Silva Morales Erika Del Carmen

La Corte Suprema ratificó la sentencia por el secuestro y asesinato del ex químico de la DINA Eugenio Berríos. La mayor condena recayó en Arturo Silva Valdés (15 años y 1 día de cárcel), quien formó parte del núcleo que ejecutó las operaciones más clandestinas del Ejército en los años 80 y en plena democracia. El siguiente reportaje, publicado en 2002 por la revista Siete+7, revela que el ex oficial es dueño también de los secretos de dos de los hombres más poderosos de Chile: Augusto Pinochet y Agustín Edwards, dueño y director del diario El Mercurio.
Otros protagonistas de la operación para asesinar a Berríos en Uruguay en 1992 condenados hoy son los militares uruguayos Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli, así como también el ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva y el ex director de Inteligencia del Ejército Eugenio Covarrubias, entre otros

Alto, atractivo, elegante, con don de mando, hombre de mundo, experto en inteligencia, tirador eximio, jugador de polo y rodeado de una aureola que le significó incluso el apelativo del “James Bond chileno”. Esas son algunas de las características que se le atribuyen al mayor (R) Arturo Rodrigo Silva Valdés, miembro del Servicio Secreto de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y quien aparece identificado por al menos dos testimonios como el autor chileno –el otro sería uruguayo– de los disparos que terminaron con la vida del químico de la DINA, Eugenio Berríos.

Pero Silva Valdés tiene otros atributos que contribuyeron a engrandecer su leyenda. Es dueño de los secretos de dos de los hombres más poderosos de Chile: Augusto Pinochet y Agustín Edwards, el director y dueño del diario El Mercurio. De ambos fue su jefe de seguridad personal, dueño de su retaguardia y desplazamientos.

 

El nombre de Silva Valdés ya era conocido en tribunales. Saltó a la palestra cuando el ministro Sergio Muñoz lo procesó como encubridor en el asesinato de Tucapel Jiménez. Pero su identificación se conoció en el corazón de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) antes de que fuera procesado. Y se tomaron medidas. Para entonces se desempeñaba como escolta personal de Agustín Edwards. Una función que abandonó abruptamente.

Uno de los aspectos que restan por dilucidar en su historial es si efectivamente en septiembre de 1994, Arturo Silva fue enviado en comisión de servicio a trabajar para Agustín Edwards por el entonces director de Inteligencia del Ejército, general Eugenio Covarrubias. Porque después, cuando se produce su retiro de la institución castrense, su relación laboral con El Mercurio y con Edwards pasa a ser asumida por la empresa de seguridad SERPROTEC S.A.

Esta empresa tiene dos socios principales: Juan Luis Herrera Villena e Inversiones Canelo Seis y Compañía, cuyos socios principales son Agustín Edwards Eatsman, Agustín Edwards del Río e Inversiones Nacionales.

Valdés no llegó solo a trabajar para Edwards. Un grupo de hombres, todos formados en la CNI y en el reducido y selecto equipo del Servicio Secreto, lo acompañó. Entre ellos estaban Nelson Hernández Franco, quien en 1982 se desempeñaba bajo la chapa de “Marcos de la Fuente” en la CNI y que también fue procesado por el asesinato de Tucapel Jiménez; Marcelo Sandoval, Nelson Román e incluso una mujer: Erika Silva. Más tarde se incorporaría como jefe el mayor Eduardo Martínez Wogner, quien fuera ayudante del director de la CNI.

El general Eugenio Covarrubias seguía muy de cerca los pasos de la escolta de seguridad de Agustín Edwards. Y sus nexos se estrecharon cuando su hijo, también de nombre Eugenio Covarrubias, asumió la gerencia de SERPROTEC, cargo que conservó hasta 1999.

No todo en la vida de este exclusivo experto en seguridad ha sido adrenalina y gloria. A sus más de 500 viajes por el mundo hay que contraponer la muerte de uno de sus hijos. Una herida que lo desestabilizó y que lo dejó vulnerable para la vida. Hoy, a pesar de sus acciones en Ecogas Limitada, Ceqsachile S.A. y Consultsistem Chile S.A., su mundo vuelve a desplomarse.

