Ramirez Pineda Luis Joaquin

Agentes de Interpol detuvieron hoy en Buenos Aires al general en retiro del Ejercito chileno Joaquín Ramírez Pineda, cumpliendo una peticion de la justicia francesa.

Ramírez Pineda, de 77 años, se desempeñó como comandante del Regimiento Tacna al momento del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Tras el bombardeo de La Moneda, decenas de prisioneros capturados en el palacio presidencial fueron llevados al mencionado regimiento comandado por el entonces coronel Ramírez Pineda.

Según el informe especial de derechos humanos denominado Comisión Rettig, entre los prisioneros se cuentan 10 asesores directos de Allende y 13 miembros del GAP (Grupo de Amigos Personales del Presidente, su guardia personal).

Tras su detención, los prisioneros fueron trasladados a la unidad militar de Peldehue, a unos 30 kilómetros al norte de Santiago. En ese lugar fueron ejecutados y sus cuerpos, dinamitados.

La captura del presunto represor se concretó en el hotel porteñó Claridge y fue solicitada por la justicia francesa por el secuestro, torturas y desaparición en 1973 del médico de origen francés Jorge Klein durante el bombardeo y posterior ocupación de La Moneda.

Cabe señalar que el general (r) ya había sido procesado en Francia por el magistrado Roger Le Laire por la desaparicion del mencionado profesional.

Según fuentes de Interpol, Ramírez Pineda fue puesto a disposición del juzgado número 7, que preside el juez Jorge Urso, el mismo magistrado que proceso al ex Mandatario argentino Carlos Menem por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia.

Abogado Caucoto: "Está seriamente involucrado"

El abogado de DD.HH. Nelson Caucotto manifestó hoy que el general (r) Ramírez Pineda "está seriamente involucrado en violaciones a los derechos humanos, debido a que era el comandante del regimiento Tacna en 1973, recinto al que fueron llevadas las personas detenidas del Palacio de La Moneda".

El profesional dijo que el ex uniformado estaría involucrado en la desaparición de quienes llegaron a ese recinto castrense, señalando que por la responsabilidad que le cabría existen "probabilidades de que sea procesado en el futuro e incluso condenado en la participación de estos hechos". Caucotto indicó que el general (r) nunca ha aportado información sobre estos casos y ha negado su vinculación a ellos.

 

El general (r) Luis Ramírez Pineda, quien es sindicado por la justicia francesa como responsable de la muerte de un ciudadano galo durante el golpe de Estado de 1973, permanece bajo arresto domiciliario en un departamento del residencial barrio de La Recoleta.

El oficial fue detenido el viernes en el hotel Claride de Buenos Aires por personal de la Interpol, quienes respondieron a una solicitud de arresto de la justicia francesa emitida por el juez George Le Loire, que lo requiere por la muerte del doctor George Klein Pipper.

Fuentes de tribunales indicaron que para el arresto del ex militar de 77 años no hubo necesidad de labores de inteligencia, debido a que declaró su alojamiento cuando llegó al país.

Según la ley 24.767 sobre extradición, Francia tiene un mes y medio de plazo para remitir los antecedentes al juez Jorge Urso, quien tendrá el trabajo de corroborar si la conducta del acusado se encuentra dentro de los delitos previstos en Argentina antes de decidir si concede la extradición.

Sin embargo, será el gobierno argentino el que a través de la Cancillería decidirá si concede o no la extradición del militar chileno a Francia.

En tanto, el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, afirmó que espera que ni el gobierno argentino ni el chileno interfieran políticamente y dejen actuar a la justicia, puesto que "deben garantizar que el recurso de extradición siga su curso normal".

El juez del Quinto Juzgado del Crimen de Santiago, Juan Carlos Urrutia, sometió a proceso a ocho ex miembros del Ejército por los casos de los doce detenidos desaparecidos del Palacio de La Moneda, hecho ocurrido en septiembre de 1973.

Por el delito de secuestro calificado fue encausado el general (r) Luis Joaquín Ramírez Pineda, quien se encuentra detenido en Argentina desde septiembre, a la espera de ser extraditado a Francia por la desaparición del médico y ex asesor presidencial Georges Klein Pipper, aprehendido en La Moneda en 1973.

Asimismo, fueron procesados el coronel Servando Maureira Roa, el mayor Jorge Herrera López y los suboficiales Teobaldo Mendoza Vicencio, Eliseo Cornejo Escobedo, Bernardo Soto Segura, Juan de la Cruz Riquelme Silva y Jorge Ismael Gamboa Alvarez, todos ellos en retiro y confesos de los fusilamiento.

Cabe mencionar que en los próximos días el magistrado Juan Carlos Urrutia solicitará a Argentina la extradición del general Luis Ramírez.

La cancillería argentina tendría un dictamen favorable a la solicitud de extradición a Chile del general (r) Luis Ramírez Pineda, quien permanece con arresto domiciliario en Buenos Aires, e incluso ya habría elevado un proyecto de decreto al Presidente transandino, Néstor Kirtchner, quien deberá reolver si firma la resolución.
Así lo indica la prensa local en una nota donde cita a una fuente calificada que informó sobre la determinación de la cancillería, que obedece a que la petición de Chile posee más fundamentos que primer lugar hizo la justicia de Francia, quien también requiere judicialmente a Ramírez por asesinatos de ciudadanos galos en nuestro país.
La Sala Penal de la corte Suprema chilena resolvió el 18 de marzo solicitar la extradición del ex uniformado, en el marco de su procesamiento junto a otros siete ex oficiales, por el secuestro calificado de 12 personas detenidas en La Moneda, el 11 de septiembre de 1973.
Francia busca juzgar al general retirado por la desaparición de Georges Klein Piper, asesor de Salvador Allende, tras la investigación que iniciara el juez Roger Le Loire, por el secuestro de cinco chilenos franceses (Alfonso Chanfreau, Jean Ives Claudet Fernández, Marcel Amiel Baquet, Etienne Pesle y George Klein) y que originó una orden de captura contra 15 ex militares, entre ellos, Ramírez Pineda. 
 

El avance en que se encuentra la investigación que se sustancia en el Quinto Juzgado del Crimen de Santiago y los nuevos antecedentes que entregaron los abogados de la causa por la desaparición de 14 personas desde el palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973, fueron los principales motivos para que el consejo general del Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidiera que la entidad debía hacerse parte en el proceso.

Fuentes de la entidad explicaron que la resolución fue adoptada en forma unánime y “fue una relación de más de una hora, con todas las piezas del proceso y no se pasó de una cosa que se diga que era negro a una que ahora es blanca, sino que simplemente como están las cosas, ahora hay merito suficiente”.

Con ello, se explica por qué esta idea había sido rechazada el 11 de agosto pasado.

De esta manera se determinó además que el abogado que se sumará a la causa que sustancia el juez exclusivo, Juan Carlos Urrutia, será Helmut Griott, quien se estima argumentará los criterios de la propuesta del Presidente Ricardo Lagos sobre derechos humanos en materia penal.

Esto significa distinguir entre los autores materiales y los intelectuales del caso.

En esta causa ya han sido procesados el brigadier (R) Pedro Espinoza, el coronel (R) Servando Maureira y el mayor (R ) Jorge Herrera. Además los suboficiales en retiro Teobaldo Mendoza, Eliseo Cornejo, Bernardo Soto, Juan de la Cruz Riquelme y Jorge Gamboa.

Entre ellos también está el general en retiro Hernán Ramírez Pineda, quien se encuentra detenido desde septiembre pasado en Buenos Aires.

Respecto a este caso, para el cual la justicia chilena ya solicitó la extradición, el CDE estudia hacerse parte en Buenos Aires, lo que a juicio de los consejeros es posible, porque él está procesado en Chile por esta causa.

Entre las víctimas de La Moneda, llevadas del regimiento Tacna al fuerte Justo Arteaga Cuevas en Peldehue, donde fueron fusilados y posteriormente sus cuerpos lanzados al mar, se encuentran Jaime Barrios Meza, Daniel Escobar Cruz, Enrique Huerta Corvalán, Claudio Jimeno Grendi, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Moreno Pulgar, Arsenio Poupin Oissel, Julio Tapia Martínez, Oscar Valladares Caroca, Juan Vargas Contreras y George Klein Pipper. Es por el caso de este último que la justicia francesa pidió a su par argentina la detención de Ramírez Pineda

La justicia argentina aceptó el viernes extraditar a Chile al general retirado Luis Ramírez Pineda, detenido en Buenos Aires por su presunta responsabilidad en la desaparición de 12 personas poco después del golpe de Estado de 1973 en Chile.

Desde septiembre del año pasado el general, de 77 años, está detenido en su domicilio de Buenos Aires a raíz de una orden de captura internacional emanada de un tribunal francés, que investiga la desaparición de una de esas 12 personas, el médico francés Jorge Kleine.

Pero el juez federal argentino Jorge Urso hizo lugar al pedido de extradición de la justicia chilena, tomando en consideración la voluntad del detenido de ser juzgado en su país y no en Francia, los convenios de extradición entre Argentina y Chile y el lugar en que fue cometido el delito.

"Habré de resolver en un sentido favorable a la extradición instada por el Estado chileno contra Ramírez Pineda a los fines de no demorar más la posibilidad de que este último resuelva su situación procesal en su país natal", dijo el magistrado en su resolución.

Una fuente del tribunal dijo a Reuters que Urso ya envió su resolución a la cancillería argentina, y que los tiempos para que se materialice la extradición ahora dependen de ese ministerio.

