Romo Mena Osvaldo Enrique

Fiscalía Militar resolvió concederle dicho beneficio previo pago de una fianza. Su abogado estudia presentar un recurso de amparo ante la posibilidad que el Ministerio de Justicia y Gendarmería impidan su salida de Punta Peuco. El "Guatón Romo” era ex militante del Partido Socialista y luego colaboró con la DINA. Fue traído al país el 16 de noviembre de 1992, tras haber sido expulsado de Brasil, donde residía clandestinamente desde 1975. El ex agente del organismo de seguridad del gobierno militar fue requerido en numerosos procesos por violaciones a los derechos humanos. Romo está vinculado a la desaparición de la dirigenta del MIR, Lumi Videla, ocurrida en 1974; al secuestro de Alfonso Chanfreau y a la detención de Sergio Reyes Navarrete, desaparecido en 1974, entre otros.

El juez especial Alejandro Solís, con dedicación exclusiva para causas de derechos humanos, sometió hoy a proceso a la cúpula de la ex Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por la desaparición de un decorador en 1974.

El magistrado encausó al ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, al brigadier (r) Miguel Krasnoff, al coronel (r) Marcelo Moren Brito y al suboficial (r) Basclay Zapata.

La resolución del magistrado también incluye al civil Osvaldo Romo Mena.

Se trata del caso del secuestro del decorador Fernando Silva Camus, arrestado por cuatro agentes de la DINA el 27 noviembre de 1974, un día después de que desapareciera su hijo, Claudio Silva Peralta, quien era militante del MIR.

Los aprehensores ingresaron al domicilio del afectado, procediendo a interrogarlo sobre sus actividades laborales y a revisar la documentación relativa a pedidos y datos de clientes, según consigna el sitio Memoriaviva.

Al día siguiente fue enviado a Villa Grimaldi, lugar donde fue visto con vida por última vez.

El abogado de la familia de la víctima, Hernán Quezada, informó que la resolución fue adoptada el 31 de diciembre pasado por la entonces titular del 11 Juzgado del Crimen, Amanda Valdovinos. El ex agente de la Dina Osvaldo Romo Mena fue sometido a proceso por el secuestro de Jorge D'Olival Briceno, quien fue detenido el 31 de octubre de 1974 por el comando Halcón de ese organismo de inteligencia.

Desde que fuera traído a Chile desde Brasil, en 1992, Romo alcanzó a estar procesado en 19 causas de detenidos desaparecidos, pero la mayoría de ellas han sido sobreseídas o amnistiadas. Este ex agente de la Dina estuvo siete años en prisión en tres distintos penales de la Región Metropolitana. Sin embargo, en octubre del año pasado fue dejado en libertad bajo fianza, luego de que fuera absuelto en primera instancia por el juez militar de Santiago, general Adolfo Vásquez Moreno, por el caso de la desaparición de la integrante del MIR Gloria Lagos Nilsson. 
 

Por primera vez, la justicia chilena dictó autos de procesamientos en contra de personas que participaron en el secuestro calificado del sacerdote español Antonio Llidó.

El caso del sacerdote fue uno de los que determinó la detención en Inglaterra del general (R) Augusto Pinochet Ugarte, a raíz de la investigación que llevaba el juez español Baltasar Garzón.

Esta mañana fueron sometidos a proceso como autores del secuestro calificado, nueve ex integrantes de la DINA, incluida su plana mayor.

Los encausados son Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito, Miguel Krasnov Marchenco, Osvaldo Romo Mena, Maximiliano Ferrer Lima, Fernando Lauriani Maturana, Orlando Manzo Durán, Ciro Torré Sáez y Brazclay Zapata Reyes.

El sacerdote Llido fue detenido ilegalmente en octubre de 1974 y visto por ultima vez en el centro de reclusión clandestino de Cuatro Álamos. Agentes de la DINA lo torturaron por ayudar y dar protección a militantes del MIR.

El ministro de fuero, Juan Guzmán Tapia, sometió a proceso a siete militares (r) por el delito de secuestro calificado, por la desaparición de 23 personas en el recinto de torturas de Villa Grimaldi, durante el gobierno militar.

Los ex uniformados son el ex director de la Dina, Manuel Contreras Sepúlveda; el coronel Marcelo Moren Brito; brigadier Miguel Krasnoff; el suboficial Basclay Zapata; el agente Osvaldo Romo; el oficial en retiro de Carabineros, Conrado Pacheco y al agente Pedro Alfaro.

De un abogado de DDHH en Chile, recibimos mas detalles:

Manuel Contreras Sepúlveda por :  Jacqueline Drouilly, César Negrete Peña, Marta Neira, Alfredo Rojas Castañeda, Jaime Vásquez Sáenz, Juan Molina Mogollones, Alej. Avalos Davidson, Sonia Rios Pacheco, Elías Villar Quijón, María Isabel Gutiérrez Martínez, Horacio Carabantes, Fabián Ibarra Córdova, Carlos Rioseco Espinoza, Alfredo García Vega, Abel Vilches Figueroa, René Acuña Reyes, Carrasco Matus, Hugo Rios Videla,Martín Elgueta Pinto, Agustín Martínez Meza, Juan MacLeod, Julieta Ramírez Castro y Luis Palominos Rojas.

Marcelo Moren Brito por todos los anteriores menos Elgueta, Negrete y Neira.

Miguel Krassnoff por Negrete, Neira, Drouilly,Rojas, Vásquez, Molina,Avalos, Acuña, Carrasco, Ríos, Elgueta, Martínez y Palominos.

Pedro René Alfaro Fernández por: Ríos, Villar, Gutiérrez, Carabantes,

Ibarra, Rioseco, García y Vilches.

Basclay Zapata por: Rojas, Vásquez, Molina, Acuña, Carrasco, Ríos, Elgueta y Palominos.

Conrado Pacheco Cárdenas por: MacLeod y Ramírez.

Por primera vez, la justicia chilena dictó autos de procesamientos en contra de personas que participaron en el secuestro calificado del sacerdote español Antonio Llidó.

El caso del sacerdote fue uno de los que determinó la detención en Inglaterra del general (R) Augusto Pinochet Ugarte, a raíz de la investigación que llevaba el juez español Baltasar Garzón.

Esta mañana fueron sometidos a proceso como autores del secuestro calificado, nueve ex integrantes de la DINA, incluida su plana mayor.

Los encausados son Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito, Miguel Krasnov Marchenco, Osvaldo Romo Mena, Maximiliano Ferrer Lima, Fernando Lauriani Maturana, Orlando Manzo Durán, Ciro Torré Sáez y Brazclay Zapata Reyes.

El sacerdote Llido fue detenido ilegalmente en octubre de 1974 y visto por ultima vez en el centro de reclusión clandestino de Cuatro Álamos. Agentes de la DINA lo torturaron por ayudar y dar protección a militantes del MIR.

La Corte Marcial absolvió a Osvaldo Romo Mena, ex agente de la ex Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), en el proceso que se le seguía en su contra por el secuestro y desaparición de Gloria Lagos Nilson, en agosto de 1974.

El tribunal adoptó esta decisión producto de un empate a dos votos entre sus integrantes, con la posición favorable a absolver del representante del Ejército, Hernán Sandoval, y de Carabineros, Angel Sobarzo. En contra votaron los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Solís y Juan González.

Por este caso Romo había sido condenado a 20 años de presidio por la titular del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, Liliana Medina, en julio de 1997.

Sin embargo, esta resolución fue anulada por errores de procedimiento judicial por la Corte de Apelaciones de Santiago y fue remitida a la Fiscalía Militar, que resolvió absolver a Romo, también conocido como el "Guatón Romo", fallo que fue ratificado hoy.

Tras conocer el fallo, el abogado Nelson Caucoto presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema, con el objetivo de que se rectifique la resolución y se condene a Romo por el secuestro de Lagos Nilson, quien estaba embarazada de tres meses al momento de su detención y, además, tenía tres hijos.

 “Ya habíamos escuchado como la justicia militar había liberado de cargos a los violadores de derechos humanos por la vía de la prescripción, la amnistía o la cosa juzgada, y ahora lo hace por una sentencia absolutoria que es nula, porque contiene innumerable viciios del derecho”, aseguró.

En deteriorado estado de salud, y en silla de ruedas, concurrió hasta el Palacio de Tribunales el ex agente de la DINA, Osvaldo Romo Mena, para prestar declaración ante el ministro de fuero, Daniel Calvo.

La diligencia se prolongó por cerca de tres horas y tiene relación con la desaparición de Sergio Tormen Méndez, ex integrante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), ocurrida el 20 de julio de 1974 a manos de efectivos del disuelto organismo represor.

Romo Mena, quien se encuentra detenido en el penal de Punta Peuco, enfrenta diversos procesamientos en causas de derechos humanos, entre las que destacan su responsabilidad como autor de secuestros calificados y desaparición de personas en los centros de detención Villa Grimaldi y Londres 38.

El titular del Primer Juzgado de Crimen de Santiago con dedicación exclusiva en causas de derechos humanos, Joaquín Billard, condenó a diez años y un día de presidio al ex jefe operativo de la CNI Álvaro Corbalán Castilla por el secuestro calificado y resultado de muerte de Juan Luis Rivera Matus, registrado en diciembre de 1975.

Junto a Corbalán, y por la misma pena, fue condenado el ex miembro de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Sergio Díaz López.

En tanto, en calidad de encubridores, recibieron sentencias el jefe del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), Freddy Ruiz Bunger y Carlos Madrid Hayden, a 600 días de pena remitida.

La notificación, para el caso de Corbalán, hecha esta mañana en Punta Peuco. Fuentes allegadas al caso, indicaron que el Ejército habría preferido no trasladado hasta el tribunal, a fin de evitar problemas a raíz de sus últimas salidas.

Juan Luis Rivera Matus fue nombrado en el primer informe de la Mesa de Diálogo, como uno de las víctimas de la represión que había sido lanzada al mar, junto a otras 131 personas. Sin embargo, en 2001 sus restos aparecieron en los terrenos del Fuerte “Justo Arteaga Cuevas”, en Peldehue. Para muchos, este dato echó por el suelo la credibilidad de esta instancia.

Rivera Matus militaba en el PC y era dirigente sindical de Chilectra. Fue detenido el 6 de noviembre de 1975 en la esquina de Santo Domingo y San Antonio, por cerca de cinco personas de civil que lo subieron a un vehículo tipo station wagon Peugeot de color blanco, sin patente.

El mismo día de su secuestro fue interpuesto un recurso de amparo en su favor ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual, como la casi totalidad de las acciones similares interpuestas durante el régimen militar, fue rechazado sin más trámite por el tribunal de alzada, luego de un informe negativo sobre la detención emitido por el Ministerio del Interior. El 26 de mayo de 1976 el proceso había sido sobreseído temporalmente.

Otros casos

Pero ésta no fue la única sentencia dictada por el magistrado. También condenó al ex agente de la DINA Osvaldo Romo Mena, por el delito de secuestro calificado en la persona de Jorge Espinoza Méndez, apodado “Abel” o “Juancho”, cuyos últimos rastros se tienen del 18 de junio de 1974.

Según el informe Rettig, Espinoza Méndez fue sido visto por testigos en el recinto de detención de Londres 38 y desapareció en poder de la DINA, sin que se hayan vuelto a tener noticias de él.

El magistrado también condenó a los ex agentes de la DINA Miguel Krassnoff, Marcelo Moren Brito, Basclay Zapata y Osvaldo Romo a diez años y un día por el delito de secuestro calificado en contra de los ex militantes del MIR Elsa Leuthner, María González, Hernán González y Ricardo Troncoso Muñoz.

El caso de Troncoso Muñoz es particular. Antes de su detención, había permanecido asilado en la Embajada de México en Santiago, desde el 10 de octubre de 1973, hasta el 1 de marzo de 1974, fecha en que abandonó el asilo, desesperado por la tardanza en otorgársele salvoconducto. Quince días después fue detenido por agentes de la DINA.

El magistrado aún investiga el caso de Juan Suil Faúndez, quien fue hecho desaparecer por agentes de la SIFA, a mediados de los setenta. Las otras dos causas que tenía el magistrado, una de ellas por la Operación Colombo, se adjuntaron al expediente que sustancia el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia.

Con las condenas en estos tres casos, se abre el camino a que la Corte Suprema unifique el criterio respecto a la aplicación de la ley de Amnistía. En 1997, cambió el criterio de fallo de la Segunda Sala Penal del máximo tribunal, donde se modificó la aplicación de ese cuerpo legal y se instauró la teoría del secuestro permanente.

La titular del Noveno Juzgado del Crimen de Santiago, Raquel Lermanda, procesó como autores de secuestro calificado a cuatro ex miembros de la cúpula de la disuelta Dirección Inteligencia Nacional (DINA).

La magistrada estimó que existen presunciones fundadas de que miembros de la DINA tienen responsabilidad en la desaparición del mirista Álvaro Barrios Duque, detenido el 15 de agosto de 1974 en su casa, ubicada en la comuna de Conchalí.

La resolución afecta al general (R) Manuel Contreras, ex jefe del organismo represivo, al brigadier (R) Miguel Krasnoff, al coronel (R) Marcelo Moren Brito y al civil Osvaldo Romo.

Nueve ex uniformados fueron procesados en las últimas horas como autores de dos secuestros calificados ocurridos entre 1974 y 1975.

La primera encargatoria de reo fue dictada por la jueza Colomba Guerrero, del Primer Juzgado del Crimen de Puente Alto, quien investigó la desaparición de Juan Manuel Llanca Robas, quien fue visto por última vez en el Regimiento N°2 de Puente Alto en 1975.

En este caso fueron encausados como autores del secuestro el ex comandante del regimiento, Mateo Durruty, y los ex uniformados David Miranda, Pedro Teyssedre, René Cruces y Carlos Canales.

Asimismo la jueza del Octavo Juzgado del Crimen de Santiago, María Inés Collins, sometió a proceso a la cúpula de la DINA por la desaparición de el ex mirista Carlos Cubillos Gálvez, a quien se le perdió el rastro en el centro de detención conocido como Londres 38.