ASESOR VIP

Arturo Silva comenzó a destacarse por sus dotes en labores de inteligencia a principios de los ’80 cuando formaba parte de los escuadrones de la CNI. Hay quienes dicen que en ese entonces lo llamaban “Alvarito”, haciendo la relación con Álvaro Corbalán, el poderoso jefe operativo del organismo de seguridad. Eran tiempos en que los vasos comunicantes entre la CNI y el DINE eran fluidos y difusos. Una relación que hoy algunos oficiales califican de “perversa” porque involucró al organismo de inteligencia institucional, destinado a la seguridad territorial, en operaciones criminales, como el asesinato de Tucapel Jiménez.

Hoy la jueza Olga Pérez investiga otro hecho similar y que podría acarrear consecuencias de proporciones: el asesinato a través de toxinas botulínicas del ex Presidente Eduardo Frei Montalva. Su muerte acaeció días antes de que un escuadrón del DINE asesinara a Tucapel Jiménez (1982) 

Pero el tiempo de gloria de Silva llegó con ocasión del plebiscito de 1988, cuando pudo desplegar todos sus dotes al convertirse en el principal “asesor de seguridad” del general Augusto Pinochet.

Su función se iniciaba al momento en que el general decidía hacer un viaje. Allí entraba en acción. Viajaba hasta el lugar escogido, se entrevistaba con los invitantes y con los organismos de inteligencia militar del país, hacía una completa revisión de las condiciones de los hoteles posibles para escoger uno y teniendo siempre al menos dos alternativos en caso de emergencia; los hospitales cercanos, los vehículos que se utilizarían, los choferes, ambulancia, chequeos y fichas médicas a la mano. Revisaba hasta el último detalle, incluyendo la selección de los hombres que integrarían su escolta de seguridad, y luego se sentaba junto a Pinochet y su edecán del momento para dar cuenta del programa elegido y afinar.

Su misión debiera haber terminado allí, pero fue tal la cercanía, la confianza y el afecto que Pinochet depositó en él, que fue una costumbre que cuando el viaje se iniciaba, Arturo Silva Valdés se convertía en su sombra. Al punto que en más de una ocasión, los hoteles donde se hospedó Pinochet quedaron registrados a su nombre. Así ocurrió en octubre de 1993, cuando Pinochet viajó a Brasil de vacaciones y la prensa recogió que el ex dictador habría utilizado la falsa identidad de Arturo Silva Valdés en el Hotel Intercontinental de Ríos de Janeiro.

Pero para entonces Silva se había convertido en un agente ultra secreto del DINE. Un camino que inició en 1990 cuando fue elegido como uno de los brazos operativos de la operación “control de bajas”, la salida clandestina del país de aquellos militares en peligro de ser encarcelados o procesados por secuestro, tortura o homicidio en tiempos de dictadura.

Así, Silva Valdés fue la pieza clave que operó en la fuga de Luis Arturo Sanhueza Ross y de Carlos Herrera Jiménez. Silva Valdés preparó esa operación viajando a Argentina el 7 de septiembre de 1991, regresó el 12 y volvió a salir el mismo día que Herrera: el 19 de septiembre de 1991. Fueron días intensos. Ya estaba decidida y preparada la fuga de Eugenio Berríos. Pero ésta fue revestida de todos los cuidados especiales: Berríos no debía caer en manos argentinas. Fue Arturo Silva quien preparó hasta el último detalle y cuando Berríos cruzó la frontera por el sur en dirección a Río Gallego el 26 de octubre de 1991, Silva hacía lo propio hacia Argentina pero por vía aérea.

A partir de entonces controló cada uno de los pasos de Berríos en su nueva residencia. Y también las del otro paquete que mandó a guardar en Uruguay: Luis Arturo Sanhueza Ross.

La historia que sigue fue contada en la edición N° 32 de Siete+7. Pero hay un capítulo que detallar. Cuando en noviembre del ‘92 Berríos escapó de sus custodios desde la localidad de Parque del Plata, a 50 kilómetros de Montevideo, Arturo Silva Valdés estaba allí controlando paso a paso su captura. Junto a él, el mayor Jaime Torres Gacitúa, uno de sus mejores amigos y también “asesor de seguridad” de Pinochet y miembro del Servicio Secreto del DINE.

