Purto Yarcho Bernardo

Cristián Labbé fue detenido por su presunta participación en los crímenes ocurridos en dictadura en el regimiento de Tejas Verdes. El ex alcalde fue encausado junto a otros nueve ex agentes por 13 casos de secuestro, tortura, muerte y desaparición en época de dictadura.

Este lunes, la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, ordenó la detención del ex alcalde de Providencia, Cristián Labbé, por su participación en los crímenes ocurridos durante la dictadura en el regimiento de Tejas Verdes.

La magistrada encausó al ex coronel de Ejército junto a otros nueve ex agentes por trece casos de secuestro, tortura, muerte y desaparición ocurridos en el regimiento Tejas Verdes, en la comuna de San Antonio. 

El ex alcalde ha participado en varias diligencias por el caso. Este 2014 fue careado con dos ex detenidos, Anatolio Zárate y Héctor Salvo, quienes lo acusaron de haber participado de torturas durante su permanencia en el recinto militar.

Según el documento de procesamiento, “aparecen presunciones fundadas para estimar que Cristián Labbé Galilea ha tenido participación, en calidad de autor, en el delito de asociación ilícita (…) por haber tomado parte en su ejecución de manera inmediata y directa”.

Además de Labbé, Klaudio Kossiel Hornig, Raúl Quintana Salazar, el médico Vittorio Orvieto Tiplitzky, a Rodolfo Vargas Contreras, Ramón Carriel Espinoza y Nelson Valdés Cornejo, fueron procesados en calidad de autores de asociación ilícita, secuestro calificado, homicidio calificado y aplicación de tormentos. La ministra también encausó a Carlos Silva Salinas, en calidad de autor de homicidio calificado, y el médico Bernardo Purto Yarcho, como autor de secuestro y torturas.

Documento de detención

A pocos minutos de conocerse la noticia, vinieron las primeras reacciones. Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos de Chile destacó la resolución considerada por la justicia. “Lo que hoy está pasando es que los responsables de los crímenes cometidos en Tejas Verdes deben empezar a pagar por sus crímenes”.

Desde el Gobierno, el vocero Álvaro Elizalde declaró esperan que todos los crímenes de lesa humanidad sean esclarecidos, pero que quien debe determinar esas responsabilidades son los tribunales de justicia.

El Partido Socialista también se sumó a las reacciones. Su secretaria general, Carola Rivero, cuestionó la permanencia tanto de éste en la UDI como del desaforado diputado, Rosauro Martínez en RN ya que, a su juicio, es“una afrenta para el sistema democrático y las víctimas y familiares de DDHH”.

“Este es un motivo más que suficiente para que la UDI y RN tengan una reacción de repudio. Esperar a que la justicia de su veredicto de si puede comprobarse si jalaron el gatillo, dieron la orden o aplicaron tormento, no cambiara la cobardía y el horror de sus funciones. Es hora de terminar también con sus cómplices pasivos”, concluyó la representante del PS.

En tanto, en el gremialismo, el secretario general, Javier Macaya entregó un “apoyo en lo humano para el ex alcalde y su familia. En el entendimiento que hay una situación que está en desarrollo y que se debe esclarecer judicialmente”, explicó.

Según  los datos entregados, la detención ocurre como consecuencia de la solicitud realizada por el Programa de Derechos Humanos, del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. El cargo por el que se los imputaría es de asociación ilícita.

Desde esa repartición pública, Rodrigo Lledó, jefe del área jurídica indicó que además van a solicitar antecedentes a Brasil a efecto de conocer qué tipo de cursos y de técnicas se enseñaban en ese territorio y que después fueron replicadas en Chile. Respecto del alcance jurídico de la demanda, el abogado precisó que esta condena está vinculada a los delitos de base que están siendo investigados, la que arriesga una pena mayor en cualquiera de sus grados (de cinco años y un día hasta presidio perpetuo por secuestro, tortura y secuestro).

En cuando a la decisión judicial, Lledó dijo que apelarán a la justicia para su rectificación por no estar dictada según los méritos del proceso, indicó y explicó que los imputados formaron parte de esta asociación ilicita, esto independiente de haber o no cometido un delito en concreto: “según la Ministra, Labbé no cometió delitos en concreto, según nosotros sí, hay testimonios que lo condenan. No torturó directamente, pero lo que está totalmente establecido es que mientras había personas que torturaban él se paseaba asesorando esas torturas”.