Ramírez Pineda fue el encargado de las tropas que cercaron el centro de Santiago durante el golpe del 11 de septiembre de 1973, que marcó el inicio de 17 años de la dictadura de Augusto Pinochet, que dejó 3.000 muertos y desaparecidos como víctimas de la violencia política.

Por las manos del general arrestado pasaron cerca de 50 colaboradores del derrocado presidente Salvador Allende.

El máximo tribunal chileno realizó el pedido de extradición tras establecer que Ramírez fue el responsable del secuestro de al menos 12 personas sacadas del palacio presidencial, entre ellas Kleine, de las que aún no se conoce su paradero

Esta tarde llegó al país el general (R) Hernán Ramírez Pineda, que permanecía detenido en Buenos Aires desde el año pasado a solicitud de Francia, luego que Argentina acogiera una solicitud de extradición de la Corte Suprema.

Ramírez Pineda, que llegó custodiado por personal de Interpol y del Departamento V de Investigaciones, fue sometido a exámenes médicos en el Hospital Militar, ya que padece de una diabetes crónica.

Tras los exámenes se ordenó su reclusión en el Regimiento de Telecomunicaciones, donde permanecerá hasta el próximo lunes, cuando será notificado del auto de procesamiento dictado el 13 de enero pasado por el titular del Quinto Juzgado del Crimen de Santiago, Juan Carlos Urrutia, que sustancia el proceso por los detenidos en el Palacio de La Moneda.

El 29 de agosto pasado Argentina acogió la solicitud chilena, desestimando un pedido en el mismo sentido de Francia, que indaga la desaparición del médico francés Jorge Klein, detenido el 11 de septiembre de 1973 en el Palacio de La Moneda.

En Chile, por este caso también fueron encausados en enero los suboficiales de Ejército Servando Maureira Roa, Jorge Herrera López, Teobaldo Mendoza Vicencio, Eliseo Cornejo Escobedo, Bernardo Soto Segura, Juan Riquelme Silva y Jorge Ismael Gamboa.

El abogado Nelson Caucoto, que representa a los familiares de las víctimas, destacó el “mejor derecho” de Chile para investigar el caso. “Me parece que es una diligencia que hará avanzar el proceso”, señaló el jurista.

Los ex uniformados están imputados de los secuestros de Jaime Barrios Mesa, Daniel Escobar Cruz, Enrique Huerta Corvalán, Claudio Jimeno Grendi, Jorge Klein Pipper, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murua, Julio Moreno Pulgar, Arsenio Poupin Oissel, Julio Tapia Martínez, Oscar Valladares Caroca y Juan Vargas Contreras.

A este proceso se encuentra acumulado un segundo, por la remoción de los cuerpos de los fusilados de La Moneda, ocurrida el 23 de diciembre de 1978. Se trata de los ex militares Eliseo Cornejo Escobedo; José Canario Santibáñez; Luis Fuenzalida Rojas; Darío Gutiérrez y Hernán Canales. Todos encausados en calidad de autores

Luego de casi diez años, desde que la justicia francesa se decidió a juzgar a un grupo de represores chilenos y un argentino por el secuestro y desaparición de cinco ciudadanos franco-chilenos, el Gran Tribunal Penal de París fijó fecha para el juicio entre el 19 y 23 de mayo próximo.

Los 13 chilenos y el argentino serán juzgados en rebeldía (según la figura legal francesa) pues ni Chile ni Argentina acogieron las demandas de extradición formuladas en su momento por Francia. Entre los chilenos están el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras y el líder de la secta alemana Colonia Dignidad, Paul Schafer.

Cuatro de los chilenos requeridos inicialmente ya están muertos: el dictador Augusto Pinochet, el general Javier Palacios que comandó el asalto desde tierra a La Moneda el 11 de septiembre de 1973, el coronel de aviación Andrés Pacheco Cárdenas, comandante de la base aérea de Temuco, y el ex agente civil Osvaldo “Guatón” Romo.

Los oficiales chilenos (todos en retiro) que serán sometidos a juicio son, además de Contreras y Sch fer: Emilio Sandoval Poo, empresario sureño; Joaquín Ramírez Pineda, ex comandante del regimiento Tacna; Rafael Ahumada Valderrama; el teniente coronel de Carabineros Gerardo Godoy García (“El Cachete Chico”); Basclay Zapata Reyes (“El Troglo”), DINA suboficial de Ejército; Miguel Krassnoff Martchenko, brigadier DINA ex jefe de la brigada Águila; Marcelo Moren Brito, coronel DINA ex jefe de Villa Grimaldi; Pedro Espinoza Bravo, brigadier ex segundo jefe de DINA; Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, general DINA ex jefe de su departamento exterior; José Zara Holger, brigadier DINA, ex jefe de su departamento exterior; y el ex agente civil DINA Enrique Arancibia Clavel, que el año pasado terminó de cumplir una pena de presidio en Buenos Aires por el asesinato en 1974 del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert. También será juzgado el ex jefe de la inteligencia del Ejército argentino (SIDE) en Mendoza y Bahía Blanca durante la última dictadura, José Osvaldo Riveiro, alias “Balita”.

Los catorce criminales, la mayoría con un largo prontuario por delitos de lesa humanidad, serán juzgados por el secuestro y desaparición de Alfonso Chanfreau Oyarce, Jean Ives Claudet Fernández, René Marcel Amiel Baquet, George Klein Pipper, y Etienne Pesle de Menil.

Las cinco víctimas Chanfreau fue detenido en julio de 1974 en Santiago y su nombre aparece en la lista de los 119 desaparecidos de la Operación Colombo -preámbulo de la Operación Cóndor- por la que la dictadura chilena pretendió hacer creer que habían huido a Argentina.

Claudet fue detenido en Buenos Aires en noviembre de 1975 como parte de la Operación Cóndor, en la que también participaron los servicios de inteligencia de Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay. En este caso, Arancibia Clavel o “Luis Felipe Alemparte”, envió desde Buenos Aires (noviembre de 1975) un memorándum dirigido a “Luis Gutiérrez”   -chapa del cargo de jefe exterior DINA, en ese entonces Iturriaga

Neumann- que decía: “A Claudet se le sometió a interrogatorio. .. Ya no existe, es RIP (Réquiem in pace)”.

El memo, junto a otros similares, fue pesquisado en Buenos Aires por la jueza María Servini y formó parte del expediente abierto allá por el crimen de los Prats-Cuthbert.

Amiel fue arrestado en Mendoza por agentes chilenos y argentinos en 1977. Klein era asesor de Allende y fue detenido en La Moneda el día del golpe militar. Pesle era un sacerdote secuestrado en Temuco en septiembre de 1973.

"No tiene validez en Chile", dijo ayer el abogado Jorge Balmaceda, quien representa a dos de los ex miembros de la DINA que en mayo próximo serán juzgados por un tribunal francés, por su responsabilidad en los secuestros y apremios ilegítimos que sufrieron en Chile cuatro ciudadanos de ese país durante el régimen militar.

Ayer se informó en Francia que entre el 19 y el 23 de mayo próximo tendrá lugar en un tribunal criminal de París el juicio contra 17 ex miembros del organismo de inteligencia que encabezaba el entonces coronel Manuel Contreras, a quienes se responsabiliza por las desapariciones de Alfonso Chanfreau Oyarce, Etienne Pesle, Georges Klein y Jean-Yves Claudet Fernández.

Según se prevé, varios de quienes serán enjuiciados en ausencia podrían ser condenados a presidio perpetuo, si se comprueba la aplicación de torturas.

Para Balmaceda, quien defiende al brigadier (r) Pedro Espinoza y al general (r) Raúl Iturriaga -ambos en la lista de los 17- los tribunales franceses "no tienen competencia ni jurisdicción en Chile", y es la justicia chilena la única que puede pronunciarse por los hechos acontecidos en el país. "Además, no tienen cómo investigar los hechos; el juicio se hace sólo a base de suposiciones", agregó.

El abogado Enrique Ibarra, quien representa a Basclay Zapata, enfatizó que lo que pueda resolver la justicia francesa no tiene valor. "Es un tema simbólico", aseveró, porque no tiene efectos prácticos. Además, recordó que los casos por los cuales van a ser juzgados están siendo indagados por la justicia chilena, y en algunos ha habido resoluciones.

El abogado José Luis Sotomayor, quien representa al brigadier (r) José Zara y al ex jerarca de Colonia Dignidad, Paul Schaeffer, enfatizó que "ningún estado de derecho racional puede juzgar a nadie en rebeldía".

En tanto, la viuda de Alfonso Chanfreau, Erika Hennings, celebró la noticia.

"Creo que es espectacular, considerando que en Chile no ha habido avances", aseveró, en referencia al proceso que instruye el ministro Carlos Gajardo. La mujer, quien también estuvo detenida, no descartó viajar a Francia.

La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago  sometió a proceso a diez ex uniformados, entre ellos el general (r) Herman Brady por el delito de delito de secuestro calificado cometido en contra del ex GAP, Luis Fernando  Rodríguez Riquelme.

La resolución señala que tienen participación en el crimen  Luis Joaquín Ramírez Pineda, Servando Elías Maureira Roa, Jorge Iván Herrera López, Teobaldo Segundo Mendoza Vivencio, Eliseo Antonio Cornejo Escobedo, Bernardo Eusebio Soto Segura, Juan de la Cruz Riquelme Silva, Jorge Ismael Gamboa Alvarez,  general (r) Herman Julio Brady Roche y brigadier (r) Pedro Octavio Espinoza Bravo.

