Santelices Cuevas Gonzalo Andrés Del Corazón De María

El secuestro de los 14 prisioneros políticos desde la cárcel de Antofagasta, amarrados y con la vista vendada, quedó registrado en el Libro de Novedades de la Guardia Armada de Gendarmería. La anotación fue escrita a las 23:30 horas del 18 de octubre de 1973, a partir del decimotercer renglón de la página 290. Fue la noche de la masacre de la Caravana de la Muerte en esa ciudad.

Dos jóvenes oficiales de la Escuela de Blindados de Antofagasta ordenaron a sus subalternos subir a los detenidos a los dos camiones. 

Los nombres de ambos oficiales quedaron inscritos en el libro, porque Gendarmería exigió que firmaran el cuaderno para dejar constancia del retiro: "Firman los tenientes Gonzalo Santelices Cuevas y Pablo Martínez Latorre".

Los camiones fueron puestos a disposición del "Lobo" Sergio Arellano, el jefe de la Caravana, por el comandante de Santelices y Martínez en el Blindados, coronel Adrián Ortiz Gutmann. Dos horas después, los 14 secuestrados sacados de la cárcel con la excusa de que serían conducidos a un consejo de guerra que nunca se realizó fueron despedazados a tiros y a punta de corvo en la quebrada del Way.

Hoy, Santelices, recientemente ascendido a general de división, es el comandante de la Guarnición del Ejército de la Región Metropolitana.

Martínez Latorre no forma parte del alto mando del Ejército y LND desconoce si se encuentra activo o en retiro.

El contenido del Libro de Novedades de la Guardia relativo a la entrega de los prisioneros a los dos oficiales quedó incorporado en un informe del Juzgado del Crimen de Antofagasta de fecha 5 de febrero de 1986, cuyo juez titular se constituyó en la cárcel para realizar "una inspección ocular" al libro donde consta el ingreso y retiro de los 14 detenidos.

Entre ellos estaban Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, militante del MAPU y pariente del ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y el gerente general de la filial norte de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y jefe del Partido Socialista de Antofagasta, Mario Silva Iriarte.

El informe judicial está agregado al proceso Caravana que instruyó el juez Juan Guzmán y que actualmente conoce el ministro Víctor Montiglio.

Meticulosamente, el libro consignó incluso las patentes de los camiones: BFU-77 y EI-412.

El abogado querellante en esta causa, Hugo Gutiérrez, sostiene: "Hemos quedado estupefactos al constatar que este señor Santelices es hoy un general de la República en servicio activo, habiendo secuestrado, amarrados y con la vista vendada, a los 14 prisioneros que más tarde asesinó la Caravana de la Muerte junto con oficiales locales de Antofagasta que también tomaron parte en la masacre. Por ello, pediremos el procesamiento del general Santelices, porque ya fue procesado el general (R) Ortiz Gutmann, por poner a disposición de Arellano los camiones militares".

En la pampa

Testigo del secuestro aquella noche de los 14 detenidos fue el entonces cabo de Gendarmería Luis González Pacheco. "Los formaron al lado de los camiones y uno que mandaba comenzó a pasar lista. Después dijo: ¡Ya, arriba con ellos! . Los militares los tiraron al camión como sacos de papas. Los detenidos estaban asustados y algunos preguntaban: ¿Dónde me llevan” ¿Qué me van a hacer” ". Fue su relato inscrito en el proceso.

Es el mismo general Santelices quien cuenta el epílogo en una de sus declaraciones judiciales. Relata que salieron de Antofagasta en los camiones y se internaron en la pampa. Se detuvieron y esperaron hasta que llegó el escuadrón de la muerte de Arellano. Con éste viajaba Ortiz Gutmann, quien ordenó a Santelices y Martínez que bajaran a los detenidos.

"Los formamos en línea frente a los camiones, que tenían las luces encendidas. Vi que estaba Fernández Larios. Enseguida se sintieron miles de disparos", declara Santelices. Recogieron los cadáveres masacrados, los cargaron en los mismos camiones. "Los llevamos a la morgue, donde nos estaban esperando", afirma el mismo general.

Fue el espectáculo horroroso que el general Joaquín Lagos Osorio contó antes de morir al juez Juan Guzmán. "Estaban irreconocibles, masacrados". Lagos era el comandante de la división y fue quien se enfrentó a gritos con Arellano, "por este crimen a mi espalda". Horas después se atrevió a enfrentar al mismo dictador Pinochet en el aeródromo de Antofagasta. "¡Tú lo ordenaste!", le gruñó.

¿Obediencia debida?

La situación del general Santelices, quien declara en el proceso "yo era sólo un subteniente egresado en 1973", reabre la discusión. 

¿Responden penalmente los jóvenes oficiales que obedecieron órdenes? Y si no es así, ¿ética y moralmente deben seguir en las filas del Ejército, y más aún en el alto mando, oficiales que participaron de cualquier forma en crímenes de lesa humanidad?

Para el abogado querellante Eduardo Contreras, el general Santelices "es al menos cómplice o encubridor y debe ser procesado, porque el principio de la obediencia debida ha sido ya hace mucho tiempo desechado en este tipo de delitos".

Y agrega que si un juez estimase que no tiene responsabilidad criminal, "por ética y moral, no puede estar donde está. En este tipo de crímenes no puede regir el principio de inocencia que se ha invocado respecto del caso de estos generales, hasta que no sean procesados y condenados por un juez. Eso es algo que daña la imagen de las Fuerzas Armadas y ofende a la sociedad y la memoria de las víctimas y sus familias".

El abogado Hugo Gutiérrez, querellante en la causa Caravana de la Muerte, solicitó al ministro Víctor Montiglio que interrogue en calidad de "inculpado" al general en servicio activo Gonzalo Santelices, "y que lo procese como coautor por los crímenes de la Caravana de la Muerte en Antofagasta".

A su vez, los diputados Tucapel Jiménez (independiente PPD) y Denise Pascal (PS) pidieron al comandante en jefe (S) del Ejército, general Tulio Hermosilla, "la remoción" del alto mando de Santelices. Lo mismo plantearon al ministro de Defensa (S) Francisco Vidal. Con este fin, los parlamentarios sostuvieron ayer reuniones con ambas autoridades.

Los legisladores coincidieron en que "la remoción del general Santelices es necesaria para la imagen del Ejército, independientemente de que un juez determine o no su responsabilidad criminal".

Informaron que el general Hermosilla los escuchó y les dijo que el comandante en jefe titular, general Óscar Izurieta (de vacaciones), "tiene que estudiar a su regreso la situación del general Santelices".

El abogado Gutiérrez fundamentó su petición al juez Montiglio "porque el general Santelices, que hoy es el comandante de la Guarnición Militar de la Región Metropolitana, tuvo una participación directa en estos crímenes. Él reconoció en una declaración judicial que sacó a los catorce prisioneros desde la cárcel de Antofagasta la noche del 18 de octubre de 1973, y los llevó en camiones hasta la pampa donde los asesinaron".

Agregó que "él mismo reconoció judicialmente que formó a los prisioneros delante de los camiones con los luces encendidas, para que la gente de Arellano Stark los matara. Luego, admite que recogió los cuerpos y los llevó en los mismos camiones a la morgue".

Según el abogado, "Santelices tiene participación criminal directa, haya sido o no un subteniente que obedeció órdenes. Este oficial nunca pudo llegar a general y a integrar el alto mando. Aquí hay responsabilidad de quienes lo fueron ascendiendo hasta llegar donde ahora está. Independientemente de su responsabilidad criminal que la tiene, pero que debe determinarla el juez Montiglio, ética y moralmente no puede seguir en las filas del Ejército y debe ser dado de baja de inmediato".

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados enviará esta semana un oficio al ministro de Defensa manifestando la inconveniencia de que Santelices siga en las filas del Ejército "al margen de lo que un juez determine sobre su situación judicial", dijo el presidente de esa comisión, Sergio Aguiló (PS).

Mientras que el diputado PPD Enrique Accorsi dijo que "ya enviamos la semana pasada un oficio por la situación del general Castro".

En fuentes militares trascendió que Izurieta intentaría convencer a Santelices (de vacaciones hasta el 4 de febrero) de que presente su renuncia, porque su situación es "más complicada" que la del general Guillermo Castro y los otros tres generales activos en el proceso Paine. Respecto de estos últimos no hay hasta ahora antecedentes claros de su participación, aunque sí hay quienes mencionan a Castro pero de manera poco certera.

Abogado Hugo Gutiérrez pidió procesamiento de Gabriel Santelices como coautor de homicidios de la Caravana de la Muerte en Antofagasta. Jefe de la Guarnición de Santiago confesó que sacó a detenidos de la cárcel y que tras el fusilamiento los llevó a la morgue, pero no participó en los crímenes. En 2000, el general Hernán Ramírez Hald renunció al ser procesado en el caso Tucapel Jiménez.

