Salas Wentzel Hugo Ivan

El ministro en visita Hugo Dolmestch acusó a 18 ex agentes de la disuelta Central Nacional de Inteligencia (CNI) por su participación en el asesinato de 12 jóvenes el 15 y 16 de junio de 1987, caso conocido como "Operación Albania".

El magistrado determinó que el ex director del organismo de inteligencia, general (r) Hugo Salas Wenzel, es el responsable intelectual del homicidio de los opositores al régimen militar.

De esta forma, Dolmestch pone fin a quince años de investigación e inicia la etapa previa a la dictación de condenas de primera instancia.
Como coautores del delito de homicidio por están acusados: el general (r) Hugo Salas Wenzel, el mayor (r) Alvaro Corbalán, el comandante (r) Iván Quiroz, el comandante (r) Krantz Power Donoso, el mayor Rodrigo Pérez Martínez y el oficial de Ejército
Jorge Vargas Bories.

Estas acusaciones en contra de los uniformados antes mencionados se refieren a la muerte de Recaredo Valenzuela, Patricio Acosta, Julio Guerra, Juan Henríquez y Wilson
Henríquez.
 

Otros implicados
Además, son acusados del delito de secuestro seguido de homicidio en la persona de Ester Cabrera, Manuel Valencia, Ricardo Rivera, Elizabeth Escobar, Patricia Quiroz, José Valenzuela Levi y Ricardo Silva, ejecutadas en el inmueble de Pedro Donoso 582, de la comuna de Conchalí.
En calidad de cómplice, el magistrado acusó al capitán (r) del Ejército Arturo Sanhueza Ross, por el homicidio de Julio Guerra y el secuestro seguido de homicidio de Ester Cabrera.
En tanto, el ex detective Hugo Guzmán esta acusado en calidad de cómplices por el delito de secuestro con homicidio de Patricia Quiroz. Su colega Gonzalo Maass del Valle, en calidad de autor del delito de secuestro seguido de homicidio de Ricardo Rivera.
Los oficiales (r) René Valdovinos Morales, César Luis Acuña Luengo y Manuel Morales Acevedo fueron acusados de autores del homicidio de Ignacio Valenzuela Pohorezcky y como cómplices de secuestro seguido de homicidio de las víctimas de Pedro Donoso 582.
 

La matanza de Corpus Christi
En la llamada Operación Albania, que se registró entre el 15 y 16 de junio de 1987 durante el feriado de Corpus Christi, doce personas que pertenecían al Frente Patriótico Manuel Rodríguez fueron asesinadas en distintos lugares de Santiago.
Según las versiones oficiales del gobierno militar, los jóvenes murieron en "enfrentamientos con las fuerzas de seguridad", pero las autopsias demostraron que los disparos fueron hechos cuando las víctimas se encontraban tendidas en el piso.
La acción se produjo apenas cuatro días después que la Octava Sala de Corte de Apelaciones de Santiago declarara al FPMR como una "asociación ilícita terrorista", cuyos miembros debían ir a la cárcel y ser reprimidos, resolución que legitimó todo
tipo de acción violenta contra el grupo de izquierda.
Cabe recordar, que el dictamen fue resuelto por el tribunal de alzada a petición del Ministerio del Interior del régimen militar  por un requerimiento presentado por un grupo de frentistas acusados de varios delitos.
 

Operativo de la CNI
Para llevar a cabo la operación, la Central Nacional de Informaciones efectuó un gigantesco operativo de inteligencia, que significó movilizar a decenas de agentes y realizar numerosas detenciones y allanamientos, con el objetivo final de
reprimir a los frentistas.
La acción de la CNI fue acompañada de un gran despliegue de publicidad oficialista, que reprodujo sin dudas ni cuestionamientos la versión oficial de "enfrentamiento".
La primera víctima, Ignacio Valenzuela Pohrecky, uno de los fundadores del FPMR, murió baleado en calle Alhué, comuna de Las Condes, el 15 de junio de 1987, a las 12 horas. A las 18 horas, los agentes de la CNI dieron muerte a Ricardo Acosta Castro, en calle Varas Mena, frente al número 630. Pocas horas después, cerca de la medianoche, en la misma calle Varas Mena, en el inmueble signado con el número 417, fueron muertos Juan Henríquez Araya y Wilson Henríquez Gallegos.
A la misma hora de ocurrir estas muertes, tuvo lugar la de Julio Guerra Olivares, en la Villa Olímpica. 
Posteriormente, cerca de las 5 de la mañana del 16 de junio de 1987, en la casa de Pedro Donoso 582, comuna de Recoleta, fueron acribillados siete frentistas. Ellos fueron Ricardo Silva Soto, José Valenzuela Levy, Elizabeth Escobar Mondaca, Patricio Quiroz Nilo, Manuel Valencia Calderón, Ester Cabrera Hinojosa y Ricardo Rivera Silva.

