Teyssedre Cartagena Pedro Washington

Encausado por el desaparecimiento de tres uruguayos y un obrero chileno, ambos en 1973, el ex comandante del Regimiento de Ingenieros de Montaña Mateo Durruty Blanco culpa a sus subalternos de “tropa de desleales”. El “Mamo” le dice “traidor”.

El “Mamo” levantó la voz y lanzó la acusación. “El coronel Mateo Durruty está mintiendo y eludiendo su responsabilidad militar tratando de endosarla a la DINA, y eso se llama traición militar”.

El ex comandante del Regimiento de Ingenieros de Montaña de Puente Alto se defendió: “Todo esto fue un invento de la DINA, nunca firmé nada ni nadie me dio cuenta de las personas detenidas (…) Yo no tengo nada que ver, nadie me dijo nada, fue una tropa de desleales”.

El enfrentamiento entre el ex jefe operativo de la DINA, general (R) Manuel Contreras, y el coronel (R) Mateo Durruty, ardía en el despacho de la jueza Colomba Guerrero. El coronel no aceptaba la acusación de Contreras, que le imputaba ser él quien, con un documento firmado, envió a dos detenidos desde el regimiento a Villa Grimaldi en septiembre de 1973. Contreras rechazaba que la DINA sacó a los detenidos del cuartel. Los dos prisioneros sobrevivieron. Pero lo que importaba era que el coronel negaba insistentemente que el regimiento que mandaba sirvió a partir del golpe militar como centro de detención y tortura, hecho hasta ahora no divulgado públicamente. Un puñado de los que fueron sus subalternos, pero principalmente los conscriptos que a esa fecha hacían su servicio militar en ese cuartel, decían en el proceso lo contrario y admitían la existencia de detenidos.

Al margen de su altercado con el “Mamo”, la situación del coronel Durruty estaba en todo caso ya complicada, pues a pesar de alegar inocencia y desconocimiento de todo lo que aconteció en el regimiento bajo su mando, el año 2006 ya estaba procesado como autor del secuestro y desaparición del obrero Juan Llanca Rodas, hecho ocurrido el 17 de septiembre de 1973, y como autor del secuestro y desaparición a fines de ese mismo mes y año de los ciudadanos uruguayos Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres. O sea, en ese regimiento y bajo su mando habían ocurrido no sólo torturas, sino también desaparecimiento de personas.

Al río

Antes de que a Juan Llanca lo mataran y después tiraran su cuerpo al río Maipo para hacerlo desaparecer, sus verdugos en el Ingenieros de Montaña de Puente Alto le dieron a comer vidrio molido para causarle graves lesiones internas.

Testigo de este tormento fue su compañero de cautiverio Alfonso Brizuela Durán, como relató en la investigación judicial no sólo frente a la jueza, sino también de cara al mismo Mateo Durruty, quien por supuesto refutó el hecho y volvió a negar todo de todo: “Yo nunca supe nada, en mi regimiento nunca hubo detenidos”, insistió.

Fue Manuel Contreras quien confesó a la jueza Guerrero el 22 de septiembre de 2005, que de acuerdo a la información reunida entre oficiales y suboficiales del Ingenieros de Montaña “actores directos del hecho”, a Juan Llanca lo torturaron en ese cuartel, lo mataron y después lanzaron su cuerpo al río Maipo. Todo porque la víctima, junto a las otras dos personas que el coronel Durruty envió a Villa Grimaldi, había tenido el 16 de septiembre de 1973 una riña en un bar con el suboficial de este regimiento Temístocles Navarrete Becerra, por lo que en ese cuartel se tomaron venganza.

En el caso de los uruguayos la historia fue distinta. Seis de estos ciudadanos fueron detenidos a fines de 1973 por funcionarios de la subcomisaría de San José de Maipú al interior de una mina abandonada en el sector cordillerano de la comuna de Puente Alto, cuando trataban de pasar clandestinamente a Argentina huyendo del golpe militar. Habían llegado a Chile huyendo a su vez del golpe de Estado en Uruguay.

Fueron trasladados por los policías al Ingenieros de Montaña de Puente Alto, donde se les torturó. A fines de septiembre de 1973 fueron sacados del cuartel, según se les dijo, para llevarlos al Estadio Nacional, pero en el trayecto, Arcos, Povaschuk y Pargadoy fueron separados del resto, desapareciendo hasta ahora.