Cuando finalmente recuperan a Berríos, comienza la otra historia. Una que culmina –según los testimonios– con el asesinato de Berríos, el que habría sido ejecutado por Silva Valdés y el teniente coronel uruguayo Eduardo Radaelli (ver recuadro). Testigo de la operación fue el mayor Torres Gacitúa. Allí quedaría sellado un pacto entre oficiales de inteligencia que revela que la “Operación Cóndor” sigue siendo un peligro latente.

SERVICIO SECRETO BAJO IMPRONTA BRITANICA

El traspaso de la banda y la piocha que simbolizan el poder presidencial que el general Pinochet hizo al Presidente Patricio Aylwin el 11 de marzo de 1990, dando inicio a la transición, fue el detonante para otros movimientos en las sombras. A poco andar la auditoría del Ejército, a cuya cabeza estaba el general Fernando Torres Silva, tocó la campana de alerta.

Fernando Torres Silva (Fuente: memoriaviva.com)

Según un alto oficial del Ejército de la época, fue con instrucciones precisas del alto mando que se realizó la primera reunión entre la auditoría y el director de Inteligencia de la institución, más el jefe del Servicio Secreto que dependía del DINE, en la que se hizo un minucioso análisis de qué juicios estaban “maduros”: qué procesos estaban en peligro de obtener la identificación de torturadores, secuestradores y homicidas uniformados.

Fue en ese núcleo que se diseñó la estrategia para sacar de Chile a los militares “en peligro”. Y el brazo operativo fue precisamente la joya inexpugnable y más compartimentalizada del DINE, el Servicio Secreto que durante largos años dirigió el oficial Maximiano Ferrer Lima y que se creó bajo la asesoría del MI6, el Servicio Secreto de Gran Bretaña bajo el acicate de la invasión inglesa a Las Malvinas en 1982.

Esa unidad quedó al descubierto en el curso de la investigación del asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez, desarrollada por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Sergio Muñoz. Pero ha sido la investigación de la jueza Olga Pérez, que investiga el asesinato del químico Eugenio Berríos, la que ha permitido develar la identidad de sus miembros así como la ejecución de otras operaciones de corte criminal llevadas a cabo por el grupo.

Según declaraciones del brigadier Víctor Pinto Pérez, jefe del Comando de Inteligencia del Ejército (CIE), a mediados de 1982 –la invasión a Las Malvinas se produjo en abril– escogió a un pequeño grupo de oficiales de inteligencia para que viajaran a Gran Bretaña y allá se interiorizaran del funcionamiento del MI6 para crear en Chile una unidad de corte similar, claro está guardando las proporciones.

Fue el mayor Maximiliano Ferrer Lima uno de los oficiales que jugó un importante rol en la DINA como el “capitán Max”, uno de los fundadores del Servicio Secreto del Ejército en su calidad de jefe de la Unidad de Contraespionaje del CIE.

¿Por qué incorporar al Servicio Secreto, destinado a la misión de blindar la seguridad territorial en actividades de encubrimiento de asesinos y torturadores? Esa es la pregunta clave que hoy deben responder los responsables de una gestión fracasada. Porque un somero análisis de las operaciones fuga llevadas a cabo el ’91 permiten concluir que todas ellas fracasaron. Y principalmente, por los engaños y desaciertos en que incurrieron los hombres encargados del “control de bajas”.

Así sucedió con Luis Arturo Sanhueza Ross, con Carlos Herrera Jiménez y con Eugenio Berríos. No sólo no pudieron escamotear a la justicia sino que terminaron enlodando a la institución y de paso, comprometiendo incluso la seguridad nacional.

Si hubiesen declarado en su momento ante los tribunales, esa página el Ejército ya la habría dado vuelta y sin ninguno de los costos en dinero, imagen y vulnerabilidad de la seguridad nacional.