El dictamen señala que “se desprenden fundadas presunciones para estimar que a cada uno le cupo participación en calidad de autor en el delito descrito ( ) toda vez que el primero de los nombrados (Ramírez Pineda) en su calidad de Comandante del Regimiento Tacna, con el grado de coronel, ordenó el traslado de los prisioneros a Peldehue y presumiblemente dio también las ordenes para su fusilamiento, en tanto que el segundo al octavo de los normados, ejecutaron  dichas ordenes, sin que existan antecedentes que permitan estimar que dichos subordinados se encontraban en la situación de exigibilidad de otra conducta”.

Añade el dictamen que el décimo (Espinoza Bravo) llegó también  al lugar donde bajaron a los prisioneros y con mando dispuso lo pertinente para que presumiblemente los fusilaran, y el noveno (Brady Roche) teniendo  un cargo superior en el mando del primero de los nombrados (Ramírez Pineda) dispuso o permitió que se llevara a cabo el traslado de la víctima hasta Peldehue, donde desaparece”.

Luis Fernando Rodríguez Riquelme era parte del Grupo de Amigos del Presidente (GAP) y fue detenido el 11 de septiembre en La Moneda. El día 13 de septiembre alrededor del mediodía por orden del Comandante del Regimiento Tacna (Ramírez Pineda) fueron amarrados con alambres en manos y pies y trasladados  a bordo de un camión Pegaso, cubiertos con una lona, rumbo a Peldehue.

En este lugar se pierde información sobre el detenido, presumiéndose que fue acribillado.

El ex director de Investigaciones, Eduardo “Coco” Paredes, y el médico personal de Allende, Enrique Paris, son dos de las ocho víctimas por las que fueron procesados los oficiales (R) del Ejército.

El ministro en visita Juan Fuentes Belmar sometió ayer a proceso al general (R) Herman Julio Brady y a otros ocho oficiales en retiro del Ejército por los detenidos desaparecidos de La Moneda, entre ellos el doctor Enrique Paris y el ex director de Investigaciones, Eduardo "Coco" Paredes.

Es el segundo procesamiento que afecta a Brady y los otros oficiales por las detenciones realizadas en el palacio de gobierno el 11 de septiembre de 1973, las que después se convirtieron en desapariciones. Por lo mismo, se les caratuló como secuestros calificados de presos políticos.

Junto a Brady, fueron procesados el brigadier (R) Pedro Espinoza Bravo (quien sería después el segundo al mando de la DINA) y los ex oficiales Servando Maureira Roa, Jorge Herrera López, Teobaldo Mendoza Vicencio, Eliseo Cornejo Escobedo, Bernardo Soto Segura, Juan Riquelme Silva y Jorge Gamboa Álvarez.

El día del golpe de Estado tropas militares ingresaron a La Moneda, donde detuvieron a cerca de 50 personas, entre asesores directos, miembros del Grupo de Amigos Personales (GAP) del Presidente Allende, médicos y funcionarios de Investigaciones, quienes fueron trasladados hasta el Regimiento Tacna, para luego ser ejecutados. Hasta la fecha sus cuerpos no han sido ubicados.

Además del doctor Paris y del "Coco" Paredes, en La Moneda fueron detenidos Jaime Sotelo Ojeda (GAP), Sergio Contreras Contreras (jefe de Prensa de la Intendencia), Héctor Pincheira Núñez (asesor del Presidente Allende), José Freire Medina (GAP), Manuel Castro Zamora (GAP) y Daniel Gutiérrez Ayala (GAP).

El abogado querellante en el caso, Nelson Caucoto, dijo que "es la primera vez, después de 35 años, que estos asesores del Presidente Allende comienzan a vislumbrar la justicia. Con este fallo se ha demostrado que la justicia tarda pero llega".

Respecto del general (R) Luis Ramírez Pineda, ex comandante del Regimiento Tacna -a quien el magistrado resolvió no someter a proceso por el momento-, el abogado Caucoto explicó que su situación se decidirá cuando la Corte Suprema solicite a la justicia argentina la ampliación de su extradición.

Los generales (R) Pineda y Brady, junto con los otros oficiales, ya fueron sometidos a proceso en mayo pasado por la desaparición (secuestro calificado) del ex GAP Luis Rodríguez Riquelme, también apresado en La Moneda. Sin embargo, en aquella oportunidad, la Corte de Apelaciones actuó de oficio, ante la negativa del ministro Fuentes Belmar en esta causa.

Brady era el comandante de la guarnición de Santiago y el entonces coronel Ramírez Pineda, comandante del Regimiento Tacna donde fueron llevados los detenidos de La Moneda.

Desde ese lugar los sacaron en un camión, amarrados de pies y manos con alambre, con destino a Peldehue donde los fusilaron. Toda la operación fue supervisada por Pedro Espinoza, quien vestía de civil.

Enrique Paris y “Coco” Paredes

Juan Antonio Eduardo “Coco” Paredes Barrientos estaba casado, tenía dos hijos y era médico cirujano. Militaba en el PS y durante el Gobierno de Allende fue director del Servicio de Investigaciones.

Enrique París Roa, también médico, estaba casado, tenía 3 hijos y era miembro del comité central del PC. Asesoraba al Presidente Allende en materias de Salud.

Ambos fueron apresados al salir del Palacio de La Moneda, mientras era bombardeado. Junto al resto de los detenidos, se les trasladó al Regimiento Tacna, donde permanecieron hasta el 13 de septiembre.

Corte Suprema amplió la solicitud de de extradición a Argentina de Luis Joaquín Ramírez Pineda, quien se encuentra procesado en nuestro país por el ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar en la investigación por secuestros calificados en el denominado caso Palacio de la Moneda.

Los ministros de la Segunda Sala Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller, acogieron la petición planteada por el ministro Fuentes Belmar en el caso de nueve víctimas que se encuentran desaparecidas desde el 11 de septiembre de 1973.

Se trata de Jaime Gilson Sotelo Ojeda, Sergio Contreras, Héctor Ricardo Pincheira Núñez, José Freire Medina, Juan Eduardo Paredes Barrientos, Egidio Enrique Paris Roa, Manuel Ramón Castro Zamorano, Daniel Antonio Gutiérrez Ayala y Fernando Rodríguez Riquelme.

En 2003, la Corte Suprema decidió remitir una solicitud de extradición del procesado por los casos de secuestro de Jaime Antonio Barrios Meza, Daniel Francisco Escobar Cruz, Enrique Lelio Huerta Corvalán, Claudio Raúl Jimeno Grendi, Jorge Klein Pipper, Óscar Reinaldo Lagos Ríos, Juan José Montiglio Murúa, Julio Hernán Moreno Pulgar, Arsenio Poupin Oissel, Julio Fernando Tapia Martínez, Óscar Enrique Valladares Caroca y Juan Alejandro Vargas Contreras, también ocurridos a partir de 1973 en el Palacio de la Moneda.

El ex jefe castrense fue detenido en septiembre de 2002 en Argentina por una orden de captura internacional emitida por la justicia francesa, que lo vinculó con las violaciones de los derechos humanos de las que fue objeto un ciudadano francés que vivía en Chile durante el régimen del dictador Augusto Pinochet (1973-1990).

La Corte Suprema aprobó este viernes incluir en la solicitud de extradición del general retirado Luis Ramírez Pineda, detenido en Argentina, el delito de secuestro calificado (desaparición) de nueve militantes del Partido Socialista el 11 de septiembre de 1973.

En un fallo unánime, el máximo tribunal de Chile acogió la solicitud planteada por el ministro Juan Eduardo Fuentes y resolvió "procedente solicitar al Gobierno de la República Argentina la ampliación de la extradición ya concedida" al general retirado.

En 2003, el ex militar fue procesado por la desaparición de doce personas que también se produjo el 11 de septiembre, día en que el presidente Salvador Allende murió en el Palacio de La Moneda después del golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet.

Ramírez Pineda fue detenido en septiembre de 2002 en Argentina por una orden de captura internacional emitida por la justicia francesa, que lo vinculó con las violaciones de los derechos humanos de las que fue objeto un ciudadano francés que vivía en Chile durante el régimen del dictador Augusto Pinochet (1973-1990).

 

De esta manera, la autoridad trasandina desestimó la petición de Francia para juzgar al ex militar en ese país por la desaparición de uno de sus ciudadanos en Chile. La información fue confirmada a través de la agencia France Press.

La petición de extradición fue hecha por el titular del Quinto Juzgado del Crimen de Santiago, Juan Carlos Urrutia, que sustancia el proceso por los detenidos desaparecidos del Palacio de La Moneda, en cuya causa se hizo parte la semana pasada el Consejo de Defensa del Estado, CDE.

La resolución argentina es un logro para la estrategia, tanto del Gobierno como del CDE, que busca que Ramírez Pineda responda ante los tribunales chilenos para lograr definir la estructura de mando en los fusilamientos de los colaboradores de Allende.

Ramírez Pineda fue procesado por esta el pasado 13 de enero, junto a los suboficiales de Ejército Servando Maureira Roa, Jorge Herrera López, Teobaldo Mendoza Vicencio, Eliseo Cornejo Escobedo, Bernardo Soto Segura, Juan Riquelme Silva y Jorge Ismael Gamboa.

