Puga Cappa Álvaro Augusto Pilade

Alvaro Augusto Pilade Puga Cappa, el cuestionado editor de la pagina web vinculada a la CNI Despierta Chile, no sólo eludió la justicia el año 2000, cuando fue declarado muerto por la Corte suprema. El ex analista de inteligencia de la CNI ha escabullido órdenes de aprehensión de los tribunales desde 1983 e, incluso, dejó sin respuesta un oficio del fiscal norteamericano que investiga el crimen del ex canciller Orlando Letelier y su secretaria Ronny Moffit.

El '83, se entabló en contra de Puga una querella por estafa y quiebra fraudulenta de la Sociedad Pesquera Pacífico Sur en su calidad de socio. El libelo interpuesto por los trabajadores derivó en su primera orden de detención.

Pero nunca fue habido y en 1988 la Corte de Apelaciones de Concepción lo sometió a proceso en rebeldía por estafa. Ex oficiales que integraron la disuelta CNI indicaron a Primera Línea que hasta el mismo año 1990 Puga se desempeñó como analista de prensa de la CNI. Buscado por la justicia, cada madrugada un vehículo de la central de informaciones lo recogía en su domicilio, resguardado con un portón metálico y un portero electrónico. Su material sólo era entregado a quienes conocían una contraseña, pues en varias ocasiones Investigaciones llegó hasta allí a buscarlo. Sus informes de inteligencia eran entregados al entonces jefe operativo de la CNI Alvaro Corbalán, quien luego de contrastarlo con los propios informes del servicio los derivaba al director de la entidad.

Ex agentes de la CNI,dan cuenta que su antigua relación con la DINA y su jefe Manuel Contreras, al igual que con el jefe operativo de la CNI, Alvaro Corbalán, fueron claves para evitar su detención.

Cumpliendo las órdenes del tribunal, la policía de Investigaciones fue en varias ocasiones a buscarlo a su residencia. Agobiado por el acecho que cercaba a su asesor y amigo -relatan ex agentes- Corbalán y el abogado Patricio Vildósola, premiado recientemente por la Corporación 11 de Septiembre y otrora secretario nacional de Avanzada Nacional, intercedieron ante el director de la policía civil de la época, general Fernando Paredes. Éste, no obstante, les indicó que no estaba en sus manos revocar la orden de detención. Pero la gestión no fue en vano. Puga permaneció siempre en su domicilio ubicado en la comuna de Providencia, sin ser detenido, pese a asistir regularmente a reuniones de carácter político.

Primero se integró activamente a las citas del Movimiento Nacionalista, que fundó en 1982, y luego se incorporó al grupo Avanzada Nacional, donde fue miembro de la comisión política en estrecha relación con los ex agentes del servicio represivo Marcelo Elizalde y Guido Roley.

Cercanos a esta última colectividad reseñan que en esa época las reuniones se efectuaban en el Palacio Pereira, hoy sede de la CUT. Hasta allí llegaba la plana mayor del partido, conformada por José Ramón Molina, Sergio Miranda Carrington y Carlos Portales.

Inclso se señala que la actual Corporación 11 de Septiembre, esta intergarad por ex dirigentes de Avanzada Nacional, quienes estarían financiando la página web "Despierta Chile".

Como broche de oro para confirmar su calidad de intocable, en marzo de 2000 llegó a Chile el exhorto de la justicia norteamericana que buscaba aclarar su relación con el Caso Letelier, la misma trama aún no desentrañada que en 1977 le costó su alejamiento del régimen militar.

Puga nació en 1929 y en su curriculum abundan estrechas relaciones con la prensa, experiencia que le debe haber servido de aval para ser editor general de Despierta Chile, pese a sus requerimientos judiciales. Durante el gobierno de la Unidad Popular se desempeñó en la Radio Agricultura y en años posteriores fue columnista estable del Diario La Tercera.

Además, fue el único civil que estuvo en el ministerio de Defensa para el 11 de septiembre de 1973, trabajando al lado del almirante Patricio Carvajal. Dentro de su posterior ligazón a a dictadura militra, aparece en cargos propagandísticos del régimen.

Después de haber abandonado la junta en 1978, asesoró entre 1986 y 1988, al general Humberto Gordon, ex director de la CNI. También apoyó a las Fuerzas Armadas, durante la detención de Pinochet en Londres, proponiéndoles línes de acción

Propagandista, censor, guionista y dramaturgo, Álvaro Augusto Pilade Puga Cappa fue un personaje multifacético y de extremos que representó los excesos de la dictadura militar, a la que procuró darle un relato épico y fundacional. Estuvo desde las primeras horas del golpe de Estado redactando bandos militares y su temprana cercanía con Pinochet y los altos mandos militares lo alzaron como el primer asesor civil del régimen. Desde ese lugar, escribió discursos e informes de inteligencia, y diseñó operaciones psicológicas y montajes como la Operación Colombo, por encargo de la DINA y luego de la CNI. Murió pobre, olvidado e impune. Sus rastros como ideólogo de la dictadura estuvieron ocultos. Hasta hoy.

Cuando su figura ya parecía estar quedando en el olvido, cuando no era más que una sombra difusa de un horror pasado, en extinción, Álvaro Puga Cappa se las arregló para volver a la vida pública de un modo improbable. Improbable y controversial. Era noviembre de 1997, y para sorpresa de los jurados, su nombre aparecía al interior del sobre sellado que daba cuenta del ganador de la novena versión del concurso de dramaturgia Eugenio Dittborn, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Además de propagandista, columnista, cerebro de operaciones psicológicas y colaborador de la policía política de Pinochet, ahora Puga era dramaturgo y autor de una obra de humor negro contigente que a juicio del jurado contenía “una estructura dramática muy interesante, que plantea varios ejes argumentales” y “constituye una metáfora del infierno, a través de pesadillas recurrentes y kafkianas donde se critica la sociedad chilena actual”. 

El título: Un funcionario en el infierno. 

Fue un escándalo, por cierto. Un escándalo que primero se vivió a puertas cerradas, entre los jurados de un concurso al que se participaba con seudónimo, y que luego se amplió al mundo de la dramaturgia. ¿Cómo podían darle un primer lugar a quien estaba detrás de ese oprobioso titular del diario La Segunda que rezaba “Exterminados como ratones”? ¿Cómo era posible que Puga ganara el primer lugar y que alguien como Jorge Díaz, dramaturgo reconocido y prolífico, se quedara con el segundo puesto, por un texto sobre la tortura y la delación llamado La cicatriz?

La académica Inés Stranger, una de las integrantes del jurado, recuerda que la obra estaba escrita en registro satírico y parecía más una crítica a la dictadura que a la nueva democracia, como lo explicó después el ganador al diario La Segunda: una mirada crítica “de la burocracia, de la ineptitud de los empleados públicos y de la corrupción moral” de esos días. Stranger recuerda que no fue un veredicto unánime. Y como ninguno de los jurados había escuchado hablar del ganador, ni menos sabía lo que había hecho, no hubo reparos en otorgarle el primer lugar del concurso. “Era lo que correspondía”, dice.

La ceremonia fue sobria y breve. “Una cosa muy incómoda”, recuerda el actor y director de teatro Ramón Núñez, que también fue parte del jurado. Para asombro de los presentes, Puga tuvo la ocurrencia de asistir acompañado del general en retiro Humberto Gordon, que una década atrás había sido director de la Central Nacional de Informaciones (CNI) y miembro de la Junta Militar. Gordón “llegó vestido de uniforme militar y nos observaba a cada uno de nosotros, de la cabeza a los pies, uno por uno, de manera escrutadora”, dice el actor. No hubo discursos ni lugar para agradecimientos. La obra premiada nunca se montó ni menos se publicó, como si no hubiera existido. Y luego de eso Puga volvió a su vida de siempre, a un segundo o tercer plano, al olvido público, a los callejones y sótanos de los servicios de inteligencia de la dictadura que seguían operando en las sombras y en la cárcel de Punta Peuco.

En definitiva, Álvaro Augusto Pilade Puga Cappa volvía a un lugar reservado al olvido y desprecio incluso en la misma derecha. 

Que Puga fuera el ganador del concurso de dramaturgia de la UC puso al jurado en una situación incómoda. Pero lo más sorprendente es que se le ocurrió asistir a la ceremonia de premiación acompañado del ex director de la CNI Humberto Gordon, quien llegó de uniforme.

Era un duro entre los duros. El primer y último civil del régimen militar, como le gustaba decir. Y claro, no era un decir. 

Desde las primeras horas del 11 de septiembre de 1973, si no antes, estuvo instalado en el edificio de las Fuerzas Armadas, de camisa arremangada, redactando bandos militares en una máquina de escribir. Luego pasó al edificio del Diego Portales, a cargo de Asuntos Públicos, que veía las comunicaciones y la censura del régimen. Tenía llegada directa a Pinochet y a los otros jefes golpistas, pero en el camino, muy pronto, se enfrentó a Jaime Guzmán y, por extensión, a todos los gremialistas. Y en este caso, enfrentarse significó una lucha descarnada tanto a la luz pública como a las sombras de los organismos de inteligencia, en un intento por ganar posiciones de influencia y poder en la dictadura.

Se identificaba con los nacionalistas de viejo cuño, que fundaron un partido político al alero de la CNI y fueron perdiendo poder a partir de la segunda mitad de los años setenta frente a los gremialistas, a los que llamaba “los favoritos de Pinochet”. Había quedado en el lugar de los derrotados, el de los civiles que apostaban por volver a Pinochet un culto, el de los militares que hicieron el trabajo sucio mientras los civiles administraban el gobierno y de paso hacían negocios. Y todo eso —unido a su vínculo con los organismos represivos de la dictadura, la DINA y más tarde la CNI— terminó por pasarle la cuenta. 