El ministro en visita Hugo Dolmestch informó que el ex director de la CNI, Hugo Salas Wenzel, fue condenado a cadena perpetua por su responsabilidad en la "Operación Albania", en
la murieron 12 frentistas los días 15 y 16 de junio de 1987.

Luego de más de una década de investigación, el magistrado logró determinar la responsabilidad que le cabe en los hechos acontecidos en distintos puntos de la capital, entre el 16 y 17 de junio de 1987.

Las sentencias consignan cadena perpetua para el ex director de la Central Nacional de Informaciones (CNI), general Hugo Salas Wenzel; 15 años de presidio para el ex jefe operativo de la disuelta ex CNI, Álvaro Corbalán Castilla; y 10 años de cárcel para el comandante de Carabineros Iván Quiróz. En tanto fueron absueltos, todos aquellos que participaron en las
detenciones como Iván Cifuentes, Jorge Vargas Boríes y Kranz Bauer.

El abogado querellante Nelson Caucoto, expresó su conformidad con las sentencias, puesto que a su parecer "acá quedó en evidencia que se mintió descaradamente desde el Estado sobre la existencia de un enfrentamiento que nunca existió". El jurista afirmó que con esta última fase del juicio se marca una experiencia única en el desarrollo de procesos por
violaciones a los derechos humanos perpetrados durante la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte.

La Novena Sala de la Corte de Apelaciones, en votación unánime,

confirmó las condenas que dictó en enero pasado, el ministro en visita Hugo Dolmestch, a 15 miembros de la ex CNI, en el marco de la denominada Operación Albania, en la cual murieron 12 miembros del Frente Manuel Rodríguez.

De esta manera seguirá sentenciado a cadena perpetua su ex director Hugo Salas Wenzel, como autor del homicidio simple de cinco de los fallecidos, y del homicidio calificado de los otros siete.

Salas es sindicado como responsable directo del hecho, por ser quien dio la orden de efectuar el operativo, que también se conoce como "matanza de Corpus Christi".

No obstante, el tribunal revocó la absolución que el ministro había dictado en contra de tres involucrados a quienes se les aplicó una condena efectiva de cinco años y un día de presidio.

Se trata de César Acuña Luengo, René Valdovinos Morales y Fernando Burgos Díaz, quienes tuvieron responsabilidad en la muerte de Ignacio Valenzuela Pohorecky.

De esta manera, de los 26 procesados en este caso, ocho quedaron en libertad, dado que no tuvieron responsabilidad directa en los hechos.

El tribunal, integrado por los ministros Raúl Rocha, Juan Araya y Mauricio Silva, resolvió además elevar a 500 millones de pesos la indemnización de perjuicios por 250 millones de pesos que había fijado el ministro Dolmestch para las familias de las víctimas.

La Operación Albania tuvo lugar en tres lugares distintos de Santiago los días 15 y 16 de junio de 1987, y en ella perdieron la vida los militantes del FPMR, Recaredo Valenzuela Pohorecky, Patricio Acosta Castro, Juan Henríquez Araya, Wilson Henríquez Gallegos, Julio Guerra Olivares, Esther Cabrera Hinojosa, Elizabeth Escobar Mondaca, Patricia Quiroz Nilo, Hernán Rivera Silva, Ricardo Silva Soto, Manuel Calderón y José Valenzuela Levy.

El ministro en visita Haroldo Brito instaló ayer por primera vez el delito de secuestro calificado (conocido también como permanente) en el proceso que sigue contra ex agentes de la CNI por la desaparición de cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en 1987. Por este delito encausó a los ex agentes Víctor Ruiz Montoya, Luis Arturo Sanhueza Ros y Luis Santibáñez Aguilera.

