Pulgar Gallardo Osvaldo Enrique

Villa Grimaldi, llamada también “Cuartel Terranova”, empezó a ser usada desde fines de 1973 por la Brigada de Inteligencia Metropolitana BIM y la DINA, entre mediados de 1974 y fines de 1975, período en que se produce la mayor presencia de detenidos, bajo el mando de los comandantes Pedro Espinoza, y Marcelo Morén, ambos oficiales de Ejército.

Este fue el principal centro de las operaciones de aniquilamiento de la DINA, dirigido por oficiales secundados por sus respectivos grupos operativos de captura o aniquilamiento, de interrogatorio y tortura, y por equipos de guardia interna y externa así como grupos de apoyo y servicios: secretaría, administración, radiocomunicaciones, documentación y falsificaciones, entre otros.

Plana Mayor de Villa Grimaldi

COMANDANTES

Pedro Octavio Espinoza Bravo, conocido como “Don Rodrigo” o “Rodrigo Terranova”, Coronel de Ejército, fue el primer Comandante de la BIM y de Villa Grimaldi. C.I. No: 3.063.238-9 de Santiago. Su nombre está indisolublemente ligado a la así llamada “Caravana de la Muerte”, que inicia su trágica trayectoria el 4 de octubre en Cauquenes y termina el 19 del mismo mes en Antofagasta dejando a su paso 68 ejecuciones sumarias. Pero no solo ejecuciones sino además masacres con corvos, con armas blancas. Actualmente cumple condena de seis años en la cárcel especial de Punta Peuco, por el homicidio calificado, en Washington D.C., del ex canciller chileno Orlando Letelier. Luego de la disolución de la DINA, continuó en la CNI.  En Villa Grimaldi supervisó el ametrallamiento de los detenidos y su posterior sepultura clandestina.

Marcelo Luis Manuel Morén Brito, “El Coronta”, “El Ronco”, “El Oso”, Teniente Coronel de Ejército, sucedió a Espinoza en la comandancia  de la Villa Grimaldi. Incondicional de Contreras, renunció a la DINA con el retiro de éste.Su sobrino Alan Bruce Catalán fue detenido en febrero de 75, permaneció en La Torre y está desaparecido. La familia de Alan Bruce había acogido en su hogar a Morén cuando éste era estudiante de la Escuela Militar. Actualmente está procesado por el delito de secuestro calificado en el caso Caravana de la Muerte. Estuvo unos meses detenido en el Regimiento de Telecomunicaciones del Ejército, pero se le dio la libertad provisional en octubre de 2000, por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones.

OFICIALES

Jorge Claudio Andrade Gómez, “ Don Pedro”, Coronel de Ejército, comandó la Brigada O’Higgins. Permaneció en la CNI. Participó en los fusilamientos de Peldehue y asesinatos del complejo maderero Panguipulli junto a Medina Lois. Muchos sobrevivientes lo responsabilizan de la desaparición de los detenidos en Villa Grimaldi.

Muchos sobrevivientes lo responsabilizan de la desaparición de los detenidos. En 1991 era mayor en la guarnición general metropolitana.Este agente era miembro del Grupo Aguila y mano derecha de Krassnoff Martchenko. Estuvo en servicio en la Villa Grimaldi, donde los sobrevivientes lo responsabilizan de la desaparición de detenidos.

En Agosto de 1979, participo en la aplicación de tortura que causaron la muerte del profesor Federico Alvarez Santibáñez.

Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Mayor de Ejército, fue subdirector de inteligencia interior del BIM y la DINA. Fue jefe de un equipo de colaboradoras integrado por Luz Arce, Marcia Merino (Flaca Alejandra) y María Alicia Uribe Gómez (Carola), bajo cuyas órdenes trabajaron tanto en Villa Grimaldi como en el cuartel general de calle Belgrano. Se dice que se “enamoró” de Luz Arce y protegió a esas mujeres, responsables de la detención de decenas de personas.  Integró la brigada Mulchén de la DINA. Está acusado del asesinato de Carmelo Soria. Este oficial de Ejército integraba la brigada Mulchén de la Dina, y aparece como uno de los directamente implicados en la muerte de Carmelo Soria. Estuvo en Villa Grimaldi y en el Cuartel General de Calle Belgrano. Fue Subdirector de Inteligencia Interior, pero estaba igualmente informado de lo que se hacia en el exterior. Hoy esta en retiro como Coronel.

Luz Arce Sandoval, militante socialista que doblegada por la tortura entregó a sus propios compañeros. Llegaría a ser jefe de sección de la DINA y amante de Wenderoth Pozo. Esta agente de estado ha sido la que ha dado declaraciones mas detalladas con respecto a Villa Grimaldi y la funcion que cada asesino, torturador ejercia en ese recinto ilegal de detencion.

Recuerda muchos nombres de secuestrados y torturados que pasaron por esa casa del horror.

Augusto Patricio Deichler Guzmán , mayor de ejército, reemplazaba ocasionalmente a Wenderoth en sus tareas. Oficial de Ejercito de la Rama de Caballería, promoción del año 1958. El 11 de septiembre era miembro del Estado Mayor de Ejercito y como tal pasó a integrar el Estado Mayor de la DINA. Este agente estaba en la sección C-1 de la Subdirección de Inteligencia Interior de la DINA. Formó parte del Departamento Exterior y en alguna oportunidad, asumió la jefatura transitoriamente. También reemplazó a Rolf Wenderoth cuando este salió al extranjero.Pasó a retiro como brigadier.

Gerardo Ernesto Ulrich, “Mano Negra”, Mayor de Ejército, Jefe Agrupaciones Puma y Tigre, DINA – CNI. Segun declaraciones de un ex funcionario de la DINA que tuvo acceso privilegiado a varios oscuros  episodios de la dictadura junto a la enfermera  Borumburu. declara: “Pude conocer  accidentalmente ‘la torre’ (Villa Grimaldi) en una oportunidad en que el mayor Gerardo Ulrich estaba procediendo a quemarle los pezones con     alcohol a una mujer totalmente desnuda”. unto al Mayor Manuel A. Carevic Cubillos, son responsables directos de la desaparición del conscripto de la FACH Rodolfo Valentín González Pérez. Es por la desaparición del joven González Pérez, que ambos oficiales fueron llevados a proceso en agosto de 1992 en el Tercer Juzgado del Crimen por la Magistrado Virginia Bravo.

Miguel Krassnoff Marchenko,  “Capitán Miguel”, Capitán de Ejército, oficial de inteligencia responsable de la represión al MIR. Bajo su mando directo se ubicaban los oficiales jefes de agrupaciones y grupos operativos, de interrogatorio y tortura, denominadas como Aguila, Tucán, Halcón, Caupolicán. De su orden directa dependía el destino de los prisioneros: tortura, ejecución o desaparición. En los años 90 fue comandante del Regimiento Tucapel de Temuco. Luego, segundo hombre de la Cuarta División con sede en Valdivia. Ferrer Lima.

