Saravia Henríquez Sergio Enrique

La Corte Suprema demoró solo horas en rechazar la libertad condicional que pedía el coronel (r) de Carabineros, Guillermo González Betancourt, condenado a presidio perpetuo por los asesinatos de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, degollados en marzo de 1985. En el fallo se alude al informe sicológico de Gendarmería sobre González: “no ha adquirido una adecuada conciencia del delito cometido, del daño y el mal causado…”. En su alegato, el abogado Luciano Fouillioux planteó que no se le pueden otorgar a condenados por delitos de lesa humanidad, beneficios que corresponden a delitos comunes y citando a Fito Paéz en Vengo a ofrecer mi corazón, explicó por qué estaban allí los ex funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad.

El corvo con que los degollaron pesaba 410 gramos y medía 19 centímetros de largo por 3,6 centímetros de ancho. Era de Miguel Estay Reyno, el “Fanta”. Se lo había regalado uno de los torturadores más temidos de la dictadura, Roberto Fuentes Morrison, el “Wally”, el año anterior. Ese 30 de marzo de 1985 en Quilicura, el primero en usar el arma fue el sargento segundo José Fuentes, quien tomó por atrás  la cabeza de Manuel Guerrero  y le hundió el cuchillo en el cuello. El corvo pasó luego a manos del cabo Alejandro Sáez Mardones, quien repitió el procedimiento con Santiago Nattino. Luego el cabo Claudio Salazar agarró el arma y le hizo un profundo corte en el vientre a José Manuel Parada, quien cayó adolorido al piso segundos antes de que otro agente tomara nuevamente el arma y lo degollara también.

Quien comandó el degollamiento de los tres profesionales comunistas, una de las operaciones más sangrientas y estremecedoras de la dictadura, fue el entonces coronel Guillermo González Betancourt, jefe operativo del Departamento de Asuntos Internos y Externos de la Dicomcar, la Dirección de Comunicación de Carabineros. Este lunes 21, los cinco ministros de la Segunda Sala de la Corte Suprema –integrada por Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y los abogados integrantes Jean Pierre Matus y Jaime Rodríguez- rechazaron de forma unánime el recurso de amparo con el cual González Betancourt buscaba acceder a la libertad condicional y revertir la decisión en contrario de la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Santiago (ver fallo).

González Betancourt cumple pena de presidio perpetuo como autor del secuestro y homicidio de Parada, Guerrero y Nattino, además del secuestro de Ramón Arriagada Escalante y de los dirigentes de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (Agech) Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas. Suma a su condena otra pena de 5 años y un día como autor de asociación ilícita y una más de 5 años y un día por el robo con intimidación del auto de Traverso, uno de los secuestrados sobrevivientes. Además, se le dieron las penas accesorias de inhabilitación absoluta y perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por su tiempo de vida, y la de sujeción de vigilancia de la autoridad por el máximo que establece el Código Penal.

En mayo de 2012, González Betancourt cumplió 20 años de condena en el penal de Punta Peuco y en septiembre comenzó a recibir una serie de cuestionados beneficios carcelarios. Ese mes, el Consejo Técnico de Gendarmería le concedió la salida dominical. Luego, en enero de 2013, consiguió salir del penal el fin de semana completo y el 24 de junio del mismo año obtuvo el beneficio de la “salida controlada libre”, gracias al cual podía salir todos los días de Punta Peuco hasta por 15 horas diarias.

Ahora González Betancourt buscaba la libertad condicional, pero los ministros del máximo tribunal que le negaron el beneficio se basaron en el último informe sicológico entregado por  Gendarmería, el que da cuenta de que el oficial (r) de Carabineros  “no ha adquirido una adecuada conciencia del delito cometido, del daño y el mal causado con el mismo y no ha demostrado una real disposición al cambio”.

El fallo considera que, de acuerdo a la ley chilena, la libertad condicional debe ser “un medio de prueba” de la rehabilitación del condenado, lo que en este caso no se cumpliría.

La resolución de la Segunda Sala incluye una prevención del ministro Lamberto Cisternas, quien estimó que González Betancourt no cumplía con los requisitos para optar a la libertad condicional debido a que su acumulación de penas exigiría que cumpliera 25 años en prisión y no 20. Además, Cisternas hizo ver que la defensa del condenado no rebatió la acusación de que su conducta penitenciaria no puede considerarse como intachable, según constaría en su hoja de vida de Gendarmería.

“VENGO A OFRECER MI CORAZÓN”

El abogado Luciano Fouillioux fue quien asumió el alegato en representación de una de las víctimas del comando que encabezó González Betancourt. Al iniciar sus palabras, lo calificó como un «criminal que también tiene derechos humanos», los que jamás se les negarán en un Estado de Derecho, pero desde un piso jurídico distinto al que planteó su defensa. Y fundamentó sus dichos diciendo que al rechazar su libertad condicional no hay vulneración de garantía de libertad personal y seguridad individual de aquellas que permite la invocación del recurso de amparo (Artículo 21 de la Constitución); y que su recurso estaba mal fundado por cuanto se invocan como vulnerados derechos constitucionales que no pueden ser remediados por la vía del recurso de amparo. El estado de confusión de su defensa es tal, afirmó, que se llevó “al recurrente a confundir recurso de protección con recurso de amparo”.

Luego, Fouillioux recordó la enorme conmoción que provocó en marzo de 1985 el asesinato de los tres profesionales, que incluso provocó la caída del entonces jefe de Carabineros y miembro de la Junta Militar, general César Mendoza Durán. También hizo mención a los obstáculos que debieron enfrentar los jueces que tuvieron a cargo la investigación del triple homicidio, desde Cánovas Robles hasta Milton Juica.

Frente a familiares de las víctimas y a numerosos ex compañeros de trabajo de José Manuel Parada en la Vicaría de la Solidaridad, el abogado Fouillioux hizo un perfil del sociólogo, relatando sus características como padre, marido y joven sensible y comprometido que cuando vio en 1974 – citando la canción de Fito Páez  «Vengo a ofrecer mi corazón«- «cuanta sangre se llevó el río, corrió y se enroló en el Comité Pro -Paz y luego siguió su tarea en la Vicaría de la Solidaridad, lugar donde trabajó hasta que fue detenido y degollado, mientras por más de una década protegió, amparó y acompañó al perseguido”.

Respecto del tema penal de fondo, Fouillioux le planteó a los ministros de la Segunda Sala que lo que estaba en discusión era de “singular relevancia, ya que el asunto es si tiene o no derecho a beneficios carcelarios un condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, que no demuestra arrepentimiento, según se afirma en los propios informes de Gendarmería, y que aún así pide que se le aplique un beneficio como autor de delito común”.

Fouillioux planteó también que el recurso de amparo estaba mal formulado tanto en la forma como el fondo: era improcedente por la materia en que incidía, como por la indudable búsqueda indebida de un forzamiento o invención de un procedimiento, para llegar hasta la Segunda Sala de la Corte Suprema, que conoce los temas penales. Si el recurso es acogido –afirmó- se busca generar una ruta de próximas libertades a condenados por delitos de lesa humanidad, llevando casi a cero todo avance jurisdiccional en estas materias.

-Y eso nadie lo puede tolerar, ni las victimas ni las propias Fuerzas Armadas y menos aún el Poder Judicial, que viene ajustando su actuar desde la carencia del ayer. Por lo tanto, no se le puede pedir a la Corte Suprema borrar con el codo todo lo escrito con la mano, ya que nadie entendería que habiendo condenado reiteradamente por delitos de lesa humanidad, entendiendo la imprescriptibilidad penal y ahora civil –como con el fallo reciente sobre los prisioneros políticos de Isla Dawson- se pueda también otorgar beneficios carcelarios por delitos que son reclamados como » comunes » por el recurrente –agregó el abogado.