También, y un hecho no menor, es que todas esas operaciones significaron un millonario gasto financiero y terminaron anidando focos de corrupción que hasta hoy no han sido investigados. Algunas preguntas a modo de ejemplo: ¿a quién rendía cuenta Arturo Silva Valdés de los gastos en que incurría para pagar pasaportes falsos, viajes múltiples y estadía de los custodios y los fugados en el extranjero? ¿De dónde salían esos fondos? Y si es efectivo que el gas Sarin y otras toxinas botulínicas mortales se vendieron a Irak o a otros países a fines de los ’80, ¿cuántos millones de dólares se recibieron y en qué cuentas se depositaron?

RADAELLI: EL OTRO DISPARO

En 1993, cuando el escándalo del secuestro y desaparición de Eugenio Berríos estalló ante la opinión pública en Uruguay, provocando lo que llamaron “un golpe técnico” de los militares, el teniente coronel Eduardo Radaelli debió ser traído en emergencia desde el Zaire, donde se hallaba en “misión de paz”.

Y si en un principio se pensó que el oficial sería castigado y procesado, junto al teniente coronel Tomás Casella, muy pronto la presión militar dejó en evidencia que el Presidente Lacalle estaba bajo tutela.

Han transcurrido nueve años. Radealli sigue activo y hoy debe enfrentar una acusación de homicidio. Sabe que no está solo. Es considerado la cabeza “pensante” de un grupo de oficiales nacionalistas de inteligencia del Ejército que se nuclearon en torno al ex comandante en jefe, teniente general Fernán Amado. En la época del escándalo de Berríos, Amado era jefe de Intendencia del Ejército.

En ese mismo grupo cerraba filas Casella y otro de los involucrados en el secuestro y asesinato de Berríos: el teniente coronel Wellington Sarli. Los tres oficiales no son desconocidos en Uruguay. Están vinculados a actos de terrorismo de Estado durante la dictadura de ese país. En especial, una serie de atentados con bombas perpetrados en contra de disidentes a fines de los ’80, los que incluyeron una bomba en el estudio jurídico del entonces Presidente Julio María Sanguinetti.

Al grupo se lo conoció bajo la sigla “Guardia de Artigas”, un grupo que nació bajo el amparo de la logia mayor y más poderosa –“Tenientes de Artigas” – pero bajo un perfil más clandestino. La trastienda de la pugna de poder de entonces hizo enfrentarse al general Amado con Sanguinetti. Más tarde, cuando estalló el escándalo Berríos, las trenzas volvieron a disputarse el poder. Según testimonios de oficiales chilenos, una presa que estuvo al medio de la disputa fue la producción de armas químicas que Berríos habría comenzado a realizar para el grupo de sus custodios uruguayos. Lo cierto es que Amado denunció escuchas telefónicas. Responsabilizó al director de Inteligencia, general Aguerrondo, el que finalmente debió partir a retiro. Ahora las nuevas trenzas se mezclan con las viejas y actuales luchas en una pugna por el poder y la impunidad. Y Radaelli está en el centro del huracán.

