Tapia Olivares Hector Nelson

En el transcurso de la mañana la brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI) inició el traslado hasta la Corte de Apelaciones de Valparaíso de los últimos 14 procesados por la desaparición del sacerdote ingles Miguel Woodward, quien también fue torturado a bordo del Buque Escuela Esmeralda de la Armada de Chile y luego desapareció.

Cabe señalar que el 26 de agosto pasado, la ministra María Eliana Quezada decretó el procesamiento de estos catorce ex uniformados. Los hechos se remontan a los primeros días de la dictadura militar, cuando la Armada de Chile implantó el Plan Cochayuyo, ideado para reprimir a las organizaciones sociales y controlar la zona, después del golpe militar.

Pasadas las 11:00 horas, empezaron a llegar a la Corte de Apelaciones de la Quinta región los funcionarios en retiro de Carabineros y de la Armada involucrados en este caso de derechos humanos para que la magistrada les notifique del procesamiento y de la prisión preventiva.

Los procesados son los Carabineros en retiro Héctor Tapia Olivares, Ángel Lorca Fuenzalida y Enrique Corrales Díaz, todos coroneles; además del mayor Luis Araya Maureira, el capitán Nelson López Cofré y el sargento segundo Jorge Leiva Cordero.

Además fueron procesados los ex oficiales de la Armada, Pedro Abregó Diamanti, capitán de navío; los suboficiales de Infantería de Marina, Manuel Leiva Valdivieso, Juan de Dios Reyes Basaur, Jaime Lazo Pérez, Bertalino Castillo Soto, Alejo Esparza Martínez, Carlos Líbano Riquelme y Sergio Hevia Fabres, todos en retiro.

Con este hecho suman 33 los procesados por este caso, emblemático en materia de derechos humanos en Valparaíso

La Corte Suprema de Chile (CSC) ratificó este jueves el sobreseimiento de 19 militares retirados  quienes están siendo acusados de la desaparición del sacerdote británico-chileno, Miguel Woodward durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), reporta TeleSUR

Esta resolución del alto tribunal chileno se tomó luego de que rechazaran los recursos interpuestos por el ministerio del Interior, el Consejo de Defensa  del Estado (CDE) y los querellantes que pretendían anular el fallo.

El fallo emitido por los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal, Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Alberto Chaigneau, señala que los jueces no cometieron falla y abuso grave al dictar sobreseimiento.

En mayo pasado el CSC dictaminó que eran autores del delito cometido contra Woodward, los siguientes ciudadanos: Luis Francisco Pinda Figueroa, Carlos Alberto Miño Muñoz, Guillermo Carlos Inostroza Opazo, José Manuel García Reyes, Marcos Cristián Silva Bravo, Nelson Roberto López Cofre, Jorge Leiva Cordero, Manuel Atilio Leiva Valdivieso, Bertalino Segundo Castillo Soto y Héctor Fernando Palomino López.

En otra sentencia, la instancia judicial estableció el sobreseimiento parcial y temporal para: Guillermo Aldoney Hansen, Juan Mackay Barriga, Ricardo Riesco Cornejo, Carlos Costa Canessa, Víctor Valverde Stelenlen, José Yañez Riveros, Pedro Vidal Miranda, Alfredo Mondaca Salamanca, Claudio Cerezo Valencia, Héctor Tapia Olivares, Ángel Lorca Fuenzalida, Enrique Corrales Díaz, Luis Araya Maureira, Pedro Abregó Diamantti, Juan de Dios Reyes Basaur, Jaime Lazo Pérez, Alejo Esparza Martínez, Carlos Líbano Riquelme y Sergio Hevia Febres.

La determinación a favor de los citados se estableció puesto que no se encontraba totalmente probada la participación de esas personas en el suceso.

El sacerdote Miguel Woodward fue arrestado el 19 de septiembre de 1973 por miembros de la armada chilena en una localidad de Valparaíso en la costa central de Chile.

Poco después fue trasladado a la Universidad Federico Santa María de esta ciudad donde fue sometido a toda clase de torturas.

Por último fue llevado  a la Academia de Guerra Naval, donde recibió más torturas hasta que lo condujeron al buque escuela Esmeralda, donde finalmente murió y su cuerpo nunca fue hallado.

El último informe de la Comisión Nacional sobre Política y Tortura, conocido como informe de la Comisión Valech, elevó a más de 40 mil las víctimas durante la dictadura.

Máximo tribunal respaldó decisión de Corte de Apelaciones porteña que determinó el sobreseimiento de 19 personas en la investigación por el secuestro calificado del sacerdote Miguel Woodward, ocurrido a partir de septiembre de 1973.