En el caso del ex edil, sus defensores estarían trabajando para conseguir su libertad. Sin embargo, mientras eso se concreta, Labbé deberá pasar al menos 48 horas en prisión en el batallón de Policía Militar en Peñalolén, al interior del Regimiento de Telecomunicaciones.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, dictó auto procesamiento por el delito de sustracción de menor de Oscar Hernán Enrique Miranda Segovia, cometido a partir del día 17 de octubre de 1973, hecho ocurrido en la comuna de Melipilla.

La magistrada procesó y decretó la prisión preventiva del médico cirujano y oficial de sanidad de carabineros Bernardo Purto Yarcho y al teniente Pedro León Ramírez Hirane, quienes de acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, participaron del siguiente hecho:

«El día 17 de octubre de 1973, en horas de la tarde, tras un incidente en que resultaron implicados Oscar Hernán Enrique Miranda Segovia -de 17 años- y Bernardo Purto Yarcho -médico cirujano y oficial de sanidad de la 4° Comisaría de Carabineros de Melipilla-, el mencionado adolescente fue detenido, sin derecho, en la vía pública, frente al inmueble de calle San Miguel N° 760 de la comuna de Melipilla, por Bernardo Purto Yarcho, Antonio Arap Ahued y un sujeto apodado «El Tablilla» y, acto seguido, trasladado a la 4° Comisaría de Carabineros de Melipilla, a cargo del mayor Sergio Edilio Silva Aguirre -actualmente fallecido- y del teniente Pedro León Ramírez Hirane, apodado «Pedro Paco», sustrayéndolo de la esfera de resguardo en que se encontraba, afectando con ello su seguridad individual, desconociéndose, hasta la fecha, su paradero».

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, dictó auto procesamiento por el delito de sustracción del menor de Oscar Hernán Enrique Miranda Segovia, cometido a partir del día 17 de octubre de 1973, hecho ocurrido en la comuna de Melipilla.    

La magistrada procesó y decretó la prisión preventiva del médico cirujano y oficial de sanidad de carabineros  Bernardo Purto Yarcho y al teniente  Pedro León Ramírez Hirane, quienes  de acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, participaron del siguiente hecho:

“El día 17 de octubre de 1973, en horas de la tarde, tras un incidente en que resultaron implicados Oscar Hernán Enrique Miranda Segovia -de 17 años- y Bernardo Purto Yarcho -médico cirujano y oficial de sanidad de la 4° Comisaría de Carabineros de Melipilla-, el mencionado adolescente fue detenido, sin derecho, en la vía pública, frente al inmueble de calle San Miguel N° 760 de la comuna de Melipilla, por Bernardo Purto Yarcho, Antonio Arap Ahued y un sujeto apodado “El Tablilla” y, acto seguido, trasladado a la 4° Comisaría de Carabineros de Melipilla, a cargo del mayor Sergio Edilio Silva Aguirre -actualmente fallecido- y del teniente Pedro León Ramírez Hirane, apodado “Pedro Paco”, sustrayéndolo de la esfera de resguardo en que se encontraba, afectando con ello su seguridad individual, desconociéndose, hasta la fecha, su paradero”.

La Magistrada condenó al médico cirujano y oficial en retiro de sanidad de Carabineros, Bernardo Purto Yarcho y al teniente en retiro Pedro León Ramírez Hirane, a las penas de 3 años y 4 años de presidio respectivamente con el beneficio de la remisión condicional como responsables del delito de sustracción de menor de edad.

La Ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón,  condenó al médico cirujano y oficial en retiro de sanidad de Carabineros,  Bernardo Purto Yarcho y al teniente en retiro   Pedro León Ramírez Hirane, a las penas de 3 años y 4 años de presidio respectivamente con el beneficio de la remisión condicional como responsables del delito de sustracción de menor de edad de Oscar Hernán Enrique Miranda Segovia, cometido a partir del día 17 de octubre de 1973 en la comuna de Melipilla.   

En el aspecto civil, el fallo condena al Estado de Chile a pagar una indemnización de $150.000.000 a los hermanos de la víctima.
La investigación de la Magistrada estableció que:

1° Que el día 17 de octubre de 1973, en horas de la tarde, en la vía pública, en la comuna de Melipilla, se produjo un incidente entre Oscar Hernán Enrique Miranda Segovia, de 17 años y Bernardo Purto Yarcho, médico cirujano y Oficial de Sanidad de la 4° Comisaría de Carabineros de Melipilla.

2° Que, tras lo ocurrido, frente al inmueble de calle San Miguel N° 760 de la comuna de Melipilla, Bernardo Purto Yarcho, con el apoyo de un grupo de civiles, detuvo, sin derecho, a Oscar Miranda Segovia.