El peso de la prueba

Pero bastante entrada la democracia y hasta la época en que el general (R) Juan Emilio Cheyre era comandante en jefe, desde el Ejército se seguía entregado información parcial a los tribunales, confirmándose lo que abogados querellantes continuaban denunciando en las distintas causas por delitos de lesa humanidad.

Toda la situación represiva en el Ingenieros de Puente Alto era conducida por su comandante Mateo Durruty, a través de su equipo de hombres de la inteligencia militar del regimiento, entre los que estaban los “intelectuales” que hacían el trabajo de análisis, y quienes se manchaban las manos con sangre, como en toda comunidad de inteligencia.

Sin embargo, el Ejército, a través de su jefe de estado mayor, general Javier Urbina, informaba el 10 de agosto de 2004 a la jueza Colomba Guerrero mediante oficio 1595/1178, en respuesta a su interrogante directa, que en el Regimiento de Ingenieros de Montaña de Puente Alto, “revisados los antecedentes institucionales, se pudo establecer que éste no consideraba un Departamento o Sección II de Inteligencia”.

Curiosamente, la jueza Guerrero y luego la ministra Marta Hantke, a cargo de la investigación por Llanca Rodas, como el ministro Joaquín Billard, que instruye la causa por los tres uruguayos, tenían ya a esa fecha decenas de testimonios de oficiales y suboficiales e incluso el de los generales (R) Fernando Martínez Benavides y Manuel Contreras, quienes afirmaban sin ninguna duda de que en el Ingenieros de Montaña de Puente Alto existía efectivamente una Sección II de Inteligencia.

En vagones de tren

Por el regimiento que el coronel Durruty comandó hasta diciembre de 1975 pasaron, de acuerdo a las investigaciones de los procesos por estas cuatro víctimas, centenares de detenidos que sufrieron tormentos similares a los aplicados en los cuarteles clandestinos de la DINA.

Los prisioneros eran mantenidos en condiciones infrahumanas encerrados en vagones de trenes dispuestos como celdas colectivas. Desde allí eran sacados a distintas horas del día y de la noche para enfrentar los tormentos que les aplicaban oficiales y suboficiales de la Sección II de Inteligencia del regimiento. Sección inexistente, según el Ejército informó a la jueza Guerrero, pero que la investigación pudo identificar a cada uno de sus integrantes.

En ese período de alta represión, el coronel Mateo Durruty tenía como segundo comandante del regimiento al teniente coronel Rolf Wenderoth Pozo, que después pasó a integrar la plana mayor de la DINA junto a las “estrellas” Marcelo Morén Brito, Miguel Krassnoff y Pedro Espinoza, entre otros.

A pesar de que, aduciendo que “son secretas”, inicialmente el Ejército negó a los magistrados a cargo de estas indagatorias las listas con los conscriptos que habían cumplido su servicio militar en este regimiento en los primeros meses después del golpe de Estado, posteriormente la institución las entregó.

Los jueces las requerían para comenzar a interrogarlos, porque de esa forma, como ha ocurrido en otros procesos, podrían ir quebrantando el silencio de oficiales y suboficiales, concertados para negar o distorsionar la información que se les requería. La estrategia volvió a dar buenos resultados en estas causas, puesto que la mayoría de los ex conscriptos interrogados aportaron datos relevantes y confirmaron lo que en el Regimiento de Ingenieros de Montaña sucedió en los primeros meses después de la asonada militar de 1973.

Junto a Durruty Blanco están procesados por estos crímenes los oficiales (R) David Miranda Monardes y Pedro Teyssedre Cartagena, ambos ex jefes de la Sección II de Inteligencia del regimiento, y los suboficiales (R) que integraron la misma sección Luis Canales Pino y René Cruces Tapia.