En la resolución dictada por Brito se estipula que se puede acreditar que a raíz del secuestro del comandante del Ejército, señor Carlos Carreño Barrera, acaecido en esta ciudad (Santiago) el 1 de septiembre de 1987, funcionarios de la CNI resolvieron secuestrar a Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, Julián Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas.

Por los mismos hechos, el magistrado, quien asumió la investigación de su colega Hugo Dolmestch -hoy supremo-, encausó en calidad de coautores del secuestro al ex director de la CNI general (R) Hugo Salas Wenzel y sus dos colaboradores, Álvaro Corvalán y Krantz Bauer. Les siguen por el mismo delito Manuel Morales, César Acuña y René Valdovinos.

En tanto, como encubridores de los ilícitos están los oficiales (R) del Ejército Gonzalo Asenjo Zegers y Rodrigo Pérez.

La elección de los frentistas se realizó entre los días 8 y 9 de septiembre con la finalidad de cambiarlos por el comandante secuestrado, por lo que de forma inmediata los detenidos fueron trasladados al Cuartel Borgoño del servicio de inteligencia.

Helicóptero

Según consta en la resolución, al concretarse la libertad del militar fueron retirados por funcionarios de la CNI cinco cadáveres desde el recinto de seguridad para ser lanzados al mar desde un helicóptero del Ejército.

De las mismas probanzas también resulta acreditado que la participación del helicóptero militar y de sus pilotos fue dispuesta por las personas que estaban al mando de las operaciones de investigación del secuestro de Carlos Carreño, señala la resolución.

Estas conclusiones se debieron a que el pasado 20 de julio el ministro Dolmestch recreara junto a efectivos del Ejército el lanzamiento de los frentistas en el puerto de San Antonio. En la diligencia se llegó a la certeza de que los cuerpos fueron lanzados en sacos con pedazo de rieles atados a sus pies, con la finalidad de que éstos no salieran a flote.

Un artículo publicado por La Nación en julio pasado, reveló que el ex piloto de Augusto Pinochet, apodado “El Chino Campos”, declaró al magistrado cómo en septiembre de 1987, su jefe, el coronel Mario Navarrete, le ordenó usar uno de los helicópteros institucionales para viajar hasta la zona de Peldehue a buscar unos paquetes, los cuales contenían los cuerpos.

El “Chino Campos” relató que para dicha operación viajó junto a su copiloto, un oficial que pasó a retiro recientemente y que hasta hace poco meses era el jefe de una agregaduría militar en Europa. Incluso, el jefe de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos, Rafael Castillo y su colega Mario Zelada, recorrieron el viejo continente buscando a un testigo clave para este proceso.

Etapas

El ministro Dolmestch acreditó que la operación estuvo separada en tres etapas. La primera de ellas fue la detención de los frentistas para presionar al FPMR y recuperar al militar secuestrado.

Una vez detenidos fueron interrogados por la CNI. Luego de esto, llegó la orden de que el régimen militar no negociaba con terroristas, por lo que los cinco frentistas fueron asesinados.

Tras la ejecución se designó a Francisco “Gurka” Zúñiga para que coordinara con el Ejército la obtención de los elementos necesarios para llevar a cabo el lanzamiento de los cuerpos en las costas de San Antonio.

Cuando se lea el nombre de Hugo Salas Wenzel en el fallo de la Corte Suprema por el caso Albania, se terminará de encerrar al círculo de generales más duros de la última etapa de la CNI y de la dictadura, luego de que esta semana cayera Fernando Torres Silva. Por ello existe alerta en la policía, tribunales y el Gobierno, respecto a que el ex director del organismo represivo pueda seguir los pasos de su camarada Raúl Iturriaga y evadir la justicia.

Después que el Estado aceptó pagar 300 millones de pesos como indemnización a cada una de las familias de las 12 víctimas, se dio una clara señal de que las condenas serán ratificadas. La Sala Penal del máximo tribunal debe dictar la sentencia de los últimos recursos que buscaban anular las condenas contra 14 ex agentes que asesinaron a los jóvenes frentistas en junio de 1987, de los que Salas Wenzel fue el único condenado a prisión perpetua por el ministro Hugo Dolmestch. Después, la Corte de Apelaciones ratificó la pena.