Al terminar, Luciano Fouillioux reclamó coherencia en los fallos de la Corte Suprema y dijo ante los ministros de la Corte que frente a este tipo de delitos ya estaba todo dicho y conocido:

“Así planificaron el crimen, así los secuestraron, así los asesinaron, así después del debido proceso los condenaron, así después de 23 años de la condena y 30 años de los hechos, no demuestra arrepentimiento… Estamos frente  a una situación inalterable, que une dos puntas de un mismo lazo, el hombre que ofrece su corazón, tal como cantó Fito Páez y que generó el alistamiento de quienes hemos querido proteger la indemnidad de las victimas y sus familias. Esto obligó a un grupo de ex compañeros de José Manuel Parada en la Vicaría de la Solidaridad (y leyó una larga nómina que encabezaban María Luisa Sepúlveda y Roberto Garretón) a hacerse parte en este recurso para defender la posición del compañero degollado por estos sicarios del mal. Cerradas así las cosas y el tiempo transcurrido y actuado, nos hacen decir: señores ministros, nos habrán visto llorar muchas veces pero jamás de rodillas, por eso estamos aquí para invocar nuestra posición”.

LOS CRIMENES

Otros condenados del Caso Degollados han tenido mejor suerte que González Betancourt. El 12 de agosto de este año, la Corte Suprema ratificó el dictamen de la Corte de Apelaciones que un mes antes aprobó la libertad condicional de Alejandro Sáez Mardones. Esa vez no sirvieron los esfuerzos judiciales de las familias de las víctimas ni la decisión del gobierno de hacerse parte en la apelación a través del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Sáez Mardones circula hoy libre por las calles (ver recuadro).

Guillermo Washington González Betancourt, también conocido como “Bototo”, nació en Curicó en 1943. A los 20 años ingresó como aspirante a oficial a la Escuela de Carabineros. Su ascenso fue rápido: al año siguiente ya era subteniente de la Séptima Comisaría Prefectura Santiago Norte y en 1966 ascendió a teniente en Graneros. En 1968 volvió a Santiago, a la Sexta Comisaría, y en 1970 se integró al Grupo Móvil, en la Primera Comisaría de Servicios Especiales. Después del Golpe Militar pasó al Departamento de Orden y Seguridad de la Dirección General de Carabineros y fue ascendido a capitán.

Guillermo González Betancourt (Fuente: memoriaviva.com)

Entre 1974 y 1979 integró las Fuerzas Especiales en varias comisarías de Santiago, hasta que en marzo de 1980 fue ascendido a mayor. En agosto de ese año, en un oscuro episodio, sufrió un accidente con explosivos que le provocó la amputación traumática de su mano derecha. El episodio no lo inhibió de seguir realizando operaciones con explosivos para ocultar sus crímenes. En 1985, luego del secuestro del profesor de la Agech Alejandro Traverso, escondieron su Fiat 600 en el patio del cuartel de la Dicomcar de calle Dieciocho, allí en el mismo lugar donde funcionó el diario Clarín hasta septiembre de 1973. En su declaración ante Juica, el suboficial Luis Huaiquimilla dijo que tiempo después de los asesinatos y secuestros, González Betancourt ordenó destruir el auto de Traverso. El propio González manejó su Chevette rojo con una carga de explosivos en el asiento del copiloto camino a Quinta Normal. Lo seguía el Fiat 600, manejado por otro agente. Cuando llegaron a un sector solitario, cargaron los explosivos en el auto de Traverso y lo hicieron explotar.

González usa una prótesis y fue enviado en varias ocasiones en comisión de servicio a Alemania para recibir tratamiento médico en el Hospital Militar de Hamburgo. Allí estuvo reemplazando su prótesis pocos días antes de ordenar el asesinato de los tres profesionales comunistas, lo que le permitió conducir personalmente el vehículo Chevy Chevette -junto al “Fanta” y otro agente de la Dicomcar- hasta el sitio en Quilicura donde fueron degollados.

Los hechos que desencadenaron el asesinato de Guerrero, Parada y Nattino comenzaron a gestarse en 1984. En agosto de ese año, angustiado por la culpa, desertó el ex integrante del Comando Conjunto Andrés Valenzuela, alias “Papudo”. El Comando Conjunto fue una de las organizaciones más siniestras y secretas de la dictadura, en la que participaban los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea, Armada y Carabineros (en un principio también participó el Ejército). El grupo competía en la cacería de los disidentes políticos con la DINA, liderada por Manuel Contreras, llegando a disputarse los prisioneros hasta en las calles. Al Comando Conjunto  se incorporaron también algunos civiles ex Patria y Libertad (como el grupo que asesinó en julio de 1973 al edecán naval de Salvador Allende, Arturo Araya Peters) y más tarde ex prisioneros que tras ser torturados brutalmente se convirtieron en agentes.

Entre estos últimos está Miguel Estay Reyno, el “Fanta”, un ex militante comunista que se convirtió en colaborador y años después en asesino de sus propios ex camaradas. Guillermo González Betancourt también participó en las actividades del Comando Conjunto, actuando bajo las órdenes del capitán Germán Esquivel, jefe de Contrainteligencia de Carabineros.

La existencia del Comando Conjunto se mantuvo en absoluto secreto hasta que en agosto de 1984 Andrés Valenzuela se acercó a las oficinas de la revista Cauce para relatarle los crímenes que había presenciado a la periodista Mónica González, hoy directora de CIPER (ver entrevista). Luego prestó testimonio ante funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad y fue sacado del país.

Según se narra en “Los Casos de la Vicaría”, los relatos de los crímenes de la dictadura recopilados por Andrea Insunza y Javier Ortega que inspiraron la serie “Los Archivos del Cardenal”, dos meses después de la deserción de Valenzuela, agentes de inteligencia de la dictadura asaltaron la sede del Movimiento Democrático Popular (MDP).  Entre otros documentos se llevaron una libreta con apuntes y teléfonos que pertenecía al arquitecto Ramón Arriagada Escalante, un militante comunista al que apodaban “Vincenzo”. Esa libreta contenía información de reuniones de varios militantes y dirigentes, entre ellos los tres profesionales asesinados.

En febrero de 1985, Arriagada fue secuestrado bajo las órdenes de González Betancourt, y en las semanas siguientes fueron también secuestrados varios profesores de la Agech. Bajo tortura, a Arriagada lo interrogaron sobre las actividades de Manuel Guerrero y José Manuel Parada, quienes en los últimos meses habían estado trabajando para confirmar los datos entregados por Valenzuela sobre el Comando Conjunto. Toda la historia se encuentra detallada en el libro “Los Secretos del Comando Conjunto”, de Mónica González y Héctor Contreras, publicado en 1991 por Ediciones del Ornitorrinco.

CONDENADOS

No tardó mucho el juez José Cánovas Robles, nombrado ministro en visita para investigar los asesinatos de Guerrero, Parada y Nattino, en llegar a la conclusión de que el crimen había sido ordenado desde el Departamento de Asuntos Externos e Internos de la Dicomcar, a cargo de Guillermo González Betancourt, a quien declaró reo. Pero la decisión del juez fue rápidamente anulada por la Corte de Apelaciones, por entones supeditada a las ordenes que emanaban desde el Ministerio del Interior del régimen. El juez Cánovas descubrió que González Betancourt había salido sin permiso de su lugar de reclusión y que además había alojado al “Fanta” en su casa de la costa para ayudarlo a eludir la justicia.

A pesar de la conmoción pública que provocó el triple asesinato y de la acuciosa investigación que realizó el entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Cerda (hoy ministro de la Suprema), a quien le ordenaron cerrar el proceso sobre el Comando Conjunto y fue castigado por ordenar la detención de algunos de sus integrantes, el juicio llegó hasta allí. No habría justicia. Hasta que en 1992, un nuevo ministro en visita, Milton Juica, declaró reo a González Betancourt y a otros 15 carabineros como autores de asociación ilícita.

Seis meses antes de ser procesado, González Betancourt vivió un drama familiar. El 3 de octubre de 1991, su hija Estrella González Jepsen fue asesinada a tiros por su pareja, el teniente de Carabineros Félix Sazo. Eran padres de un niño que en ese entonces tenía 9 meses. Según relatan los informes policiales de la época, ese día la joven de 24 años se encontraba en su trabajo en el Hotel Crowne Plaza, en el centro de Santiago. Alrededor de las 10 de la mañana, Sazo llegó a la oficina vestido con su uniforme y Estrella salió con él a conversar afuera, frente al Monumento a los Mártires de Carabineros, donde discutieron violentamente. Estrella volvió muy nerviosa a su oficina. Minutos después ingresó nuevamente el oficial, quien se acercó al mostrador, gritó el nombre de su novia y le disparó cuatro balazos: dos en el pecho, uno en la cabeza y otro en la espalda. Segundos después, el uniformado se disparó dos tiros en su propia sien (ver crónica de La Cuarta).