Señores

Junto con saludarles, paso a solicitar vuestra ayuda para desenmascarar a un criminal de el año 73, que participo en el golpe de estado de la epoca. este es una persona fria y calculadora. que ha cometido actos ultrajantes y cobardes a los chilenos que tuvieron la mala suerte de caer en sus manos y que ademas tiene la desfachatez de jactarse de sus crimenes y torturas hechas en esa guerra desigual que afecto a nuestro pais.

este hombre es un coronel ® llamado pedro w. teyssedre cartagena, y actualmente se encuentra trabajando en el centro clinico militar de iquique a contrata (pac), este hombre pertenecio a la seccion ii de inteligencia entre los años 73 y posteriores en el regimiento de ingenieria de montaña de puente alto.

señores por favor queremos que uds. averiguen que hace este sujeto en el ejercito, teniendo un prontuario tan extenso, ademas sabemos que esta procesado. ¿quien lo protege, como puede un criminal procesado seguir en la institucion y no estar detenido? ¿por qué el ejercito que se ha comprometido a cooperar en el esclarecimiento de todas estas bajezas que se cometieron en el regimen de pinochet permite a este hombrfe estar en sus filas? ¿porque ese menosprecio a los derechos humanos, cual es realmente su compromiso con el pais o mejor dicho con todas las victimas del regimen nazista de la epoca, hijos que perdieron a sus padres y que no llegaron a conocerlos, madres desconsoladas por no ver nunca mas a sus hijos, esposos, hermanos etc. y solo por pensar diferente, simplemente porque alguien los delato, cuantas mujeres fueron violadas por estas bestias en cuerpo humano y que se encuentran en las filas de nuestro glorioso ejercito y se habla de reconciliacion ¿de que estamos hablando? seguramente que hay muchos asesinos protegidos y ganando una jubilacion y mas un sueldo, tranquilos, impunes, felices y burlandose de la justicia de nuestro pais. realmente no se puede con ellos.

Señores estamos muy tristes por estas injusticias y ojala que uds. puedan hacer algo par mermar en parte este sufrimiento.

Deseamos que sigan protegiendo los derechos fundamentales del hombre, que denuncien estos actos de barbarie cometidos por estos criminales amparados por nuestra misma sociedad.

 La ministra en visita de la Corte de Apelaciones de San Miguel Marta Hantke Corvalán dictó condena en la investigación por el secuestro calificado de Juan Manuel Llanca Rodas, ocurrido a partir del 17 de septiembre de 1975 en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana. La  magistrada dictó las siguientes sentencias en contra de integrantes en retiro del Ejército, por los hechos registrados al interior del Regimiento de Ingenieros N°2 de esa comuna: Coronel (r) Mateo Durruty Blanco.  10 años y un día. Autor; Coronel (r) Pedro Washington Teyssedre Cartagena. 10 años y un día. Autor; Teniente Coronel (R) David Alfonso Miranda Monardes. Absuelto; Suboficial (R) René Eloy Cruces Tapia, absuelto. El abogado de FASIC y querellante en el caso Sergio Concha, se mostró satisfecho con la resolución.

La Corte Suprema de Chile condenó a tres años y un día al ex mayor del Ejército Donato López Almarza por el secuestro calificado (desaparición) de un opositor a la dictadura de Augusto Pinochet, pero le permitió cumplir esa pena en libertad vigilada.

López, que también fue condenado por el asesinato de un sacerdote español, se encuentra actualmente en prisión cumpliendo una pena de seis años dictada en 2010 por el homicidio en 1973 de los adolescentes Patricio Fariña, Víctor Araya y Víctor Vidal.

Una vez que salga de la cárcel, deberá cumplir en libertad vigilada la pena de tres años y un día, fijada en una sentencia definitiva de la II Sala del alto tribunal, por la desaparición del militante socialista Lucio Bagús Valenzuela, cuyo cuerpo aún no ha sido encontrado.

La Corte Suprema determinó que el Estado debe pagar 70 millones de pesos (147,300 dólares) a la esposa y al hijo de Bagús por el daño moral.

López es otro de los ex funcionarios condenados del régimen de Augusto Pinochet, quien gobernó Chile desde el golpe militar de 1973 , cuando fue derrocado el gobierno socialista de Salvador Allende (quien murió en el asalto), hasta 1990, cuando fue sustituido por el presidente Patricio Aylwin.

La dictadura militar encabezada por Pinochet ha recibido acusaciones de desapariciones forzadas, asesinatos, torturas y otras violaciones a los derechos humanos contra opositores al régimen .

