Sinclair Oyaneder Santiago Arturo Ariel De Jesus

En dos resoluciones en las que procesó a cuatro altos oficiales retirados del Ejército y a un civil, el ministro en visita con dedicación exclusiva para causas de derechos humanos Alejandro Solís dio cuenta de los episodios de Chihuío y Liquiñe en la precordillera de la Décima Región, dos de los más masivos en cuanto a número de víctimas de la represión durante la dictadura.

En Chihuío, unos 190 kilómetros al sureste de Valdivia, cerca de la frontera con Argentina, el 9 de octubre de 1973 fueron asesinados 17 campesinos por personal de los regimientos Cazadores y Maturana de Valdivia, cuyos comandantes eran los coroneles Santiago Sinclair (ex vicecomandante en jefe del Ejército y ex senador designado) y Jerónimo Pantoja Hernández (ex segundo hombre de la DINA), respectivamente. Por este caso, el juez Solís sometió a proceso por secuestro a Pantoja, hoy en retiro; al general (R) Héctor Bravo Muñoz, a septiembre de 1973 jefe de la IV División del Ejército con asiento en Valdivia y jefe de zona en estado de sitio; al entonces capitán Luis Osorio Garardazanic y a un civil.

Los cuerpos de los 17 campesinos fueron desenterrados por personal de Ejército a fines de 1978 y permanecen desaparecidos. El 17 de junio de 1990 se descubrieron las tres fosas en las que habían estado enterrados los campesinos, y sólo se encontraron pequeñas piezas óseas, lo que permitió confirmar las identidades de los campesinos.

Un día después, el 10 de octubre de 1973, un operativo de Ejército y Carabineros secuestró y dio muerte a 15 campesinos en la aldea de Liquiñe, a pocos kilómetros de la localidad de Neltume también en la precordillera. Por once de estas víctimas, Solís procesó en calidad de autor de secuestro al teniente coronel (R) de Ejército Hugo Guerra Jorquera. Según testigos de la época, estos campesinos fueron ejecutados sobre el puente del río Toltén y sus cuerpos lanzados al río. Por este caso, el juez Juan Guzmán procesó previamente al civil Luis García, dueño de las Termas de Liquiñe, que colaboró en los secuestros. Si bien el general (R) Sinclair no ha sido hasta ahora procesado por Chihuío, fuentes vinculadas a la investigación afirman que sí llegar a estarlo.

El ministro Mario Carroza, que sustancia el proceso por el secuestro y desaparición de cinco militantes del FPMR en 1987 a manos de agentes de la CNI -con la participación del Ejército- someterá a proceso a dos oficiales en retiro y uno activo.

Se trata de quien fuera el último vicecomandante en jefe del régimen militar, Santiago Sinclair -quien llegó a ser senador designado a principios de la transición democrática-, en calidad de coautor de homicidio en las personas de Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, Julián Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas.

La decisión del magistrado se basa en que los frentistas fueron lanzados desde un helicóptero institucional al mar, previa reunión de coordinación en la que habría estado presente Sinclair y que, por autoridad superior, no podía menos que saber de las muertes.

El mismo razonamiento judicial usará Carroza para quien fuera el jefe de la Dirección de la Inteligencia del Ejercito (DINE), el entonces general Hugo Prado, junto a un coronel actualmente en servicio activo de apellido Bustos. Para ambos también pesará el mismo delito. En el caso del funcionario que aún integra las filas de la institución castrense -y como ha sido la tendencia para los involucrados en casos de violaciones de derechos humanos- será alejado de la institución.

El sistema usado por Carroza hasta ahora ha logrado establecer no sólo que agentes de la CNI secuestraron a los frentistas, sino también que estos pierden la vida en el cuartel Borgoño del mismo servicio represivo y son lanzados al mar en un helicóptero del Ejército.

Los pilotos de Pinochet, Hugo Barría Rogers -ex agregado militar en Francia- y “el Chino Campos” -ambos procesados- son quienes participan en esta operación, pero sin saber a qué se dirigían cuando se les ordenó despegar y dirigirse a un predio de Colina, el mismo que utilizó la DINA en los 70's para hacer desaparecer a los militantes de izquierda.

Desde 2002 están sometidos a proceso, el entonces jefe de la CNI, general (R) Hugo Salas Wenzel, el comandante (R) Krantz Bauer Donoso, el mayor (R) Álvaro Corbalán, capitán (R) Luis Sanhueza Ros; los suboficiales (R) Manuel Ramírez y René Valdovinos y los empleados civiles de Ejército César Acuña, Manuel Morales, Luis Santibáñez y Víctor Ruiz Godoy. Se suman el coronel (R) de Carabineros Iván Quiroz, y los agentes Juan Orellana Morales, Hernán Vásquez, Raúl del Carmen Durán, José Salas Fuentes, Marco Antonio Pincheira y Jorge Raimundo Ahumada Molina. Se suma a ellos el ex jefe del Batallón de inteligencia del Ejército (BIE), el general (R) Julio Cerda. Santiago Sinclair fue un militar destacado durante la dictadura militar. Junto con llegar a vicecomandante en jefe hasta 1986 e integró la Junta Militar en 1989, como también senador designado hasta 1997.

El otrora hombre fuerte de Augusto Pinochet y ex senador institucional fue procesado junto al ex general Hugo Prado y al coronel en servicio activo Marcos Bustos por la muerte de cinco frentistas en 1987.

El ministro Mario Carroza procesó al coronel en servicio activo Marcos Bustos y a los ex generales Hugo Prado y  Santiago Sinclair  por el delito de homicidio calificado referente a la desaparición de cinco integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez ocurrido en septiembre de 1987.

El proceso conocido como causa de los cinco es considerado emblemático por la  comunidad de derechos humanos pues se trata de uno de los últimos crímenes  de la dictadura.

En el caso, el magistrado indaga las causas que rodearon el asesinato de Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, Julián Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas, investigación en que también están procesados otros 18 militares en retiro, entre los que figura el ex jefe de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) general (r) Hugo Salas Wenzel.

Destaca en la resolución, el nombre del general Sinclair,  considerado como mano derecha en su momento de Augusto Pinochet y quien incluso ostentó el grado de vicecomandante en jefe del Ejército.

Sinclair fue designado senador institucional en representación del Ejército hasta 1997.

El ministro Mario Carroza encausó también en calidad de autor del secuestro de los cinco militantes del FPMR al coronel activo Marco Antonio Bustos. El crimen fue coordinado entre la jefatura del Ejército, su Dirección de Inteligencia, y la CNI. En la operación también participó el Comando de Aviación de esta rama castrense. Ya van 27 oficiales y suboficiales retirados declarados reos por este crimen.

Una acción coordinada entre la comandancia en jefe del Ejército, la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército (DINE) y la Central Nacional de Informaciones (CNI), además del Comando de Aviación de la institución, fue la operación para eliminar en septiembre de 1987 a cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

La coordinación al más alto nivel la establecieron en la investigación judicial los ministros Hugo Dolmetsch, Haroldo Brito y Mario Carroza, quienes han tenido la causa en sus manos.