En agosto de 2010, cuando lo frecuenté en su departamento de la comuna de Providencia por una serie de entrevistas para el libro La secreta vida literaria de Augusto Pinochet (Debate, 2013), estaba pobre como una rata, Puga. No tenía ingresos regulares ni jubilación. Escribía columnas que cada tanto publicaba en el diario de la IV Región El Día, propiedad de su familia, “por tres chauchas”. No sabía si llegaría a fin de mes. Si las cosas seguían así, me dijo, tendría que mudarse con su esposa a la casa de una de sus hijas, cosa que hizo a finales de ese mismo año. 

Era el primer año de la presidencia de Sebastián Piñera, el primero de un gobierno de derecha elegido de manera democrática en cincuenta años y nadie en esa administración lo había llamado ni lo llamaría para darle trabajo. Era el precio de la lealtad, me dijo. El precio por ser amigo de gente como Humberto Gordon y Manuel Contreras, el director de la DINA. 

A Manuel Contreras, a quien conocía de la juventud, le quedaban cinco años de vida. Los mismos cinco años que le quedaban a Puga. Ambos habían nacido en 1929 y murieron en 2015, con tres meses de diferencia, a los 86 años. 

EL HOMBRE CAUTO

Como buen conspirador, Puga se empeñó en ocultar quién era y sobre todo qué hizo en el campo de la inteligencia política y la represión, si es que no se empeñó en construir un mito sobre sí mismo. En los pasillos del Diego Portales, que fue sede de gobierno en los setenta, lo apodaban El Obispo. “En general me llevaba muy bien con los militares, mi problema era con algunos civiles. Y para serle franco, yo tampoco era fácil”, me dijo en una de las visitas a su casa. “Yo pasaba y las secretarias temblaban, pensaban que podía hacerles alguna observación”. 

Si en esos años le gustaba ostentar poder, tras el retorno a la democracia prefirió hacerse invisible. La propia Corte Suprema se sorprendió de que siguiera con vida en los 2000. Según una nota del año siguiente en El Mercurio, cuando se solicitó su comparecencia en una causa por derechos humanos, la justicia “había desistido de interrogarlo ‘por ser un hecho público y notorio que estaba muerto’”.

Y no. 

Puga se las arregló para pasar inadvertido ante la justicia. Y jamás rindió cuentas ni se arrepintió de alguna cosa. De qué se iba a arrepentir, si nunca reconoció vínculos con la inteligencia militar ni haber participado en alguna operación política o represiva.

Puga se jactaba de ser “el primer civil de la dictadura” porque se instaló en el edificio de las Fuerzas Armadas desde temprano el 11 de septiembre de 1973, donde le encargaron escribir los bandos militares con los que se estrenó la dictadura.

Una de las primeras pistas en la inasible y dispersa biografía de Álvaro Puga se encuentra en su libro El mosaico de la memoria (Editorial Maye, 2008). Un texto críptico, de pretensiones literarias, antecedido por un epígrafe que cita a Shakespeare: “El hombre cauto jamás deplora el mal presente; emplea el presente en prevenir el futuro”. Publicado por la editorial del ex ministro del Trabajo de la dictadura Alfonso Márquez de la Plata, El mosaico de la memoria es una suerte de autobiografía en la que su autor se empeña en reafirmar “su ideario patriota”, que “le significó ser considerado un duro, posición que hoy mantiene sin claudicar”, a la vez que trasluce un cierto sentimiento de ingratitud ante el olvido, el desprecio y, sobre todo, ante la falta de reconocimiento, “ante la muy poca atención a lo que uno pueda decir o contar”. 

Estructurada a retazos, con fragmentos de episodios parciales y arbitrarios —una construcción de recuerdos dispersos “que llegan a mi cerebro como las hojas secas caen de los árboles, sin un orden premeditado”—, la autobiografía se compone de un conjunto de capítulos que están muy lejos de proponer una visión verosímil y completa de su trayectoria profesional y política. Se trata de una biografía a destellos, de memoria selectiva y olvidadiza, que se empeña en omitir los aspectos más controvertidos de su papel en dictadura. 

En efecto, no hay una sola mención ni menos reconocimiento a su vínculo con la DINA y la CNI. Cuanto más, con un dejo de orgullo y autosuficiencia, da cuenta de su participación en instancias formales de la dictadura y en el mismo golpe de Estado, como autor de los bandos militares que se difundieron desde las primeras horas del 11 de septiembre de 1973. De esos textos tipeados en máquina de escribir, cuyos originales dijo haber regalado al coleccionista Carlos Alberto Cruz, destaca el comunicado que anunció la muerte de Salvador Allende, “una de mis mejores obras nacidas de mi pluma, por la concisión y mesura con que fue dicha esta noticia al país”.

LA UNIVERSIDAD DE LA VIDA

La pluma, si hay tal, viene de familia. Nacido el 10 de julio de 1929 en Santiago, fue el primogénito, y el único hijo hombre, del matrimonio de Clara Cappa Moretti y  Álvaro Puga Fisher, dueña de casa ella, periodista, dramaturgo y empresario de espectáculos él, de cierta fama en los años cuarenta y cincuenta en la capital.

Para el hijo mayor, su padre fue un genio que malgastó su talento y todo el dinero que ganó con él. Ludópata, mujeriego y bebedor, murió a los 48 años, sin dejar nada más que deudas, de modo que el primogénito, apenas salido del colegio, tuvo que hacerse cargo de su abuela, su madre y sus hermanas. Gracias a los contactos de sus tíos paternos, llegó a trabajar en la sección de policiales de Las Últimas Noticias y de ahí en el Banco Sudamericano. Se casó, tuvo hijos. Como sus gastos crecían y ganaba poco —$1.480 pesos de la época—, partió a probar suerte a Buenos Aires, donde se había criado su madre y tenía familiares. Los Cappa Moretti, que le ayudaron a conseguir un empleo en una fábrica textil y luego en una distribuidora de televisores.

Puga, que no pasó por la universidad, dijo haber aprendido en Argentina gran parte de lo que luego aplicó a su regreso a Chile. Sin entrar en detalles, en una entrevista de 1980 aseguró, suelto de cuerpo, haber asesorado al almirante Isaac Rojas, vicepresidente de facto tras el golpe de Estado de 1955 a Perón, que dio inicio a la llamada Revolución Libertadora.

Uno de sus pocos mentores, si no el único, fue el abogado y escritor argentino Marcelo Menasché, que le enseñó “muchísimo más de lo que me ofrecían las universidades”. Menasché, que fue el primer traductor al español de Marcel Proust y guionista de películas de Enrique Santos Discépolo, lo introdujo en los clásicos de la literatura y lo animó a escribir dramaturgia. Una dramaturgia casi fantasma, porque las obras que escribió en Buenos Aires dijo haberlas destruido, en una crisis de confianza.

La confianza, que le sobraba, le volvió a su regreso a Chile, a mediados de los sesenta. Se estableció en Santiago y creó la editorial y comercializadora de libros jurídicos Encina y se integró al Club de los Viernes, un círculo de amigos que sesionaba en el Club de la Unión y gastaba el tiempo bebiendo y hablando de política y literatura. Por cierto, en el Club de los Viernes todos eran hombres, en su mayoría periodistas de derecha, que en las dos décadas siguientes colaboraron en algunas de las operaciones ejecutadas por Puga y los aparatos de inteligencia. 

Álvaro Puga se identificaba con los nacionalistas de viejo cuño, que fundaron un partido político al alero de la CNI y fueron perdiendo poder a partir de la segunda mitad de los años setenta frente a los gremialistas, a los que llamaba “los favoritos de Pinochet”.

En ese círculo de amistades estaban Fernando Díaz Palma y Alberto Guerrero, que en dictadura dirigirán Las Ultimas Noticias y La Tercera, respectivamente. También Mario Carneyro, director de La Segunda, quien lo llevó a escribir columnas en ese vespertino al comienzo de la Unidad Popular y dio pie al mito —y el terror— de Alexis. Bajo ese seudónimo, el ahora columnista político disparaba en contra del gobierno de la Unidad Popular y cada tanto, sin medias tintas, llamaba a un golpe militar. El combate de Puga se trasladó también a un espacio de opinión en radio Agricultura y, a partir de 1972, al Frente Nacionalista Patria y Libertad, organización paramilitar chilena de pensamiento ultranacionalista, en la que ocupó el cargo de secretario general, en reemplazo de Roberto Thieme. 

Desde Buenos Aires, donde reside, Thieme dice que Puga era “un personaje arribista y carismático, muy popular por sus columnas en La Segunda y en la radio Agricultura en los tiempos de la Unidad Popular, pero a fin de cuentas un mercenario, un oportunista, como muchos histéricos anticomunistas que entraron a militar” al movimiento de ultraderecha. 

Sus columnas fueron reunidas en el libro Diario de vida de usted (Encina, 1973), que publicó su propia editorial jurídica. En el prólogo de ese libro autoeditado un par de meses después del golpe militar, libro que le otorgó a Puga licencia de escritor, el genuinamente escritor y funcionario de la dictadura Enrique Campos Meléndez definió el papel que le cabría a Puga tras el golpe de Estado: “Ha llegado el momento histórico de la responsabilidad. La nación busca a sus mejores hombres para restaurar sus heridas profundas, para emerger de la crisis abismal en que se ha precipitado. Es la hora del sacrificio, del trabajo, de la acción”. 

AL DISTINGUIDO ESCRITOR

La hora del sacrificio tuvo su primera recompensa la misma noche del 11 de septiembre. Los disparos aún no cesaban en los alrededores de La  Moneda cuando Puga, afanado en la redacción de bandos militares, recibió un llamado: Pinochet lo citaba a su despacho de la Comandancia en Jefe del Ejército. Quería conocerlo, felicitarlo, tratar en persona al famoso columnista y escritor, considerando que el mismo Pinochet se veía a sí mismo como un hombre de letras, atendiendo a los cuatro libros sobre geografía, geopolítica e historia que había publicado antes del golpe. 