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El ex mayor Donato López estaba al mando de un contingente del Regimiento Yungay, que arrestó a Lucio Bagús en el Hospital San Juan de Dios, en Santiago, cuatro días después del golpe militar de 1973, según estableció el juez Joaquín Billard en un fallo anterior.

El sacerdote español Joan Alsina fue también detenido en ese centro asistencial, donde trabajaba, y posteriormente recibió siete balazos disparados por un recluta, que ejecutaba órdenes de sus superiores.

En 2005, López fue condenado a cinco años de prisión como autor de ese homicidio, pero también se le permitió cumplir la pena en libertad vigilada.

La Corte también absuelve

En sentido contrario a la sentencia al ex mayor López, la Corte de Apelaciones del distrito de San Miguel, en la capital chilena, decidió absolver a los coroneles retirados Mateo Durruty Blanco y Pedro Teyssedre Cartagena por "falta de participación" en el secuestro de Manuel Llanca Rodas, ocurrido en septiembre de 1975.

Llanca, obrero de la construcción sin militancia política conocida, fue detenido en el distrito de Puente Alto, en Santiago, y trasladado al Regimiento de Ingenieros de Puente Alto, donde fue golpeado y torturado. Sus restos aún no han sido encontrados.

La Corte revocó en una sentencia de segunda instancia el fallo dictado en 2008 por la jueza Marta Hantke, que había fijado penas de diez años y un día de cárcel para los dos ex militares.

Tras el golpe de Estado, Mateo Durruty dirigió la subcomisaría de San José de Maipo, cerca de Santiago, donde, según otras investigaciones judiciales, fueron torturados reiteradamente centenares de prisioneros.

Los juicios contra los delitos de la dictadura chilena cobraron fuerza cuando el juez español Baltazar Garzón ordenó en 1998 la detención de Augusto Pinochet , convirtiéndose en el primer juez en aplicar el principio de jurisdicción universal.

Pinochet murió en diciembre de 2006 por complicaciones cardiacas.

En la provincia Cordillera funcionaron durante la dictadura  diez lugares y Centros de Torturas, siendo el más conocido del ex Regimiento militar de Puente Alto. Más de 300 vecinos de nuestras comunas permanecieron detenidos en esas dependencias.

En el Regimiento militar, la mayor cantidad de prisioneros políticos se registró entre 1973 y 1975. Los detenidos permanecían por semanas en ese lugar. A los prisioneros los distribuían en “vagones de tren impregnados con polvo de yeso”. Allí permanecían vendados e incomunicados, a veces privados de alimentos y de agua. Durante el día la mayoría eran encerrados en un corral con malla, a pleno sol.

Los prisioneros políticos sufrieron tormentos, golpes, a veces amarrados a una silla, simulacros de fusilamiento, aplicación de electricidad, colgamientos, vejaciones y violaciones sexuales a algunas mujeres, quemaduras con cigarros, posiciones forzadas durante tiempo prolongado.

Más de 10 de los 70 asesinatos y desapariciones de detenidos en la provincia Cordillera, son responsabilidad de la cúpula militar del ex Regimiento según los Tribunales de Justicia. Sus nombres y biografías, serán publicados en un libro investigativo que se presentara en diciembre de este año.

Actualmente están condenados y presos en Punta Peuco el coronel, Mateo Durruty Blanco; – el comandante, Rolf  Wenderoth Pozo; – los oficiales, Francisco Martínez Benavidez (fallecido), Lander Uriarte Burotto, Gabriel Montero Uranga, (fallecido) David Miranda Monarde. – Esta procesado el oficial, Pedro Teyssedre Cartagena. También están presos  los –  suboficiales, Moisés Retamal Bustos y Guillermo Vargas Avendaño; y procesados los – suboficiales, Luis Canales Pino y René Cruces Tapia. Además, del ex capitán Sergio Rocha Aros.

Muchos de nuestros compañeros fueron trasladados a otros campos de prisioneros, como el Estadio Nacional, entre otros lugares de tormentos.