La Corte de Apelaciones aumentó las condenas de los autores del secuestro con posterior homicidio del ex químico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Eugenio Berríos, y a quienes conformaron una asociación ilícita con el fin de asesinarlo, en 1992 en Uruguay. En fallo dividido, los ministros de la Quinta Sala del tribunal de alzada Carlos Cerda, Gloria Ana Chevesich y la abogada integrante Teresa Álvarez confirmaron, en el aspecto de penal, la sentencia del ministro Madrid, y aumentaron los períodos de presidio. Así el mayor (r) Arturo Silva Valdés fue condenado a una pena efectiva de 15 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro con homicidio y 5 años y un día por asociación ilícita. El ex jefe de la DINE general (r) Hernán Ramírez Rurange recibió una pena efectiva de 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro; 10  años y un día por asociación ilícita, y absuelto de obstrucción a la justicia, mientras que el ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva fue condenado a 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de asociación ilícita. En el aspecto civil, la sala revocó la resolución que había acogido la demanda de indemnizaciones a favor de Fabiola Letelier del Solar y Gladys Schmeisser, pero mantuvo el pago de $20.000.000 para la sucesión representada por el querellante Gonzalo Berríos Sagredo. El resto de las condenas de la Corte Eugenio Covarrubias Valenzuela: 10 años y un día por su responsabilidad como autor de del delito de secuestro; 5 años y 1 día por asociación ilícita, y absuelto de su participación como encubridor de secuestro con homicidio y obstrucción a la justicia. Sin beneficios. Jaime Torres Gacitúa: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 5 años y un día por asociación ilícita. Sin beneficios. Manuel Provis Carrasco: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 5 años y un día por asociación ilícita. Sin beneficios. Pablo Rodríguez Márquez: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 800 días por asociación ilícita. Sin beneficios. Raúl Lillo Gutiérrez: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 800 días por  asociación ilícita. Absuelto del cargo de obstrucción a la justicia. Sin beneficios. Manuel Pérez Santillán: 5 años y un día por su responsabilidad como cómplice del delito de secuestro y absuelto del cargo asociación ilícita. Sin beneficios. Tomás Casella Santos (militar uruguayo): 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 5 años y un día asociación ilícita. Sin beneficios. Eduardo Radaelli Copolla (militar uruguayo): 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro y 800 días por asociación ilícita. Sin beneficios. Wellington Sarli Pose (militar uruguayo): 5 años y un día por su responsabilidad como cómplice del delito de secuestro y 60 días por asociación ilícita. Sin beneficios. Marcelo Sandoval Durán: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro, 800 días por asociación ilícita y absuelto por infracción al artículo 295 bis del Código Penal. Sin beneficios. Nelson Román Vargas: 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro, 800 días por asociación ilícita y absuelto del cargo de infracción al artículo 295 bis del Código Penal. Sin beneficios. Enrique Ibarra Chamorro: absuelto por su responsabilidad como autor del delito de asociación ilícita. Mario Cisternas Orellana: absuelto por su responsabilidad como autor del delito de infracción al artículo 295 bis del Código Penal. Nelson Hernández Franco: absuelto por  su responsabilidad como autor del delito de infracción al artículo 295 bis del Código Penal. Erika Silva Morales: absuelta por  su responsabilidad como autor del delito de infracción al artículo 295 bis del Código Penal. Emilio Rojas Gómez: absuelto por su responsabilidad como autor del delito de obstrucción a la justicia. El fallo del ministro Alejandro Madrid En septiembre de 2010, el ministro Alejandro Madrid dio a conocer la resolución de la extensa sentencia en la cual condenó a los autores del secuestro con posterior homicidio del ex químico de la DINA. El magistrado acreditó en la investigación que Berríos fue ocultado para evitar que declarara en la investigación por el homicidio del ex canciller Orlando Letelier. En su fallo estableció que los hechos ocurrieron entre los años 1991 a 1993 -cuando apareció el cuerpo en una playa- un período "de plena vigencia del orden constitucional", y que fue perpetrado por "personal militar en servicio activo de los Ejércitos de Chile y Uruguay". Aquella vez, la pena más alta, de los 14 condenados fue para el mayor (r) Arturo Silva Valdés, condenado a una pena efectiva de 10 años y un día como autor de secuestro con homicidio y 3 años y un día por asociación ilícita. Al ex jefe de la DINE general (r) Hernán Ramírez Rurange le dio pena efectiva de 5 años y un día por secuestro y 3 años y un día por asociación ilícita, al igual que al mayor (r) Jaime Torres Gacitúa y el brigadier (r) Manuel Provis. Al ex director de la DINE general (r) Eugenio Covarrubias le dio 3 años y un día por secuestro y 541 días por asociación ilícita, con libertad vigilada. Al ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva lo condenó a 3 años y un día por asociación ilícita y sin beneficios, y al mayor (r) Raúl Lillo a 5 años y un día por secuestro y 100 días por asociación ilícita. Se suman los militares Pablo Rodríguez Márquez, Marcelo Sandoval y Nelson Román a 3 años y un día por secuestro y 60 días por asociación ilícita. El ministro absolvió a todos quienes estaban procesados por obstrucción a la justicia, delito que está derogado, y por la infracción de no denunciar la asociación ilícita. Entre ellos, a Mario Cisternas, Nelson Hernández, Érika Silva y Emilio Rojas. Y el coronel (r) Enrique Ibarra, de asociación ilícita.