Fuentes policiales indicaron que al ex general se le ubicará antes de que sea notificado y que ya están siendo verificados sus domicilios.

En la Operación Albania murieron acribillados Recaredo Valenzuela Pohorecky, Patricio Acosta Castro, Juan Henríquez Araya, Wilson Henríquez Gallegos, Julio Guerra Olivares, Esther Cabrera Hinojosa, Elizabeth Escobar Mondaca, Patricia Quiroz Nilo, Hernán Rivera Silva, Ricardo Silva Soto, Manuel Calderón y José Valenzuela Levy.

La Corte Suprema confirmó este martes la cadena perpetua contra el general retirado Hugo Salas Wenzel, otrora director de la Central Nacional de Informaciones (CNI), por su responsabilidad en el crimen de doce frentistas en junio de 1987, en el marco de la Operación Albania.

Salas Wenzel fue sentenciado en calidad de responsable intelectual de los asesinatos, que se planificó como una de las venganzas por el atentado a Augusto Pinochet Ugarte, ocurrido en septiembre de 1986.

Con esta resolución, el otrora jefe del organismo represivo se transformó en el general retirado que ha recibido la mayor condena por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.

La decisión fue adoptada por la Segunda Sala (Penal) que también se pronunció sobre las condenas que el ministro Hugo Dolmestch dictó contra otros catorce ex uniformados que participaron en el operativo, también conocido como Matanza de Corpus Christi.

En tribunales se explicó que como Salas Wenzel comenzó a ser juzgado antes de que se modificara la ley, se le aplicará la cadena perpetua simple, lo que permite a partir de los 20 años de prisión pueda acceder a algún tipo de beneficio.

El máximo tribunal también decidió elevar de 15 a 20 años de prisión la condena contra el ex jefe operativo del organismo represivo Álvaro Corbalán Castilla, quien ya se encuentra cumpliendo prisión por otras violaciones a los derechos humanos perpetrados en la dictadura militar.

En tanto, mantuvo la condena a 10 años de presidio contra el comandante (R) de Carabineros Iván Quiroz Ruiz, mientras que aumentó de 7 años y un día a 8 años de prisión el castigo contra el ex agente de la CNI Enrique Neira Donoso.

Estos cuatro otrora miembros deberán cumplir con su castigo en prisión junto al ex agente Manuel Morales Acevedo, quien inicialmente había sido condenado a tres años de prisión pero la Suprema elevó su castigo a cinco años y un día.

En tanto, los ex agentes Luis Arturo Sanhueza Ross, Rodrigo Pérez Martínez, César Acuña Luengo, Patricio Miquel Carmona y Fernando Burgos Díaz fueron sentenciados a cinco años y un día de prisión, mientras que Eric Silva Reichart recibió una sanción de cinco años de cárcel.

Gonzalo Maas del Valle, José Miguel Morales Morales, René Valdovinos Morales, en tanto, fueron condenados a tres años de prisión, mientras que Hugo Guzmán Rojas recibió un castigo de 541 días de cárcel.

La Suprema también confirmó la absolución de 11 agentes que participaron en los operativos y que ya habían sido exculpados por Dolmestch y la Corte de Apelaciones de Santiago, entre los que se encuentran los ex agentes Kranstz Bauer y Jorge Vargas Bories, al igual que el ex fiscal de Carabineros Luis Acevedo.

En junio pasado, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los parientes de las víctimas alcanzaron un acuerdo de reparación en el que el Fisco se comprometía a pagar una indemnización de $ 300 millones a cada grupo familiar.

Querellantes celebran decisión

El abogado Nelson Caucuto, representante de las víctimas, destacó que esta sea la primera condena perpetua para un militar con grado de general, lo que a su juicio revela "la gravedad de los hechos juzgados y la importancia de este caso".

"Hemos logrado establecer la verdad de lo acontecido y sanciones penales altas, donde hay una condena de presidio perpetuo y también finalmente hay reparación.

En una sola sentencia hemos logrado confluir los tres aspectos que comprende un concepto complejo como es la justicia, los que son la verdad, la sanción penal, y la reparación”, sostuvo.

“Me parece extraordinario haber cerrado este capítulo, con esta sentencias que ha dictado el máximo tribunal”, puntualizó.