En nuestra provincia funcionaron como lugares de tormentos, según investigaciones judiciales, el Campamento de Prisioneras en Pirque ubicado en Soquimich;  la Casa de Piedra en Lagunillas lugar de exterminio en San José de Maipo; la Comisaría de Carabineros de Puente Alto; la Subcomisaria de Carabineros de San José de Maipo; el Retén de Pirque; la Cárcel de Puente Alto; el Retén Fronterizo San Gabriel; la Cárcel de Menores de Puente Alto y el Cuartel de Investigaciones de Puente Alto.

Son más de mil 200 causas contra terroristas de Estado. Sólo están en Punta Peuco  alrededor de 120 condenados y hay una campaña para que se les perdone y condone por los crímenes cometidos. Se olvidan que es la Justicia y sus Tribunales quienes los han condenado.

El candidato de las derechas tiene en su programa. Homologación de las garantías procesales en los juicios del antiguo sistema procesal penal por el nuevo.  Piden juicio racional y justo, sujeto a las mayores garantías establecido en el nuevo ordenamiento jurídico. Que por razones humanitarias se envíen a sus casas los genocidas de avanzada edad o enfermos que están dementes. Pero lo más grave es que hablan de eventuales delitos contra los derechos humanos.

El que salga electo Presidente se olvida que en Chile hay tres poderes del Estado. Se olvida que las organizaciones de derechos humanos nos movilizaremos ante cualquier intento de liberar delincuentes, (terroristas de Estado), que son un peligro para la sociedad.

La Segunda Sala de la Corte Suprema condenó a una pena de tres años y un día de cárcel, sujeta al beneficio de libertad vigilada, al ex mayor del Ejército Donato López Almarza por el secuestro calificado del militante socialista Lucio Bagús Valenzuela.

Bagús Valenzuela fue detenido en septiembre de 1973.

López se encuentra actualmente en prisión cumpliendo una pena de seis años dictada en 2010 por el homicidio, en 1973, de los adolescentes Patricio Fariña, Víctor Araya y Víctor Vidal.

Una vez salga de la cárcel, deberá cumplir en libertad vigilada la pena de tres años, fijada en una sentencia definitiva por el máximo tribunal.

Según estableció el juez Joaquín Billard en un fallo anterior, Donato López estaba al mando de un contingente del Regimiento Yungay, que arrestó a Bagús en el Hospital San Juan de Dios, en Santiago, cuatro días después del golpe militar de 1973.

Tras su arresto, Bagús fue llevado al Internado Nacional Barros Arana, siendo posteriormente encontrado su cadáver en el Instituto Médico Legal junto a los de Juan Francisco González Morán, Manuel Briceño Briceño, Manuel Jesús Ibáñez García, Jorge Cáceres Gatica y Pablo Ramón Aranda Schmied, todos ellos detenidos por efectivos del Regimiento Yungay bajo el mando de Donato López.

La Corte Suprema ordenó además al Estado pagar 70 millones de pesos a la cónyuge y al hijo de la víctima por el daño moral sufrido.

Ex coroneles fueron absueltos

Por otra parte, la Corte de Apelaciones de San Miguel decidió absolver a los coroneles retirados Mateo Durruty Blanco y Pedro Teyssedre Cartagena por su "falta de participación" en el secuestro de Manuel Llanca Rodas, ocurrido en septiembre de 1975.

Llanca, obrero de la construcción sin militancia política conocida, fue detenido en Puente Alto y trasladado al Regimiento de Ingenieros de esa comuna, donde fue golpeado y torturado. Sus restos aún no han sido encontrados.

Con esta sentencia de segunda instancia aprobada de forma unánime, la Corte revocó el fallo dictado en 2008 por la jueza Marta Hantke, que había fijado penas de 10 años y un día de cárcel para los dos ex militares.

Tras el golpe de Estado, Mateo Durruty se desempeñó en la subcomisaría de San José de Maipo, donde, según otras investigaciones judiciales, fueron torturados reiteradamente cientos de prisioneros.

Los coroneles (r) Mateo Durruty Blanco y Pedro Washington Teyssedre Cartagena fueron condenados a 10 años y un día en calidad de autores. En tanto en este mismo caso fueron absueltos el teniente Coronel (r) David Alfonso Miranda Monardes y el suboficial (r) René Eloy Cruces Tapia.

La ministra en visita de la Corte de Apelaciones de San Miguel Marta Hantke Corvalán dictó condena en la investigación por el secuestro calificado de Juan Manuel Llanca Rodas, ocurrido a partir del 17 de septiembre de 1975 en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana.