En este caso fueron encausados el general (R) Manuel Contreras, el brigadier (R) Miguel Krassnoff, el brigadier (R) Marcelo Moren Brito y el civil Osvaldo Romo. Estos últimos enfrentan una serie de procesamientos en causas de Derechos Humanos, que están a cargo de distintos jueces.

El abogado Sergio Concha, quien lleva las causas, destacó especialmente la labor de la jueza Guerrero puesto que desde que ella llegó a mediados del año pasado al primer Juzgado del Crimen de Puente Alto hubo un cambio en el desarrollo de la causa de Juan Llanca.

"La causa había estado aproximadamente 10 años en ese juzgado, había habido por lo menos cuatro magistrados que no se habían interesado mayormente por esta causa (…) todo esto fue solucionado cuando llegó la magistrado Guerrero, quien se dedicó a investigar lo que hasta entonces no había sido investigado", afirmó.

Además de la condena civil, el ministro de fuero Alejandro Solís notificó de las condenas penales por el secuestro calificado de Edgardo Cortez Joo, militante del MIR detenido en 1975 y desaparecido de Villa Grimaldi.

Como autores fueron sentenciados en primera instancia Krassnoff, Moren Brito, Romo, Wenderoth y Zapata. A los cuatro primeros se les impuso una pena de 10 años y al último de cinco años.

Por este caso nunca fue procesado el ex jefe de la Dina, Manuel Contreras Sepúlveda, quien aún no ingresa a cumplir condena por el caso de Miguel Ángel Sandoval Martínez, pues en la Corte Suprema continúa pendiente un recurso de inaplicabilidad presentado antes de la sentencia pronunciada hace tres semanas por la Segunda Sala Penal, imposibilitando la dictación del "cúmplase".

Siguiendo el criterio de la Suprema en la causa Sandoval, en el caso Cortez Joo el juez Solís desestimó aplicar prescripción y el Decreto Ley Amnistía por tratarse de un secuestro calificado, de carácter permanente.

El ministro, además, aplicó convenios internacionales. Consignó que "existe unanimidad en la doctrina en cuanto a que la amnistía deberá tener por objeto tan solo delitos políticos o militares, pero limitados a aquellos que no atenten contra los derechos humanos".

Según antecedentes de la Vicaría, el nombre de Edgardo Cortez Joo, apodado "el Chino Rony", casado, un hijo, apareció en una lista de 59 chilenos presuntamente muertos, heridos o evadidos en enfrentamientos con servicios de seguridad argentinos, dada a conocer el 24 de julio de 1975. La madre de la víctima sostuvo un breve intercambio epistolar con la entonces primera dama, Lucía Hiriart, quien le contestó que había enviado los antecedentes a la Dina.

Responsabilidad civil

El abogado querellante, Sergio Concha, fue también quien demandó civilmente a quienes resultaran autores del secuestro.

El profesional, que se encuentra estudiando apelar para que se aumente el monto, explicó que optó por incluirlos como "solidariamente responsables" ya que "por la enormidad de los crímenes que se han cometido, corresponde también que ellos cancelen la indemnización".

Para condenar civilmente a los victimarios, el ministro invocó el artículo 2324 del Código Civil. Tal disposición es aplicada frecuentemente en casos penales comunes, pero en derechos humanos los abogados han optado por dirigir las acciones civiles únicamente contra el Estado.

Concha también incorporó al Estado entre los demandados, pero el ministro Solís se declaró incompetente en esa materia y sostuvo que ella debe ser analizada por tribunales civiles.

El juez estableció que la indemnización por daño moral debe ser cancelada entre los cinco condenados (4 millones de pesos cada uno). Como beneficiaria dejó a la madre, Luisa Faustina Joo.

En uno de los procesamientos que terminó por echar abajo uno de los principales montajes de la pasada dictadura, el ministro de fuero Juan Guzmán encausó a diez ex agentes de la DINA, varios de ellos de su plana mayor, incluido el ex jefe Manuel Contreras, por ocho víctimas desaparecidas en la conocida como Operación Colombo. Este es el segundo encausamiento dictado por el juez Guzmán por este montaje acontecido en 1975, siendo el primero el decretado el 2 de septiembre, cuando el magistrado procesó a 16 ex agentes por 37 víctimas de la Colombo.

Las resoluciones adoptadas por el juez Guzmán en este episodio, constituyen en conjunto el más masivo procesamiento dictado hasta ahora por este ministro, y uno de las que abarca más cantidad de víctimas y encausados en los juicios que se instruyen por violaciones de los derechos humanos.

Los procesados, todos en situación de retiro y declarados reos como autores de secuestro calificado son, además de Contreras, el ex jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA, general César Manríquez Bravo, hermano de Mario, coronel (R) encartado como autor intelectual del crimen de Víctor Jara; el ex segundo hombre de la DINA, brigadier Pedro Espinoza Bravo; el ex jefe de Villa Grimaldi, coronel Marcelo Moren Brito; el ex jefe del recinto DINA Cuatro Alamos, oficial de Gendarmería Orlando Manzo Durán; el ex jefe del grupo Halcón de la DINA, brigadier Miguel Krassnoff Martchenko; el ex jefe del Servicio Secreto de la Dirección de Inteligencia del Ejército y ex miembro de la plana mayor de la DINA, coronel Francisco Ferrer Lima, que cumple condena en Punta Peuco por el crimen del sindicalista Tucapel Jiménez; el ex jefe del recinto DINA Tres Alamos, oficial de Carabineros Conrado Pacheco Cárdenas; el suboficial de Ejército Basclay Zapata Reyes; y el ex agente civil Osvaldo Romo Mena.

Las nuevas ocho víctimas de Colombo son: Aldo Pérez Vargas, Roberto Aranda Romero, Jorge Müller Silva, Modesto Espinoza Pozo, Carlos Pérez Vargas, Carmen Bueno Cifuentes, Rodrigo Ugas Morales y Carlos Gajardo Wolf. Los cinco últimos figuran en la lista de los 119 desaparecidos por este operativo, no así los tres primeros.

El montaje

La llamada Operación Colombo nació en los primeros meses de 1975, cuando la DINA y el propio ex dictador Augusto Pinochet, así como otros de sus ministros militares, comenzaron a difundir informaciones de que el MIR preparaba “guerrilleros” en distintas ciudades argentinas para hacerlos entrar clandestinamente a Chile por pasos fronterizos a combatir el régimen militar. Los diarios El Mercurio, La Tercera, Las Ultimas Noticias y el vespertino La Segunda fueron los encargados de publicarlas.

La cúspide del montaje ocurrió entre los días 17 y 19 de julio de 1975, cuando primeramente el diario brasileño O Dia, de breve tiempo de circulación, informó

El retirado general Manuel Contreras ha sumado otro enjuiciamiento a su expediente en los tribunales chilenos.

 que 59 chilenos habían sido ejecutados en Argentina por sus propios compañeros de izquierda, atribuyendo las muertes a “ajustes de cuentas” políticas. El día 19, la revista argentina Lea, publicó en su único número que lo mismo había ocurrido con otros 60 chilenos, la mayoría del MIR.

En abril de 1975 apareció en un sótano de Buenos Aires el cuerpo destruido por una explosión con un cartel que decía “dado de baja por el MIR”. Se dijo que era el detenido desaparecido comunista David Silberman. Sin embargo, no era él. El 12 de julio de 1975 aparecieron en Buenos Aires otros dos cuerpos baleados y quemados con una leyenda similar. La dictadura informó que se trataba de quienes habían sido dado por desaparecidos en Chile, Jaime Robotham Bravo y Luis Guendelman Wisnik. Lo que también resultó falso.

El 24 de julio de 1975, La Segunda publicó en portada tal vez el titular más representativo del invento: “Exterminados como ratones: 59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina”.

Objetivo y origen de la acción

El objetivo de la Operación Colombo fue hacer creer que decenas de personas, que en Chile sus familiares, abogados y las iglesias daban por detenidos desaparecidos, en realidad habían salido clandestinamente a Argentina a prepararse en guerrillas para regresar a Chile a combatir. Y que en el intertanto afuera se habían ajustado cuentas políticas matándose entre ellos o cayendo abatidos por operativos militares en Argentina, país que vivía la convulsión política y militar en los últimos meses antes del golpe de Estado de marzo de 1976.

En cuanto al origen del nombre Operación Colombo, éste se remite a declaraciones del ex agente civil de la DINA Enrique Arancibia Clavel, quien admitió en Buenos Aires en 1978 -acusado de “espionaje”- que en 1975 llegó a esa capital el agente Raúl Eduardo Iturriaga Neumann (ex jefe del Departamento Exterior DINA y actual general retirado) para hacer aparecer muerto en Argentina a un “subversivo chileno” de nombre “Simelman o algo parecido”. Se trataba de Silberman. Según Arancibia Clavel, Iturriaga le dijo que se trataba de la Operación Colombo en la cual se contó con la colaboración, entre otros, del civil argentino y miembro de la Triple A (Alianza Argentina Anticomunista) Martín Ciga Correa.

Como autores de tormentos y apremios ilegítimos el ministro de fuero, Alejandro Solís, procesó a nueve ex miembros de la plana mayor de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA): el otrora director de la general (R) Manuel Contreras, el brigadier (R) Pedro Espinoza, el mayor (R) Miguel Krassnoff, el coronel (R) Marcelo Moren Brito, y los ex agentes Osvaldo Romo, Basclay Zapata, Gerardo Godoy, Fernando Laureani y Francisco Ferrer Lima.

A todos ellos Solís los responsabilizó de haber torturado a una veintena de presos políticos que estuvieron ilegalmente detenidos en Villa Grimaldi, -cárcel clandestina emplazada en la comuna de Peñalolén, de la que desaparecieron unos 400 presos políticos- durante los años 1974 y 1975.

En el auto de procesamiento, de 50 páginas, se señala que en ese lugar “operaba un grupo de agentes de la DINA (que) aplicaban tormentos (para) recabar información sobre el paradero de otros opositores” a Pinochet.

La mayoría de los procesados actualmente están recluidos en el penal Cordillera, instalado al interior de la Escuela de Telecomunicaciones del Ejército, donde cumplen sentencia por otros casos de violaciones de los derechos humanos

La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó las condenas contra los ex agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el secuestro calificado del militante del Moviemiento de Izquierda Revolucionario (MIR), Manuel Cortés Hoo, en hechos acontecidos en 1975.

En el dictamen se pronunciaron los magistrados Amanda Valdovinos, Haroldo Brito y Carlos Gajardo, quienes ratificaron de esta forma lo resuelto por el ministro de fueron Alejandro Solís en el marco de la investigación del caso Villa Grimaldi.

Los acusados son: Miguel Krassnoff, Marcelo Moren Brito, Rolf Wenderot, Basclay Zapata y Osvaldo Romo Mena.

En el fallo se establece asimismo que por daño moral a los familiares de Cortés Hoo, tanto los condenados como el Estado, deben cancelar una indemnización de 20 millones de pesos.

El ministro de fuero Alejandro Solís procesó por los delitos de secuestro y homicidio a 12 ex agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), incluido su ex jefe, general (R) Manuel Contreras Sepúlveda. Los encausamientos fueron dictados por el secuestro y desaparición de ocho personas y la ejecución de otras seis, cuyos cuerpos fueron posteriormente entregados a sus familiares o abandonados en la vía pública.

Además de Contreras, los otros procesados son el ex segundo jefe de la DINA, Pedro Espinoza; el ex jefe de grupos operativos de ese organismo, Miguel Krassnoff; el ex jefe de algunos recintos de la DINA, oficial (R) de Carabineros, Ciro Torré; el ex jefe del departamento exterior de DINA, Christoph Willikie; el ex agente de la DINA y de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Francisco Ferrer; el ex jefe del recinto de Villa Grimaldi y ex jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA, Marcelo Moren Brito; el ex integrante del grupo Halcón de la DINA, Basclay Zapata; el ex jefe del grupo Vampiro de la DINA, Fernando Lauriani; el ex agente civil Osvaldo Romo; el ex jefe del recinto de Cuatro Álamos y oficial (R) de Gendarmería, Orlando Manzo Durán, y el oficial (R) de Carabineros e integrante de grupos operativos de la DINA, Gerardo Godoy.

Los ex agentes fueron procesados por la responsabilidad que les cabe en el destino final de las siguientes víctimas: Sergio Pérez Molina, Iván Olivares Coronel, Jaime Ossa Galdames, Gustavo Ramírez Calderón, Julio Flores Pérez, Herbit Ríos Soto, Iván Monti Cordero, y Sergio Lagos Marín, todos ellos fueron secuestrados y hechos desaparecer, sin que hasta ahora se sepa que ocurrió exactamente con sus cuerpos.

Embajada de Italia

Además, los encausamientos fueron dictados por los homicidios calificados de Lumi Videla Moya, Pedro Labra Saure, Alberto Gallardo Pacheco, Catalina Gallardo Moreno, Mónica Pacheco Sánchez y Luis Ganga Torres.

La situación represiva sufrida por Lumi Videla, militante del MIR, fue conocida por la opinión pública porque el 4 de octubre de 1974 su cadáver fue arrojado por sobre la pared al interior de la Embajada de Italia. Aunque la prensa de la época atribuyó la muerte a rivalidades entre los asilados en el recinto diplomático, la verdad es que Lumi Videla había muerto el día anterior por efecto de las torturas a que fue sometida en la cárcel clandestina de la calle José Domingo Cañas en Ñuñoa.

Asimismo Alberto y Catalina Gallardo, Mónica Pacheco y Luis Ganga, fueron hechos aparecer como muertos en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad supuestamente ocurrido en Rinconada de Maipú al mediodía del 19 de noviembre de 1975. Pero la investigación judicial de los últimos años estableció que fueron asesinados por agentes de la DINA, y sus cuerpos trasladados al lugar donde fueron encontrados.

El ex agente de la DINA Amador Fuentes Salas, de chapa “Hernán Galleguillos” entrevistado por La Nación en 2003, declaró que estas personas fueron sacadas ya muertos desde Villa Grimaldi, y que el falso enfrentamiento fue grabado en exclusiva para Televisión Nacional por el periodista Julio López Blanco.