A 18 años de la vuelta a la democracia, el tema de las violaciones de los derechos humanos le sigue provocando dolores de cabeza a La Moneda. Esta vez, con la petición de procesamiento que realizó ayer el abogado Hugo Gutiérrez contra el general activo del Ejército y comandante de la guarnición de Santiago, Gonzalo Santelices.

La solicitud del profesional se enmarca dentro de los homicidios cometidos en Antofagasta tras el paso de la Caravana de la Muerte a días del golpe militar del 73, donde Santelices -según confesó- no tuvo participación en los homicidios. Más bien fue responsable de retirar a los detenidos desde la cárcel, subirlos a un camión, esperar a que los fusilaran, volver a subirlos al vehículo y enviarlos al Servicio Médico Legal. Ese año, Santelices era un subteniente recién egresado de la Escuela Militar.

Claro está que, a diferencia de los primeros años de la transición, si Santelices es sometido a proceso por el juez Víctor Montiglio, deberá renunciar de inmediato a la institución, cumpliendo un código de honor establecido por el alto mando para casos como éste y que el comandante en jefe, Oscar Izurieta, deba pasar por el bochorno, dijeron a El Mostrador.cl altas fuentes institucionales.

Parado esperando

De ser encausado, sería la segunda vez que un alto oficial debe dejar su puesto por razones judiciales ligada a crímenes de lesa humanidad.

Anteriormente, en 2000, lo hizo el general Hernán Ramírez Hald, entonces director del Comando de Industrias Militares, quien fue procesado por el entonces ministro en visita Sergio Muñoz en calidad de cómplice del homicidio del líder sindical Tucapel Jiménez.

En esa oportunidad, contra toda racionalidad política, el ex Presidente Ricardo Lagos recibió a Ramírez Hald en La Moneda antes de que fuera notificado, lo que enfureció al magistrado.

De hecho, el juez hizo manifiesta su molestia cuando hizo esperar al ex uniformado cerca de cuatro horas en el pasillo del 18º Juzgado del Crimen de Santiago antes de notificarlo y enviarlo detenido.

Si Santelices es procesado y renuncia, marcará una nueva etapa en las relaciones gobierno-militares-organismos de derechos humanos, ya que mostrará un cambio de “mano” respecto a los hechos ocurridos con el general (R) Miguel Trincado.

Y esto, porque la institución evitó hasta último momento que Trincado fuera encausado cuando estaba en servicio activo, en el marco del proceso conocido como “Operación Retiro de Televisores”, que implicó el desentierro de cuerpos de detenidos desaparecidos para lanzarlos al mar en el norte del país.

San Miguel

Hace un par de semanas apareció un caso similar, esta vez involucraba nada menos que al Comandante de la Segunda División del Ejército, Guillermo Castro, quien fue interrogado por el ministro Héctor Solís, que indaga el caso Paine.

El hecho generó polémica, porque se creía que la generación de militares que tuvieron que participar en acciones donde murieron personas tras el golpe no se encontraban en el alto mando, lo que deberá ser dilucidado por el magistrado.

De allí que nuevamente la institucionalidad se puso a prueba y el gobierno debió apoyar la ya conocida tesis de que mientras no haya una imputación real a un uniformado, éste podía seguir en las filas de la institución.

Claramente esa lógica se contradice con lo que ha sucedido en el caso Riggs, donde los coroneles Mortimer Jofré y Juan Mac Lean se encuentran encausados en la investigación relativa a las millonarias cuentas del ex dictador.

Por ahora todo está en stand by, ya que la carrera de Santelices está en manos de Montiglio que si bien conocía esta declaración, no había resuelto encausarlo.

¿Qué pesará? ¿La participación o la obediencia debida, tomando en cuenta de que tenía poco más de 20 años y no podía oponerse a las órdenes?

Lo que decida Montiglio bien podría sentar una nueva lógica judicial en este tipo de casos y, por extensión, otro problema para La Moneda.

En tanto, ayer los diputados Denise Pascal (PS) y Tucapel Jiménez (Ind. Pro PPD) pidieron al ministro de Defensa (s), Francisco Vidal, la remoción del uniformado, porque consideraron "inaceptable que alguien involucrado en crímenes de derechos humanos ostente un cargo de esta naturaleza".

A través del ministro de Defensa José Goñi, quien asumió la vocería oficial del gobierno, en esta materia, el Ejecutivo se mostró conforme con la salida del alto oficial.

“El Ejército ha ganado mucho y el país ha ganado mucho”, dijo el secretario de Estado tras leer una declaración oficial en la que se destaca que la rama castrense “es una de las instituciones fundamentales de la República”.

En el texto oficial, además, el gobierno “reitera su compromiso con los DD.HH. y la plena colaboración con los requerimientos de los tribunales de justicia, así como reafirma la vigencia de la presunción de inocencia dentro de nuestro ordenamiento jurídico”.

Impecablemente vestido con el uniforme de salida y minutos después de las 11 de la mañana, el hoy renunciado general Gonzalo Santelices Cuevas encabezó ayer uno de los últimos actos como uniformado: el cambio de mando de la jefatura de la Guarnición Militar de Santiago, puesto que abandonó luego de que presentara su renuncia al comandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta, debido a su participación en el caso Caravana de la Muerte.

Con más de 30 años de vida militar, el uniformado leyó una declaración pública tras la cual, sin embargo, no aceptó preguntas. En ella, Santelices evocó al golpe de Estado de 1973 para indicar que en esa fecha sólo tenía 20 años y que debía cumplir disciplinadamente las órdenes de sus superiores: "No recibí ni ejecuté ninguna orden ilegal", afirmó.

Santelices explicó que el incumplimiento de una orden impartida por una autoridad legalmente investida estaba sancionado con la pena de muerte, dado el estado de guerra que desde el golpe militar imperaba en el país, y que está establecido en el Código Militar.

De acuerdo con antecedentes del proceso que lleva a cabo el juez Víctor Montiglio, ese día Santelices tuvo que subir a los detenidos a un camión y trasladarlos -vendados y con las manos amarradas a la espalda- desde la cárcel de Antofagasta hasta la pampa. En esta zona fueron fusilados por la comitiva encabezada por el general Sergio Arellano Stark.

Órdenes

"Mi actuar se ajustó al cumplimiento de las órdenes recibidas, en el lamentable contexto histórico que conocen quienes vivieron aquella época", expresó el uniformado, que calificó además como "lamentables, dolorosos y repudiables acontecimientos" los hechos que enmarcaron la Caravana de la Muerte, además de sostener que éstos "no fueron previstos, preparados, alentados ni menos deseados por el suscrito".

Con todo, la declaración que explicó la renuncia del militar valió en la tarde un análisis político del Gobierno, que al responder a críticas de la derecha sobre eventuales presiones del Ejecutivo para que se materializara la salida de Santelices definió el cuadro del uniformado como una "situación especial, específica, circunscrita y circunstancial". Asimismo respondió al problema acerca de la presunción de inocencia de Santelices.

En este plano el ministro portavoz, Francisco Vidal, interrumpió sus vacaciones y en diálogo con Radio Cooperativa afirmó que aunque el renunciado general no ha sido procesado, su declaración del año 2002 que prestó ante el jubilado juez Juan Guzmán representa una situación pública que afecta la imagen del general y, por tanto, la de la institución castrense.

No obstante, Vidal negó cualquier tipo de fuerza sobre el general Izurieta, pues -destacó- "el Gobierno no presiona al Ejército ni tampoco se deja presionar".

"Lo que hicimos fue dar un punto de vista del Gobierno y descansamos y confiamos en la decisión que tomara y tomó el general Izurieta", afirmó Vidal. No obstante, el secretario de Estado no quiso informar lo que se planteó a Izurieta, si bien todas las fuentes han dicho que La Moneda postuló que la permanencia de Santelices se había hecho insostenible.

El ministro no quiso ahondar respecto del análisis del Ejecutivo, pero lo cierto es que dejó entrever que existe una responsabilidad política del militar y subrayó que "lo que nos importa a nosotros es ir separando los temas judiciales de los temas institucionales.

Hemos avanzado una barbaridad en los últimos años, desde el nunca más del general (Juan Emilio) Cheyre, las FFAA son cada vez más profesionales, mejor preparadas y estos elementos que aparecen en el camino, creo que lo más fecundo, lo más fluido y eficiente, es despejar y hacer que el Ejército haga su trabajo profesionalmente".

Respecto del argumento de Santelices acerca de su juventud y condición de subteniente en 1973, el ministro portavoz admitió la tesis, pero confirmó que lo que ha molestado es que hayan pasado 29 años hasta conocer su testimonio.

