Rivas Arancibia Jorge Enrique

Jorge Rivas Arancibia acaba de ser condenado por el asesinato de dos jóvenes en dictadura, a los que engañó haciéndoles creer que del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

La dictadura utilizó diversos mecanismos represivos, entre ellos infiltrarse en las organizaciones de izquierda para desarmarlas.

Uno de esos casos es el de Jorge Rivas Arancibia, quien fuera cabo de carabineros y acusado de ser el autor del homicidio de Iván Palacios Guarda de 18 años y Eric Rodríguez Hinojosa de 19.

Los jóvenes habían sido contactados por Rivas haciéndoles creer que pertenecía al MIR, aunque en realidad el agente infiltrado tenía como objetivo desarticular a estas organizaciones.

Fue Rivas quien asignó la tarea de colocar una bomba en una torre de alta tensión en San Pablo, el 18 de abril de 1989, avisando al mismo tiempo a la CNI, quién asesinó a Palacios en el lugar, mientras que Rodríguez sobrevivió varios meses.

Ambos jóvenes fueron asesinados por la CNIT en 1989, cuando estaban realizando una acción contra la dictadura.

27 años de impunidad vivió Rivas Arancibia

Rivas Arancibia es dueño de una empresa de seguridad en Iquique. Como aparece en el contrato público de la Municipalidad del año 2009, tenía un contrato para encargarse del servicio de seguridad de los guardias costeros por más de 9 millones de pesos

Una muestra más de cómo estos agentes, responsables de brutales violaciones a los derechos humanos, quedaron décadas impunes, debido a las mismas políticas de la Concertación y la derecha que les garantizó el anonimato y la falta de justicia para los luchadores contra la dictadura.

Rivas acaba de ser careado con otros agentes de la CNI y procesado por el caso.

La historia fue contada en el libro “La Trampa. Historia de una infiltración” de Víctor Cofré el que “da cuenta de la infiltración de un miembro de los servicios de seguridad del régimen militar en un supuesto apéndice miliciano del MIR llamado La Resistencia, cuyos integrantes, una veintena de jóvenes –en su gran mayoría menores de edad–, caen en la trampa del autodenominado “comandante Miguel”, su jefe de célula, y dos de ellos, Iván Palacios y Eric Rodríguez, son asesinados en una “ratonera” que la CNI les tenía preparada”

Dos jóvenes asesinados en abril de 1989, bombas en el Metro, asaltos de poca monta y la creación de un grupo de izquierda armada, formado por familiares de presos políticos del MIR. Todo ello articulado por un supuesto dirigente mirista que no era tal y que se hacía llamar «Miguel». La justicia lo procesó y detuvo esta semana, luego de que ex militantes y ex agentes de la CNI lo identificaran como el infiltrado. Un ex carabinero llamado Jorge Rivas Arancibia.

por Víctor Cofré 

A Ronald Quinteros le cambió la vida en diciembre de 1981, cuando su padre murió a balazos. Tenía ocho años y su progenitor, un militante del MIR, encargado de logística, fue asesinado en la calle por un equipo de la Central Nacional de Informaciones, CNI, el organismo de seguridad del régimen.