La Corte Suprema rechazó los recursos de queja presentados en contra de las resoluciones del ministro en visita Julio Miranda Lillo y la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que determinaron el sobreseimiento de 19 personas en la investigación por el secuestro calificado del sacerdote Miguel Woodward.

En fallo unánime, los ministros Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Alberto Chaigneau, rechazaron las presentaciones hechas por el Ministerio del Interior, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los querellantesn que pretendían anular ambos fallos.

La sentencia de la Corte Suprema determina que los jueces recurridos no cometieron falta o abuso grave al dictar el sobreseimiento, al considerar que no se encontraba probada la participación en el delito, ocurrido a partir de septiembre de 1973.

El 12 de mayo pasado, el ministro en visita Julio Miranda Lillo declaró cerrado el sumario en la investigación por el secuestro del sacerdote Miguel Woodward, dictando dos resoluciones en el proceso.

En la primera, acusó a Luis Francisco Pinda Figueroa, Carlos Alberto Miño Muñoz, Guillermo Carlos Inostroza Opazo, José Manuel García Reyes, Marcos Cristián Silva Bravo, Nelson Roberto López Cofre, Jorge Leiva Cordero, Manuel Atilio Leiva Valdivieso, Bertalino Segundo Castillo Soto y Héctor Fernando Palomino López, como autores del ilícito.

En tanto, en la segunda, decretó el sobreseimiento parcial y temporal a favor de Guillermo Aldoney Hansen, Juan Mackay Barriga, Ricardo Riesco Cornejo, Carlos Costa Canessa, Víctor Valverde Stelenlen, José Yañez Riveros, Pedro Vidal Miranda, Alfredo Mondaca Salamanca, Claudio Cerezo Valencia, Héctor Tapia Olivares, Ángel Lorca Fuenzalida, Enrique Corrales Díaz, Luis Araya Maureira, Pedro Abregó Diamantti, Juan de Dios Reyes Basaur, Jaime Lazo Pérez, Alejo Esparza Martínez, Carlos Líbano Riquelme y Sergio Hevia Febres.

El ministro en visita en causas de derechos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, sometió a proceso a 11 miembros de Armada y Carabineros en retiro por su responsabilidad en secuestro con grave daño y detención ilegal de Gladys Závala Nuñez, adolescente de 15 años a la época de los hechos, detenida a partir de febrero de 1974.

El magistrado encausó a Juan de Dios Reyes Basaur, Valentín Riquelme Villalobos, Alejo Esparza Martínez, Héctor Santibáñez Obreque, Jaime Lazo Pérez, Ricardo Riesco Cornejo y Eduardo Nüñez Contreras cono autores de secuestro con grave daño y aplicación de tormentos.
En tanto, Patricia del Carmen Orellana Alvarado fue procesada como cómplice de secuestro con grave daño y aplicación de tormentos.
Asimismo, Marcelo Vargas Goas, Héctor Tapia Olivares y Sergio Hevia Febre fueron procesados como autores de detención ilegal.

En esta etapa procesal se logró establecer que conforme a los antecedentes pormenorizados precedentemente se ha podido establecer que en el marco de la activación del Plan de Seguridad Interior para la región de  Valparaíso,  más comúnmente denominado "Plan Cochayuyo", y que comenzó en la madrugada del 11 de septiembre de 1973, el Estado Mayor del Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval asumió la obligación de su implementación, teniendo a su disposición para tal efecto al personal de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y de la Policía de Investigaciones del CAJSI PRIZONA (Comandancia del área jurisdiccional de seguridad de la Primera Zona Naval).

Agrega que este personal conformó grupos operativos encargados de perseguir a las personas contrarias al régimen militar imperante en la época, contando para ello con recursos materiales imperante en la época contando para ello con recursos materiales y humanos, lugares de detención, vehículos, armas, entre otros, dentro de organizaciones jerarquizadas y de mando, dedicadas a las actividades que permitieron la ocurrencia de los delitos que se han denunciado precedentemente.

Además, se considera que estas órdenes eran ejecutadas al margen de la legalidad, amparando y justificando la comisión de ilícitos, como detenciones ilegales, allanamientos de morada, aplicación de rigor innecesario, privaciones de libertad de personas por largos periodos de tiempo en lugares no autorizados, y la aplicación de tormentos físicos y psicológicos, los que eran llevados a cabo sin dejar rastros o pruebas, atendida la materia investigada y las personas involucradas.

