Ruiz Godoy Víctor Euologio

Ministro Mario Carroza encausó a siete ex agentes de la CNI por la desaparición de cinco frentistas, secuestrados en represalia al rapto del coronel Carlos Carreño.

El ministro en visita Mario Carroza sometió a proceso a siete ex agentes de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), por los secuestros calificados de cinco jóvenes militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en septiembre de 1987.

El magistrado encausó por distintos grados de participación en los secuestros de José Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, ocurridos a partir del 1 de septiembre de 1987.

La resolución afecta a Juan Carlos Orellana Morales, Hernán Antonio Vásquez Villegas, Raúl del Carmen Durán Martínez, José Guillermo Salas Fuentes, Marco Antonio Pincheira Ubilla y Jorge Raimundo Ahumada Molina.

En la nómina también figura Iván Quiroz Ruiz, quien permanecía prófugo por el caso Operación Albania y que fue detenido la noche del miércoles.

Según el fallo, los primeros seis ex agentes enfrentan cargos como autores del secuestro calificado de Peña Maltés, mientras que Quiroz enfrenta fue encausado por el mismo caso, además de Pinochet Arenas, Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete y Muñoz Otarola.

La investigación da por probado que los cinco frentistas fueron secuestrados en represalia por el secuestro del coronel Carlos Carreño Barrera, entonces funcionario de la Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae), perpetrado el 1 de septiembre de 1987.

De acuerdo a las pesquisas, los cuerpos de las cinco víctimas fueron arrojados al mar, para lo cual se utilizaron helicópteros del Ejército.

Otros procesados

Antes de dejar el caso y ascender a la Suprema, en mayo de 2007, el juez Haroldo Brito había encausado al general (R) Julio Cerda Carrasco, ex titular del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), y el oficial retirado Fernando Rafael Rojas Tapia, también integrante de la mencionada instancia castrense.

Como encubridores de las desapariciones, en tanto, procesó a Aquiles Navarrete Izarnotegui, Víctor Campos Valladares y Hugo Barría Rogers.

Y en septiembre de 2006, Brito encausó a doce ex agente de la CNI, entre los que se encuentran el general (R) Hugo Salas Wenzel, y sus subalternos el brigadier (R) Álvaro Corbalán Castilla y Krantz Bauer Donoso, como coautores del secuestro de Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete y Muñoz Otárola.

En aquella ocasión, el juez también procesó como coautores de los secuestros de Peña Maltés, Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete y Muñoz Otárola a los ex agentes Manuel Ángel Morales Acevedo, César Acuña Luengo y René Valdovinos Morales.

A ellos se sumaron los ex miembros de la CNI Víctor Ruiz Godoy, Manuel Ramírez Montoya, Luis Sanhueza Ross, Luis Santibáñez Aguilera fueron encausados como coautores de los secuestros de Pinochet Arenas, Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete, y Muñoz Otárola.

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó sentencia en contra de 33 ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) como responsables de los secuestros calificados de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, ilícitos perpetrados en septiembre de 1987.

En fallo unánime (causa rol 2015-2014), la Undécima Sala del tribunal de alzada capitalino -integrada por los ministros Mario Gómez Montoya, Alejandro Rivera y Carlos Carrillo- confirmó la sentencia dictada, en octubre de 2013, por el ministro en visita para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza. Sin embargo, el tribunal de alzada modificó la cuantía de algunas penas aplicadas y los grados de participación de algunos de los sentenciados por los secuestros de los cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), y que corresponden al último caso de detenidos desaparecidos del periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

En la resolución, el tribunal de alzada ratificó las condenas de 15 años de presidio para los ex oficiales de ejército Hugo Iván Salas Wenzel, director nacional de la CNI y Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla, jefe de la división antisubversiva, a la época de los hechos, ambos en calidad de autores de los ilícitos. Asimismo, se confirmaron las penas de 10 años y un día de presidio para el ex oficial de carabineros Iván Raúl Belarmino Quiroz Ruiz y para el ex funcionario de Investigaciones Gonzalo Fernando Maass del Valle, por su responsabilidad como autores de los delitos.