Se presentaron, charlaron, se trataron entre iguales. Y en reconocimiento a su tarea como redactor de bandos militares, al final de la reunión, Pinochet le regaló dos libros de su autoría. Al primero, Geografía militar (Instituto Geográfico Militar, 1967), el general le estampó nombre y firma. En el otro, Guerra del Pacífico (Instituto Geográfico Militar, 1972), escribió la siguiente dedicatoria:  

Al distinguido escritor don Álvaro Puga.

Afectuosamente,

Augusto Pinochet Ugarte

CJE (Comandante en Jefe del Ejército)

11-IX-1973

Ambos ejemplares los guardaba Puga en el estudio de su departamento en Providencia. Los exhibió con orgullo, ese orgullo que trasluce emoción, como muestra de su vínculo de confianza y complicidad con Pinochet, expresada en cargos y “las miles de páginas en que (yo) analizaba semana a semana el acontecer político nacional para que le fuera entregado en forma directa al Presidente de la República”.

Fue esa relación personal con el general, antes que sus vínculos con partidos o políticos de la derecha chilena, la que lo llevó a erigirse en el primer civil de la dictadura. En un cable secreto de marzo de 1975, despachado por la embajada de Estados Unidos en Chile al Departamento de Estado, se identifica a “los fanáticos de extrema derecha Puga y (Federico) Willoughby” como dos de los principales asesores comunicacionales de la dictadura, con despachos “prácticamente al lado de la oficina de Pinochet”. Uno estaba a cargo de Asuntos Públicos; el otro era jefe de prensa y vocero del gobierno. El informante en el que se basa el cable agrega que si bien “hasta el momento parece que la Junta y los demás militares aún ejercen un juicio político independiente sobre asuntos políticos”, escuchan a Puga y “lo usan para redactar discursos y documentos políticos”. 

Como buen conspirador, Puga se empeñó en ocultar quién era y sobre todo qué hizo en el campo de la inteligencia política y la represión, en un intento por construir un mito sobre sí mismo. 

En Asuntos Públicos también trabajaban civiles como Gastón Acuña, Gisella Silva, Rubén Díaz Neira y Anthal Lipthay, vinculados todos al movimiento nacionalista. Las tareas de esta oficina, y de Puga en particular, eran diversas. Como se evidencia en los documentos que se dan a conocer en este sitio, redactó discursos para los jefes golpistas y contestó entrevistas a nombre de Pinochet y otros funcionarios militares. También publicó libros y folletos de propaganda y contrapropaganda y estaba a cargo de la censura a la prensa y a los libros. 

De esto último da cuenta una carta publicada en noviembre de 1974 en Las Últimas Noticias, en la que el escritor Enrique Lafourcade le pide expresamente a Puga, miembro de “un comité que califica los libros que pueden leerse”, que permita la circulación del libro Salvador Allende, de autoría del primero. En la misma nota, sin embargo, Puga niega formar parte de esa comisión de censura, “que es transitoria y está formada exclusivamente por militares”. 

Fue más que un asesor civil. En los primeros años se alzó —o pretendió alzarse— como el ideólogo de una dictadura, en abierta competencia y rivalidad con Jaime Guzmán. En un principio, la disputa pareció ganarla el primero, que tenía el favoritismo de Pinochet y del jefe de la DINA, lo que no era poco. Como sea, la huella de ambos quedó impresa en la Declaración de principios del gobierno de Chile, publicada en marzo de 1974. Pero fue Puga el de la idea de presentar ese texto en el auditorio del edificio Diego Portales, en cuyo escenario, por iniciativa suya, se grabó en cobre la inscripción Chile, 1810-1973. También tuvo la ocurrencia de erigir la Llama Eterna de la Libertad, un fuego ceremonial inaugurado el 11 de septiembre de 1975 por Pinochet y los otros jefes golpistas, en Plaza Bulnes, frente al Palacio de La Moneda. 

Fue el primer acto de masas de la dictadura, una de las grandes obsesiones de Puga, que ideó un desfile de adeptos con antorchas y fervor patriotero. También ideó el documental Por siempre libre (1975), en el que figura de guionista, además de reservarse un papel de relieve: como se ve en las imágenes, es el único civil que sube al escenario. 

En 2010, en su departamento de Providencia, contó que la Llama Eterna de la Libertad fue una invención suya, inspirada en la llama votiva que flamea desde 1946 en el frontis de la Catedral de Buenos Aires, donde están los restos de San Martín. De ahí que cuatro años después de inaugurada la Llama Eterna de la Libertad, en el mismo lugar, se levantó el Altar de la Patria, que contenía una cripta con los restos de Bernardo O’Higgins.

El fuego ceremonial de 1973 al lado de los restos del libertador de 1810. Desde un comienzo Puga tuvo conciencia de que el golpe de Estado significaba un antes y un después en la historia de Chile. Una segunda Independencia, si es que no una revolución, como aseguró haber motejado el golpe ante el mismo general Pinochet, unos días después del primer encuentro en la Comandancia en Jefe del Ejército. 

En su departamento, sentado en un sillón de gobelinos, contó Puga: “Estábamos a solas y le dije: ‘Mi general, esto que estamos haciendo es una revolución’. ‘Cómo que una revolución’, me dijo muy serio. ‘No me hable de revolución, por favor’. ‘Usted llámelo como quiera —le dije— pero este es un cambio brusco. Un antes y un después en la historia, eso tenemos que tenerlo claro’. Y le dije que mientras no nos cayera la Contraloría encima podíamos hacer lo que se nos diera en gana. Y eso hicimos, créame. Una revolución”.

EL TIPO DE PERSONA

Esa revolución, que en rigor fue una contrarrevolución conservadora, pasaba por eliminar al adversario y espantar cualquier signo de disidencia y crítica. Y en esas tareas Puga también cumplió un rol de relieve. De acuerdo con el testimonio al Colegio de Periodistas de Chile entregado por John Dinges, periodista estadounidense que oficiaba de corresponsal del Washington Post y otros medios impresos de su país, Puga tenía vínculos con la DINA y ejercía funciones de vigilancia a los corresponsales extranjeros. En una oportunidad, incluso, promovió su expulsión del país, cosa en la que fracasó debido a la intervención de la embajada de Estados Unidos en Chile. Y más tarde, en 1977, al comparecer Dinges en la oficina de Puga, este derechamente lo amenazó de muerte: “Me dijo que fue un error que el gobierno no pudiera expulsarme, porque mis trabajos periodísticos eran antichilenos. Más o menos textualmente dijo que, como no me pudieron echar, tampoco me podían proteger, y que andaban muchos terroristas por las calles que me podían atropellar mientras caminaba”. 

La amenaza obedecía a una publicación que Dinges había hecho sobre el caso de los 119 opositores asesinados y hechos desaparecer en 1975, en el marco de la Operación Colombo. Ideada y ejecutada por el Departamento de Operaciones Psicológicas de la DINA, de la que Puga formaba parte, Colombo consistió en un montaje comunicacional tendiente a encubrir el asesinato militantes de distintos partidos y movimientos afines de la Unidad Popular. 

El Club de los Viernes se reunía en el Club de la Unión. Todos eran hombres, en su mayoría periodistas de derecha que luego colaborarían en algunas de las operaciones ejecutadas por Puga y los aparatos de inteligencia.

Con este propósito, la DINA ideó un complejo operativo que significó la creación de un diario brasileño bautizado Novo O Día, que en su única edición del 25 de junio de 1975 informaba de la muerte de 59 miristas, caídos en “enfrentamientos con fuerzas del gobierno argentino en Salta”. Veinte días después, en Argentina, la revista porteña Lea daba cuenta de 60 “extremistas chilenos eliminados por sus propios compañeros de lucha”. A partir de estas informaciones, el vespertino chileno La Segunda, en su edición del 24 de julio del mismo año, publicó uno de los titulares más ignominiosos de la prensa nacional: “Exterminados como Ratones”, antecedido por el siguiente epígrafe: “59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina”. 

No era ninguna sorpresa que Puga podría estar detrás de ese titular. Ya en septiembre de 1975, un cable de la embajada de Estados Unidos en Argentina, referido al caso de los 119 disidentes chilenos dados por muertos en supuestos ajustes de cuentas, se sospecha de un montaje de la DINA y en particular de Álvaro Puga, “el tipo de persona que podría haber intentado encubrir los crímenes”.

Puga desconoció cualquier vínculo con la Operación Colombo. También con la DINA, no obstante que su nombre aparece en la lista de funcionarios civiles de ese organismo elaborada en julio de 2000 por el Departamento V de la Policía de Investigaciones, por encargo del Noveno Juzgado del Crimen de Santiago. La justicia chilena no investigó ni menos sancionó su participación en el montaje comunicacional.  Sin embargo, en 2006, un sumario realizado por el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas de Chile sancionó a los periodistas colegiados que estaban vivos, además de establecer la responsabilidad que le cupo a Álvaro Puga, quien fue señalado como el funcionario de gobierno que distribuyó la información falsa a editores y directores de los medios escritos chilenos. Entre ellos estaba su amigo Mario Carneyro, director de La Segunda.

SEPARADOS AL NACER

Puga se jactó del poder que acumuló en esos primeros años del régimen, al punto de decir que algunos habrían llegado a llamarlo, con evidente desmesura, el quinto integrante de la Junta. También se jactó de haberle dado un relato a la dictadura en esos primeros años, de haber cultivado una relación de confianza con Pinochet y hasta de darle un ahorro al país. 

En 2010, apoltronado en el sillón de su departamento, lanzó: 

“¿Sabe usted que yo logré reducir en diez por ciento el porcentaje de comisión que se pagaba a las agencias de publicidad con las que trabajábamos en el gobierno?”.

Y sí, claro, lo del porcentaje era comentado en los círculos de poder de ese entonces, pero de otra forma. El periodista y también asesor de prensa Federico Willoughby, que tal vez acumuló tanto o más poder que Puga en su área, me dijo que “era sabido” que Puga no ahorraba ninguna cosa, sino que arreglaba con las agencias de publicidad una comisión para sí por cada campaña que contrataba a nombre del gobierno. 