Todos ellos fueron encausado por el secuestro calificado de Jaime Barrios Mesa, Daniel Escobar Cruz, Enrique Huerta Corvalán, Claudio Jimeno Grendi, Jorge Klein Pipper, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murua, Julio Moreno Pulgar, Arsenio Poupin Oissel, Julio Tapia Martínez, Oscar Valladares Caroca y Juan Vargas Contreras.

A este proceso se encuentra acumulado un segundo, por la remoción de los cuerpos de los fusilados de La Moneda, ocurrida el 23 de diciembre de 1978. Se trata de los ex militares Eliseo Cornejo Escobedo; José Canario Santibáñez; Luis Fuenzalida Rojas; Darío Gutiérrez y Hernán Canales. Todos encausados en calidad de autores.

En entrevista con la periodista Raquel Correa de “El Mercurio”, el comandante en jefe del ejército, general Juan Emilio Cheyre, hizo -de nuevo- declaraciones sorprendentes en materia de derechos humanos. No nos referimos a la reiteración de que la institución seguirá protegiendo -ayudando, dijo- a los acusados por crímenes y delitos en materia de derechos humanos, aunque se trate de criminales. Lo entendemos como parte de una doctrina institucional lamentable.
Nos interesan otras cosas. Sostuvo que no tenía sentido pedir perdón, como institución, por los crímenes. Aclaró que le sería fácil hacerlo, pero que eso sería “voluntarismo”. Y agregó “encuentro más serio y más digno, con mucho más valor moral lo que hicimos en la declaración post mesa de diálogo”.

¿Qué habrá querido decir? Porque reconocer crímenes y pedir perdón por ellos no tiene nada de “voluntarismo”. Eso se llama “honradez” y también “conciencia moral”. O más sencillamente “decencia”. Por otra parte, caracterizar como “más serio, más digno, con mucho más valor moral” lo que declararon los militares después de la mesa de diálogo, no constituye precisamente un aporte.

General Luis Ramírez Pineda: detenido en Buenos Aires. Fue comandante del Regimiento Tacna -donde asesinaron a muchos prisioneros- en septiembre del 73, y era agregado militar en Argentina cuando el crimen del general Carlos Prats y su esposa.

El general Cheyre sabe mejor que nadie que la mesa fue o un intento frustrado, porque no cumplió su objetivo de precisar el “destino final” de los detenidos desaparecidos; o una operación mediática que nunca pretendió llegar a nada serio o un deliberado agravio a las víctimas y a la sociedad democrática para demostrar que las FF.AA. conservan un poder que las hace intocables. Entregar un listado de víctimas que se ha demostrado falso en la mayoría de los casos, en cuanto a su “destino final”, fue un episodio bochornoso. Como igualmente no decir nada sobre la suerte corrida por muchos otros. Sobre todo porque se sabe que las FF.AA. y Carabineros conocen con precisión lo que ocurrió con cada detenido desaparecido y dónde están sus restos. 
El general Cheyre se refirió también al asesinato del general Carlos Prats en 1974. Concluyó que el crimen de Prats “duele a la institución”. ¿Cómo se condice el “dolor” del ejército con su pasividad, tolerancia y hasta reconocimiento desplegado hacia diversos oficiales que formaron parte de la conspiración para asesinar a Prats? ¿Cómo justifica que haya sido la justicia argentina -y no la chilena- la que ha detenido e interrogado al general (r) Luis Ramírez Pineda sobre el crimen del general Prats, en el cual difícilmente pudo no tener responsabilidad ya que era entonces agregado militar en la embajada chilena en Buenos Aires? ¿Qué quiere decir Cheyre cuando endosa a los tribunales la responsabilidad de descubrir a los asesinos cuando -como lo sabe- no hay causa en Chile por el asesinato y el ejército no ha hecho nada para que se abra una investigación criminal?
¿Cómo explica “el dolor” de los uniformados si él mismo como comandante en jefe no ha ordenado una investigación interna?

Han sido 15 años de investigación, pero este viernes 11 de octubre arrancaron las audiencias en Roma que deben determinar a quién se juzga de los 35 acusados de la desaparición de 23 italianos durante la Operación Cóndor, que coordinó la represión de las dictaduras del Cono Sur en los años 70 y 80.

La justicia es lenta. Eso lo sabe la muerte, que ya le ha evitado el paso por los tribunales a decenas de los torturadores y asesinos de uniforme que participaron en la tétrica Operación Cóndor, el plan urdido por la CIA (según documentos desclasificados de Estados Unidos), y que significó la acción conjunta contra sus opositores de las dictaduras cívico-militares de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, y esporádicamente actuaron con militares de Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador.

En el marco de la Operación Cóndor fueron asesinadas unas 50.000 personas, unas 30.000 fueron desaparecidas y hasta 400.000 encarceladas y torturadas.

Ahora, la Fiscalía de Roma pide que se juzgue a 35 de las 140 personas investigadas durante los últimos 15 años por Giancarlo Capaldo, el fiscal que puso en marcha este proceso en 1998 por el asesinato de 23 ciudadanos italianos. Ahora, el juez Alessandro Arturi debe decidir a quién procesa de los imputados de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay a los que juzgaría en ausencia y que sólo serían pedidos en extradición en caso de ser condenados y si existe convenio entre su país de origen e Italia.

De los 140 investigados iniciales, varios han muerto, como el ex presidente de Uruguay Juan María Bordaberry Arocena o el ex militar chileno Odlanier Rafael Mena Salinas, pero el hecho de que se investiguen y esclarezcan los asesinatos, desapariciones y torturas realizados durante la Operación Cóndor es un aporte al proceso de verdad, justicia y reparación exigido por las víctimas y sus familiares.
El juez aceptó el viernes que Italia, Uruguay y el Frente Amplio Uruguayo se personen como partes en el proceso y el Partido Democrático de Italia (PD) también ha anunciado que asistirá en el proceso y que, en caso de producirse finalmente el juicio, ayudará a las familias de las víctimas para que puedan asistir.

La lista de 23 desaparecidos que tenían nacionalidad italiana incluye a seis argentinos –dos secuestrados en Bolivia, dos en Brasil y dos en Paraguay–, cuatro ciudadanos chilenos secuestrados en el propio país, y 13 uruguayos desaparecidos en la Argentina.

Estos son los imputados por la fiscalía

Bolivia: general Luis Gómez Arce, jefe del Segundo Departamento de Inteligencia del Estado Mayor, entre 1979 y 1980, y el expresidente Luis García Meza Tejada.

Chile: Daniel Aguirre Mora, ex prefecto de la Policía; el general Sergio Víctor Arellano Stark (Caravana de la Muerte); el general Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda (DINA); el brigadier Pedro Octavio Espinoza Bravo; Carlos Luco Astroza; el coronel Marcelo Luis Moren Brito, el suboficial Orlando Moreno Vásquez, el coronel Hernán Jerónimo Ramírez, el coronel Rafael Francisco Ahumada Valderrama, el excomandante del regimiento Tacna Luis Joaquín Ramírez Pineda, y el brigadier Manuel Vásquez Chahuán.

Perú: el expresidente Francisco Morales Bermúdez, Martín Martínez Garay, Germán Ruiz Figueroa, y Pedro Richter Prada.

Uruguay: los exmilitares Gregorio Conrado Álvarez Armellino, José Ricardo Arab Fernández, Carlos Calcagno Gorlero, José Horacio Gavazzo Pereira, Juan Carlos Larcebeau Aguirre Garay, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco, Iván Paulós y Ernesto Avelino Ramas Pereira. Figuran también en la lista José Felipe Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Gilberto Valentín Vázquez Bisio, el exabogado Juan Carlos Blanco y Ricardo Eliseo Chávez Dominguín.

 

La Justicia condenó a un total de 18 años de prisión al general Joaquín Ramírez Pineda, por la ejecución de dos escoltas del presidente Salvador Allende, Wagner Salinas Muñoz y Francisco Lara Ruiz, y a otros 18 años de presidio, por homicidio calificado y secuestro simple de Wagner Herid Salinas Muñoz y Francisco Urcisinio Lara Ruiz, ilícitos perpetrados en Santiago, en 1973.

El fallo de la jueza especial de la Corte de Apelaciones de Santiago, Patricia González, sentenció al general Luis Ramírez Pineda a penas de 15  y de tres años de prisión por los homicidios de Wagner Salinas Muñoz y Francisco Lara Ruiz.

Ramírez Pineda era el comandante del regimiento Tacna, al que, tras el bombardeo y asalto al palacio de La Moneda durante el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, fueron llevados numerosos asesores de Salvador Allende y funcionarios de la Moneda capturados en la sede del gobierno.

Salinas Muñoz y Lara Ruiz pertenecían al equipo de seguridad, pero el día del golpe estaban en la ciudad de Talca por razones de trabajo y al enterarse de los hechos viajaron de inmediato a Santiago, pero fueron detenidos en la carretera por carabineros que los entregaron a militares, y finalmente llevados al regimiento Tacna.

Durante la investigación, señala el fallo, quedó establecido que Ramírez Pineda personalmente ordenó al capitán Luis Guillermo Mena, fusilar a dos personas, Wagner Salinas Muñoz y Francisco Lara Ruiz, cuyas cédulas de identidad incluso le entregó al impartirle dicha orden.

Wagner Salinas y Francisco Lara eran militantes del Partido Voluntario y, al igual que todos los miembros de la seguridad de Salvador Allende, ejercían esas labores de forma voluntaria.

Salinas, que profesaba la religión evangélica, habían sido además un destacado boxeador aficionado, varias veces campeón de Chile, campeón sudamericano y campeón latinoamericano del peso pesado.