"¡Aquí las cosas claras de una vez por todas! No estamos hablando de alguien que pasó con luz roja", exclamó Vidal.

Éste también respondió a la derecha respecto de las críticas al Gobierno por su actuar en el caso, las que -dijo- "tienen un lado bueno, porque estamos hablando de cuatro ex funcionarios de Pinochet que hoy son parlamentarios ( ) De repente esta gente se olvida que han sido hace 17 años y tiene algo de bueno que se planteen como defensores de las obras del general Pinochet", aludiendo así a los diputados Iván Moreira (UDI), Alberto Cardemil (independiente pro RN) y el senador Juan Antonio Coloma (UDI).

Derecha acusa “cacería de brujas”

A “presiones” y “falta de prescindencia” del Gobierno, atribuyeron en la derecha la renuncia del jefe de la Guarnición Militar de Santiago, el general Gonzalo Santelices.

El vocero estival de la UDI, el diputado Iván Moreira, dijo no tener “ninguna duda” respecto de la imposición del Ejecutivo, sobre la cual “el Ejército no debiera haberse acomplejado”.

Moreira lamentó que el Gobierno “tenga un doble estándar, pues con terroristas como la Chepa se negocian privilegios carcelarios, pero cuando se trata de militares, antes de ser condenados, se actúa en forma implacable”.

Similar opinión tuvo el diputado independiente de derecha Alberto Cardemil, también ex funcionario de la dictadura. Al igual que Moreira, manifestó que la renuncia de Santelices es consecuencia de una “cacería de brujas de un grupito de la Concertación que se ha encargado de mantener viva la fuerza del revanchismo en todas estas causas y generar un verdadero acoso a los militares”.

Cardemil, además, criticó el “abuso de poder ideológico de la Concertación, avalado por el ministro (Francisco) Vidal, que no pierde ocasión de hacer gala de su descriterio, y por la propia Presidenta, que canta La Internacional en el funeral de (Volodia) Teitelboim, avalando la violencia del PC en los 70”.

A su turno, Juan Antonio Coloma expresó su inquietud por “el cambio en la prescindencia del Gobierno respecto de los temas judiciales y el interés especial por parte de algunas autoridades oficialistas de revivir temas del pasado. Aquí, ha habido un cambio y quien lo lidera parece ser Vidal”.

Pero no sólo la derecha reaccionó a la renuncia de Santelices, sino que parlamentarios concertacionistas también dieron su opinión con respecto a la dimisión del uniformado.

En ese sentido, la diputada PS Denise Pascal consideró “vergonzoso este intento de victimización, cuando existen hechos objetivos que impedían la permanencia del general Santelices en su cargo” y agregó que “nadie está intentando dañar la imagen del Ejército”.

En tanto, el diputado Renán Fuentealba (DC) dijo que la renuncia de Santelices “es una decisión personal que comparto, porque con eso evita contaminar al Ejército” y descartó que el Gobierno haya presionado a la institución castrense.

La renuncia del general Gonzalo Santelices, inculpado en el "caso Caravana de la Muerte", ha abierto un debate sobre la "obediencia debida" de los oficiales chilenos, un 30 por ciento de los cuales está presuntamente implicado en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

El pasado lunes, el general de división Santelices, que estaba al frente de la Guarnición Militar de Santiago, presentó su renuncia tras ser inculpado en 14 crímenes de la "Caravana de la Muerte", una comitiva que tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 ejecutó sin juicio a 70 presos políticos.

Santelices dijo que renunciaba porque no quería implicar a las Fuerzas Armadas en una causa judicial, pero puntualizó que en aquel tiempo "era impensable no cumplir una orden de un superior" sin arriesgarse a ser fusilado.

Al respecto, el director en Chile de Amnistía Internacional (AI), Sergio Laurenti, dijo a Efe que "la obediencia debida es inadmisible como defensa".

"Asumamos que es cierto lo que dice el general Santelices respecto a que él no cumplió una orden ilegal, pero ¿qué hizo que él y tantos otros oficiales se quedaran callados después”", cuestionó Laurenti.

Amnistía Internacional considera muy grave que Santelices ocupara la jefatura de la principal unidad de batalla del Ejército.

"Si hubiera hablado, probablemente no habría llegado a general, pero habría tenido la conciencia más limpia", manifestó Laurenti.

En una declaración judicial en 2002 Santelices reconoció haber participado en la comitiva que trasladó a los presos, pero el ex juez Juan Guzmán, a cargo del caso en esa época, desechó procesarle al considerar que era sólo "un subteniente" recién salido de la Escuela Militar.

"Si no hubiera cumplido esa orden lo más probable es que lo hubieran asesinado", afirmó el primer juez chileno que procesó a Augusto Pinochet.

La aparición de militares activos mencionados en violaciones de los derechos humanos ha generado diversas reacciones en el gobierno y criticas por parte de organizaciones de defensa de los derechos humanos.

El ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, manifestó que no comparte la tesis de la obediencia debida, pero puntualizó que los hoy oficiales eran jóvenes en la época del golpe militar y debían cumplir las órdenes, porque de lo contrario, sus vidas corrían peligro.

En tanto, el ministro de Defensa, José Goñi, aseguró que cuando promovió el ascenso de Santelices, el Gobierno no sabía de su participación en la "Caravana de la Muerte".

"Es una información que debería haber estado, pues de haberse conocido, no habría sido ascendido a general", agregó.

Sin embargo, el ex juez Guzmán afirmó que era imposible que el Ejecutivo no lo supiera, porque el Consejo de Defensa del Estado era parte en la investigación de los crímenes de la "Caravana de la Muerte".

La formación profesional militar implica obediencia debida, que comprende la obligación de oponerse a una orden inmoral.

Actualmente en Chile se encuentra en trámite legislativo un proyecto de ley que declara imprescriptible e inamnistiables los delitos de lesa humanidad y además propone que la obediencia debida no exima de responsabilidad penal alguna a los militares vinculados en violaciones a los derechos humanos.

Un 30 por ciento de los oficiales chilenos en servicio activo de las Fuerzas Armadas participó de los operativos represivos de la dictadura militar, según la prensa local.

Entre lo casos recientes figuran los generales Guillermo Castro, Eduardo Aldunate, Julio Baeza y Cristián Le Dantec, mencionados en violaciones a los derechos humanos, quienes esta semana fueron interrogados por el juez Héctor Solís para investigar el secuestro y asesinato de 22 campesinos en la localidad de Paine en 1973.

El abogado y activista de los derechos humanos Héctor Salazar calificó de "inaceptable" el argumento de la obediencia debida y recordó que "muchos de los oficiales de la época se negaron a cumplir ese tipo de órdenes", opinión con la que coincidió Eduardo Contreras, abogado querellante en el caso "Caravana de la Muerte", quien señaló que el general Santelices "sabía que estaban sacando a la gente para fusilarla".

Por su parte, el obispo auxiliar de Santiago, Cristián Contreras, llamó la atención sobre el escaso margen que en 1973 tenían los soldados para desobedecer una orden de un superior.

"Hay que recordar también con mucha tristeza que muchas personas detenidas desaparecidas fueron entregadas por ex compañeros de partido; ¿qué libertad tenían esas personas?", agregó el representante de la Conferencia Episcopal.

A raíz de esta polémica, el Gobierno ya ha anunciado que en marzo convocará a los comandantes en jefe para revisar el sistema de información que recibe de las Fuerzas Armadas para decidir sobre los ascensos de los mandos militares.

Ejército debió informar sobre el testimonio que el ex jefe de la Guarnición Militar prestó ante el juez Juan Guzmán, cuando la entonces ministra Michelle Bachelet visó su ascenso en 2003. General (R) Cheyre afirma que siempre entregó todos los antecedentes a las autoridades, pero el actual titular de Defensa dice que ese dato no llegó. 

Claramente algo no calza.

Cuando en agosto del 2003 la Junta Calificadora de Oficiales del Ejército propuso a la entonces ministra de Defensa, Michelle Bachelet, al ascenso del coronel Gonzalo Santelices nadie pudo aventurar que su promoción se transformaría en el principal conflicto cívico-militar de la administración de la hoy Presidenta de la República.

Sin embargo, las últimas declaraciones antiguos altos funcionarios de la cartera de Defensa, como el ex ministro Jaime Ravinet o el ex subsecretario de Aviación Nelson Haddad, han sembrado un manto de dudas respecto al conocimiento que se tenía sobre la participación de Santelices en el traslado de víctimas de la Caravana de la Muerte.

¿Supo Bachelet o su subsecretario, Gabriel Gaspar, que el entonces coronel había declarado ante el juez Juan Guzmán Tapia” ¿El Ejército estaba obligado a informar sobre la comparecencia judicial? ¿Y las actuales autoridades de Defensa, qué datos tuvieron a la vista para visar en 2007 la nueva promoción de Santelices?