Francisco Maximiliano Ferrer Lima, “Max Lenoux”, “Max”, Capitán de Ejército, fue Jefe de Cuartel del Centro José Domingo Cañas y oficial de la Plana Mayor de Villa Grimaldi. Tras la disolución de la DINA continuó en la CNI y el DINE. Vinculado a los casos de Edgardo Enríquez, y el secuestro de Máximo Gedda Ortiz, era conocido que gustaba de presenciar la tortura de los detenidos y observar sus reacciones. En Ginebra asumió la defensa del gobierno de Chile, donde aseguró que los desaparecidos no existían. Fue nombrado director de la Escuela Nacional de Inteligencia. En 1991, con el grado de coronel, cumplía funciones en la DINE. Barriga Miembro de la Brigada Caupolicán de la DINA. Después de su disolución trabajó en los servicios de inteligencia del régimen militar. Formó parte de la brigada Caupolicán de la disuelta Dina, más tarde se desempeñó en el departamento de análisis.

Germán Jorge BArriga Muñoz,  “Don Jaime”, Capitán de Ejército, comanda las agrupaciones Caupolicán, Purén, de la DINA. Responsable de la represión al PS, PC y otros partidos. Sólo ocasionalmente intervenían en la represión al MIR. Testigos los responsabilizan de la detención y tortura de Fidelia Herrera y su cónyuge y de la detención de Ricardo Lagos Salinas, Exequiel Ponce, Carlos Lorca Tobar. Campos Rehbeim, Alejandro Paulino, “Antolín”, Capitán de Corbeta de la Armada, Ayudante jefe Agrupación Halcón DINA. Carevic Cubillo, Germán Barriga podría contar quiénes son los responsables de la golpiza sufrida por la joven Michelle Peña, quien, casi al término de su embarazo, perdió su bebé debido a la brutal pateadura. Con el grado de coronel, Barriga cumplía en 1991 funciones en la Dirección Nacional de Movilización.

Manuel Andrés Carevic Cubillos, “Raúl”, Capitán de Ejército, jefe de Agrupación Purén y Tigre, DINA – CNI. Este agente fue el segundo hombre de la Brigada Purén, encargada de la represión contra el Partido Socialista. Fue un cruel torturador e interrogador, participo en las sesiones de tortura a la ex agente Luz Arce.

Junto al Mayor Gerardo Urrich González, son responsables directos de la desaparición del conscripto de la FACH Rodolfo Valentín González Pérez. Es por la desaparición del joven González Pérez, que ambos oficiales fueron llevados a proceso en agosto de 1992 en el Tercer Juzgado del Crimen por la Magistrado Virginia Bravo. Con el grado de Coronel, posteriormente cumplía funciones en el Regimiento de Iquique.

Eugenio Jesús Fieldhouse Chávez, subprefecto de Investigaciones, miembro de la brigada de homicidios, oficial de la Plana Mayor de Villa Grimaldi. Comanda agrupaciones y participa en interrogatorios y directamente en Tortura, DINA.

Gerardo Ernesto Godoy García, “Teniente Marcos”, “Cachete Chico”, Teniente de Carabineros, Jefe Unidad Tucán, DINA. En agosto 74 detuvo a Alfonso Chanfreau,caso por el cual ha llegado recientemente desde Francia una petición de interrogar judicialmente a Contreras. Es responsable de la detención, tortura y desaparecimiento de Antonio Llido Mengual. Gerardo Godoy García era subteniente de Carabineros a cargo del grupo operativo Tucán en 1974, que servía de apoyo a las tareas de los grupos Halcón 1, a cargo de Lorenz y del grupo Aguila, que comandaba Krassnoff. Gerardo Godoy tenía a su cargo a la agente “Marisol”. Solía trabajar en grandes operativos junto al “Troglo”, “Guatón Romo”, Luz Arce, y “El Pulgar” o “Negro Paz”. Los prisioneros de 1975 lo recuerdan como “teniente Marcos”. A pesar de que era apenas un subteniente se daba ínfulas de alto oficial. Hasta marzo de 1991, con el grado de mayor era jefe de la comisaría de Ancud. Después de esa fecha fue trasladado a Santiago.

Nelson Edgardo Haase Mazzel,  Teniente de Ejército, jefe Unidad Operativa Tucapel, DINA. Laureani Maturana, Fernando Eduardo, “Teniente Pablo”, “Lalo”, Teniente de Ejército, Jefe Brigada Vampiro DINA – CNI. Participa personalmente en la tortura de su compañero de curso Gustavo Thauby. Haase fue uno de los hombres de confianza del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, y fue jefe del recinto de detención clandestino ubicado en calle Bilbao, conocido como “Cuartel Bilbao”. Diversos testimonios y documentos, entre ellos el entregado por la agente de la DINA Luz Arce, indican que el inmueble –habilitado desde 1976- tenía como fachada un aviso luminoso que decía “Implacate”. El historial del teniente también lo registra como miembro de la Sociedad Pedro Diet Lobos, pantalla comercial de la DINA para encubrir actividades tanto en Chile como en el exterior del país. A lo largo de los años, quienes sobrevivieron lo han descrito como arrogante, prepotente y despiadado; de hecho se llegó a decir que se enorgullecía de llevar permanentemente en su automóvil una picota para usarla en los allanamientos.

Ricardo Víctor Lawrence Meires,  “Julio”, “Cachete Grande”, Teniente de Carabineros, jefe Grupos Aguila y Caupolicán, DINA. Pereira Pereira, Tulio, “Flaño”, Teniente Carabineros, jefe agrupación Halcón y Caupolicán, DINA. Participa directamente en el asesinato de los militantes del MIR Amador del Fierro Santibáñez e Iván Pérez Vargas. Lorenz era el hazmerreír de los guardias, detrás suyo custionaban su autoridad. Era considerado cruel, sólo suspendía la tortura a un detenido cuando éste sufría un paro cardíaco o se desmayaba. Los sobrevivientes recuerdan la vez que a una detenida, que había sufrido más de cuatro horas de parrillazos eléctricos, le puso un jugoso pedazo de sandía delante suyo. Todos sabían que si la mujer ingería el apetitoso trozo le provocaría un estallido de sus vísceras. En su testimonio, la ex agente Luz Arce cuenta que fue él quien, bajo amenaza de muerte, la obligó a colaborar. Con el grado de teniente coronel se encuentra hoy en retiro y alejado de su institución. Ricardo Lawrence.- ex oficial de Carabineros. Jefe operativo de la Dina. Extraditable.  Teniente de Carabineros en 1974, fue jefe de la Agrupación Aguila de la DINA.  Se retiró como teniente coronel. 