DISTANCIAMIENTO DEL FANTA

Según narra el libro “Los Secretos del Comando Conjunto”, Miguel Estay Reyno había ingresado a las juventudes Comunistas en 1969, siendo estudiante del Liceo Gabriela Mistral. Se hizo conocido entre los jóvenes de la “Jota” como integrante de las Brigadas Ramona Parra y fue apodado Fanta, por “Fantomas”, un personaje de la revista cómica “La Chiva”, que circulaba en esa época. Cuando cayó detenido por los miembros del Comando Conjunto, lo amenazaron con asesinar a su hermano Jaime  y a la novia de éste (la que después se convirtió en su esposa) y el “Fanta” se abrió a colaborar. Así le explicó su decisión al ministro Carlos Cerda, juez que investigó al Comando Conjunto:

-Ofrecí a cambio de la libertad de ambos confeccionar un currículum completo de mi actividad en la juventud y en el aparato de inteligencia del PC, en el que proporcionaría todos los antecedentes sobre los militantes comunistas que he conocido. Ese documento lo confeccioné en mi celda.

Miguel Estay Reyno, “El Fanta”

El “Fanta” no sólo entregó a sus compañeros sino que se convirtió en un activo colaborador en los crímenes de la dictadura. “Yo opté y la verdad es que he pagado con creces mi decisión”, dijo Estay en entrevista con CIPER en 2007. Y agregó:

-En el camino me fui encontrando con otra gente, con otras ideas y las empecé a asumir. La verdad es que como una parte importante de los chilenos, yo creí en el sello que logró imponer el gobierno militar, fundamentalmente en términos económicos. Y como además tenía cierto grado de especialización en el área de inteligencia, se dio una vinculación relativamente natural con gente de los servicios, por el interés que podían tener en esos conocimientos. Debo reconocer que ya en 1984 ó 1985, cuando me meto en esta sección (Dicomcar), yo tenía un grado de afinidad importante con la visión del gobierno militar.

El “Fanta” era un hombre de confianza de González Betancourt. Compartían una oficina en el cuartel de la Dicomcar de calle Dieciocho, la misma que adornaban con el corvo con que degollarían a Guerrero, Parada y Nattino. Pero la relación entre ellos no volvió a ser la misma luego de que Estay acusara a su jefe de ser responsable de los secuestros y asesinatos. González se vengó de Estay Reyno declarando que la decisión de matar había sido suya, diciendo que se había adjudicado más poder del que realmente tenía dentro de la organización. Decepcionado del que había sido su agente de confianza, González Betancourt dijo: «Si fue capaz de traicionar a sus camaradas comunistas, por qué no podía volver a hacérmelo ahora a mí», según se narra en el libro “La Noche de los Corvos”, de Nelson Caucoto y Héctor Salazar.

González Betancourt, imperturbable, no reconoció  ninguno de sus crímenes, acusando a sus subalternos de operar sin su conocimiento. Ante Juica declaró: “El hecho es que al día siguiente los más sorprendidos fuimos (Patricio) Zamora y yo cuando nos impusimos de la muerte de estos detenidos”. Para entonces, el ministro Juica ya tenía acreditado su rol en el triple homicidio y la condena era inevitable.

Los delitos, condenas y beneficios de los involucrados en el Caso Degollados

Guillermo Washington González Betancourt, coronel (r) de Carabineros, fue condenado a la pena de presidio perpetuo como autor del secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas; y del secuestro y homicidio de José Manuel Parada Maluenda, Santiago Nattino Allende y Manuel Guerrero Ceballos; y a 5 años y un día como autor de asociación ilícita y a 5 años y un día por el robo con intimidación del auto de Alejandro Traverso. En mayo de 2012 González Betancourt cumplió 20 años de condena en Punta Peuco y, en septiembre del mismo año, obtuvo el beneficio de salida dominical. Luego, en enero de 2013 consiguió salir el fin de semana completo del penal y el 24 de junio del mismo año obtuvo el beneficio de la “salida controlada libre”, gracias al cual podía salir todos los días de Punta Peuco hasta por 15 horas diarias.

Miguel Arturo Estay Reyno (El Fanta), ex militante del PC, convertido luego en delator y torturador, fue condenado a presidio perpetuo como autor de los delitos de secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas; y del secuestro y homicidio de Santiago Nattino Allende, José Manuel Parada y Manuel Guerrero Ceballos. Condenado además en la misma causa a 5 años y un día como autor de asociación ilícita y a dos penas de 541 días como autor de los delitos reiterados de usurpación de nombre y uso malicioso de pasaporte falso. Actualmente está recluido en Punta Peuco.

José Florentino Fuentes Castro, sargento primero (r) de Carabineros, fue condenado a presidio perpetuo como autor de los secuestros de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas; y del secuestro y homicidio de José Manuel Parada Maluenda, Santiago Nattino Allende y Manuel Guerrero Ceballos. Se le condenó además a 541 días como autor de asociación ilícita. En mayo de 2012, Fuentes Castro cumplió 20 años de condena en Punta Peuco y, en septiembre del mismo año obtuvo el beneficio de salida dominical. Luego, en enero de 2013, consiguió salir el fin de semana completo del penal y el 24 de junio del mismo año obtuvo el beneficio de la “salida controlada libre”, gracias al cual podía salir todos los días de Punta Peuco hasta por 15 horas diarias.

Alejandro Segundo Sáez Mardones, cabo primero (r) de Carabineros, fue condenado a presidio perpetuo como autor de los secuestros de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas, y del secuestro y asesinato de José Manuel Parada Maluenda, Santiago Nattino Allende y Manuel Guerrero Ceballos. Además fue condenado a 541 días como autor de asociación ilícita, y a 3 años y un día como autor del homicidio de Carlos Contreras Maluje en 1976. Cumplió condena en Punta Peuco hasta que el 12 de agosto de este año se le otorgó el beneficio de libertad condicional.

Claudio Alberto Salazar Fuentes, cabo (r) de Carabineros, condenado a presidio perpetuo por el secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas, y por el secuestro y asesinato de José Manuel Parada Maluenda, Santiago Nattino Allende y Manuel Guerrero Ceballos. Condenado en la misma causa a 541 días como autor del delito de asociación ilícita. Cumple su condena en Punta Peuco.

Patricio Augusto Zamora Rodríguez, capitán (r) de Carabineros, fue condenado a 15 años y un día por el secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Alejandro Traverso Carvajal, Mario Toloza Jara, Eduardo Osorio Venegas, Manuel Guerrero Ceballos, Santiago Nattino Allende y José Manuel Parada Maluenda, y como cómplice del asesinato de los tres últimos. También tiene otras tres condenas de 5 años y un día por violencia innecesaria con resultado de muerte de Percy Arana; 541 días por asociación ilícita y 541 días por lesiones. En 2012 se le redujo la pena en 13 meses y está libre.

Luis Alfredo Canto Arriagada, sargento segundo (r) de Carabineros fue condenado a 541 días de prisión como cómplice del secuestro de cinco miembros de la AGECh y por los homicidios de Parada, Guerrero y Nattino. Está libre.

Juan Luis Huaiquimilla Coñoepan, el suboficial (r) de Carabineros fue condenado a la pena de 5 años y un día como autor de los delitos de secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas; como autor del delito de asociación ilícita terrorista, por el delito de daños en bienes de Alejandro Traverso y como cómplice del secuestro de Santiago Nattino Allende. Cumplió su condena y hoy está libre.

Julio Enzo Hurtado Lazcano, cabo (r) de Carabineros, fue condenado a la pena de 41 días de prisión como cómplice del secuestro de Ramón Arriagada Escalante. Cumplió su pena, hoy está libre. Trabajó intermitentemente entre 2011 y 2013 como administrativo en el Cementerio General.