A continuación, la resolución señala que en febrero de 1974 la víctima de autos es fuertemente buscada por agentes del Estado vestidos de civil, quienes allanaron su domicilio en Valparaíso y amenazando de muerte a los demás miembros de su familia en caso de que ella no apareciera la próxima vez que estos agentes volvieran a buscarla.  Por ello, Zavala Nuñez es devuelta por su familia a Valparaíso con la esperanza  de que al  momento en que sus aprehensores vieran que era una menor de edad desistieran de una posible detención.
Al día siguiente de su vuelta a Valparaíso, Gladys Zavala Núñez es tomada detenida en su domicilio junto a su hermana Georgina por dos hombres vestido de terno y corbatam siendo sacada de la casa con su rostro tapada y siendo subida a un vehículo que la trasladó al cuarte Silva Palma, ubicada en la misma ciudad.

Por último, indica que en dicho lugar, es fichada, fotografiada y dejada en una habitación con más detenidos, permaneciendo ahí por 4 días, durante los cuales fue objeto de interrogatorios, los que versaban principalmente sobre ubicación de armas, de golpes, privación de alimentación y del sueño, amenazas a la integridad de otros miembros de su familia, y objeto de un maltrato relevantes y permanente. 

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, sometió a proceso a 18 ex funcionarios de la Armada y Carabineros, por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado del sacerdote de origen britanico Miguel Woodward Iriberry, ilícito perpetrado a partir de septiembre de 1973.

En la causa, el ministro Arancibia dictó auto de procesamiento en contra de los funcionarios de la Armada en retiro Guillermo Samuel Aldoney Hansen, Juan Guillermo Mackay Barriga, Ricardo Alejandro Riesco Cornejo, Víctor Sergio Valverde Steinlen, José Ignacio Yáñez Riveros, Pedro Vidal Miranda, Alfredo Hugo Moncada Salamanca, Claudio Francisco Cerezo Valencia, Pedro Abrego Diamantti, Juan de Dios Reyes Basaur, Jaime Segundo Lazo Pérez, Alejo Esparza Martínez, Carlos Líbano Riquelme y Sergio Hevia Febres (*).

Asimismo, procesó a los ex funcionarios de Carabineros Héctor Nelson Tapia Olivares, Ángel Lorca Fuenzalida, Enrique Orlando Corrales Díaz y Luis Ricardo Araya Maureira.

En la resolución, y tras la descripción de los hechos, el magistrado estableció que se configura "la existencia del delito de secuestro calificado que contempla el artículo 141 incisos 1° y 4° del Código Penal en la persona del sacerdote Miguel o Michael Roy Woodward Iriberry, reuniéndose todos los requisitos que lo configuran, pues fue privado de su libertad ambulatoria sin derecho, manteniéndosele bajo detención o encierro, primeramente en un recinto controlado por la Armada y luego en unidades de dicha institución, siendo sometido a continuos interrogatorios y torturas, perdiéndose su rastro, lo que se ha prolongado desde su detención en el mes de septiembre de 1973 hasta la época actual, sin que se conozca su paradero o sus restos hayan sido encontrados".

Agregó que se trata de un ilícito "que reviste el carácter de permanente o de ejecución continuada y se entiende en grado de comisión durante todo el lapso que dure la situación tipificada y sancionada en la disposición legal antes citada, la que se mantiene hasta el día de hoy por desconocerse aún el paradero o destino de Michael Woodward, o eventualmente de sus restos, careciéndose de antecedentes concretos de la víctima, hasta ahora".

(*) N de la R: Mediante resolución, Rol n° 140.454-2001, se rectifica que el segundo apellido del procesado Sergio Hevia -citado en esta nota- es Febres, por lo que con fecha 15 de marzo 2017 se modifica el texto en este punto particular, clarificando que el mencionado es Sergio Hevia Febres.

El ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia, sometió a proceso y decretó la  prisión preventiva para 13 ex uniformados –dos de Carabineros y once miembros en retiro de la Armada-, por el delito de secuestro de Viviana Victoria Fernández.

En la resolución (causa rol 144.137-2013) encausó a Gilda Mercedes Ulloa Valle, Alejo Esparza Martínez, Juan de Dios Reyes Basaur, Enrique Orlando Corrales Díaz, Ricardo Alejandro Riesco Cornejo, Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, Bertalino Segundo Castillo Soto, Eduardo Mauricio Núñez Contreras, Jaime Erik Riesle Wetherby, Héctor Nelson Tapia Olivares, Juan Orlando Jorquera Terrazas, Ángel Segundo Lorca Fuenzalida y Marcelo Alejandro Onofre Vargas Goas, en calidad de autores del delito de secuestro de Viviana Victoria Fernández Montenegro.