Según Puga, “ese cuento” fue difundido por los gremialistas, siempre los gremialistas, hasta que llegó a oídos de Pinochet, quien habría encomendado al general Hernán Béjares a pedirle explicaciones. “Ya habíamos tenido algunos roces —me dijo—, pero ahí empezó la cosa con Jaime Guzmán y su gente. Empezó y no paró más, empezaron a inventarme historias con la DINA, fueron con cuentos ante Pinochet, qué no hicieron para sacarme del camino. Y claro, ya ve usted, lo lograron”.

Su salida del gobierno coincidió con la salida de Manuel Contreras, director de la DINA, que se vio forzado a aceptar el llamado a retiro una vez que Estados Unidos lo responsabilizó del asesinato del ex canciller Orlando Letelier en Washington y pidió su extradición en 1978, dos años después del atentado. Puga y Contreras compartían una misma suerte, una amistad de juventud, un ideario nacionalista. Ese afán por conspirar, por influir desde las sombras en las altas esferas del poder compartían también, aunque ya no ocuparan un cargo. 

Eran el uno para el otro. Una vez que Contreras fue llamado a retiro en el Ejército, Puga pasó a ser su vocero y asesor. De esos incondicionales dispuestos a decir lo indecible. En una entrevista de 1980 en revista Cosas, Puga define a Contreras como “todo un hombre, que tiene una serie de condiciones morales”. Tan afiatada era esa relación, que en esa misma entrevista se dice que Puga suele usar una tarjeta de visita en la que se presenta, en letras impresas, como “portavoz extraoficial de los amigos del general Contreras”. 

Y no era broma: cuando Estados Unidos pidió la extradición de Contreras por el crimen de Orlando Letelier, Puga habló en su nombre con funcionarios de ese país. Un cable de la embajada al Departamento de Estado da cuenta de ese hecho. Los funcionarios esperaban que el asesor propusiera condiciones para una entrega voluntaria, pero de vuelta, en lo que califican como “una suerte de chantaje”, escuchan que el ex director de la DINA “confía en que no hay pruebas suficientes ya sea para extraditarlo como para condenarlo en una corte chilena”. Por lo demás, hace saber Puga en esa conversación, el de Letelier es “un caso complejo”, equiparable al asesinato de Martin Luther King y de John Kennedy.

Ese era Puga. Un hombre atrevido, verborreico, desmesurado. Un hombre aparte. 

AMIGO DE LOS AMIGOS

Cuando Manuel Contreras pasó a retiro y la DINA derivó en la CNI, la Central Nacional de Informaciones, varios de los agentes de uniforme que le eran leales quedaron alojados en este otro servicio represivo. Y claro, de paso, los amigos de Contreras en la CNI pasaron a ser los nuevos amigos de Puga, si es que no lo eran antes. Uno de ellos era ni más ni menos que Humberto Gordon, director de la CNI a partir de julio de 1980, el mismo que en 1997 lo acompañó a recibir el premio de dramaturgia.

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos

Esos vínculos quedan al descubierto en los documentos que se dan a conocer en este sitio, en los que se evidencian planes de operaciones psicológicas y de espionaje a dirigentes políticos de la oposición y del gobierno. También la ejecución de un millonario plan de propaganda para los actos de celebración de los diez años de la “liberación nacional” que Pinochet le encomendó a la CNI, por intermedio de Pug. En ese sentido, los documentos reafirman que la CNI no era sólo un organismo represivo, sino que también procuraba influir en la marcha del gobierno por medio de actividades políticas y comunicacionales ejecutadas en las sombras. En eso era útil Puga. 

En un artículo de Primera Línea se dice que Puga era analista de inteligencia y de prensa del organismo represivo, y que “sus informes de inteligencia eran entregados al entonces jefe operativo de la CNI Álvaro Corbalán”, con el cual también cultivó amistad. Una amistad y una vocación política.

Hombre de Contreras y figura de la farándula, la política y la represión, condenado a cadena perpetua por múltiples crímenes, Álvaro Corbalán fue presidente y una de las figuras visibles de Avanzada Nacional, partido político fundado en el seno de la CNI, cuyo propósito era proyectar la figura de Augusto Pinochet y oponerse al poder de los gremialistas. De acuerdo con lo que relata el periodista Manuel Salazar en su libro Las letras del horror. Tomo II: La CNI (LOM, 2012), Puga fue el encargado de escribir los principios doctrinarios de este movimiento y uno de sus operadores en las sombras. 

LA PESCA MILAGROSA

Puga y Corbalán. Puga y Gordón. Puga y Contreras. Puga y Pinochet. Como se va viendo, el propagandista y autor de bandos militares se las arregló para seguir vinculado a las altas esferas del poder dictatorial de los años ochenta. Tenía una columna semanal en el diario La Tercera en la que reafirmaba su fama de duro, polemizando por igual con la oposición y los gremialistas. También tenía la atención de la prensa, en la que era entrevistado con cierta frecuencia y se situaba a la derecha de la derecha, lo que es ya mucho decir para una dictadura cívico militar como la de Pinochet. En una entrevista de noviembre de 1982 en revista Hoy, a propósito de una controversia pública con Jaime Guzmán iniciada por Álvaro Puga, este último dijo de los gremialistas: “Son ratas que abandonan el barco”. 

Puga jamás abandonó ese barco, en gran parte porque dependía de él, y porque su causa era solitaria y estaba ligada tanto a los servicios de inteligencia como a los medios oficialistas, que alimentaron un mito alrededor suyo. En revista Cosas, en una entrevista de 1983, se hablaba de “este hombre tan alto, tan fornido, de piel tan blanca, que parece tan distante (pero que) ha continuado gravitando, y cada vez que se habla de la posibilidad de un cambio de gabinete más duro que blando, se escucha decir ‘van a nombrar a Puga en este cargo, van a nombrar a Puga en este otro’”.

Lo cierto es que no podía ser nombrado en algún cargo, menos en un ministerio. En 1983, la pesquera que tenía en Talcahuano con su esposa y otro socio fue declarada en quiebra y los trabajadores presentaron una querella. Puga estaba desesperado. En uno de los documentos secretos, referido a lo que describe como la “situación judicial en Concepción”, manifiesta la “necesidad de cambiar el juez o cambiar de lugar el juicio”. 

Luego, como consecuencia de lo mismo, en el ítem “situación económica”, se queja del “problema del remate de mi casa, que puede ser solucionado con un préstamo de tres millones de pesos o con la orden al interventor del BHC (Banco Hipotecario de Comercio) para que no sigan adelante con el juicio y lo dejen extraviado hasta su prescripción”.

Durante la UP, fue un conocido columnista que disparaba contra el gobierno en La Segunda y radio Agricultura bajo el seudónimo de Alexis, y llegó a ser secretario general de la organización paramilitar Patria y Libertad.

No queda claro a quién va dirigido ese documento de 1984 que titula TEMARIO, así, en mayúsculas y subrayado. Más abajo, en el mismo documento, plantea dudas sobre la “situación personal respecto a la asesoría que brindo al Gobierno. ¿Qué efecto tiene?  ¿Seguiré adelante?”.

A la luz de esos documentos, siguió adelante como redactor de informes cada vez más intrascendentes, dirigidos a Pinochet. Su incidencia fue en declive. Es probable que esto se deba a la consolidación del poder de los gremialistas, pero sobre todo al problema que seguirá arrastrando por el resto de la década con la Empresa Pesquera del Pacífico Sur Ltda. 

En el artículo de Primera Línea que perfila a Puga, se lee que la querella por estafa en Concepción derivó en una orden de detención en su contra. Y como no compareció, la Corte de Apelaciones de Concepción lo sometió a proceso en rebeldía y desde entonces, con el propósito de eludir la justicia, “cada madrugada un vehículo de la Central Nacional de Informaciones lo recogía en su domicilio, resguardado con un portón metálico y un portero electrónico”. 

En 2010, al comentar lo que fue de él tras dejar el gobierno, pasó por alto los informes de inteligencia y sus líos legales. Sólo se remitió a esos informes sobre actualidad que elaboraba a costa del erario público, por encargo de Pinochet. Y como prueba de veracidad, fue hasta su estudio de trabajo y mostró algunos de ellos: informes semanales larguísimos, realizados con fuentes abiertas, sobre política y economía de Chile y el mundo. Resúmenes de prensa, básicamente, que cada lunes a la mañana recogía en su casa un ayudante del general a bordo de un auto. 

Sosteniendo en sus manos una copia de esos informes, tipeados en máquina de escribir sobre un papel amarillo, Álvaro Puga dijo con un dejo de orgullo y nostalgia: “Hice esto durante veinte años, sin fallar una sola vez, ni estando enfermo, ni estando de vacaciones, aunque yo casi no me tomaba vacaciones, esa es la verdad”. 

DÍA DE LOS ENAMORADOS

La última vez que protagonizó una noticia fue en septiembre de 2001, cuatro años después de haber ganado el concurso de dramaturgia. El ministro del Interior de la época, José Miguel Insulza, denunció al medio electrónico Despierta Chile, y a su editor general, Álvaro Puga Cappa, de tener vínculos con ex agentes de la Central Nacional de Informaciones. Eso último no era ninguna novedad. Lo nuevo era que algunos de esos antiguos agentes, que cumplían condenas en la cárcel de Punta Peuco, estaban realizando operaciones para presionar al gobierno en busca de indultos. Eso dio pie a una entrevista dominical a Puga en El Mercurio que se tituló “La resurrección de un duro”.