Luis Ernesto Jofré Herrera, cabo (r) de Carabineros, fue condenado a 5 años y un día como autor del secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal, Eduardo Osorio Venegas, Santiago Nattino Allende, José Manuel Parada y Manuel Guerrero Ceballos, y como autor de asociación ilícita. Además, fue condenado a 541 días de presidio como autor del delito de lesiones cometido en perjuicio de Leopoldo Muñoz de la Parra. Ya cumplió su condena y hoy está libre.

Julio Luis Omar Michea Muñoz, el coronel (r) de Carabineros fue condenado a 5 años y un día como autor del secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas, y asociación ilícita terrorista. Cumplió su condena y hoy está libre.

Manuel Agustín Muñoz Gamboa, el mayor (r) de Carabineros fue condenado a 5 años y un día como autor del delito de asociación ilícita terrorista. En 2014 fue condenado a 5 años y un día por el secuestro calificado de Alfredo Salinas Vásquez, José Sagredo Pacheco y Juan Gianelli Company, además de asociación ilícita. Cumple su condena en Punta Peuco.

Santiago Segundo San Martín Riquelme, en mayo de 1992 fue el primero en confesar ante Milton Juica. El cabo en retiro fue luego condenado a la pena de 61 días de presidio como autor del secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas. Hoy está libre.

Sergio Enrique Saravia Henríquez, el coronel (r) de Carabineros fue condenado a dos penas de 41 días de prisión cada una como cómplice en el secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Alejandro Traverso Carvajal, Mario Toloza Jara y Eduardo Osorio Venegas. En 2002, se supo que luego de cumplir su condena siguió activo y en ese momento se desempeñaba como subprefecto del área oriente de Santiago. Pasó a retiro luego de que se hiciera pública su condición en servicio activo.

Óscar Ramón Valdebenito Valdebenito, el sargento segundo (r) fue condenado a 41 días de prisión como cómplice del secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Alejandro Traverso Carvajal, Mario Toloza Jara y Eduardo Osorio Venegas. Cumplió su condena y hoy está libre.

Ramón Eduardo Valenzuela Cuevas, condenado a 541 días de prisión como cómplice del robo con intimidación y secuestro de Alejandro Traverso Carvajal. Cumplió su condena y está libre.

Fuente: “La noche de los corvos: El caso degollados o un verde mando de impunidad”, de Nelson Caucoto y Héctor Salazar, actualizado con información de prensa.

A partir de la nómina de los oficiales de Carabineros pensionados entre 2005 y mayo de 2017, entregada por Dipreca, CIPER investigó y cruzó datos. Hubo sorpresas. $432 millones anuales se destinan al pago de pensiones para 15 de los formalizados por el mega fraude en esa institución. Otros miles de millones se quedan en las manos de ex altos oficiales que reciben doble jubilación o pensiones de invalidez que nadie puede cuestionar. También aparecen oficiales condenados por juicios de derechos humanos. Un trozo suculento de la torta de $586 mil millones anuales se lo llevan 93 generales.

Durante 2016, la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) desembolsó $586 mil millones para el pago de pensiones de sus funcionarios en retiro –civiles y uniformados–, monto que incluye también a personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería. La cifra es idéntica a la destinada en 2016 por el gobierno para financiar la gratuidad en la educación superior.

CIPER pidió a Dipreca, vía Ley de Transparencia, la nómina de pensionados, uniformados y civiles, del escalafón de oficiales de Carabineros que pasaron a retiro entre 2005 y mayo de 2017. La lista incluye a 1.383 ex oficiales, con una pensión mensual que promedia los $2,3 millones. En la nómina de civiles aparecen 1.056 ex funcionarios que se jubilaron entre 1951 y 2017, con pensiones que promedian un millón de pesos. Los montos contrastan con la jubilación promedio por vejez que entrega el sistema de AFP y que apenas bordea los $198 mil pesos, según cifras de la Superintendencia de Pensiones a junio de este año (el cálculo integra a pensionados con distintos años de cotización).

En las nóminas analizadas por CIPER, figuran 15 de los 74 carabineros formalizados en el mega fraude que se destapó en marzo pasado al interior de la institución, los que cobran pensiones de hasta $4,7 millones. Son $432 millones los que Dipreca destina al año a pagar las jubilaciones de esta quincena de ex oficiales involucrados en el desfalco, cuyo monto se estima hasta el momento en $25.700 millones.

En la misma nómina figura además casi una decena de ex oficiales con pensiones de hasta $3,2 millones involucrados en procesos por violaciones de derechos humanos.

No es lo único que resalta de los datos oficiales entregados por Dipreca y que CIPER cruzó y analizó. Se detectaron además a 22 ex oficiales de Carabineros recibiendo doble pensión. Como la lista de pensionados parte en 2005, entre ellos figuran al menos dos ex directores generales de la institución –Eduardo Gordon y Alberto Cienfuegos–, nueve generales y diez coroneles.

Otros tres ex generales directores –Rodolfo Stange, Fernando Cordero y Manuel Ugarte– presentaron un recurso de ilegalidad que está en curso en la Corte de Apelaciones de Santiago para impedir que se haga público el monto de sus pensiones.

Entre los altos oficiales beneficiados con una doble pensión está el ex general auditor de Carabineros Ismael Verdugo Bravo, quien recibe la pensión más alta que entrega Dipreca (y también Capredena, el sistema previsional de las Fuerzas Armadas): $6.976.552 mensuales. El abogado Verdugo percibe además una segunda pensión de $938 mil (como ex funcionario “civil”), lo que lo deja con una jubilación de casi $8 millones mensuales.

Ismael Verdugo, quien se sometió a un trasplante de corazón, se retiró de Carabineros a fines de 2012 con invalidez de segunda clase, causal que se aplica a miembros de las FF.AA. y de Orden que por accidentes o enfermedades queden imposibilitados de continuar en el servicio y en inferioridad fisiológica para desempeñarse en ocupaciones privadas. Esto les permite aumentar en un 20% su pensión sobre la última remuneración percibida en actividad.

El privilegio del que gozan quienes se acogen a la invalidez de segunda clase, la misma norma lo contrapesa con la imposibilidad de que el funcionario pueda ser contratado posteriormente en reparticiones del Ejército, la Armada, la Fach, Carabineros, la PDI y Gendarmería.

Pero la normativa no siempre se cumple. CIPER detectó casos de oficiales de carabineros que, habiéndose retirado bajo esa causal, fueron recontratados o perciben ingresos de esas instituciones.

La invalidez de segunda clase es uno de los puntos ciegos de la normativa. En conversación con CIPER, el diputado Leonardo Soto (PS), quien presidió la comisión de la Cámara que investigó irregularidades en las pensiones de Capredena y Dipreca, confirmó que los dictámenes médicos que avalan esas inhabilidades no pueden ser fiscalizados ni por Dipreca ni por la Contraloría:

-Cada institución tiene su propia comisión de sanidad que dictamina una invalidez. No existe posibilidad de conocer el detalle de los fundamentos médicos que justifiquen ese dictamen. La Contraloría, por ejemplo, solo recibe un documento que dice que la persona califica para la invalidez.

De la lista de 2.439 oficiales pensionados de Carabineros, 131 han pasado a retiro aduciendo invalidez de segunda clase. El pago de jubilaciones para ese grupo representa para Dipreca una carga de $2.776 millones anuales.

En 2016 Dipreca destinó en total $586 mil millones para el pago de pensiones de casi 260 mil beneficiarios de Carabineros, Investigaciones (PDI) y Gendarmería. En ese reparto, Carabineros se lleva por lejos la tajada más grande: $418 mil millones para financiar las jubilaciones de más de 185 mil beneficiarios de esa institución.

De acuerdo a datos de Dipreca, el 95% del monto que utiliza la entidad para el pago de pensiones proviene del erario público. Solo el 5% restante lo aportan los cotizantes. Lo mismo ocurre con los fondos que administra Capredena. Son dineros de todos los chilenos los que financian un sistema que privilegia a unos pocos y que contrasta con el sistema de capitalización individual que rige para gran parte de la población.