En el caso de los agentes Raúl del Carmen Durán Martínez (alias "Quepo"), Luis Alberto Santibáñez Aguilera (alias "Pablote"), Víctor Eulogio Ruiz Godoy (alias "Telele"), Juan Alejandro Jorquera Abarzúa (alias "El Muerto"), Hernán Antonio Vásquez Villegas (alias "Pablito"), Sergio Agustín Mateluna Pino (alias "Guatón "rdenes"), José Arturo Fuentes Pastenes (alias "Paja"), Juan Carlos Orellana Morales (alias "El Montón de Letras"), Roberto Hernán Rodríguez Manquel (alias "El Jote"), Alejandro Francisco Astudillo Adonis (alias "Cordero Chico"), José Guillermo Salas Fuentes (alias "Loco Mauri"), Heraldo Velozo Gallegos (alias "Chorombo"), Marco Antonio Pincheira Ubilla (alias "Zapatilla"), Jorge Raimundo Ahumada Molina (alias "Macho"), José Miguel Morales Morales (alias "El Curro de La Cruz"), Ema Verónica Ceballos Núñez (alias "Flaca Cecilia"), Patricio Leonidas González Cortez (alias "Quico"), César Luis Acuña Luengo (alias "Paco Correa") y René Armando Valdovinos Morales (alias "Catanga"), se elevó la pena de 5 años y un día a 10 años y un día de presidio, también en calidad de autores.

En tanto, al ex oficial de ejército Luis Arturo Sanhueza Ross (alias "El Guiro"), el tribunal le mantuvo la pena de 5 años y un día de presidio, por su responsabilidad como autor de los ilícitos. A los agentes Manuel Ángel Morales Acevedo (alias "Bareta") y Manuel Rigoberto Ramírez Montoya (alias "Olafo") se les elevó la pena de 3 años y un día a 5 años y un día, en calidad de autores de los ilícitos.

Para los también ex oficiales de ejército: Aquiles Navarrete Izarnotegui, del Comando de Aviación, Julio Cerda Carrasco, jefe del BIE, y Hugo Aquiles Prado Contreras, jefe de la DINE, y Fernando Rafael Mauricio Rojas Tapia (alias "El Piscola Barata"), y el agente Marco Antonio Bustos Carrasco, de CNI, se dictó condena de 5 años y un día de presidio por su responsabilidad como cómplices de los ilícitos, modificando su participación inicial de encubridores y, consecuencialmente, se les elevó la pena inicial de 3 años y un día de presidio.

En el caso de los ex oficiales de ejército Rodrigo Pérez Martínez, jefe de unidad antiterrorista, y Víctor Mario Campos Valladares, del Comando de Aviación, se dictó pena de 3 años y un día de presidio -con el beneficio de la libertad vigilada- por su responsabilidad como cómplices, cambiándose la participación inicial de encubridores y elevando la pena inicial de 541 días de presidio.

Finalmente, se absolvió en esta causa a Hugo Rodrigo Barría Roger, del Comando de Aviación, condenado inicialmente -como encubridor- a 541 días de presidio.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó sentencia de primera instancia en la investigación que sustancia por los homicidios de Manuel Genaro Flores Durán, de 28 años de edad, y Germán Aníbal Osorio Pérez, de 30 años, ilícitos perpetrados el 19 de abril de 1983, en la comuna de 'uñoa, en Santiago.

Un hermano mayor de Manuel Flores Durán, Sergio Gabriel Flores Durán, junto a María Verónica Cienfuegos Cavieres, ambos militantes del MIR, habían sido asesinados por la CNI en otro episodio de falso enfrentamiento ocurrido en diciembre de 1981 en la comuna de San Miguel.

En la resolución, dictada esta semana, el ministro Carroza condenó a 8 años de presidio a los ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI): Aquiles Mauricio González Cortés, ex coronel de ejército, Víctor Eulogio Ruiz Godoy y Rodolfo Enrique Olguín González, por su responsabilidad en ambos homicidios.