A Ronald Quinteros le volvió a cambiar la vida en febrero de 1989, cuando debió salir rápidamente de Chile, en un avión rumbo a Cuba, escabulléndose de una operación de inteligencia que lo tuvo al filo del colapso. Tenía 16 años y creía participar en un apéndice miliciano del MIR. Eso suponían él y otra veintena de menores de edad que participaban clandestinamente en un contingente de izquierda que se instruyó en el uso de las armas. El jefe de ese grupo se hacía llamar “Miguel”, se presentaba como un militante experimentado del MIR y había reclutado a los jóvenes uno a uno en los meses previos. Pero “Miguel” resultó no ser quien decía y a comienzos de 1989 sus pupilos descubrieron que eran víctimas de una infiltración. En el camino quedaron una docena de menores de edad huyendo de Chile y dos adolescentes muertos en las calles de Santiago. Y de “Miguel” nunca más se supo. Hasta marzo de este año. Ronald Quinteros había aceptado dar la cara y declaró judicialmente en febrero. Contribuyó en esos días con un retrato hablado de “Miguel”. Volvió a ir un mes después a un tribunal en el centro de Santiago, donde le mostraron la fotografía de un hombre, una reproducción de un carné de identidad de hace 20 años. Y Ronald Quinteros, un cineasta de 43 años, en menos de un segundo reconoció, con una certeza del 100%, según el expediente, al hombre que alguna vez le cambió la vida. Este lunes, Ronald Quinteros estuvo al lado del tipo que conoció como “Miguel”. En las oficinas del ministro Mario Carroza, Quinteros fue careado con el sospechoso y lo volvió a identificar como el infiltrado de fines de los años 80. Veintisiete años después, Miguel aparecía con su verdadera identidad. Un ex carabinero que penetró la periferia del MIR.

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En la esquina de Radal con San Pablo, en la comuna de Quinta Normal, Iván Palacios y Eric Rodríguez esperaban la oscuridad. Tenían la intención de acercarse a un transformador eléctrico instalado en lo alto de dos postes y detonar una bomba. Cuando se acercaron a su objetivo, la CNI inició el operativo. Los testigos dicen que la luz se fue y comenzaron los disparos, que las ráfagas levantaron a ambos encapuchados en el aire y que luego, en el suelo, uno de ellos se convulsionaba mientras era pateado por civiles no identificados. Que varios vehículos llegaron al mismo tiempo y que los disparos duraron varios minutos, como si fuese un descomunal enfrentamiento. Eran cerca de las 21 horas del 18 de abril de 1989, la última jornada de protesta oficial contra el régimen de Augusto Pinochet. En la vereda falleció casi al instante Iván Palacios, 18 años, egresado del Liceo A 78. A su lado, en la calzada, agonizaba Eric Rodríguez, un año mayor, otro ex alumno del mismo colegio de Quinta Normal. Falleció en septiembre de ese año, tras varios meses hospitalizado. Rodríguez y Palacios se conocían del A 78, pero habían estrechado vínculos en una misma militancia. Ambos tenían ideas de izquierda y en 1988, antes del plebiscito, se incorporaron a un grupo que se autodenominó La Resistencia y que obedecía, suponían, instrucciones del MIR. Era La R.

La CNI informó esa noche que había sido un enfrentamiento, que ambos caídos eran milicianos rodriguistas y que un agente había resultado herido. En las investigaciones que luego hizo la Fiscalía Militar declararon tres agentes, todos con identidades falsas. Dijeron que en un patrullaje se encontraron por casualidad con Palacios y Rodríguez y que hubo un intercambio de disparos. Y que por la CNI sólo estuvieron ellos tres. Lo que declararon era mentira, admitieron años después, con sus nombres reales, al juez Carroza, quien investiga casos de violaciones a los derechos humanos de aquellos años y que reabrió esta causa en 2010.

En realidad, esa noche operaron varios equipos de tres personas cada uno. La CNI llegó al lugar con información privilegiada: sabían de antemano lo que harían Iván Palacios y Eric Rodríguez. Era una emboscada. Luis Arturo Sanhueza Ross, alias “El Huiro”, jefe de la Brigada Azul, que en la CNI perseguía al MIR, declaró en 2014 que en esos días recibieron otro dato de la misma fuente: una línea del Metro sería objeto de un atentado explosivo. La CNI vigiló varias zonas, pero no patrulló la Estación San Pablo, donde el 17 de abril de 1989, a las 15.03 horas, una bomba destruyó vagones de un tren sin gente. Según ex miembros de La R, ahí estuvieron Iván Palacios y Eric Rodríguez. Un día antes de caer bajo una lluvia de disparos.