Condenan a Ramírez Pineda por caso Caravana de la Muerte

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Patricia González Quiroz, condenó al general en retiro del Ejército Luis Joaquín Ramírez Pineda a las penas de 15 y 3 años de presidio efectivo, por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y secuestro simple de Wagner Herid Salinas Muñoz y Francisco Urcisinio Lara Ruiz, ilícitos perpetrados en Santiago, en 1973.

En la resolución (causa rol 2182-98), la ministra de fuero condenó al militar en retiro por su responsabilidad en la causa conocido como «Caravana de la Muerte. Episodio Curicó».

En la etapa de investigación, la ministra González Quiroz dio por establecido los siguientes hechos:

«Que efectivamente en los días posteriores al 11 de septiembre de 1973, se daba una situación excepcional en el país, y más aún en los regimientos, en que efectivamente había detenidos, específicamente ello ocurría también, en el Regimiento Tacna, cuyo comandante era el procesado Ramírez Pineda.

Y si bien su defensa alude a que su representado no ordenó detener ni matar, y si bien en parte, puede que así haya ocurrido, sin embargo, se hizo partícipe de dicha situación al tolerarla en la unidad a su mando, y aunque es posible que dentro del regimiento hayan actuado algunas unidades de inteligencia, como aduce la defensa, cuestión que tampoco ha sido comprobada fehacientemente, pero no obstante ello, la responsabilidad del Regimiento y de los acontecimientos y hechos ocurridos en su interior continúan siendo responsabilidad del Jefe del lugar, que lo era Ramírez Pineda, de allí entonces que no resulta ajustado a la realidad concluir que carecía del dominio del hecho.

Por otra parte, es del caso traer a colación, que, como ha quedado establecido, fue Ramírez Pineda, quien, personalmente ordenó al capitán Luis Guillermo Mena, fusilar a dos personas, Wagner Salinas Muñoz y Francisco Lara Ruiz, cuyas cédulas de identidad incluso le entregó al impartirle dicha orden. Razones todas las anteriores que son contrarias al argumento de la defensa en cuanto a que el acusado Ramírez Pineda carecía del dominio del hecho».

Por estos mismos hechos, el 27 de noviembre pasado la ministra González dictó sentencia absolutoria en favor de Carlos Enrique Massouh Mehech.

La Moneda ya estaba en llamas. Los buses partieron rumbo al Tacna. Con los GAP, con los asesores de Allende, con los funcionarios de la policía civil de su escolta. El arribo fue violento. Todos odiados. Pinochet vigiló la torturas en el regimiento. “Me los fusilan a todos”, dijo. Ametralladoras por las espalda en el Campo Militar de Peldehue. Después en 1978, la Pascua del Soldado. Desenterrados, ensacados. Tarea fue con pisco y sandwiches. Cayó la noche. Los focos de los vehículos, palas y chuzos. Abajo en la fosa, las sombras macabras. El camión con los cuerpos. El rugido del Puma. El mar.

La noche del 12 de septiembre de 1973, el cabo Luis Venegas Venegas se percata que, frente al box, esta´ instalada la ametralladora Rheinmetall alemana. Su superior le hace entrega. Sera´ su guardia nocturna esa noche en el Tacna. Y al amanecer del di´a 13.

-Aqui´ hay veintisiete prisioneros, y man~ana deben estar los veintisiete.

Los integrantes del GAP (Grupo de Amigos Personales del Presidente Salvador Allende encargados de su seguridad), asesores de Allende y funcionarios de la Polici´a de Investigaciones que tambie´n lo custodiaban, permanecen tendidos en el suelo, boca abajo, en las antiguas caballerizas.

El cabo Venegas ve que esta´n amarrados de pies y manos. Siente que algunos se quejan. En las horas previas, los divisa por el patio del cuartel cuando son trasladados al segundo piso. Ahi´ opera la Seccio´n II de Inteligencia del regimiento. Su jefe es el capita´n Luis Antonio Fuenzalida Rojas.

El cabo presencia que cuando los regresan al lugar donde permanecen detenidos, vuelven con muestras de dolor. Los torturan en los interrogatorios.

Le llama la atencio´n Eduardo Paredes Barrientos, el Coco Paredes. El cabo se fija que, a pesar de los interrogatorios, El Coco siempre permanece entero, dentro y fuera de su lugar de encierro. En el Tacna, el Servicio de Inteligencia Militar, SIM, lo representa la Seccio´n II del cuartel.

El Coco habi´a sido director general de la Polici´a de Investigaciones. En La Moneda era uno de los asesores de Allende.

En el Tacna se viven frene´ticas las u´ltimas horas que pasara´n con vida los detenidos el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda. Todo se derrumbo´. El suen~o socialista ha cai´do bajo las bombas de los Hawker Hunter.

Mientras, en el sexto piso del ministerio de Defensa, se prepara la solucio´n para el destino final de los GAP y asesores de Allende. Ahi´, en calle Zenteno con la Alameda, opera la Segunda Divisio´n del Eje´rcito al mando del general Herman Brady Rocha.

El mismo Pinochet esta´ por esas horas en el patio del regimiento Tacna. Verifica la presencia de los arrestados en La Moneda. Le interesan especialmente los GAP.

Pablo Zepeda Camilliere, es un GAP. Por esas cosas del destino salva con vida. Lo trasladan por error al Estadio Chile. Divisa a Vi´ctor Jara. En el Tacna hay desorden. O´rdenes y contra o´rdenes van y vienen.

La man~ana del 11, Zepeda es parte de la escolta del Presidente Allende. Lo trasladan desde la residencia de Toma´s Moro hasta La Moneda. Ahi´ se queda junto a Allende. En la madrugada del jueves 13, Zepeda es testigo de la comitiva que aparece. La encabeza Augusto Pinochet. Lo acompan~a el comandante del regimiento Tacna, Joaqui´n Rami´rez Pineda. Escucha que Pinochet pregunta a Rami´rez quie´nes son esos prisioneros.

-E´stos son los escoltas de Allende, mi general, son los GAP y otros asesores.
-A estos huevones me los fusilan a todos.

Es la orden del dictador.

Lo que Zepeda ve y escucha ese di´a, es coincidente con lo que el coronel (R) Fernando Reveco Valenzuela me conto´ una vez. Se lo dijo al juez Juan Guzma´n en mayo de 1999:

-Pinochet estuvo en el regimiento Tacna observando co´mo torturaban a los GAP.

Frente al cada´ver de Allende

Amanece el jueves 13 de septiembre. El comandante Rami´rez Pineda llama a su oficina al subteniente Jorge Herrera Lo´pez.

-Los detenidos de La Moneda sera´n trasladados hoy al Campo Militar de Peldehue…usted toma el mando, subteniente.

En ese lugar, el Tacna tiene a su cargo parte del predio para entrenamientos militares.

En las horas previas, el subteniente Herrera se ha ganado un prestigio de guerrero. Ataca el Palacio de La Moneda desde la esquina Morande´-Alameda. Comanda su seccio´n con 30 hombres. El ataque ocurre inmediatamente despue´s del bombardeo. Luego, cuando ya se rindieron quienes estaban dentro, ingresa a la sede de gobierno por la puerta de Morande´ 80. La puerta esta´ abierta. Entra al Salo´n Independencia. Ve el cuerpo de Allende semidestrozado, sentado en un sillo´n. Tiene el fusil que le regalo´ Fidel Castro entre las manos.

Por Morande´ 80, con La Moneda ardiendo, minutos antes bajaban para rendirse los GAP, asesores del Presidente y los funcionarios de la Polici´a de Investigaciones asignados a la sede de gobierno. Una hora antes, Allende les ordena abandonar el Palacio. Todos se niegan. Se mantienen a su lado cuando el Presidente ve que el combate esta´ perdido.

En su u´ltima orden, Allende insiste en que todos salgan del lugar de la refriega. Desde el segundo piso, e´l bajara´ al u´ltimo, les dice. Pero los engan~a.

La fila para bajar comienza a armarse. Hay desorden. Tensio´n. El humo invade los pasillos. Patricio Guijo´n, me´dico de Allende, queda de los u´ltimos en la fila.

La columna inicia el descenso. Es la rendicio´n final. Miria Contreras, La Payita, la encabeza. Es la secretaria privada del Presidente. Va levantando un delantal blanco amarrado a un palo.

Entre el estallido de las balas, los u´ltimos de la fila escuchan el grito:

-¡Allende no se rinde mierda…!

Guijo´n corre al Salo´n Independencia. Ve el cuerpo de Allende sin vida. Detra´s lo sigue el detective Pedro Valverde Quin~ones. Este vuelve a salir y grita la noticia:

-¡El Presidenta esta´ muerto…!

Arsenio Poupin Oissel, Subsecretario General de Gobierno, escucha el grito del polici´a. Retrocede por las escaleras y entra desesperado. Frente al cuerpo de Allende se descuelga del hombro su metralleta. Valverde intuye el suicidio y se le va encima. Le quita el arma y caen al suelo en la reyerta. El polici´a se apodera de la metralleta. Poupin se deshace de los brazos de Valverde y vuelve al ataque. Corre hacia el cada´ver de Allende. Se detiene. Del cinto saca una pistola y a alza hacia su cabeza. El detective salta y voltea a Poupin. La pistola vuela lejos. El detective saca al Subsecretario del salo´n y ambos se unen a la columna para bajar. La tragedia es ma´s pesada.

