
Montevideo, recibió un extraño llamado de Berríos, de quien era amigo, en su casa. Así declaró en
el sumario instruido por el Ministerio de Relaciones Exteriores: “En un principio creí que se trataba
de una broma. Después me asusté. Le respondí ¿qué quieres? ‘Decirte que estoy aquí, protegido
por el Tata’, me respondió. En mi angustia le pregunté: ¿qué Tata? ‘Pinochet’, fue su respuesta. Y
agregó: ‘Estoy protegido por el Ejército’. Asustado, le corté, pero Eugenio volvió a llamar. Le dije:
mira conchetumadre, a mí no me vas a involucrar en tus asuntos. No me vuelvas a llamar y
olvídate que existo…”.

Hubo un tercer llamado. Aterrado, Rojas no le informó a sus superiores civiles pero sí le refirió el
episodio al coronel Emilio Timmermann, agregado militar en Uruguay.

-Entré a su oficina y protesté porque estaban involucrándome con Berríos. Y lo que me sorprendió
fue la respuesta de Timmermann: ‘Así es, Berríos está aquí. Lo trajimos nosotros y tú tienes que
guardar silencio y sabes por qué. Porque nosotros no jugamos. Mira lo cara que nos está saliendo
está operación. Tú nunca has recibido una llamada de Berríos. ¿Está claro?’. A lo que respondí
¡Clarísimo! –dijo en el sumario de la Cancillería.

A las 13 horas del 11 de noviembre el cónsul de la embajada de Chile, Federico Marull, recibió una
peculiar llamada telefónica. Al otro lado de la línea estaba un hombre que dijo llamarse Eugenio
Berríos. Su voz denotaba exaltación. Explicó estar retenido contra su voluntad y pidió ayuda para
regresar a Chile. Y lo increíble, lo absolutamente patético es que Marull le dice que se presente
personalmente, corta y acto seguido manda un fax a Santiago. Nunca se sabe…
Cuarenta y ocho horas más tarde su jefe desde Santiago le respondió: si el sujeto no comprueba
identidad con algún documento, no hay nada que hacer…

Ninguno de los dos funcionarios había leído los diarios y nunca se habían informado de que
Eugenio Berríos era un hombre buscado por la justicia porque su testimonio era clave en uno de
los procesos más emblemáticos de la nueva democracia.

Así, Berríos quedó librado a sus custodios.

Secuestro en Parque del Plata. 
¿Fue el coronel Timmermann, de Inteligencia, el que dio el aviso de que Berríos intentaba
entregarse en la embajada? Hasta hoy lo niega. Pero el químico fue sacado de Montevideo y
llevado a 50 kilómetros de la capital, al Balneario Parque del Plata, un solitario y apacible paraje en
donde las casas están muy separadas unas de otras y con bosques frondosos por doquier. En ese
cuadro el químico, amante de la vida nocturna y urbana y en estado de ansiedad aguda se sintió
acosado al extremo.

El 15 de noviembre el “paquete”, como lo llamaban sus custodios, logró huir de sus captores y
solicitó protección en una casa vecina habitada por un oficial de la Marina retirado. Este,
acompañado por su esposa, decide llevarlo hasta la comisaría más cercana.

-Estoy secuestrado por militares chilenos y uruguayos. El general Pinochet ordenó matarme -gritó
el hombre en estado de agitación aguda que se presentó ante el Comisario Elbio Hernández
Marrero, jefe de la Seccional 24 Parque del Plata de la Policía Nacional.

No tuvo mucho tiempo para reaccionar el comisario. Cuando Berríos terminó de decirle que ha
ingresado al país con documentación falsa y que debe ser detenido, llegó a la comisaría el teniente
coronel Eduardo Radaelli. Tras identificarse, su alegato fue corto y preciso: “Entrégueme a este
hombre pues no está en sus cabales, delira y hay que someterlo a tratamiento”. El comisario dudó.
Radaelli, cada vez con más premura, insiste. Hernández sigue dubitativo. Radaelli llama por
teléfono. Ingresa a la comisaría el teniente coronel Tomás Casella. También se identifica y con voz
autoritaria exige la entrega. Otros hombres llegan detrás de Casella. La tensión crece minuto a
minuto.