Veinticinco años después, Sanhueza Ross reconoció que el operativo de la CNI que terminó con dos jóvenes abatidos se hizo por información entregada por un agente de la CNI conocido como “Miguel”, quien estaba infiltrado en grupos de izquierda y que “tenía muchas cualidades de inteligencia, de dominio de operaciones”.

Ex compañeros de los dos muertos sostienen que “Miguel” les dio, ese mismo día, la orden de colocar la bomba en San Pablo con Radal. “Esto fue puro sapeo”, le dijo Eric Rodríguez a su madre semanas después de caer herido, en el Hospital San Juan de Dios, antes de que su salud empeorara sin remedio.

En febrero de 2015, ya desvirtuada la tesis del enfrentamiento, el juez Carroza procesó a seis integrantes de la CNI por el homicidio calificado de Palacios y Rodríguez. Faltaba aún descubrir al agente infiltrado. Sólo se sabía que era originario de Concepción y que en la CNI, en Santiago, tenía acceso directo a la jefatura de la Agencia Metropolitana. A fines del año pasado, el juez Carroza abrió un cuaderno separado para identificar a “Miguel”. Y llegó la pista que esperaba.

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La última noche de 1988, media hora antes del Año Nuevo, los discípulos de “Miguel” colocaron tres bombas. Era un inexplicable y descabellado homenaje a la Revolución Cubana, que cumplía tres décadas. Los objetivos eran el Servicio de Vivienda y Urbanismo, la dirección general del Metro y la casa matriz de la automotora Derco. Todo en el centro de Santiago. En los tres ataques simultáneos participaron una decena de jóvenes y con ello coronaron un año febril de acciones armadas. Asaltaron guardias de azul en la Quinta Normal, colocaron bombas de ruido en los funerales del mirista Pablo Vergara Toledo, atacaron iglesias mormonas, robaron una tienda de andinismo y una botillería, unas veces con cuchillos, otras con revólveres, que eran más bien escasos. El jefe del grupo era “Miguel”, quien se hacía pasar por un comandante de las tres facciones en que se había dividido el MIR, la más militarista. “Miguel” se había acercado a grupos de familiares de presos políticos unos años antes, pero en la primera parte de 1988 comenzó a reclutar jóvenes ligados a esa cultura política: hijos, primos, sobrinos de militantes históricos del MIR. Territorialmente, la mayoría provenía de Quinta Normal y Pudahuel; más tarde se sumaron otros reclutas en la Villa Francia. Y muchos procedían, además, de dos colegios: el A 78 y el Andacollo. En poco tiempo se sumaron varios estudiantes secundarios a La R. Entre ellos, Iván Palacios y Eric Rodríguez. Entre ellos, Marco Rodríguez, hijo de dos militantes emblemáticos del MIR. Rodríguez participó en ese grupo y años después, en 2002, fue apresado en Brasil por el secuestro del publicista Washington Olivetto, un plagio que perseguía dinero para las Farc de Colombia. Ocho años más tarde se fugó de Brasil y su paradero es hoy desconocido.

Todos los que participaron en ese tiempo eran menores. La ley establecía la mayoría de edad a los 21 años, la que bajó a 18 años recién en 1993. “Miguel” los fotografió con armamento y los instruyó en el manejo de fusiles Aka y Fal, subametralladoras Uzi, pistolas, TNT y mechas. Muchas instrucciones militares las realizaron en capillas de la zona poniente de Santiago.

Uno de esos ex militantes reivindica la adhesión a la causa antipinochetista. “Vivimos y pensamos que estábamos haciendo algo por el país”, analizó hace unos años quien usaba el nombre falso de “Pedro”. Pero la radicalización los cegó. Tanto que en círculos de izquierda eran conocidos como “los ayatolas”. O en jerga revolucionaria, unos “cabezas de pistola”.

