Radic Prado Walter Rene

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Marta Jimena Pinto Salazar, sometió a proceso a exmiembros de las Fuerzas Armadas por su responsabilidad en los delitos de detención ilegal, secuestro calificado, aplicación de tormentos y abusos deshonestos en contra de Magda Ilia Ruiz Méndez. Ilícitos cometidos a partir de septiembre de 1973 y julio de 1974, en distinto recintos militares de la ciudad.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Marta Jimena Pinto Salazar, sometió a proceso a exmiembros de las Fuerzas Armadas por su responsabilidad en los delitos de detención ilegal, secuestro calificado, aplicación de tormentos y abusos deshonestos en contra de Magda Ilia Ruiz Méndez. Ilícitos cometidos a partir de septiembre de 1973 y julio de 1974, en distinto recintos militares de la ciudad.

En la resolución (causa rol 3-20215), la ministra Pinto Salazar encausó al almirante en retiro de la Armada Walter Radic Prado, al oficial de Ejército de reserva y fiscal militar Gerardo Álvarez Rodríguez y al oficial civil de la Fuerza Aérea Otto Trujillo Miranda, en calidad de como autores de los delitos de detención ilegal, secuestro calificado y aplicación de tormentos y como cómplices de abusos deshonestos.

En esta etapa procesal, la ministra Pinto Salazar reunió antecedentes suficientes para tener por “(…) justificado que Magda Ilia Ruiz Méndez fue detenida por primera vez el 14 de septiembre de 1973, desde su casa cuando personal del Ejército se presentó a buscarla, la subieron a un camión y la llevaron a la casa del deportista. La interrogaron y le preguntaron por Eduardo Ramírez, quien era el Secretario General de la Juventud Socialista en Punta Arenas, les dijo que no tenía información de él, por lo que la golpearon en la cabeza. Ese proceso duró unas tres horas y la devolvieron a su casa. En octubre la detuvieron nuevamente, junto a su madre y sus hermanos Luis y Alicia. Fueron llevados a la casa del deportista, es interrogada y nuevamente le preguntan por Eduardo Ramírez. Al cabo de unas horas la regresan a su casa. En noviembre de 1973 fueron militares a su casa, pero ella no se encontraba ahí, por ello al día siguiente concurrió a clases sin uniforme escolar porque creyó que la iban a detener, lo que ocurrió. Fue interrogada en la casa del deportista, la increparon por sus comentarios en el interior del Liceo en contra de la Dictadura.

A principios de diciembre de 1973, llegaron a su domicilio Antonia Ruiz Fuchslocher y María Dieus, quienes le entregaron una carta que escrita por Eduardo Ramirez, solicitando información a la Juventud Socialista sobre las personas detenidas e identidades de los interrogadores. Al cabo de unos días a través de ellas mismas, envió una respuesta. 
El 21 de diciembre de 1973 llegaron a detenerla a su casa y se la llevaron junto a su hermano Luis. Los trasladaron a la casa del deportista, donde la golpearon y luego la llevaron a un lugar campestre donde la desnudaron y comenzaron a golpearla con una prenda mojada o una correa. En la mañana siguiente, la desnudaron y le aplicaron corriente en sus genitales, pezones y boca, le amarraron los brazos y pies, escuchó las voces de hombres quienes la interrogaban con respecto a la carta que había recibido de Eduardo Ramírez y de la carta que había respondido. La hicieron firmar un documento. Reconoció el lugar como el Fundo Los Roblecitos. Manifiesta haber sido víctima de violencia sexual, pues la interrogaban completamente desnuda, amarrada de manos y pies, como en cruz, pero con las piernas abiertas y en esas ocasiones los entrevistadores la tocaban con sus manos en todo su cuerpo y órganos. 