LAS PENSIONES DEL “PACOGATE”

A casi cinco meses de la revelación del mega fraude que desangró las arcas de Carabineros, la investigación de la Fiscalía ya suma 74 formalizados. Hasta el momento, el monto del robo supera los $25.700 millones. CIPER detectó que 15 de los formalizados por participar en esta asociación criminal reciben pensiones pagadas por Dipreca. Un total de $432 millones anuales se destinan a pagar jubilaciones para ex oficiales acusados de haber integrado la red del desfalco.

La más alta de estas pensiones la recibe el coronel Carlos Cárcamo Bravo ($4,7 millones mensuales), quien jubiló por invalidez de segunda clase. La Fiscalía acusó a Cárcamo de haber jugado un rol estelar en el mega fraude: fue jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Jefatura Zona Metropolitana, desde donde se habrían malversado a lo menos $972,7 millones.

El coronel Cárcamo fue jefe de gabinete de quien fuera  director de Finanzas de la institución, el general Iván Whipple. Y cuando esa dirección fue asumida por el general Flavio Echeverría, ahora preso por el desfalco, Cárcamo tomó la jefatura del Departamento III Tesorería y Remuneraciones. Según expuso la Fiscalía en su formalización, el coronel recibió pagos de Carabineros, hasta ahora injustificados, por $53,3 millones.

Otro de los oficiales imputados por el desfalco es el coronel Arnoldo Rivero Gerves, quien percibe una jubilación de $2,8 millones y ha sido mencionado como uno de los principales gestores del fraude. Fue Flavio Echeverría, el único general preso por el desfalco, quien declaró que había sido reclutado por Rivero para integrarse a la red criminal.

La Fiscalía acusa al coronel Rivero de haber recibido pagos injustificados por al menos $169 millones, girados desde cuentas institucionales; además de $900 millones en efectivo provenientes de personas que facilitaron sus cuentas bancarias para que les depositaran fondos sustraídos a Carabineros.

También jugaron un rol clave en la asociación ilícita los oficiales Robinson Carvajal Leiva (quien cobra una pensión de $2 millones) y Nelson Valenzuela Aravena, con una jubilación de $1,4 millón.  Al comandante Carvajal la Fiscalía le imputa haber operado como reclutador de las personas que recibieron en sus cuentas corrientes los fondos sustraídos. Además, en su propia cuenta se detectaron depósitos por $199 millones pagados como sobresueldo.

Al mayor Nelson Valenzuela, quien se fue a retiro en  2011, la Fiscalía lo acusa de haber coordinado la distribución del dinero entre los confabulados y de haber invertido sus ganancias ilícitas en negocios con el comandante Héctor Nail, también formalizado. El Ministerio Público ha calculado que recibió más de $121 millones de origen ilícito.

También figura entre los pensionados del mega fraude el comandante Ramiro Martínez Chiang (quien cobra $2 millones mensuales). La Fiscalía lo acusa de haber recibido al menos $612,4 millones como exceso de sueldo, dinero que era repartido entre los miembros de la asociación criminal. Martínez Chiang pasó a retiro en 2012, después de intervenir en millonarias compras con sobreprecio en el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). La investigación de la Fiscalía aún está en curso.

Además de Carmona, Rivero, Carvajal, Valenzuela y Martínez, la nómina de los 15 pensionados del desfalco se completa con los coroneles Fernando Pérez Barría (pensión de $2,7 millones), Francisco Reyes Momberg ($2,8 millones), Arturo Rojas Henríquez ($2,8 millones), Horacio San Martín Villegas ($2,8 millones) y Patricio Bianchi Silva ($2,8 millones); los comandantes Patricio Morales Díaz ($1,7 millón), Claudio Venegas Godoy ($2 millones) y Juan Moraga Gallegos ($2,4 millones); y los mayores Fernando Bustos Ríos ($1,3 millón) y David Vega Carmona ($1,1 millón).

EL PRIVILEGIO DE LA “DOBLE PENSIÓN”

Más de una veintena de ex oficiales de Carabineros figura pasando a retiro dos veces y en años distintos. La mayoría de ellos también formaba parte de la planta de profesores de esa institución. Hasta 2006 la normativa obligaba al personal que hacía clases en las escuelas de Carabineros a recibir por una vía separada esta última remuneración, también  imponible en Dipreca. Fue así como pudieron pensionarse como oficiales y profesores, recibiendo de manera paralela dos jubilaciones.

Son 22 ex carabineros cuyos ingresos le significan a Dipreca un gasto anual de más de $1.047 millones. La jubilación promedio que recibe este privilegiado grupo de pensionados roza los $4 millones.

En la nómina de oficiales de Carabineros pensionados figuran dos ex directores de la institución: los generales Alberto Cienfuegos y Eduardo Gordon. Cienfuegos, quien fue director entre 2001 y 2005, recibe un total de $4,3 millones ($3,5 millones y $784 mil); mientras que Gordon, quien estuvo al mando entre 2008 y 2011, percibe un monto casi idéntico ($3,6 millones y $706 mil). Debido al recurso judicial presentado por los ex directores en retiro Stange, Cordero y Ugarte, para impedir que se hagan públicos los montos de sus jubilaciones, no se sabe si ellos también obtuvieron la doble pensión.

El ex general de Carabineros, Héctor Jara, quien se retiró con una pensión de $3,2 millones percibe además una jubilación por su labor docente de $1,6 millón. Entre los jubilados con doble pensión aparece también el ex jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros, general René Moya Venegas, quien pasó a retiro en noviembre de 2004. Su jubilación asciende actualmente a casi $4,8 millones.

Entre los coroneles en retiro con doble jubilación destacan Luis Alberto Thibaut ($4,3 millones y $ 282 mil);  Héctor Fuentealba ($2,9 millones y $ 931 mil); Sergio Gajardo ($2,8 millones y $969 mil);  Arturo Bernal ($3,7 millones y $1 millón) y Bárbara Valladares ($2,5 millones y $733 mil).

Mención aparte merece el general en retiro Gonzalo Arias González, protagonista de al menos dos fallos por secuestro, desapariciones y homicidios ocurridos en Temuco en los primeros días después del Golpe de Estado. En ambos fallos la Corte de Apelaciones de Temuco ratificó las condenas a ocho años. Arias González recibe desde 2005 una doble pensión por  un total de $ 3,7 millones ($ 3,4 millones y $ 348 mil).

INVALIDEZ BAJO SOSPECHA

En las nóminas revisadas por CIPER con casi 2.500 oficiales de Carabineros pensionados, figuran 131 acogidos a retiro con causal de inhabilidad de segunda clase. El pago de las jubilaciones de este grupo le significa a Dipreca un gasto anual de más de $2.776 millones. Sus pensiones promedio bordean el $1,8 millón. La cifra contrasta con las jubilaciones percibidas por quienes se pensionan por invalidez -total o parcial- en el sistema de capitalización individual de las AFP. Cifras de la Superintendencia de Pensiones indican que, a junio de 2017, las jubilaciones por invalidez total o parcial promedian los $210 mil.

Siete médicos con causal de retiro de invalidez de segunda clase aparecen en la nómina entregada por Dipreca. Algunos activos y con consultas en distintas regiones del país. El cirujano y mayor (r) Enrique Sudy Márquez, pasó a retiro en 2004 con causal de invalidez de segunda clase. En 2008 su pensión era de $2,9 millones y hoy, tras algunos reajustes, asciende a $3,6 millones mensuales.

La indagación de CIPER encontró al doctor Sudy ejerciendo en el Hospital Regional de Coihaique (la normativa no se lo impide por ser un hospital público). En efecto, la Contraloría dictaminó en noviembre de 2010 que la condición de invalidez de segunda clase solo es incompatible con el desempeño posterior en el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros, PDI, subsecretarías de Defensa y el Estado Mayor Conjunto.

Lo extraño emergió cuando CIPER contactó al doctor Sudy para preguntarle sobre su trabajo en el Hospital de Coihaique, posterior a su retiro. Enrique Sudy respondió que nunca había trabajado allí. Pero un informe de la Contraloría señala lo contrario. Entre 2010 y 2011 el doctor Sudy realizó 25 intervenciones en pabellones de ese  hospital.