Según pudo averiguar El Mostrador.cl, las hojas de vida de los miembros de las Fuerzas Armadas, uno de los documentos que analizan las autoridades de Gobierno para resolver los ascensos, son actualizadas anualmente. Sin embargo, las antiguas se van almacenando en un archivo.

La elaboración del documento se efectúa con un cierto desfase respecto de la fecha en que se realizan las calificaciones, en agosto de cada año. Es decir, la información que la Junta Calificadora analiza va desde agosto del año anterior hasta julio del año en que se realiza el proceso.

Los informes constan de tres partes: que el oficial cumpla con los años necesarios como coronel para ascender a general de brigada; que el uniformado se mantenga en la lista 1, donde están los mejores oficiales; y el tercer punto -el más importante- es el análisis de sus antecedentes personales y profesionales, que lo efectúa la Dirección de Personal de cada institución.

En el caso de Santelices, éste concurrió a los tribunales en calidad de testigo el 24 de septiembre del 2002. Por ello, dicho antecedente debió haber estado en una de las tres partes de las hojas de vida que el Ejército entregó en 2003 al ministerio, pues se trataba de un hecho relevante para un coronel en servicio activo.

Cuando se es general, en cambio, no se realiza una junta para evaluar las promociones de grado. Con Santelices, que en 2007 fue ascendido de general de brigada a división, se debió haber elaborado un detalle más breve de los cargos que ocupó y se entregó al ministerio. Sin embargo, más bien se trata de una recomendación del comandante en jefe, pues los otros generales no intervienen.

El factor Cheyre

El actual ministro de Defensa, José Goñi, aseguró que las autoridades de la cartera no fueron informadas “por los canales institucionales”  de esa situación, ni en 2003 ni tampoco en 2007.

De esta manera, se desprende, la Junta Calificadora de Oficiales del Ejército de 2003, encabezada por el general Juan Emilio Cheyre, al entregar los antecedentes al Ejecutivo, habría omitido que Santelices declaró ante el entonces juez Juan Guzmán Tapia.

Quienes han conversado en los últimos días con Cheyre aseguran que éste sabía que el ahora ex jefe de Guarnición Militar de Santiago había prestado testimonio en el marco del caso Caravana de la Muerte en 2002, pero consideró irrelevante incorporar este antecedente.

Según las mismas fuentes, estimó que la declaración de Santelices calzaba con el proceso de colaboración con la justicia impulsado en su gestión, considerando además que concurrió ante Guzmán en calidad de testigo. Más aún, teniendo en cuenta que tampoco había indicios de que sería procesado, lo que hasta ahora no ha ocurrido.

Sin embargo, el propio uniformado dijo ayer a La Tercera que “siempre puse todos los antecedentes en conocimiento de las autoridades pertinentes, de acuerdo a un sistema claramente establecido”.

Además, fuentes de otras ramas castrenses aseguran que el Ejército debió haber incluido ese antecedente y que les resulta extraño que, según de acuerdo a la versión entregada por Goñi, no lo haya hecho.

El ex juez Guzmán también ha recordado que el sumario del proceso estaba a disposición tanto del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y del Ministerio del Interior, querellante en todos los casos de violaciones a los derechos humanos. De esta manera, si el Ejército efectivamente no informó, también fallaron los sistemas de control del propio Ejecutivo.

Tampoco cuadra que el ex ministro Ravinet supiera que Santelices fue a declarar ante Guzmán y su antecesora ni sus sucesores no se enteraran de ello. Además según la Constitución, las Fuerzas Armadas dependen del Ministerio de Defensa.

El Gobierno, en tanto, señala que sobre este tema “no tiene más qué decir”. Así lo subrayó el ministro del Interior, Edmundo Pérez, quien destacó que “ya hay demasiadas opiniones. La opinión del gobierno es que este es un tema terminado”.

Señor Director: La renuncia del general Santelices, del Ejército de Chile, ha desencadenado una gran conmoción pública. En honor a los hechos históricos, los familiares del abogado y gerente de Corfo Norte Mario Silva Iriarte, ejecutado por la "Caravana de la muerte" el 19 de octubre de 1973 en Antofagasta, desean señalar que el mencionado general, a la sazón un subteniente de 20 años, tenía plena conciencia y discernimiento ético y moral del itinerario mortal y de cada paso y circunstancia que se desarrolló entre la noche del 19 de octubre de 1973 y la madrugada siguiente. En esas horas fueron sacados, con una lista leída en voz alta, los 14 ejecutados, que fueron masacrados hasta el exterminio.

Los parientes de Mario Silva preguntamos a la sociedad chilena: ¿qué hace un joven subteniente después de ser testigo y actor de estos hechos?

Queremos dejar testimonio que el silencio de 40 años del general Santelices, recibiendo ascensos y grados, no se compadece con la situación dramática de los familiares de las víctimas y de la actitud digna y ejemplar de miembros del Ejército de Chile, entre ellos Michael Nach, de 19 años, soldado que se negó a fusilar a sus hermanos chilenos en Iquique.

El general (R) Gonzalo Santelices Cuevas será interrogado y careado con otros oficiales (R), que estuvieron presentes cuando efectivos de la Escuela de Blindados de Antofagasta (19/10/1973) asesinaron a 14 prisioneros en el lugar del desierto conocido como la Quebrada del Way.

La diligencia fue resuelta ayer por el ministro Víctor Montiglio, que instruye el proceso por las víctimas de la Caravana de la Muerte que, días después del golpe militar, comandó por el sur y norte del país el general Sergio Arellano Stark.

El juez dio curso así a una solicitud interpuesta por el abogado querellante en esa causa, Hugo Gutiérrez, quien pidió que Santelices sea indagado en calidad de inculpado y no como testigo, como antes lo interrogó el juez Juan Guzmán.

Santelices abandonó el Ejército en febrero pasado, luego de que LND dio a conocer sus declaraciones procesales en este juicio.

En ellas, el general (R) admitió ante el juez Juan Guzmán que la noche del 19 de octubre sacó a los prisioneros desde la cárcel de Antofagasta, los condujo en dos camiones hasta la Quebrada del Way y los formó delante de los vehículos con las luces encendidas.

Luego, los hombres de Arellano y oficiales de Antofagasta los hirieron con cortes de corvo y los acribillaron con fusiles automáticos de alto calibre.

Santelices reconoció que recogió los cuerpos y los condujo hasta la morgue de la ciudad, "donde nos estaban esperando".

Con su salida del Ejército, sin estar procesado ni condenado por violaciones a los derechos humanos, se rompió el principio de "presunción de inocencia".

En este caso el Gobierno consideró que el general, independientemente de su destino judicial, tenía una responsabilidad política y ética que le impedía seguir en las filas del Ejército y más aún en el alto mando.

Trascendió que Santelices sería interrogado en calidad de "inculpado"  y no como testigo. Entre quienes enfrentará en los careos, estarían el general (R) Adrián Ortiz Gutmann, su comandante en la Escuela de Blindados en 1973, y el oficial (R) Pablo Martínez Latorre.

Fue junto a este último con quien Santelices retiró a los prisioneros de la cárcel, según quedó registrado en el libro de guardia. El libro fue periciado en 1986 por un juez del crimen de Antofagasta, diligencia que consta en el expediente que maneja Montiglio.

Entre las "novedades" que surgen de las primeras diligencias que el ministro Víctor Montiglio inicia hoy en el caso del general Santelices -aún activo por razones administrativas- está la irrupción en el episodio de Antofagasta de la Caravana de la Muerte, de los oficiales (R) Pablo Martínez Latorre y Patricio Ferrer Ducaud.

Ellos dos son los primeros citados por Montiglio, en relación a las indagatorias para decidir la situación procesal del general Santelices y de los que declaran hoy.

Respecto de las diligencias con Santelices, quien será interrogado y careado con el resto, éstas se inician en las próximas horas y la fecha de su citación se mantiene en reserva, coordinada entre el juez y el Comando de Apoyo Administrativo del Ejército.

Otro que aparece entre los próximos citados, aunque no es nuevo en la causa, pues está procesado como autor de los crímenes de 14 prisioneros en Antofagasta en octubre de 1973, es el general (R) Adrián Ortiz Gutmann. Éste era en 1973 el comandante de la Escuela de Blindados de Antofagasta a la que pertenecían Santelices y Martínez, los dos que la noche del 18 de octubre de 1973 retiraron a los prisioneros desde la cárcel de Antofagasta y los entregaron en el desierto para ser asesinados por el escuadrón del general Arellano Stark y oficiales de esa Escuela de Blindados.