Carlos Moreno, dirigente de Pudahuel y encargado regional del MIR, supone que quienes apedrearon y dispararon contra su casa en esos años fueron los discípulos de “Miguel”, quienes criticaban su “amarillismo” y su poco arrojo. A él le tenían dedicado un cuchillo con una consigna inscrita en él: “La R te mata por traidor”. “Miguel” solía criticar al MIR Político.

A comienzos de 1989, las dudas entre los militantes de La R crecieron. Mientras “Miguel” viajaba al sur, como era habitual, cruzaron datos: la abundancia de recursos de “Miguel” -armamento y vehículos- era inusual y su discurso político, radical, estaba lleno de incoherencias. Pero otro dato causó extrañeza: nadie en el MIR lo conocía. Aterrados, varios militantes se contactaron con el Comité de Derechos del Pueblo, Codepu, un organismo de defensa de derechos humanos ligado al MIR, y pidieron auxilio. En pocas semanas, los precoces subversivos hicieron declaraciones juradas que mantuvieron en secreto y muchos arrancaron. La mayoría cruzó la cordillera en bus, a comienzos de abril, hacia Argentina, donde estuvieron durante años. Iván Palacios y Eric Rodríguez no viajaron. “No estuvieron de acuerdo con la idea (de) que “Miguel” era un infiltrado (…). Se quedaron en Santiago y continuaron en contacto con él”, declaró Ronald Quinteros en febrero.

Tras la muerte de Iván Palacios, la olla se destapó. El Codepu entregó la información a la revista Pluma y Pincel, que publicó la historia de “Miguel”, pocos días después de la balacera de calle San Pablo. Y “Miguel” se borró del mapa.

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Jorge Enrique Rivas Arancibia subió caminando las escaleras del Hotel Araucano, en Concepción. Iba con otros dos agentes, un militar y un marino adscritos a la CNI, en busca de un radiotransmisor que había difundido desde allí una proclama de radio Liberación. En el piso 10, en la habitación 1017, estalló una bomba puesta por el MIR. El militar y el marino murieron ese 25 de marzo de 1985. Jorge Rivas, un carabinero en comisión de servicio en la CNI desde 1984, sufrió diversas fracturas, quedó con un trauma acústico severo y una cicatriz en el cuello. Ex integrantes de La R decían que “Miguel” tenía una cicatriz en el cuello, que se parecía a Alvaro Corbalán, el jefe de la CNI y que tenía ojos como de sapo.

Por las secuelas del atentado del Hotel Araucano, Jorge Rivas se acogió a retiro de Carabineros en junio de 1986, con el grado de cabo segundo y 13 años de servicio. Pero se mantuvo en la CNI hasta 1989. Su nombre llegó a Mario Carroza por boca de una de las militantes de La R. La topógrafa Evelina Bahamondes tenía 20 años cuando se incorporó al grupo, a fines de 1988. Participaba en la célula de Villa Francia. Al juez le dijo que tuvo severas discrepancias con “Miguel” y que tras una discusión a gritos, y en un descuido de su jefe, husmeó en su bolso y encontró una cédula de identidad. Memorizó un nombre: Jorge Rivas Arancibia.

El juez pidió entonces información al Registro Civil. La copia del carné de identidad emitido en 1994 quedó registrada en la foja 107 del cuaderno separado y el juez comenzó a citar testigos. Evelina Bahamondes lo reconoció de inmediato. “No tengo ninguna duda que corresponde al infiltrado de la CNI”, declaró Ronald Quinteros en marzo. Otras dos personas dijeron lo mismo. También tres agentes de la CNI, entre ellos, Luis Sanhueza, condenado por la Operación Albania y el asesinato de Jécar Neghme.