El actual magistrado a cargo de la indagatoria, Carroza, procesó ayer al ex vicecomandante en jefe del Ejército y ex integrante de la Junta Militar, general (R) Santiago Sinclair Oyaneder; al general (R) y ex jefe de la DINE, Hugo Prado Contreras, y el ex integrante del Batallón de Inteligencia Militar (BIE), actual coronel en servicio activo, Marco Antonio Bustos Carrasco, quien es el jefe del Departamento de Planificación de la División de Logística del Ejército.

Los tres fueron encausados en calidad de coautores del delito de secuestro calificado de los cinco militantes del FPMR.

Los dos oficiales generales y el oficial superior fueron arrestados y quedaron internados en el Batallón de Policía Militar en la comuna de Peñalolén.

Con estos tres encausados llegó a 27 el número de oficiales y suboficiales retirados declarados reos por este crimen.

En el marco de esta operación coordinada, el 21 de septiembre de 2006 el juez de Haroldo Brito procesó al entonces director de la CNI, general (R) Hugo Salas Wenzel, y a otros diez ex agentes de ese organismo, entre ellos el jefe operativo Alvaro Corbalán y el jefe de la Brigada Antisubversiva, Kranz Bauer Donoso.

En la investigación logró establecerse que los cinco frentistas, Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola fueron secuestrados entre el 9 y 10 de septiembre de 1987, como posibles rehenes de canje por el coronel de Ejército Carlos Carreño Barrera, secuestrado el 1 de septiembre de 1987 por el FPMR. Carreño apareció finalmente el 3 de diciembre de 1987 en la ciudad Sao Paulo, Brasil, tras 93 días de cautiverio.

El juez Carroza sostiene en su auto de procesamiento que los cinco militantes fueron muertos "una vez que el coronel Carreño apareció". El dato es relevante, pues nunca se ha podido precisar la fecha exacta en que fueron asesinados.

Esa información agrega coherencia a la tesis jurídica de que la dictadura mantuvo vivos a los cinco frentistas para el probable canje hasta el último momento y que su muerte se decidió sólo después de que Carreño fue liberado por sus captores.

Es en este momento en que, según los antecedentes del proceso, entra a participar en el caso el general Santiago Sinclair, en su cargo de vicecomandante en jefe del Ejército, o más bien, de comandante en jefe en ejercicio o ejecutivo, dado que Augusto Pinochet ejercía como autodesignado Presidente de la República.

Una vez liberado Carreño, se produjo una reunión entre Sinclair, quien llevaba allí la voz del dictador Pinochet, el jefe de la DINE, Prado, y el director de la CNI, Salas Wenzel. En esa reuniónSinclair ordenó que había que hacer desaparecer a los cinco prisioneros.

La razón fue que ya a esa fecha y por la reestructuración que se había realizado, la CNI no podía mantener prisioneros en sus cuarteles. Los cinco militantes llevaban ya tres meses secuestrados, interrogados y torturados y el caso podía convertirse en otra arma en contra de Pinochet a un año del plebiscito de 1988.

Cuando secuestran a Carreño, la DINE, a través de su organismo operativo, el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), formó un equipo a cargo de la investigación del secuestro del coronel.

Los oficiales de ese equipo, entre los que estaba el actual coronel activo Marco Antonio Bustos y el entonces jefe del BIE, actual general (R) Julio Cerda Carrasco, también encausado, mantuvieron durante todo el tiempo de cautiverio de Carreño un estrecho vínculo con la CNI. Incluso sus integrantes estuvieron varias veces en el cuartel Borgoño.

Prisión de Sinclair

“Mi general, su Ejército está listo, para lo que usted lo necesite”, le dijo el general Santiago Sinclair al general Augusto Pinochet la noche del 5 de octubre de 1988, cuando internamente ya se sabía que el dictador había perdido el plebiscito y tendría que abandonar el poder.

Ese episodio da cuenta de la estrecha lealtad de Sinclair hacia su superior. En ese entonces, como cuando se decidió la muerte y desaparición de los cinco frentistas por lo que ahora está procesado y detenido, formalmente Sinclair era el vicecomandante en jefe del Ejército, pero en la práctica era su máxima autoridad, porque Pinochet ocupaba la primera magistratura nacional por obra y gracia de su Constitución.

De ahí que su procesamiento y detención sea recibida en el mundo de los derechos humanos como una señal que allana el camino a otros procesamientos a altos mandos de entonces. La noticia tiene además otro ribete institucional. Otro de los procesados está aún al servicio de la institución. Se trata del coronel Marco Antonio Bustos, jefe del Departamento de Planificación de la División de Logística del Ejército. El ministro Mario Carroza, a cargo de la investigación, encausó también en calidad de autor del secuestro de los cinco militantes del FPMR al entonces director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Hugo Prado Contreras.

El magistrado estableció que el crimen fue coordinado entre la jefatura del Ejército, la DINE y la CNI y que en la operación también participó el Comando de Aviación de esta rama castrense.

A bordo del puma

La forma que se eligió para hacer desaparecer a los cinco militantes fue la misma que utilizó la DINA para hacer desaparecer a sus víctimas: matarlas y tirar los cuerpos al mar. De esta manera, a través de Sinclair y con conocimiento de Pinochet, se autorizó la operación para que un helicóptero del Comando de Aviación del Ejército (CAE) fuera utilizado para lanzar los cuerpos al mar. Éstos fueron asesinados en Borgoño y sus cuerpos, debidamente ensacados y amarrados a trozos de rieles, son llevados al predio militar de Peldehue, al norte de Santiago, donde son cargados a bordo del helicóptero Puma del CAE que comandaron los oficiales Víctor Campo Valladares y Hugo Barría Rogers. Comandante del CAE en 1987 era el coronel Aquiles Navarrete Izanortegui, quien también está encausado en el proceso.

Los últimos desaparecidos

José Julián Peña Maltés: Soltero, 36 años al momento de su secuestro. Salió al exilio en Francia en enero de 1974. En 1985 se levanta su prohibición de ingreso al país. No se sabe la fecha exacta de su regreso a Chile, pero sí que estaba clandestino al momento de su secuestro. Fue visto la última vez con vida el 9 de septiembre. Su familia supo de su desaparición el 15 de septiembre de 1987, por la llamada telefónica de una mujer que no se identificó. En noviembre de ese año, Investigaciones informó que no registraba ingreso al país “por lo que es dable suponer que aún no retorna”. Fue rechazado su recurso de amparo.

Julio Muñoz Otárola: Separado, 27 años al momento de su desaparición. Estuvo casado con Cecilia Magni, la comandante Tamara, integrante del comando que atentó contra Pinochet en septiembre de 1986, asesinada luego en Los Queñes junto al comandante José Miguel, ambos del FPMR. Según informó Investigaciones, cuando desapareció tenía dos órdenes de detención pendiente en su contra, “por lo que es presumible que se encuentre oculto tratando de eludir la acción de la justicia”. El recurso de amparo a su favor fue rechazado.

Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez:Casado, 27 años al momento de su detención. Vivía en la comuna de Ñuñoa, pero su familia residía en Valparaíso, en donde le vieron por última vez el 8 de septiembre. Sus amigos le vieron en Santiago el 9 por la mañana y quedaron de juntarse con él en la tarde; nunca llegó. Según informó entonces la CChDH, algunos testigos informaron que fue detenido el 10 de septiembre en Catedral con San Martín, por civiles que lo introdujeron a la fuerza dentro de un furgón utilitario. Se rechazó su recurso de amparo.

Alejandro Pinochet Arenas: Soltero, 23 años al momento de su desaparición. También domiciliado en Valparaíso y de paso por Santiago, debía regresar a su casa el 18 de septiembre, pero no fue así. Según testigos, fue secuestrado el 10 de septiembre, mientras viajaba en un bus de la locomoción colectiva, desde el que fue bajado a la fuerza por civiles en la esquina de Compañía con Amunátegui. En 1986 había sido buscado en su casa en el puerto, por orden del fiscal Torres, en relación al atentado contra el general Pinochet ocurrido el 7 de septiembre de 1986 en el Cajón del Maipo.

Gonzalo Iván Fuenzalida Soltero: 25 años al momento de su desaparición. Su novia fue la última persona en verlo, el 8 de septiembre, cuando el pasó a verla a una ferretería donde ella trabajaba. Quedaron de verse más tarde en un restaurante en Estación Central, pero nunca se vieron de nuevo. En esos días, la novia también fue detenida por un “caso sobre el cual existe prohibición de informar”, sostenía El Mercurio. Luego se supo que se trataba de Patricia Cancino, detenida el 4 de octubre. Su recurso de amparo también fue rechazado.

La matanza de campesinos de Chihuío ocurrió el 9 de Octubre de 1973, en la comuna de Futrono, provincia de Valdivia (al nor-este del lago Maihue), a menos de un mes de instaurada a sangre y fuego la dictadura militar y su régimen de terrorismo de Estado.

Ejecutada en el marco de la persecución política generalizada y sistemática del régimen en contra de parte de la población civil, se configura como uno más de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura.

Según los antecedentes reunidos en el proceso a los responsables directos de este aberrante crimen, un convoy militar salió el 7 de Octubre de 1973, desde los regimientos “Cazadores” y Maturana” de Valdivia, los que estaban al mando respectivamente de los coroneles Santiago Sinclair Oyaneder (quien más tarde llegaría a ocupar el cargo de Vice Comandante en Jefe del ejército) y Jerónimo Pantoja Hernández (quien llegaría a ocupar la segunda jerarquía de mando en la DINA). Lo componían 90 hombres, entre tropa y oficiales, y 7 vehículos. A cargo estaba el Capitán del regimiento Cazadores Luis Alberto Osorio Gardasanich y los Tntes. Patricio Keller Oyarzún, Marcos Rodríguez Olivares, Luis Rodríguez Rigorighy y Lautaro Ortega. Iban acompañados por Américo González Torres, uno de los dueños del fundo Chihuío, fiel exponente de la abyecta burguesía terrateniente, quien había confeccionado las listas de personas que debían ser detenidas y eliminadas.

El convoy salió con rumbo a Futrono, 130 Km al sureste de Valdivia y recorrió la zona norte de los lagos Ranco y Maihue, pasando por Llifén, Arquilhue, Curriñe y Chabranco, hasta llegar a Chihuío en la alta cordillera, muy cerca de la frontera con Argentina. A medida que avanzaba, iban completando la lista de las detenciones.

Un total de 17 trabajadores agrícolas, pertenecientes al Sindicato Campesino “La Esperanza del Obrero” del Complejo Agrícola y Forestal Panguipulli, fueron apresados en forma brutal por la caravana de asesinos, siendo golpeados hasta sangrar y en presencia de sus familias. Entre ellos el menor Fernando Adrián Mora Gutiérrez, cuyo delito fue preguntar dónde llevaban a su padre (Sebastián Mora Osses) al verlo junto a otros detenidos a bordo de un camión militar.

Fueron detenidos:

En Futrono Luis Arnaldo Ferrada Sandoval

En Llifén Rosendo Rebolledo Méndez y Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez

En Arquilhue Narciso Segundo García Cancino y Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez

En Curriñe José Rosamel Cortés Díaz, Rubén Neftalí Durán Zúñiga, Eliecer Sigisfredo Freire Caamaño, Juan Walter González Delgado, Pedro Segundo Pedreros Ferreira y Carlos Vicente Salinas Flores

En Chabranco Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, José Orlando Barriga Soto, Daniel Méndez Méndez, Fernando Adrián Mora Gutiérrez (menor de edad), Sebastián Mora Osses y Rubén Vargas Quezada

De noche llegaron cerca de Chihuío, el 9 de Octubre, lloviendo, amontonados en los camiones, golpeados y heridos, dando tumbos con las irregularidades del camino. Cerca de su destino, los camiones y los yeeps se empantanaron en el barro y no pudieron seguir. Los bajaron y los hicieron caminar a obscuras, bajo la intensa lluvia y custodiados por efectivos con los fusiles apuntándoles. Un oficial, haciendo gala de su sadismo, les obligó a que cantaran. Varios de ellos eran evangélicos, uno comenzó a cantar una alabanza. El resto lo siguió y sus cantos se convirtieron en oración, encomendándole a Dios su destino. Caminaban lentamente, hundiendo sus zapatos en el barro, sus ropas empapadas y sus cuerpos entumecidos. Cerca de la medianoche la columna llegó a la casa patronal del esbirro González Torres.

Unos soldados cortaron trozos de los alambres usados para colgar ropa y con ellos amarraron de las muñecas a cada uno de los 17 campesinos. Después los encerraron en una de las piezas de la casa. Los militares se dedicaron a comer y a beber. En tanto y en contraste, los campesinos tendidos en el piso, con sus ropas mojadas, con hambre, congelados de frío y con sus manos en la espalda amarradas con alambres, reanudaron sus cánticos de alabanzas, hasta caer rendidos por la fatiga y el hambre. Esta sería la postrera oración de estos verdaderos mártires de su fe que, por su toma de conciencia, habían escogido el camino de la lucha por la redención social de los pobres del campo y la ciudad, agrupándose al interior de su sindicato.

Durante la noche, y a una hora no precisada, un oficial se dirigió a los conscriptos y pidió 21 voluntarios. Sólo se presentaron 9, el resto fue completado con el personal de planta. Cada uno con su fusil fueron llevados donde estaban los prisioneros. Violentamente los despertaron y arrojaron fuera. Después, el oficial les ordenó correr. A los pocos pasos el pelotón inició las descargas y comenzó la masacre. La mayoría, heridos y moribundos en el barro, fueron rematados en el suelo con los corvos. Los gritos eran desgarradores. (Estos testimonios fueron presentados a la Comisión Rettig, al magistrado Juan Guzmán Tapia a cargo de la investigación de la masacre, y a la Pastoral de Derechos humanos del Obispado de Valdivia por 3 conscriptos que estuvieron presentes en los hechos).