AGENTES OPERATIVOS

Pedro René Alfaro Fernández, Cabo de Fuerzas Especiales Carabineros, Agente operativo grupo Tucán, DINA – CNI. Altez España, Risiere, Conocido como “El Conde”, inspector de Investigaciones, operó en la DINA en 1974 – 1975, torturador de la Agrupación Tigre. Aguilera Ruiz, Miguel, “Ricardo”, subcomisario de Investigaciones, agente en la Dina hasta 1977. Aravena Ruiz, José, “Muñeca”, Sargento 2º de Carabineros, operativo Brigada Caupolicán, permanece en la CNI hasta el año 1985.Burgos Díaz, Fernando Remigio, “El Costilla”, suboficial de Ejército, jefe equipo Brigada Verde, DINA – CNI. Burgos Vidal, Sergio Daris, suboficial de la Armada, operativo de la Agrupación Puma, DINA – CNI. Bustamante Figueroa, Juan Fernando, “Santana”, subcomisario de Investigaciones, agente Agrupación Tigre DINA. Caamaño Díaz, Francisco Aladino, “Carlos”, subcomisario de Investigaciones, agente agrupación Tigre, DINA – CNI. Cancino Vargas, Daniel, “Mauro”, “Octavio”, prefecto de Investigaciones, operativo agrupación Vampiro, DINA. Cerda Galleguillos, Nancy Antonia suboficial de la Armada, agente Agrupación Tigre, DINA – CNI. Chirinos Ramírez, Manuel Gregorio, “Juan González”, Inspector de Investigaciones, agente Agrupación Puma, DINA. Clavería Leiva, Hugo, del Ejército fue guardia y después y agente operativo DINA, enero 1974 guardia y operativo Londres 38; nov 1974 guardia interna Terranova (junto a El Tonto Soto, El Negro de la Flor, El Cacha); 1976 Caupolicán; 1978-79 guardia cuartel BIM (Borgoño) Concha Rodríguez, Rodolfo Valentín, Cabo del Ejército, operativo del grupo Halcón, DINA. Cornejo Marillanca, Osvaldo Patricio, “El Mono”, “Akito”, “El Chino”, empleado civil de la Armada, operativo de la Brigada Verde, DINA – CNI. Cox Roa, Lionel Roberto Enrique, “El Cabeza de Rodilla”, subcomisario de Investigaciones, agente operativo DINA y posteriormente, asistente de documentación archivo central. Fuenzalida Devia, Samuel Enrique, “Marco Antonio”, “El Gato”, Ejército, ejerció primero como guardia de Villa Grimaldi y después fue operativo de la Brigada Caupolicán, DINA. Jiménez Santibañez, Nibaldo, “El Pájaro”, comisario de Investigaciones, operativo y torturador de la Brigada Caupolicán, DINA. Lander Cabezas, Jorge, subprefecto de Investigaciones, ayudante Agrupación Puma, DINA. Lucero Lobos, Manuel Ernesto, suboficial de Ejército, agente Brigada Caupolicán, DINA. Marin Huincaleo, Emilio “El caballo”, suboficial de Carabineros, agente de grupo Aguila, DINA. Òrdenes Montecinos, María Gabriela “La Guatona Gaby”, “Soledad”, Sargento de la Armada, agente unidad operativa Caupolicán, DINA – CNI. Osorio Navarro, Teresa del Carmen. “Chica Tere”, “Marisol”, empleada civil de la Armada, agente DINA. Pulgar Gallardo, Osvaldo “El Pulgar”, Sargento de Carabineros, agente del grupo Halcón, DINA. Ramos Hernández, Rosa Humilde, “La Huasa”, suboficial de Ejército, agente grupo Aguila, DINA – CNI. Participa directamente en sesiones de tortura. Rivas Díaz, Manuel, subcomisario de Investigaciones, agente DINA. Romo Mena, Osvaldo Enrique, “Comandante Raúl”, “Guatón Romo”, empleado civil de Ejército, agente grupo Halcón, DINA. Participa en detención y tortura de Alvaro Villagrán, Edwin Van Yurik, M. Angélica Andreioli, Luis Rojas Palominos y Diana Aron Svingilsky. Violación de Bárbara Uribe Tamblay. Tortura y muerte de Lumi Videla; desaparición de Jorge D’Orival Briceño, Guillermo Beausire y otros. Saldías Valdés, Juan, “Harry El Sucio”, comisario de Investigaciones, agente de agrupaciones Tigre y Vampiro, DINA. Troncoso Vivallo, Emilio Hernán “Cristián”, suboficial de Carabineros, operativo de Brigada Caupolicán, DINA – CNI. Urbina Cáceres, Juan, prefecto de Investigaciones, interrogador y agente DINA. Vargas Cid, Arturo Patricio, subcomisario de Investigaciones, agente operativo de la Agrupación Puma, DINA. Zapata Reyes, Basclay Humberto, “El Troglo”, suboficial de Ejército, agente y subjefe grupo Halcón y Caupolicán, DINA, CNI, DINE.

GUARDIAS

Benavente Conejeros, Gonzalo Gilberto, “ Huaso Ríos”, empleado civil de Ejército, guardia de la DINA – CNI. Bozo Salgado, Ricardo Abraham, “El Dedos Largos”, empleado civil de Ejército, guardia DINA – CNI. De la Flor, Oscar , “El Negro”, cabo de Ejército, participó como agente operativo DINA y posteriormente guardia y comandante de guardia de Villa Grimaldi. Delgado, Manuel “Chufinga”, Cabo de Ejército, guardia BIM – DINA en Villa Grimaldi. Molina Astete, Víctor Manuel, “Juan Pablo”, “El Choco”, suboficial de Ejército, guardia DINA – CNI.

OTROS AGENTES

Arce Sandoval, Luz , “Ana María”, tras su detención colabora con la DINA en la captura e interrogatorios, posteriormente es empleada civil como secretaria plana mayor BIM

DINA. Almuna Guzmán, Palmira Isabel, oficial de Carabineros, Ayudante Comandancia BIM y DINA. Iribarren Ledermann, Emilio, “Joel”, después de su detención pasa a colaborar con la DINA, en identificación de compañeros, documentación y archivos. Empleado DINA. Merino Vega, Marcia Alejandra Evelyn, “Flaca Alejandra”, al ser detenida se convierte en colaboradora para la captura de sus compañeros. Analista y secretaria plana mayor BIM, DINA – CNI. Empleada civil de Ejército. Pincetti Gac, Osvaldo Andrés, “Doctor Mortis”, “El Brujo”, paramédico, empleado civil de Ejército, DINA – CNI. Interrogador, usaba técnicas de hipnosis, estuvo en Londres 38, Villa Grimaldi y Colonia Dignidad. Vinculado desparecimiento Edwin Van Yurik, tortura Adriana Bohórquez; formó parte de la comitiva que detuvo en Paraguay a Jorge Fuentes Alarcón. Uribe Gomes, María Alicia, “Carola”, se convierte en colaboradora de la Dina tras su detención. Realiza actividades de secretaria y análisis en la Brigada Purén, DINA – CNI. Empleada civil de Ejército.

CUATRO ALAMOS

Manzo Durán José, “Carapálida” “Lucero”, Teniente de gendarmería en comisión de servicio en la DINA, comandante del recinto de Incomunicación DINA de Cuatro Alamos,

Muchas personas fueron sacadas de allí y nunca más volvieron. De este lugar salió para desaparecer “Mauro”, (Carlos Carrasco Matus) un guardia que vigilaba a los presos, con quienes tenía una actitud humanitaria. Manzo ha sido acusado además como violador.

LOS ARCHIVOS DE LA REPRESIÓN

Seccatore Gómez, Italo Alberto, oficial de ejército, responsable de la modernización del sistema de archivos computacionales de la DINA, con dos sistemas de ingresos: uno con la lista de detenidos en el tiempo, y otro, con las listas de detenidos desaparecidos. Antes de su retiro, trató de convencer a Luz Arce que no hablara ante la Comisión Verdad y Reconciliación.