Jorge Rivas llegó el 1 de julio a la Brigada de Homicidios de la PDI en Iquique, ciudad donde vive y trabaja: es el encargado de seguridad del club Deportes Iquique. En octubre cumple 67 años. En abril de 1989 tenía 39. Rivas negó todo. “Durante mi desempeño en la CNI nunca se me ofreció realizar alguna misión como agente infiltrado”, dijo en la primera declaración que ha prestado por causas de derechos humanos. El ex uniformado dijo que en la CNI tenía el apodo de “Manolo”, que trabajó como conductor de vehículos y que nunca realizó actividades operativas. Que sólo trabajó en Concepción y que a Santiago iba solamente una vez al mes, a dejar la correspondencia, como estafeta. “Nunca tuve contacto con jóvenes con ideologías políticas contrarias al gobierno militar”, afirmó a los detectives. En su historial figuran dos detenciones por giro doloso de cheques, en 1991 y 1994. Y tiene una pensión de retiro de $ 408 mil, según un informe de Capredena.

Carroza ordenó que trajeran a Rivas a Santiago y lo interrogó el jueves 25 de agosto. Rivas repitió su negativa y afirmó que en la CNI sólo cumplió tareas administrativas y guardias de cuartel. “Nunca se me ha llamado ‘Miguel’”, insistió.

Pero el lunes de esta semana fue careado con quienes vieron alguna vez a “Miguel”, dentro y fuera de la CNI. Y todos lo reconocieron. Siete personas. Evelina Bahamondes, Ronald Quinteros y Carlos Moreno lo identificaron como el infiltrado de 1988. Y también otros cuatro agentes de la CNI. Carroza lo procesó ese día como autor de los homicidios calificados de Iván Palacios y Eric Rodríguez y ahora está recluido en el Centro Transitorio de Detención de Carabineros, en Ñuñoa.

Dos de los agentes con los que fue careado recordaron, al verlo, otro dato significativo que encajaba con su descripción física. En el Cuartel Grajales de la CNI, sus colegas lo conocían como el “Ojitos Saltones”. A Jorge Rivas lo delataron sus ojos.

El ministro en visita para causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza Espinosa, condenó a seis ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) por los homicidios de los jóvenes Eric Rodríguez Hinojosa (20 años) e Iván Palacios Guarda (19), militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), ejecutados el 18 de abril de 1989  en la comuna de Quinta Normal.

El magistrado condenó  al ex general de ejército, en la época de los crímenes Director de la CNI, Humberto Leiva Gutiérrez y al ex teniente coronel de ejército Hugo César Acevedo Godoy, en la época jefe de la División Antisubversiva de la CNI, a la pena de 15 años y un día de presidio por su responsabilidad como autores del homicidio.

En  tanto, los agentes Juan Raúl Farías Orellana, Víctor Rolando Caro Pizarro y Jorge Enrique Rivas Arancibia deberán purgar una pena de 5 años y un día de presidio. Este último sujeto, se infiltró en las organizaciones populares y de resistencia que operaban en la comuna de Pudahuel, en Santiago, con el alias de "Miguel" se presentó como mirista y tendió la trampa que condujo al asesinato de las dos víctimas.

El ex capitán de ejército, Luis Arturo Sanhueza Ros, alias "El Guiro", en la época de los hechos jefe de Brigada Azul de la CNI, deberá cumplir una pena  de 3 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor. El ministro Carroza le concedió el beneficio de la libertad vigilada a este criminal.

El fallo absuelve al agente Armando Rodolfo Ávila Fierro. Previamente había sido absuelto por demencia el ex brigadier de ejército y en la época jefe de División Metropolitana de la CNI, Enrique Leddy Araneda.

El ministro Carroza estableció que  la División Antisubversiva de la Central Nacional de Informaciones (CNI)  organizó una operación  en busca de los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario de la época, para lo cual infiltró un agente de sus filas en la organización que utilizaba el alias de «Miguel»

«Así las cosas, el 18 de abril de 1989, a las 21:00 horas aproximadamente, dos militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario, Eric Enrique Rodríguez Hinojosa e Iván Palacios Guarda, fueron convocados a reunirse en calle San Pablo a la altura del N° 4.000, por un sujeto identificado como Miguel, que finalmente resultó ser un agente de la Central Nacional de Informaciones, que se había infiltrado en las poblaciones populares, invocando ser encargado zonal del Movimiento de Izquierda Revolucionario -MIR- , siendo su función la de reclutar jóvenes  con la finalidad de que estos se integraran al denominado «Comando Resistencia», éste individuo para ganarse la confianza de los integrantes del Movimiento, les proveía de armas e impartía instrucción militar», dice la resolución.