Así, sin mediar ni siquiera un Consejo de Guerra para aparentar una mascarada de proceso, el convoy liderado por el Cap. Luis Alberto Osorio Gardasanich, siguiendo instrucciones de los mandos, asesinó en forma alevosa y desquiciada a 17 modestos campesinos en un pequeño bosque aledaño al complejo turístico llamado Termas de Chihuío, en la alta cordillera valdiviana.

Durante la investigación para el proceso a los responsables de esta masacre, se determinó que al día siguiente un testigo observó que los cuerpos sin vida de varias de las víctimas presentaban cortes en las manos y en el estómago. Además, se acreditó que los cuerpos de las víctimas permanecieron durante varios días en el lugar del crimen cubiertos sólo con ramas y troncos, hasta que algunos familiares, arriesgando también sus vidas, procedieron a enterrarlos.

En 1978 de modo clandestino, y dentro de la “Operación Retiro de Televisores” ordenada por la dictadura para hacer desaparecer las evidencias de sus crímenes, llegaron militares de civil a exhumar los restos y nuevamente con la ayuda del esbirro Américo González Torres los desenterraron e hicieron desaparecer sus cuerpos lanzándolos al mar.

Sólo recientemente el Servicio Médico Legal (SML), después de un arduo trabajo de investigación logró identificar, como parte de los restos de 5 de los 17 campesinos asesinados, las escazas muestras óseas que fueron encontradas en la fosa desde la que fueron removidos los cuerpos. Esos pocos restos óseos fueron entregados el pasado 15 de Julio de 2011 a sus familiares, por la Directora Regional del SML de Valdivia, Patricia Benhe, y correspondían a:

Luis Arnaldo Ferrada Sandoval 42 años, obrero agrícola. 
Manuel Jesús Sepúlveda 28 años, obrero maderero. 
Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez 24 años, jefe de fábricas 
Carlos Maximiliano Acuña Inostroza 46 años, obrero maderero. 
Daniel Méndez Méndez 42 años, obrero maderero.

Por otra parte, a fines de Enero de 2011 la Corte Suprema dictó una vergonzosa sentencia en esta causa, condenando a Luis Alberto Osorio Gardasanich, a una pena de sólo 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor material de los 17 homicidios calificados.

En tanto, el oficial de Carabineros en retiro Luis Eduardo Osses Chavarría, fue sentenciado a 3 años y un día de presidio por su responsabilidad como cómplice de 4 de los 17 secuestros calificados. Por su parte, el civil Bruno Esteban Obando Cárdenas resultó absuelto por “falta de participación”. Además, la misma Sala, con el voto en contra del ministro Dolmestch y el abogado integrante Chaigneau, resolvió desestimar el pago de una indemnización para los familiares de las víctimas.

El ex – Cnel. Jerónimo Pantoja Henríquez, que ya había sido condenado por la desaparición del militante comunista Pedro Espinoza Barrientos, murió antes del fallo definitivo de la Corte Suprema.

El ex – Gral. Santiago Sinclair, quien dio las órdenes, no fue condenado. Tampoco fue procesado el esbirro Américo González Torres.

Cabe recordar que Santiago Sinclair también fue sometido a proceso como coautor del secuestro y homicidio en 1987 de 5 militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR): Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, Julián Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas y de quienes, después de ser asesinados, sus cuerpos fueron lanzados al mar desde un helicóptero para hacerlos desaparecer.

Siguiendo la norma de conducta siempre confirmada por la alta oficialidad de la dictadura de: “a mayor grado, mayor cobardía”, el ex Gral. Santiago Sinclair Oyaneder se amparó en los enclaves autoritarios del poder judicial para evitar ser condenado por esos horrendos y alevosos crímenes, siguiendo el ejemplo del dictador que, en el colmo de su cobardía para eludir enfrentar la justicia, optó por declararse loco.

El ex integrante de la Junta de Gobierno durante los últimos años de la dictadura de Augusto Pinochet y ex senador designado es acusado de participar en la muerte de 12 personas

En la Brigada de Policía Militar del Regimiento de Telecomunicaciones de Peñalolén se encuentran detenidos desde el jueves el general en retiro Santiago Sinclair y otros tres ex uniformados, por su participación en la muerte de 12 personas en el marco de la investigación del caso “Caravana de la muerte”, según informó radio Cooperativa.

Los otros detenidos son Juan Carlos Michelsen, José Feliú Madinagoitía y Mario Manterola Garrido, todos arrestados en calidad de autores de acuerdo a la orden emanada por la ministra del caso, Patricia González.

Sólo quedó pendiente la detención de Hugo Guerra Jorquera.

Según la investigación, la muerte de 12 agricultores en octubre de 1973 fue coordinada por Sergio Arellano Stark, excluido penalmente por demencia; el ya fallecido ex comandante de la IV División de Ejército Héctor Bravo y el general (r) Sinclair.

Santiago Sinclair formó parte de la Junta de Gobierno en representación del Presidente de la República durante la dictadura de Augusto Pinochet, desde el 29 de noviembre de 1988 hasta el 2 de enero de 1990. Posteriormente, al llegar la democracia, ocupó el cargo de senador designado desde 1990 hasta 1998.

Si bien no quiso calificar la detención del ex vicecomandante en jefe del Ejército y otrora senador designado por su presunta participación en la muerte de 12 personas, el Ejecutivo sostuvo que “todos esperamos verdad y justicia”.

“La justicia tarda pero llega, y si hay una investigación de esa naturaleza en materia de derechos humanos y hoy día existe esa detención, serán los tribunales los que van a determinar cuál es la responsabilidad”, expresó este viernes el vocero (s) de La Moneda, José Antonio Gómez, al referirse a ladetención del retirado general de Ejército, Santiago Sinclair, en el maro del caso Caravana de La Muerte.

La orden evacuada por la ministra Patricia González en contra del ex senador designado y otros cuatro ex agentes del Estados se vincula a la muerte de 12 agricultores en octubre de 1973 y que según la indagatoria fue coordinada por Sergio Arellano Stark, el ya fallecido ex comandante de la IV División de Ejército, Héctor Bravo, y el general (r) Sinclair.

El titular de Justicia recalcó que el esclarecimiento de los hechos por los que se detuvo al ex vicecomandante en jefe del Ejército en los últimos años de la dictadura de Augusto Pinochet es algo que largamente esperado para que “finalmente haya verdad y justicia”.

“En ese sentido, el avance que hay en los tribunales es importante para que se conozca la verdad. El caso particular lo resolverán las instituciones que corresponden y los abogados querellantes”, concluyó la autoridad.