El 24 de diciembre de 1974, con 17 años de edad, la trasladaron hasta el Regimiento Ojo Bueno. En reiteradas ocasiones, fue interrogada y torturada por militares y agentes del Servicio de Inteligencia Militar (SIM). En una oportunidad, en la cual se encontraba vendada, Otto Trujillo Miranda, la hizo firmar un documento del cual desconoce su contenido. Incluso cree haber escuchado la voz de Otto Trujillo, aquella vez en que le aplicaron corriente en Los Roblecitos. 
La sacaron a interrogatorio varias veces. Estando detenida en el Regimiento Ojo Bueno, fue llevada hasta la Fiscalía Militar a fin de ser interrogada. En marzo o abril de 1974, la trasladaron hasta el Policlínico del Ejército, donde vio a su profesor de Filosofía del Liceo de Niñas, Giovanni Carraro, quien trató de hipnotizarla. Le sacaron la venda y fue interrogada por Walter Radic. 

En 1974 fue sometida a Consejo de Guerra Rol 5-74, donde se da la orden de que se instruya sumario por el Fiscal Letrado Gerardo Álvarez Rodríguez y se asigna el rol 5-74 TG. Más adelante, el 8 de abril de 1974 a fs.99 del expediente, se designa al Mayor Juan Toro Reyes en reemplazo del Fiscal Alvarez. En este Consejo de Guerra la abogada Laura Soto consiguió pena remitida de 360 días para su representada, quien salió en libertad en julio de 1974. El Consejo de Guerra se desarrolló en el Regimiento Pudeto. 
Luego de un tiempo es citada a Fiscalía Militar donde el Fiscal Walter Radic le dio dos alternativas: la tomaban detenida o la relegaban a Santiago firmando en el Patronato de reos. Se fue a Santiago y en septiembre de 1975 le informaron que tenía visa para irse a Dinamarca, con decreto de expulsión del país. A fines de 1988 pudo volver a Chile”.

La ministra Pinto Salazar decretó la prisión preventiva en sus domicilios de los procesados Álvarez Rodríguez y Radic Prado, en consideración a su avanzada edad, y mantuvo la prisión preventiva del procesado Trujillo Miranda en la base aérea El Bosque de Santiago, donde cumple la medida cautelar en otra causa de derechos humanos.

El máximo Tribunal estableció error de derecho en la resolución impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que acogió la acción constitucional de amparo al considerar que para procesar a alguien mayor de 70 años se requiere la realización previa de exámenes mentales.

La Corte Suprema revocó la sentencia que acogió el recurso de amparo presentado por la defensa del oficial de la Armada en retiro Walter René Radic Prado en contra de la resolución que lo sometió a proceso por violaciones a los derechos humanos, registradas en la ciudad de Punta Arenas en 1973.

El fallo señala que del claro tenor del artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, que alude tanto al ‘inculpado’ como al ‘encausado’, se desprende que el examen mental que dispone se puede llevar a cabo incluso después de dictado el auto de procesamiento, no siendo por tanto un requisito de procesabilidad de dicha resolución, conclusión a la que en nada se opone lo prescrito en el inciso segundo del artículo 31 de la Convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores –invocado por la decisión en alzada y por la defensa del amparado–, norma que solo impone a los Estados Parte asegurar que la persona mayor tenga acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, acceso efectivo que no se ha negado en la especie, desde que el referido informe ya fue decretado por el tribunal recurrido.

Por tanto, se resuelve que se revoca la sentencia dictada el veintidós de octubre del año en curso por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en el ingreso Corte Rol N°1904-2022 y, en su lugar, se declara que se rechaza la acción de amparo interpuesta en favor de Walter Radic Prado.

Se rechazó la acción de amparo interpuesta en favor de Walter Radic Prado

Radic Prado, es procesado por los delitos de detención ilegal, secuestro calificado, aplicación de tormentos y abusos deshonestos en contra de Magda Ilia Ruiz Méndez. Ilícitos cometidos a partir de septiembre de 1973 y julio de 1974, en distintos recintos militares de la ciudad de Punta Arenas.

El proceso encausa al almirante en retiro de la Armada, Walter Radic Prado; al oficial de Ejército de reserva y fiscal militar, Gerardo Alvarez Rodríguez; y al oficial civil de la Fuerza Aérea, Otto Trujillo Miranda, en calidad de autores de los delitos de detención ilegal, secuestro calificado y aplicación de tormentos y como cómplices de abusos deshonestos.