Agrega que: «Previo a la llegada de las víctimas a la citada reunión, los funcionarios de la CNI de la Unidad Antisubersiva, habría desplegado en el sector un vasto operativo con el propósito de prepararles una celada, por lo tanto cuando estos arriban al lugar y se posicionan en la zona del encuentro, aparece parte de los agentes y les intiman, y antes que lograran reaccionar, ya sea para protegerse, huir o repeler el ataque, inicia la gente de la CNI una balacera que hiere y le quita la vida en el lugar a la víctima Iván Palacios Guarda y a su compañero, Eric Enrique Rodríguez Hinojosa lo dejan herido de gravedad, debiendo ser trasladado de urgencia a la asistencia pública, donde queda en estado de coma y fallece el 4 de septiembre de 1989, producto de la herida de bala cráneo encefálica, sin salida de proyectil, complicada, que se le infiere en esa oportunidad»

Además se considera que:  «Con posterioridad, testigos presenciales han señalado que los agentes de la CNI, culminado el tiroteo, realizaron una serie de maniobras en el sitio del suceso con el objeto de simular un enfrentamiento con las víctimas, disponiendo un contexto que pretendió ser avalado con los dichos de los participantes cuando declaran con nombre operativo ante la Fiscalía Militar, entregando como versión oficial que las víctimas se aprestaban a colocar artefactos explosivos en dos postes del alumbrado público que sostenían un transformador, pero que al conminarlos a detenerse, éstos les dispararon y no tuvieron otra alternativa que repeler dicho ataque con las consecuencias ya descritas».

Cuarta Sala del tribunal de alzada condenó a 15 años y un día de presidio a Hugo Acevedo Godoy, Juan Farías Orellana, Víctor Caro Pizarro y Jorge Rivas Arancibia; y a 10 años y un día a Luis Sanhueza Ross, en calidad de autores.

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a cinco agentes de la extinta Central Nacional de Informaciones (CNI), por su responsabilidad en el delito consumado de homicidio calificado y reiterado de Iván Gustavo Palacios Guarda y Erick Enrique Rodríguez Hinojosa, militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), ejecutados en un falso enfrentamiento el 18 de abril de 1989, en la comuna de Quinta Normal.

En fallo dividido (causa rol 1.443-2019), la Cuarta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Hernán Crisosto Greisse, Antonio Ulloa Márquez y el abogado (i) Jorge Benítez Urrutia– confirmó la sentencia apelada en la parte que condenó al exagente Hugo César Acevedo Godoy a 15 años y un día de presidio, en calidad de autor de los delitos.

Asimismo, la sala confirmó la sentencia condenatoria dictada en contra de Juan Farías Orellana, Víctor Caro Pizarro y Jorge Rivas Arancibia, con declaración que se eleva a 15 años y un día de presidio la pena que deberán purgar como autores de los delitos; y en el caso del exagente Luis Sanhueza Ross, se elevó a 10 años y un día de reclusión efectiva, la pena que deberá cumplir también en calidad de autor.

En la causa, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la resolución de primera instancia y decretó la absolución del entonces jefe de la CNI Humberto Leiva Gutiérrez y confirmó la absolución del agente Armando Rodolfo Ávila Fierro.