La resolución del ministro Alejandro Solís deberá ser ahora revisada por una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de que las respectivas defensas de los ex agentes apelen de los encausamientos.

Varios de los procesados, entre ellos Contreras, Moren, Krassnoff y Ferrer, se encuentran ya cumpliendo condenas de presidio por su responsabilidad en la muerte o desaparición de otras víctimas.

Una nueva condena sumó el ex director de la DINA, general (r) Manuel Contreras, ya que el ministro Joaquín Billard dictó sentencia en un caso de secuestro calificado fijando una pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo.

La resolución se basa en el proceso por el plagio de los deportistas Sergio Tormen Méndez y Luis Fajardo, desaparecidos el 20 de junio de 1974.

Igual sanción recibió el brigadier (r) Marcelo Morén Brito, en su calidad de jefe del centro de detención "Londres 38", mientras que el agente civil de la DINA, Osvaldo Romo Mena enfrenta una condena de cinco años y un día de presidio.

Tanto Contreras como Moren Brito fueron notificados hoy del dictamen en el Penal Cordillera.

En un fallo unánime, la Segunda Sala de la Corte Suprema anuló la

aplicación de la Ley de Amnistía que había dejado sin efecto las condenas a los ex miembros de la DINA sindicados como responsables del secuestro de la militante del MIR Diana Arón.

El tribunal firmó hoy la esperada resolución mediante la cual deja sin efecto el fallo que a comienzos de junio 2005 absolvió de cargos al general Manuel Contreras, y a los ex agentes Marcelo Moren Brito, Pedro Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff y Osvaldo Romo aplicando el polémico decreto de Ley de Amnistía.

De esta manera quedan vigentes las condenas de primera instancia que había dictado en contra de los ex DINA el ministro de fuero Alejandro Solís, quien investigó la situación de la periodista del MIR.

El fallo fue redactado por el ministro Enrique Cury, que integró la sala junto a los magistrados Alberto Chaigneau, Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez y Rubén Ballesteros.

Aunque aún no se conoce el texto de la resolución, que se presume extenso, si se sabe que algunos magistrados hicieron breves prevenciones.

Esta es la segunda condena por secuestros que la Corte Suprema deja a firme en contra de la cúpula de la DINA. A fines del 2004 el Máximo Tribunal ratificó la sentencia en el caso del también mirista Miguel Ángel Sandoval.

En un fallo unánime, la Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó la condena que pesa sobre el ex agente civil de la DINA Osvaldo Romo Mena, por el secuestro calificado del militante del MIR Jorge Espinoza Méndez.

En la resolución, el máximo tribunal rechaza el recurso de casación presentado por la defensa de Romo en el que solicitaba se aplicara la amnistía y la prescripción a su favor.

Sin embargo, la Segunda Sala, rechazó el recurso y ratificó la tesis de que el secuestro es un delito permanente. "Que de los referidos hechos no es posible desprender, como pretende el recurrente, que Espinoza Méndez no hubiera sobrevivido a su cautiverio ni menos aún que a junio de 1974 estuviera muerto", señaló la corte.

Junto con ello, insistió en que "desde la privación de libertad de Espinoza Méndez se desconoce su paradero, de manera que no puede concluirse que haya cesado el curso de consumación del delito de secuestro por el cual ha resultado condenado".

Espinoza Méndez tenía 24 años y era estudiante de Filosofía de la Universidad de Chile cuando fue detenido el 18 de junio de 1974 por agentes de la DINA.

La condena a siete años a Romo, dictada en primera instancia por el Primer Juzgado del Crimen y confirmada por la Corte de Apelaciones y ahora por la Suprema, es la segunda que queda ejecutoriada en contra del ex agente.

La primera sentencia en su contra que quedó a firme es la que se le impuso por su participación en el secuestro calificado de la periodista del MIR Diana Aron.

El ministro Juan Eduardo Fuentes dictó ayer una nueva condena contra el general (r) Manuel Contreras, como autor del secuestro calificado de los militantes del MIR Cecilia Bojanic Abad y Flavio Oyarzún Soto, detenidos en Santiago el 2 de octubre de 1974.

Por el mismo delito, el juez dictó igual pena contra el ex agente civil de la Dina Osvaldo Romo; y condenó a cuatro años sin beneficios a los ex oficiales Francisco Ferrer Lima, Marcelo Moren Brito, Miguel Krassnoff y Fernando Laureani.

El único ex Dina que obtuvo la libertad vigilada fue Orlando Manzo, quien recibió una pena de 3 años como cómplice.

En tanto, en un fallo dividido la Sexta Sala de la Corte condenó a nueve ex miembros del Comando Conjunto por "asociación ilícita genocida", por haberse organizado para perseguir y exterminar a personas que pudieren "sustentar ideología marxista", a quienes recluyeron en la Academia de Guerra Aérea.

El tribunal procesó, además, a tres miembros del organismo en calidad de coautores del delito de ilegítima privación de libertad del dirigente de la CUT, José Luis Baeza Cruces.

El ministro de fuero Alejandro Solís dictó una nueva condena de hasta quince años y un día contra la cúpula de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el secuestro calificado de Herbit Guillermo Ríos Soto, registrado el 3 enero de 1975.

Las máximas sentencias dictadas por el magistrado recayeron en contra del general retirado Manuel Contreras Sepúlveda, otrora director del organismo represivo, y el brigadier retirado Miguel Krassnoff Martchenko.

En tanto, a diez años y un día de prisión fueron condenados el brigadier (R) Pedro Espinoza Bravo, el teniente (R) Fernando Lauriani Maturana, el coronel (R) Marcelo Morén Brito, el mayor (R) Rolf Wenderoth Pozo, el suboficial (R) Basclay Zapata Reyes, y el agente civil Osvaldo Romo Mena.

Solís también condenó a cinco años de cárcel al teniente coronel retirado Francisco Maximiliano Ferrer Lima, y absolvió al carabinero en retiro Orlando Manzo Durán.

Ríos Soto, estudiante de pedagogía en Historia y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido el 3 de enero de 1975 en el domicilio de un compañero, tras lo cual fue trasladado al centro de detención de Villa Grimaldi.

En un nuevo fallo que desestima la Ley de Amnistía y la prescripción la Sala Penal condenó cuatro integrantes de la Brígada Caupolicán de la Dina por el secuestro de cuatro integrantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria

(MIR) en agosto de 1974 y que fueron sacados desde un departamento en el centro de Santiago.

La Corte Suprema ratificó una condena de 10 años y un día de presidio a los integrantes de la Brigada Caupolicán de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por la desaparición de cuatro militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) ocurrido en agosto de 1974.

En fallo unánime la Sala Penal confirmó la pena dictada en contra del coronel (R) Marcelo Moren Brito, el brigadier (R) Miguel Krassnoff Martchenko, el suboficial (R) Basclay Zapata y el agente civil Osvaldo Romo Mena por los secuestros calificados de Ricardo Aurelio Troncoso Muñoz, Hernán Galo González Inostroza, María Elena González Inostroza y Elsa Victoria Leuthner Muñoz, Reyes, quienes fueron el 15 de agosto de 1974 por distintos puntos de la capital.

El fallo ratificó el dictamen del ministro de fuero Joaquín Billard Acuña dictado en abril de 2004 y que no había sido modificada por la Corte de Apelaciones de Santiago, aplicando una vez más en el criterio del máximo tribunal del país de acoger los Convenios de Ginebra para los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en la dictadura y desestimando de ese modo las figuras de la amnistía y la prescripción.

“No es dable que los mismos que se asilaron en las ventajas que les concedía la referida declaración de estado de guerra, establecido por el único instrumento legislativo disponible luego de haberse producido el quebrantamiento de la institucionalidad constitucional vigente hasta entonces, pretendan ahora desconocer su valor para ignorar las sanciones que a las transgresiones de las leyes de tal estado y los cotos que a la autoexoneración respecto de ellas imponen los Convenios de Ginebra y los otros instrumentos internacionales ya entonces en vigor sobre la materia”, dice el fallo redactado por el ministro Jaime Rodríguez Espoz y que tiene más de 70 carillas y 90 considerandos.

Agrega que “si valiéndose de la superioridad de la fuerza se consagró un estado de guerra para facilitar la lucha contra los que se oponían al gobierno militar, hay que estarse también a las consecuencias que se siguen de haber vulnerado la normativa que regulan los conflictos bélicos en relación con el tratamiento de los combatientes, a los que ya no se podía considerar como delincuentes comunes y, mucho menos, hacer víctima de represiones brutales como aquella de que dan cuenta los antecedentes de este proceso”.

De los sentenciados sólo el suboficial Zapata, conocido como El Troglo, no se encuentra cumpliendo prisión por alguna condena anterior por violaciones a los derechos humanos, por lo que una vez que los expedientes sean remitidos a primera instancias deberá ingresar a uno de los dos recintos penales especiales para militares que se ubican en la Región Metropolitana.

Ricardo Aurelio Troncoso Muñoz, Hernán Galo González Inostroza, María Elena González Inostroza y Elsa Victoria Leuthner Muñoz, Reyes fueron detenidos el 15 de agosto de 1974 en un allanamiento realizado por agentes de la DINA en el departamento ubicado en calle Bueras 172, Departamento D de Santiago y conducidos a los recintos de reclusión de Londre38 y Tres y Cuatro Álamos desde donde se les perdió el rastro.

El caso de Troncoso Muñoz es particular. Antes de su detención, había permanecido asilado en la Embajada de México en Santiago, desde el 10 de octubre de 1973, hasta el 1 de marzo de 1974, fecha en que abandonó el asilo, desesperado por la tardanza en otorgársele salvoconducto. Quince días después fue detenido por agentes de la DINA.

Ofelio Lazo fue detenido en julio de 1974 por efectivos comandados por el agente Osvaldo Romo, uno de los integrantes del organismo afectados por fallo de ministro Juan Eduardo Fuentes.

 Una nueva condena contra agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) dictó el ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar por el secuestro de Ofelio de la Cruz Lazo Lazo.

El magistrado sentenció al ex director del organismo Manuel Contreras y al agente civil Osvaldo Romo a cinco años de presidio, mientras que los colaboradores Miguel Krassnoff y Marcelo Moren recibieron tres años y un día de reclusión.

Ésta es la 15ª condena que afecta a Contreras, quien ya suma 159 años de reclusión por distintos casos de abusos durante la dictadura militar.

Lazo Lazo, carpintero y militante del Partido Socialista (PS), fue detenido el 30 de julio de 1974 por efectivos comandados por Romo, que llegaron hasta su casa en la comuna de Pudahuel cerca de las 1:00 horas.

Posteriormente, se logró establecer que esa misma noche desde su casa Ofelio Lazo fue conducido por el grupo de agentes de la DINA hasta el domicilio de su amigo y ex compañero de trabajo Eduardo Alarcón Jara, a quien detuvieron a las 02:30 horas.

Esa misma noche los agentes detuvieron en su domicilio en la localidad de Peñaflor a Gumercindo Machuca Morales, hasta allí los aprehensores llegaron con Ramón Núñez Espinoza a quien habían detenido el 25 de julio de 1974 y con Lazo, recuerda Memoria Viva.

Sala Penal del máximo tribunal volvió a dictar sentencia contra cinco ex agentes de la disuelta DINA por un caso de detenido desaparecido. De los ex militares sentenciados a presidio efectivo, el único que se encuentra en libertad es el coronel retirado Rolf Wenderoth Pozo, que en los próximos días deberá ingresar al Penal Cordillera.

La Corte Suprema dictó una nueva condena en contra de cinco ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), aplicando la figura del secuestro calificado de un detenido desaparecido. Una decisión que llega en medio de las críticas de militares en retiro y parlamentarios de la UDI a la lógica de los tribunales en los casos por violaciones a los derechos humanos, luego de la fuga del general retirado Raúl Iturriaga Neumann.

La Sala Penal del máximo tribunal sentenció a 10 años y un día de reclusión al agente civil Osvaldo Romo Mena por el caso del detenido desaparecido Manuel Cortez Joo, y rebajó a cinco años y un día de reclusión las sentencias a Miguel Krassnoff, Marcelo Moren Britoy Rolf Wenderoth, que habían sido sentenciados a la mismas pena de Romo Mena.

Considerando la colaboración que prestó en el proceso, también se disminuyó de cinco años y un día a tres años y un día de presidio remitido la sentencia para el suboficial en retiro Basclay Zapata Reyes, conocido como “El Troglo”.

El fallo de los ministros Alberto Chaigneau, Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez Espoz y los abogados integrantes José Fernández y Fernando Castro no entra en un análisis profundo de la figura del secuestro calificado y sólo se limita a rebajar las sentencias, considerando que Krassnoff, Moren Brito y Wenderoth están favorecidos por la atenuante de la irreprochable conducta anterior.

En el aspecto civil el dictamen hace un profundo análisis, ya que rechaza la demanda que habían presentado los familiares por daño moral y el tema debe ser analizado por la justicia civil y no junto a la sentencia penal rechazando el pago que se había ordenado solidariamente al Fisco y los 5 sentenciados a pagar $ 20 millones de pesos a los familiares de la víctima.

Los últimos días los pasó inconsciente en el hospital de la Penitenciaría de Santiago, en estado terminal por una diabetes progresiva. Escribía sus memorias ilusionado de que un día fueran un libro. La Nación tiene el manuscrito con las cien primeras páginas.

Murió Osvaldo Romo. Quizás el ser más detestable de los últimos cincuenta años de la historia de Chile. Surgió desde la nada por la traición y la delación y saltó al “estrellato” en la represión durante la dictadura. Aunque civil y de origen humilde, se codeó con los grandes de la DINA y tuvo don de mando. Porque Romo sabía mucho. Conocía al revés y al derecho la historia y estructura del Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR, y su gente y eso le abrió las puertas del “éxito”. El antiguo militante socialista y líder poblacional de Peñalolén durante el gobierno de Salvador Allende, tenía la llave del cuarto donde para la dictadura se escondía un tesoro: la información suficiente para golpear al MIR, uno de los enemigos más odiados por Pinochet y su régimen.