Rechazo al recurso de amparo de Radic Prado

La Corte Suprema revocó la sentencia que acogió el recurso de amparo presentado por la defensa del oficial de la Armada en retiro Walter René Radic Prado en contra de la resolución que lo sometió a proceso por violaciones a los derechos humanos, registradas en la ciudad de Punta Arenas en 1973.

En fallo unánime (causa rol 136.126-2022), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y la abogada (i) Pía Tavolari– estableció error de derecho en la resolución impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que acogió la acción constitucional de amparo al considerar que para procesar a alguien mayor de 70 años se requiere la realización previa de exámenes mentales.

“Que del claro tenor del artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, que alude tanto al ‘inculpado’ como al ‘encausado’, se desprende que el examen mental que dispone se puede llevar a cabo incluso después de dictado el auto de procesamiento, no siendo por tanto un requisito de procesabilidad de dicha resolución, conclusión a la que en nada se opone lo prescrito en el inciso segundo del artículo 31 de la Convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores –invocado por la decisión en alzada y por la defensa del amparado–, norma que solo impone a los Estados Parte asegurar que la persona mayor tenga acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, acceso efectivo que no se ha negado en la especie, desde que el referido informe ya fue decretado por el tribunal recurrido”, sostiene el fallo.

Por tanto, se resuelve que: “se revoca la sentencia dictada el veintidós de octubre del año en curso por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en el ingreso Corte Rol N°1904-2022 y, en su lugar, se declara que se rechaza la acción de amparo interpuesta en favor de Walter Radic Prado”.

Violaciones a los derechos humanos a Magda Ruiz Méndez

Magda Ilia Ruiz Méndez fue detenida el 14 de septiembre de 1973 por personal del Ejército que llegó a buscarla a su casa.

La subieron a un camión y la llevaron a diferentes recintos donde la interrogaron y torturaron. La golpearon en la cabeza por desconocer el paradero del entonces secretario general de la Juventud Socialista, Eduardo Ramírez.

En octubre la volvieron a detener junto a su madre y hermanos y la sometieron a nuevos interrogatorios.

En noviembre de 1973 fueron militares a su casa a detenerla.

El 21 de diciembre de 1973 llegaron a detenerla a su casa y se la llevaron junto a su hermano. Los trasladaron a la Casa del Deportista, donde la golpearon y luego la llevaron a un lugar campestre donde la desnudaron y comenzaron a golpearla con una prenda mojada o una correa. En la mañana siguiente, la desnudaron y le aplicaron corriente en sus genitales, pezones y boca, le amarraron los brazos y pies, escuchó las voces de hombres quienes la interrogaban con respecto a la carta que había recibido de Eduardo Ramírez y de la carta que había respondido.

Manifestó haber sido víctima de violencia sexual, pues la interrogaban completamente desnuda.

El 24 de diciembre de 1974, con 17 años de edad, la trasladaron hasta el Regimiento Ojo Bueno de Punta Arenas. En reiteradas ocasiones, fue interrogada y torturada por militares y agentes del Servicio de Inteligencia Militar (Sim). En una oportunidad, en la cual se encontraba vendada, Otto Trujillo Miranda, la hizo firmar un documento del cual desconoce su contenido.

Estando detenida en el Regimiento Ojo Bueno, fue llevada hasta la Fiscalía Militar a fin de ser interrogada. En marzo o abril de 1974, la trasladaron hasta el Policlínico del Ejército, donde vio a su profesor de Filosofía del Liceo de Niñas, Giovanni Carraro, quien trató de hipnotizarla. Le sacaron la venda y fue interrogada por Walter Radic.

En 1974 fue sometida a Consejo de Guerra donde ordenaron que el fiscal Gerardo Alvarez Rodríguez instruyera un sumario.