Y Hernández encuentra una salida. Dice que antes de entregarlo debe someter al individuo a un
chequeo médico para verificar si efectivamente está fuera de sus cabales. El mismo toma a Berríos
de un brazo y lo conduce hasta el Policlínico de Parque del Plata.

El doctor Juan Ferrari se encuentra de turno. Alto, fornido, su rostro y su mirada transmiten una
serenidad que amortigua el efecto de su porte. Si bien se asombra de ver llegar al comisario en
persona, no lo expresa. Tampoco muestra extrañeza cuando ve que un grupo de individuos intenta
ingresar a la sala de auscultación. Simplemente les cierra la puerta. Y allí el hombre se saca del
calcetín papeles que le muestra junto con insistirle que él se llama en realidad Eugenio Berríos y
que debe ser detenido pues ingresó al país con papeles falsificados, que lo ayude…

-Lo revisé cuidadosamente y no presentaba ningún cuadro de alteración mental. Tampoco había
ingerido alcohol. Sólo denotaba mucha ansiedad, hablaba y hablaba y sus manos sudaban –dice el
doctor Juan Ferreiro doce años más tarde.

Así lo certificó. También quedó inscrito en el libro de registro de consultas diarias. Y lo vio partir.
Hernández no pudo seguir dudando. Una llamada de sus superiores le ordenó que lo entregara de
inmediato a los oficiales Casella y Radaelli.

Transcurrieron unos minutos. El doctor Ferrari ya auscultaba a otro paciente, cuando vio llegar
intempestivamente a Berríos acompañado por dos hombres que ya había visto en el incidente
previo. Berríos le agradeció su atención y le dijo que se quedara tranquilo, que estaba bien. Ferrari
no entendió. La escena fue observada atentamente por los dos acompañantes. Juan Ferrari lo vio
alejarse junto a los dos hombres. Y allí desapareció el rastro de Eugenio Berríos.

Diez años más tarde, en una sala de un tribunal chileno, el doctor Ferrari pudo identificar a los dos
hombres que se llevaron esa tarde del 15 de noviembre de 1992 a Eugenio Berríos, cuando éste
intentó inútilmente pedir auxilio: los mayores del Ejército chileno Arturo Silva Valdés y Jaime Torres
Gacitúa.

Y aún cuando entonces se aplacó el escándalo, la histeria cundió en el equipo de militares chilenos
y uruguayos que mantenían clandestino a Berríos. Existe al menos una prueba de ello. Al mediodía 
del mismo 15 de noviembre de 1992, en el mismo Balneario Parque del Plata y a escasas cinco
cuadras de la casa donde mantenían retenido a Berríos, el capitán Luis Arturo Sanhueza Ross vio
a oficiales chilenos y uruguayos llegar presa de la agitación diciendo “el otro se escapó”. Con gran
premura, Sanhueza fue rápidamente sacado de la residencia secundaria del oficial uruguayo
Wellington Sarli Pose, ubicada en Calle 20 con Ferreira. No sólo estaba Berríos oculto, también
Sanhueza gozaba de la “protección” del Ejército uruguayo.

Diez años después, el 16 de octubre, la jueza Olga Pérez enfrentó en un careo a Sanhueza con
Arturo Valdés y Jaime Torres. Sanhueza contó en presencia de sus antiguos jefes todo lo que
ocurrió ese día 15 de noviembre y el rol que cada uno tuvo. Los rostros de los otros dos ya no
guardaron compostura y la amenaza de muerte surgió rauda e iracunda en presencia de la jueza.

Sin rastros del “paquete”.
Aunque resulte increíble, nada de lo que sucedió ese 15 de noviembre en Parque del Plata salió a
la luz pública. Los servicios de inteligencia que controlaban la custodia de Berríos se encargaron
de ello y de borrar todas sus huellas. Así, la habitación 202 que Berríos y Gladys Schmeisser
ocuparon en el Hotel Hispanoamericano fue registrada por personal militar. De allí se llevaron una
maleta además de incautar el registro de pasajeros.