El entonces capitán de ejército, Aquiles González Cortés, alias "El Caracha", ejercía como jefe de la brigada azul, la unidad especialista en represión al MIR, dependiente de la división antisubversiva que comandaba Álvaro Corbalán y que operaba desde el cuartel Borgoño en la capital.

Rodolfo Olguín González, alias "Badiño", ex funcionario de Investigaciones, y Víctor Ruíz Godoy, alias "Telele", ex suboficial de ejército, eran agentes operativos de la mencionada brigada azul.de la CNI.

Según los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, el ministro Carroza dio por acreditados los siguientes hechos:

«El día 19 de abril de 1983, alrededor de las 09:00 horas, Manuel Flores Durán y Germán Osorio Pérez, militantes activos del Movimiento de Izquierda Revolucionario, con ingreso al país en el contexto de la «Operación Retorno», caminaban por calle Villaseca de la comuna de 'uñoa, cuando agentes de la «Agrupación Azul» de la Central Nacional de Informaciones (CNI), como resultado de seguimientos previos, logran situarlos en el sector y forjan un operativo para eliminarlos, mediante el uso sorpresivo de sus armas de fuego automáticas, con las cuales descargaron más de 20 disparos a cada uno de ellos para abatirlos y darles muertes, sosteniendo posteriormente en sus declaraciones prestadas ante la justicia militar que dichas muertes fueron el resultados de un enfrentamiento armado, a consecuencia del ataque sorpresivo sufrido por los agentes cuando quisieron controlar sus identidades, situación que no se infiere de los antecedentes allegados al proceso y por el contrario, ellos demuestran la inevitable evidencia de una eliminación», sostiene la sentencia.

El fallo no deja dudas acerca de la naturaleza criminal del hecho y de la maniobra de falso enfrentamiento. "Las muertes de Germán Aníbal Osorio Pérez y Manuel Genaro Flores Durán referidas en el motivo que precede, atendidas las circunstancias en que fueron originadas, constituyen sendos delitos de homicidio, que han de calificarse con las circunstancias de alevosía y premeditación conocida, debidamente comprobada en autos.

En efecto, la conclusión surge de considerar que la forma de comisión de los ilícitos, ha descubierto un injusto peligroso del obrar, esto es, de ataques sorpresivos a personas que se encuentran impedidas de repeler cualesquier agresión, porque los autores de sus muertes actúan fuertemente armados y de manera intensiva, operando sobre seguro, con gente adecuadamente capacitada para realizar estas acciones, de forma disciplinada y sujetos a un mando militar. No cabe duda alguna entonces, por los antecedentes que se tiene de cómo se desarrollaron los hechos, que los agentes crearon las circunstancias de desprotección, al parecer de forma sorpresiva como lo relata un testigo en cuaderno reservado, para desarrollar exitosamente su intención criminal con armas automáticas de cargadores de 15 tiros, y ello se advierte al haber recibido cada uno de ellos más de veinte disparos.

En atención a la forma como fueron ejecutados, jurídicamente subsumible en criterios de actuar sobre seguro y a traición, ha de concluirse la concurrencia de la informada circunstancia de alevosía en la forma de "actuar sobre seguro".

En cuanto a la premeditación conocida, ésta también es consecuencia de las mismas circunstancias, porque de ella se deriva incuestionablemente que los agentes tenían, al hacer uso de sus armas con la decisión de matar a las víctimas, y por lo mismo, actuaron bajo un plan de ejecución previa, debidamente estructurado y reflexivo, con propósito criminal."

El "Caracha González" aparece reiteradamente involucrado en numerosos episodios de falsos enfrentamientos cometidos durante su período de mando de la brigada azul, entre marzo del 82 y diciembre del 84; incluida su participación criminal en la Operación Alfa Carbón (o matanza de la Vega Monumental) desarrollada en las ciudades de Concepción, Los Ángeles, Temuco y Valdivia en agosto de 1984. Pese a las pruebas y evidencias que lo involucraban, el ministro Carlos Aldana, que sustancia la causa "Vega Monumental", se negó a procesarlo.