El mayor (R) Patricio Ferrer era el jefe del Departamento de Inteligencia de la I División de Ejército en Antofagasta. Fue quien entregó la lista con los 14 prisioneros a Santelices y Martínez, quienes dispusieron que fueran amarrados y vendados antes de subirlos a los dos camiones en los que los llevaron a su destino final y luego a la morgue.

Ortiz Gutmann, que celebró el golpe militar en el cuartel, accedió aquel día a poner a disposición de Arellano los dos camiones del Blindados para trasladar a los detenidos a la Quebrada del Way.

La tarde del 18 de octubre de 1973 Arellano revisó la lista de todos los detenidos que había en Antofagasta, en conjunto con el auditor de la I División, el teniente coronel Marcos Herrera Aracena. Y terminó de afinar los 14 nombres con el mayor Ferrer Ducaud.

Si Herrera está vivo, podría también integrar la lista de citados por Montiglio, y convertirse en otra de las "novedades" de este nuevo episodio que se abre en el proceso Caravana.

La situación judicial de Santelices y el resto de los convocados en uno de los juicios más emblemáticos por las violaciones de los derechos humanos se aprecia difícil de acuerdo al criterio jurídico del juez Montiglio quien, por bastante menos, tiene procesados a varios ex agentes en la causa Calle Conferencia.

Un juez chileno interrogó hoy al ex jefe de la Guarnición Militar de Santiago, el general Gonzalo Santelices, inculpado por 14 crímenes en el caso 'Caravana de la Muerte' durante la dictadura militar, informaron fuentes judiciales.

Como 'Caravana de la Muerte' se conoce a la comitiva militar que tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 ejecutó sin someter a juicio a más de 70 presos políticos en distintas ciudades de Chile.

La diligencia del juez en el caso, Víctor Montiglio, prevista para este viernes, se adelantó a petición de la defensa de Santelices y se realizó en un recinto judicial, precisaron las fuentes.

Con anterioridad a la declaración de Santelices, el juez interrogó al oficial en retiro Patricio Martínez Latorre y a otro no identificado.

Los tres militares participaron en la comitiva militar encabezada por Sergio Arellano Stark y que sacó durante la noche y madrugada del 19 de octubre de 1973 a 14 prisioneros de la cárcel de Antofagasta, en el norte del país, y los trasladó a la Quebrada del Way, en pleno desierto de Atacama, donde fueron ejecutados.

Los interrogatorios continuarán en los próximos días y al término de ellas el magistrado resolverá si somete o no a proceso a Gonzalo Santelices.

Santelices renunció a la institución militar el 4 de febrero pasado, con el 'propósito de no implicar al Ejército en una causa que se tramita en los tribunales de justicia'.

La dimisión se produjo después de ser cuestionado por organizaciones políticas y de derechos humanos su ascenso al alto mando del Ejército, pese a su confesión en 2002, ante el magistrado Juan Guzmán, cuando confirmó su participación en el operativo.

El caso tensó las relaciones entre el Gobierno y el Ejército y reabrió el debate sobre la obediencia debida y la impunidad en los crímenes de la dictadura (1973-1990).

La diligencia más importante en el caso Santelices realizó ayer el ministro Víctor Montiglio, antes de resolver la situación procesal del general obligado a renunciar el pasado 4 de febrero, por su participación en 1973 en los crímenes de la Caravana de la Muerte en Antofagasta.

El general (R) fue careado con otros cuatro oficiales de Ejército retirados, involucrados en distintas etapas de la masacre de 14 prisioneros políticos la noche del 18 de octubre de 1973 en la Quebrada del Way, en el desierto atacameño.

Confrontados con Santelices fueron el entonces comandante de la Escuela de Blindados de Antofagasta, general (R) Adrián Ortiz Gutmann; el ex jefe del Departamento de Inteligencia de la I División del Ejército en esa ciudad, mayor (R) Patricio Ferrer Ducaud; el teniente (R) Pablo Martínez Latorre, quien junto a Santelices sacó a los prisioneros desde la cárcel para conducirlos a la muerte; y el coronel (R) Sergio Arredondo González, jefe del estado mayor del general Sergio Arellano que comandó el escuadrón conocido como la Caravana de la Muerte.

Estos cuatro oficiales -no así Santelices que a las 15:45 ingresó sin aspaviento ni sigilo por una de las entradas principales del palacio de tribunales- se mostraron visiblemente "preocupados" por la presencia de prensa en las cercanías del despacho del ministro Montiglio, según el mismo magistrado lo informó a los medios que esperaban el desarrollo de la diligencia.

Santelices ya reconoció judicialmente que, junto a Martínez, sacó a los presos, los subió a dos camiones, los llevó al desierto, los formó frente a un camión con las luces encendidas para iluminarlos, esperó que los mataran, y luego recogieron los cadáveres y los llevaron a la morgue. Negó disparar en la matanza.

Pero su principal defensa es que recibió órdenes de hacer lo que hizo, siendo un subteniente con 21 años.

El juez tiene que acreditar que lo que Santelices dice es cierto, que no disparó o usó el corvo con que antes de acribillarlos acuchillaron a las víctimas y que, efectivamente, sus actos los cometió cumpliendo órdenes de su comandante Ortiz Gutmann.

Luego tiene que resolver si lo procesa y lo arresta, o lo libera de culpa, al menos momentáneamente hasta requerir más antecedentes.

El abogado querellante Hugo Gutiérrez, quien solicitó al juez el encausamiento de Santelices, sostiene que, aunque éste no matara de propia mano, "lo que admite haber hecho ya es suficiente para que responda criminalmente".

Arredondo tomó parte directamente en los crímenes y por ello está procesado, al igual que Ortiz. En el caso de Ferrer, éste ayudó a Arellano a hacer la lista de la muerte y supervisó el retiro de los presos desde la cárcel.

El juez Víctor Montiglio selló el destino del ahora general retirado y ex comandante de la Guarnición del Ejército de la Región Metropolitana, Gonzalo Santelices Cuevas. Tras una investigación de 14 meses, después de que La Nación reveló en enero de 2008 la participación de Santelices en el episodio de Antofagasta de los crímenes de la Caravana de la Muerte en octubre de 1973, el magistrado logró acreditarla y tiene listo el auto de procesamiento en su contra y el del oficial (R) Pablo Martínez Latorre y otros cuatro militares retirados.

La resolución, confirmada a este diario en fuentes militares y de tribunales, será conocida en los próximos días.

El ex comandante de la Guarnición de la RM debió abandonar las filas de la institución en febrero de 2008, luego de una semana de tratativas entre el Ejército y el Gobierno. Con el caso Santelices se rompió la máxima militar de que un general u oficial de grado inferior sólo se va del Ejército cuando se le somete a proceso o en su contra se dicta sentencia condenatoria.

A Santelices lo hundió parte de su propia declaración judicial del 24 de septiembre de 2002 en el juicio por los crímenes de la Caravana. En su caso y en el de Martínez, el ministro no aplicó el principio de la "obediencia debida" (recibir órdenes superiores) por la baja graduación que tenían a la fecha de los hechos. Santelices era subteniente y Martínez teniente. Este argumento es invocado con frecuencia por las defensas jurídicas de militares que cometieron delitos de lesa humanidad tras el golpe militar de 1973.

Careos e interrogatorios

El juez sometió a Santelices a reiterados interrogatorios y careos con otros oficiales y suboficiales retirados. Prácticamente todos confirmaron la participación del ex comandante de la Guarnición Metropolitana y de Martínez Latorre.

Entre las principales diligencias practicadas por el juez, que condujeron a sellar el destino de los oficiales (R), estuvo una maratónica rueda de interrogatorios, careos y contracareos realizada en Antofagasta en 2008.

El juez abrió a comienzos del año pasado prácticamente una nueva indagatoria de todo el episodio de Antofagasta, al darse cuenta de que existía una cantidad de oficiales y suboficiales que no se encontraban procesados, pero que habían tomado parte activa en estos crímenes.

La noche del 18 de octubre de 1973, Santelices y Martínez sacaron desde la cárcel de Antofagasta a 14 prisioneros, los condujeron al desierto en camiones y los formaron para masacrarlos a punta de corvo y balas. Luego recogieron los cuerpos y los depositaron destrozados en la morgue.

En el Batallón de Policía Militar en Peñalolén quedó detenido el general (r) Gonzalo Santelices Cuevas, ex comandante de la Guarnición del Ejército de la Región Metropolitana, junto a otros dos oficiales en retiro, por su participación en crímenes de la Caravana de la Muerte.  

Junto a Santelices fueron ingresados al recinto castrense los oficiales (r) Pablo Martínez Latorre y Patricio Ferrer.  