Y lo que el organismo contralor impugnó fue que Sudy, en calidad de funcionario de ese hospital, al momento de realizar esas intervenciones no contara con contrato, ni con convenio actualizado para atención de pacientes privados (ver informe de Contraloría).

Entre enero y diciembre de 2010 el doctor Sudy figura también en una nómina de remuneraciones a honorarios del Comando de Salud del Ejército, con una remuneración mensual de $1.135.326 (ver aquí). En 2011 aparece en otra nómina de honorarios, esta vez del Instituto Geográfico Militar, con una remuneración mensual de $1.582.653 (ver aquí).Ese mismo año, Sudy figura en una nueva planilla de contrataciones a honorarios del Centro Clínico Militar Coihaique del Ejército, con una remuneración mensual de poco más de $2 millones. Su nombre se repite en la nómina de remuneraciones de esa misma unidad de salud del Ejército hasta diciembre de 2016, con honorarios por $1,1 millón (ver aquí).

CIPER le preguntó al doctor sobre sus remuneraciones en el Centro Clínico Militar de Coihaique: “No trabajo en el hospital del Ejército. Yo atiendo pacientes del Ejército y les doy la boleta a ellos cuando los puedo ver en mi consulta privada”, señaló. Insistió en que no había ninguna irregularidad para el ejercicio de su profesión: “No estoy contratado en ese lugar. La gente que está con invalidez segunda, para que tú sepas, no puede ser contratada por el mismo empleador que le dio de baja. Por eso, yo no trabajo con el servicio público”.

Consultado sobre el origen de la inhabilidad de segunda clase que lo afecta, Sudy no quiso especificarla, limitándose a señalar: “es absolutamente legítima”.

“MEGA PENSIÓN”

El general auditor de Carabineros Ismael Verdugo Bravo, pasó a retiro en diciembre de 2012. El abogado se jubiló con una invalidez de segunda clase y actualmente recibe casi $7 millones ($6.976.552) mensuales. Como ex profesor de la Escuela de Carabineros percibe además una segunda pensión de $938 mil. Verdugo fue también integrante de la Corte Marcial donde fue autor de polémicos votos en 2009.

Tras su salida de la institución, Verdugo se enroló en el estudio jurídico Hinzpeter y Compañía, en el que estuvo hasta hace un par de semanas, además de ejercer como profesor de Derecho Civil en tres universidades.

CIPER conversó por teléfono con el general (r) Ismael Verdugo quien señaló que su invalidez se debió a un trasplante de corazón al que se sometió poco antes de pasar a retiro en 2012.

-La invalidez de segunda clase de acuerdo a la definición legal, lo deja a usted en inferioridad fisiológica para desempeñarse, por lo tanto, a mi la norma no me prohíbe ejercer como abogado. Efectivamente yo trabajo como puedo, pero no soy un abogado de ejercicio masivo. Usted comprenderá que no por el hecho de haber jubilado por esa causal me tengo que quedar encerrado en mi casa. También hago clases. Claro que se trata de un par de ramos. Tengo una experiencia bastante larga y la trato de transmitir a mis estudiantes -señaló.

HISTORIAL EN DERECHOS HUMANOS

En la nómina de oficiales que reciben pensión desde 2005, figuran al menos nueve ex funcionarios involucrados en investigaciones por violaciones de derechos humanos. Uno de ellos es el general Iván Andrusco Aspe, quien cobra una pensión de $3,2 millones.

Andrusco fue citado a declarar en la investigación del Caso Degollados (1985). Aunque no se comprobó su intervención directa en los asesinatos de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, la justicia constató que en las mismas fechas en que se produjo el triple homicidio, el entonces teniente de Inteligencia integró la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), organismo que ejecutó la operación que culminó con los tres profesionales degollados.

En 1998, Andrusco era jefe operativo de la Sección de Investigación Policiales (SIP) cuando cuatro funcionarios bajo su mando fueron acusados de haber causado la muerte por torturas al taxista Raúl Palma Salgado. En 2004, Andrusco fue ascendido a general y designado jefe de la Zona Policial del Bío Bío. En marzo de 2010, tras su retiro, fue nombrado director de Gendarmería por el recién asumido presidente Sebastián Piñera. Apenas 18 días después renunció argumentando que había recibido “presiones” y “amenazas de muerte” por su pasado en la Dicomcar.

El coronel Pedro Caballero Castillo percibe una pensión de $2,7 millones. En 1985 integró la Dicomcar, organismo que el ministro de la Corte Suprema, Milton Juica, calificó en su fallo como “asociación ilícita terrorista”. Caballero participó en el allanamiento a la Asociación Gremial de Educadores de Chile (Agech), que formó parte de la operación que terminó con el triple asesinato del Caso Degollados.

Sergio Saravia Henríquez también era parte de la Dicomcar. En 1985 era teniente y fue el conductor del vehículo en el que fueron trasladados cuatro profesores que habían sido secuestrados desde la Agech. Fue condenado a dos penas de 41 días de prisión como cómplice de esos secuestros. En 2002 se denunció que seguía activo como subprefecto del área oriente de Santiago a pesar de la sentencia, por lo que se vio obligado a dejar las filas. Saravia Henríquez se retiró como teniente coronel y tiene una pensión de $2,4 millones.

Los oficiales Pedro Ramírez Gálvez y Carlos Riederer Saldías formaban parte de la dotación del helicóptero policial que sobrevoló el Colegio Latinoamericano de Integración, cuando desde ese establecimiento fueron secuestrados dos de las víctimas del Caso Degollados: Manuel Guerrero y José Manuel Parada. Ramírez y Riederer se retiraron como coroneles y ambos reciben una pensión de $2,8 millones.

En la medianoche del 30 de junio de 1986, personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) ingresó al domicilio del folclorista Benedicto “Piojo” Salinas y dio muerte a tiros a la esposa, cuñada y un hijo del artista: Margarita Martín Martínez, María Paz Martín Martínez e Isidoro Salinas Martín. El coronel Sergio Gajardo Giadach, quien ahora cobra una pensión de $2,7 millones, entonces era teniente e integraba la patrulla que irrumpió en la casa del folclorista.

En octubre de 1973, los hermanos Guido y Héctor Barría Bassay fueron secuestrados por una patrulla de Carabineros en la comuna de Río Negro, Región de Los Lagos. Ambos figuran en la nómina de detenidos desaparecidos. En el grupo policial estaba el entonces teniente José Hernán Godoy Barrientos. En 2003 el ministro Alejandro Solís lo sometió a proceso junto a otros cinco carabineros.

Godoy Barrientos alcanzó el grado de general y recibe una pensión de $3,3 millones. Se retiró en 2000, cuando ejercía como jefe de Zona precisamente en la región donde se produjo el secuestro de los hermanos Barría Bassay. En 2005 la Corte de Apelaciones de Santiago lo condenó a 10 años y un día, pero dos años después la Corte Suprema lo dejo libre por prescripción del delito. Fue el último caso en que se aplicó la prescripción en un juicio por violaciones de derechos humanos.

El peruano Percy Arana tenía 22 años y era cantante. En la madrugada del 31 de marzo de 1984 murió a tiros y golpes a manos de una patrulla policial que lo confundió con un militante subversivo. El mayor Alberto Medina Cárdenas fue procesado por la muerte del joven artista. Fue absuelto del delito de violencia innecesaria con resultado de muerte por el Segundo Juzgado Militar de Santiago. Medina Cárdenas terminó su carrera como coronel y cobra una pensión de $2,7 millones.

El teniente Leandro Plaza Perellano prestaba servicio en la 13ª Comisaría de La Granja y el 11 de septiembre de 1983 lideraba la patrulla que dio muerte a Cristián Garrido Queulo (22 años), en la Población San Gregorio. En 2007 la Corte Suprema ratificó su condena a cinco años de presidio remitido. Plaza Perellano dejó el servicio como capitán y solo cuatro meses después de la condena que lo obligó a abandonar las filas comenzó a recibir su pensión, la que hoy alcanza a  $1,9 millón mensual.