El día de hoy se supo que el pasado 16 de enero la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió someter a proceso a 5 militares en retiro que tuvieron responsabilidad directa en el Episodio Valdivia de la Caravana de la Muerte. El suceso alude a la serie de homicidios cometidos los días 3 y 4 de octubre de 1973 sobre 12 personas que se encontraban detenidas en poder de los militares y ejecutados en dependencias del Ejército de la ciudad de Valdivia.

En aquella oportunidad, mediante ejecuciones sumarias, y luego del arribo a la zona valdiviana de la comitiva de Sergio Arellano Stark, su helicóptero y sus matones, fueron ejecutados 12 militantes del MIR de la región de los lagos. El día 3 fue ejecutado José Gregorio Liendo Vera, el líder del MCR y dirigente del MIR en la zona del Complejo Forestal y Maderero de Panguipulli. El día 4 fueron ejecutados Pedro Purísimo Barría Ordoñez, José Barrientos Wagner, Sergio Bravo Aguilera, Santiago García Morales, Enrique Guzmán Soto, Víctor Fernando Krauss Iturra, Luis Pezo Jara, Víctor Rudolph Reyes, Rudemir Saavedra Bahamondez, Víctor Saavedra Muñoz y Luis Valenzuela Ferrada. El primero de los asesinados tenía la particularidad de ser minusválido y se desplazaba apoyado en muletas; la casi totalidad eran trabajadores de CFMP.

El 13 de mayo pasado la ministra Patricia González determinó procesar como autores del homicidio de José Liendo Vera a los ex miembros del Ejército Sergio Arellano Stark, Pedro Espinoza Bravo, Marcelo Moren Brito, Carlos López Tapia y Juan Chiminelli Fullerton; como cómplices fueron procesados Antonio Palomo Contreras y Emilio De La Mahotiere González.

En otra resolución la magistrada procesó además a los ex miembros del Ejército Pedro Espinoza Bravo y Marcelo Moren Brito como autores de los homicidios de los 11 prisioneros asesinados el día 4.

Ahora, la resolución de la Quinta Sala de la Corte de Santiago procesó a Santiago Sinclair Oyaneder, Juan Carlos Michelsen Délano, José Feliú Madinagoitía, Mario Rafael Manterola Garrido y Hugo Alberto Guerra Jorquera y revoca así la decisión de la ministra González que en septiembre pasado había negado el procesamiento de los mencionados ex oficiales de ejército.

De acuerdo a la resolución: "el día 03 de octubre de 1973, aterrizó en Valdivia un helicóptero "Puma" con un grupo de militares bajo el mando del entonces General de Ejército, Sergio Víctor Arellano Stark, delegado por quien a la fecha era Comandante en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet Ugarte, con el objeto de cumplir labores de coordinación de criterios institucionales de gobierno interior y de procedimientos judiciales o de revisar y acelerar los procesos; Que, a raíz de la llegada de los militares mencionados, el día 04 de octubre de 1973, se ordenó sacar desde la Cárcel Pública de Valdivia, a Rudemir Saavedra Bahamondez, Víctor Eugenio Rudolph Reyes, Víctor Segundo Valeriano Saavedra Muñoz, Santiago Segundo García Morales, Luis Mario Valenzuela Ferrada, Sergio Jaime Bravo Aguilera, Luis Hernán Pezo Jara, Víctor Fernando Krauss Iturra, Pedro Purísimo Barría Ordoñez, Enrique Del Carmen Guzmán Soto y a José René Barrientos Warner, a quienes se les condujo al predio militar de Llancahue, específicamente en el polígono de tiro de la Guarnición Militar de Valdivia, lugar en donde se les fusiló a consecuencia de una sentencia pronunciada en un supuesto Consejo de Guerra, cuya materialidad no existe"

Para el caso de Liendo Vera se determinó que: "A raíz de la llegada de los militares mencionados, se ordenó sacar desde la Cárcel Pública de Valdivia a, Gregorio José Liendo Vera, estudiante de Agronomía, militante del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) y dirigente del Movimiento Campesino Revolucionario, a quien se le condujo al predio militar de Llancahue, específicamente en el polígono de tiro de la Guarnición Militar de Valdivia, lugar en donde se le fusiló a consecuencia de una sentencia dictada en un supuesto Consejo de Guerra cuya materialidad no existe".

El protegido de la derecha.

A la época de los crímenes, Santiago Sinclair tenía el grado de coronel y comandaba el Regimiento Blindado Cazadores N°2 de Valdivia. El comportamiento de este sujeto en las acciones represivas cometidas tanto en Valdivia como en Chihuío y Liquiñe, le valieron las adulaciones de Pinochet y su séquito; en 1975 lo designan agregado militar en Corea en donde permaneció por un período de dos años. En 1977 fue nombrado Director de Operaciones del Ejército y luego Director de Personal; en 1979 es designado como Ministro Jefe del Estado Mayor Presidencial, una función y entidad que solo es entendible en el marco de una dictadura, y en 1982 Pinochet lo designa Ministro Secretario General de la Presidencia, otra entidad y función surgida de la constitución e institucionalidad dictatorial.

El próximo paso en el ascenso del protegido fue el de Vice Comandante en Jefe del Ejército cargo en el que fue asignado en 1985; en esa ocasión es ascendido al pomposo título de teniente general del ejército.

Con ambos títulos encima en noviembre de 1988, luego de perdido el plebiscito por el dictador y su séquito, Sinclair asume como miembro de la Junta Militar en representación del dictador, permaneciendo en ese puesto hasta 1990.

En 1990 el protegido de Pinochet es designado por los dictadores como Senador Institucional, ocupando un puesto en el enclave que dictadores y derechistas establecieron en el Congreso para mantener sus políticas y controlar el poder. En esta situación se mantuvo hasta 1998 cuando comenzó la debacle de su amo detenido en Londres.

Hasta ahora, Sinclair había logrado conservar la impunidad que él y sus iguales urdieron en la maraña institucional y judicial para evitar responder por delitos cometidos al amparo del terror y bajo el imperio de las armas. El año 2008 ya estuvo procesado por el Ministro Mario Carroza por la responsabilidad que le cabía en la detención y desaparición de 5 militantes del FPMR ocurrido en septiembre de 1987. Es de esperar, que esta vez, las infames redes de la impunidad no vengan de nuevo en auxilio de un criminal miserable.

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a cuatro miembros en retiro del Ejército, entre ellos el exintegrante de la Junta Militar y exsenador designado Santiago Arturo Sinclair Oyaneder por doce crímenes del episodio Valdivia de la "Caravana de la Muerte", cometidos en octubre de 1973 durante la dictadura militar.

En la sentencia (causa rol 2.070-2018), la sala integrada por los ministros Carlos Gajardo, Alejandro Madrid y la abogada integrante Paola Herrera condenó a Sinclair a 5 años y un día de presidio, en calidad de autor, al igual que Juan Viterbo Chiminelli Fullerton.