Los militares en retiro comenzaron a cumplir detención tras ser notificados de su procesamiento en calidad de cómplices por la masacre de 14 prisioneros en Antofagasta.  

De acuerdo a la resolución del ministro Víctor Montiglio, la noche del 18 de octubre de 1973, los procesados sacaron desde la cárcel de Antofagasta al grupo de prisioneros, los condujeron al desierto en camiones y los formaron para masacrarlos a punta de corvo y balas. Luego recogieron los cuerpos y los depositaron destrozados en la morgue.

Los descargos de santelices

Horas antes de ser notificado del encausamiento, Santelices  dio una entrevista a Radio Agricultura en la que dijo tener “la tranquilidad espiritual y de conciencia de mis actos”.

Explicó que su participación en los hechos se limitó a “acompañar en una patrulla a retirar a los detenidos y trasladarlos a un punto donde no sabía que iba a suceder” e insistió en que debió actuar “por orden superior”.  

Santelices renunció en febrero de 2008 tras conocerse su declaración judicial en la que admite participación en este episodio de violaciones a DDHH.

Marcos Romero, el abogado del general (r), Oscar Santelices, quien fue detenido este lunes por su participación como cómplice y encubridor del paso de la Caravana de la Muerte por Antofagasta en octubre de 1973, justificó la petición de libertad que presentó en que su cliente era un estudiante en ese tiempo y solamente recibió órdenes.

"El general Santelices estaba durmiendo cuando en ese tiempo estudiante, subteniente estudiante, lo levantaron, le dijeron que subiera a un camión, que siguiera a otro camión y Gendarmería entrega a los prisioneros y los trasladan y los ponen a disposición de otro oficial",  declaró Romero agregando que "por ende no habría ningún tipo de conocimiento o conciencia del hecho delictual".

Santelices renunció en febrero de este año al Ejército mientras era jefe de la guarnición metropolitana de la institución tras confesar al juez Juan Guzmán y ratificar ante el ministro Víctor Montiglio que había sido parte de la Caravana de la Muerte pero sólo como un estudiante.

Por otra parte, el abogado querellante Boris Paredes declaró que Santelices no actuó sólo como cómplice "sino un autor" debido a que en el derecho internacional cualquiera que participe en un delito contra los derechos humanos es responsable por lo que "vamos a estudiar la posibilidad de recurrir la resolución".

El juez Juan Guzmán procesó al general Sergio Arellano Stark y los otros integrantes de la Caravana de la Muerte como Sergio Arredondo, Marcelo Moren Brito, Pedro Espinoza lo que fue ratificado por Montiglio.

Junto con Santelices, fueron detenidos por el mismo delito los oficiales retirados el mayor de Ejército, Patricio Ferrer Ducaud y el teniente Pablo Martínez Latorre.

Arrestado en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén y procesado por el crimen de 14 prisioneros en Antofagasta en octubre de 1973 quedó el ex comandante de la Guarnición Militar de la Región Metropolitana, general (r) Gonzalo Santelices Cuevas.

Junto a éste fueron detenidos e igualmente encartados por los mismos hechos por el juez Víctor Montiglio, los oficiales (R) de Ejército Pablo Martínez Latorre y Patricio Ferrer Ducaud.

De esta manera, y tras 14 meses de investigación, desde que La Nación Domingo reveló en enero de 2008 la participación de Santelices en los crímenes de la Caravana de la Muerte en Antofagasta, el juez logró acreditar los hechos en los que el general ahora retirado tomó parte junto a los otros dos oficiales mencionados.

En enero de 2008 Santelices estaba en servicio activo, pero luego de una semana de intensas reuniones entre el Gobierno y el Ejército, éste fue obligado a abandonar las filas de la institución.

Si bien los tres militares fueron encausados en calidad de cómplices, el abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, Boris Paredes, y el abogado querellante Hugo Gutiérrez, dijeron a La Nación que apelarán la resolución del juez para que la calidad de cómplices sea recalificada a la categoría de autores.

En el desierto

Los tres procesados participaron la noche del 18 de octubre de 1973 en el retiro de los 14 prisioneros desde la cárcel de Antofagasta, conduciéndolos al desierto para que fueran asesinados por integrantes de la Caravana de la Muerte y por militares de la Escuela de Blindados de esa ciudad.

Luego Santelices y los otros recolectaron los cadáveres masacrados a corvo y metralla, llevándolos a la morgue local.

El abogado Gutiérrez afirmó que "ahora el juez debe establecer quiénes fueron los militares de Antofagasta que participaron en esta masacre, porque hasta ahora no es aclarado".

Versiones de algunos testigos señalan que en el asesinato masivo tomó también parte activa un grupo de jóvenes subtenientes recién egresados de la Escuela Militar que estaban destinados a esa Escuela de Blindados.

El magistrado se encuentra ahora indagando esta eventual participación. Con el procesamiento dictado por el ministro Montiglio se confirma otro hecho desconocido hasta el año pasado, en la extensa lista de los crímenes cometidos durante la dictadura militar.

En 14 meses, el juez Víctor Montiglio logró acreditar la responsabilidad penal del oficial en los crímenes de la Caravana de la Muerte. Aunque el general (R) quiso tomar distancia de los sucesos, los testigos que lo contradijeron terminaron por sellar su suerte.

El general (R) Gonzalo Santelices Cuevas afirma judicialmente que él no vio nada de la masacre de la noche del 18 de octubre de 1973 en el desierto de Atacama. Sostiene que sólo a la distancia escuchó las ráfagas de metralleta con que fueron cayeron las 14 víctimas de la Caravana de la Muerte asesinadas ese día en Antofagasta.

Pero la versión con que el militar intentaba distanciarse de los crímenes de la siniestra comitiva no tuvo eco en el juez Víctor Montiglio, quien el lunes de 20 abril, y tras 14 meses de investigación, lo procesó y ordenó su arresto por su responsabilidad en dichos 14 homicidios, al igual como hizo con el coronel (R) Patricio Ferrer Ducaud y el teniente (R) Pablo Martínez Latorre.

Ese día, Santelices llegó en su automóvil personal, conducido por un familiar, hasta el Batallón de Policía Militar en Peñalolén. Lo esperaban el ministro Montiglio y efectivos de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, que, junto al juez, realizaron las diligencias que condujeron a su encausamiento y detención. En ese momento, el general en retiro fue notificado oficialmente de su prisión preventiva.

El trámite de ingreso al sector VIP de ese centro de reclusión transitorio para altos oficiales de Ejército incluyó el fichaje del prontuario, también ordenado por el juez.

Lo que hundió a Santelices fueron los términos de su declaración del 24 de septiembre de 2002. En ella, el oficial había admitido su participación en una de las fases de este crimen masivo, aunque en esa ocasión entregó su testimonio sólo en calidad de testigo.

Seis años después, el 27 de enero de 2008, LND reveló que esa noche de octubre de 1973, Santelices y Martínez Latorre secuestraron a los 14 prisioneros desde la cárcel de Antofagasta, los trasladaron en dos camiones hasta un sector de la pampa denominado Quebrada del Way, los formaron frente a los vehículos con las luces encendidas y se los entregaron al escuadrón comandado por el general Sergio Arellano Stark, para que diera cuenta de ellos.

Luego, los entonces jóvenes oficiales recogieron los cuerpos semidestrozados, los cargaron en los mismos camiones y los condujeron hasta la morgue donde, en un espectáculo aterrador, fueron identificados por sus familiares.

Una vez publicada la información, y luego de una semana de tratativas entre el Gobierno y el Ejército, el entonces comandante de la Guarnición Militar de la Región Metropolitana fue obligado a abandonar las filas de la institución. Se abría así un largo camino hasta que la espada de la justicia cayera sobre él.

El crimen

El proceso con que el juez consiguió acreditar la responsabilidad penal del ex comandante de la Guarnición Metropolitana, en uno de los episodios más crueles del exterminio masivo de la represión militar tras el golpe de Estado, fue intenso. Decenas de extensos interrogatorios, careos y diligencias en terreno, dentro y fuera de Santiago, conformaron el puzzle judicial.

La primera indagatoria tomada a Santelices por el juez después de que se reveló su participación, ocurrió ya no en calidad de simple testigo, sino de inculpado en los hechos.

A esa fecha ya se encontraban procesados por estos crímenes los integrantes de la Caravana de la Muerte, incluidos su jefe, el general Arellano, y el director de la Escuela de Blindados de Antofagasta en 1973, entonces coronel Adrián Ortiz Gutmann. Este fue el principal responsable local de la matanza, y quien puso a disposición de Arellano y su gente toda la infraestructura necesaria para cometer los asesinatos. Ortiz fue también uno de los que disparó esa noche. De los integrantes del escuadrón de la muerte, quienes participaron en la ejecución fueron el teniente coronel Marcelo Moren Brito, el coronel Sergio Arredondo, el capitán Juan Chiminelli y el teniente Armando Fernández Larios.