Siete nuevos procesados, todos ellos vinculados a la DINA, sumó la causa judicial que investiga la desaparición forzada de los militantes del MIR María Inés Alvarado Börgel y de Martín Elgueta Pinto, ambos detenidos el 15 de julio de 1974 y llevados al entonces centro de represión de Londres 38, en el centro de Santiago.

La ampliación del procesamiento fue dictada por el juez Leopoldo Llanos, quien tiene dedicación exclusiva para la investigación de causas sobre violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar. El magistrado ya había procesado al jefe de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda; y a los agentes operativos Miguel Krassnoff Martchenko,y Blascay Zapata Reyes y Osvaldo Romo.

A los anteriores, se suman ahora César Manríquez Bravo; Sergio Hernán Castillo González; Nelson Alberto Paz Bustamante; José Yévenes Vergara; Osvaldo Pulgar Gallardo; Risiere del Prado Altez España; y Orlando José Manzo Durán, todos ellos con distintos niveles de participación en los secuestros, detención, torturas y desaparición de María Inés Alvarado y Martín Elgueta.

Ambos jóvenes de 21 años de edad fueron detenidos cuando la DINA pudo dar con el lugar en el que se refugiaban, obligados a una clandestinidad derivada de la intensa actividad militante que desarrollaban en la organización de la resistencia a la dictadura. Tanto María Inés Alvarado como Martín Elgueta Pinto estudiaron en el Liceo Manuel de Salas, en Ñuñoa, e hicieron sus militancias en estructuras del MIR vinculadas a tareas de organización del movimiento popular durante el gobierno de Salvador Allende.

María Inés trabajaba como secretaria y Martín era estudiante de Economía en la Universidad de Chile, había sido dirigente del Centro de Alumnos de su Liceo y de la estructura del MIR en el Cordón Cerrillos-Maipú de la ciudad de Santiago. Con posterioridad al golpe, y luego de la reestructuración del MIR a causa de los golpes represivos, asumió como Coordinador del sector Santiago Poniente y miembro del Comité Central de esta organización.

La pareja se refugiaba en el departamento que habitaban Verónica Martínez Ahumada y su esposo, Juan Rosendo Chacón Olivares, quienes también fueron detenidos ese día. Chacón Olivares, también militante del MIR, permanece como detenido desaparecido.

La resolución judicial dictada el 5 de enero de este año, ordena el arresto de Sergio Castillo, Nelson Paz, José Yévenes y Osvaldo Pulgar; así como la notificación a César Manríquez, Risier Altez y Orlando Manzo, quienes se encuentran cumpliendo condenas por otros crímenes en la cárcel especial de Punta Peuco.

En su fallo el magistrado Leopoldo Llanos dice que los procesados tienen "participación culpable en calidad de autores" de los delitos tipificados en la legislación como "secuestro calificado". La resolución fue emitida dos meses después que la parte querellante hiciera la solicitud de ampliación de procesamientos, en un escrito que describe las responsabilidades de cada uno de los represores:

César Manríquez Bravo fue uno de los fundadores de la DINA a fines de 1973, cuando estuvo destinado al entrenamiento de los agentes en Tejas Verdes y en el campo de Rocas de Santo Domingo, para más tarde integrar y dirigir la Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM), de la que dependían los centros de represión, como Londres 38. En esos años tenía el grado de mayor, desde donde ascendió hasta llegar a integrar el cuerpo de generales del Ejército. En 1981 asumió como subsecretario de Guerra de la dictadura, cargo en que estuvo poco más de un año. Actualmente cumple condena en Punta Peuco.

Sergio Hernán Castillo González era capitán de Ejército cuando asumió el mando de la guardia en Londres 38, en una relación directa y cercana al jefe del cuartel, el entonces mayor Marcelo Moren Brito. Entre sus funciones estaban las de preparar y asegurar los "traslados" de prisioneros. También cumplió labores operativas al mando de la agrupación Leopardo, integrante de la Brigada Purén, la que funcionó también en Villa Grimaldi, Irán con los Plátanos, y José Domingo Cañas.

Nelson Alberto Paz Bustamante, suboficial mayor del Ejército, integró la agrupación Halcón de la Brigada Caupolicán cuyas operaciones eran dirigidas por el entonces capitán Miguel Krassnoff Martchenko. El pasado 26 de enero la Corte Suprema ordenó la libertad del ex agente al acoger un recurso presentado por su defensa contra la negativa del Ministerio de Justicia de otorgarle beneficios carcelarios. Paz Bustamante cumplía pena de cárcel por la desaparición de Álvaro Miguel Barrios Duque. El ex agente está procesado además en otras 42 causas.

José Avelino Yévenes Vergara era sargento de Carabineros e integrante de la agrupación Halcón, que comandaba Miguel Krassnoff Martchenko. Participó en secuestros y torturas desde Londres 38, José Domingo Cañas y Villa Grimaldi. Tras la disolución de la DINA en 1978, pasó a integrar la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Osvaldo Enrique Pulgar Gallardo tenía el grado de suboficial de Carabineros e integraba la agrupación Halcón, a la que también pertenecían como operativos Osvaldo Romo Mena (fallecido), Basclay Zapata y José Yévenes. Al igual que otros agentes Pulgar Gallardo también estuvo en José Domingo Cañas y Villa Grimaldi.

Risiere del Prado Altez España era funcionario de la Policía de Investigaciones asignado a la DINA, con el grado de inspector. Dirigió los equipos de interrogatorios y torturas en Londres 38, Villa Grimaldi, e Irán con los Plátanos. El ex represor se encuentra procesado por la desaparición de Juan Chacón Olivares, quien fue detenido junto María Inés Alvarado y Martín Elgueta Pinto.

Orlando José Manzo Durán era un oficial de Gendarmería asignado a la DINA que, como tal, estaba al mando del recinto conocido como Cuatro Álamos, entre 1974 y 1977. Cuatro Álamos estaba al interior del campo de prisioneros "Tres Álamos", donde la DINA enviaba a los detenidos todavía incomunicados que provenías de centros secretos de represión como Londres 38, Villa Grimaldi y otros. Los detenidos podían ser enviados a campos de prisioneros o bien sacados de nuevo por la DINA y hechos desaparecer, como sucedió con Martín Elgueta Pinto.

Los nombres de ambas víctimas figuran en la lista de 119 personas asesinadas y desaparecidas que la dictadura intentó encubrir a través de la llamada "Operación Colombo".

Este viernes, el ministro en visita Hernán Crisosto condenó a 106 agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en los secuestros calificados de 16 víctimas de la maniobra de desinformación en el exterior conocida como “Operación Colombo”.

Las condenan más graves pesan contra los agentes César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann y Miguel Krassnoff Martchenko sentenciados a 20 años de presidio por su responsabilidad como autores de los 16 secuestros.

Los hechos
De acuerdo a la investigación del ministro Crisosto, las 16 víctimas –militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y del Partido Socialista– fueron detenidos por los agentes de la DINA entre el 17 de junio de 1974 y el 6 de enero de 1975 en distintas comunas de la región Metropolitana.