La magistrada condenó a dos integrantes en retiro del Ejército, por los hechos registrados al interior del Regimiento de Ingenieros N°2 de esa comuna.

Los coroneles (r) Mateo Durruty Blanco y Pedro Washington Teyssedre Cartagena fueron condenados a 10 años y un día en calidad de autores. En tanto en este mismo caso fueron absueltos el teniente Coronel (r) David Alfonso Miranda Monardes y el suboficial (r) René Eloy Cruces Tapia.

Asimismo, la magistrada acogió la demanda civil y sentenció a los condenados a pagar como indemnización por daño moral la suma de $ 30.000.000 (treinta millones de pesos) a Paola Llanca Moya, querellante en el proceso.

Organismos defensores de derechos humanos señalaron que Juan Manuel Llanca Rodas, casado, un hijo, obrero, sin militancia política conocida, fue detenido por militares vestidos de civil, el 17 de septiembre de 1975, en un negocio de nombre "El Rincón", de Puente Alto, siendo trasladado al Regimiento de Ingenieros de esa misma comuna, desde donde desapareció el 18 de septiembre, luego de ser intensamente golpeado y torturado.

En dicho Regimiento siempre negaron a su familia su aprehensión.

La Corte de Apelaciones de San Miguel nombró a la Ministra Marínela Cifuentes Alarcón para investigar, entre otros, los siguientes crímenes relacionados con la provincia Cordillera:

De los jóvenes estudiantes, FRANCISCO EUGENIO VIERA OVALLE, 19 años, del Liceo Industrial de Puente Alto, militante de la Juvenil Socialista, fue detenido el 19 de septiembre de 1973; y HECTOR ENRIQUE HERNANDEZ GARCES, de 17 años, estudiaba en el Liceo Industrial de Puente Alto, perteneciente a la Juvenil Socialista, fue detenido el 27 de septiembre de 1973. Ambos fueron asesinados por integrantes del Ejército, oficiales de la Escuela de Infantería de San Bernardo, en el campo de concentración, tortura y ejecuciones “Cerro Chena”. Sus restos descansan en el cementerio de Bajos de Mena. Sus torturadores fueron los oficiales del Ejército: Andrés Magaña, Alfonso Faúndez, Víctor Pino, Sergio Rodríguez y el Teniente de Carabineros Sergio Ávila Quiroga. Francisco Viera y Héctor Hernández, fueron asesinados el 6 de octubre de 1973, recibieron múltiples heridas de balas por la espalda y sin ningún juicio militar. Ese mismo día fueron masacrados otros 18 detenidos en el Cerro Chena.

Sobre las responsabilidades del coronel Mateo Durruty Blanco, teniente coronel Rolf Wenderott Pozo, los Oficiales Pedro Teyssedre Cartagena, Francisco Martínez Benavides, Lander Uriarte Burotto, los suboficiales Luis Canales Pino y René Cruces Tapia, todos integrantes del Servicio de Inteligencia Militar, SIM, del Regimiento Ferrocarrilero de Puente Alto.

JAIME JIMENEZ JIMENEZ,29 años, dirigente de la Central Única de Trabajadores de Chile, detenido en la población Nuevo Amanecer de Puente Alto por efectivos del regimiento local. Su cuerpo apareció muerto en Avenida Camilo Henríquez, al oriente de Puente Alto, el 17 de octubre de 1973. Sus restos fueron llevados al cementerio General de Santiago, “patio 29”; posteriormente inhumados y entregados a su familia por el Instituto Médico Legal.

JORGE ERNESTO CARRION CASTRO, 22 años, trabajaba en La Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias (EMOS), casado 2 hijos, militante del MIR, presidente del Campamento “Luis Emilio Recabarren”, vivía en la calle Los Pinos, actual población Vista Hermosa de Puente Alto. En un violento allanamiento al Campamento, fueron detenidos 60 pobladores, algunos habían huido al cerro “El Coipo”. El joven Jorge Carrión fue llevado al regimiento de Puente Alto, al tratar de fugarse es asesinado el 5 de octubre de 1973. Su familia denunció el asesinato, ante el Juzgado del Crimen de Puente Alto.