El Tribunal Supremo de Chile ratificó, por primera vez en la historia judicial de este país, en un fallo inapelable, una condena a cadena perpetua en contra de un ex jefe de la represión de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) por violaciones a los Derechos Humanos cometidas en ese período.

Se trata del presidio de por vida que deberá cumplir el ex general del Ejército chileno Hugo Salas Wenzel, ex jefe de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), organismo que sucedió a la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), en su calidad de autor de los asesinatos de 12 personas ocurridos entre el 16 y 17 de junio de 1987.

El hecho, que costó la vida a integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), fue conocido como 'Operación Albania' o 'Matanza de Corpus Christi' y se realizó como represalia del oficialismo al atentado que, en septiembre de 1986, había sufrido el ex dictador.

Los agentes de la CNI acribillaron a balazos a las 12 personas, todos menores de 30 años, y simularon un enfrentamiento, el que fuedesmentido por las pruebas presentadas por la defensa de las víctimas.

Salas Wenzel, quien había recibido esta condena en 2005 y a la cual había apelado, deberá ser trasladado en las próximas horas a un recinto militar.

El fallo del Supremo también aumentó en cinco años, a 20, la condena para el otro jefe de la CNI, el civil Álvaro Corvalán Castilla, y sentenció también a 10 años y un día; ocho años y un día; y cinco años y un día; respectivamente, a los ex agentes civiles Iván Quiroz, Emilio Neira Donoso y Miguel Morales Acevedo, y dictó otras penas de entre siete y tres años para los restantes implicados.

Asimismo, tal como figuraba en el fallo original, el Supremo mantuvo la decisión de absolver a otras 11 personas.

24 de Enero 2008 El Mostrador

Dictan nuevos procesamientos por últimos desaparecidos de dictadura

Ministro Mario Carroza encausó a siete ex agentes de la CNI por la desaparición de cinco frentistas, secuestrados en represalia al rapto del coronel Carlos Carreño.

El ministro en visita Mario Carroza sometió a proceso a siete ex agentes de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), por los secuestros calificados de cinco jóvenes militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en septiembre de 1987.

El magistrado encausó por distintos grados de participación en los secuestros de José Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, ocurridos a partir del 1 de septiembre de 1987.

La resolución afecta a Juan Carlos Orellana Morales, Hernán Antonio Vásquez Villegas, Raúl del Carmen Durán Martínez, José Guillermo Salas Fuentes, Marco Antonio Pincheira Ubilla y Jorge Raimundo Ahumada Molina.

En la nómina también figura Iván Quiroz Ruiz, quien permanecía prófugo por el caso Operación Albania y que fue detenido la noche del miércoles.

Según el fallo, los primeros seis ex agentes enfrentan cargos como autores del secuestro calificado de Peña Maltés, mientras que Quiroz enfrenta fue encausado por el mismo caso, además de Pinochet Arenas, Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete y Muñoz Otarola.

La investigación da por probado que los cinco frentistas fueron secuestrados en represalia por el secuestro del coronel Carlos Carreño Barrera, entonces funcionario de la Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae), perpetrado el 1 de septiembre de 1987.

De acuerdo a las pesquisas, los cuerpos de las cinco víctimas fueron arrojados al mar, para lo cual se utilizaron helicópteros del Ejército.

Otros procesados

Antes de dejar el caso y ascender a la Suprema, en mayo de 2007, el juez Haroldo Brito había encausado al general (R) Julio Cerda Carrasco, ex titular del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), y el oficial retirado Fernando Rafael Rojas Tapia, también integrante de la mencionada instancia castrense.

Como encubridores de las desapariciones, en tanto, procesó a Aquiles Navarrete Izarnotegui, Víctor Campos Valladares y Hugo Barría Rogers.

Y en septiembre de 2006, Brito encausó a doce ex agente de la CNI, entre los que se encuentran el general (R) Hugo Salas Wenzel, y sus subalternos el brigadier (R) Álvaro Corbalán Castilla y Krantz Bauer Donoso, como coautores del secuestro de Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete y Muñoz Otárola.

En aquella ocasión, el juez también procesó como coautores de los secuestros de Peña Maltés, Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete y Muñoz Otárola a los ex agentes Manuel Ángel Morales Acevedo, César Acuña Luengo y René Valdovinos Morales.