Posteriormente fueron llevados a los centros de detención de Londres 38, José Domingo Cañas, Tres y Cuatro Álamos y Villa Grimaldi, últimos lugares en los que se les vio con vida.

Sus nombres aparecieron en dos listados publicados el 25 de junio de 1975 en la revista Novo O’Dia de Curitiba, Brasil, y el 15 de julio de 1975 en la revista Lea de Buenos Aires, Argentina, que registraron ediciones únicas en maniobras de desinformación ejecutadas en el exterior por la DINA.

Condena Civil al Estado
En el aspecto civil se condenó al Fisco a pagar la suma total de $ 5.065.000.0000 a los familiares de las víctimas, en montos que se detallan en la sentencia.

Las víctimas
Francisco Aedo Carrasco, Juan Andrónicos Antequera, Jorge Andrónicos Antequera, Jaime Buzio Lorca, Mario Eduardo Calderón Tapia, Cecilia Castro Salvadores, Juan Carlos Rodríguez Araya, Rodolfo Espejo Gómez, Agustín Fiorasso Chau, Gregorio Gaete Farías, Mauricio Jorquera Encina, Isidro Pizarro Meniconi, Marcos Quiñones Lembach, Sergio Reyes Navarrete, Jilberto Urbina Chamorro e Ida Vera Almarza, fueron las víctimas.

Otros condenados
Agentes sentenciados a 13 años de presidio por su responsabilidad como autores.

Orlando Manzo Durán, Fernando Eduardo Lauriani Maturana, Basclay Humberto Zapata Reyes, Gerardo Ernesto Godoy García, Ricardo Lawrence Mires, Ciro Torre Sáez, Manuel Carevic Cubillos, Rosa Humilde Ramos Hernández, Hermon Helec Alfaro Mundaca, Nelson Alberto Paz Bustamante, José Abel Aravena Ruiz, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Nelson Aquiles Ortiz Vignolo, Rudeslindo Urrutia Jorquera, José Alfonso Ojeda Obando, Gerardo Meza Acuña, Manuel Heriberto Avendaño González, José Nelson Fuentealba Saldías, Raúl Juan Rodríguez Ponte, Alejandro Francisco Astudillo Adonis, Demóstenes Eugenio Cárdenas Saavedra, Daniel Alberto Galaz Orellana, Francisco Maximiliano Ferrer Lima, Leoncio Enrique Velásquez Guala, Gerardo Ernesto Urrich González, Sergio Hernán Castillo González, Teresa del Carmen Osorio Navarro, José Enrique Fuentes Torres,Julio José Hoyos Zegarra, Pedro René Alfaro Fernández, Hiro Alvarez Vega, Gustavo Galvarino Caruman Soto, Orlando Jesús Torrejón Gatica, José Manuel Sarmiento Sotelo, Luis René Torres Méndez, Rodolfo Valentino Concha Rodríguez, Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar, Hugo del Tránsito Hernández Valle, Juan Ángel Urbina Cáceres, Manuel Rivas Díaz, Risiere del Prado Altez España, Daniel Valentín Cancino Varas, Juan Duarte Gallegos, Víctor Manuel Molina Astete, Fernando Enrique Guerra Guajardo, Guido Arnoldo Jara Brevis, Leonídas Emiliano Méndez Moreno, Jorge Antonio Lepileo Barrios, Lautaro Díaz Espinoza, Pedro Ariel Aravena Aravena, Carlos Alfonso Sáez Sanhueza, Juan Carlos Villanueva Alvear, Alfredo Orlando Moya Tejeda, Rafael de Jesús Riveros Frost, Silvio Antonio Concha González, Luis Fernando Espinace Contreras, Hernán Patricio Valenzuela Salas, Luis Rigoberto Videla Inzunza, Palmira Isabel Almuna Guzmán, Sylvia Teresa Oyarce Pinto, Osvaldo Pulgar Gallardo, José Yévenes Vergara y Olegario Enrique González Moreno.

Agentes sentenciados a 10 años de presidio por su responsabilidad como autores: Werner Enrique Zanghellini Martínez y Héctor Alfredo Flores

Agentes sentenciados a 6 años de presidio por su responsabilidad como autores: Heriberto del Carmen Acevedo y Jaime Alfonso Fernández Garrido.

Agentes sentenciado a 541 días de presidio por su responsabilidad como autor: Samuel Fuenzalida Devia.

Agentes sentenciados a 5 años y un día de presidio por su responsabilidad como cómplices:

José Jaime Mora Diocares, Armando Segundo Cofre Correa, Moisés Paulino Campos Figueroa, Oscar Belarmino La Flor Flores, Sergio Iván Díaz Lara Roberto Hernán Rodríguez Manquel, Jaime Humberto Paris Ramos, Jorge Laureano Sagardía Monje, José Stalin Muñoz Leal, Víctor Manuel de la Cruz San Martín Jiménez, Juvenal Piña Garrido, Camilo Torres Negrier, Manuel Antonio Montre Méndez, Sergio Hernán Castro Andrade, Nelson Eduardo Iturriaga Cortes, Carlos Justo Bermúdez Méndez, Fernando Adrián Roa Montaña, Reinaldo Alfonso Concha Orellana, Osvaldo Octavio Castillo Arellano, Gustavo Humberto Apablaza Meneses, Hugo Hernán Clavería Leiva, Juan Carlos Escobar Valenzuela, Carlos Enrique Miranda Mesa, Víctor Manuel Alvarez Droguett, Juan Ignacio Suárez Delgado, Raúl Alberto Soto Pérez, José Dorohi Hormazabal Rodríguez, Rufino Espinoza Espinoza, Héctor Carlos Díaz Cabezas, Jorge Segundo Madariaga Acevedo y Miguel Ángel Yáñez Ugalde.

Con el mismo grado de participación fueron condenados a 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, los agentes: Jorge Luis Venegas Silva, Edinson Antonio Fernández Sanhueza y Pedro Mora Villanueva.

Sentencias de primera instancia y absueltos
El episodio Francisco Aedo y otros, es el último de los procesos que instruyó el ministro Hernán Crisosto en la serie de causas de víctimas de la denominada “Operación Colombo”, en el que se dicta la sentencia explicada, de primera instancia.

Un total de 13 agentes fueron absueltos de la acusación en su contra.

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó condenas a 17 agentes de la ex Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Rodrigo Eduardo Ugás Morales. Ilícito cometido a partir del 7 de febrero de 1975, en el marco de la denominada «Operación Colombo». En primera instancia el ministro Hernán Crisosto Greisse en junio de 2015 dictó sentencia en este episodio, condenando a 57 agentes DINA; casi cinco años tardó la Corte en dictar su resolución, plazo en el que fallecieron por lo menos 11 de los inicialmente condenados.

En fallo unánime (causa rol 136-2016), la Undécima Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros María Soledad Melo, Tomás Gray y Alberto Amiot- condenó en calidad de autores del delito a los ex oficiales de ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann a 13 años de presidio. Por su parte los ex oficiales de ejército Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo y Francisco Maximiliano Ferrer Lima, de carabineros Ricardo Víctor Lawrence Mires y Ciro Torré Sáez y de Investigaciones Raúl Juan Rodríguez Ponte deberán cumplir un castigo de 10 años y un día de presidio; en tanto los ex agentes Teresa del Carmen Osorio Navarro y Osvaldo Enrique Pulgar Gallardo deberán purgar 5 años y un día, y Samuel Enrique Fuenzalida Devia 541 días.