En tanto, Pedro Octavio Espinoza Bravo fue condenado a 10 años de presidio, y Emilio Robert de la Mahotiere González, 3 años y un día de presidio, como encubridor.

El fallo corresponde a los delitos de homicidio calificado de Gregorio José Liendo Vera, Pedro Purísimo Barría Ordóñez, Rudemir Saavedra Bahamondes, Víctor Eugenio Rudolph Reyes, Víctor Segundo Valeriano Saavedra Muñoz, Santiago Segundo García Morales, Luis Mario Valenzuela Ferrada, Sergio Jaime Bravo Aguilera, Luis Hernán Pezo Jara, Víctor Fernando Krauss Iturra, Enrique del Carmen Guzmán Soto y José René Barrientos Warner.

La sentencia dio por establecido que las muertes corresponden a “un homicidio en los términos previstos en el artículo 391 N° 5 del Código Penal, pues no cabe sino concluir que la decisión de ordenar el fusilamiento de cada uno de ellos, creando la apariencia de la ejecución de una resolución judicial proveniente de un supuesto Consejo de Guerra, revela la existencia de un plan previamente concebido”.

En tal sentido, el tribunal de alzada recordó que “todos los actos que terminan con el fusilamiento de las víctimas, comienzan con la llegada a la ciudad de la comitiva que encabezaba Sergio Arellano Stark y es así, que en el breve lapso de su permanencia en la ciudad, se llevan a efecto todas las ejecuciones, procediéndose de la misma forma en todos aquellos lugares en que se hizo presente".

En el aspecto civil, el fallo confirmó la sentencia que acogió la demanda y que condenó al fisco a pagar una indemnización total de $1.910.000.000 (mil novecientos diez millones de pesos) a familiares de las víctimas.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones de los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, sometió a proceso al ex general del Ejército Santiago Arturo Ariel de Jesús Sinclair Oyaneder, en calidad de autor del delito homicidio calificado de 17 trabajadores del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, ejecutados en la localidad de Chihuío el 9 de octubre de 1973 y sepultados ilegalmente para hacerles desaparecer el día 10 del mismo mes.

En la resolución (causa rol 2182-98, "Episodio Chihuío"), la ministra Plaza González procesó al ex militar por los homicidios de los trabajadores madereros Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, José Orlando Barriga Soto, José Rosamel Cortés Díaz, Rubén Neftalí Durán Zúñiga, Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, Eliecer Sigisfredo Freire Caamaño, Narciso Segundo García Cancino, Juan Walter González Delgado, Daniel Méndez Méndez, Sebastián Mora Osses y su hijo de 17 años de edad, Fernando Adrián Mora Gutiérrez, Pedro Segundo Pedreros Ferreira, Rosendo Rebolledo Méndez, Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, Carlos Vicente Salinas Flores, Manuel Jesús Sepúlveda Rebolledo, Rubén Vargas Quezada.

Cabe mencionar que en agosto del 2020 el ex vice comandante en jefe del Ejército, ex jefe del estado mayor presidencial de Pinochet, ex integrante de la Junta Militar en dictadura y ex senador designado (entre 1990 y 1998), fue condenado por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago a la pena de cinco años y un día de presidio por su responsabilidad en los asesinatos de otros 12 prisioneros del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli ejecutados en la ciudad de Valdivia a comienzos de octubre de 1973, como parte del paso de la llamada Caravana de la Muerte por el sur del país. Condena que el ex uniformado aún no comienza a cumplir.

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En la presente resolución respecto del episodio Chihuío, la ministra en visita consigna que, en esta etapa procesal, se tienen por establecidos los siguientes hechos:

"En la comuna de Futrono, sector fundo Arquilhue, en los caseríos de Curriñe, funcionaba la administración y pulpería del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, poblado de Chabranco, en las inmediaciones de las termas de Chihuío, en donde en esa misma época se encontraba la sede del sindicato 'Esperanza del Obrero', al que pertenecían los trabajadores del Complejo Maderero.

Internándose unos 16 kilómetros hacia la cordillera se encuentre Chihuío, donde como resultado de la violencia dirigida en contra de un sector determinado de la población civil partidaria del régimen depuesto por las fuerzas militares, a contar del 13 de septiembre de 1973, de manera organizada, campesinos fueron privados de libertad por funcionarios de carabineros.

El día 7 de octubre de 1973 se llevaron a cabo nuevas privaciones de libertad en contra de la población civil de dicho sector. Asimismo el 9 del mismo mes y año, personal militar de los Regimientos Caballería N° 2 'Cazadores' y 'Maturana' de Valdivia, salió rumbo a Futrono al mando de un oficial y secundado por otros oficiales, en una caravana compuesta por varios vehículos, entre jeeps y camiones, con una dotación aproximada de noventa personas. Dicha caravana militar se dirigió hacia el sector sur del Complejo Maderero Panguipulli, con el propósito de privar de libertad en un sector preciso y determinado a campesinos pertenecientes a la población civil (…).

Todos los detenidos del recorrido de la caravana de militares son llevados en tal calidad hasta las Termas de Chihuío, y desde ese lugar el día 9 de octubre de 1973, el personal militar, en horas de la noche, saca a los civiles de la casa patronal del Fundo Chihuío donde se les mantenía privados de libertad y los trasladan a las inmediaciones, a unos 500 metros del mencionado inmueble, lugar en que se les fusila a todos ellos, sin mediar proceso previo alguno, hechos de los que se da cuenta al Comandante del Regimiento Cazadores con guarnición en Valdivia de la época, con el grado de teniente coronel, quien en todo momento estuvo en conocimiento de la ejecución de los 17 civiles de las Termas de Chihuío, siendo el mismo quien ordenó que se sepultaran los cuerpos de los fallecidos.

Adicionalmente consta que Mario Silva Navarro recibió la orden del capitán Osorio Gardasanich para trasladarse hasta Futrono y Chihuío, indicando que dichas órdenes provenían del comandante del regimiento Cazadores, Santiago Sinclair, el que pidió cuenta al capitán Osorio de los resultados de la operación, oportunidad en la cual se le informó al mencionado comandante que los cuerpos habían quedado tirados en la pampa, lo que le causó molestia, disponiendo que una patrulla se dirigiera al lugar a fin de que ubicarán los cuerpos y se enterraran".

Atendida la emergencia sanitaria en curso, la ministra ordenó el arresto domiciliario del procesado.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones de la Corte de Apelaciones de Temuco, Valdivia y Puerto Montt, Álvaro Mesa, sometió a proceso al general en retiro del Ejército Santiago Arturo Sinclair Oyaneder, por su responsabilidad en el delito de apremios ilegítimos a nueve prisioneros políticos, ilícito perpetrado después de 11 septiembre de 1973, en la ciudad de Valdivia.