Los últimos meses transcurrieron para Romo en estado terminal, con una diabetes avanzada y progresiva que le fue deteriorando el organismo. La última semana permaneció sin conciencia en el hospital de la Penitenciaría de Santiago.

“Lo haría igual, y peor aún. Y no dejaría periquito vivo. ¡Todo el mundo pa’ la jaula! Ese fue un error de la DINA, yo se lo discutí hasta última hora a mi general (Manuel Contreras). ¡No deje a estas personas vivas!”, fue lo que declaró en una entrevista en 1992, luego que regresó a Chile expulsado desde Brasil.

Después, ya preso en Chile, en los últimos años empezó a negar lo malo que fue y trató de acercarse a sus víctimas. A los muertos y a los vivos, buscando el perdón, pero siempre desde la dicotomía, admitiendo y negando.

Cómo Osvaldo Romo Mena, el “Guatón Romo”, llegó desde la izquierda a convertirse, más que en un colaborador, en uno de los agentes más sanguinarios que violó mujeres y torturó de propia mano, nunca quedó muy claro. Pero así fue. Antes del golpe militar, desde el partido socialista emigró con la fracción que formó la Unión Socialista Popular (Usopo), de la que fue candidato a regidor y diputado.

En su historia quedó marcado el día que en el sector Nueva Habana de la población Lo Hermida, enfrentó a Allende por la muerte de un poblador.

Con la DINA Romo asestó golpes fundamentales a la estructura del MIR. Son decenas los miristas que detuvo y desaparecieron. En esta tarea contó con la ayuda insustituible de “La Flaca Alejandra”, Marcia Merino Vega, mirista detenida que también traicionó a los suyos y se convirtió en una agente colaboradora.

No existe certeza de qué manera Romo se salió de la DINA para irse a Brasil el

16 de octubre de 1975. Lo claro es que no huyó y lo hizo con el permiso y apoyo de sus amos.

Un documento histórico

En enero de 2006 llegó a las manos de La Nación un documento que ahora con la muerte de Romo pasó a ser historia. Son cien páginas escritas por el mismísimo “Guatón” Romo, de puño y letra, con buena caligrafía pero de redacción y ortografía endiablada. Se trata de lo que Romo quiso que fuera la primera parte de sus memorias. En su edición del 26 de febrero de 2006, La Nación Domingo publicó la crónica “Romo, desde la tinieblas”, basada en estos relatos.

“A mis amables lectores, debo dar inicio a este escrito con bastante cariño y devoción. Hoy yo llego a empañar los cristales de mi lente (sic) que son los que ayudan mi visión, esto es porque llego a las lágrimas de un hombre duro, pero que tengo a pesar de que me las quiera dar de lo que muchos me dijeron de mi que era duro pero hoy me pongo en posición de poder yo recordar (sic)”. Así comienza su manuscrito.

Repite con insistencia que no fue malo y busca el perdón de sus ofendidos.

Incluso les habla “desde el alma”. Al relatar un episodio en que en Villa Grimaldi torturan y matan a los miristas Alejandro de la Barra Villarroel (El “Nano”) y su esposa Ana María Puga Rojas, el ex agente escribió

recordándolos: “Deben estar juntos en la otra vida. El Nano, en honor a la verdad, debe estar mirando la luna, y debe mirar a la Anita María pensando que está dormida, linda como una diosa”.

Cuando, vencido por su enfermedad en los últimos años, Romo comenzó a colaborar con los jueces, el Ejército le quitó los 200 mil pesos mensuales que le daba, dinero que el ex agente enviaba a Brasil para su esposa Raquel González Chandía y sus cuatro hijas y un hijo.

Historial de un torturador

Osvaldo Enrique Romo Mena: Run: 3.674.948-2 Nació en Santiago el 20 de abril de 1938. Casado, padre de Miriam, Rosa Inés, Tania, Marcia y Simón Osvaldo.

Pasa su niñez en Puente alto y su adolescencia en Recoleta. Es detenido por hurto en 1957. El 61 cae por robo de vehículo y Julio Rada, un avispado detective, lo transforma en su soplón.

En tiempo de la UP aparece como dirigente poblacional de la USOPO en Lo Hermida, concretamente del Campamento “Lulo Pinochet” donde fue conocido como el "Comandante Raúl". Cuando el Gobierno lanza su cacería a los "elenos" en agosto de 1972, tratan de capturar Héctor Prieto Cayupil en ese sector con gran despliegue de efectivos, lo que provoca una batalla campal, donde muere un poblador.

El impacto político de esta acción represiva, lleva a Salvador Allende a presentarse en el sector, lo que es aprovechado por Romo para increparlo públicamente, lo que lo catapulta a las primeras páginas. Allende para aclarar los hechos, forma una comisión integrada entre otros … por Romo y el Subcomisario Rada Jiménez, quién guarda silencio sobre los antecedentes del guatón y lo presiona por información.

En 1973, la USOPO lleva a Romo, de candidato a diputado por Llanquihue.

En los allanamientos masivos posteriores al Golpe, Romo es detenido y llevado a la Escuela Militar. En ese lugar lo reencuentra Rada, que concurre como adjunto de Baeza a una reunión para recuperar a los ratis detenidos en La Moneda, Rada Jiménez lo saca de la Escuela y lo lleva al subterráneo de General Mackena para que les sonsaque información a los otros detenidos. Realiza esta innoble tarea con singular éxito entre el 22 de sept. y el 21 de diciembre de 1973, cuando es liberado.

En premio a sus servicios lo contrata “para la misma función” el interventor militar de MADECO, Jaime Deichler Guzmán, hermano del oficial DINA Augusto Patricio. En mayo de 1974, en razón de su conocimiento de la gente del MIR, es reclutado por la DINA y lo incorporan a la Brigada Caupolicán, dónde por sus características sicopáticas fue el brazo derecho de Miguel Krassnoff. Su nombre aparece como aprehensor en numerosos casos de detenidos-desaparecidos. Conocido por su trato inhumano, pervertido y cruel hacia los presos políticos.

Por estar demasiado “quemado”, Espinoza lo saca el 16 de julio de 1975, para Brasil con su familia. En 1992 es detenido en Mogi Guazu (pueblito cerca de Sao Paulo) por el Prefecto Luis Henríquez y su equipo del Depto. V de Investigaciones y extraditado a Chile. Fue inicialmente recluido en la Penitenciaría, luego lo tuvieron junto al "Fanta" en Colina II y finalmente lo llevaron a Punta Peuco.

Al anular la Justicia Militar, la condena de 20 años por la desaparición de Gloria Lagos Nilsson, este criminal pudo recuperar su libertad el 6 de octubre del 2000 y abandonar Punta Peuco. El 2001, la presión de sucesivas querellas lo lleva de vuelta a la Penitenciaría de Santiago. El 02 de septiembre de 2004, El Juez Guzmán lo proceso (junto a otros 15 próceres mas) por el secuestro calificado de 34 víctimas de la Operación Cóndor.

En el proceso por la desaparición de la inolvidable Diana Frida Aarón, Romo ingresó como “rematado” el 14 de junio de 2006.

El 27 de abril, el Ministro Solís condena a Osvaldo Romo en calidad de autor del delito de secuestro calificado cometido en la persona de Sergio Humberto Lagos Marín, a contar del 7 de febrero de 1975, a sufrir la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio.

Recluido en Punta Peuco hasta abril de 2007, en que por su deterioro físico lo trasladaron nuevamente al hospital de la Penitenciaria. Fallece en este lugar a las 04:45 del miércoles 4 de julio de 2007. Su cadáver permanece en ese lugar durante un tiempo… porque no hay un familiar que lo retire.

El Cementerio General de Santiago fue desalojado en la tarde de ayer para trasladar los restos de Osvaldo Romo Mena, ex agente civil de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina), a su tumba definitiva en el patio 135, donde sólo una cruz blanca enterrada en la tierra lleva su nombre y fecha de nacimiento.

Sin ceremonia ni familiares, y acompañado sólo por un sacerdote que asistió por "caridad", Romo fue sepultado dos veces: pasadas las 10:30 horas, sus restos fueron depositados temporalmente en un sepulcro de la Congregación de las Hijas de la Caridad, y más tarde, cerca de las 18:45 horas, fue llevado a una sepultura definitiva en el patio 135 del camposanto.

En ambas oportunidades, el religioso siguió los restos del ex Dina sin decir palabra alguna.

Por la mañana, a bordo de un furgón, el féretro de Romo fue trasladado desde la funeraria del Hogar de Cristo hasta el cementerio. Llegó sólo junto a personal de servicio.

"Podrían no haber venido, esto no significa nada para ustedes", reclamó el sacerdote a la prensa. "No les comentaré más, es un acto de caridad", agregó quien sólo fue reconocido como el padre Julio.

La ausencia de familiares redujo el tiempo normal que demora un sepelio, y transcurridos veinte minutos, éste ya se había acabado.

Desde ese momento y hasta el traslado vespertino, una pareja de carabineros de civil resguardó la sepultura de Romo.

El director del Cementerio General, Tulio Guevara, explicó que las hermanas de las Hijas de la Caridad costearon el primer sepelio del ex agente, fallecido a los 69 años en el hospital penitenciario. Sin embargo, no se refirió a quiénes gestionaron la remoción que más tarde ubicó a Romo en otra sepultura.

Por la tarde, personal del Cementerio descubrió la tumba, y junto al padre Julio y los carabineros de civil mudaron el féretro hasta la tumba 538, entre las calles Los Retamos y Los Maitenes.

Al cierre de esta edición no se registró ningún tipo de manifestación contraria al ex agente.

La Nación tuvo acceso exclusivo al último intercambio epistolar entre el ex agente de la DINA y su familia que vive en Brasil, a través del cual anuncian acciones contra el Estado chileno.

“Yo lo amo. Usted es mi padre. Pero siento vergüenza de que haya sido un torturador. Yo pensaba que usted sería igual que el Che Guevara, pero me llegaron noticias tristes. Que usted mató, que usted torturó. ¿Por qué tantas mentiras? Yo siento vergüenza de usted”. En un acto piadoso, uno de los reos internados en el Hospital Penal de la Ex Penitenciaría de Santiago, uno de los tantos a los que le pidió que le leyera las cartas que le llegaban de su familia, prefirió omitirle a Osvaldo Romo Mena esa parte de la carta que la menor de sus hijas, Marlene, le envió a mediados de mayo pasado desde Mogi Guazú, Brasil.

Pero el otrora hombre fuerte de la Población Lo Hermida conocía bien a la joven, su preferida, y por eso sabía que había algo más. Y, a las pocas personas que lo visitaban, una monja, un sacerdote, un pastor evangélico y otros reos hospitalizados, les pedía que una y otra vez le leyeran la carta.

Hasta que alguien le dijo la verdad.

A esas cartas tuvo acceso exclusivo La Nación y a varios testimonios que grafican cómo fueron los últimos días de este siniestro personaje de la historia reciente de Chile.

Postrado en la cama 8 del recinto asistencial, conectado a un monitor cardíaco, alimentado con suero y deshaciéndose involuntariamente de sus heces y orina a través de una sonda que terminaba en una bolsa que colgaba de su cama, el “Guatón” Romo no pudo con la pena y comenzó a morir de a poco. Lentamente.

Una carta de su hija, a la que después se sumó una segunda misiva un poco menos dura, pero igual de enjuiciadora, logró vencer a uno de los más feroces torturadores de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). “Lo mató la pena.

No soportó que su hija favorita se avergonzara de él”, dicen hoy quienes lo vieron morir la semana pasada.

Dejó de tener apetito y sólo recibía suero. Ya no quería comer ni las papillas que le daban. También dejó de escribir las breves notas que, con mucha dificultad, sus dedos atrofiados le permitían trazar para comunicarse, casi con monosílabos.

Hedía. El olor de su pieza era insoportable, incluso para el gendarme que, de punto fijo, tenía que vigilar a un reo que no podía moverse.

Días buenos y malos

Después de conocer el contenido de la carta, lejos quedaron los días en los que relataba algunas de las torturas que había presenciado, “porque siempre negó haber participado”.

Claro que, en sus días “buenos”, se jactaba de haber hecho lo correcto. Y, tal como lo dijo en la recordada entrevista concedida a Univisión en 1995, lamentaba que haya habido opositores a la dictadura que hayan sobrevivido a las torturas y a las detenciones ilegales.

Esa insolencia, sin embargo, se reducía a cero cuando tenían que tomarle los niveles de glicemia, debido a su diabetes. El insignificante pinchazo de la máquina que mide el nivel de azúcar en la sangre lo aterrorizaba. “Es que me acuerdo de cuando torturábamos, de cuando torturaban -se corregía- y, sobre todo a las mujeres, empezábamos enterrándole palos de bambú en los dedos o sacándoles las uñas”, les decía a los paramédicos.

Sin embargo, Romo tenía miedo también de salir en libertad, dicen en el penal.

Creía que si salía al medio libre lo iban a matar. Marlene, al parecer, compartía los temores de su padre. Y, en la última carta que le envió a Chile, le pedía que hablara.

“Use lo que sabe. Use la verdad”, le decía la mujer de 34 años, que dejó de verlo a los 17, cuando fue ubicado en Brasil y expulsado desde ese país para ser trasladado a Santiago, donde debía enfrentar a la justicia.

Una de las últimas conversaciones que sostuvo fue con uno de los religiosos que lo visitaba, a quien expresó su dolor por no poder solucionar los problemas económicos de su familia, abandonada en Brasil.

En todo caso, en sus cartas, sus hijas le anunciaban que demandarían al Estado chileno por haberlas privado de estar junto a él durante 17 años, y por permanecer aún en condición de ilegales, situación que tras su muerte quedó abierta.

La condena se refiere al caso del desaparecido carpintero Ofelio Lazo.

Manuel Contreras fue condenado a cinco años de prisión.

La Corte Suprema ratificó penas de prisión para el general retirado Manuel Contreras, ex jefe de la policía secreta de Augusto Pinochet, y otros dos ex oficiales como autores del secuestro calificado de un opositor al régimen militar, informaron fuentes judiciales.