Posteriormente, el fiscal militar Walter Radic le dio dos alternativas: podían tomarla detenida o la relegaban a Santiago firmando en el Patronato de Reos. Se fue a Santiago y en septiembre de 1975 le informaron que tenía visa para irse a Dinamarca, con decreto de expulsión del país. Y a fines de 1988 pudo volver a Chile.

Luego del golpe militar, la dictadura instaló consejos de guerra en los que juzgó a partidarios y simpatizantes de la UP. En Magallanes, también se juzgó a menores de edad que contra toda convención internacional. De los 13 acusados, seis eran menores, uno de ellos seleccionado nacional de básquetbol.

En la imagen, Rosa María Lizama Barrientos, formalmente todavía tiene 15 años. El pelo largo y liso cae sobre sus hombros. Viste polerón de cuello de tortuga y luce un rostro suave -en blanco y negro-, con aspecto serio y seguro, quizás por las buenas notas que destacan en el libro de clases del tercero medio E del Liceo de Niñas de Punta Arenas. Tal vez por las anotaciones de mérito que hablan de sus cualidades y locuacidad en historia, castellano, matemática y filosofía o los trabajos voluntarios cotidianos por pintar, arreglar y limpiar el colegio, junto a otras alumnas.

Lo cierto, es que esa mirada fija en el lente y el rictus fino de sus labios dibujando una leve sonrisa de satisfacción quedaría grabada en la única fotografía que la recuerda de adolescente, meses antes del golpe militar. Puede ser una de las que tomó en campaña para postularse a dirigir el centro de alumnos. No recuerda, porque gran parte de lo que ella podría haber sido fue borrado completamente los dos días que duró el primer consejo de guerra, 21 y 22 de noviembre de 1973, frente a una decena de militares, abogados, y otros presos, en el proceso realizado en la región de Magallanes.

En tanto, la redacción de la sentencia avalada con la rúbrica del general masón, Manuel Torres de la Cruz, quedó fechada el 26 de noviembre. A partir de entonces, para Rosa María Lizama y otros doce acusados comenzó el silencio, el olvido y los temblores.

En el discurso, Lizama era acusada de esconder armas, tener entrenamiento militar, conocimiento y participación del “Plan Z”, supuesta confabulación del gobierno de Salvador Allende para matar a los generales de las Fuerzas Armadas y a la oposición. Y otros móviles artificiales que aparecen señaladas en la causa “Rol Tiempo de Guerra N°4-73” del V Juzgado Militar de Punta Arenas.

Lizama “la peligrosa”, decían cada vez que la mencionaban. Y ella, la de menos edad, y la de más baja estatura en el juicio, seguía con las piernas balanceándose en la banca sin alcanzar el suelo, todavía con el uniforme escolar que mantenía desde el día de su detención.

Rosa María empezó a temblar mientras escuchaba los cargos del fiscal acusador, Gerardo Álvarez Rodríguez, vestido con elegante traje de militar. Ese día, su cuerpo entero caía y se quebraba como cristal sobre el piso de la capilla adaptada a tribunal militar, con un grupo de uniformados apostados sobre la mesa del altar, mirando hacia abajo a los detenidos y en ambos lados ubicados los fiscales acusadores. En el otro extremo, los abogados defensores: Laura Soto, Juan Vivar, Carlos Frías Meneses y Hugo Espinoza Balcázar.

Lizama la “terrorista”, Lizama “la peligrosa”, decían cada vez que la mencionaban. Y ella, la de menos edad, y la de más baja estatura en el juicio, seguía con las piernas balanceándose en la banca sin alcanzar el suelo, todavía con el uniforme escolar que mantenía desde el día de su detención, 26 de octubre, cuando la sacaron los militares de su propio liceo, a pocas semanas de haber cumplido los 16 años.

Durante un mes pasó por distintos recintos de tortura: la Base Aérea de Bahía Catalina, Regimiento de Ojo Bueno, el recinto de Colón 636, y la casa del Deportista (ya no existe y parte de ese espacio lo ocupa hoy el Casino y Hotel Dreams). Y aunque el juicio fue sin venda solo recuerda nítidamente a Alejandro Olate, 17 años, Pablo Jeria, 18 años, y a Gladys Pozo, 22 años, condenada a veinte, y quien la apañó en la cárcel pública mientras cumplieron condena.