En la resolución (causa rol 3-2012 Valdivia), el ministro Mesa, en atención a la edad del exmilitar, decretó el arresto domiciliario del procesado como autor de los tratos inhumanos, crueles y degradantes aplicados a: Sandor Arancibia Valenzuela, Juan Yilorm Martínez, Víctor Hormazábal Rozas, José Daniel Gallardo Saldivia, Rogers Delgado Sáez, Joel Asenjo Ramírez, Luis Díaz Bórquez, Uldaricio Manuel Figueroa Valdivia y Carlos Jaime Bahamondez Hormazábal, detenidos en la cárcel pública de Valdivia.

«Plan Z»

En la etapa de investigación, el ministro en visita logró establecer los siguientes hechos:

A.- Que a raíz de los sucesos acaecidos el 11 de septiembre de 1973, fueron detenidos en varias ciudades del país y en especial en la comuna de Valdivia, Sandor Arancibia Valenzuela, Juan Yilorm Martínez, Víctor Hormazábal Rozas, José Daniel Gallardo Saldivia, Rogers Delgado Sáez, Joel Asenjo Ramírez, Luis Díaz Bórquez, Uldaricio Manuel Figueroa Valdivia y Carlos Jaime Bahamondez Hormazábal, entre otros. Algunos de ellos quienes hasta esa fecha detentaban cargos públicos o militaban en partidos políticos del gobierno del Presidente Salvador Allende Gossens. A todos ellos, se les acusaba de ser los cabecillas de un plan fantasioso de exterminio de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, denominado hasta hoy en día como «Plan Z». Todos los detenidos, en distintas fechas luego del 11 de septiembre de 1973, fueron conducidos a la cárcel Pública de Valdivia por orden de la Fiscalía Militar existente.

Dichas detenciones fueron decididas por la autoridad militar de la época, sin orden judicial, no constando en el proceso su realización bajo un procedimiento ajustado a la norma vigente en ese entonces.

B.- Que en el regimiento Cazadores de la comuna de Valdivia, luego del pronunciamiento militar, por orden del General Héctor Bravo Muñoz (actualmente fallecido) fue reforzada la Sección Segunda de Informaciones e Inteligencia con la agregación de funcionarios de la misma unidad militar, entre ellos Hernán Soriano Ávila; un integrante de la Policía de Investigaciones de Chile, Germán Jesús Borneck Matamala; y personal de la Tenencia de Carabineros «José Gil de Castro» de la misma comuna, entre ellos el teniente Rubén Aracena González y el cabo Juan Bautista Yáñez Ruiz, apodado «es bante grande». Este grupo estaba a cargo del teniente de Ejército Patricio Kellet Oyarzún y tenían por misión interrogar a los detenidos por asuntos políticos, que luego de esa fecha fueron ingresados en la cárcel de Valdivia.

C.- Que además, a fines de septiembre de 1973, fue llamado a integrarse al Ejército Bernardo O’Higgins de las Mercedes Puga Concha, que hasta esa fecha se desempeñaba como abogado auxiliar del Consejo de Defensa del Estado, quien asumió funciones como asesor legal la Fiscalía Militar, a cargo hasta entonces de don Mario Piraíno Valenzuela (actualmente fallecido). Incluso, algunos abogados defensores concurrieron hasta la oficina de la Fiscalía Militar, entrevistándose con dicho abogado asesor, quien se identificaba como Fiscal Militar.

D.- Que a fin de cumplir con la orden dada por la superioridad, se habilitó el gimnasio del regimiento Cazadores, ubicando pupitres para interrogar a los detenidos políticos. De este modo, los detenidos eran llevados y traídos desde la cárcel al regimiento por personal militar de la sección liderada por Patricio Kellet Oyarzún, siendo interrogados en la Fiscalía Militar y apremiados físicamente en dependencias del gimnasio antes y/o después de estos interrogatorios.

En el gimnasio o sala de tortura existían implementos para amarrar a los detenidos y aplicarles electricidad en diferentes partes del cuerpo, además de aplicarles otro tipo de tormentos como golpes de pies y puños. En esta tarea participaban todos los integrantes del grupo liderado por el Teniente Patricio Kellet Oyarzún, además del detective de la Policía de Investigaciones y funcionarios de Carabineros que allí estaban agregados y antes mencionados.

Una vez que las personas eran interrogadas en el Regimiento aludido, eran conducidas nuevamente hasta la cárcel de Valdivia. En aquel lugar, los propios compañeros de celda y uno de los funcionarios de la enfermería del penal, constataban el mal estado físico de ellos producto de las interrogaciones bajo torturas.

E.- Que siguiendo la línea de la letra B anterior, el General de División Héctor Bravo Muñoz, además de reforzar la unidad de inteligencia, reunió a los comandantes de los regimientos Cazadores y Maturana, los cuales funcionaban en el mismo recinto militar conocido como «cantón Bueras» de la comuna de Valdivia e instruyó verbalmente que el Coronel Pantoja (actualmente fallecido) se hiciera cargo de toda la parte operativa con el fin de encontrar la presencia de subversivos, esto en presencia del comandante del regimiento Cazadores, a quien designó para realizar funciones de patrullaje en la ciudad de Valdivia y asumir la seguridad en el área Urbana de Valdivia, además como delegado de gobierno en la Universidad Austral de Chile. Pese a su designación como autoridad de educación, el comandante el regimiento Cazadores siguió desempeñándose diariamente en la unidad bajo su mando -ya que según se indicó, debió asumir la seguridad en la comuna de Valdivia y por ubicarse su domicilio al interior del recinto militar- concurriendo a diario a ese lugar, enterándose que el Coronel Pantoja tenía el control del gimnasio del regimiento y un empadronamiento de las personas detenidas. Además, conocía sobre la supervisión que realizaba Pantoja en la búsqueda de información. Todo lo anterior por observar en más de una oportunidad, tanto de día como de noche, a personas que eran conducidas hasta el gimnasio antes aludido para ser interrogados.

Además, el mismo comandante del Regimiento Cazadores, ordenó a Hernán Soriano Ávila, funcionario de la unidad bajo dependencia, integrar el grupo liderado por el Teniente Patricio Kellet Oyarzún, según se ha dicho anteriormente».

En la causa, el ministro magistrado Mesa Latorre ordenó la medida cautelar de arresto domiciliario total de los cinco procesados, esto, considerando “la naturaleza del delito, la pena asignada, la edad de los procesados y la situación sanitaria en que se encuentra el país”.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las Cortes de Apelaciones de Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique Álvaro Mesa Latorre, sometió a proceso a Santiago Sinclair Oyaneder, Hernán Agustín Rodriguez Leyton, Victor Hugo Hermosilla Reinoso, Luis Edmundo Riveros Soto y  a  la persona de iniciales H.W.C.R, como autores del delito de homicidio calificado, en su carácter de lesa humanidad, de José Gastón Buchhorsts Fernández. Ilícito perpetrado en faldeos del volcán Villarrica, entre septiembre y noviembre de 1973.