Los tres ciudadanos uruguayos Tupamaros, fueron detenidos a fines de de septiembre de 1973 por funcionarios policiales de la Subcomisaría de Carabineros de San José de Maipo. Los acusaron de tratar de salir del país por algún paso cordillerano. En esos meses, la persecución a ciudadanos sudamericanos era con extrema violencia en todo el país. Los carabineros de San José de Maipo, los entregaron al Coronel y Comandante del Regimiento de Puente Alto, Mateo Durruty Blanco; razón por lo cual  está procesado por la detención y desaparición de los tres jóvenes: ENRIQUE JULIO PAGARDOY SAQUIERES, 20 años, procedente de Montevideo, en Chile trabajaba en Canelones; ARIEL ARCOS LATORRE, 20 años, llego a Chile tres meses antes del golpe de Estado, procedente de quien por supuesto refutó el hecho y volvió a negar todo de todo: “Yo nunca supe nada, en mi regimiento nunca hubo detenidos”, insistió y mintió el comandante y Jefe de Plaza de Puente Alto.

En distintos allanamientos, trece campesinos de diferentes asentamientos de Paine fueron detenidos por militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo. Posteriormente torturados en el cerro Chena, sacados en camiones y enviados al sector de San Vicente de Pirque para ejecutarlos, bajo la responsabilidad de los oficiales Andrés Magaña Bau, Guillermo Castro Muñoz y el suboficial José Vásquez. Los Campesinos fueron baleados por la espalda y enterrados en fosas comunes. Posteriormente los cadáveres fueron desenterrados por militares de Puente Alto y Carabineros, quienes los arrojaron a la ladera sur del río Maipo. Luego fueron enviados al Instituto Médico Legal, con posterioridad los derivados al cementerio General de Santiago “Patio 29”. LUIS OSVALDO GONZALEZ MONDACA, 32 años, casado 5 hijos, presidente del Asentamiento “Huiticalán”, fue detenido en la comuna de Paine. Apresado por efectivos de Ejército de la Escuela de Infantería de San Bernardo, el día 23 de octubre de 1973, a las 10:00 horas. Ejecutado en Cerro Grande de Pirque. LUIS SILVA CARREÑO, 43 años, casado, 7 hijos campesino detenido en el Asentamiento “Arco Iris” de Paine el 16 de octubre de 1973, ejecutado en Cerro Grande de Pirque. MANUEL SILVA CARREÑO, 44 años, casado, campesino del Asentamiento “Arco Iris” de Paine .Detenido el 29 de octubre de 1973. Ejecutado en cerro Grande de Pirque. PEDRO JUAN MENESES BRITO, 30 años, soltero militante socialista, presidente del asentamiento “El Vínculo” de Paine, detenido el 21 de octubre de 1973 y asesinado el 23 de octubre de 1973 en Cerro Grande de Pirque. ROLANDO ANASTACIO DONAIRE RODRIGUEZ, 49 años, casado 6 hijos detenido el 23 de octubre de 1973 en el Asentamiento “Huiticalán” de Paine. Ejecutado en cerro Grande de Pirque. BENJAMIN ADOLFO CAMUS SILVA, 31 años, casado 2 hijos, detenido el 20 de octubre de 1973 en el Asentamiento “Huiticalán” de Paine. Ejecutado en cerro Grande de Pirque. SANTOS PASCUAL CALDERON SALDAÑO, 28 años, casado, militante socialista, detenido el 20 de octubre de 1973, en el Asentamiento “Huiticalán” de Paine. Ejecutado en cerro Grande de Pirque. BAUTISTA SEGUNDO OYARZO TORRES, detenido en el Asentamiento “Huiticalán” el 23 de octubre de 1973 en Paine. Ejecutado en cerro Grande de Pirque. JUAN MANUEL ORTIZ ACEVEDO, 38 años, casado 4 hijos presidente del Asentamiento “El Rangue”, fue detenido el 13 de octubre de 1973 en Paine y ejecutado en cerro Grande de Pirque. LUIS CELESTINO ORTIZ ACEVEDO, 36 años, casado, 7 hijos, presidente de la JAP. Detenido en el Asentamiento “El Rangue” de Paine, el 13 de octubre de 1973 ejecutado en cerro grande de Pirque. FRANCISCO JAVIER LIZAMA IRARRAZABAL, 34 años, casado, militante socialista, presidente del Asentamiento “El Rangue” de Paine. Detenido el 13 de octubre de 1973, ejecutado en cerro Grande de Pirque. JOSE MANUEL DIAZ INOSTROSA, 29 años, presidente de Asentamiento “Marcel Alto” de Paine. JOSE MANUEL PAVEZ HENRIQUEZ, 25 años, vicepresidente del Asentamiento “El Patagual” de Paine, detenido el 13 de octubre de 1973. Ejecutado en el cerro Grande de Pirque.