 “Que los delitos sub-lite fueron cometidos por agentes del Estado en el contexto de las postrimerías de un periodo de violaciones a los Derechos Humanos graves, masivas y sistemáticas, siendo las víctima un instrumento dentro de una política general de exclusión, hostigamiento, persecución de un grupo de numeroso de personas, integrado por políticos, trabajadores, estudiantes, profesionales, y todo aquél que desde el 11 de septiembre de 1973, durante la permanencia del régimen militar, fue imputado de pertenecer o ser ideológicamente afín al régimen político depuesto o considerado sospechoso de oponerse o entorpecer el proyecto del gobierno militar”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que: “Es así como los hechos establecidos dan cuenta que las víctimas fueron objeto de un tratamiento inhumano, alejado de todo debido respeto a la dignidad inherente al ser humano; sin la más elemental piedad por el semejante, y alejada de todo principio moral al instigar a dos personas a ejecutar acciones de resistencia para luego de preparado el sitio y lugar del hecho, aparentar un enfrentamiento y dar muerte a dos personas, configurándose, por tanto, una violación múltiple y continuada de numerosos derechos, que ha sido calificada por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos como ‘una afrenta a la conciencia del Hemisferio y constituye un crimen de lesa humanidad’, crímenes que la comunidad mundial se ha comprometido a erradicar, pues tales hechos merecen una reprobación categórica de la conciencia universal, al atentar contra los valores humanos fundamentales, que ninguna convención, pacto o norma positiva puede derogar, enervar o disimular. Que, entonces los delitos de autos deben ser calificados como delitos de lesa humanidad’”.

En tanto, con relación a la decisión absolutoria del jefe de la CNI al momento de los hechos, la sala razona que: “(…) la conducta del acusado Humberto Leiva Gutiérrez durante la dirección que le correspondió ejercer en la CNI, a juicio de esta Corte, se asimila a un perfil de administrador, destinado a ponerle término y redestinar sus recursos y con una unidad antisubversiva desarticulada, ya que pasó a ser la Brigada de Inteligencia Metropolitana, a cargo del Brigadier Enrique Ledy, sin la realización de actividades operativas o de combate”.

“En efecto –prosigue–, no existe prueba indubitada que indique que el acusado ordenó o dispuso el asesinato de los jóvenes víctimas de estos delitos, o que haya participado en una reunión de coordinación, o haberse presentado en el lugar de los hechos o haber suscrito algún comunicado. No existe evidencia que pueda atribuirle una orden o instrucción a Ledy, Acevedo o Sanhueza. Tampoco participó en el falseamiento de la información a la justicia militar que ya se indagaba”.

“Que atendido lo razonado y en mérito de lo establecido por el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal que dispone que nadie puede ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgue haya adquirido, por los medios de prueba legal, la convicción de que realmente se ha cometido un hecho punible y que en él ha correspondido al procesado una participación culpable y penada por la ley, estos sentenciadores del voto de mayoría estiman insuficiente el fundamento esgrimido por el jurisdicente de primer grado a efectos de condenar a Leiva Gutiérrez, por cuanto no se configura a su respecto el tipo penal de autor de los delitos de homicidio calificado de los señores Iván Gustavo Palacios Guarda y Erick Enrique Rodríguez Hinojosa, del N°1 del artículo 391 del Código Penal, ocurrido en esta ciudad el 18 de abril de 1989, por lo que, disintiendo del informe fiscal, se le absolverá, disintiéndose así del parecer del Sr. Fiscal Judicial que estuvo por confirmar la sentencia al respecto”, concluye.

En el aspecto civil, el tribunal de alzada confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización total de $100.000.000 (cien millones de pesos), por concepto de daño moral, a los demandantes: dos hermanos y una prima de la víctima Palacios Guarda.

Decisión adoptada en lo penal con el voto en contra del ministro Crisosto Greisse, quien estuvo por confirmar la sentencia en alzada en la parte que condenó a Leiva Gutiérrez a 15 años y un día de presidio, como autor de los delitos; y en lo civil, con el voto en contra del abogado integrante Benítez Urrutia, quien estuvo por revocar la sentencia y rechazar la demanda, por considerar prescrita la acción indemnizatoria.