Las víctimas eran Mario Arqueros Silva, Alexis Valenzuela Flores, Dinator Ávila Rocco, Darío Godoy Mancilla, Segundo Flores Antivilo, Marcos de la Vega Rivera, José García Berríos, Héctor Silva Iriarte, Washington Muñoz Donoso, Guillermo Cuello Álvarez, Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, Danilo Moreno Acevedo, Luis Alaniz Álvarez, y Miguel Manríquez Díaz.

Antes del minuto de la muerte, Manríquez pidió a Fernández Larios que no le vendaran los ojos y lo conminó a que fuera él quien le disparara, por la amistad que los unía. El dramático diálogo fue reproducido en el proceso por quien era en esa fecha el jefe del departamento de Inteligencia de la Primera División de Ejército, el entonces mayor Ferrer Ducaud, quien estuvo ahí aquella noche.

Camino al cadalso

Los careos que ordenó el juez Montiglio fueron escenario de tensos enfrentamientos entre los involucrados. Como ocurrió cuando Santelices afirmó que esa noche no había podido ver cómo murieron los detenidos, explicando que minutos antes Ortiz le había ordenado retirarse con su gente a cien metros de distancia detrás de los camiones. Fue el mismo Ortiz quien lo desmintió: "No estoy de acuerdo con que lo haya ordenado", dijo al juez. También descartó que su entonces subordinado no se hubiese enterado cuál sería el destino final de los prisioneros que había sacado desde la cárcel: "Me parece raro que a Santelices no le explicaran la misión a que iba, ya que la situación era grave".

Santelices se mantuvo siempre frente al juez, sosteniendo que jamás escuchó gritos de los prisioneros. Sin embargo, careado con el suboficial (R) Samuel León, presente en la matanza, y al escuchar que éste declaró que los detenidos comenzaron a "gritar y pedir piedad", el general (R) cambió su versión. "Yo no tengo en mi memoria la imagen de los fusilamientos, sí recuerdo el ruido de los balazos, ráfagas y griterío".

Los abogados querellantes intentarán ahora que la Corte de Apelaciones de Santiago recalifique la calidad de cómplice de Santelices y los otros, por la de coautor. Mientras, el ministro Montiglio continúa investigando este episodio junto a la policía civil. Hay antecedentes que indican la existencia de un grupo de oficiales encubiertos que servían en Antofagasta, quienes también habrían tomado parte en esta acción de exterminio.

El general (R) Gonzalo Santelices seguirá procesado por los crímenes de la Caravana de la Muerte en 1973 en Antofagasta, luego de que la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolviera rechazar los argumentos de su defensa para exculparlo de estos hechos.

Por un voto, el ex comandante de la Guarnición de la Región Metropolitana se salvó de ser elevado a la calidad de autor de estos 14 asesinatos, dado que el pasado 17 de abril el juez de primera instancia Víctor Montiglio, lo encausó en calidad de cómplice junto al coronel (R) Patricio Ferrer Ducaud y el teniente (R) Pablo Martínez Latorre.

A quien sí la sala recalificó en la categoría de autor, fue al entonces jefe del Departamento de Inteligencia de la I División de Ejército en Antofagasta, Ferrer Ducaud. Este es el único al que la resolución judicial le mantuvo la prisión preventiva en el Batallón de Policía Militar de la comuna de Peñalolén, considerándolo un "peligro para la seguridad de la sociedad".

Defensa de Santelices

La defensa jurídica de Santelices intentó demostrar que siendo éste, en octubre de 1973, un subteniente apenas egresado unas semanas antes de la Escuela Militar, no hizo más que recibir órdenes del comandante de la Escuela de Blindados de Antofagasta, en aquel tiempo coronel Adrián Ortiz Gutmann. Y que, además, actuando aquella vez en conjunto con Martínez Latorre, también obedeció órdenes suyas pues Martínez era teniente.

No obstante, la tesis jurídica de la "obediencia debida" dado su baja graduación y edad fue rechazada por los ministros de la Quinta Sala, como también había sido descartada antes por el juez Montiglio cuando lo sometió a proceso.

Junto a Martínez Latorre, la noche del 18 de octubre de 1973 Santelices secuestró a 14 prisioneros desde la cárcel de Antofagasta, conduciéndolos en dos camiones hasta la Quebrada del Way. Allí los bajó y formó frente a los camiones amarrados y con la vista vendada, para que integrantes de la Caravana y oficiales del Blindados de Antofagasta los acribillaran a tiros. Antes los detenidos sufrieron el ensañamiento con profundos cortes de corvo. Luego, Santelices y un pelotón de subordinados recogieron los cuerpos y los llevaron a la morgue. Siendo aún general en servicio activo, Santelices fue obligado a abandonar el Ejército en febrero de 2008, luego que La Nación Domingo reveló su participación en estos delitos. A partir del reportaje, Montiglio investigó durante 14 meses logrando acreditar la responsabilidad penal de los tres encausados.

El Ejército destina mensualmente varios millones de pesos para pagar sueldos a ex agentes de los organismos represivos de la dictadura de Augusto Pinochet que figuran en sus plantillas como personal "a honorarios", según se puede comprobar en la página institucional de esa rama castrense.
La situación se contradice con lo que declaró en septiembre de 2009 el entonces comandante en jefe, general Oscar Izurieta, actual subsecretario de Defensa, a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, de que a esa fecha "no quedaban" ex agentes recibiendo pagos del Ejército.

Según aparece en la página institucional del Ejército correspondiente a 2013, reciben pagos mensuales los coroneles retirados y vueltos a contratar Patricio Zambelli Restelli y Hugo Acevedo Godoy, y el ex suboficial Eugenio Álvarez Gonzalez, todos ellos ex agentes de la DINA.
También reciben pagos mensuales los ex agentes operativos de la Central Nacional de Informaciones (CNI), sucesora de la DINA, Nazario Aracena Robles, Iván Droguett Ruiz y Nora Carreño Barrera.

Ninguno de ellos figura hasta ahora condenado o procesado por delitos de lesa humanidad, a pesar de que cumplieron funciones operativas en brigadas vinculadas a crímenes, lo que han negado en sus declaraciones judiciales.

EL CASO DE GONZALO SANTELICES
Quién sí está encausado por los crímenes de la Caravana de la Muerte en Antofagasta en octubre de 1973, es el general retirado Gonzalo Santelices Cuevas (en la foto), quien recibe una remuneración mensual de 1.670.000 pesos como "asesor del Estado Mayor de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE)".

Santelices no perteneció a la DINA o a la CNI, pero estando al mando de la Guarnición Militar de Santiago, en febrero de 2008 fue dado de baja del Ejército por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, tras la publicación de un reportaje en el diario La Nación Domingo que incluyó su declaración judicial, prestada en septiembre de 2002, admitiendo su participación en ese crimen. Santelices declaró que la noche del 18 de octubre de 1973 secuestró desde la cárcel de Antofagasta a 14 prisioneros políticos y los condujo en camiones a la Quebrada del Way en las afueras de esa ciudad.

Con personal bajo su mando, formó a los presos para que el escuadrón de la Caravana de la Muerte, comandado por el general Sergio Arellano los asesinara. Después subió los cuerpos a los camiones y los dejó apilados en la calle frente a la morgue local, donde los encontraron sus familiares.

LOS PAGOS
Patricio Zambelli Restelli recibe del Ejercito 1.300.000 mensuales como "asesor de Planificación de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).
Según una declaración judicial de mayo de 2010, Zambelli es experto en inteligencia y operó como agente en el campo de prisioneros Villa Grimaldi "junto a Miguel Krassnoff" mientras allí se torturaba y asesinaba a prisioneros.

En 1976 integró la Brigada Caupolicán, de la DINA, que ese año secuestró a todos los miembros de la dirección clandestina del partido Comunista, que finamente fueron asesinados en otro cuartel del organismo (Simón Bolívar).
 

Hugo Acevedo recibe 750.000 pesos mensuales como "asesor de proyectos estructurales de la Escuela de Infantería de San Bernardo". En la DINA Acevedo integró la Brigada "Rengo" y después pasó a la CNI, donde cumplió funciones operativas hasta el fin de la dictadura, en 1990.
Eugenio Álvarez, que también perteneció a la DINA y a la CNI, obtiene al mes 340.000 pesos (unos 660 dólares) como "asesor administrativo de la Dirección de Mantenimiento del Ejército".

El ex teniente coronel Nazario Aracena, antiguo agente operativo de la CNI, gana 787.000 pesos mensuales como "supervisor de Seguridad del Estado Mayor General del Ejército".