De acuerdo a los antecedentes, los hechos se registraron la segunda quincena de febrero del año 1974, "en razón de las ideas políticas que profesaba, como asimismo su familia, fue detenida en su domicilio del Cerro Florida de Valparaíso Viviana Victoria Fernández Montenegro, quien tenía a esa fecha 14 años de edad. Fue llevada al Cuartel Silva Palma, aledaño a la Academia de Guerra Naval, mismo lugar al que fueron llevadas su hermana Morelia del Rosario Fernández Montenegro y su madre, Emma Mercedes Montenegro Mena, detenciones realizadas por efectivos de la Armada y Carabineros de esta ciudad sin orden de tribunal competente”.

Continúa la resolución: “Siendo interrogada la víctima, como asimismo sus familiares ya indicados, respecto de las actividades políticas que realizaban y sobre la existencia de supuestas armas o depósitos de ellas que se encontrarían escondidas, interrogatorios en donde fueron abusadas sexualmente, recibiendo además golpes, insultos, amenazas de muerte y aplicación de corriente en sus partes íntimas, tobillos y dedos de manos, siendo posteriormente dejada la víctima en libertad después de una semana aproximadamente, pero firmando semanalmente en un retén de Carabineros del Cerro Alegre por un año, sin que se incoara en su contra proceso judicial alguno, tanto del fuero militar como del ordinario".

Los procesados, una vez notificados del auto de procesamiento, deben ser conducidos a los recintos que Carabineros designe, para cumplir con la prisión preventiva.

Cuando era solo una adolescente de 14 años, Viviana fue detenida por agentes de la Marina y secuestrada durante una semana en el cuartel Silva Palma en Valparaíso, donde fue sometida a torturas físicas y psicológicas. Pasaron 42 años y el Ministro en Visita, Jaime Arancibia, dictó el procesamiento contra 13 de los responsables.

En 1974, Viviana Fernández Montenegro, tenía solo 14 años. En febrero de ese año, fue detenida en su casa del Cerro Florida, en Valparaíso, por agentes de la Armada. Estuvo secuestrada durante una semana en el cuartel Silva Palma, uno de los centros de detención mas emblemáticos de la V Región. Durante los interrogatorios, fue sometida a torturas y agresiones sexuales.

Días antes habían tomado prisioneras a su hermana Noelia de 17 años y a su madre, las tres acusadas de ser guerrilleras y mantener armas escondidas en su casa. Después de 42 años de ocurridos los hechos, la semana pasada, el Ministro en Visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia, dictó el procesamiento contra 13 marinos por el delito de secuestro calificado contra Viviana.

Tras decretarles prisión preventiva, salieron en libertad bajo fianza a la espera que termine la investigación del magistrado y sean dictadas las condenas. Apenas Viviana supo la noticia, alertada por su abogado, Hernán Fernández, se fue a la Corte y presenció cómo iban llegando los exuniformados para ser notificados por el Juez. Después se fue a visitar a sus padres al Cementerio para contarles y luego pasó tiempo con su familia. En los días siguientes, estuvo meditando sobre cómo marcó a toda su familia la represión y las diferencia en torno a las condiciones de detención de ella como víctima y las de sus victimarios ya de edad avanzada. “Yo era menor de edad, no entendía lo que estaba pasando, no había cometido ningún delito, a mi familia no le informaron dónde me llevaban.

Me fui detenida con el puesto, no tenía útiles de aseos, ni alimentación, nada. La situación de ellos es muy diferente”, dice a The Clinic Online. -Me encerraron en una celda- cuenta, donde había una mujer de mediana edad y una anciana. Nos sacaban a interrogatorios por turno, había todo tipo de torturas psicológicas y físicas.

Pasaba todo el tiempo encapuchada, solo escuchaba voces. Con lo que más me amenazaban, era que si no hablaba y no les daba la información que me pedían, iban a matar a mi familia, yo me lo creía, tenía 14 años, todo lo que me decían pensaba que podía pasar y de hecho, con muchas familias pasó. Las torturas que relata Viviana, según el auto procesamiento del juez Arancibia, incluyeron “ abusos sexuales, golpes, insultos, amenazas de muerte y aplicación de corriente en sus partes íntimas, tobillos y dedos de manos”.