A ellos se sumaron los ex miembros de la CNI Víctor Ruiz Godoy, Manuel Ramírez Montoya, Luis Sanhueza Ross, Luis Santibáñez Aguilera fueron encausados como coautores de los secuestros de Pinochet Arenas, Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete, y Muñoz Otárola.

Fueron cinco las acusaciones que dictó el ministro en visita Mario Carroza en contra de ex agentes de la CNI por la desaparición de un grupo de militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el último ocurrido durante la dictadura que encabezó Augusto Pinochet.

Entre los acusados están el ex general de Ejército Hugo Salas Wenzel, además del ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán Castilla, y los agentes Kranz Bauer, Arturo Sanhueza Ross e Iván Quiroz Ruz.

Los militantes del FPMR desaparecidos son Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, Manuel Sepúlveda Sánchez, Alejandro Pinochet Arenas y Julián Peña Maltés.
En la acusación presentada por el ministro Carroza afirma que los cinco frentistas fueron detenidos para realizar un canje con el entonces secuestrado teniente coronel Carlos Carreño.

Este jueves se conoció la muerte de Hugo Salas Wenzel, exmilitar que cumplía cadena perpetua por violar los DD.HH. en dictadura. Fue exjerarca de la CNI y responsable de la ‘Operación Albania’, donde se ejecutaron a 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Este jueves, y a la edad de 85 años, falleció el ex militar Hugo Salas Wenzel, quien cumplía cadena perpetua por una serie de violaciones a los DD.HH. durante la dictadura de Pinochet, además de ser exdirector de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), entre 1986 y 1988.

El general en retiro fue sindicado como el responsable de la ‘Operación Albania’, dando la orden de ejecutar a 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en un hecho que fue conocido como “La Matanza de Corpus Christi”.

Por ese hecho, Salas Wenzel, en el año 2005, fue el primer general del Ejército en recibir la pena de cadena perpetua por un caso comprobado de violación a los Derechos Humanos, quedando confinado en el penal de Punta Peuco.

Cabe recordar que la ‘Operación Albania’ ocurrió entre los días 15 y 16 de junio de 1987, cuando en distintos puntos de Santiago, el exgeneral dio la orden de ejecutar a los 12 frentistas.

La dictadura de Pinochet, en ese entonces, calificó el hecho como un ‘enfrentamiento’, con miembros que intentaron asesinar al dictador Pinochet en 1986.

Su deceso se produjo este jueves, producto de una serie de complicaciones médicas, en el Hospital Militar de Santiago.

Álvaro Corbalán Castilla y Hugo Salas Wenzel fueron condenados a penas de 15 años de presidio, en calidad de autores del crimen.

La Corte Suprema condenó a 33 exagentes de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) y del Comando de Aviación del Ejército, por su responsabilidad en los secuestros y desapariciones de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, perpetrados a partir de septiembre de 1987.

En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal acogió el recurso de casación presentado en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, y dictó una sentencia de reemplazo que condena a los agentes: Álvaro Corbalán Castilla y Hugo Salas Wenzel a penas de 15 años de presidio, en calidad de autores en los secuestros calificados.

En tanto, Iván Quiroz Ruiz, Gonzalo Maas del Valle, Raúl Durán Martínez, Luis Santibáñez Aguilera, Víctor Ruiz Godoy, Juan Jorquera Abarzúa, Hernán Vásquez Villegas, Sergio Mateluna Pino, José Fuentes Pastenes, Juan Carlos Orellana Morales, Roberto Rodríguez Manquel, Alejandro Astudillo Adonis, José Salas Fuentes, Heraldo Velozo Gallegos, Marco Antonio Pincheira Ubilla, Jorge Ahumada Molina, José Morales Morales, Ema Ceballos Núñez, Patricio González Cortés, César Acuña Luengo y René Valdovinos Morales, deberán purgar 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autores de los cinco delitos.

Además, los ex agentes Luis Arturo Sanhueza Ross, Manuel Morales Acevedo y Manuel Ramírez Montoya deberán cumplir pena de 5 años y un día de presidio, como autores de los secuestros calificados, mientras quelos agentes Aquiles Navarrete Izarnótegui, Fernando Rojas Tapia, Julio Cerda Carrasco, Marco Antonio Bustos Carrasco, Hugo Prado Contreras y Rodrigo Pérez Martínez deberán cumplir la misma pena, en calidad de cómplices de los delitos. En tanto, Mario Campos Valladares debe purgar 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada. El agente Hugo Barría Rogers fue absuelto de los cargos.

