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Procesan a un sacerdote por fusilamiento en Calama
Fuente :Diario Crítico, Agosto 2007
Categoría : Prensa
Un sacerdote, que en 1973 era capellán del ejército, fue procesado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, acusado de encubridor del fusilamiento de 28 personas, ocurrido en la ciudad de Calama el 19 de octubre de ese año durante el paso por esa ciudad de la “caravana de la muerte” que comandaba el general Sergio Arellano Stark.
Los procesados, por decisión unánime de la Corte, son en total 12 personas, y entre ellas aparecen dos ex generales del Ejército, un médico y varios civiles. Es la primera vez en Chile que se inicia un proceso contra un sacerdote católico por estar implicado en graves atropellos contra los derechos humanos.
En la actualidad, el religioso, Luis Exequiel Jorquera Molina, se desempeña en la parroquia Santa Elena de Las Condes, en el sector más acomodado de Santiago. Consultado por el diario La Segunda, el sacerdote dijo “no tengo nada que ver con tales hechos”, aunque confirmó que estaba en el lugar. Sin embargo, el tribunal ordenó su detención y reclusión.
Entre los demás procesados destacan el ex militar Armando Fernández Larios, residente en la actualidad en Estados Unidos bajo custodia del FBI por haberse acogido al programa de protección de testigos. Fernández Larios, ex agente de la CNI, participó en el asesinato del ex general Carlos Prats, en Buenos Aires.
Otro de los procesados es el actual general (r) y ex comandante del Regimiento de Infantería Reforzado Motorizado N° 15 de Calama, Eugenio Rivera Desgroux; también el entonces segundo Comandante de esa unidad y Fiscal Militar no letrado, Oscar Figueroa Márquez.
La lista de los procesados se complementa con los nombres de Carlos Max George Langer Von Furstemberg, Carlos Humberto Minolleti Arriagada y Jerónimo Tomás Rojo Rojo, como autores del delito reiterado de homicidio calificado.
También son procesados el médico Luis Benito Rojas Delzo, Luis Mario Aracena Romo, Julio Fernando Salazar Lantery, Domingo Antonio Flores Figueroa y Miguel Eduardo Trincado Araneda.
Según el fallo unánime de los ministros Enrique Álvarez, Oscar Clavería y la abogada integrante Nancy Mellado, los doce inculpados participaron en el fusilamiento de 28 personas, entre ellos un menor de 18 años.
Tres de los acusados se encuentran fuera del país, por lo cual los jueces ordenaron iniciar los trámites para solicitar su extradición. Los demás deberán ser detenidos para ingresar en prisión preventiva.
Los militares que procedieron al fusilamiento de las víctimas, algunas de las cuales ya habían sido condenadas por la justicia militar a penas menores de reclusión, abandonaron el lugar y ordenaron sepultar los restos. En este capítulo participa el capellán del regimiento, sacerdote Luis Jorquera, acusado como encubridor del delito reiterado de homicidio calificado.
Entre uno y dos años después del fusilamiento, los restos de las víctimas fueron trasladadas a otro lugar “más seguro”, y días después fueron cargados en aviones, tanto de la Fuerza Aérea de Chile como del Ejército, con el objeto de arrojarlos al mar y hacer desaparecer la evidencia.