3° Que, acto seguido, Purto Yarcho trasladó al adolescente a la 4° Comisaría de Carabineros de Melipilla, lugar en que se le mantuvo encerrado de manera irregular.

4° Que, en la época de los hechos, la referida unidad policial se encontraba a cargo del Mayor Sergio Edilio Silva Aguirre, en calidad de Comisario; del Capitán Sergio Owen Hernán Brieba Hinrichsen, en calidad de Subcomisario y del Teniente Pedro León Ramírez Hirane.

5° Que, en lugar de ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad administrativa o judicial respectiva, se desconoce hasta la fecha el paradero de Oscar Miranda Segovia.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, condenó al médico cirujano y oficial (r) de Sanidad de Carabineros, Bernardo Purto Yarcho, y al teniente (r) Pedro León Ramírez Hirane, a las penas de 3 años y 4 años de presidio, […]

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, condenó al médico cirujano y oficial (r) de Sanidad de Carabineros, Bernardo Purto Yarcho, y al teniente (r) Pedro León Ramírez Hirane, a las penas de 3 años y 4 años de presidio, respectivamente. Esto como responsables de la sustracción del menor de edad Oscar Enrique Miranda Segovia, delito cometido a partir del 17 de octubre de 1973 en la comuna de Melipilla.

Sin embargo, la magistrado les otorgó a ambos el beneficio de la remisión condicional de la pena, es decir, que la podrán cumplir en libertad, sometidos a «una discreta observación y asistencia por parte de Gendarmería», como establece la ley.

La investigación de la ministra en visita estableció que durante la tarde del 17 de octubre de 1973 se produjo en la vía pública de Melipilla un incidente entre el menor Oscar Miranda y el médico cirujano Bernardo Purto. Tras esto -y con el apoyo de un grupo de civiles-, el uniformado «detuvo, sin derecho» al joven, según destaca la resolución.

Acto seguido, Purto trasladó al adolescente a la 4° Comisaría de Carabineros de Melipilla, «lugar en que se le mantuvo encerrado de manera irregular», apunta el fallo. Dicho recinto policial se encontraba a cargo del teniente Pedro León Ramírez Hirane, entre otros oficiales.

«En lugar de ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad administrativa o judicial respectiva, se desconoce hasta la fecha el paradero de Oscar Miranda Segovia», concluye la ministra Marianela Cifuentes.

En el aspecto civil, el fallo condenó al Estado a pagar una indemnización de $150.000.000 a los hermanos de la víctima.

Señor Director:

He leído con pesar la entrevista que el médico y andinista Mauricio Purto concedió a El Mostrador el pasado 23 de febrero, específicamente en la parte que explica que su ecologismo se debió por “haber tenido un padre muy humanista”.

Esto último francamente es horroroso. En las causas Rol 28-2009 y 23-2013 seguidas ante ministros en visita extraordinaria de la ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, El Dr. Bernardo Purto Yarcho, padre del entrevistado, se encuentra condenado como autor de torturas al interior del regimiento Tejas Verdes, en el primer caso, y de sustracción de menor, en el segundo. En la última de estas causas fue acusado como autor del delito de sustracción del menor Oscar Hernán Enrique Miranda Segovia en octubre del año 1973, en el centro de Melipilla.

El padre de Mauricio Purto Arab, era médico de Carabineros y fue participante activo en violaciones a Derechos Humanos durante la primera etapa de la dictadura.

Es muy grave que se blanquee la imagen del Dr. Purto padre por parte de su hijo, quien en su libro “Camino a la cima”, editorial Aguilar, primera edición, julio 2017, página 39, tiene ingratos recuerdos de su progenitor. Allí refiere a algo totalmente distinto; que don Bernardo le “sacaba la cresta a cada rato” cuando se equivocaba. Agrega: “Recuerdo una ocasión en especial dura, cuando rompí unas copas en un cuarto oscuro donde mi papá, que era radiólogo, revelaba las radiografías. Me dio un susto mayor. Sabía que me masacraría a golpes, y culpé a mi hermana Jenny, quizás pensando en que para ella el castigo sería menor. Pero no, mi padre la azotó a chicotazos, y no puedo olvidar a mi hermana en cuclillas, orinándose”.

Ninguna de las acepciones de la palabra humanismo cuadra con la conducta de un condenado por violaciones a los DD.HH. y abusador de sus hijos.