Arrojados al mar

Entre el 9 y 10 de septiembre de 1987 los agentes de la CNI, el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) y el Comando de Aviación del Ejército recibieron instrucciones de detener, sin orden judicial, a cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), en represalia por el secuestro del coronel de Ejército Carlos Carreño, ocurrido el 1 de septiembre de 1987.

Las personas retenidas fueron interrogadas y mantenidas ocultas bajo custodia en el cuartel Borgoño de Quintay, sin intención alguna de ponerlas a disposición de la judicatura respectiva.

Antes de la liberación del Coronel Carreño en Brasil y no siendo posible efectuar un canje, los organismos de seguridad decidieron eliminar los detenidos y, para ello, organizaron un operativo para arrojar sus restos en las costa de Quintay.

Fue destacado por su “vocación profesional” y “reconocido entre sus superiores y subalternos”. Así escribía el jefe operativo de la CNI Álvaro Corbalán en septiembre de 1987 una anotación en la hoja de vida del coronel en retiro después de que participara en la conocida Operación Albania. El militar cumplió condena por su responsabilidad en estos hechos, pero también se hizo de una fortuna por “los premios” que el Ejército le traspasó. Aquí contamos su caso.

El 15 de junio de 1987, Recaredo Ignacio Valenzuela (30), economista de la Universidad de Chile e integrante de la dirección nacional del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) fue baleado a 25 metros de la casa de su madre en la comuna de Las Condes. Su cuerpo se encontró con una pistola y una granada oculta en su chaqueta, fue el escenario perfecto montado por la Central Nacional de Inteligencia (CNI) para fingir un enfrentamiento. A Valenzuela, o “El comandante Benito”, lo seguían desde antes y habían dado la orden de “neutralizarlo”. Dejó un hijo de siete años.

Esa acción fue parte la llamada Operación Albania, también conocida como la Matanza de Corpus Christi, que terminó con doce frentistas asesinados en distintas comunas de Santiago el 15 y 16 de junio de 1987. La CNI, al mando de Hugo Salas Wenzel, había realizado un seguimiento de meses. Fue el golpe más duro al FPMR.

Una de las frentistas asesinadas, Patricia Quiroz Nilo, estaba embarazada.

Emilio Enrique Neira en ese entonces integraba la llamada Brigada Verde de la CNI, encargada de la represión del Partido Comunista, del FPMR y también brigadas antiterroristas. Por su participación en esta matanza, obtuvo la felicitación de Álvaro Corbalán y obtuvo el reconocimiento de sus superiores y subalternos. El “logro” fue destacado en su hoja de vida con fecha de anotación en septiembre de 1987, tres meses después de que participara de la Operación Albania.

Por momentos Emilio Neira era “Eduardo Correa Valenzuela”, el alias o la chapa que ocupó para ocultar su identidad y eludir la justicia. Sin embargo, a pesar de las maniobras con las que intentó evitar su responsabilidad como autor del delito de homicidio calificado de Valenzuela Pohorecky y como autor del delito de homicidio calificado de José Joaquín Valenzuela Levi, la condena fue ratificada por la segunda sala de la Corte Suprema el 28 de agosto de 2007.

Enrique Neira Donoso ingresó a Punta Peuco el 24 de septiembre de 2007 y quedó en libertad el 1 de julio de 2015.

Su nombre volvió a saltar a la palestra ese mismo año, cuando el extesorero y coronel en retiro del Ejército Clovis Montero-una vez encausado- fue entregando mayores detalles de la operación que defraudó al fisco y que en su caso sumaba más de 980 millones de pesos. En una entrevista publicada en The Clinic en 2015 Montero aseguró que con los dineros provenientes de la Ley Reservada del Cobre también se malversaron fondos del presupuesto regular de la Comandancia del Ejército y nombró un caso específico: la compra de un departamento a Enrique Neira Donoso para asegurar su silencio. Montero precisó además  que ese departamento se adquirió mientras el general Carlos Cid Muñoz estaba a cargo de la Dirección de Finanzas del Ejército (DIFE), entre 1999 y 2005.