JULIO SEGUNDO VALENCIA CASTILLO, 32 años, casado 2 hijos, taxista, presidente de la Coordinadora de Allegados de Puente Alto. El 27 de septiembre de 1984, pobladores de la comuna de Puente Alto, realizaron una “toma de terrenos”, siendo desalojados violentamente por Carabineros .En la noche, carabineros comenzaron a buscar a Julio Valencia, cuando lo encontraron, lo golpearon con una piedra y patearon en el suelo. No conforme con eso, un carabinero con un yatagán le corto el cuello. Su cadáver sin vida, fue arrojado en la calle Oscar Bonilla de Puente Alto. Sus restos descansan en el cementerio de Bajos de Mena. Actualmente el Comunal Puente Alto del Partido Comunista, lleva su nombre en su homenaje.

PATRICIO LEONEL GONZALEZ GONZALEZ, 23 años trabajador, estudió la Básica en la Escuela N° 2 de calle Eyzaguirre, en el Liceo Industrial Las Nieves su enseñanza media. Residía en la antigua población Pedro Aguirre Cerda. Militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), el Comunal de las Juventudes Comunistas JJ-CC de Puente Alto, lleva su nombre en homenaje a su trayectoria. Fue asesinado el 10 de diciembre de 1985, a las 1:30 horas en Avenida Concha y Toro, frente al N°0160 de Puente Alto. Fue baleado por carabineros de la comuna y efectivos del Ejército del regimiento de Puente Alto, a plena luz del día, en un enfrentamiento desigual. Los uniformados sumaban más de 20 y con armamento de guerra, y el “Pato” solo tenía una pistola de bajo calibre. Se editó el libro: “Una historia de amor y coraje en Puente Alto”, con poemas en homenaje a este comprometido combatiente social. Sus restos descansan en el cementerio de Bajos de Mena. Los responsables del crimen son; Juan Orlando Muñoz Orellana, Nelson Mario Pérez y Ramón Antonio Venegas Arenas, todos funcionarios de Carabineros al momento de los hechos, quienes fueron procesados en calidad de autores por ministra Cifuentes, que además ordenó la prisión preventiva.

Ex presos políticos puentealtinos en la Corte Suprema

En relación de Torturas y Tormentos, la Policía de Investigaciones PDI (Brigada de Derechos Humanos), por instrucciones del Ministro en Visita Mario Carroza Espinoza, de la Corte de Apelaciones de Santiago, investigan las querellas presentadas y acogidas por los ex presos políticosresidentes de Puente Alto: Luis Lobos y Raúl Vargas, ambos ex dirigentes sindicales y Sergio Solís y Ricardo Klapp, antiguos dirigentes políticos de nuestra capital provincial.

Además la Brigada d Derechos Humanos de la PDI, investiga en Pirque sobre los 13 campesinos de Paine asesinados en San Vicente, en octubre de 1973 en el ex Centro de Reforma Agraria Salvador Allende.

Las organizaciones de Derechos Humanos deben promover el necesario el protagonismo del pueblo con participación social, ciudadana y popular; para transitar desde una democracia exclamativa a una democracia participativa y respetuosa de los Derechos Humanos.

El 30 de enero, el máximo tribunal mantuvo la absolución de Mateo Durruty Blanco y Pedro Teyssedre Cartagena por el homicidio calificado de Manuel Llanca Roda, ocurrido a partir del 17 de septiembre de 1973 y sentenciado en la corte de apelaciones de San Miguel. El fallo de los ministros de la Segunda Sala Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Luis Bates determina que no hay arbitrio legal en la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel decretó la absolución de los dos condenados por falta de participación.