Lo mismo ocurrió con el registro del Policlínico: la hoja donde figuraba Héctor Tulio Paredes fue
arrancada por el director sin más explicación. Mientras que en la Comisaría desaparecería el libro
que consigna la denuncia.

En el departamento de Pocitos también se hizo limpieza rápida. El conserje Luis Minguez vio cómo
dos de los chilenos bajaron un día a las 9 horas aproximadamente con dos maletas grandes y un
bolso. Extrañado, Minguez observó que cargaban el equipaje en un automóvil ubicado en la
esquina y en otro más pequeño estacionado frente al edificio. Pero a Berríos no lo volvió a ver.
El 4 de febrero de 1993, Tomás Cassella viajó a Chile, pero fue directo a Punta Arenas. Veinte días
más tarde el general Pinochet llegó a Uruguay. Allá lo recibió Casella. ¿De qué hablaron en esos
días de relajo que incluyó un paseo por Punta del Este? Resulta difícil que Berríos no haya sido
tema siendo que dos de los hombres más cercanos a Pinochet y que formaban parte de su equipo
de seguridad estuvieron con el químico hasta el fin: Arturo Silva Valdés y Jaime Torres Gacitúa.
El primero registra más de 500 viajes al exterior como jefe de seguridad de Pinochet. Se fue del
Ejército en 1993 y de allí pasó a funciones de seguridad en el diario El Mercurio para luego
convertirse en gerente y accionista de Vanward, una empresa de seguridad. El segundo estuvo 15
años a cargo de la seguridad de Pinochet. Fue él quien le llevó por tierra hasta Uruguay en ese
preciso viaje en su automóvil blindado Mercedes Benz. El 16 de octubre de 1998 debió enfrentar el
piquete de Scotland Yard que llegó a detener a Pinochet a la Clínica London, cuando éste se
hallaba en recuperación de una operación a la columna y lo acompañó durante los 16 meses y 16
días que estuvo en ese país en detención domiciliario por el juicio en su contra iniciado por el juez
español Baltasar Garzón. Torres ya era casi un hijo más de la familia y en esos días se convirtió
también en el hombre que intentaba alegrarle la vida. Recientemente contó intimidades en un
programa de TV. Como que la canción favorita del general en esos días de “cautiverio” era “Ladrillo
está en la cárcel”, tango que él mismo le cantaba. Su retiro se produjo en el 2001, después del
último intento de rebeldía de Pinochet: en diciembre del 2000, intentó resistir la orden dictada por el
juez Juan Guzmán de someterse a los exámenes médicos para verificar si estaba o no en
condiciones de resistir el proceso. Se atrincheró en su casa en Bucalemu y fue la intervención del
entonces comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, acompañado por el general
Juan Emilio Cheyre, actual comandante en jefe, la que lo convenció de deponer su actitud. Pero al
llegar a la residencia costera, ambos generales se encontraron con la escolta militar en estado de
alerta, bala pasada y lista para enfrentar a los representantes del Poder Judicial. Torres Gacitúa
lideraba el equipo. 
 

Uruguay bajo tutela.

De no ser por la carta anónima que un grupo de policías uruguayos envió a varios parlamentarios en junio del ’93, en la que se relataban los hechos acaecidos en Parque del Plata protagonizados
por Eugenio Berríos, el grupo de militares chilenos y uruguayos que secuestró y asesinó a Berríos
todavía seguiría en la impunidad. Allí se inició el escándalo que puso a prueba a la democracia
uruguaya. Y en momentos en que el Presidente Lacalle iniciaba un viaje oficial a Gran Bretaña.
En la noche del domingo 6 de junio un comunicado firmado por dos ministros anunció “haber
tomado conocimiento de un procedimiento realizado el 15 de noviembre de 1992 en Parque del
Plata”, la destitución del jefe de la Policía de Canelones, coronel Ramón Rivas; y el inicio de una
investigación administrativa que se radicó en el Ministerio de Defensa.