Neira salió en libertad y retomó su vida, pero lo que se desconocía era la abultada pensión de invalidez que tanto él como otros ex uniformados recibían mensualmente. Se les llamó las pensiones por “enfermedades post traumáticas” y en el caso de Neira ascendía a dos millones seiscientos mil pesos. Su diagnóstico fue “psicosis afectiva”.

El programa Informe Especial reveló ese escándalo en 2017 y se explicó que este tipo de pensiones se les entregan a los militares que sufren accidentes en actos de servicios lo que les impediría seguir cumpliendo funciones, pero como el caso del mismo Neira, algunos se mantenían en actividad laboral en el mundo privado.

De acuerdo a los documentos a los que El Desconcierto tuvo acceso, fue durante esos años, en 2002, que la esposa de Neira, María Cristina Espinoza compró un departamento ubicado en Las Condes por tres mil 630 UF, para esa época cerca de 82 millones de pesos. El departamento fue pagado en una sola cuota a la constructora León Wolf S.A y a la Sociedad Inmobiliaria Dora Tabacman S.A e inscrito en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces el 2002.

Como quedó establecido por la declaración de los formalizados, la entrega de dineros se hacía por maletines para evitar cualquier pista que pudiese dar cuenta del delito.

Neira es un ex agente premiado con dineros estatales malversados al igual que el resto de los oficiales que se beneficiaron con jubilaciones irregulares, pero en este caso se habría sumado la compra de un inmueble. Una investigación que con el tiempo suma nuevos capítulos y procesados. Lo cierto es que se trataría de una gratificación hecha en democracia por el crimen perpetrado en la dictadura.

Para la Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos Alicia Lira (AFEP), estos son “dineros que provienen de la usurpación que han hecho las Fuerzas Armadas con el fin de mantener los pactos de silencio (…) Esas son las maneras que tienen para mantener la información escondida, darles pensiones de forma permanente y beneficios de todo tipo”, comentó.

Agregó que, en el caso de las pensiones, la justicia investiga el traspaso de más de mil millones de pesos a ex agentes, pero que también, a su juicio, deberían conocerse los traspasos de otro tipo de bienes que cumplirían las mismas funciones.

El 2015, Adriana Pohorecky, madre de Recaredo Valenzuela, junto al abogado Cristian Cruz, presentaron una denuncia contra el Ejército ante el ministro en visita Omar Astudillo, según el abogado en ese tiempo el tribunal, lo que ratificó la Corte Marcial, no dio lugar a acoger a tramitación la acción penal en sede judicial castrense.

“Ello no es de extrañar y se hace cada vez más urgente modificar tales situaciones, donde sólo en un porcentaje menor de casos es posible acercarse a verdad y justicia. Recordemos que la instancia superior, Corte Marcial, está compuesta por 5 integrantes, tres de los cuales en los hechos no son Ministros, son paniaguados del Ejército, la Fuerza Aérea y Carabineros, es decir los uniformados son mayoría y no existe la garantía de un adecuado proceso”, comentó a El Desconcierto.

“Existe una cultura en el Ejército, como las demás ramas de las FF.AA. y carabineros, de proteger a los violadores a los derechos humanos, de mal usar los dineros públicos y de perseverar con sus pactos de silencio, favoreciendo así la impunidad y un grado de criminalidad entre algunos mandos y sus cercanos”, concluyó Cruz.

La condena por la denominada "Operación Albania" la cumplía en el penal Punta Peuco, pero el pasado 15 de julio fue internado en el Hospital Militar, donde falleció.

Este jueves se confirmó la muerte de Hugo Salas Wenzel, ex director de la Central Nacional de Informaciones (CNI) condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, a los 85 años.

El oficial en retiro del Ejército de Chile fue condenado a cadena perpetua por su participación en la denominada "Operación Albania", cuando ex agentes de la CNI asesinaron a 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en 1987, en plena dictadura militar de Augusto Pinochet.

Por 2007, la Corte Suprema lo condenó por ser autor de cinco homicidios simples y siete homicidios calificados.

Salas Wenzel se encontraba cumpliendo condena en el penal Punta Peuco, pero el pasado 15 de julio fue internado en el Hospital Militar, lugar donde falleció.

Hugo Salas Wenzel, al igual que Manuel Contreras, es otro ex militar que muere cumpliendo condena.