El fallo definitivo de la II Sala Penal del máximo tribunal condenó a Contreras, otrora jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), a cinco años de prisión, mientras el ex coronel Marcelo Moren Brito y el ex brigadier Miguel Krasnoff Marchenko fueron sentenciados a permanecer tres años en la cárcel.

El caso se refiere al carpintero Ofelio de la Cruz Lazo Lazo, de 43 años, militante del Partido Socialista y vinculado al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), detenido en su domicilio de Santiago por agentes de la DINA el 30 de julio de 1974.

El mismo grupo de agentes, comandados por el civil Osvaldo Romo, uno de los peores torturadores, detuvo ese día a varios conocidos y compañeros de trabajo de Lazo Lazo, desaparecidos desde entonces, al igual que este.

Sus nombres, sin embargo, figuraron en la "Operación Colombo", un montaje de la dictadura para encubrir la desaparición de 119 opositores, en su mayoría miembros del MIR, a quienes se intentó mostrar como caídos en luchas internas de ese movimiento, que opuso resistencia armada a la dictadura.

El caso fue investigado en primera instancia por el juez Juan Eduardo Fuentes, que el 15 de julio del año pasado dictó el fallo de primera instancia, ratificado el 2 de octubre siguiente por la VIII Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Los tres represores se encuentran actualmente en prisión, donde cumplen condenas por otros procesos de violaciones a los derechos humanos, entre ellas dos cadenas perpetuas en el caso del general Contreras.

En la parte civil del caso, la Corte Suprema acogió una demanda por perjuicio y condenó al Fisco a pagar una indemnización de 100 millones de pesos a dos hijos de  Ofelio de la Cruz Lazo Lazo.

Todo lo que queda del ex agente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) Osvaldo Romo, está en una caja de cartón que lleva años arrumbada en la oficina del juez Alejandro Solís. Los actuarios la llaman “los cachureos del Guatón Romo”. Adentro hay cientos de hojas sueltas escritas a mano, plagadas de faltas de ortografía y una veintena de cuadernos de tapas de colores –cuadernos de niños– llenos con la misma letra abigarrada. Romo los escribió en los siete años que estuvo preso en Punta Peuco. Todos los escritos tratan de lo mismo: recuerdos dispersos sobre el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y sus militantes a los que persiguió y ayudó a masacrar. Reflexiones a veces delirantes y otras veces salvajes, mezcladas con ataques de culpa. Entre líneas se respira el pánico que tuvo a morir en la cárcel.

Sobre Agustín Reyes, militante del MIR de 23 años, detenido el 27 de mayo de 1974 y a quien Romo llevó al centro de tortura Londres 38, el ex agente escribió: “no puedo olvidarlo”. Dice que era un hombre con “garra como mirista”, que tenía “la postura de un buen soldado aguerrido y valiente”. A Ramón Martínez, miembro del Comité Central del MIR, y a quien Romo detuvo y trasladó herido de bala al centro de tortura Villa Grimaldi, le pide que le guarde “un puesto en tu ejército de la otra vida, tú designa cuál”.

Al morir en 2007, Romo cumplía condena por el secuestro calificado de siete miembros del MIR hoy desaparecidos (Jorge Espinosa, Ricardo Troncoso, Diana Arón, Manuel Cortes Joo, Hernán González, María Elena González y Elsa Leuthner). Según los datos del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, desde 1992 –cuando Romo fue arrestado en Brasil y deportado a Chile- el ex agente arrastraba procesos como autor de 34 secuestros calificados, coautor de 22 secuestros calificados y autor de 14 casos de tortura.

Una insuficiencia cardíaca acabó con Romo. Su cuerpo ocupó el nicho 32 del Cementerio General y sus textos fueron a parar a la caja de los cachureos. Nadie fue a despedirlo al cementerio y la fotografía de su ataúd en un carro, arrastrado por un único enterrador, sin cortejo, sin familia ni camaradas, sin los homenajes de los que se sirvieron de su trabajo, es el retrato de la más completa soledad y de la forma cómoda en que una parte de la sociedad chilena espera que desaparezca esta pavorosa parte de nuestra historia.

La caja con los escritos de Romo la heredó Basclay Zapata, El Troglo, otro feroz agente de la DINA que cumplía condena en Punta Peuco y con quien el Guatón Romo trabajó en tres centros de tortura: Londres 38, Villa Grimaldi y José Domingo Cañas. Zapata tiene un prontuario tan vasto como el de Romo: tres condenas como cómplice de cuatro secuestros calificados, siete condenas como autor de 12 secuestros calificados y una condena como cómplice de un homicidio calificado. Entre sus procesos pendientes figura uno como coautor de 46 secuestros calificados y otros 12 casos de tortura en Villa Grimaldi.

El juez Alejandro Solís le incautó la caja a El Troglo mientras investigaba “Villa Grimaldi”, pensando que podía haber algo que lo ayudara a esclarecer las desapariciones ocurridas en aquél temido recinto. Pero no. Lo que quedó ahí era la conversación de Romo con sus fantasmas.

Dentro de esa caja hay una agenda del año 2003 que tiene en la portada la cara del ratón Mickey. Romo la usaba como diario de vida. Cada día copiaba el santoral y las temperaturas máximas y mínimas. Cuando le traían mantequilla y té no olvidaba anotar ese acontecimiento. También los días en que debía ir a declarar por alguno de sus crímenes. Y están sus notas de los fines de semana, en los que esperaba una visita y no llegaba nadie. El resto son páginas en blanco. Solo las temperaturas y los santos permiten notar que ha transcurrido un día. Las jornadas en blanco probablemente las pasaba escribiendo los cuadernos donde habla con sus fantasmas.

19 de enero: No vino nadie. La Sra. Paty me dijo que venía. No-no-no.

21 de marzo: comienzo del otoño. San Eugenia y Clementina.

2 de mayo: Fui al 8 juzgado. Careo con la Sra. Periodista del (MIR) Gladys Armijo (Gladis Díaz) que realizó acusaciones fuertes en contra de mí. San Atanasio.

29 de junio: no vino nadie. Colo-Colo 3 / U. de Concepción 2. River Plate Campeón de Argentina. 5°C – 18 °C. San Pedro- San Pablo.

16 de julio: hoy falleció Celia Cruz de Cuba a los 78 años. 3°C- 17°C. Nuestra Señora Del Carmen.

“Don Osvaldo se sentía traicionado por los militares. Decía que estaba preso por ellos, que él no debería estar preso. A uno que siempre le tuvo mucha rabia era al coronel Marcelo Moren Brito. Él sabía que no iba a durar mucho en Punta Peuco y no quería morir ahí”, dice Víctor Varas, un ex militar y enfermero de Gendarmería.

18 de septiembre: buena comida- almuerzo bueno. Carne y Ensalada. Tedeum- Nunca más, el Cardenal. Repitió las palabras de Cheyre. 9°C-17°C. Fiestas Patrias.

19 de septiembre: Día del Ejército. 8°C-19°C

30 de septiembre: Salí 9° juzgado Sra. Raquel Lermanda sobre dos miristas. Uno vivo me vino acusar de que yo lo torturé- el jefe gordo. Creo que fue el equipo de los gordos, no yo. 10°-24°c. San Gerónimo.

11 diciembre: desocupan tres piezas llega gente. Me comunicaron que esta concedido el permiso del teléfono de Brasil. 11°-29°C. San Dámaso.

13 de diciembre: fue detenido Sadam Hussein 12°C-29°C Sta. Lucia- Aurora.

24 de diciembre: 43 años casado. 12°C- 31°C. Sta. Adela.

Ese año, 2003, se cumplieron 30 años del Golpe de Estado, el momento en que Osvaldo Romo se comenzó a transformar en el feroz criminal que terminó siendo. En su agenda, el 11 de septiembre sólo anotó: “No salí. Doctor Cosme: peso 86,400. Glicemia 138. 4C 22C. Orlando – Rolando”. Al final agregó tres lugares de Santiago, que tal vez tengan algo que ver con lo que hizo ese día: “En Lo Hermida. La Pincoya. Estadio Víctor Jara”. Nada más.

Las palabras de la filósofa Hannah Arendt, escritas a propósito del criminal nazi Otto Adolf Eichmann, se respiran en cada línea de la cotidianeidad de Romo: “Lo más grave en el caso de Eichmann es que hubo muchos hombres como él, y que estos hombres no fueron pervertidos ni sádicos, sino que fueron, y siguen siendo, terrible y terroríficamente normales”.

Aunque esperamos que en los criminales la maldad deje un rastro fácilmente reconocible, lo cierto es que la capacidad de hacer mucho daño a otros puede ser algo que personas comunes y corrientes hagan solo en sus ocho horas de trabajo y pensando en que sólo se trata de sus obligaciones laborales. El mal, sugiere Arendt, tienen una gran capacidad de encarnarse en las vidas banales.

«NO PUEDO OLVIDAR A ESTOS VALIENTES»

La mayoría de las páginas escritas por Romo en la cárcel hablan sobre el MIR, el movimiento fundado en 1965 y al cual Pinochet ordenó eliminar. Sus miembros -estudiantes y trabajadores de 20 a 30 años- comulgaban con el “derrocamiento del sistema capitalista” según reza la declaración de principios. Querían reemplazar el sistema por un gobierno de obreros y campesinos, cuya tarea fuera reconstruir el socialismo “y extinguir gradualmente el Estado hasta llegar a la sociedad sin clases”. Para lograrlo el MIR declara en sus principios que es necesario “un enfrentamiento revolucionario de las clases antagónicas”. De ahí que la DINA se preocupará durante los primeros años del golpe, de hacer desaparecer a sus miembros a los cuales Romo conocía bien.

Antes de ser agente de la DINA, Romo militó en la Unión Socialista Popular (USOPO), encabezada por Raúl Ampuero y se convirtió en dirigente revolucionario de la mítica Población Lo Hermida, donde llegó a emplazar al propio Salvador Allende. Desde allí estableció estrechos lazos de confianza con los dirigentes del MIR que hacían trabajo político en las poblaciones. Entonces nadie se habría imaginado que el “Comandante Raúl”, como le decían a Romo, sería capaz de saltar a los 36 años de un bando a otro después del Golpe y transformarse en el verdugo de sus amigos. Muchos de los jóvenes hoy desaparecidos fueron delatados, detenidos y torturados por él. La traición fue, sin duda, un capítulo de la dictadura que Romo escribió en primera persona. Todavía no queda claro por qué lo hizo.

En una declaración del 2001 que dio en tribunales a propósito de su rol en la desaparición de la periodista y militante del MIR, Diana Arón, Romo se refirió a ella como una mujer “encantadora” a quien había conocido en 1969 en “una toma de terrenos de La Bandera”. Años más tarde, a esta misma mujer que en ese momento estaba embarazada, Romo la detuvo para llevarla al centro de torturas Villa Grimaldi. Pero antes, según dicen los testigos en el proceso, le propinó unos disparos mientras ella escapaba de los agentes de la DINA; tal vez pensando en ese maldito día en que conoció en La Bandera al camarada que la hizo desaparecer.

La traición de Romo -si es que la traición puede entenderse- es una de las menos digeribles. Tiene un sabor distinto a la de Marcia Merino, ex militante del MIR, que luego de ser brutalmente torturada por la DINA terminó colaborando con ellos. Romo, en cambio, no fue forzado a entrar al infierno. Él vio la puerta abierta y quiso cruzarla. En el libro “Confesiones de un Torturador” de la periodista Nancy Guzmán, se relata que a días del Golpe, Romo fue detenido y llevado a la Escuela Militar donde iba a ser fusilado.

Julio Rada, un funcionario de investigaciones, lo reconoció pues lo había interrogado años antes por el robo de un auto. Rada se dio cuenta de que podía usarlo. Lo llevó a un cuartel de la policía. “Si quieres salvarte debes colaborar”, le dijo. Lo puso en una celda donde había detectives sospechosos de ser de izquierda y Romo delató a los policías.

Poco después, seguramente recomendado por Rada, el interventor militar de Madeco, Jaime Deichler, integrante de la red DINA en Buenos Aires, lo contrató para que hiciera lo mismo en esa empresa, la que financió parte de la planilla de colaboradores de la DINA. Su reguero de sangre se hizo conocido. Y en 1974, el oficial Miguel Krasnoff reclutó a Romo para que integrara la agrupación “Halcón I” de la DINA, cuyo objeto era aniquilar al MIR. Fue un año y medio sangriento; toda la carga criminal de la que se lo acusa la acumuló entre 1974 y 1975, año en que finalmente los servicios de seguridad del régimen militar decidieron enviarlo a Brasil con una beca de por vida.

“Una insuficiencia cardíaca acabó con Romo. Su cuerpo ocupó el nicho 32 del Cementerio General y sus textos fueron a parar a la caja de los cachureos. Nadie fue a despedirlo al cementerio y la fotografía de su ataúd en un carro, arrastrado por un único enterrador, sin cortejo, sin familia ni camaradas, sin los homenajes de los que se sirvieron de su trabajo, es el retrato de la más completa soledad”.

El detective Luís Henríquez, que lo capturó en Brasil en 1992, recuerda que la DINA se vio obligada a enviar al ex agente al extranjero. “Romo cometió errores y dejo varias huellas” explica. Luego de las detenciones, Romo volvió varias veces a las casas de los familiares de los militantes del MIR secuestrados a pedirles comida y dinero para los presos. En esas visitas, Romo obviaba un dato esencial: ya estaban desaparecidos.

-Romo era un delincuente -subraya Henríquez.

Como algunos familiares lo conocían de sus tiempos de militante de izquierda, escribieron su nombre cuando estamparon las denuncias por las desapariciones en tribunales. “Sólo un juez se atrevió en 1975 a dictar una orden de detención en contra de Osvaldo Romo, la que nunca se cumplió. Eso fue lo que alertó a la DINA y lo que finalmente motivó que lo enviaran a Brasil, uno de los países que en ese entonces pertenecía a la Triple A, la Liga Anticomunista”, dice Henríquez.