La imagen del consejo es uno de los más terroríficos de su vida. Todavía tiene fresco el retrato de los ocho hombres sentados al frente de los trece acusados, en un lugar rodeado de militares dispuestos a disparar. Llena de espanto, con los músculos cubiertos de nudos que la recorrían entera, saltaba sin movimiento. Y gritaba sin voz. Y nadie, ni el fiscal ni los testigos, ni ninguno de los generales, comandantes o soldados que estaban en la capilla del regimiento Pudeto logró darse cuenta, porque los temblores y los movimientos eran internos. Un espasmo incontrolado, nervioso que continuó durante muchos años. La emoción era invisible para el espectador que la veía en su semblante tranquila y serena, tal cual aparece en la foto blanco y negro que guarda de adolescente. 

Entre 1973 y 1974, seis son los consejos de guerra que más resuenan entre las víctimas de violación a los derechos humanos por parte del Estado en la región de Magallanes. Y en cada uno, los fiscales siguieron al pie de la letra el artículo 81 del Código de Justicia Militar que explicita que los consejos son concebidos para delitos propios del "tiempo de guerra". Porque para algunos se trataba de eso, de una guerra.

— A la pena de cuatro años de reclusión menor en su grado máximo, se condena a Rosa María Lizama Barrientos, por los delitos de rebelión militar y los crímenes señalados en las letras a, b, y d del artículo 4° de la Ley 12.967 sobre seguridad del Estado –repetía parsimonioso Walter Radic, el fiscal de la Armada, días después de redactada la condena. La misma voz calma e imperturbable que reconocen varias prisioneras durante distintas sesiones de tortura.

A 49 años de ocurrido el primer consejo de guerra, hoy recién están procesado cuatro violadores a los derechos humanos que participaron directa e indirectamente en los consejos de guerra Gerardo Álvarez, Guillermo Araneda. Otto Trujillo y Walter Radic.

Parte de la condena Rosa María Lizama la cumplió en la cárcel pública de adultos en la ciudad de Punta Arenas. El 2 de octubre de 1974 salió del recinto penitenciario y continuó firmando en el patronato de reos y cumpliendo condena en su casa. Fue un tiempo de silencio. Se quedaba callada y se veía a sí misma asustada. No quería que le preguntaran nada. No podía contar nada. Y la gente la veía en silencio, con una sonrisa tranquila por fuera. Por dentro, toda convulsionada, llena de temblores, la boca seca, un calor terrible.

“Si me preguntaban, ¿qué iba a decir? Me torturaron, ultrajaron, aplicaron electricidad en distintas partes del cuerpo, ¿de eso iba a hablar?… si me daba vergüenza sólo pensarlo, mucho más, contarlo”, recuerda. Porque para ella, el no decir era casi convencerse de que nada ocurrió. No quería que nadie viviera lo que pasó. Y contar era traspasar la experiencia y el sufrimiento a personas que quería. Sus padres. Su hermano. Los amigos y familiares que llegaban a su casa. En ese silencio estaba protegiendo y salvando a quienes ella quería. Y aunque nadie preguntara empezó a bloquear trozos y momentos.

“¿Y por qué no preguntaban?”, se cuestiona hoy Rosa María y a sí misma se responde: “Tampoco se atrevían, sabían, porque algo habían escuchado. La sociedad ya estaba también amnésica y era tan víctima como todas las que padecimos la violencia”, precisa.

La Agrupación de Mujeres Presas Políticas de Magallanes iniciaron un campaña para transformar la casa de Colón 636 en un sitio de memoria.