El supervisor

El patio del Tacna esta´ vaci´o. Jueves 13 de septiembre. Son cerca de las 11 de la man~ana. Se prohi´be transitar por espacios abiertos del cuartel. El mayor de Eje´rcito Pedro Espinoza Bravo llega al cuartel.
Permanece en comisio´n de servicio en el Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN).

Quinto piso del Ministerio de Defensa en Zenteno con Alameda. El jefe es el almirante Patricio Carvajal Prado. El subjefe, el general de Aviacio´n Nicanor Di´az Estrada. Espinoza opera con este u´ltimo. Pero sostiene una vinculacio´n directa con el almirante Carvajal. Tambie´n con el comandante en jefe de la II Divisio´n del Eje´rcito en Santiago, general Brady.

El general esta´ tambie´n al mando de la Guarnicio´n Militar de Santiago. Y asume como Juez Militar de la II Divisio´n. Es la reestructuracio´n del mando en emergencia. En la nueva distribucio´n de mandos, el general Sergio Arellano Stark es ahora el comandante de las tropas asignadas a la Agrupacio´n Centro. Una de las cinco agrupaciones con mando de tropas desplegadas horas antes del Golpe de Estado. Las fuerzas golpistas se dividen Santiago.

Por esas horas, en el sexto piso del Edificio de las Fuerzas Armadas opera un equipo de secretarias. Las coordina el mayor de Eje´rcito, Washington Garci´a Escobar. Es el jefe del Departamento II de Inteligencia de la II Divisio´n de Eje´rcito de Santiago. Reciben llamados telefo´nicos ano´nimos. Se inicia la delacio´n. La poblacio´n denuncia personas “sospechosas”. O simplemente venganzas personales. En los primeros meses tras el golpe, en las calles matan decenas de habitantes. Muchos nunca tuvieron responsabilidad poli´tica o penal. El Servicio Me´dico Legal se repleta de cada´veres por muerte violenta.

De acuerdo al Informe Consolidado de Vi´ctimas de la Corporacio´n Nacional de Reparacio´n y Reconciliacio´n (CNRR) de 1996, continuadora de la Comisio´n Rettig, entre el 11 de septiembre de 1973 y el te´rmino de ese an~o, en el pai´s hubo mil 275 personas ejecutadas (calificados como muertos) y 548 personas desaparecidas. Vale decir, so´lo en esos tres meses ocurrio´ el 57,0 por ciento del total de 3 mil 197 vi´ctimas calificadas a 1996, por los informes Rettig y el consolidado de la CNRR.

Desde el quinto piso del edificio del Ministerio de Defensa, el teniente coronel de Eje´rcito, Roberto Guillard Marinot, lee los bandos militares. Los redacta el periodista Federico Willoughby-McDonald Moya. Es el vocero de la Junta Militar.

La primera misio´n de Pedro Espinoza en el Tacna, ocurre temprano la man~ana del mie´rcoles 12. Trae un sobre cerrado. El almirante Carvajal lo envi´a al comandante del Tacna, Joaqui´n Rami´rez. Pero Espinoza entrega el sobre al segundo comandante, teniente coronel Julio Ferna´ndez Atienza. Adema´s, le da una orden:

-Libere de inmediato a los prisioneros que pertenecen a la Polici´a de Investigaciones. La segunda misio´n de Espinoza es la principal: supervigilar las ejecuciones de los prisioneros de La Moneda. La orden se la da el almirante Carvajal tal y como lo ordeno´ Augusto Pinochet.

La cuenta de Seoane

La tarde del 11 de septiembre, al Tacna llegan dos buses con 49 detenidos desde La Moneda. Juan Seoane Miranda los cuenta. Es el jefe de la escolta de la Polici´a de Investigaciones de Allende:

-En total llegamos 49 al regimiento Tacna. Esa cuenta la sabemos porque e´ramos 25 en una micro y 24 en la otra: e´ramos 17 de Investigaciones y otros 32-, dice al juez que investiga el caso La Moneda.

Bajan de los buses. Los prisioneros son obligados a caminar de rodillas con las manos alzadas los u´ltimos cien metros. Los llevan a los boxes donde permanecera´n tendidos en el suelo. Insultados. Escupidos. Golpeados y ma´s tarde torturados por los integrantes de la Seccio´n II de Inteligencia del regimiento.

Mie´rcoles 12. Al mediodi´a llega al cuartel un patrullero de la Polici´a de Investigaciones. El comisario Santiago Cirio Planes esta´ al mando. Los integrantes de la Polici´a de Investigaciones son liberados. Seoane lo es al di´a siguiente. Se cumple la orden de Espinoza y el almirante Carvajal.

Camino al pozo

Man~ana del jueves 13. Desde una ventana del segundo piso, el cabo Venegas ve cuándo comienzan a amarrar a los prisioneros de La Moneda. Los PDI ya no esta´n. Uno a uno los atan de pies y manos con alambre. Los lanzan arriba de un camio´n militar marca Pegaso. Los cubren con una lona.

Por la baranda derecha del camio´n se encarama el subteniente Servando Maureira Roa. Por la izquierda trepa el suboficial Teobaldo Mendoza Vicencio. Delante, inmediatamente detra´s de la cabina, se ubica el cabo Bernardo Soto Segura. El camio´n lo conduce el suboficial Alfonso Cero´n Espino. Son los custodios de los prisioneros camino a la muerte.

Todo esta´ listo. Delante del camio´n se situ´a un jeep Land Rover que conduce el cabo Manuel Gamboa A´lvarez. En ese viajan el subteniente Jorge Herrera y el sargento armero Juan Riquelme Silva. A bordo del jeep cargan la ametralladora Rheinmetall. Detra´s del camio´n se instala otro jeep Land Rover. Lo maneja el cabo Eliseo Cornejo Escobedo. Cierra el convoy una camioneta. En ella viaja el mayor Pedro Espinoza. Viste de civil. Es el mismo Espinoza que luego sera´ el segundo hombre de la DINA detra´s de Manuel Contreras y Pinochet, el superior jera´rquico.

El comandante Rami´rez Pineda ordena la partida. El destino es Peldehue. Cruzan la estacio´n Mapocho y se les une otra camioneta. Transporta personal de civil y otros en uniforme de campan~a. En uno de sus brazos lucen un brazalete blanco. El mismo brazalete llevan quienes viajan en la columna hacia Peldehue, al norte de Santiago.

Frente a la Base Ae´rea de Colina, uno de los detenidos logra incorporarse. Trata de apoderarse del arma de uno de los custodios. Se da cuenta que no es un traslado a otro lugar de detencio´n… los van a matar.
El subteniente Maureira dispara al prisionero su fusil SIG. El suboficial Teobaldo Mendoza esta´ en la li´nea del disparo. La trayectoria de la bala le hiere levemente una mano que sangra. La columna no se detiene.

U´ltimos minutos de vida

La columna arriba al lugar. Sera´ la tumba de los hombres de Allende. El subteniente Jorge Herrera ordena al cabo Cornejo mantenerse arriba del camio´n. Que vigile a los detenidos.

El cabo Luis Sa´nchez Garay es el cuidador del predio. Sale de su casa donde vive con su familia. Cerca esta´n las instalaciones del rancho y comedor para las campan~as de entrenamiento. El teniente Herrera se baja del jeep. Se dirige al militar en tenida de civil. Es Pedro Espinoza, que esa man~ana ejerce el mando superior por sobre la oficialidad del Tacna. E´l representa las o´rdenes para matarlos.

Herrera le rinde cuenta del arribo del convoy. Pone a los detenidos a su disposicio´n. Pedro Espinoza niega en el proceso su presencia y mando. Evidencias judiciales y sen~as personales que lo describen lo desmienten. Ordena el descenso a los detenidos.

Uno a uno, los otros dos en tenida civil unidos al convoy, comienzan a bajar los prisioneros del camio´n. Antes les cortan las amarras de los pies. Que caminen en direccio´n a un pozo seco profundo.

El subteniente Herrera se prepara para accionar la Rheinmetall. Esta´ afirmada en su tri´pode. La instala sobre una mesa que traen del sector del rancho. Detra´s de Herrera se situ´an otros hombres del Tacna. Subteniente Servando Maureira, suboficial Alfonso Cero´n y el cabo Bernardo Soto. Disparara´n tambie´n sus fusiles y pistolas. Los hombres de Allende recibira´n fuego nutrido.

El primer prisionero camina veinte metros al norte. Espinoza ordena que se detenga al borde del pozo. Sabe que va a morir. Grita: ¡Viva la revolucio´n socialista…Viva Allende! Herrera ametralla. Lo siguen Maureira, Cero´n y el cabo Soto. El prisionero cae al pozo.

Encuentro en Pen~alole´n

Los dos civiles retroceden para sacar al segundo hombre de Allende. El cabo Cornejo se percata que el detenido herido en su intento de liberarse esta´ muerto. Hay un charco de sangre sobre el piso del camio´n. Sacan dos prisioneros y les cortan las amarras de los tobillos. Que carguen el cuerpo del prisionero muerto y lo tiren al foso. Que despue´s se paren frente al pozo de espalda a la ametralladora. El subteniente Herrera dispara. Tambie´n los otros. Nunca se supo quie´n fue el prisionero que se rebelo´.

Asi´ transcurre la muerte. Uno a uno. Gritan consignas antes de morir. Ametrallados por la espalda. De pronto el subteniente Herrera no puede ma´s. Explota. No puede seguir disparando.

-Alcance´ a dar muerte a cinco personas…no pude seguir…deje´ que los otros siguieran matando.