En un peritaje psiquiátrico de 2003, Romo habló sobre su misión en la DINA. La diligencia médica está anexada en el expediente por el homicidio de Lumi Videla, una importante dirigenta del MIR asesinada por la DINA en 1974, durante una sesión de tortura mientras estaba detenida en el Cuartel Ollagüe, cuyo cuerpo fue arrojado luego a la embajada de Italia. Romo le dijo al psiquiatra Roberto Araya, que aceptó colaborar con la dictadura con la condición de que «no cayeran inocentes» y de «minimizar las bajas». Según transcribió el siquiatra, “su labor era confeccionar un ‘mapa’ y delatar a cada miembro del MIR y aclarar el organigrama de este grupo. Se excusa diciendo que él no mató a nadie y que el MIR había buscado ese destino previamente”.

La descripción de su ingreso a la DINA como una hazaña heroica, contrasta con el relato que hizo en 1995 frente a las cámaras de la cadena Univisión de la forma -con lujo de detalles- en que les aplicaba corriente a los detenidos para hacerlos hablar. En un país donde algunos no saben cómo llamar al periodo dónde Romo era uno de los miles de agentes operativos, sus frases pueden aclarar el punto: «Se les amarra y se les ponen perros metálicos en la vagina, en los pezones, en la boca y en los oídos, y se les da vuelta la máquina. Se les moja un poquito para que sea más fuerte el primer golpe y hablen rápido…”

El Romo de las declaraciones es descrito en la ficha médica como un obeso mórbido, enfermo de diabetes. Un hombre común de 64 años que «camina aparatosamente, arrastrando los pies». El siquiatra no observa rasgos de demencia: “Habla de sí mismo con deleite, a sabiendas de haberse transformado en un personaje histórico (¿mitológico?). Su actitud también demuestra una convicción de privilegio ante la ley y una seguridad excesiva en su impunidad”.

En 1992, la jueza Dobra Lusic, que investigaba la desaparición del militante del MIR Alfonso Chanfreau Oyarce, detenido el 30 de julio de 1974, logró ubicar a Romo en Brasil y consiguió que fuera deportado. Era uno de los primeros procesos por violaciones a los derechos humanos que se investigaba en democracia. Y Romo uno de los primeros agentes en ser detenido. Su familia se quedó allá. Romo creía que en Chile tendría el apoyo del Ejército. Pero él no era militar. Y pronto entró a cumplir condena a la cárcel pública de Colina como un reo especial, pero reo al fin. Sólo su abogado Enrique Ibarra -coronel (r) del Ejército e integrante del equipo jurídico de esa institución- lo visitaba. Entonces fue cuando se hizo amigo de Víctor Varas, un ex militar y enfermero de Gendarmería.

Varas se refiere a Romo como “Don Osvaldo”.

-Don Osvaldo se sentía traicionado por los militares. Decía que estaba preso por ellos, que él no debería estar preso. A uno que siempre le tuvo mucha rabia era al coronel Marcelo Moren Brito, su jefe en la DINA. Él se portó muy mal con Don Osvaldo, nunca le tendió una mano. Y él me decía: “Ubique al coronel Moren Brito”. Lo llamé muchas veces por teléfono y al final, nunca hizo nada. Don Osvaldo quería que lo fuera a ver y que lo ayudara a salir de la cárcel a causa de su enfermedad, porque él sabía que no iba a durar mucho y él no quería morir ahí. Él quería irse con su familia a Brasil -contó Víctor Varas a CIPER

Hasta que llegó el minuto en que Romo decidió entregar en tribunales los nombres de los miembros de la DINA. Tal como lo hizo en los ’70, volvió a delatar. Los jueces y policías consultados por CIPER concuerdan que Osvaldo Romo se convirtió en una pieza clave para resolver muchos casos de desaparecidos y ejecutados. El 21 de enero de 1999 declaró en el proceso por la desaparición de Luis Dagoberto San Martin e identificó a Ciro Torré, un ex agente operativo de la DINA: “Estuvo en la Venda Sexy, era oficial y llevaba detenidos a Villa Grimaldi”.

También aportó a la investigación por la Operación Colombo, como se llamó a la detención, tortura y desaparición de 119 personas, mayoritariamente del MIR, que la DINA (usando medios de comunicación extranjeros) hizo parecer asesinados por sus propios camaradas. Romo declaró ante el juez Juan Guzmán que uno de los 119, Teobaldo Tello Garrido, fue detenido y muerto en Villa Grimaldi por Marcelo Moren, el jefe que lo olvidó. (Moren hoy está recluido en el Penal Cordillera cumpliendo 21 condenas por secuestros calificados y homicidios que suman 103 años de presidio).

Romo también acusó a Manuel Contreras, el jefe del aparato represivo que obedecía e informaba a Augusto Pinochet, de las desapariciones de: Luis Gajardo Zamorano, Sergio Tormen, Manuel Ramírez Rosales, Jorge Elías Andrónico Antequera, Jacqueline Binfa, Carlos Cubillos Gálvez y Luis Fernando Fuentes, entre otros.

“La mayoría de estas detenciones fueron programadas por un organismo que se denominó Dirección Nacional de Inteligencia con la sigla DINA, que estaba a cargo del entonces coronel Manuel Contreras Sepúlveda y como subjefe está Pedro Espinoza Bravo, quien fue reemplazado en octubre de 1975 por Raúl Iturriaga Neunmann. La DINA tenía centros de funcionamientos denominados José Domingo Cañas u Ollagüe a cargo de Marcelo Moren Brito y Maximiliano Ferrer Lima; Londres 38 o Yucatán a cargo de Eduardo Nekelmann y Gerardo Urich; y Villa Grimaldi o Terranova, a cargo de Cesar Manríquez Moyano, Benyerot y Patricia Almuna. La DINA operaba con dos grandes grupos, el grupo Caupolicán a cargo de Marcelo Moren Brito y el grupo Tucapel, de cuyo jefe no recuerdo el nombre”.

Así como antes había hecho un mapa del MIR, Romo entregó a la justicia un mapa de la DINA.

A partir de entonces algunos ex agentes se acercaron a Osvaldo Romo, quien había sido trasladado a Punta Peuco el 2000. En la caja de los cachureos hay una lista con las visitas que Romo recibió el 24 de febrero de 2007: Ricardo Lawrence Mires y Eduardo Neckelmann Schultz, ambos ex miembros de la DINA. Lawrence pertenecía la Brigada Lautaro y Neckelmann, según lo declarado por Romo, estuvo a cargo de Londres 38. A Lawrence de poco le valió esa reunión. En 2008 fue condenado como coautor del secuestro calificado de Ariel Santibáñez, militante del MIR. A la fecha está procesado como autor de dos homicidios calificados, coautor de 46 secuestros calificados correspondientes a la Operación Colombo, además del proceso donde el sobreviviente Félix Lebrecht lo sindica como autor de su detención ilegal.

Los últimos años de encierro, Romo estuvo casi todo el tiempo solo. A veces lo iban a ver una monja y también Patricia Obando, la esposa de Víctor Varas. Enemistado con los otros presos y transformado en el peor monstruo de la dictadura, el antiguo poblador de una precaria casita de Lo Hermida, describía aquellos militantes del MIR que masacró:

“Yo hoy quiero preguntar, el porqué Los Mataron. Estos jóvenes que eran profesionales, que eran Idealistas yo podría hasta decir que ellos podían ser fanáticos con los pobres del campo y de la ciudad, en todos los centros de trabajo del país. Ellos están todos hoy muertos, esto porque ellos tenían vínculos con personal uniformado de todo Chile, esto fue un trabajo sucio, de los elementos que pensaron con la cabeza torpe que solo tenía musculo, ellos no tenían Postura ni Conducta, ellos no saben que es el arte y que es la ciencia, y al final que ética profesional, yo no puedo olvidar a estos valientes, a ninguno de ellos que tenían gran talento y tenían virtud en la sangre» (Las mayúsculas corresponden al texto de Romo)

Son páginas delirantes, en las que parecen fundirse el miedo, la soledad, la culpa y los fantasmas.

Traición, brutalidad y horror. Eso evoca el nombre de Osvaldo Romo. Murió en 2007, preso en Punta Peuco, acosado por la diabetes, problemas cardíacos y su historial de crímenes en la DINA. Dejó varios procesos judiciales abiertos y una caja de cartón con 48 cuadernos en los que puso sus recuerdos, fantasmas y obsesiones. Desde 2012 esos textos están bajo custodia de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. Debido a que Romo incurrió en falsedades e inexactitudes, incorporó crudos detalles de torturas y utilizó un relato en que él pareciera no tener culpa, el acceso a los textos es restringido para evitar la difusión de antecedentes que puedan revictimizar. Por la misma razón, aunque CIPER tuvo a la vista las más de 2.500 páginas, no las publicará. No obstante, los cuadernos tienen un valor: muestran en detalle el complejo sistema de terror de la dictadura. A 50 años del golpe, eso es lo que recoge este artículo.

“¿Saben? Yo estoy haciendo esto porque quiero hoy decirles a todos que todo esto obedece a un pedido de un joven que era macho combatido (sic), que era una visita de mi casa por años. Tengo que agregar y además decir que era un joven bastante estudioso, un buen alumno (…). 

“Recuerdo que un día llegué y, al entrar al cuartel de la DINA, un guardia que no era estable, un pelao que venía determinados días, me dijo que un joven elemento había llegado baleado y herido de muerte desde la clínica a la que llevaban a los detenidos, la Santa Lucía. Que quería verme y hablar conmigo. Fui adentro y había un guardia cuidando al detenido herido, frente a la sala de parrilla. Él estaba en una camilla que era baja, en la entrada del cuartel de la famosa y triste Villa Grimaldi (…) había sido baleado por personal del equipo Águila, todos funcionarios de Carabineros (…) Recuerdo que fue él quien me hizo este pedido, moribundo y con lágrimas en los ojos. Me dijo: ‘Negro, trata de escribir todo esto para que no quede en el olvido. Tú lo puedes hacer, mi viejo, porque a ti te gusta escribir. Hazlo, mi viejo querido, cómo ha pasado todo esto, cómo sucedió; escríbelo como es, por favor. Yo recuerdo cuando escribiste del Colo Colo del año 1941, que fue invicto campeón’.

“Me acuerdo de que esto fue antes de que a él lo mataran adentro de la Villa Grimaldi. Fueron los últimos días en que el jefe del sector era don César Manríquez Bravo, quien poco después le dio la orden al cabo de Ejército don Mario Leyton Roble, que era del Regimiento Ferrocarrileros de Puente Alto, de eliminar a ese joven que era del MIR. Estaban también ese día detenidas la señora Amanda (sic) Jeria y la hija de ella, Michelle Bachelet Jeria”.

Osvaldo Romo Mena, el torturador, el traidor que se cambió de bando y se convirtió en uno de los más brutales ejecutores de los horrores de la dictadura de Augusto Pinochet, escribe esto a mano y con lápiz pasta negro en un cuaderno universitario, mezclando fantasías y datos reales, mientras pasa sus días en la cárcel de Punta Peuco. Es febrero de 2003, a meses de cumplirse 30 años del Golpe de Estado, o al menos esa es la fecha que anotó en la parte interna de la tapa. El relato lleva por título “Pienso que es bueno recordar, porque esto es volver a vivir”. 

Allí también cuenta muy escuetamente que el ’73 vivía una época tranquila y feliz con su esposa y cinco hijos en la Población La Faena, frente a Lo Hermida, en Peñalolén. Aunque dice que “todo era respuesta ‘no hay’, nada para comer”, asegura que le daba para “vivir mucho más de lo normal”. Y que el 11 de septiembre de ese año fue un día triste. Que al par de semanas cayó detenido y que lo llevaron a distintos lugares, que lo torturaron y que así estuvo hasta diciembre. Que en mayo del ’74 se puso a trabajar con el Ejército a pedido del teniente coronel Roger Vergara Campos, entonces director de la Escuela de Inteligencia. Que trabajaba con tranquilidad, “muy compartimentado y también sigiloso”, juntando datos sobre todo lo que conocía y sabía del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

Era un delator, un sapo. 

En sus cuadernos asegura que tenía un supuesto informante y que en mayo del ’74, cuando éste cayó detenido en el cuartel de Londres 38, llegó a la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA. Cuenta que ese día, a inicios de 1975, fue emboscado por el equipo Águila, un grupo operativo de la DINA a cargo del entonces capitán de Carabineros Ricardo Lawrence Mires, también conocido como el “Cachete Grande”. En la interna, a ese grupo le decían “Los Gordos”.       

El relato es sólo uno de muchos que Osvaldo “el Guatón” Romo escribió en 48 cuadernos, algunos incompletos o con apenas algunas hojas, a modo de memorias. Lo hizo en los últimos años que estuvo en prisión, hasta su muerte en el Hospital Penitenciario la madrugada del 4 de julio de 2007 por su insuficiencia cardiaca y diabetes. Al igual que su cadáver, que nadie reclamó, los archivos quedaron arrumbados en la caja de cartón junto a otros documentos en la oficina del exmagistrado Alejandro Solís, quien investigaba causas por violaciones a los derechos humanos ocurridas en Villa Grimaldi. El contenido de la caja era conocido entre los actuarios como “los cachureos del Guatón Romo” y así los presentó un reportaje de CIPER, el primero sobre los cuadernos, de 2012 . Ese mismo año, los escritos fueron cedidos íntegramente en comodato por el Poder Judicial a la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, para su resguardo y protección. 

La corporación estableció un protocolo para la consulta de los textos, debido a que su contenido puede provocar la revictimización de los familiares de los asesinados, porque los cuadernos contienen datos no comprobados, inexactitudes y falsedades, además de que su autor relata los hechos casi como un espectador que se desliga de su responsabilidad en los crímenes. Por la misma razón, CIPER, aunque tuvo acceso a estos archivos, no los incorporó a la plataforma de búsqueda de documentos “Papeles de la Dictadura”. Sin embargo, los cuadernos de Romo tienen un valor periodístico y de interés público: constituyen un relato sobre el interior del complejo sistema represivo, donde la tortura y la desaparición de las víctimas fueron usadas de manera sistemática, financiado por la dictadura. 