Después de pasar por distintos recintos de tortura, vivir el consejo de guerra, y estar en la cárcel pública, vinieron años de mucho silencio, sufrimiento mordido. Para ella no era tema hablar del tema. “Hasta que un día, debe haber sido el año 2001, con la Magda conversamos y dijimos ya, ¿¡paremos!? Hay que hablar, los cabros ya están grandes, es necesario que se sepa. Y nos organizamos y las mujeres fuimos las primeros en presentar una querella (2015), entonces solo había demandas (ver subtítulo inferior)… Y cuando me aplicaron el protocolo de Estambul descubrí que tengo cinco años de amnesia emocional. Hoy, sigo al pie de la letra el tratamiento por depresión mayor, si dejo de tomar la pastilla pienso al tiro en la muerte”, cuenta.

Seleccionado nacional

Alejandro Olate Levet, 17 años, estudiante del cuarto año C, de la especialidad máquina y herramientas, de la Escuela Industrial Superior -así se conocía al emblemático establecimiento en 1973- era uno de los ochos elegidos de la región para representar al país en los sudamericanos de básquetbol. El día del juicio recuerda a Luis Valencia, 16 años; Eliecer Valencia, 18; Aldo Mayor, 19; y Lorenzo Oyarzo, 19. Todos estudiantes del Industrial. 

Cada uno de los inculpados tuvo testigos de defensa, personas que superaron los miedos y que se presentaron en la capilla del Pudeto a entregar su versión. En el juicio se desestimaron los 19 testimonios a favor de los acusados.

En la foto posada Alejandro Olate (número 8) tiene 17 años y fue tomada un mes antes de ser detenido el año 1973 en su casa en la población Williams. Aparece junto a otros jugadores, también seleccionados nacionales de básquetbol.

Olate, todavía tiene grabada en la mente la defensa que hizo Humberto “Papi” Vera, director del colegio público. “Había que ser muy valiente en esa época para hacer la defensa que él hizo, en un juicio súper arbitrario, frente a los militares y en el que todos los acusados habían sido torturados. Papi Vera era muy correcto, querido, llegó de Chiloé y levantó el colegio”, recuerda. 

También hubo otros que refrendaron las acusaciones y no lo hicieron de frente al consejo, sino que a través de declaraciones que según queda expresado en la sentencia causa Rol Tiempo de Guerra Nº4-73, “contextualizan y dan fe que en el último año existía temor o miedo de los distintos círculos de la ciudad de ser atacados por extremistas con formación paramilitar”. Entre los mencionados en el informe acusatorio aparecen: “Alejandro Florentino Fernández, Rodolfo Valentín Subiabre, Alfredo Arecheta González, Eugenio González Mimica, José Ruiz Maldonado, Selmiro Salgado Salgado, Jorge Luis Vega Germaín, y Ramón Utz Monsalve”.

Cada uno de los inculpados tuvo testigos de defensa. En el juicio se desestimaron los 19 testimonios a favor de los acusados.

“Antes del juicio pasé seis veces por la casa de Colón. Te obligaban a firmar documentos después de las torturas. Era terrible, por la electricidad que te aplican en todo el cuerpo, la lengua que es húmeda se te hincha tanto que no entra en la boca”, recuerda Olate, detenido en su casa en la población Williams, el día 26 de octubre de 1973, tras salir de un entrenamiento por el aniversario del colegio. Ahí, lo esperaba una cuadrilla de agentes de “inteligencia”, su padre ingenuamente le dijo que se entregara porque no había nada que temer, no había hecho nada.

Alejandro Olate Levet, actual concejal de Punta Arenas, fue condenado por el consejo de guerra a 5 años y un día, como autor de rebelión militar y los delitos señalados en las letras a, b, y d del artículo 4º de la Ley Nº12927 sobre Seguridad del Estado.

Condenados a pena de muerte

Luis Alvarado Saravia tenía 32 años cuando entró al juicio. Conocía en detalle el regimiento Pudeto, su padre era militar y durante toda su infancia recorrió el recinto. Él argumenta que el consejo de guerra ocurrió en la capilla, pero despojada de toda ornamentación religiosa los dos días que duró el proceso. Solo quedaron las bancas, la mesa del altar y cierto aire uniformado que suelen tener las homilías. El fiscal pedía pena de muerte para él y para Edgardo Avilés Venegas, dibujante técnico de 34 años en la fecha del proceso.