-A nosotros nos truncaron la vida -dice Viviana, para mí, después de lo que pasamos, ya no hubo proyecto de vida, ya no hubo sueños, solo sobrevivir, con ese miedo que por tantos años me mantuvo paralizada. Ahora que soy una mujer vieja, venir a tener esta, comillas, reparación de la justicia, es algo que me hace respirar un poquito mejor. Antes de la etapa judicial, Viviana vivió muchas décadas en silencio. Cuando las tres lograron volver a casa, la última fue su hermana que estuvo casi un mes secuestrada, todas por su militancia comunista, su padre prohibió hablar del tema. No podía ni comentarlo. Él dijo que tenían que seguir viviendo. Nunca se sentaron a conversar como familia de lo que les había pasado.

-El 2003, cuando se abrió la comisión Valech, pese a las críticas a nosotros nos favoreció, porque nos obligó a hablar. La primera vez con mi hermana no calificamos, tuvimos que hacer un peregrinaje por la Academia de Guerra, el Cuartel, la Marina, buscando documentos que avalaran lo que vivimos, pero no había registros, fue bien denigrante. Para una víctima tener que enfrentar los lugares donde fue torturada, es revivir el dolor. Luego con testigos pudimos acreditar nuestra condición en la segunda etapa de la Valech, cuenta Viviana sobre la primera vez que abordó públicamente lo que la había pasado. Diez años más tarde, para los 40 años del Golpe, en 2013, Viviana presidía la agrupación Ex menores víctimas de prisión y tortura.

En conjunto con otras 20 personas, y asesoradas por un equipo integral de profesionales, presentaron una querella colectiva contra los responsables. De esa querella, este es el cuarto caso en que el juez Arancibia procesa a uniformados por crímenes de lesa humanidad contra menores de edad ocurridos en la dictadura. Para el abogado querellante, Hernán Fernández, “este procesamiento es de gran trascendencia histórica porque los niños y niñas fueron ignorados, invisivilizados, durante las ultimas décadas como víctimas de la represión política del Estado. Estos procesamientos penales confirman y reconocen que hubo crímenes contra niños y niñas en dictadura. Creemos que se trata de un trabajo muy responsable y serio de la justicia y de aplicación de derechos humanos para estas víctimas ignoradas por tanto tiempo”, sostiene. Además, el abogado Fernández reconoció el trabajo del Ministro Arancibia y pidió la colaboración de los procesados, que hasta ahora han negado o minimizado su participación en los hechos. “Como querellante reconocemos el trabajo que ha hecho el ministro Arancibia.

Tenemos la expectativa que se siga avanzando en las investigaciones y también tenemos expectativas que los responsables de las violaciones a los derechos humanos colaboren con la investigación y ante la multiplicidad de pruebas que los incriminan. Creemos que el tiempo transcurrido no es una excusa, mas bien hay mayor deber de colaborar por tantos años de impunidad previa”, solicita Fernández. -La justicia ha sido lenta, pero esto ha sido un aliento, una esperanza. No estoy por el ojo por ojo, diente por diente. No tengo espíritu de venganza, es para cerrar un capítulo de mi vida, es para que la herida pueda empezar a sanar. Sé que son seres humanos, tienen corazón, algunos deben estar arrepentidos de lo que hicieron, pero no podemos quedarnos todos estos años con esa espina en el corazón, con ese dolor tan tremendo, esa humillación por la que tuvimos que pasar, solamente por pensar distinto, por tener otra opción diferente a la de ellos. No me hago ilusiones de nada más que se dicte condenan y ellos asuman y sepan que lo que hicieron no estuvo bien, asegura Viviana.

Posterior a la etapa penal, Viviana interpondrá una demanda civil contra el Estado: “Quiero que el Estado no le saque el cuerpo al tema de los menores de edad, de la infancia dañada, hubo muchos menores que sufrieron tanto, que el Estado lo reconozca, haga un mea culpa y ayude en la reparación. Hay casos muy duros, gente que quedó muy dañada, con vidas durísimas. Eso no quedo ahí no más, lo que vino después fue un calvario", concluye. Los procesados como autores de secuestro con daños graves contra Viviana son: Gilda Mercedes Ulloa Valle, Alejandro Riesco Cornejo; de Valentín Evaristo Riquelme Villalobos; Bertalino Segundo Castillo Soto; Eduardo Mauricio Núñez Contreras; Jaime Erik Riesle Wetherby; Héctor Nelson Tapia Olivares; Juan Orlando Jorquera Terrazas; Ángel Segundo Lorca Fuenzalida y Marcelo Alejandro Onofre Goas.