LAS PENSIONES DEL ALTO MANDO

En la nómina de oficiales pensionados que Dipreca hizo llegar a CIPER, figuran 93 generales que han jubilado desde 2005 en adelante. $317 millones mensuales se pagan en pensiones a este grupo, lo que significa un desembolso anual superior a $3.800 millones.

La pensión más alta es la que recibe el ya mencionado ex auditor Ismael Verdugo Bravo ($6,9 millones mensuales). Le siguen dos ex generales con montos por sobre los $4 millones: Luis Ortiz Pietrantoni (ex director de Planificación y Desarrollo, $4,2 millones) y Jorge Cornejo Sangueza (ex jefe del Servicio de Sanidad, $4 millones).

En el rango de $3,5 millones a $4 millones, se ubican siete oficiales, incluyendo tres ex generales directores: Gustavo González Jure ($3,7 millones), Eduardo Gordon Valcarcel (3,6 millones) y Alberto Cienfuegos Becerra ($3,5 millones).

El grueso de los generales (81) cobra pensiones que van entre $3 millones a $3,5 millones. Y en la nómina solo figura un oficial que cobra menos de $3 millones: Miguel Puentes Lacamara (ex director de Sanidad, $2,7 millones).

Entre los generales pensionados hay varios que si bien no se vieron enfrentados a procesos sancionatorios, si estuvieron involucrados en episodios irregulares antes de pasar a retiro. Uno de ellos es el ex general director Eduardo Gordon, quien dejó las filas en 2011 después de que CIPER reveló que a su hijo le cambiaron un parte para protegerlo tras protagonizar un accidente de tránsito (vea ese reportaje). El propio Gordon responsabilizó por el cambio del parte al entonces general Aquiles Blu Rodríguez, quien a fines de ese mismo año también abandonó el servicio activo y ahora cobra una pensión de $3,5 millones. En 2009 Blu firmó un contrato para proveer equipos biométricos con la empresa italiana Elsag Datamat, representada por los hijos del ex general director Fernando Cordero Rusque (vea reportaje de CIPER «Millonarias irregularidades en las compras de una unidad clave de Carabineros«).

A fines de 2012 pasó a retiro el general Gerardo González Theodor, después de una serie de reportajes de CIPER sobre irregularidades en las compras del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). Esa unidad estaba bajo el mando de González Theodor, quien entonces ejercía como director de Planificación y Desarrollo. En esa condición cerró acuerdos de palabra con Mellafe y Salas para equipar la nueva Central de Comunicaciones de Carabineros y supervisó telefónicamente los contratos que el TIC cerró con un empresario muy cercano a él: Héctor Alegría Melo, quien había sido acusado de giro doloso y tenía un largo historial de causas judiciales (vea los reportajes de CIPER “Carabineros: compras con sobreprecio golpean al general director” y “Los sobreprecios y contratos de palabra que provocaron la salida del tercer hombre de Carabineros”).

Con posterioridad a su retiro, González Theodor ha trabajado en emprendimientos de Alegría Melo. El general González dejó el servicio con un desahucio de $82 millones y cobra una pensión de $3,5 millones mensuales.

En el periodo en que se produjeron las compras irregulares en el TIC, estuvieron al mando de la Dirección de Logística el ya mencionado general Aquiles Blu y, posteriormente, el general Eduardo Muñoz Poblete. Este último se retiró a fines de 2011, cuando la Contraloría le había abierto un juicio de cuentas por una rebaja de $3 millones en una multa a un proveedor y por la compra de 60 LCD, avaluados en $51 millones, para el Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, pero que nunca fueron utilizados.

Poco antes de dejar el servicio, Muñoz Poblete firmó una compra que implicó un desembolso de US$3,5 millones: 29 carros blindados que presentaban fallas de seguridad. Los documentos que acreditaron la recepción conforme de los vehículos, a pesar de que existía un informe que alertaba sobre las fallas, fueron firmados por los generales Carlos Carrasco Hellwig y Jorge Rojas Langer.

Actualmente, los generales Muñoz Poblete, Carrasco Hellwig y Rojas Langer, cobran pensiones  de $3,5 millones mensuales.

Los profesionales Santiago Esteban Nattino Allende, pintor e integrante de la Asociación Gremial de Educadores de Chile,  (AGECH), Manuel Leonidas Guerrero Ceballos, profesor y dirigente de la AGECH, y José Manuel Parada Maluenda, sociólogo y funcionario de la Vicaría de la Solidaridad de la Iglesia católica, fueron secuestrados a fines de marzo de 1985 por agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR). Y el 30 de marzo, los tres fueron asesinados por un grupo de carabineros, uno de los crímenes más crueles y espeluznantes cometidos por agentes de la dictadura.

Nattino fue abordado el 28 de marzo, en la esquina de las calles Apoquindo con Badajoz, en Las Condes, mientras que Guerrero y Parada fueron secuestrados el 29 desde las puertas del Colegio Latinoamericano,? en la avenida Los Leones con El Vergel en Providencia, mientras iban a dejar a sus hijos. La operación del criminal secuestro contó incluso con el apoyo de un helicóptero de Carabineros.

Los deguellan en Quilicura: El estremecedor crimen
Tras su secuestro, los tres profesionales fueron trasladados a un cuartel secreto de calle Dieciocho, al lado donde estuvo el diario El Clarín, en el centro de Santiago, el mismo que el Comando Conjunto utilizaba a mediados de los ‘70 y que era conocido como "La Firma". Los tres fueron esposados, les vendaron los ojos y los torturaron durante todo el día 29 de marzo.

Se estableció que entre la noche del viernes 29 y la madrugada del sábado 30 los tres secuestrados fueron subidos a un Chevrolet Opala, dos recostados en la maleta y uno en el asiento trasero. Al volante iba el cabo Claudio Salazar, como copiloto el cabo 1º Alejandro Sáez y atrás el sargento 2º José Fuentes. Un segundo auto, un Chevy Chevette, lo conducía el coronel Guillermo González Betancourt, foto abajo, conocido como Bototo entre la oficialidad de los carabineros y quién encabezó el grupo de criminales que usaron las herramientas y armas que le entregamos los chilenos para asesinar a otros chilenos. De copiloto iba Miguel Estay, "El Fanta", un civil que había sido de izquierda y que se pasó al bando de los criminales, mientras que uno de los asientos traseros era ocupado por el capitán Patricio Zamora.

Todos eran miembros de Carabineros
Los autos se trasladaron hasta una zona de Quilicura cercana al aeropuerto. Se estacionaron en la berma, en las cercanías del fundo El Retiro. "El Fanta", Zamora y González Betancourt se quedaron en su vehículo.

Guerrero fue el primero en ser bajado. De rodillas, esposado y vendado en una especia de hondonada junto al camino, el sargento Fuentes (El Pegaso) le tomó la cabeza por atrás y le cortó el cuello con un corvo. El vehículo se movió unos 30 metros al norte. Bajaron a Nattino, también esposado y con la vista vendada. Usando la misma arma, el cabo Sáez repitió la ejecución. El auto volvió a avanzar algunos metros, donde fue bajado Parada. Tendido de espaldas, esposado y vendado, el cabo Salazar tomó el corvo y le dio un profundo corte en el abdomen. La víctima se resistió y gritó de dolor, lo que aterró a su verdugo. Un tercer agente bajó del coche y lo degolló.

A los tres cuerpos les retiraron las vendas y esposas. Consumados los crímenes, el grupo de carabineros se trasladó hasta su cuartel, en la calle Dieciocho. Ahí bebieron wisky, comieron y se rieron.

Juez ejemplar descubre a los criminales
El brutal triple homicidio, que llegó a ser conocido como «Caso Degollados», evocó la indignación extendida en todo el país y obligó a la Corte Suprema a designar a un anciano juez y a punto de irse a retiro, José Cánovas Robles como ministro en visita para investigar el delito.? Este juez comenzó a develar las criminales acciones de los agentes de seguridad  que quedó como ejemplo para otros jueces, muchos de ellos que habían actuado con absoluta benevolencia, pudieran encarcelar a otros criminales.