Son más de 2.500 páginas escritas a mano, colmadas de faltas de ortografía y casi sin usar puntos o comas, aprovechando cada espacio del papel. Su redacción es muy detallada pero enredada, errática; va y vuelve una y otra vez sobre las mismas ideas, con varios errores históricos e imprecisiones, como si los pensamientos y recuerdos de Romo se atropellaran en un intento por salir a borbotones, por intentar ordenarse en un relato coherente y conveniente sobre sí mismo y el papel que jugó en la historia. Por supuesto, una historia en la que él pareciera no tener ninguna culpa. 

Como no contienen información sobre el paradero de detenidos desaparecidos, judicialmente los cuadernos y otros escritos fueron desestimados. Sin embargo, la información que contienen permite reconstruir los fantasmas y obsesiones que persiguieron a Romo en su cabeza hasta su muerte. Le escribe a un lector que no existe, a veces dirigiéndose a sus propias víctimas o a quienes delató, no tanto para pedirles perdón sino, más bien, comprensión. 

Arma una y otra y otra vez las listas de los integrantes del MIR que traicionó y que ayudó a capturar, torturar y hacer desaparecer. Cuenta de sus relaciones con algunos de ellos previas al golpe y arma los perfiles de cada uno, destacando en ellos su valor militante, como un soldado –que nunca fue– que alaba la valentía y entereza de sus adversarios después de la batalla. Se refiere a ellos como “mis niños” o “mis muchachos”, como “buenos elementos” que “lamentablemente” fueron masacrados. También bosqueja una a una las historias –según él, “verdaderas”– de los 119 asesinados cuyas muertes intentaron ser encubiertas con la Operación Colombo. 

De sus compañeros en la DINA, describe en detalle roles y cadenas de mando para los distintos grupos operativos que funcionaban en los cuarteles de Villa Grimaldi, Londres 38 y Venda Sexy. Él mismo era parte del grupo Halcón I, bajo el mando del brigadier Miguel Krassnoff Martchencko (aunque Romo nunca lo explicita). A todos los delata, hablando de “ellos” como un grupo caprichoso que buscaba demostrar su superioridad a través de la venganza y el ensañamiento, incluso especificando casos de torturas, pero nunca situándose activamente allí, como si no hubiese sido más que un espectador. Es más: los define como “dementes con cabeza de músculo”. 

Sobre sus propias responsabilidades y acciones, es claro en decir que son mentiras y blasfemias, y su autopercepción podría resumirse con el título que abre el relato en otro de sus cuadernos: “Señores, no soy torturador ni paria ni leproso, soy un patriota a mi manera«.

ROMO SEGÚN ROMO

Si bien hay versiones que dicen que Romo ya era un infiltrado y un traidor antes del golpe de Estado, no hay pruebas de aquello. Lo que sí se sabe es que, cuando llegó ese día, el “Guatón” ya era un reconocido dirigente poblacional de izquierda en Lo Hermida, en lo que en esa época aún era Ñuñoa (hoy Peñalolén). Militaba en la Unión Socialista Popular (USOPO), de la cual incluso fue candidato a diputado en las parlamentarias de marzo de ese año. Con menos del 1%, fue el menos votado de su papeleta. Trabajaba en la planta que Madeco tenía en San Miguel. Tenía 35 años, estaba casado hacía 13 y la menor de sus cinco hijos tenía apenas unos meses.

En sus escritos, se ensalza a sí mismo como el líder de una toma de terreno que movilizó a unas 650 familias, y lo hace en tercera persona: “Todos llevaban las ansias y el corazón y tenían la confianza de que la persona que los guiaba era Romo. Había en la época una seguridad con este nombre que era una garantía bastante buena. La gente confiaba en él porque se las jugaba; había conseguido llevar una cantidad de [personas] sin casa a Lo Arrieta, La Faena y las partes alta y baja de Lo Hermida”.   

Se tomó calles junto a los pobladores, irrumpió en la Municipalidad de Ñuñoa e incluso intervino en actos en los que estaba el Presidente Eduardo Frei Montalva, siempre de forma vistosa. Todo aquello le dio visibilidad a fines de los ’60 y en los años de la Unidad Popular (UP), lo que le permitió establecer contactos cercanos con dirigentes del MIR. De eso escribió en un cuaderno en el que detalla su participación en el primer Congreso de Campamentos Revolucionarios, realizado en la Población La Bandera a fines de enero de 1969. “Yo nunca fui mirista, pero sí era muy amigo de todos por asuntos políticos poblacionales”, escribió. Y en otra página agregó: “Me recuerdo que yo siempre les decía que el MIR llevaría al precipicio al gobierno”. 

Cuenta que en su última asamblea con los pobladores, el 9 de septiembre del ’73, anticipó que se venía un golpe militar, aunque “no podía decirles todo lo que vendría, por respeto a la gente. Ese día me fui a mi casa y fue una noche triste para mí. Después del 11 no fui nunca más al lugar”.

Pasaron 15 días y cayó detenido, según él mismo escribió, supuestamente delatado por un integrante del movimiento Cristianos por el Socialismo. Recuerda que un comando de Institutos Militares, al mando del director de la Escuela de Suboficiales del Ejército, Julio Canessa, lo fue a buscar a su casa después de haber asistido al programa de televisión Los Guantes de Oro, que se grababa en un gimnasio junto a la Plaza Ñuñoa. Lo llevaron en un camión a la Escuela Militar. “Debo decir que en aquel lugar pasé los días más tristes de mi vida”, escribió. 

Cuatro días –relata– lo tuvieron sin comer. A diario lo sometían a interrogatorios, hasta que un día lo subieron a una liebre verde rumbo al Cuartel Central de la Policía de Investigaciones, donde asegura que lo habrían torturado de forma sistemática. Así lo describió: “En este lugar sufrí las bajezas más horribles que podía recibir el cuerpo humano. Me desnudaron, me sentaron en una silla que estaba presa en el suelo, me aplicaron corriente”.        

Lo que no cuadra en su relato es que el supuesto motivo de su detención era una orden pendiente previa al golpe, por ofensas y desacato al Presidente Allende durante un acto en el Cementerio General en agosto del año anterior, cuando le quitó el micrófono en protesta por el asesinato de un joven poblador. Él mismo escribe que le pareció “curioso”. Según su versión, habría pasado los siguientes cuatro meses en el calabozo subterráneo conocido como “La Patilla” y salió libre recién dos días antes de Navidad, ayudado por un coronel del Ejército quien lo contactó con otro militar destinado como interventor de Industrias Madeco, donde Romo volvió a trabajar para hacerse cargo de la seguridad patrimonial, es decir, de evitar “robos, hurtos, espionaje, sabotajes y política contingente” en la empresa.

A los pocos meses vino el paso definitivo para ubicarse en el otro bando.

“Créamelo que todo esto para mí fue bastante feo y difícil, pero tenía que tomar una determinación. Me decidí porque todo esto me llegó en una etapa difícil que era el final de una serie de cosas que se fueron desarrollando. (…) Cierto día en marzo de 1974 llegó hasta la puerta de la empresa a hablar conmigo el coronel del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), Horacio Oteíza, que en el momento estaba en la Academia de Guerra (AGA), en Las Condes. Yo lo conocí en el viaje al sur de Chile en 1971, acompañando al chacal del Caribe que era Fidel Alejandro Castro Ruz, cuando estuvo de visita en el país al comienzo del gobierno del Presidente Allende. (…) Hoy recuerdo que en ese viaje él siempre conversaba conmigo y me preguntaba de todo lo que era el esquema del MIR. Ese día me conversó un poco de todo, y de repente me dijo que le habían llegado los detenidos políticos de la Isla Dawson y que precisaba encuadrar (armar un organigrama con nombres y cargos) de forma específica, porque a algunos de ellos no los ubicaba”.

Así explica Osvaldo Romo su primer contacto para colaborar con los organismos represivos de la dictadura. A los dos días, relata, fue a la AGA e hizo lo que se le pidió: reconocer y delatar. Ya estaba al otro lado; ya era un sapo.

A los 15 días llegó a buscarlo a su trabajo el teniente coronel Roger Vergara Campos, jefe de la Escuela de Inteligencia del Ejército, a quien también había conocido tiempo atrás. Le pidió que lo acompañara al Hospital Militar. Una vez allá, subieron al tercer piso y, según cuenta Romo, había unos diez oficiales esperándolo para identificar a un hombre que tenían herido de bala en una camilla. 

“Cuando vi quién era, tenía que decirles la verdad, y me di cuenta de que no conocían al MIR. Todos me preguntaron en coro quién era el herido, pero yo les respondí y les dije que no es el que ustedes creen, porque ustedes quieren y piensan que es el Miguel Enríquez Espinoza. No es el Miguel, pero les puedo decir que es el ‘Coño’ Aguilar, el jefe de la Fuerzas Centrales (del MIR); se llama Arturo Vilavella Araujo, es ingeniero, pero hay que ir con bastante cuidado porque tiene vínculos muy familiares con la Embajada de España. En ese momento hablé con el coronel Vergara, pero logré escuchar lo que todos dijeron en coro: este es el hombre que tiene que estar trabajando con nosotros”.      

Dice que partió en la Academia de Guerra del Ejército, yendo todos los días después de su jornada en Madeco. Lo iban a buscar y lo iban a dejar. Tenía una pieza aislada para él, donde con la ayuda de un “joven y una dama” habría reconstruido los cuadros políticos del MIR. A mediados de mayo del ’74, Vergara habló con él y le dio instrucciones: que vaya cierto día a las 9:30 afuera del local de Almacenes París del centro, que se lustrara los zapatos (debían ser negros) y usara calcetines tipo bizcocho. Un hombre se acercaría y le diría “buenos días”. Debía seguirlo. Y así lo hizo llegado el momento. Dice que fue el 18 de mayo. Cruzaron la Alameda, pasaron por la Iglesia San Francisco y entraron por calle Londres. Romo conocía el lugar, pues ahí, en Londres 38, había antes una sede del Partido Socialista, ahora en manos del régimen, convertido en un centro secreto de detención, tortura y exterminio: el Cuartel Yucatán. Una vez adentro, conoció al entonces teniente Miguel Krassnoff Martchencko, jefe de uno de los cuatro grupos operativos de la Brigada Caupolicán.    

Pasaron dos días y Romo se integró formalmente a la DINA, que estaba bajo el comando del teniente coronel Manuel “Mamo” Contreras y el control directo de Pinochet. Se integró al grupo de Krassnoff. Y recién entonces, según su versión, partió la cacería.        

A LA CAZA DEL MIR

“Ahora me quiero referir a qué es lo que era el MIR. En general, era un grupo de jóvenes idealistas que habían copiado algo de la política chilena y buscaban la manera de avanzar sin transar, porque es justicia popular para todo el pueblo de Chile. Ellos comenzaron educando al pueblo y muy bien; tenían personal que eran educadores de la política de una extraordinaria calidad”.

La anterior es sólo una de las cientos de referencias que Romo hace del MIR en sus escritos. Hay páginas y páginas llenas de anotaciones, fichas, listas, historias, anécdotas y recuerdos que demuestran el nivel de obsesión que sentía por el grupo subversivo. Una mezcla extraña de admiración, cariño y respeto, con resentimiento, rabia y desprecio. 

Para él, la caída de Allende y la UP tenía dos grandes culpables, y así lo detalla en uno de los cuadernos en los que se refiere a varios hechos previos al Golpe. Por una parte ponía a los socialistas radicalizados que se plegaron a Arnoldo Camú y otros dirigentes para seguir la senda guerrillera del Che Guevara y el Ejército de Liberación Nacional Boliviano (ELN), los llamados “Elenos”; y por la otra, los miristas. A ellos achaca “errores tras errores” que “perjudicaron al gobierno de Allende”. También menciona las «fechorías que fueron cometiendo los hombres que eran de confianza del gobierno«. Se refiere a actos de corrupción, sabotaje, atentados y delincuencia política ocurridos a inicios de los ‘70. A los viajes a Cuba para instruirse y traer la revolución a Chile, a las escuelas de guerrilla instaladas en Guayacán (Cajón del Maipo) y Chaihuín (Valdivia), al asesinato de militares y carabineros, al robo e ingreso de armamento desde el extranjero e incluso al supuesto Plan Zeta. Pero aclara explícitamente que, para él, los socialistas o los comunistas no eran prioridad. Su rol en la DINA era –escribe– uno sólo: el “encuadramiento” del MIR.           

Son varios los cuadernos en los que Romo intenta reconstruir la historia del MIR desde sus inicios en Concepción a mediados de los ’60 y, de paso, la de sus grupos paramilitares y principales dirigentes, a quienes él dice haber conocido muy cercanamente. Sobre quiénes eran, de sus relaciones y de su proceso de búsqueda y aniquilación. En algunos dice que participó, en otros no. De Luciano Cruz Aguayo, cofundador del MIR que murió en 1971, dice que se reunían constantemente a conversar en un banco del Parque Forestal. También hizo una biografía de Juan Bautista van Schouwen, el “Baucha”, detenido en diciembre del ’73 y “perdido hasta hoy”; otra de Edgardo “Pollo” Enríquez; de Humberto Sotomayor; de Andrés Pascal Allende; de Arturo Vilavella; de Sybila Arredondo y de varios más.       

De Miguel Enríquez, fundador y primer secretario general del grupo paramilitar, escribe desde sus inicios en el Movimiento Universitario de Izquierda (MUI). Relata que cuando fue estudiante tuvo “muchas lindas mujeres de muy buena familia” que lo acosaban por “su buena elegante postura, también por su formación intelectual de un buen nacido”. Cuenta que la periodista Manuela Gumucio fue su amiga, compañera y su amor. Dice de él que era un “elemento muy calculista” y meticuloso, ordenado y sigiloso; “un guapo de los buenos que de verdad sentía lo que decía”.

Romo relata un episodio que supuestamente habría ocurrido en mayo del ’74: cuando él aún estaba en la Academia de Guerra, a poco de convertirse en agente civil de la DINA, le encomendaron reunirse personalmente con Enríquez, uno de los hombres más buscados por la dictadura, para pedirle que dejara las armas y se fuera del país. Asegura que la cita fue en un confesionario de la Iglesia de La Gratitud Nacional. Enríquez, cuenta, se negó. Romo dice que volvió y de inmediato se lo reportó al coronel Vergara: “Esto lo realicé con dolor y pena (…). Tengo que decir que quedé intranquilo, porque presentía que tendría que morir mucha gente después de esa conversa”.