Asimismo, el tribunal de alzada sentenció a los ex agentes Rosa Humilde Ramos Hernández, José Abel Aravena Ruiz, Heriberto del Carmen Acevedo, Rodolfo Valentino Concha Rodríguez, Silvio Antonio Concha González y Roberto Hernán Rodríguez Manquel a 3 años y un día de presidio, por su responsabilidad como cómplices. La Corte absuelve de condena, por este episodio de la causa "Operación Colombo" a 29 agentes que estaban acusados de encubridores.

El fallo de esta Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, se atiene más a los criterios de justicia que habían derivado en la condena inicial del ministro Crisosto. Este dictamen contrasta diametralmente con el aberrante fallo emitido por la Octava Sala de esta misma Corte el pasado 13 de abril; esta Octava Sala integrada por Juan Cristóbal Mera, Mireya López y el abogado integrante Cristian Lepin, redujeron al límite de la impunidad condenas que afectaban a ex jerarcas y agentes de la ex DINA. En efecto, en primera instancia el ministro sustanciador Leopoldo Llanos Sagristá había dictado condenas a 20 años, a 15 años, a 10 años, a diversos inculpados por su condición de autores de los crimines cometidos contra 17 prisioneros secuestrados en el centro de exterminio conocido como Cuartel Simón Bolívar de la DINA; en una resolución ajena al sentido y objetivo de la justicia, y más bien propia de un acto de prevaricación y negación, el señor Mera y sus dos colegas deciden conceder rebajas a 3 años, a 541 días y de absolución, en lo que se constituye en una mueca burlesca hacia las familias querellantes.

En esta oportunidad, la Undécima Sala actuó conforme a derecho y dictó un fallo decente basado en las resoluciones previas de la causa.

En la etapa de investigación de la causa, el ministro en visita extraordinaria Hernán Crisosto Greisse estableció los siguientes hechos: «En horas de la tarde del día 7 de febrero de 1975, miembros de (..) la DINA detuvieron en la vía pública en el sector de Estación Central en Santiago a Rodrigo Eduardo Ugas Morales, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), quienes lo trasladaron al recinto de reclusión clandestino de la DINA, denominado 'Cuartel Terranova’ o 'Villa Grimaldi’, ubicado en Lo Arrieta N° 8200, de la comuna de La Reina, que era custodiado por guardias armados y al cual sólo tenían acceso los agentes de la DINA; Que el ofendido Ugas Morales durante su estada en el cuartel de Villa Grimaldi permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la Dina que operaban en dicho cuartel con el propósito de obtener información relativa a integrantes del MIR, para proceder a la detención de los miembros de esa organización;

Que la última vez que la víctima Ugas Morales fue visto por otros detenidos, ocurrió un día no determinado a fines de febrero de 1975, encontrándose desaparecido hasta la fecha;

Que el nombre de Rodrigo Eduardo Ugas Morales, apareció en un listado de 119 personas, publicado en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista 'LEA’ de Argentina, de fecha 15 de julio de 1975, en la que se daba cuenta que Rodrigo Eduardo Ugas Morales había muerto en Argentina, junto a otras 59 personas pertenecientes al MIR, a causa de rencillas internas suscitadas entre esos miembros;

Que las publicaciones que dieron por muerto a la víctima Ugas Morales tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior».

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a seis agentes de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el delito reiterado de secuestro calificado de María Inés Alvarado Borgel y Martín Elgueta Pinto. Ilícitos perpetrados a partir del 15 de julio de 1974; las víctimas fueron vistas por última vez con vida, en el centro de detención clandestino, ubicado en calle Londres 38. 

En fallo unánime (causa rol 586-2017), la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras María Soledad Melo, Jessica González y el abogado (i) Gonzalo Ruz– condenó a Miguel Krassnoff Martchenko, César Manríquez Bravo, José Yévenes Vergara y Osvaldo Pulgar Gallardo a 15 años y un día de presidio, en calidad de autores de los delitos; en tanto, Pedro Espinoza Bravo y Raúl Iturriaga Neumann fueron sentenciados a 13 años de presidio, como autores del secuestro calificado de Elgueta Pinto. 

La sentencia decretó la absolución por falta de participación en los hechos, del exagente Nelson Paz Bustamante. 

“Que esta Corte sólo comparte la calificación efectuada por el a quo en relación a establecer que en los hechos se configura el delito de secuestro calificado, mas no el ilícito de aplicación de tormentos”, plantea el fallo. 

Resolución que agrega: “En efecto, a la fecha de ocurrencia de los hechos el artículo 141 del Código Penal establecía lo siguiente: ‘El que sin derecho encerrare o detuviere a otro privándole de su libertad, será castigado con la pena de presidio o reclusión menores en cualesquiera de sus grados.

En la misma pena incurrirá el que proporcionare lugar para la ejecución del delito.

Si el encierro o la detención se prolongare por más de noventa días, o si de ellos resultare un daño grave en la persona o intereses del encerrado o detenido, la pena será presidio mayor en cualquiera de sus grados‘”. 

“Por su parte 150 del Código Penal, en aparente armonía con el citado, sanciona como ilícito penal de aplicación de tormentos a quien esté privado de libertad de conformidad a la ley. Esto es que tal privación, se haya efectuado, dentro de la esfera o tutela del ordenamiento jurídico y que, se haya desviado a aquello, que no se espera ocurra respecto de quien la sufre”, añade. 

Para el tribunal de alzada capitalino: “Sin embargo de lo recién explicitado, es del caso que los hechos acreditados en estos antecedentes, permiten sin dudas establecer que existió un centro de detención secreto y que respecto de las víctimas privados de libertad fueron objeto de apremios físicos y sicológicos. De lo anterior se sigue ineludiblemente, que la privación de libertad o su extensión en el tiempo, transcurrieron sin que la misma estuviese enmarcada en legalidad, de conformidad a la normativa procesal penal vigente. 

“Por el contrario –continúa–, las constataciones fácticas dan cuenta de actuaciones de funcionarios del Ejército y de Gendarmería, esto es, de los encartados en estos antecedentes, con los fines que la sentencia del grado expresa. En consecuencia, tanto la privación de libertad que afectó a las víctimas de estos autos, la extensión de la misma, el lugar o recinto en que se les mantuvo cautivos, los apremios a que fueron sometidos y las condiciones de permanencia en él, fueron ilegítimos y sin derecho alguno a proceder en tal forma”. 