Me lo dijo veintinueve an~os despue´s. Lo ubique´ en su casa en la comuna de Pen~alole´n. Salio´ pa´lido cuando cruzo´ la puerta.

-Hablemos afuera por favor, no quiero que escuche mi familia.

Me extran~o´ que aceptara hablar. Sabi´a de que´ se trataba. Lo llame´ primero por tele´fono.

Nos sentamos alrededor de un muro bajo que rodea un jardi´n. Por primera vez cuenta pu´blicamente detalles de ese di´a 13.

-Le pido por favor que nunca mencione mi nombre en lo que escriba, se lo pido por mis hijos y mi esposa.
Lo pide llorando. Nunca deja de llorar las dos horas que hablamos. Se arranca cueros de sus manos resecas.

-Por favor, no me traicione…quiero volver a creer en el ser humano… ya que me ubico´, prote´jame.

Me demoro en volver a hablar. La situacio´n me paraliza por segundos. Sus la´grimas. Sus manos heridas. Su mirada implorando misericordia. Pienso en la ametralladora que disparo´. Los compan~eros de Allende cayendo al fondo del pozo. Asesinados por la espalda.

-Si usted me lo pide, y ya que acepto´ hablar conmigo sabiendo que es para publicarlo, no voy a mencionar su nombre-. Eso recuerdo que le dije.

No publicamos su nombre. Lo mencione´ como El subteniente.

La cro´nica fue publicada en La Nacio´n Domingo del 8 de diciembre de 2002. Portada: “Yo mate´ a los prisioneros de La Moneda”.

 

Al borde del pozo

El cabo Eliseo Cornejo baja del camio´n. Ya no quedan prisioneros. Se acerca al pozo. Ve, escucha. Algunos todavi´a esta´n vivos. Se quejan.

Pero Cornejo miente cuando una man~ana hable´ con e´l.

-Yo nunca me acerque´ al pozo… quede´ siempre como a cien metros. Todo lo que ocurrio´ solo lo escuche´ a la distancia… senti´ las ra´fagas de la ametralladora y despue´s disparos de armas largas y cortas… tambie´n senti´ las explosiones de las granadas…

Al juez le dijo la verdad. Todos se acercaron al pozo. E´l tambie´n. Vieron como sufri´an los que quedaban vivos.

-En ese momento, uno de los civiles que haci´a de jefe del grupo, de unos 45 an~os de edad, cabello semicano, estatura mediana, contextura gruesa que podri´a corresponder al entonces mayor Pedro Espinoza Bravo, ordeno´ que fueran arrojadas granadas al fondo de la fosa.

Lo declaro´ Cornejo en el proceso. Si´… su descripcio´n coincide absolutamente con quien fue el segundo de DINA, Pedro Espinoza.

El sargento Juan Riquelme entrega las granadas. Las trajo del regimiento. Al borde del pozo disparan a los que aun esta´n vivos. Ya ninguno gime. Arrojan las granadas. Las paredes del pozo se desmoronan. Ahora esta´n sepultados para siempre. ¿Para siempre…?

Los efectivos del Tacna trabajan rellenando el pozo con tierra. Todo ha terminado. Espinoza reu´ne o todos alrededor de la Rheinmetall. Lanza su proclama:

-Este acto fue ejecutado por el bien de la Patria. Estamos liberando al pai´s del marxismo. No tengan cuidado, nada les sucedera´, porque nunca se sabra´ lo ocurrido aqui´.

La orden de Pinochet esta´ cumplida: Me los fusilan a todos…

En Pascua militar

El mayor Joaqui´n Molina Fuenzalida es el comandante del Grupo de Artilleri´a del regimiento Tacna. La unidad operativa del cuartel. Transcurren los primeros minutos pasado el mediodi´a del sa´bado 23 de diciembre de 1978. En el Tacna, como en todos los cuarteles, se celebra la Pascua del Soldado. Los funcionarios concurren ese di´a con sus familias. La Navidad Militar. Los hijos reciben regalos.

Temprano, esa man~ana al cabo Eliseo Cornejo lo siguen dos civiles. Apura el paso para ingresar a su regimiento. Cree un asalto. Escucha el grito:

-¡Dete´ngase…!
Cornejo entra ra´pido al cuartel.

-Recuerdo que eran tipo siete y media de la man~ana… era diciembre y al bajarme del metro Rondizoni, me voy caminando al Tacna que es una cuadra. De repente escucho… dete´ngase… me dicen… me apure´ y ellos tambie´n se apuraron.

Hable´ con e´l una man~ana en el Paseo Bulnes. Preparaba una cro´nica para La Nacio´n Domingo.

Minutos despue´s, el comandante del Tacna, entonces coronel Ricardo Canales Varas, llama al cabo Cornejo.

Que venga a su despacho. Cornejo entra y ve a los dos civiles que lo segui´an. Esperan sentados en un sillo´n.
El cabo se acuerda de aquel dialogo:

-Cabo, usted tiene que ir con estos sen~ores…

-Pero mi comandante, si no se´ quie´nes son estos sen~ores, ellos me veni´an siguiendo…

-No se preocupe, vaya tranquilo… ellos lo van a llevar y despue´s lo van a traer de vuelta al regimiento.

¡Diga do´nde esta´n!

El comandante Canales esta´ informado. Cornejo debe concurrir ante el general Enrique Morel Donoso. Es el comandante de la II Divisio´n del Eje´rcito con asiento en Santiago. Debe informarle donde esta´n escondidos los cuerpos. El comandante Canales vuelve a tranquilizar al cabo y le ordena:

-Diga todo lo que le pregunten.

Los dos civiles lo suben a un auto. Van al quinto piso del Ministerio de Defensa. Lo dejan en una sala de espera y pronto aparece el general Morel:

-Do´nde escondieron lo cuerpos Cornejo, usted sabe.

El cabo vacila antes de responder. Es un secreto militar y fue obligado a guardar silencio. Pero tiene la venia de su comandante para hablar. Y ahora lo interroga un general. De manera seca pero amable. El gesto del general le transmite ese temor de parar al mismo destino final si no habla. Sabe que muchos de sus compan~eros subalternos viven con ese miedo si no cumplen o´rdenes. Lo conversan entre ellos.

-Que´dese tranquilo Cornejo. Hay que limpiar la zona. Diga do´nde esta´n. Indi´queme el lugar exacto.
Cornejo entrega las coordenadas. Pero su tarea no termina ahi´ con solo revelar el secreto. El general Morel lo manda de vuelta al regimiento. Antes le da una orden:

-Usted debe integrar el grupo que hoy ira´ a buscar esos cuerpos para sacarlos.

No le dice el destino que tendra´n los cada´veres. Tampoco Cornejo pregunta. Es la solucio´n final para los cai´dos que permanecen muertos y desaparecidos, enterrados en fosas clandestinas.

Las balas de Mamito

Los mismos hombres llevan al cabo de regreso al Tacna. Cornejo se presenta ante su comandante Canales. Este le comenta que esta´ enterado de todo. Le ordena ponerse a disposicio´n del jefe de la Seccio´n II de Inteligencia del regimiento, el capita´n Luis Fuenzalida Rojas, El Pelao Fuenzalida.

-Cuando me devuelven a la unidad se preparo´ altiro un equipo. Yo voy con personal de Inteligencia del regimiento al mando del capita´n Luis Fuenzalida -, dice Eliseo Cornejo en nuestro encuentro.

El capita´n Fuenzalida sera´ el jefe de la operacio´n. La orden del desentierro la recibe de su superior, el mayor Joaqui´n Molina Fuenzalida. A e´ste se lo ordena su comandante Canales, como se lo ordeno´ esa misma man~ana el general Morel.

Diez an~os ma´s tarde, Molina morira´ baleado en una fiesta familiar por el Mamito. Hijo del jefe de la DINA, el “Mamo” Manuel Contreras. La cantante Gloria Benavides queda viuda.

Aqui´ esta´n

La man~ana del 23 de diciembre de 1978, el capita´n Fuenzalida alista un vehi´culo. Es una Chevrolet C-10. Las usadas por la DINA para trasladar cuerpos de prisioneros a Peldehue. Destino final repetido: desde los helico´pteros PUMA al mar. En la camioneta viaja toda la Seccio´n II de Inteligencia del Tacna. En el mismo vehi´culo se instala el cabo Cornejo junto al capita´n Fuenzalida.

Los desenterradores a cargo de sacar los cuerpos viajan ma´s tarde. Todos cabos instructores del cuadro permanente del Tacna. Primero Cornejo debe ubicar el pozo. La retroexcavadora esta´ lista. Poco demora el cabo. No ha transcurrido tanto tiempo.

-Cuando llegamos yo les dije aqui´… aqui´ esta´n. Yo sabi´a que an~os atra´s se trato´ de hacer una noria para captar agua. Era un pozo grande… doce a quince metros de profundidad y de unos tres metros ancho… yo les dije aqui´…

Cornejo recuerda con detalles, a pesar del tiempo transcurrido. Sus dichos la man~ana que lo encontre´, coinciden exactamente con lo establecido en la investigacio´n judicial.

Habi´a que limpiar la zona, como lo hicieron a lo largo del pai´s. La dictadura hace correr una versio´n oficiosa: el inminente estado de guerra con Argentina. Se inicia la Operacio´n Retiro de Televisores. Asi´ la llamaron.

La verdad es otra. El hallazgo de 15 cuerpos de campesinos asesinados en Lonque´n, localidad rural al sur poniente de Santiago. Noviembre de 1978.