En la causa (Rol 13-2013) el ministro magistrado Mesa Latorre ordenó la medida cautelar de arresto domiciliario total de los cinco procesados, esto, considerando “la naturaleza del delito, la pena asignada, la edad de los procesados y la situación sanitaria en que se encuentra el país”.

La resolución indica además que “Atendido el mérito de los antecedentes, de los cuales se desprende que la libertad de los procesados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad; teniendo en cuenta, también, la sanción legal probable de los delitos en que se les atribuye participación; y visto lo dispuesto en el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal, no se les concederá el beneficio de la libertad provisional”.  

En la investigación, el ministro Álvaro Mesa pudo establecer que:
A.- Que José Gastón Buchhorsts Fernández, 18 años,  para el año 1973 se encontraba realizando el Servicio Militar Obligatorio en el Regimiento Cazadores de Valdivia, encuadrado en el escuadrón morteros de la esa unidad militar.   El 11 de septiembre de 1973, José Gastón  se encontraba en casa de sus padres, ya que días previos había sido autorizada su salida. Sin embargo, con el pasar de los días y  por la situación que imperaba en el país José Gastón no se presentó oportunamente en su unidad militar, por lo que el padre decidió acompañarlo  para excusar  esta situación, lo que sucedió días posteriores al 11 de septiembre de 1973 [según fs. 102, 141, 139, 141 (tomo I), 721 (tomo III) entre otros antecedentes]. Al llegar a la guardia del Regimiento Cazadores, José decidió no entrar a éste, señalando su padre que iría a realizar unas compras, no regresando a la unidad militar.  [según fs. 33, fs. 142 (tomo I), 1.175  (tomo IV), entre otros antecedentes].

B.- Que producto de la no presentación o no ingreso al Regimiento Cazadores de Valdivia -que en aquella época se encontraba al mando del Coronel Santiago Sinclair Oyaneder- José Gastón Buchhorsts Fernández fue considerado “desertor”, comentándose entre los soldados conscriptos y Oficiales esta situación [según fs. 275 (tomo I),  412, 468, 509, 587 (tomo II), 854, 863, 903, 915 (tomo III) y 1.056 (tomo IV) entre otros antecedentes]. A raíz de ello,   una patrulla a cargo del Teniente Luis Rodríguez Rigo- Richi [fallecido, según  fs. 208 (tomo I)],  e integrada aproximadamente por  8 o 9 soldados conscriptos [según fojas 418, 468, 587 (tomo II) y 854 (tomo III) entre otros antecedentes] , salieron en búsqueda de José Gastón, deteniéndolo en la comuna de Villarrica, trasladándolo hasta el Regimiento , siendo visto en calidad de detenido por varios de sus compañeros  que también cumplían el servicio militar, observando que era custodiado por otros soldados, entrando con sus manos atadas en la espalda  y tirado en el piso de un vehículo militar al interior de ese recinto. [según fs. 251 (tomo I), 418,  510 (tomo II), 735 (tomo III),  entre otros antecedentes]. 

C.- Que  en la unidad militar existía una patrulla  al mando de Rodríguez Rigo- Richi, señalado como su grupo de confianza y  que estaba designada especialmente para cumplir órdenes de patrullaje, detención, allanamientos que eran ordenadas  por el comandante del regimiento Coronel Santiago Sinclair Oyaneder, [según fs. 1.024,  1.181 y fs. 1.187  (tomo IV) entre otros antecedentes]. En horas de las tarde de días siguientes, la  misma patrulla al mando del Teniente Rodríguez Rigo –Richi,  fue la encargada de trasladar a José Gaston  hasta la comuna de Villarrica, con el propósito de buscar armamento en el sector, pues el propio Buchhorsts habría indicado aquello, recorriendo  varios sectores en los faldeos del volcán Villarrica, sin hallar lo buscado.  Ante esta situación,  el teniente Rodríguez ordenó al Joven José Gastón  excavar y cada ciertos momentos le requería que ingresara dentro de ella, ya que el propósito era hacer su propia tumba. Una vez terminada, ordenó a los soldados conscriptos disparar en contra de Buchhorsts, efectuándolo todos los soldados presentes, ejecutándolo y enterrándolo en ese mismo lugar.  [según fs. 1.060 a fs. 1.062 (tomo IV);, de fs. 1.177 a fs. 1.178, de fs. 1.180 a fs. 1.183 (tomo IV); de fs. 1.186 a fs. 1.187 (tomo IV), entre otros antecedentes]

D.- Que tiempo después varios soldados conscriptos del mismo Regimiento Cazadores de Valdivia,  se enteraron sobre la muerte de José Buchhorsts Fernández en los alrededores de la comuna de Villarrica  [según fs. 251, 275 (tomo I), 418, 491 (tomo II), 724, 735 (tomo III), 1001 (tomo IV), entre otros antecedentes],  recordando alguno de ellos que  incluso reunieron a todo el escuadrón Mortero y le informaron su muerte. [según fs. 587 (tomo II), entre otros antecedentes]

E.- Que pese a lo anterior  y aun cuando su padre fue en reiteradas ocasiones a saber sobre la situación de su hijo, en el Regimiento Cazadores de Valdivia no se le entregó información sobre él, dándole respuestas evasivas, erróneas o ambiguas. Incluso  le manifestaron que estaría en otro recinto militar de la misma comuna de Valdivia, concurriendo hasta ese lugar, no hallando dentro de los detenidos a su hijo.  [fs. 34, (tomo I)].  Con el pasar del tiempo  y al no tener noticias de José Gastón,  varios otros familiares viajaron  en reiteradas oportunidades  a Valdivia, entrevistándose  con un Fiscal Militar de apellido Manterola [fallecido, según fs. 1.234 (tomo IV)], quien les señaló que a  José lo habían llevado a un sector camino al Volcán  Villarrica , pero al intentar escapar se le habría aplicado la Ley de Fuga, siendo ejecutado en el lugar y que su cuerpo habría quedado sepultado en ese mismo sitio, no informándoles la ubicación, ni  permitiéndoles buscar su cuerpo.  [según  fs. 34, 140, 141 (tomo I),  entre otros antecedentes]

F.- Que hasta esta fecha ningún funcionario público  de las Fuerzas Armadas, en especial el mando del Ejército de Chile  que se desempeñaba en  la época de los hechos, ha dado algún antecedente a la autoridad respectiva en relación a lo sucedido con José Gastón Buchhorsts Fernández y la ubicación de su cuerpo manteniendo hasta el día de hoy ocultamiento  de todo tipo de antecedentes  sobre los hechos que se han mencionado en los párrafos precedentes.  Asimismo, según antecedentes del proceso, no hubo instrucción de investigaciones respecto a los hechos que rodearon la detención y ejecución de José Gastón  Buchhorsts Fernández, a pesar que según acta de inscripción de defunción concurrieron a comprobarla el mismos Teniente Luis Rodriguez Rigo-Richi y otros funcionarios del mismos Regimiento Cazadores de Valdivia.