El Tribunal de alzada condenó a Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla a la pena de 10 años y un día de presidio, en calidad de autor del delito.

En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a siete ex integrantes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado de Juan Antonio Díaz Cliff, ilícito perpetrado el 18 de abril de 1986, en la comuna de Recoleta.

El Tribunal de alzada condenó a Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla a la pena de 10 años y un día de presidio, en calidad de autor del delito. En tanto, Jorge Enrique Jofré Rojas, Víctor Eulogio Ruiz Godoy, José Guillermo Salas Fuentes y Carlos Enrique Palma López, deberán purgar 5 años y un día de presidio, como coautores.
Los agentes Eduardo Avelino Fuenzalida Pérez y Ema Ceballos Núñez fueron condenados a 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, como cómplices del ilícito.

En la etapa de investigación de la causa, el ministro en visita Mario Carroza estableció los siguientes hechos:

El día 18 de abril de 1986 dos equipos de la Brigada Azul de la Central Nacional de Informaciones (CNI), en ese entonces al mando del agente Krantz Bauer, dirigido uno de ellos por Jorge Jofré Rojas y el otro, por José Salas Fuentes, previo seguimiento y vigilancia al sector de Recoleta, decidieron interceptar a un transeúnte que circulaba por la calle Gabriel Palma de esa comuna -Juan Antonio Díaz Cliff – militante del MIR-, que en ese instante caminaba hacia su domicilio.

En el operativo, dos de los agentes de uno de estos equipos, con la cobertura de dos agentes del otro equipo, bajan de los vehículos que les trasladaban y al ver a Díaz Cliff, extraen armas de fuego y con ellas le disparan al cuerpo, impactándoles en cinco oportunidades, uno de los proyectiles le perfora el pulmón derecho, ocasionándole anemia grave que finalmente le causa la muerte.

En fallo unánime, la Segunda Sala condenó a Álvaro Corbalán Castilla, Jorge Jofré Rojas, Víctor Ruiz Godoy, José Salas Fuentes y Carlos Palma López a 10 años y un día de presidio, en calidad de autores del delito.

La Corte Suprema acogió recurso de casación en la forma y, en sentencia de reemplazo, condenó a siete agentes de la extinta Central Nacional de Informaciones (CNI), por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado de Juan Antonio Díaz Cliff. Ilícito perpetrado el 18 de abril de 1986, en la comuna de Recoleta.

En fallo unánime (causa rol 13.364-2019), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, Roberto Contreras y las abogadas (i) María Cristina Gajardo y Carolina Coppo– estableció error de derecho en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, al acoger la atenuante de irreprochable conducta anterior de los sentenciados.

El máximo tribunal confirmó la sentencia apelada, con declaración que los agentes Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla, Jorge Enrique Jofré Rojas, Víctor Eulogio Ruiz Godoy, José Guillermo Salas Fuentes y Carlos Palma López quedan condenados a 10 años y un día de presidio, en calidad de autores del delito.

En tanto, Eduardo Avelino Fuenzalida Pérez y Ema Ceballos Núñez deberán purgar 5 años y un día de presidio, por su responsabilidad como cómplices.

“Que se ha entendido que la causal de nulidad en examen concurre cuando el vicio consiste en la falta de consideraciones de hecho o de derecho, situación que se produce, de igual manera, cuando entre sí esas consideraciones son contradictorias o se destruyen unas a otras, situación que se advierte del estudio de los antecedentes”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que: “En efecto, la sentencia de primer grado, en su motivo 31°, luego de reconocer la atenuante de irreprochable conducta anterior a todos los acusados, señala ‘sin calificación por no haber mérito para ello’, mientras que el fallo de alzada, que reproduce el del a quo sin eliminar o modificar dicha afirmación, en su basamento 13° expresa lo siguiente: ‘Que dicho lo anterior, no es posible soslayar que los acusados Jofré Rojas, Ruiz Godoy, Salas Fuentes y Palma López eran suboficiales del Ejército, mientras que Ema Ceballos Núñez, administrativo de la Armada en grado de marinero 2°, que fueron destinados a cumplir funciones –cuando ninguno de ellos sobrepasaba los 30 años– a la Central Nacional de Informaciones, organismo en el cual su jerarquía era de subordinados cuya capacidad de resistencia o desobediencia era reducida.
Tratándose de un órgano represor que de manera sistemática incurría en la perpetración de delitos, donde los sentenciados antes individualizados tenían escasas posibilidades para rechazar su comisión o de abstenerse de obrar mal, hay motivos para suponer que la ejecución de este ilícito se vio propiciada por circunstancias extraordinarias que alteraron la capacidad de autodeterminarse y, por ende, es factible ponderar la atenuante de irreprochable conducta que les favorece como muy calificada’”.