Su rol sería identificar a esas personas, ubicarlas y asegurarse de que fueran eliminadas.

***

Romo cuenta que tenía en la DINA un cabo de Carabineros designado como chofer y que, al principio, lo iba a buscar todos los días en una camioneta Chevrolet C-10 de distinto color. Y que su primera jornada, el 20 de mayo de 1974, lo llevó también a su primer operativo. El lugar: Maipú. El objetivo: Álvaro Vallejos Villagrán, el “Loro Matías”, estudiante de medicina de 25 años, militante del MIR, casado y con un hijo. La jefatura, relata, quería “conversar” con él.

Por supuesto, no señala lo que hoy se sabe que realmente ocurrió: que al “Loro Matías” lo encerraron y torturaron, que también se llevaron a su esposa, le vendaron los ojos, la insultaron y amenazaron para presionarlo. Que le allanaron su casa y le robaron todo lo que tenía algún valor. Que lo tuvieron secuestrado por dos meses en Londres 38 y que el 29 de julio de 1974 lo llevaron de vuelta a la casa de sus padres para hacerlo gozar de una libertad que duró apenas un cuarto de hora. Que llegó otro vehículo a buscarlo y se lo llevaron de nuevo, ahora con destino a Cuatro Álamos y luego a Colonia Dignidad, y que después de eso ya nadie nunca lo volvió a ver.

En sus cuadernos, Romo presenta una versión edulcorada que oculta y tergiversa su participación en la detención, tortura y desaparición de Vallejos. Un relato que vuelve a golpear a la familia que aún no sabe cuál fue el destino del joven estudiante:

“Su casa (de Álvaro Vallejos) estaba en una población militar, porque era hijo de un suboficial del Ejército que trabajaba en el Ministerio de Defensa. Había que traerlo sin escándalo. (…) Lo curioso fue que al llegar a la casa del personaje, era mi amigo, el famoso ‘Loro Matías’, uno de los más completos elementos del MIR que yo conocí, secretario general de organización del regional Santiago. (…) Me recuerdo que al entrar en la casa, nos saludamos con un abrazo.

–Qué tal, Vicho, ¿cómo estás? ¿Tu familia, tus hijos? –me dijo.

–Y a ti, ¿cómo te va, viejo León? –le respondí, pero después le dije– Ahora, ¿sabes por qué estoy aquí? Fíjate que el jefe quiere hablar contigo.

–Claro, voy al momento.

Se despidió de su hermana después de decirle ‘mira quién me viene a buscar’. Partimos y nos vinimos conversando de todo un poco, pero cuando pasamos frente al Ministerio de Defensa, me preguntó si no íbamos para allá. Le dije que no, que íbamos al cuartel de la DINA. Él no iba vendado ni esposado, porque sufría un problema en los huesos. Debo decir que él ese año se recibía de médico. Llegando al cuartel [Londres 38], él fue llevado donde el jefe, que era el mayor de Ejército Marcelo Moren Brito”.

Ahí se corta el relato.

***

El siguiente en caer fue Jorge Arturo Grez Aburto, el “Conejo Grez”. Era artesano en cueros y tenía 28 años. Romo cuenta que a él lo conocía bastante bien. Asegura desconocer quién lo secuestró y elucubra posibles destinos. Dice que no lo vio en cuarteles de la DINA, aunque hay testimonios que lo ubican en Londres 38 y el Estadio Chile. Aún no hay pistas de su paradero.

Tampoco las hay de Agustín Reyes González; de Carlos Cubillos Gálvez; ni de Eduardo Ziede Gómez, Jorge Espinoza Méndez, Artemio Gutiérrez Ávila, Pedro Poblete Córdova y otros tantos mencionados en los escritos de Romo. 

En otro cuaderno, se refiere a 10 casos de gente que fue detenida y que luego despareció; “un crimen mancomunado”, lo llamó. Algunos, como Juan Bautista van Schouwen y Patricio Munita Castillo ya habían sido eliminados a fines del ’73, cuando él aún estaba recluido en La Patilla, el sótano del Cuartel Central de la PDI. Pero otros sí cayeron por su labor de “encuadramiento”, y hubo un especial ensañamiento con quienes tenían algún tipo de parentesco con el mundo de las Fuerzas Armadas. 

Jaqueline Binfa Contreras era estudiante universitaria, militante del MIR, y había trabajado con Romo en el frente poblacional. La detuvieron en agosto del ’74 y se reencontraron en Londres 38. Aunque el ex agente de la DINA dice que era hija de un general del Ejército, eso no es efectivo: su padre era un comerciante que murió cuando ella era una niña. Después de eso, desapareció. Igual destino tuvo David Silberman Gurovich, comunista y ex gerente general de Cobre Chuqui, que estaba preso desde septiembre del ’73, procesado y condenado por un Consejo de Guerra. La DINA falsificó documentos para sacarlo de la Penitenciaría, llevarlo al cuartel de José Domingo Cañas y Cuatro Álamos, y luego hacerlo desaparecer.

También están en esa lista Miguel Ángel Sandoval, el “Pablito” del MIR, exescolta del Presidente Allende, que según Romo era sobrino de un general del Ejército; Jorge “el Trosko” Fuentes Alarcón, que cayó preso en Paraguay a comienzos del ’75 y luego traído de vuelta a Chile y entregado a la DINA; y, entre otros, Alan Bruce Catalán, un fusilero de las fuerzas centrales del MIR. Él ya había sido detenido el ’73, y después, según cuenta Romo, su tío, el jefe de la Brigada Caupolicán, Marcelo Moren Brito, le habría dicho que si volvía a caer “era hombre muerto”. 

El 13 de febrero de 1975, fue el mismo Moren Brito quien lo capturó, lo llevó a Villa Grimaldi, lo torturó y nunca más se volvió a saber de él.     

"ALGO DE VERDAD DE LOS 119"

Es julio de 1975. Durante el último año, la dictadura de Augusto Pinochet ha hecho desaparecer a más de 270 personas, principalmente del MIR. El trabajo de “encuadramiento” que Osvaldo “el Guatón” Romo ha hecho para la DINA ha sido clave para ello. Pero las denuncias por violaciones sistemáticas a los derechos humanos crecen tanto en Chile como en el extranjero, la presión internacional aumenta; algo había que hacer, y la vía elegida fue engañar y manipular, aplicar las técnicas de la guerra psicológica para hacer una limpieza de imagen a través de la propaganda y los montajes para así esconder a los muertos y desparecidos de la represión. 

Una investigación de Anfibia Chile y la Universidad Alberto Hurtado reveló que detrás de esa estrategia estaba la mente del director de la oficina de Asuntos Públicos del régimen, Álvaro Puga, en conjunto con la DINA del “Mamo” Contreras. Y el producto de aquello es lo que después se conocería como la Operación Colombo o el Caso de los 119.

Se montaron puntos de prensa con dirigentes del MIR que se declaraban derrotados y pedían a sus camaradas deponer las armas, por supuesto, obligados bajo tortura. Inventaron publicaciones de supuestas revistas en Brasil y Argentina que llevaban, en sus únicas ediciones, reportajes que denunciaban la muerte de extremistas chilenos, hombres y mujeres, en enfrentamientos en la cordillera. 59 habrían caído en combate “con fuerzas del gobierno argentino en Salta”, mientras que otros 60 habrían sido aniquilados por sus propios compañeros de armas. Los principales medios chilenos replicaron la información, quedando por siempre en el imaginario nacional el nefasto titular de La Segunda: “Exterminados como ratones”.

Poco después, el 5 de octubre de 1975, un grupo de agentes de la DINA, entre los que estaban Moren Brito, Krassnoff y Romo, llegó repartido en tres vehículos a la casa de seguridad de San Miguel en la que estaban Miguel Enríquez, su pareja embarazada Carmen Castillo, y los dirigentes del MIR Humberto Sotomayor y José Bordaz. Llegó también contingente de Carabineros por tierra y aire. Fue una emboscada que pronto terminó en desastre. Enríquez, el fundador y principal líder del MIR, fue abatido a balazos. Castillo quedó herida por las esquirlas de una granada. Los otros dos lograron huir por los techos. 

El operativo fue tan importante que incluso llegó Contreras. Romo escribió en sus cuadernos que él le confirmó que se trataba de Enríquez. Y luego dedica palabras al principal líder del MIR:    

“Bueno, Miguel, tú luchaste como guapo, pero ayer cuando te vi en Avenida Grecia con Obispo Orrego, donde está la bomba de bencina, encontré que no estabas bien, porque tú no errabas para nada; donde ponías el ojo ponías la bala. Pero ahora fue diferente, viejo. Lástima que los otros te dejaron botado a la suerte”, escribió.

Tras ese golpe, vino otro el 16 de octubre, cuando la DINA dio con una parcela de Malloco en la que estaba la directiva clandestina del MIR. Hubo un nuevo enfrentamiento en el que murieron el dirigente Dagoberto Pérez Vargas y la empleada doméstica que nada tenía que ver con política ni subversión, Enriqueta Reyes Valerio. 

Romo asegura que dejó ese mismo día la DINA, que tomó a su familia, sus cosas y se fue del país. Dice que no salió arrancando y que se fue “por la puerta” del aeropuerto de Pudahuel, que tomó un avión de Lan Chile y se fue a Río de Janeiro. Pero, lo cierto es que allá ingresó con nombre y papeles falsos y se mantuvo clandestino. Osvaldo Andrés Henríquez Mena, se llamaría desde entonces. Su esposa ya no sería Raquel González, sino que Raquel Rojas. Y sus cinco hijos mantendrían sus nombres de pila, pero ya no serían los Romo González, sino la familia Henríquez Rojas. Y así fue como se les perdió la pista por los siguientes 17 años.

Con el retorno de la democracia, se empezaron a abrir y movilizar investigaciones judiciales para perseguir los horrores y atropellos a los derechos humanos, y en ese contexto, el de Romo empezó a ser uno de los nombres más demandados entre los criminales de la dictadura. La jueza Dobra Lusic, que investigaba la desaparición forzada del mirista Alfonso Chanfreau Oyarce –uno de los 119–, dio con el paradero de Romo en Mogi Guaçu, una ciudad ubicada al noreste de Sao Paulo. En 1992, la magistrada logró que el ex agente fuera extraditado y volviera a Chile a enfrentar la justicia desde una celda en la Cárcel de Colina. 

Y entonces volvió a hacer lo que siempre había hecho y se le daba bien: delatar a los suyos.              

***

Si bien no fue algo inmediato, con el tiempo, Osvaldo Romo empezó a hablar. Primero, fue en 1995, cuando dio desde la cárcel una polémica entrevista a Univisión, en la que reconoció y detalló las formas en que aplicaba torturas. Dijo que “lo volvería a hacer igual y peor”, que no dejaría “periquito vivo, todo el mundo a la jaula”; que el mar chileno no era un mar para tirar cadáveres por lo torrentoso y violento, que era mejor lanzarlos “al cráter de un volcán”; y que no había violado ni matado a nadie, aunque quizás sí a Dagoberto Pérez ese último día que estuvo en la DINA, pues todos disparaban y él estaba más cerca.

Romo sentía rabia contra los militares, pues lo habían dejado solo. Tenía ya una condena a 10 años por el secuestro del mirista Manuel Cortez Joo y otra de cinco años y un día por el de Ofelio Lazo, ambos, al igual que Chanfreau y varios más, incluidos en la nómina de los 119. Y estaba procesado por varias otras causas. Su diabetes y su insuficiencia cardiaca empeoraban y no quería morir en prisión. Así que decidió colaborar con la justicia y se convirtió en pieza clave para la persecución judicial de la cúpula de la DINA.

Así como alguna vez “encuadró” a los integrantes del MIR, a fines de los ’90 comenzó a entregar cargos, roles, fechas, lugares y hechos en sus declaraciones judiciales. Explicó toda la estructura operativa del aparato represor y sus acciones tanto en Londres 38 como en Villa Grimaldi y Venda Sexy. De las brigadas, grupos operativos y mandos. Y todo eso lo empezó a volcar también a sus cuadernos cuando en el 2000 fue trasladado al penal de Punta Peuco.

“Ante tanto problema y daño, quiero dejar en el papel todo lo que fue o es un engaño sobre esto que fue planificado, organizado y siniestramente finiquitado por gente que era dueña de hacer y deshacer, que eran un peligro para hacer y demostrar que ellos eran superiores a todos los grados, eliminando gente que estaba detenida en manos de los servicios de inteligencia de todo Chile”, escribió.     

Agrega que ahora cree que todo se trató de una “burda y torpe venganza” y que “ellos, los de la DINA, los fueron eliminando uno a uno”, que se ensañaron más con los detenidos que eran familiares de uniformados y que fue un “capricho que se tomaron como misión”.

Respecto al Caso de los 119, intentó reconstruir una a una las historias de las personas desaparecidas que la DINA trató de ocultar con el montaje de la Operación Colombo: “Todo esto no existió, es una farsa, una mentira. Sí me atrevo a decir que ellos (la DINA) pueden haberles quitado la vida (a los 119), eliminando a una parte en la cordillera, pero quiero decir que estos 119 estaban detenidos en los más diferentes cuarteles de la DINA y en diferentes épocas”.

Pero al final, en los cuadernos de Romo los autores del horror siempre son “ellos”. A pesar de las decenas de testimonios que lo sitúan en secuestros y torturas, después de esa entrevista de 1995 a Univisión nunca más volvió a reconocer explícitamente su rol en los crímenes. En sus escritos solo acepta que hizo los “encuadramientos políticos”. Dice que todas las acusaciones en su contra no son más que “canalladas, gente que habla tanta cosa sucia de las personas porque hay que tirarle mierda al que está caído”. Y que tanto jueces como periodistas y víctimas, lo quieren perjudicar. Sostiene que las acusaciones se debían a órdenes del partido, del MIR, aunque esa organización ya estaba completamente desarticulada, y que era “una táctica que nace del socialismo”. Y sostuvo ese delirio hasta el día en que se murió.