El 9 de junio, trece generales de Ejército encabezados por el comandante en jefe, general Juan
Rebollo, se reunieron para analizar el caso y sus derivaciones. Prontamente hicieron trascender un
mensaje: el caso está provocando gran “malestar” en las filas, lo que se agrava ante la posibilidad
de que altos oficiales sean convocados por la apertura de un juicio civil, se habla de “agresión” a la
institución y del rechazo a todo “revisionismo”. Este último es el término que utiliza la derecha y los
militares para descalificar todo intento de crítica a la dictadura militar que terminó en 1985.
Lo grave es que a la reunión se unió el ministro de Defensa Mariano Brito, ante el cual los
generales manifiestan su pleno respaldo a Rebollo y al jefe de Inteligencia Mario Aguerrondo. Y
ante él exigen que sólo exista la posibilidad de una investigación en la justicia militar.

Seis horas duró la reunión deliberativa. A su regreso, el Presidente Lacalle se limitó a trasladar de
funciones a Aguerrondo de la Dirección General de Informaciones y a aplicar una sanción a los dos
oficiales involucrados: Radaelli y Cassella. El día 14 de junio, Lacalle concluyó: “Nosotros ya
hemos adoptado la decisión que nos parecía apropiada. Creemos que es una circunstancia en la
que acciones internas de Chile repercuten en nuestro país. Es un tema en el que no tenemos como
nación ningún interés directo y debido a nuestra apreciación interna dispusimos el cambio de
destino de un señor oficial general que estaba a cargo dentro del Ministerio de Defensa de las
tareas de operaciones de Inteligencia”.

El “caso chileno”, según Lacalle había ya provocado la destitución de un jefe de policía, una
asamblea deliberativa de generales, el retorno anticipado del propio Presidente Lacalle, la
convocatoria de dos ministros al Parlamento y declaraciones de reafirmación del resguardo del
sistema democrático ante amenazas de Golpe.

Si para algo sirvieron las cuatro sesiones especiales de las comisiones unidas de Constitución y
Legislación más la de Defensa del Senado uruguayo sobre el caso Berríos, fue para que dos
ministros -Mariano Brito y el canciller Sergio Abreu- informaran de dos destinos distintos de
Berríos. El primero dijo que el coronel Tomás Casella le había informado que el señor Berríos “le
telefoneó desde Porto Alegre, el 17 de noviembre de 1992 y que estaría actualmente en México”.
En cuanto a Abreu, mostró documentos recibidos por fax desde el Consulado de Uruguay en Milán
con dos cartas atribuidas a Berríos fechadas el 10 de junio y acompañadas con una foto en la que
aparecía Berríos leyendo un diario de la fecha.

El 26 de julio, una conversación entre Lacalle y Rebollo puso punto final al episodio. Berríos estaba
vivo en otro país, el problema era chileno, no habría juicio real y quedó en evidencia que el
Presidente no podía remover a los militares comprometidos en algún ilícito. Se demostró así la
existencia de un poder militar paralelo en concomitancia con otro chileno facultado para secuestrar
y falsificar documentos sin dar cuentas a nadie.

En el proceso que se lleva en Chile están los testimonios de quienes afirman haber informado al
Ministro del Interior Juan Andrés Ramírez de múltiples hechos que rodean el caso así como de sus
comentarios: “Que no se hable más de esto”. 

Pero Berríos resultó más porfiado que sus asesinos. Su cuerpo apareció el 13 de abril del ’95 en
una localidad que queda a medio camino entre Montevideo y Parque del Plata. Allí comenzó otra
historia: la obstrucción a la justicia chilena. Olga Pérez debió sortear todas las trabas impuestas por
el presidente de la Corte Suprema de Uruguay para hacerse de pruebas y obtener, por ejemplo, la
identificación definitiva de los restos. Ni hablar del rechazo sistemático de todas las diligencias
precisas solicitadas por la jueza chilena.