Por cierto, el entrevistado no reconoció ni desmintió los vínculos de ese medio con la CNI, aunque ironizó con el motivo de su regreso a la notoriedad y el hecho de que la Corte Suprema lo creyera muerto. Y, de paso, aprovechó de cultivar su perfil de duro entre los duros al narrar el consejo que dio a un grupo de oficiales del Ejército, cuando Pinochet estaba detenido en Londres. ¿Qué propuso él? Pues secuestrar a la embajadora de Gran Bretaña en Chile. 

Para ese entonces, en 2001, tenía 72 años, dieciocho nietos, siete bisnietos y estaba próximo a enviudar de Rebeca Rojas Arellano, la madre de sus hijos y administradora de la pesquera en quiebra. No tardó mucho en volver a casarse, Puga. No se dio muchas vueltas, no se hizo problema. El 14 de febrero de 2004, Día de los Enamorados, se casó con Elcira Ileana Rojas Arellano, la hermana de su primera esposa, la menor. Elcira también había enviudado y Puga le declaró su amor:  “‘Yo quedé solo, tú quedaste sola, ¿por qué no nos casamos? Es lo mejor que podemos hacer, porque estar solos no tiene ningún sentido, estar solo es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano’. Así que nos casamos”.

Eso me contó Puga en 2010, en su departamento. Era feliz con su nueva esposa, dijo, pero se quejó de que la enfermedad de su primera esposa había sido tan larga que lo dejó arruinado, producto de las cuentas de la clínica en la que se trató. No tenía ahorros ni trabajo regular. Los últimos negocios de los que existe registro, si es que a esos se los puede llamar negocios, son dos. Uno fue la Compañía Distribuidora Independiente de Cine-Video y Televisión S.A., que fundó en 1997 con el empresario y productor argentino Carlos Marcelo Harwicz Charchir. El otro, una sociedad editorial inscrita en 2000 con una de las hijas de Manuel Contreras, Editorial Encina. Tenía el mismo nombre de su antigua editorial jurídica, y sacó sólo dos libros, los dos firmados por Contreras:  La verdad histórica. El ejército guerrillero (2000) y La verdad histórica II. ¿Desaparecidos? (2001).

Así las cosas, sin ingresos, sin reconocimiento, antes de salir a despedirme, Álvaro Puga Cappa alegó ingratitud: 

“Me he dado vuelta, he buscado trabajo pero no me ha ido bien. Yo podría estar escribiendo artículos, ya ve usted cómo estoy. Tengo 81 años y la cabeza me funciona perfectamente, pero para la gente que está ahora en los diarios yo no soy santo de su devoción. Y claro, usted sabe, los libros no dejan nada. Es complicado estar sin trabajo, más para mí: se ha desvirtuado tanto mi nombre, mi figura, mi ser. Yo soy una persona totalmente distinta a la que tratan de decir que soy. Ya ve usted cómo lo he recibido, sabiendo que usted es de izquierda. Me cargan la mano a mí en razón de no sé qué, tal vez por mi amistad con Manuel Contreras, pero eso no quiere decir que yo haya trabajado para la DINA o para la CNI. Han inventado tantas cosas”.

porJuan Cristóbal Peña

Aunque era autodidacta, Alvaro Puga se consideraba experto en propaganda y comunicaciones. También en campañas subliminales y operaciones psicológicas, un arma surgida en la Guerra Fría y sistematizada por la doctrina de guerra contrasubversiva francesa y exportada al mundo por las escuelas de Guerra Especial de Estados Unidos. Vuelos rasantes de aviones para amedrentar a poblaciones de Santiago, montajes de atentados atribuidos a grupos de izquierda, infiltrados y noticias falsas. De eso trata el plan de acción psicológica propuesto para desacreditar una de las manifestaciones masivas en contra de la dictadura.

Si en marzo de 1974 la Declaración de Principios del Gobierno de Chile planteaba que “resulta imperioso cambiar la mentalidad de los chilenos”, para 1983 la concreción de ese anhelo estaba en serias dudas. Cercada internacionalmente, en medio de una aguda crisis económica y en pleno resurgimiento de la oposición política y social, la dictadura estaba en vilo, a la defensiva de una mayoría que expresaba su descontento por medio de protestas populares al tiempo que reivindicaba símbolos y emblemas políticos del pasado. Algunos de esos partidos políticos a los que esa misma declaración de principios había prometido que “no serán admitidos nuevamente en la vida cívica” —y que la Constitución de 1980 había ilegalizado— estaban de vuelta en las calles. 

En ese contexto, en medio de un recrudecimiento de la represión, de la reinstauración de los estados de excepción, de los allanamientos masivos en poblaciones, de los militares copando con caras pintadas y tanquetas las avenidas de una ciudad de Santiago empobrecida por la recesión, el propagandista y asesor de los servicios de seguridad Álvaro Puga Cappa se despachó un memorándum secreto el 8 de noviembre de 1983. El título: “Plan (de) acción psicológica para contrarrestar la concentración del 18-11”. 

En ese documento, Puga propone un listado de medidas que, en buenas cuentas, tienen el propósito de desacreditar con montajes, amedrentamientos, infiltrados y noticias falsas la primera masiva concentración de la oposición política, a la vez que sembrar terror en la población. En buenas cuentas, con motivo de la manifestación convocada para el 18 de noviembre en el Parque O’Higgins, la idea era echar a correr el rumor de que “en este acto se realizarán hechos terribles de vandalismo” y, en segundo término, a través de lo que llama “acciones intermedias”, tornar real ese rumor con hechos de violencia como atentados, sabotajes, asaltos y hasta la violación de una menor. 

Puga proponía desacreditar con montajes, amedrentamientos, infiltrados y noticias falsas la primera masiva concentración de la oposición política, a la vez que sembrar terror en la población. 

Si bien no tiene destinatario, en el contexto de otros documentos del mismo remitente puede suponerse que estaba dirigido a la Central Nacional de Informaciones (CNI), con la que Puga colaboró ese mismo año en otras tareas, como la campaña propagandística de las celebraciones oficialistas de los diez años del golpe de Estado, encomendada por el mismo general Pinochet, de quien Puga era cercano, lo mismo que del director de la CNI, Humberto Gordon. El documento, además, tiene la misma estructura formal y orden de contenidos que otros memorándums de la CNI elaborados en 1983, como el remitido el 10 de junio al Ministerio de Relaciones Exteriores por el mayor general Gordon. En dicho documento, el director de la CNI daba cuenta de una reciente denuncia de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en Chile. 

El documento con el plan de acción psicológica de Puga también tiene una estructura operativa similar a los planes creados por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), como lo fue el Plan de Operaciones Épsilon, remitido por su director, Manuel Contreras Sepúlveda, a diversas agencias del Estado en junio de 1975. Su objetivo era contrarrestar la presión internacional por los cuestionamientos a las violaciones a los derechos humanos y disuadir a la opinión pública nacional con motivo de la visita de un grupo especial de las Naciones Unidas en julio de ese año, visita que la dictadura canceló días antes de efectuarse.

LA PRENSA FANTASMA

En 1975, mientras dirigía la oficina de Asuntos Públicos de la dictadura, Álvaro Puga había tenido un rol protagónico en la Operación Colombo, un montaje comunicacional de la DINA que tuvo el propósito de encubrir el crimen de 119 opositores y, a la vez,  desacreditar las denuncias por la desaparición sistemática de personas a manos de la policía política del régimen. Lo que se quiso hacer creer es lo que solían decir las versiones oficiales en esos años: esas personas habían abandonado voluntariamente sus hogares, estaban fuera del país y, en este caso, habían sido asesinadas por sus propios compañeros, fruto de sus pugnas internas.

Con este propósito, la DINA —y en particular su Departamento de Operaciones Psicológicas, dirigido por el oficial de Ejército Vianel Valdivieso—, ideó un complejo operativo que significó la creación de un diario brasileo bautizado Novo O Día, que en su única edición del 25 de junio de 1975 informaba de la muerte de 59 miristas, caídos en “enfrentamientos con fuerzas del gobierno argentino en Salta”. Veinte días después, en Argentina, la revista porteña Lea daba cuenta de una nómina de otros 60 “extremistas chilenos eliminados por sus propios compañeros de lucha”. La revista, que también tuvo una sola edición, fue editada por una agencia dependiente del Ministerio de Bienestar Social argentino, a cargo entonces de  José López Rega, fundador del grupo paramilitar anticomunista conocido como la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina). A partir de estas informaciones, el vespertino chileno La Segunda, en su edición del 24 de julio del mismo año, publicaba el titular de portada “Exterminados como Ratones”, antecedido por el epígrafe “59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina”.

No fue sólo La Segunda. El mismo día en la mañana, en los quioscos del país, los diarios matutinos también recogieron en titulares la información proporcionada por Álvaro Puga: “El MIR asesina a 60 de sus hombres en el exterior” (La Tercera), “Identificados 60 miristas ejecutados por sus propios camaradas” (El Mercurio) y “Sangrienta pugna del MIR en el exterior” (Las Últimas Noticias). 

Si bien la cúpula de la DINA resultó condenada por el crimen de 119 personas, la investigación judicial no se hizo cargo del operativo comunicacional asociado al caso, operativo que según un artículo publicado en Ciper por la periodista Mónica González, “fue clave para conseguir el éxito del plan”. Este artículo cita un sumario realizado por el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas de Chile, que derivó en un fallo que sancionó a periodistas colegiados que permanecían con vida, entre ellos al dueño del diario El Mercurio, Agustín Edwards, además de establecer la responsabilidad que le cupo a Álvaro Puga, quien fue señalado como el funcionario de gobierno que distribuyó la información falsa a los editores y directores de los medios escritos chilenos. Como no era periodista, Puga no pudo ser sancionado por ese hecho. 

ESTAMOS EN GUERRA, SEÑORES

Puga no era periodista, pero se consideraba experto en propaganda, comunicaciones y censura de prensa. También en lo que llama campañas subliminales y operaciones psicológicas, un arma surgida en la Guerra Fría y sistematizada por la doctrina de guerra contrasubversiva francesa y exportada al mundo por las escuelas de Guerra Especial de Estados Unidos, a través de intercambios y asistencias técnicas a diferentes países, entre ellos Chile. 