Para la Corte Suprema: “(…) al reproducir la sentencia en análisis el motivo 31° del fallo de primer grado, pasa éste a formar parte de aquélla, lo que importa que la misma resolución afirma por un lado que no hay mérito para acoger la calificación de la minorante de irreprochable conducta anterior y, por otro, que sí lo hay entregando razones para así sostenerlo, antinomia que en definitiva priva de fundamento a esta parte del fallo, impidiendo que cualquier ciudadano, y especialmente los familiares de la víctima de autos, pueda comprender el motivo por el cual los sentenciadores acogen la pretendida calificación y aplican la consiguiente rebaja punitiva”.

“Que es manifiesto, entonces, que la sentencia cuestionada contiene motivaciones antagónicas que no pueden coexistir, lo que conduce a la anulación de esos razonamientos, quedando desprovisto el fallo, en lo referido a la calificación de la minorante del artículo 11 N° 6 del Código Penal y la rebaja de un grado de la pena a los acusados, de la fundamentación exigida en el artículo 500 N° 4 y 5 del Código de Procedimiento Penal, con lo cual se configura el vicio de casación formal previsto en el N° 9 del artículo 541 del referido cuerpo legal, vicio que, además, ha tenido influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, pues de no haberse cometido, la pena no podría haberse rebajado en un grado al concurrir en favor de todos los acusados sólo una circunstancia atenuante, razón por la que el recurso será acogido”, concluye.

Por tanto, se resuelve en la sentencia de reemplazo que: “se confirma la sentencia apelada de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, con las siguientes declaraciones:
I.- Que Álvaro Corbalán Castilla, Jorge Jofré Rojas, Víctor Ruiz Godoy, José Salas Fuentes y Carlos Palma López quedan condenados a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa, como autores del delito de homicidio calificado de Juan Antonio Díaz Cliff, cometido el 18 de abril de 1986, previsto y sancionado e el artículo 391 N° 1, circunstancias primera y quinta del Código Penal.
II.- Que Eduardo Fuenzalida Pérez y Ema Ceballos Núñez quedan condenados a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa, como cómplices del delito antes referido.
III.- Que atendido el quántum las penas corporales impuestas, todos los sentenciados deberán cumplirlas de manera efectiva, sirviéndoles de abonos los tiempos que permanecieron privados de libertad y que se les han reconocido en el fallo de primera instancia”.

En la resolución de primera instancia, el ministro en visita Mario Carroza dio por establecido que: “El día 18 de abril de 1986 dos equipos de la Brigada Azul de la Central Nacional de Informaciones (CNI), en ese entonces al mando del agente Krantz Bauer, dirigido uno de ellos por Jorge Jofré Rojas y el otro, por José Salas Fuentes, previo seguimiento y vigilancia al sector de Recoleta, decidieron interceptar a un transeúnte que circulaba por la calle Gabriel Palma de esa comuna –Juan Antonio Díaz Cliff, militante del MIR–, que en ese instante caminaba hacia su domicilio.
En el operativo, dos de los agentes de uno de estos equipos, con la cobertura de dos agentes del otro equipo, bajan de los vehículos que les trasladaban y al ver a Díaz Cliff, extraen armas de fuego y con ellas le disparan al cuerpo, impactándoles en cinco oportunidades, uno de los proyectiles le perfora el pulmón derecho, ocasionándole anemia grave que finalmente le causa la muerte”.