Berríos fue asesinado por dos manos: una uruguaya y otra chilena, para sellar el pacto y amarrar
complicidades. El cráneo presenta dos orificios sin salida de proyectil de un arma de fuego calibre
9 milímetros, compatibles con un revólver Mágnum 357; las balas las tiene en su poder Álvaro
Gustavo González, juez letrado del segundo turno de Pando, así como el examen de las
vestimentas que portaba el cuerpo. La causa de muerte: herida encéfalo craneana por impacto de
proyectil. El cuerpo estaba amarrado de pies y manos y los análisis indican que después de
ejecutado fue metido en un saco grueso y amarrado con una soga. Que no quedaran huellas.

El hombre que afirmaba poder matar a todo Buenos Aires con su gas Sarín o sus bacterias, del
mismo modo que probó asesinar a varios opositores con los mismos métodos, ya no estaba para
molestar a nadie con sus secretos.

La jueza Olga Pérez y el equipo de policías chilenos logró armar el puzzle y procesar a los
principales inculpados chilenos, todos en retiro. Los uruguayos están todos en servicio activo con
excepción de Tomás Casella. Ahora se verá si Uruguay aún está bajo tutela militar.
 

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva por el secuestro, homicidio y asociación ilícita en el caso de la muerte del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos.

En fallo dividido, la Segunda Sala Penal rechazó los recursos de casación presentados y confirmaron las penas dictadas previamente por la Corte de Apelaciones de Santiago contra militares en retiro chilenos y uruguayos.

De las condenas ratificadas destaca la pena de 10 años y un día, sin ningún beneficio, que pesa sobre el ex fiscal militar Fernando Torres Silva, por su responsabilidad en la asociación ilícita.

En tanto, en el aspecto civil se acogió el recurso de casación planteado por el Fisco y se rechazó la demanda civil presentada por familiares de la víctima.

Revisa las sentencias:

– Arturo Silva Valdés: 15 años y un día de presidio, como autor del delito de secuestro con homicidio, más 5 años y un día por asociación ilícita. Sin beneficios.

– Hernán Ramírez Rurange: 10 años y un día, como autor del delito de secuestro; 10 años y un día, por asociación ilícita, y absuelto de obstrucción a la justicia. Sin beneficios.

– Eugenio Covarrubias Valenzuela: 10 años y un día, como autor de secuestro; 5 años y un día por asociación ilícita, absuelto de su participación como encubridor de secuestro con homicidio y obstrucción a la justicia. Sin beneficios.

– Jaime Torres Gacitúa: 10 años y un día, como autor de secuestro y 5 años y un día por asociación ilícita. Sin beneficios.

– Manuel Provis Carrasco: 10 años y un día, como autor de secuestro y 5 años y un día por asociación ilícita. Sin beneficios.

– Pablo Rodríguez Márquez: 10 años y un día, como autor de secuestro y 800 días por asociación ilícita. Sin beneficios.

– Raúl Lillo Gutiérrez: 10 años y un día, como autor de secuestro y 800 días por asociación ilícita. Absuelto del cargo de obstrucción a la justicia. Sin beneficios.

– Manuel Pérez Santillán: 5 años y un día, como cómplice de secuestro y absuelto del cargo de asociación ilícita. Sin beneficios.

– Tomás Casella Santos (militar uruguayo): 10 años y un día, como autor de secuestro y 5 años y un día por asociación ilícita. Sin beneficios.

– Eduardo Radaelli Copolla (militar uruguayo): 10 años y un día, como autor de secuestro y 800 días por asociación ilícita. Sin beneficios.

– Wellington Sarli Pose (militar uruguayo): 5 años y un día, como cómplice de secuestro y 60 días asociación ilícita. Sin beneficios.

– Marcelo Sandoval Durán: 10 años y un día, como autor de secuestro, 800 días por asociación ilícita y absuelto por infracción al artículo 295 bis del Código Penal. Sin beneficios.