Desde comienzos de la década de los sesenta diversos oficiales chilenos comenzaron a reflexionar sobre esta estrategia militar. De acuerdo con el artículo titulado “Guerra psicológica” (Memorial del Ejército Nº 309, 1962), se trata de un “arma de carácter oculto, sórdido y misterioso, que emplea medios intelectuales y emocionales, tanto contra la población civil, como hacia el combatiente”. El objetivo: modificar la conducta y emociones de la población, y minar la moral de los enemigos.

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos

Esta estrategia de guerra se institucionalizó al interior de las Fuerzas Armadas chilenas desde esa época y tuvo un desarrollo exponencial y práctico desde comienzos de la dictadura. Civiles y militares, psicólogos y sociólogos, cineastas y periodistas se pusieron al servicio de la guerra contra la subversión y la disidencia política. Lo que el militar argentino Fernando Frade llamó “operadores de guerra psicológica”.

Álvaro Puga no era periodista, pero se consideraba experto en propaganda y comunicaciones. También en lo que llama campañas subliminales y operaciones psicológicas.

Todo vale en este tipo de guerra. Como recomendaba la DINA en su Curso básico para oficiales (1976), elaborado por la Escuela Nacional de Inteligencia, se “debe aprovechar que la gente piensa que la ley no será vulnerada. Esta credibilidad nos dá [sic] la ventaja de vulnerar la ley. Lo interesante es que al actuar clandestinamente hay que saber hacerlo a objeto de mantener esta credibilidad. Ahora bien, la ley también ofrece una serie de garantías, las cuales deben ser explotadas con habilidad y en nuestro provecho”.

En la serie de artículos sobre la Psicopolítica Dictatorial publicada por el medio Interferencia, el periodista Juan Íñigo Ibáñez sostiene que el objetivo de resocializar y reeducar a la población “se hizo despolitizando el imaginario social y re ideologizando a los sectores populares”, por medio de organismos gubernamentales como el Departamento de Relaciones Humanas y Conducta Social. “Junto al Comité Creativo de Asesoría Publicitaria y luego la Dirección Nacional de Comunicación Social (DINACOS), (fue) uno de los pilares de la estructura de propaganda y guerra psicológica de la dictadura”, escribe. 

En ese sentido, el ya citado “Plan (de) acción psicológica para contrarrestar las protestas del 18-11” de Puga sigue el mismo patrón, quizás de manera más rústica que otros documentos conocidos. Elaborado diez días antes de la movilización de noviembre de 1983, está estructurado de un modo similar al que recomiendan los manuales de guerra psicológica como el RC 5-2 de Operaciones Psicológicas del Ejército Argentino y el FM 33-5 Psychological Operation Techniques and Procedures del Ejército norteamericano, de 1966 y 1968 respectivamente. 

CAMPAÑA DE RUMORES Y PSICOSIS COLECTIVA

La concentración masiva del 18 de noviembre de 1983 fue la primera organizada por la oposición desde el inicio de las jornadas de protestas populares, iniciadas en mayo de ese mismo año. La  convocatoria al Parque O’Higgins era liderada por la Alianza Democrática, la coalición opositora encabezada por la Democracia Cristiana y que respaldaban radicales y socialdemócratas. Hacia finales de octubre, tras la séptima jornada de protesta convocada por el Comando Nacional de Trabajadores, las tensiones en la oposición entre la Alianza Democrática, el Bloque Socialista y el izquierdista Movimiento Democrático Popular (formado por el Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR, y el Partido Comunista, PC), comenzaban a disiparse. El objetivo común era acelerar la apertura democrática del régimen.

Los ánimos estaban caldeados en el Gobierno, ante la constatación de que la estrategia de la apertura política propuesta por el nuevo ministro de Interior, Sergio Onofre Jarpa, no estaba logrando su objetivo de contener las movilizaciones, a la vez que era percibida por la oposición como una mera maniobra disuasiva. En la práctica, la dictadura estaba empeñada en generar un clima de “anticomunismo y subversión” que confrontara a “demócratas” y “comunistas”, similar a la desarrollada durante los primeros días del régimen. Es decir, evitar a toda costa un acuerdo entre la Alianza Democrática y el Movimiento Democrático Popular. En eso Puga creía ser útil.

Su plan de acción psicológica se estructura en cinco niveles que se proponen desacreditar a la oposición al tiempo que dividirla entre marxistas y demócratas. A la vez, busca hacer fracasar la concentración y generar un sentimiento de agotamiento con las movilizaciones, enfatizando que estas sólo han “representado muertes inútiles y vandalismo”. Para ello era necesario vaciar la ciudad y atribuir esa acción a un respaldo del gobierno.

Durante la dictadura chilena, civiles y militares, psicólogos y sociólogos, cineastas y periodistas se pusieron al servicio de la guerra contra la subversión y la disidencia política.

Mediante campañas de rumores, propone instalar en la población el miedo a potenciales asaltos, a través del reparto de volantes asociados a los “comunistas”, indicando que, de ir a la concentración, “las casas van a quedar desguarnecidas y que el lumpen pretende atacar las propiedades aprovechando las ausencias de los moradores”.

En lo que se define como un “nivel intermedio”, el objetivo fue “crear una psicosis colectiva para el viernes 18”, por medio de acciones como sabotajes a las líneas del Metro; paralización de la locomoción colectiva; “atentado contra Fantasilandia, atribuible al MIR”; apagones de luz en los alrededores del Parque O’Higgins atribuidos al Partido Comunista; denuncias de “coacciones” de este mismo partido para forzar a la gente de participar en la movilización, y “en caso contrario su familia lo pasará muy mal”; y entregar volantes atribuibles al MIR y al PC con “ideas absolutamente contrarias respecto a lo que se puede hacer y no hacer en la concentración”, entre otras propuestas.

El plan suma otra idea: “Violación de una menor por un grupo de delincuentes en el Parque O’Higgins”. 

En lo correspondiente al Gobierno, la planificación contempla una serie de acciones políticas, económicas y diplomáticas. Todo articulado desde un férreo control de la prensa y los medios de comunicación. “El Gobierno debe llamar a los principales medios de comunicación para pedirles (exigirles) que no se les dé mayor difusión al plan del día 18, y que esta nunca esté en primera plana, sino que siempre una noticia de páginas muy interiores. Amenazar que en caso contrario los créditos otorgados por el régimen para la supervivencia de los medios será cobrado de forma apremiante”, se lee en el documento, atendiendo a los préstamos millonarios que el gobierno, por medio del Banco del Estado, había otorgado a las empresas periodísticas propietarias de El Mercurio y La Tercera. 

VUELOS RASANTES SOBRE POBLACIONES

A nivel político, días antes de la concentración del 18, Pinochet debería viajar fuera de la capital, fustigar a la oposición y efectuar anuncios de política económica y social: “El gobierno debe dar a conocer, no después del 15 de noviembre, algún plan de envergadura respecto al problema económico, sin tocar para nada ningún aspecto institucional”.

En el manejo de las tropas policiales y militares, la noche anterior a la concentración “la aviación debería hacer vuelos rasantes sobre todas las grandes poblaciones” del sector sur y oeste de Santiago. El Ejército debería acuartelarse en sus guarniciones, sobre todo en los regimientos aledaños al Parque O’Higgins para dar una “demostración de fuerza en todas las unidades militares aledañas”.  Carabineros, en tanto, el mismo día de la concentración, “en gran cantidad deberían instalarse solamente en los accesos del Parque O’Higgins, en las escaleras del Metro y en los paraderos de micros con armas largas”. Por su parte, Investigaciones debería dar “chipe libre” para los lanzas, prostitutas y drogadictos a fin de convertir el acto en otra cosa”.

Finalmente, la planificación propone copar la pauta de comunicaciones con reportajes de prensa, editoriales y programas radiales y de televisión que hablen de “terrorismo”. 

RUIDO DE SABLES Y BAYONETAS

Aunque no hay evidencias de que ese plan se haya cumplido al pie de la letra, al revisar la prensa de la época se aprecian algunas coincidencias con lo ocurrido en los días previos y posteriores a la concentración. 

El mismo 7 de noviembre que se autorizó la concentración en el Parque O’Higgins, se fugaron de la Penitenciaría siete reos y el intendente de Santiago, brigadier Roberto Guillar, denunció a la prensa que “el PC y el MIR pusieron en marcha un plan para provocar caos”. La cita fue destacada en el titular de la noticia publicada al día siguiente por el diario La Tercera.

La denuncia del brigadier Guilliar precisó que ambas organizaciones habrían confeccionado listas y amenazando de muerte a dirigentes vecinales para presionar a las personas que no querían protestar, buscando con ello “amedrentar y crear pánico entre gente que cumple una misión loable.  Les he dicho que se unan, porque así el peligro disminuirá”, se lee en la misma nota de La Tercera.   

El plan de acción psicológica de Puga se proponía desacreditar a la oposición al tiempo que dividirla entre marxistas y demócratas. A la vez, buscaba hacer fracasar la concentración del Parque O’Higgins y generar un sentimiento de agotamiento con las movilizaciones.

A los días, el ministro secretario general de Gobierno, Alfonso Márquez de La Plata, denunciaba que el Partido Comunista había hecho un llamado a las armas para el 18 de noviembre, escondido en un acrónimo inserto en un avisos económico publicado en La Tercera.  “PC A LAS ARMAS”, se lee si se toman las primeras letras de cada palabra:

Según Márquez de la Plata, el supuesto llamado era “una demostración más detrás de toda la organización de la concentración convocada para el día 18 está el Partido Comunista”. 

El Partido Comunista desmintió esta acusación en una declaración, señalando que la dictadura buscaba generar una “violenta campaña anticomunista y contra toda la oposición democrática”, como consignó La Tercera en un publicación del 17 de noviembre. 