Alvarado recuerda que entró al juicio con un terno que usaba en el banco, porque era ejecutivo, y el traje le bailaba en el cuerpo, tenía 30 kilos menos, después de pasar por distintos recintos de tortura y permanecer incomunicado en el regimiento. 

“Al octavo día de tortura firmé todo lo que me pasaban para firmar. El sufrimiento era tanto que no aguanté más”, relata hoy con 81 años, y una lucidez plena que atribuye a la lectura.

Luis Alvarado Saravia tenía 32 años cuando entró al juicio. El fiscal pedía pena de muerte para él y para Edgardo Avilés Venegas, dibujante técnico de 34 años en la fecha del proceso.

“Íbamos más cagado que palo de gallinero al consejo de guerra. Los de la Fach votan pena de muerte y el tercero que vota era un mayor del Ejército con título de abogado, había llegado una semana después del golpe desde Estados Unidos, ese tipo vota 541 días y el resto presidio perpetuo… al terminar, cuando subimos al camión, nuestros compañeros nos abrazan, porque quedamos con vida, y la verdad era para sonreír, porque con vida puedes hacer de todo”, dice.

Del juicio, una de las cosas que más le impresionó fue ver a Rosa María Lizama. “Yo era amigo de su papá y no podía creer lo que veía. Ella era una niña, tan pequeña, delgada, no podía creer que la tuvieran ahí, lo que estaba mirando. Qué terrible lo que ocurrió”, dice.

El 3 de octubre del año 2016, la Corte Suprema anuló el fallo del Consejo de Guerra rol 1-1973, tribunal que había condenado a un grupo de aviadores constitucionalistas. Al dictar ese fallo, el máximo tribunal cumplió con lo ordenado en la sentencia de la Corte Interamericana: anular todos los fallos como medida de reparación y acto de verdad.

La falsedad del primer consejo de guerra de Magallanes aún sigue vigente en el papel y el nombre de las víctimas y su inocencia se mantiene todavía injuriada. 

Colón 636

Hoy, veinte víctimas de la violación a los derechos humanos de la zona, integran la Agrupación de Mujeres Presas Políticas de Magallanes 1973-1974.  Desde ahí iniciaron un campaña, apoyados por el Consejo de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, para transformar la casa de Colón 636 en un sitio de memoria (colon636.cl).

Ellas luchan cada día por darle voz a su silencio y recuperar la memoria perdida. En muchos casos se trata de adolescentes que fueron, en su mayoría, sacadas de su sala de clases y trasladadas a distintos recintos de tortura. Menores de edad que deberían haber llegado a su fiesta de graduación y posar junto a todas sus compañeras de curso en la foto de fin de año.  Y no pudieron.

Desde su dolor, quieren derrotar el miedo que todavía las acompaña y escribir una sinfonía justa que le dé sororidad y dignidad a los testimonios que la historia oficial ha intentado borrar. Una querella criminal está en curso desde el año 2015, hay cientos de declaraciones, mientras tanto, los criminales mueren en la impunidad y ya varias mujeres han partido sin conocer la justicia. Una de las causas ya tiene a cuatro procesados.

Acusados en el primer consejo de guerra de Magallanes:

•      Rosa María Lizama Barrientos, 16 años
•      Luis Valencia Ferguson, 16 años
•      Alejandro Lorenzo Olate Levet, 17 años
•      Aldo René Mayor Olivos, 18 años
•      Eliecer Segundo Valencia Oyarzo, 18 años
•      Pablo Ramón Jeria Ríos, 18 años
•      Hernán Enrique Biott Vidal, 22 años
•      Gladys Pozo Marchant, 22 años
•      Alfredo Corte Bernal, 26 años
•      Luis Enrique Alvarado Saravia, 32 años
•      Ricardo Hernán Marcelle Ojeda, 33 años
•      Edgardo Avilés Venegas, 34 años
•      Guillermo Sáez Aravena, 40 años