Amine Fercovic Musre

La ministra Marianela Cifuentes, dictó auto de acusación en contra de exagentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y de un médico, por sus responsabilidades en los delitos de secuestro, homicidio calificado, aplicación de tormentos y asociación ilícita. Ilícitos perpetrados entre septiembre de 1973 y febrero de 1974 en el campo de prisioneros de Tejas Verdes, comuna de San Antonio.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, dictó auto de acusación en contra de exagentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA)  y  de un médico que prestó servicios en la rama castrense, por sus responsabilidades en los delitos de secuestro, homicidio calificado, aplicación de tormentos y asociación ilícita. Ilícitos perpetrados entre septiembre de 1973 y febrero de 1974 en el campo de prisioneros de Tejas Verdes, comuna de San Antonio.

En la resolución (causa rol 28-2009), la ministra Cifuentes acusó a Raúl Pablo Quintana Salazar, Vittorio Orvieto Tiplitzky y Ramón Luis Carriel en calidad de coautores de los delitos de secuestro, aplicación de tormentos y homicidio calificado de Oscar Armando Gómez Farías, Ceferino del Carmen Santis Quijada, Jorge Antonio Cornejo Carvajal, Jorge Luis Ojeda Jara, Víctor Fernando Mesina Araya, Florindo Alex Vidal Hinojosa, Carlos Aurelio Carrasco Cáceres, Carlos Alberto Galaz Vera y Miguel Ángel Moyano Santander y autores del delito de asociación ilícita.

En tanto, responsabilizó a Raúl Pablo Quintana Salazar, Vittorio Orvieto Tiplitzky y Ramón Luis Carriel Espinoza en calidad de coautores de los delitos de secuestro calificado y aplicación de tormentos en contra de Luis Fernando Norambuena Fernandois, Gustavo Manuel Farías Vargas y autores del delito de asociación ilícita.

En la causa, la ministra Cifuentes imputó a Bernardo Purto Yarcho, en calidad de autor, de los delitos de secuestro y aplicación de tormentos en contra de Jorge Luis Ojeda Jara.

La ministra también dictó acusación en contra de Carlos Óscar Gregorio Evaristo Mardones Díaz, Miguel Krassnoff Martchenko, Richter Aliro Nuche Sepúlveda y Emilio Robert de la Mahotiere González, en calidad de autores de los delitos de asociación ilícita y de secuestro calificado de Ceferino Santis Quijada, Luis Fernando Norambuena Fernandois y Gustavo Manuel Farías Vargas.

La ministra dirigió imputación a Ricardo Fortunato Judas Tadeo Soto Jerez en calidad de autor del delito de asociación ilícita y de coautor de los delitos de secuestro, aplicación de tormentos y homicidio calificado de Oscar Armando Gómez Farías,  Jorge Antonio Cornejo Carvajal,  Jorge Luis Ojeda Jara, Víctor Fernando Mesina Araya, Florindo Alex Vidal Hinojosa, Carlos Aurelio Carrasco Cáceres, Carlos Alberto Galaz Vera y de coautor de los delitos de secuestro calificado y aplicación de tormentos en contra de Luis Fernando Norambuena Fernandois, Ceferino del Carmen Santis Quijada, Gustavo Manuel Farías Vargas.

En tanto, la ministra responsabilizó a Valentín del Carmen Escobedo Azúa en calidad de coautor de los delitos de secuestro, aplicación de tormentos y homicidio calificado de Oscar Armando Gómez Farías, Jorge Antonio Cornejo Carvajal, Jorge Luis Ojeda Jara, Víctor Fernando Mesina Araya y Miguel Ángel Moyano Santander  y de coautor de los delitos de secuestro calificado y aplicación de tormentos en contra de Ceferino del Carmen Santis Quijada, Gustavo Manuel Farías Vargas y Luis Fernando Norambuena Fernandois.

En la resolución, la ministra dictó acusación en contra de Ramón Rodrigo de Jesús Capona Kurth, Manuel Jesús Zamorano Cortés y Gladys de las Mercedes Calderón Carreño en calidad de autores del delito de  asociación ilícita y de coautores de los delitos de secuestro, aplicación de tormentos y homicidio calificado de Oscar Armando Gómez Farías, Jorge Antonio Cornejo Carvajal, Jorge Luis Ojeda Jara, Víctor Fernando Mesina Araya, Florindo Alex Vidal Hinojosa, Carlos Aurelio Carrasco Cáceres, Carlos Alberto Galaz Vera y Miguel Ángel Moyano Santander y de autores de los delitos de Ceferino del Carmen Santis Quijada, Luis Fernando Norambuena Fernandois, Gustavo Manuel Farías Vargas.

Finalmente, la ministra Cifuentes dictó acusación en contra Eugenio Armando Videla Valdebenito y de Cristian Labbé Galilea en calidad de autores del delito de asociación ilícita