“De lo anterior se sigue, bajo estos supuestos, que el ilícito que recoge la situación fáctica acreditada, es el del secuestro calificado contemplado en el artículo 141 incisos primero y tercero del Código Penal. Conforme al inciso 3° del citado artículo 141, vigente a la fecha de los ilícitos, hay dos formas de comisión del secuestro calificado: a) Encerrar o detener -sin derecho- a una persona privándole de libertad por más de noventa días, y b) Si en el encierro o en la detención resulta un grave daño en la persona o intereses del encerrado o detenido. Por lo tanto, como puede advertirse, la segunda hipótesis, es independiente de la primera, porque no requiere para su concreción que la víctima haya permanecido privada de su libertad por más de noventa días. Basta que mientras estuvo detenido o encerrado se le haya provocado un grave daño en su persona o en sus intereses, lo que se condice, en la especie, con los apremios físicos que experimentaron los ofendidos, descritos en el considerando octavo de este fallo”, afirma. 

“De este modo, concurriendo en la especie, los elementos objetivos y subjetivos del tipo antes transcrito y sin alterar los presupuestos fácticos, ni la participación, se recalifica la conducta penal por la que vienen sancionados los encartados Krassnoff Marchenko, Zapata Reyes (fallecido) y Altez España (fallecido)”, se resuelve. 

Lesa humanidad

Para el tribunal de alzada, el delito configurado en la especie constituye un crimen de lesa humanidad, perpetrado por agentes del Estado chileno. 

“(…) efectivamente, el delito de que se trata constituye un crimen de lesa humanidad, toda vez que los secuestros calificados -denominadas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como ‘desapariciones forzadas’- forman parte de un ataque generalizado y sistemático en contra de un grupo determinado de la población civil, conformado, en este caso, por miembros y adherentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), condición que tenía a esa época la víctima; por otro lado, es requisito común para concebir el delito como de lesa humanidad que los autores o cómplices sean agentes del Estado, calidad que a esa época ostentaban los acusados”, asevera el fallo. 

“Entre las características que distinguen este tipo de transgresiones se destacan la imprescriptibilidad, la imposibilidad de amnistiarlos y de consagrar excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de tan graves violaciones a los derechos esenciales tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extra – legales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos”, concluye. 

En el aspecto civil, con el voto en contra del abogado Ruz, se confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización total de $250.000.000 (doscientos cincuenta millones de pesos) a familiares de las víctimas.

Polémica causó la nueva sentencia judicial que dejó a 61 exagentes de la DINA absueltos y 42 condenados libres de penas de cárcel. Entre los favorecidos por esta sentencia, se encuentran los criminales Pedro Espinoza, Miguel Krassnoff, Ricardo Lawrence y Basclay Zapata, implicados en la macabra Operación Colombo, donde fueron asesinados y desaparecidos 119 opositores a la dictadura de Pinochet entre 1974-75.

Una polémica sentencia de segunda instancia dictó la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en el Episodio Operación Colombo, proceso en que se investigaron numerosos secuestros calificados de 16 militantes de izquierda, mayoritariamente MIR, ejecutados por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), ocurridos entre el 17 de junio de 1974 y 6 de enero de 1975 durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El fallo que fue pronunciado por los ministros Juan Cristóbal Mera, Mireya López y el abogado integrante don Jaime Guerrero, revocó y modificó sustancialmente la sentencia de primera instancia dictada por el magistrado en visita Hernán Crisosto Greisse.

De esta manera se absuelve a 30 agentes de DINA que estaban condenados como cómplices y además otros 31 agentes condenados como autores fueron absueltos. Al mismo tiempo, el tribunal de alzada condenó a 42 agentes DINA, pero ninguno de ellos cumplirá en cárcel, pues todos vienen beneficiados con la libertad vigilada o remisión condicional de la pena. Jaime Guerrero, abogado integrante, fue el voto disidente en este aspecto.

Entre los favorecidos figuran agentes como César Manríquez, Pedro Espinoza, Miguel Krasnoff y Raúl Iturriaga Neumann, todos ellos condenados en primera instancia a penas de 20 años de presidio en el fallo del ministro Crisosto, y quedaron reducidas a cuatro años con libertad vigilada.

El resto de los sentenciados en su mayoría fueron sancionados por la Corte de Apelaciones a tres años y un día, con libertad vigilada, en circunstancias que el ministro en visita les había asignado una pena de 13 años de presidio, sin beneficio.

Se trata de los ex miembros de la DINA Fernando Lauriani Maturana, Gerardo Godoy García, Ricardo Lawrence Mires, Ciro Torré Sáez, Manuel Carevic Cubillos, Rosa Humilde Ramos, Hermon Alfaro Mundaca, Nelson Paz Bustamante, José Aravena Ruiz, Claudio Pacheco Fernández, Nelson Ortiz Vignolo, José Ojeda Obando, Hugo Hernández Valle, Juan Urbina Cáceres, Manuel Rivas Diaz, Rissiere Altez España, Daniel Cancino Varas, Alfredo Moya Tejeda, Gerardo Meza Acuña, Manuel Avendaño González, Raúl Rodríguez Ponte, Francisco Maximiliano Ferrer Lima, Gerardo Urrich González, Sergio Castillo González, Teresa Osorio Navarro, José Fuentes Torres, Pedro Alfaro Fernández, Hiro Alvarez Vega, Gustavo Carumán Soto, Orlando Torrejón Gatica, Enrique Gutierrez Rubilar, Luis Videla Insunza, Osvaldo Pulgar Gallardo, José Yévenes Vergara Olegario González Moreno, Orlando Manzo Durán , Basclay Zapata Reyes, Samuel Fuenzalida Devia.

Para el abogado querellante Nelson Caucoto, este fallo “constituye una seria y profunda involución en materia de derechos humanos, violentándose principios de la proporcionalidad de la pena y la garantía de no repetición a las que se encuentra sujeto nuestro país en el marco del derecho internacional de los DD.HH”.

Según Caucoto, este fallo debe constituir una señal de alerta para el mundo de los derechos humanos, las agrupaciones de víctimas y el país en general. “Nos resulta inaceptable un fallo de esta naturaleza, que afecta tan directamente a los familiares de las víctimas, que han confiado ciegamente en la acción de la justicia durante 45 años, para que finalmente esa profunda y anhelada aspiración se esfume de golpe con un fallo como éste”, sostiene Caucoto.

El abogado añadió que “la opinión pública coincidirá con nosotros cuando decimos que se violenta el sentido común y el sentimiento de justicia, cuando acreditados 16 secuestros calificados, no existe ninguna condena de cárcel efectiva.  ¿Qué valor se asigna a la vida de estos 16 chilenos que fueron secuestrados y hechos desaparecer por una dictadura brutal, y que los mantiene hasta hoy sin saber dónde se encuentran o donde fueron dejados sus restos?  En qué pie queda la garantía de no repetición que obliga a Chile en el concierto internacional.  Se puede secuestrar y hacer desaparecer a decenas de víctimas y quedar en libertad. Eso es impunidad, pura y dura”.

La Operación Colombo fue una gran operación de inteligencia y un montaje comunicacional de la DINA, que intentó hacer aparecer como abatidas en el exterior a 119 personas secuestradas en Chile por la DINA, las que habrían perecido luego de enfrentarse entre ellos.

Este proceso investigó la suerte de 16 de esas 119 víctimas. Se trata de  Francisco Aedo Carrasco, Jorge Elías Andrónicos Antequera, Juan Carlos Andrónicos Antequera, Jaime Buzio Lorca, Mario Calderón Tapia, Cecilia Castro Salvadores, Rodolfo Espejo Gómez, Agustín Fioraso Chau, Gregorio Gaete Farías, Mauricio Jorquera Encina, Isidro Pizarro Meniconi, Marcos Quiñones Lembach, Sergio Reyes Navarrete, Ida Vera Almarza, Juan Carlos Rodríguez Araya y Jilberto Urbina Pizarro.