A una semana de la concentración, algunos gremios de los conductores de microbuses que operaban en la zona de Santiago, aduciendo una crisis de seguridad, amenazaron con paralizar los recorridos por la ciudad.  

Y el 15 por la noche, como recomendaba Puga, Pinochet se trasladó de gira por Arica e Iquique. Además de efectuar una serie de inauguraciones de obras de infraestructura, aprovechó de fustigar a “los marxistas”, llamando a la ciudadanía a luchar contra el comunismo para lograr una “democracia limpia y pura”.

Tal como lo proponía el plan de Álvaro Puga, en los días previos a la concentración en el Parque O’Higgins comenzaron a circular entre la clase media y media alta rumores de actos de delincuencia e inseguridad. La revista APSI, de oposición a la dictadura, reportó que “algunas señoras comentaban que ese día los extremistas pensaban asolar las casas, que no habría locomoción”.

La prensa de la época no reporta el vuelo rasante de aviones por poblaciones de la capital. Sin embargo, la oposición denunció que entre el 10 y el 17 de noviembre las Fuerzas Armadas y de orden allanaron diversas poblaciones del Gran Santiago. De acuerdo con los reportes de prensa de la época, las ocupaciones y registros de viviendas de uniformados se realizaron en poblaciones como Santa Julia y Rebeca Matte, en Ñuñoa; Óscar Bonilla, Teniente Merino, Maipo, Las Brisas y el campamento Venezuela, en Puente Alto; y Barrero, Bosque Uno, Bosque Dos, Villa Wolf, Patria Nueva y El Rodeo, en la  comuna de Conchalí. El total de personas detenidas en esos operativos fue de 310. 

Uno de los objetivos era “crear una psicosis colectiva” antes de la concentración del 18 de noviembre de 1983 por medio de acciones como sabotajes a las líneas del Metro; paralización de la locomoción colectiva;  un atentado contra Fantasilandia; apagones de luz en los alrededores del Parque O’Higgins y la violación de una menor en ese mismo lugar.

El día previo a la movilización, El Mercurio denunció que “el MIR hace 15 días viene dando golpes espectaculares con el rayado de edificios públicos y automóviles particulares, en los que llama a la reunión del Parque O’Higgins. Lo mismo han hecho comunistas, coincidiendo además éstos con los socialistas. Millares de panfletos que han circulado llamando al Parque en los últimos días reafirman lo aseverado”.

En consonancia con el plan de acción psicológica de Puga respecto a la distribución masiva de panfletos, Las Últimas Noticias consignó que el exparlamentario Carlos Dupré (PDC) denunció la confección de miles de panfletos de supuesta autoría del MIR y el PC en una imprenta ubicada en calle Serrano 225, en el centro de Santiago. La denuncia sugería que dichos panfletos habían sido impresos por agentes o funcionarios de la dictadura, en una operación de montaje político.

El jueves 17, en su columna de La Tercera, Puga vaticinó un completo fracaso de la concentración. “Sólo cuentan con el apoyo de la máquina asesina del comunismo internacional, que ahora se ha dedicado a matar a carabineros que tienen como única misión proteger a las personas y los bienes públicos y privados, de actos delincuenciales”, escribe.

Sin embargo, contra las aspiraciones y los planes de Puga y la dictadura, en su edición del 19 de noviembre de 1983, La Tercera informó que la concentración se realizó en “absoluta tranquilidad”. En esas mismas páginas, el intendente Roberto Guillard reconoció que “no hemos tenido nada, absolutamente nada que lamentar”. 

Casi no se tomaba descanso. Como encargado de la oficina de Asuntos Públicos y asesor en las sombras de los servicios de inteligencia de la dictadura y del mismo Pinochet, Álvaro Puga Cappa redactó cientos de informes políticos y de inteligencia que hoy salen a la luz. Son 166 archivos que contienen discursos, detallan la rivalidad entre funcionarios civiles, la participación de informantes del gobierno y de la oposición, espionaje, acciones psicológicas y de propaganda para sembrar terror y lograr la obediencia civil, la agenda política y propagandística de la CNI, la elaboración de noticias falsas.

Este artículo es parte de El primer civil de la dictadura, proyecto multimedia de Revista Anfibia y la Universidad Alberto Hurtado en conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado.

—Quiero mostrarle una cosa, ¿tiene tiempo?

Fue en el segundo o tercer encuentro en su departamento de la comuna de Providencia que Álvaro Puga Cappa —chileno, 81 años, cuatro hijos, casado en segundas nupcias con la hermana menor de su primera esposa— se levantó de un sillón de gobelinos y se encaminó a su estudio de trabajo. Iba en busca de algo que, dijo, me sorprendería.

Era mayo de 2010 y lo frecuentaba con motivo de una serie de entrevistas para el libro La secreta vida de Augusto Pinochet (Debate, 2013), que trata de los libros que el dictador escribió o le escribieron y de los miles de libros patrimoniales que atesoró a costa del erario público. Ese gusto del general por los libros y los escritores, gusto que antecedió al golpe de Estado, fue el punto de partida si no de una amistad, porque Pinochet casi no tenía amigos, al menos de una simpatía mutua con Puga.

Fue uno de sus colaboradores más cercanos, confidente, propagandista, ghostwriter e ideólogo en los primeros años, en abierta rivalidad con Jaime Guzmán. Con orgullo, como quien da cuenta de una hazaña honrosa, se definía “el primer y último civil del gobierno militar”, además de “un hombre de trinchera, un batallador”. 

A cargo de la oficina de Asuntos Públicos, que se ocupaba de la propaganda, los discursos y la censura, había sido un asesor gravitante en los años setenta. Su campo de influencia era amplio y brumoso, desde los pisos superiores del edificio Diego Portales hasta los subterráneos de los organismos represivos, con los que Puga colaboraba. Era amigo del director de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, Manuel Contreras (quien sí tenía amigos) y luego lo fue del director de la Central Nacional de Informaciones, CNI, Humberto Gordon. Le gustaba ufanarse de su poder, sembrar respeto, temor. A sus espaldas, me contó con gracia, le habían inventado un apodo: El Obispo.

Fue uno de los colaboradores más cercanos de Pinochet. Su confidente, su ideólogo, su escritor fantasma.

Todo eso había sido Alvaro Augusto Pilade Puga Cappa. Y sin embargo, cuando lo frecuenté en su departamento, era ya un hombre empobrecido y marchito, un hombre aparte, casi final: relegado al lugar del desprecio, la infamia, el olvido. Había sido importante y ya nadie lo valoraba ni lo reconocía, a excepción de sus amigos que cumplían condena en la cárcel de Punta Peuco. 

De ahí que esa tarde de 2010 haya regresado de su despacho de trabajo con una pila de archivadores de dos anillos y herrajes que contenían discursos, minutas, informes políticos y planes de espionaje y de operaciones propagandísticas y psicológicas, entre otras materias. Al desempolvar esos papeles, parecía querer ufanarse del poder y la importancia que alguna vez tuvo.

En esos archivadores estaba contenida una parte de la memoria de la dictadura cívico militar, una parte gris, si es que hay otra. Ahí se daba cuenta de la rivalidad de los funcionarios civiles, en especial de la disputa soterrada entre nacionalistas y gremialistas; de informantes de gobierno y de oposición; del espionaje a dirigentes políticos y de las actividades propagandísticas y conspirativas que realizaba la CNI, en paralelo a su labor represiva.

Ahí, en definitiva, se guardaban las evidencias de las conspiraciones tramadas en la cabeza de Puga, que había escrito cada uno de esos informes tipeados en máquina de escribir, cada santo día del año. 

AGENTE Y ESCRITOR FANTASMA

Ese es el origen de El primer civil de la dictadura, los archivos secretos de Álvaro Puga, la investigación exclusiva que suma 166 documentos que van de julio de 1974 a febrero de 1986. Es un archivo parcial y en cierto modo arbitrario, porque contiene únicamente lo que él me confió al azar, probablemente sin tener entera conciencia de todo lo que había en esos archivadores. De hecho, algunos de los documentos que me entregó, a sabiendas de que haría una copia digital de ellos, contradecían su persistencia por negar sus vínculos con organismos de inteligencia de la dictadura.

Los papeles no sólo hablan del rol que cumplió Puga a las sombras del poder dictatorial. Leídos en contexto, al trasluz de otros archivos y testimonios, permiten asomarse a las entrañas de la dictadura, sus pugnas, sus mañas, sus prácticas a puertas cerradas. Quienes trabajamos en su análisis y verificación definimos tres grupos, de acuerdo con un trazado cronológico: los papeles de los años setenta, los de la primera mitad de los ochenta y los de la segunda mitad de esa década. 

Los escritos de los años setenta se componen preferentemente de informes políticos, respuestas a entrevistas periodísticas que Puga realizó a nombre de Pinochet y borradores de discursos para ser pronunciados por Pinochet o por algún otro miembro de la Junta Militar. En ese grupo, por ejemplo, está el borrador de uno de los discursos que el dictador chileno dio en la visita de mayo de 1974 que le hizo al dictador paraguayo Alfredo Stroessner, cuyo original se corresponde al pie de la letra con el discurso dado en esa oportunidad. También el saludos de Navidad y de Año Nuevo que Pinochet pronunció por cadena nacional de radio y televisión en 1975; borradores de discursos de aniversarios del golpe de Estado y de algunas de las tantas veces en que asistió a ceremonias en su honor, en las que era celebrado con medallas, galvanos y llaves de ciudades y pueblos. El poder dictatorial se construye de gestos genuflexos y monárquicos.

Leídos en contexto, al trasluz de otros archivos y testimonios, los documentos secretos de Álvaro Puga permiten asomarse a las entrañas de la dictadura, sus pugnas, sus mañas, sus prácticas a puertas cerradas.