Sólo cuatro meses más tarde, la investigación realizada por el juez Cánovas condujo a la detención de dos coroneles, un comandante, dos capitanes y dos oficiales de Carabineros. El 2 de agosto de 1985, el caso provocó la dimisión del general César Mendoza, General Director de Carabineros y Miembro de la Junta del Gobierno desde el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 así como la disolución de la DICOMCAR.

La dictadura, especialmente su entonces vocero y ministro Francisco Javier Cuadra (en democracia se hizo militante de RN) negó que el crimen fuera hecho por agentes del Gobierno, pero las pugnas entre Carabineros y militares del Ejército de la Central Nacional de Informaciones (CNI), la policia política de Pinochet, determinó el descubrimiento de los asesinos que pertenecían a la policia uniformada. Los CNI le dieron los datos de los asesinos a la justicia y a los medios de comunicación, en venganza con esos carabineros que los habían culpado de otros crímenes. Una venganza entre un grupo de delincuentes y criminales.

Finalmente, seis miembros de la policía unformada fueron procesados y condenados a presidio perpetuo por los asesinatos. Tres de ellos aún permanecen en la cárcel de Punta Peuco.

Uno de los criminales, Claudio Salazar Fuentes, alías el pegaso, salió en libertad y vive en la comuna de La Florida

Los delitos, condenas y beneficios de los involucrados en el Caso Degollados

Guillermo Washington González Betancourt, coronel (r) de Carabineros, fue condenado a la pena de presidio perpetuo como autor del secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas; y del secuestro y homicidio de José Manuel Parada Maluenda, Santiago Nattino Allende y Manuel Guerrero Ceballos; y a 5 años y un día como autor de asociación ilícita y a 5 años y un día por el robo con intimidación del auto de Alejandro Traverso. En mayo de 2012 González Betancourt cumplió 20 años de condena en Punta Peuco y, en septiembre del mismo año, obtuvo el beneficio de salida dominical. Luego, en enero de 2013 consiguió salir el fin de semana completo del penal y el 24 de junio del mismo año obtuvo el beneficio de la “salida controlada libre”, gracias al cual podía salir todos los días de Punta Peuco hasta por 15 horas diarias.

Miguel Arturo Estay Reyno (El Fanta), ex militante del PC, convertido luego en delator y torturador, fue condenado a presidio perpetuo como autor de los delitos de secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas; y del secuestro y homicidio de Santiago Nattino Allende, José Manuel Parada y Manuel Guerrero Ceballos. Condenado además en la misma causa a 5 años y un día como autor de asociación ilícita y a dos penas de 541 días como autor de los delitos reiterados de usurpación de nombre y uso malicioso de pasaporte falso. Actualmente está recluido en Punta Peuco.

José Florentino Fuentes Castro, sargento primero (r) de Carabineros, fue condenado a presidio perpetuo como autor de los secuestros de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas; y del secuestro y homicidio de José Manuel Parada Maluenda, Santiago Nattino Allende y Manuel Guerrero Ceballos. Se le condenó además a 541 días como autor de asociación ilícita. En mayo de 2012, Fuentes Castro cumplió 20 años de condena en Punta Peuco y, en septiembre del mismo año obtuvo el beneficio de salida dominical. Luego, en enero de 2013, consiguió salir el fin de semana completo del penal y el 24 de junio del mismo año obtuvo el beneficio de la “salida controlada libre”, gracias al cual podía salir todos los días de Punta Peuco hasta por 15 horas diarias.

Alejandro Segundo Sáez Mardones, cabo primero (r) de Carabineros, fue condenado a presidio perpetuo como autor de los secuestros de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas, y del secuestro y asesinato de José Manuel Parada Maluenda, Santiago Nattino Allende y Manuel Guerrero Ceballos. Además fue condenado a 541 días como autor de asociación ilícita, y a 3 años y un día como autor del homicidio de Carlos Contreras Maluje en 1976. Cumplió condena en Punta Peuco y se le otorgó el beneficio de libertad condicional.

Claudio Alberto Salazar Fuentes, cabo (r) de Carabineros, condenado a presidio perpetuo por el secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas, y por el secuestro y asesinato de José Manuel Parada Maluenda, Santiago Nattino Allende y Manuel Guerrero Ceballos. Condenado en la misma causa a 541 días como autor del delito de asociación ilícita. Cumple su condena en Punta Peuco.

Patricio Augusto Zamora Rodríguez, capitán (r) de Carabineros, fue condenado a 15 años y un día por el secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Alejandro Traverso Carvajal, Mario Toloza Jara, Eduardo Osorio Venegas, Manuel Guerrero Ceballos, Santiago Nattino Allende y José Manuel Parada Maluenda, y como cómplice del asesinato de los tres últimos. También tiene otras tres condenas de 5 años y un día por violencia innecesaria con resultado de muerte de Percy Arana; 541 días por asociación ilícita y 541 días por lesiones. En 2012 se le redujo la pena en 13 meses y está libre.

Luis Alfredo Canto Arriagada, sargento segundo (r) de Carabineros fue condenado a 541 días de prisión como cómplice del secuestro de cinco miembros de la AGECh y por los homicidios de Parada, Guerrero y Nattino. Está libre.

Juan Luis Huaiquimilla Coñoepan, el suboficial (r) de Carabineros fue condenado a la pena de 5 años y un día como autor de los delitos de secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas; como autor del delito de asociación ilícita terrorista, por el delito de daños en bienes de Alejandro Traverso y como cómplice del secuestro de Santiago Nattino Allende. Cumplió su condena y hoy está libre.

Julio Enzo Hurtado Lazcano, cabo (r) de Carabineros, fue condenado a la pena de 41 días de prisión como cómplice del secuestro de Ramón Arriagada Escalante. Cumplió su pena, hoy está libre. Trabajó intermitentemente entre 2011 y 2013 como administrativo en el Cementerio General.

Luis Ernesto Jofré Herrera, cabo (r) de Carabineros, fue condenado a 5 años y un día como autor del secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal, Eduardo Osorio Venegas, Santiago Nattino Allende, José Manuel Parada y Manuel Guerrero Ceballos, y como autor de asociación ilícita. Además, fue condenado a 541 días de presidio como autor del delito de lesiones cometido en perjuicio de Leopoldo Muñoz de la Parra. Ya cumplió su condena y hoy está libre.

Julio Luis Omar Michea Muñoz, el coronel (r) de Carabineros fue condenado a 5 años y un día como autor del secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas, y asociación ilícita terrorista. Cumplió su condena y hoy está libre.

Manuel Agustín Muñoz Gamboa, el mayor (r) de Carabineros fue condenado a 5 años y un día como autor del delito de asociación ilícita terrorista. En 2014 fue condenado a 5 años y un día por el secuestro calificado de Alfredo Salinas Vásquez, José Sagredo Pacheco y Juan Gianelli Company, además de asociación ilícita. Cumple su condena en Punta Peuco.

Santiago Segundo San Martín Riquelme, en mayo de 1992 fue el primero en confesar ante Milton Juica. El cabo en retiro fue luego condenado a la pena de 61 días de presidio como autor del secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Mario Toloza Jara, Alejandro Traverso Carvajal y Eduardo Osorio Venegas. Hoy está libre.

Sergio Enrique Saravia Henríquez, el coronel (r) de Carabineros fue condenado a dos penas de 41 días de prisión cada una como cómplice en el secuestro de Ramón Arriagada Escalante, Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Alejandro Traverso Carvajal, Mario Toloza Jara y Eduardo Osorio Venegas. En 2002, se conoció que luego de cumplir su condena siguió activo y en ese momento se desempeñaba como subprefecto del área oriente de Santiago. Pasó a retiro luego de que se hiciera pública su condición en servicio activo.

Óscar Ramón Valdebenito Valdebenito, el sargento segundo (r) fue condenado a 41 días de prisión como cómplice del secuestro de Mónica Araya Flores, María Eliana Olivares Sepúlveda, Alejandro Traverso Carvajal, Mario Toloza Jara y Eduardo Osorio Venegas. Cumplió su condena y hoy está libre.

Ramón Eduardo Valenzuela Cuevas, condenado a 541 días de prisión como cómplice del robo con intimidación y secuestro de Alejandro Traverso Carvajal. Cumplió su condena y está libre.