En Antuco fue capturado el ex agente de la DINA, Osvaldo Pulgar Gallardo, quien estuvo casi dos años prófugo. De acuerdo a los antecedentes, la Brigada de Investigaciones Policiales (BIPE) de a PDI encontró al ex suboficial de Carabineros escondido en la comuna de la Región del Biobío, quien había huido tras haber sido condenado en diciembre de 2019 a la pena de 10 años y un día por su participación en el crimen de una joven mirista en el marco de la Operación Colombo (1974).

Tras permanecer casi dos años prófugo de la Justicia, la Policía de Investigaciones (PDI) capturó este miércoles al suboficial (r) de Carabineros Osvaldo Pulgar Gallardo, ex agente de la DINA, la policía secreta de Pinochet, responsables de las más brutales violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

El procedimiento fue llevado a cabo por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) en la comuna de Antuco, Región del Biobío, donde el criminal se mantuvo escondido y cambiándose constantemente de domicilio para evitar su captura.

Pulgar Gallardo, fue miembro del grupo “Halcón” que dirigía Miguel Krassnoff (condenado a más de 650 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad), huyó tras ser condenado en diciembre de 2019 a la pena de 10 años y un día de cárcel por su participación en el secuestro y tortura de María Angélica Andreoli Bravo, militante del MIR, cometido en 1974 en el marco de la denominada Operación Colombo.

Según confirmó la PDI, Pulgar fue trasladado a Santiago para pasar a la Corte de Apelaciones este jueves.

La Operación Colombo fue una gran operativo de inteligencia y un montaje comunicacional de la DINA, que intentó hacer aparecer como abatidas en el exterior a 119 personas secuestradas en Chile.

La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema revocó sentencia que había absuelto a más de 60 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y los condenó como responsables de la desaparición de 16 militantes de izquierda, mayoritariamente del MIR, en el proceso conocido como Operación Colombo, y que en este caso fue perpetrado entre el 17 de junio de 1974 y 6 de enero de 1975 durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El fallo fue emitido por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier y Diego Simpertigue, y revocaron la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones y condenaron a los ex jefes y oficiales de la DINA César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff y Raúl Iturriaga Neumann a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo como autores de los delitos de secuestro calificado de las víctimas.

Del mismo modo, el tribunal condenó a 53 ex agentes a la pena efectiva de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, como autores del mismo delito, quienes habían sido absueltos anteriormente por el tribunal de alzada capitalino, a pesar de haber estado condenados en primera instancia como cómplices y autores. Además, esta vez todos deberán ingresar a la cárcel, encontrándose alguno de ellos ya en prisión por otros delitos de lesa humanidad.

Se trata de los ex agentes DINA Fernando Eduardo Lauriani Maturana, Gerardo Ernesto Godoy García, Manuel Andrés Carevic, Rosa Humilde Ramos Hernández, Nelson Alberto Paz Bustamante, Jose Abel Aravena Ruiz, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Nelson Aquiles Ortiz Vignolo, Rudeslindo Urrutia Jorquera, José Alfonso Ojeda Obando, Manuel Heriberto Avendaño Gonzalez, Raúl Juan Rodríguez Ponte, Alejandro Francisco Astudillo Adonis, Daniel Alberto Galaz Orellana, Francisco Maximiliano Ferrer Lima, Leoncio Enrique Velásquez Guala, José Enrique Fuentes Torres, Julio José Hoyos Zegarra, Pedro René Alfaro Fernández, Orlando Jesús Torrejón Gatica, José Manuel Sarmiento Sotelo, Luis René Torres Méndez, Rodolfo Valentino Concha Rodríguez, Enrique Tránsito Gutiérrez Rubilar, Hugo Del Tránsito Hernández Valle, Manuel Rivas Diaz, Daniel Valentín Cancino Varas, Juan Evangelista Duarte Gallegos, Víctor Manuel Molina Astete, Fernando Enrique Guerra Guajardo, Leónidas Emiliano Méndez Moreno, Jorge Antonio Lepileo Barrios, Lautaro Eugenio Díaz Espinoza, Pedro Ariel Aravena Aravena, Carlos Alfonso Sáez Sanhueza, Juan Carlos Villanueva Alvear, Alfredo Orlando Moya Tejeda, Rafael De Jesús Riveros Frost, Silvio Antonio Concha González, Luis Fernando Espinace Contreras, Hernán Patricio Valenzuela Salas, Palmira Isabel Almuna Guzmán, Sylvia Teresa Oyarce Pinto, Osvaldo Pulgar Gallardo, José Avelino Yévenes Vergara, Olegario Enrique González Moreno, Werner Zanghellini, Hector Flores Vergara.

Jaime Alfonso Fernández Garrido, recibió una condena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo como autor del delito de secuestro calificado de Ida Vera Almarza. Mientras que Samuel Fuenzalida Devia fue condenado a 541 y un día por el mismo delito, mas no cumplirá tiempo en la cárcel.

Se trata de un proceso extenso que tuvo su primera sentencia de primera instancia en 2017 a manos del ministro Hernán Crisosto Greisse. En el transcurso de la investigación han fallecido algunos agentes como Basclay Zapata, Ciro Torré, Manzo Duran, Ricardo Lawrence, entre otros.

Para Nelson Caucoto, abogado querellante, representante de 13 de las 16 víctimas, este es “un fallo trascendente en la historia judicial chilena, puesto que la Corte Suprema ha restituido el sentido de justicia para crímenes de esta naturaleza, los que habían quedado literalmente en una .situación de impunidad inaceptables. El máximo tribunal ha desechado una vez más la media prescripción y los recursos de la defensa de los condenados, y ha acogido los recursos de los querellantes”, señaló.

Caucoto agrega que “se trata de un fallo moderno basado en el derecho internacional y en la legislación interna. Es indudable que la justicia opera en este caso como una sanación para tantos familiares de víctimas que aún sobreviven y es una pena que otros no hayan alcanzo a ver este final”.

La Operación Colombo fue una gran operativo de inteligencia y un montaje comunicacional de la DINA, que intentó hacer aparecer como abatidas en el exterior a 119 personas secuestradas en Chile por la DINA, las que habrían perecido luego de enfrentarse entre ellos.

Este proceso investigó la suerte de 16 de esas 119 víctimas. Se trata de Francisco Aedo Carrasco, Jorge Elías Andrónicos Antequera, Juan Carlos Andrónicos Antequera, Jaime Buzio Lorca, Mario Calderón Tapia, Cecilia Castro Salvadores, Rodolfo Espejo Gómez, Agustín Fioraso Chau, Gregorio Gaete Farías, Mauricio Jorquera Encina, Isidro Pizarro Meniconi, Marcos Quiñones Lembach, Sergio Reyes Navarrete, Ida Vera Almarza, Juan Carlos Rodríguez Araya y Jilberto Urbina Pizarro.