Suenan las alarmas. Pinochet convoca a su ci´rculo i´ntimo. Resuelve: hay que sacar todos los cuerpos escondidos. Revuelo por probables nuevos hallazgos pondri´a a Chile en desventaja con Argentina. La orden llego´ a todos los regimientos del pai´s. Sacar los cuerpos de todas las tumbas clandestinas. Y hacerlos desaparecer. La orden se envio´ en un criptograma.

Cuando hable´ para mi diario con el general Odlanier Mena, que fue el jefe de la CNI, sucesora de la DINA, me repitio´ la versio´n grotesca que antes habi´a dicho pu´blicamente. La solucio´n humanitaria: desenterrar para resolver co´mo entregar los cuerpos a los familiares.

Borrachos

Ubicado el pozo, el capita´n Fuenzalida ordena por radio al Tacna. Que salga el peloto´n desenterrador. Salen a bordo de un camio´n militar Mercedes Benz, modelo Unimog (Universal Motor Gera¨t). Vehi´culo mediano multiuso.

Son los cabos instructores Sergio Medina Salazar, Isidro Dura´n Mun~oz y Fernando Burgos Di´az. Al camio´n sube tambie´n el cabo enfermero Dari´o Gutie´rrez de la Torre. El capita´n Fuenzalida toma precauciones. Enganchar al cabo Gutie´rrez por si, dado de lo que se trata, alguno sufre alteracio´n de salud.

La retroexcavadora cava cuatro metros de profundidad. Aparece el trozo de riel indicado por el cabo Cornejo. Bajo e´ste esta´n los cuerpos. La excavacio´n continu´a so´lo con palas y chuzos. Aparecen los primeros. Los cabos instructores saltan al fondo del pozo. Se les une el cabo Gutie´rrez, el enfermero.

-Estaban casi intactos, con ropas. Al ingresar oxi´geno se acelero´ la descomposicio´n producie´ndose un olor espantoso.

El cabo Burgos lo recuerda en el proceso judicial.

Comienza a oscurecer. Encienden las luces de los vehi´culos para alumbrar. El fondo del pozo lo iluminan con un reflector. Las luces hacen ma´s dantesca la visio´n. Ahora hay sombras que se mueven. Desde arriba les lanzan sacos paperos transportados en el camio´n. Hay que empezar a ensacar. Advierten que los cuerpos no caben completos en los sacos. Algunos se desmembraron por las granadas. Eso les facilita ponerlos dentro de los sacos.

En la maniobra, al cabo Burgos le salta un pedazo de carne descompuesta de un cuerpo. Se lo traga involuntariamente. Grita que le tiren algo para tomar. Le arrojan una botella de pisco. De la botella toman todos en el fondo del pozo. Hay que espantar el horror. Luego arriba siguen tomando y terminan embriagados.

El capita´n Fuenzalida previo´ el costo de la tarea y subio´ dos cajas de pisco a la camioneta. Las botellas terminan vaci´as.

Lo mismo ocurre en el desierto de Calama. En enero de 1976, terminan borrachos los desenterradores de los 26 cuerpos asesinados por la Caravana de la Muerte el 19 de octubre de 1973. Son lanzados al mar a bordo de un avio´n C-47 de la Fuerza Ae´rea.

Veinte…treinta…?

Con cuerdas suben los cuerpos ensacados. ¿Cua´ntos desentierran esa noche del 23 de diciembre de 1978? Mientras, en el Tacna la fiesta por la Pascua del Soldado va llegando a su fin. Los hijos de los funcionarios esta´n felices con los regalos.

Los desenterradores no concuerdan en las cifras. En el proceso algunos dicen veinte. A otros les parece menos. A otros ma´s. El cabo Cornejo cuenta entre veinte y veintitre´s. Esa noche el pisco nubla la mente. Juega a favor del olvido.

¿Co´mo duermen despue´s? ¿Con que´ suen~an? ¿Cua´ntas o´rdenes iguales cumplen luego? ¿Que´ regalan esa noche a sus hijos?

La cifra ma´s precisa es la del cabo Arturo Venegas. La reafirma en la investigacio´n judicial. Los que estaban en las antiguas caballerizas la madrugada del 13. Los que debio´ vigilar:

-Aqui´ hay veintisiete prisioneros, y man~ana deben estar los veintisiete.

Esa tardenoche de la Pascua del Soldado, mientras ensacan los cada´veres en el fondo del pozo, el enfermero Gutie´rrez de la Torre cuenta treinta y tres.

No hay certeza sobre la hora en que terminan de ensacar los cuerpos y subirlos al camio´n Unimog. Pero fue tarde esa noche.

Termina la tarea al fondo del pozo. Los desenterradores suben a la superficie. Asqueados. Borrachos. Cansados. Pero arriba comen sa´ndwiches de jamo´n. Atencio´n del capita´n Fuenzalida. Los teni´a preparados. Comen y siguen tomando pisco. Man~ana es Nochebuena.

El vuelo del PUMA

El camio´n con los cuerpos se dirige a una explanada del predio. Esperan la llegada de un helico´ptero PUMA. Se elevara´ desde el aero´dromo de Tobalaba. Ahi´ opera el Comando de Aviacio´n del Eje´rcito. El CAE.
La ma´quina llega. Recie´n entonces, el capita´n Fuenzalida revela el destino final: sera´n lanzados al mar. El cabo Cornejo lo recuerda en el juicio.

El PUMA sufre un desperfecto al aterrizar. No puede cumplir la misio´n esa noche. El escuadro´n regresa al regimiento. Dejan una guardia cuidando los cuerpos.

El helico´ptero solo regresa dos di´as despue´s. El di´a despue´s de Navidad. El recuerdo del enfermero Gutie´rrez en el proceso es preciso. El di´a 26 trabajo´. Al atardecer lo buscan en su casa. Llegan en un Jeep Toyota del regimiento. Lo llevan al aero´dromo de Tobalaba. Lo suben a un helico´ptero y aterrizan en Peldehue frente al poli´gono de tiro. Entre e´l, el piloto y copiloto del PUMA cargan los cuerpos a bordo. Los sacos tienen peso. Se elevan rumbo a la costa. Gutie´rrez divisa las calderas de la Fundicio´n Ventanas.

Quintero esta´ cerca. San Antonio al sur, no lejos. Dan un giro, arrojan los cuerpos, y regresan a Tobalaba.

Los hombres de Allende desaparecen para siempre. En el fondo del mar. Como desaparecieron cientos.

Identificados

El informe de las Fuerzas Armadas con el destino final de 200 prisioneros, contiene los nombres de siete de ellos. Se construyo´ con la informacio´n recolectada en la Mesa de Dia´logo de Derechos Humanos los an~os 1999-2000. Siete, de los quince identificados por el Servicio Me´dico Legal y laboratorios extranjeros.

Identificados a partir de pequen~os restos o´seos que quedaron del desentierro. Todos por ADN.
Fueron encontrados en marzo de 2001 en el fondo del pozo. El hallazgo fue posible por la informacio´n contenida en aquel informe de las FFAA.

La ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Amanda Valdovinos, dirigio´ la bu´squeda. Encontraron quinientas piezas o´seas remanentes de la remocio´n.

El informe de las FFAA contiene los nombres de los GAP: O´scar Lagos Ri´os, Julio Moreno Pulgar, Julio Tapia Marti´nez y Juan Vargas Contreras. Adema´s de los asesores de Allende, el ingeniero comercial Jaime Barrios Meza, el socio´logo Claudio Jimeno Grendi y el me´dico psiquiatra, George Klein Pipper.

Como destino final figura: “Mar San Antonio, 10 millas”.

Epi´logo judicial

El 13 de agosto de 2009, la Sala Penal de la Corte Suprema dicta sentencia definitiva en el episodio Peldehue-LaMoneda, parte de la Operacio´n Retiro de Televisores.

En ella se confirman las nueve condenas a 270 di´as de reclusio´n, por el delito de exhumacio´n ilegal establecido en el arti´culo 322 del Co´digo Penal, a las que el 10 de junio de 2008, la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago sentencio´ a nueve participantes en este episodio.

Los condenados por la Sala Penal de la Corte Suprema fueron: El general Fernando Darrigrandi Ma´rquez (comandante del CAE a 1978), los coroneles de Eje´rcito, Ricardo Canales Varas y Luis Fuenzalida Rojas, y los suboficiales de Eje´rcito: Eliseo Conejo Escobedo, Jose´ Canario Santiba´n~ez, Dari´o Gutie´rrez de la Torre, Fernando Burgos Di´az, Isidro Dura´n Mun~oz y Sergio Medina Salazar. Los mencionados se encontraban en situacio´n de retiro al momento de las condenas.

Esta vez, los tribunales chilenos no aceptan en sus resoluciones el concepto de que los condenados cometieron simplemente el delito de exhumacio´n ilegal. Afirman que la accio´n de desenterrar los cuerpos y hacerlos desaparecer definitivamente arroja´ndolos al mar, es un delito conexo con aquellos de lesa humanidad cometidos inicialmente contra los hombres del Presidente Salvador Allende.

¿Se habra´n encontrado las almas del Chicho con las de sus hombres? Quiza´s el alma suya los busco´ en las profundidades del oce´ano. El Paci´fico es tormentoso. Helado. ¿Hacia do´nde los llevaron las mareas?

El mar es un idioma antiguo que no alcanzo a descifrar (Jorge Luis Borges)

por Jorge Escalante