– Nelson Román Vargas: 10 años y un día, como autor de secuestro, 800 días por asociación ilícita y absuelto del cargo de infracción al artículo 295 bis del Código Penal. Sin beneficios.

– Fernando Torres Silva: 10 años y un día, como autor de asociación ilícita. Sin beneficios.

– Enrique Ibarra Chamorro: absuelto de responsabilidad como autor del delito asociación ilícita.

– Mario Cisternas Orellana: absuelto por su responsabilidad como autor de infracción al artículo 295 bis del Código Penal.

– Nelson Hernández Franco: absuelto por su responsabilidad como autor de infracción al artículo 295 bis del Código Penal.

– Érika Silva Morales: absuelta por su responsabilidad como autora de infracción al artículo 295 bis del Código Penal.

– Emilio Rojas Gómez: absuelto por su responsabilidad como autor del delito de obstrucción a la justicia.

Al Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Punta Peuco, recinto carcelario especial para ex uniformados condenados por crímenes de lesa humanidad, debe ser trasladado Jaime Fernando Torres Gacitúa luego de su detención por parte de efectivos de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones.

Torres fue uno de los 14 condenados por su participación en el caso por el secuestro y homicidio del químico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Eugenio Berríos Sagredo, profesional que en 1991 debía declarar en la causa por el homicidio del ex canciller chileno Orlando Letelier ocurrido en Washington, pero fue sacado del país por integrantes activos del Ejército. En 1994 los restos del químico fueron encontrados en una playa en Uruguay.

El mayor (r) del Ejército, actualmente de 50 años de edad, fue condenado a 10 años y un día, como autor de secuestro y 5 años y un día por asociación ilícita.

En primera instancia la condena para los involucrados en el caso fue dictaminada por el ministro en visita extraordinaria Alejandro Madrid en septiembre de 2010. La Corte de Apelaciones en 2013 elevó las penas dispuestas y la Corte Suprema emitió el dictamen definitivo.

Tras la detención de Torres resta por ubicar solamente para el cumplimiento de condena al mayor en retiro del Ejército, Arturo Silva Valdés, el ex escolta personal de Augusto Pinochet y único inculpado por el homicidio de Berríos.

Según la investigación del juez Madrid, Silva, de 59 años en la actualidad, fue quien disparó y dio muerte al hombre que preparó las armas químicas de la DINA. Una pena de 15 años y un día de presidio, como autor del delito de secuestro con homicidio, más 5 años y un día por asociación ilícita, sin beneficios, deberá cumplir por el crimen.

La Corte de Apelaciones confirmó las condenas por el crimen de Eugenio Berríos, aumentando las penas a los autores materiales e intelectuales del crimen.

Berríos fue un químico que trabajó en la fabricación de armas letales, como el gas sarín, a las órdenes de la hoy desaparecida DINA. En el fallo de primera instancia del juez Alejandro Madrid, en septiembre de 2010, éste confirmó que Berríos fue secuestrado y asesinado por militares en servicio activo de Chile y de Uruguay.

Los ex oficiales Arturo Silva Valdés y Jaime Torres Gacitúa fueron condenados en el fallo de la Corte de Apelaciones de este viernes a 15 años y un día como autores de secuestro y homicidio y cinco años y un día por asociación ilícita.

Tres generales del alto mando de Augusto Pinochet también fueron condenados: Hernán Ramírez a 20 años y dos días por ambos delitos, Eugenio Covarrubias a 15 años y dos días y el ex auditor general de Ejército Fernando Torres Silva a 10 años y un día.

Por este caso fueron extraditados tres militares uruguayos que también fueron condenados este viernes: Tomás Casella (10 años y un día por secuestro y cinco años por asociación ilícita), Eduardo Ravelli (10 años y un día y 800 días) y Wellington Sarli (cinco años y un día y 60 días).

Lo particular del asesinato de Berríos es que se perpetró cuando ya Uruguay y Chile habían recuperado la democracia y Pinochet ostentaba el cargo de comandante en jefe del ejército.