Falso enfrentamiento
En el fallo de primera instancia, el ministro en visita extraordinaria Mario Carroza dio por establecidos los siguientes hechos:
“1.- Que la Central Nacional de Informaciones, creada el día 13 de agosto de 1977, estableció mediante Decreto Ley N° 1878 su estructura, atribuciones y facultades similares a las de su antecesora, la DINA, y al igual que ella, era dependiente del Ministerio del Interior, siendo su función primordial la de reunir y procesar toda la información nacional proveniente de diversos campos de acción que ‘… el Supremo Gobierno requiere para la formación de planes y programas, y adopción de medidas necesarias para el resguardo de la seguridad nacional, el desenvolvimiento de las actividades nacionales y la mantención de la institucionalidad.’;
2.- Que esta organización de inteligencia era militarizada, por lo que contaba con personal de las fuerzas armadas y personal civil para la realización de sus funciones, estaba dotada de medios propios y también de recintos de detención, todo ello a cargo de un Director General que ejercía el mando a nivel nacional y al cual se encontraban supeditados todos sus miembros;
3.- Que en la Región Metropolitana, supeditada al mando de la Dirección Nacional se encontraba la División Antisubversiva, instalada en el Cuartel República, ubicada en la calle Grajales, y dependiente del Departamento de Inteligencia de la CNI, y tenía como objeto organizarse cupularmente en torno a un Oficial que encabezaba los grupos operativos, también establecía las directrices, los objetivos y fijaba las prioridades de trabajo, luego las actividades en terreno eran desarrolladas por agrupaciones o equipos de trabajo, integrados por miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía de Investigaciones y civiles;
4.- Que así las cosas, el 18 de abril de 1989, a las 21:00 horas aproximadamente, dos militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Erick Enrique Rodríguez Hinojosa e Iván Palacios Guarda, fueron convocados a reunirse en calle San Pablo a la altura del N°4000, por un sujeto identificado como Miguel, que finalmente resultó ser un agente de la Central Nacional de Informaciones, que se había infiltrado en las poblaciones populares, invocando ser encargado zonal del Movimiento de Izquierda Revolucionaria –MIR–, siendo su función la de reclutar jóvenes con la finalidad de que estos se integraran al denominado ‘Comando de Resistencia’, este individuo para ganarse la confianza de los integrantes del Movimiento, les proveía de armas e impartía instrucción militar;
5.- Que previo a la llegada de las víctimas a la citada reunión, los funcionarios de la CNI de la Unidad Antisubversiva, habrían desplegado en el sector un vasto operativo con el propósito de prepararles una celada, por lo tanto cuando estos arriban al lugar y se posicionan en la zona del encuentro, aparece parte de los agentes y les intiman, y antes que lograran reaccionar, ya sea para protegerse, huir o repeler el ataque, inicia la gente de la CNI una balacera que hiere y le quita la vida en el lugar a la víctima Iván Palacios Guarda y a su compañero, Erick Enrique Rodríguez Hinojosa lo dejan herido de gravedad, debiendo ser trasladado de urgencia a la asistencia pública, donde queda en estado de coma y fallece el 4 de septiembre de 1989, producto de la herida de bala cráneo encefálica, sin salida de proyectil, complicada, que se le infiere en esa oportunidad;
6.- Que con posterioridad, testigos presenciales han señalado que los agentes de la CNI, culminado el tiroteo, realizaron una serie de maniobras en el sitio del suceso con el objeto de simular un enfrentamiento con las víctimas, disponiendo un contexto que pretendió ser avalado con los dichos de los participantes cuando declaran con nombre operativo ante la Fiscalía Militar, entregando como versión oficial que las víctimas se aprestaban a colocar artefactos explosivos en dos postes del alumbrado público que sostenían un transformador, pero que al conminarlos a detenerse, estos les dispararon y no tuvieron otra alternativa que repeler dicho ataque con las consecuencias ya descritas”.