Nora Carreño, ex agente operativa de la CNI, gana al mes 660.000 pesos como "asesora de la Comandancia de la Guarnición Militar de Santiago", mientras Iván Droguett recibe 420.000 pesos mensuales como "asesor del Estado Mayor General del Ejército".

"INDIGNANTE"
Jorge Tarud (PPD), miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, consideró "indignante" la situación y dijo que el comandante en jefe del Ejército, general Juan Miguel Fuente-Alba, y el subsecretario de Defensa, Óscar Izurieta, serán citados por dicha comisión, "para dar explicaciones al país".

Consideró además que los ex agentes deben ser cesados de inmediato de sus funciones.
En tanto, Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), señaló que "con esta información queda claro que el Ejército sigue comprometido con quienes violaron los derechos humanos bajo la dictadura".

A su juicio, más grave aún es que el Ejército "atentó contra una institución de la democracia, como es la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, al afirmar en 2009 su comandante en jefe, general Izurieta, que a esa fecha no quedaban ex agentes financiados por el Ejército. Ahora vemos que no es verdad", concluyó.

En la lista, aparece involucrado el retirado general Gonzalo Santelices Cuevas, quien si bien no fue parte de alguno de los organismos represivos de la dictadura, fue dado de baja en febrero de 2008 tras verse involucrado en el Caso Caravana de la Muerte en Antofagasta.

Al menos seis ex miembros de los organismos represores de la dictadura militar del general Augusto Pinochet aún reciben dineros desde el Ejército, pese a lo señalado en su momento por el entonces ex comandante en jefe, general Oscar Izurieta, hoy subsecretario de Defensa de la administración Piñera.

Un somera investigación periodística reveló que se trata de los ex miembros de la temida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), coroneles (r) Hugo Acevedo Godoy y Patricio Zambelli Restelli, y el suboficial Eugenio Álvarez González, según publicó la agencia EFE.

Pero además, en la página del Ejército aparecen los nombres de Nora Carreño Barrera, Iván Droguett Ruiz y Nazario Aracena Robles, quienes eran agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

También figura involucrado el retirado general Gonzalo Santelices Cuevas, quien si bien no fue parte de alguno de los organismos represivos de la dictadura, fue dado de baja en febrero de 2008 tras conocerse su participación en la denominada Caravana de la Muerte en Antofagasta.

Recordemos que el comandante en jefe del Ejército, general Óscar Izurieta, ya estuvo involucrado en una polémica similar en 2009 cuando declaró ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados que no había en el Ejército algún ex CNI o DINA prestando servicios a la institución armada.

No obstante, en 2011 el actual Subsecretario de Defensa nuevamente saltó a la palestra luego que se conociera que incorporó a su equipo de asesores a ex integrantes de los servicios de seguridad de la dictadura militar.

Se trató del ex DINA Ítalo Seccatore; el yerno de Manuel Contreras Sepúlveda, Orlando Carter; los ex CNI Alejandro Romero, José Joaquín Pérez y Pedro Fernández; y Mario Larenas, quien está querellado por los fusilamientos en el regimiento de La Serena en 1973.

El sector de derechos humanos cuestiona asesorías

Desde el sector de derechos humanos, el abogado de 15 familias por el caso "Caravana de la Muerte", Cristián Cruz, aseguró que "aquí más que una responsabilidad del Estado por contratarlos, la responsabilidad es del Ejército, porque ellos saben quienes son los personajes oscuros que participaron en dictadura".

"Aquí el Ejército se niega a desligarse de estos lastres del pasado, y lamentablemente involucra a todas las familias que han sido víctimas. Entonces no entendemos porqué se da, además debe existir dignidad porque aquí los están premiando en vez de hacer justicia", reclama el profesional.

Además, Cruz mencionó en conversación con Cambio21 que "hay que acabar con estos pactos de silencio, y el Ejército debe dar una muestra clara de un "nunca más", porque hasta ahora no ha colaborado con los crímenes que se están investigando".

Por su parte, la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, dijo que "es una situación que sin duda no puede darse, aunque se están volviendo (los ex DINA y CNI) parte de la actual administración de este país".

A ello, agrega que "ya lo han desmentido anteriormente, incluso mintieron frente al Parlamento negando estas contrataciones", refiriéndose a las declaraciones de Oscar Izurieta.

Por último, García mencionó a Cambio21 que "el Ejército no corta lazos con los protagonistas de la dictadura, por el contrario siguen generándolos con ellos. Además aquí se les está pagando un sueldo con la plata de todos los chilenos a personajes que formaron parte de la represión de este país".

Sin lógica

Ante esta situación, el diputado DC Jorge Burgos dijo que "de una vez por todas" el alto mando de las Fuerzas Armadas debería ordenar que se suspendan los vínculos contractuales de las instituciones castrenses con ex agentes de la DINA y la CNI.

En opinión de Burgos, es necesario respetar siempre el "principio de inocencia", más allá del "reproche social que la presunción o la mera sospecha de que una persona haya participado en una acción ilícita de las características como fue la DINA le pueda producir a uno legítimante".

Sin embargo, "también hay un cierto principio de sentido común mínimo. A mí me parece que a esta altura no deberíamos seguir teniendo sorpresas de que instituciones de las Fuerzas Armadas contratan a personas que tienen formalizaciones o encausamientos en materia de derechos humanos", indicó el parlamentario a Cooperativa.

Por su parte, el diputado Patricio Hales (PPD) aseguró que "quien ha tenido responsabilidades delictuales debe responder a la justicia" y agregó que "una cosa son los derechos legales, y otra muy distinta son las condiciones políticas de un gobierno al que le da lo mismo contratar funcionarios que fueron violadores de derechos humanos o un posible delincuente en uno de los ámbitos más horroroso de la historia del país".

"Todos los gobiernos debieran ser especialmente cuidadosos con la gente que contratan, sobre todas aquellas que quieran utilizarlas en un cargo de confianza", declaró el legislador.

Por último, se refirió al general Izurieta agregando a Cambio21 que "no debe haber estado en conocimiento de esta situación. No se caracteriza por ser un violador de los derechos humanos".

Los sueldos de los ex DINA y CNI

Gonzalo Santelices Cuevas: Declaró que la noche del 18 de octubre de 1973 secuestró desde la cárcel de Antofagasta a 14 prisioneros políticos y los condujo en camiones a la Quebrada del Way, en las afueras de esa ciudad. Con personal bajo su mando, formó a los presos para que el escuadrón de la Caravana de la Muerte, comandado por el general Sergio Arellano los asesinara. Después subió los cuerpos a los camiones y los dejó apilados en la calle frente a la morgue local, donde los encontraron sus familiares.

Patricio Zambelli Restelli: Actualmente recibe del Ejercito 1.300.000 pesos mensuales como "asesor de Planificación de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

Según una declaración judicial de mayo de 2010, es experto en inteligencia y operó como agente en el campo de prisioneros Villa Grimaldi "junto a Miguel Krassnoff" mientras allí se torturaba y asesinaba a prisioneros.

En 1976 integró la Brigada Caupolicán, de la DINA, que ese año secuestró a todos los miembros de la dirección clandestina del Partido Comunista, que finamente fueron asesinados en el cuartel Simón Bolívar.

Hugo Acevedo: Recibe 750.000 pesos mensuales como "asesor de proyectos estructurales de la Escuela de Infantería de San Bernardo". Conocido como "Cacho" Acevedo, fue oficial de Ejército, integrante de la Brigada Rengo de DINA, representante legal de Augusto Pinochet Hiriart. Es quien representó al hijo de Pinochet en la firma de la escritura de la Sociedad Diet Lobos, pantalla comercial de la DINA para encubrir actividades tanto en Chile como en el exterior del país.

Es casado con la enfermera Eliana Bolumburu Taboada, agente de la DINA famosa en la Clínica London y por su participación en la muerte del cabo Manuel Jesús Leyton y del ex presidente Eduardo Frei M.

Este oficial remplazó a Alejandro Burgos como asistente de Manuel Contreras en el Alto Mando de la DINA. En 1989 asumió como Jefe de la División Antisubversiva de la Central Nacional de Informaciones (CNI)

Eugenio Álvarez, que también perteneció a la DINA y a la CNI, obtiene al mes 340.000 pesos como "asesor administrativo de la Dirección de Mantenimiento del Ejército".

Nazario Aracena El ex teniente coronel, antiguo agente operativo de la CNI, gana 787.000 pesos mensuales como "supervisor de Seguridad del Estado Mayor General del Ejército".

Nora Carreño, ex agente operativa de la CNI, gana al mes 660.000 pesos como "asesora de la Comandancia de la Guarnición Militar de Santiago".

Iván Droguett recibe 420.000 pesos mensuales como "asesor del Estado Mayor General del Ejército".