Esa década, la más próspera de Álvaro Puga como asesor de gobierno, coincidió con los años en que estuvo al frente de la oficina de Asuntos Públicos, al tiempo que, bajo cuerdas, colaboraba con el Departamento de Comunicaciones y Operaciones Psicológicas de la DINA, que dependía del oficial de Ejército Vianel Valdivieso Cervantes. Fue ese departamento el que concibió la Operación Colombo, ideada para encubrir el crimen de 119 militantes de izquierda cuyas muertes fueron atribuidas a “una sangrienta pugna” entre guerrilleros, como tituló El Mercurio en 1975. Más lejos fue La Segunda en su titular de portada: “Exterminados como ratones”. Esos titulares llevan la huella de Puga, ya que él se ocupó de distribuir esa información a los medios nacionales. Sin embargo, los documentos acá reunidos no dan cuenta de su complicidad en los crímenes de la dictadura en esa década, como tampoco de la censura, las amenazas de muerte a periodistas o montajes comunicacionales en los que participó.

Algo muy distinto ocurre con la serie de documentos de la primera mitad de los años ochenta. 

En esos años, y en especial en 1983, se concentran los documentos más reveladores y valiosos en términos históricos. De ahí que la investigación periodística de la serie de reportajes se haya centrado en este período. Un período marcado por una aguda crisis económica y política, el comienzo de las protestas populares y las celebraciones oficialistas del décimo aniversario del golpe de Estado. Un hito en el que Puga y la CNI participaron activamente, por encargo del mismo Pinochet, mientras conspiraban en contra de opositores y dirigentes afines a la dictadura y hacían montajes y lo que llamaban campañas subliminales y acciones psicológicas. 

FUEGO AMIGO

Como se cuenta en uno de los reportajes de esta investigación, Pinochet entregó cerca de $2.500 millones al valor de hoy para que la CNI y su asesor Álvaro Puga pusieran en marcha una campaña propagandística de los actos celebratorios del 11 de septiembre de 1983, que se extendieron por tres días y consideraron merchandising, desfiles y avisos publicitarios en prensa, radio y televisión. También, un día antes, organizaron un acto masivo que fue transmitido en directo por Televisión Nacional, en el que juraron lealtad a su líder y lanzaron un partido político de matriz nacionalista. 

Este es quizás uno de los principales hallazgos que se desprende de los documentos elaborados por Puga: su análisis —en contraste con archivos de prensa y televisión, además de entrevistas a actores de la época— permite dimensionar el empeño de la policía política de Pinochet por influir en la marcha del gobierno y disputar lugares de poder a los gremialistas, en su mayoría jóvenes leales a Jaime Guzmán, que para la primera mitad de los ochenta habían copado los cargos altos y medios de la administración pública, en desmedro de los nacionalistas. 

A fin de cuentas, en un período de alta incertidumbre política y económica, había una disputa de poder, y esa disputa se expresó en informes en los que Puga daba cuenta en detalle del contenido de reuniones de dirigentes afines a la dictadura, como si él mismo hubiera estado presente. En un memorándum de junio de 1983, por ejemplo, acusa a Jaime Guzmán de reunirse en privado con otros dirigentes políticos de derecha para conspirar en contra de Pinochet, ante su inminente caída.  

Los documentos de 1983 son especialmente valiosos en términos históricos. En plena crisis económica, social y política, la celebración de los 10 años del golpe es apoteósica, un hito en el que Puga y la CNI participaron activamente.

A la hora de ponderar estos documentos, es necesario considerar que su autor habla desde su lugar de interés, que coincide con el interés de los nacionalistas y de la CNI, a la que van dirigidos varios de los escritos de la primera mitad de los ochenta. En este sentido, es posible que en casos como el citado con las denuncias de conspiraciones contengan a la vez conspiraciones tramadas por organismos de inteligencia. De ahí la conveniencia de contrastar el contenido de estos documentos con testimonios, bibliografía y documentos, tal como se hace en los reportajes de esta serie, que reúne además un vasto archivo audiovisual con documentales propagandísticos y coberturas de prensa de la televisión pública.

Pero más allá del empeño por comprobar cada hecho o afirmación relevantes, los documentos de la primera mitad de los ochenta también tienen el valor de dar pistas sobre los recursos a los que echaban manos agentes y asesores como Puga para reunir información. Micrófonos ocultos, informantes de gobierno y oposición, agentes infiltrados en oficinas, empresas, fábricas. Nada nuevo para una dictadura, nada que no se haya sabido y comentado bajo cuerdas en esos años, pero cosa distinta es que esas prácticas queden en evidencia en documentos vinculados a los servicios de inteligencia.

DINÁMICO, MÚLTIPLE, UBICUO

Los micrófonos ocultos estaban a la orden del día en esos años. Los micrófonos, los informantes, los agentes de lo que llamaban el servicio. En un informe fechado en junio de 1983, a propósito de un nuevo encuentro de los dirigentes de derecha, Puga se lamenta de que “en conocimiento de la hora y lugar en que se haría la segunda reunión, no se haya puesto escuchas en la reunión para confirmar lo que se proyectaba en contra del Gobierno”. De cualquier modo, por lo que dicen otros informes, Puga estaba bastante enterado de las cosas que conversaban los dirigentes afines a la dictadura y de oposición, en especial de la Democracia Cristiana, sus vías de financiamiento, quienes recibían fondos, cómo se gastaban.

Puga —y por tanto la CNI— parecían saberlo casi todo en esos días. Su empeño por controlar, por adelantarse a los hechos, por ir dos pasos adelante cobra sentido en la cita de Shakespeare que se lee al comienzo de su autobiografía titulada El mosaico de la memoria (Editorial Maye, 2008): “El hombre cauto jamás deplora el mal presente; emplea el presente en prevenir el futuro”. 

De eso también tratan los informes. De prevenir el futuro, de adelantarse a él para intentar torcerlo. Por ejemplo, en abril de 1983 sostiene que “en las más altas esferas” se cree que el nuevo ministro del Interior será Sergio Onofre Jarpa, cosa que ocurrirá cuatro meses después. Y cuando Jarpa recién ha sido nombrado ministro, Puga se despacha un memorándum titulado Análisis de las actividades personales de Sergio Onofre Jarpa, en el que lo retrata con un “complejo de pariente pobre”, guiado por un afán de “superación del propio infortunio”, que ha estafado a su familia y recibido dinero de la CIA para combatir a Allende. En ese informe está todo lo que hay que saber del nuevo ministro del Interior. Su pasado, sus vínculos, sus movimientos. “El viernes de la semana pasada comió con (el empresario) Ricardo Claro en su casa”, reporta. “Fue solo.”  

Diplomáticos, militares, empresarios, periodistas, curas, dirigentes políticos. Sus fuentes son amplias. Amplias y, en algunos casos, cuando quedan en evidencia, perturbadoras. 

Uno de los principales hallazgos de estos archivos: el empeño de la policía política de Pinochet por influir en la marcha del gobierno y disputar lugares de poder a los gremialistas, en su mayoría jóvenes leales a Jaime Guzmán.

En un memorándum del 19 agosto de 1983, relativo a una reunión de Jarpa con dirigentes de la Democracia Cristiana, identifica al dirigente de ese partido Adolfo Zaldívar como una de las personas que relatan detalles de ese encuentro. El otro, mencionado en un informe despachado tres días después, es Luis Pareto. 

Y tres meses antes de ese encuentro, en otro memorándum, Puga pide realizar una gestión ante el Consejo de Defensa del Estado para ayudar a Luis Matte Valdés, militante socialista y ex ministro de Vivienda y Urbanismo de Salvador Allende, que en esos días tenía un litigio legal por unos terrenos de su propiedad en La Florida. La solicitud obedece a que “el señor Matte es un elemento valiosísimo para la información de sectores de izquierda que él entrega voluntariamente”.

Puga es un hombre dinámico, múltiple, ubicuo, que pide y ofrece ayuda para sus informantes, cargos para sus amigos y favores para sus cercanos y para sí mismo, como se evidencia en  un documento titulado Temario, en el que manifiesta “la necesidad de cambiar el juez o cambiar de lugar el juicio” en Concepción, ante una demanda que afecta a una pesquera de su propiedad en Talcahuano.  

Los micrófonos, los informantes y agentes de lo que llamaban el servicio estaban a la orden del dia en esos años. Puga -y por tanto la CNI- parecían saberlo casi todo en esos días. 

Como se aprecia, el poder dictatorial es generoso y puede mover voluntades, funcionarios, recursos. Qué otra cosa es una dictadura si no una cadena de abusos, de arbitrariedades y favores discrecionales. 

A mediados de 1983, por ejemplo, pide que su amigo el periodista Héctor Durán sea nombrado en la dirección de la agencia Orbe, además de recordar el pago pendiente de honorarios por una asesoría comunicacional. De paso, en ese mismo documento, pide que la CNI infiltre la fábrica textil del empresario Jorge Comandari Kaiser, “porque alguien le sopló que allí se fabrican miguelitos (…). Él es un hombre que nos ayuda muchísimo con sus contactos políticos. Incluso me dice que él podría darle trabajo a alguien enviado por el servicio para que controlara y comprobara si es efectivo lo que allí se ha denunciado”. 

CAMPAÑAS SUBLIMINALES

La obsesión de Puga por la información, por influir, por torcer y manipular la realidad es una constante en sus informes. Su tema más recurrente es la propaganda, materia en la que se considera experto. “Bien podríamos decir que es nuestra preferida”, se sincera en noviembre de 1983. También es ducho en las que llama “campañas subliminales” y “acciones psicológicas”, que no son otras cosas que planes para manipular a la opinión pública por medio de montajes, campañas de desinformación y acciones que tienen el objeto de sembrar terror en la población.

Al respecto, el memorándum titulado PLAN (DE) ACCIÓN SICOLÓGICA PARA CONTRARRESTAR CONCENTRACIÓN DEL 18-11 resulta ilustrativo. 

De modo de desacreditar la manifestación opositora que se celebró en noviembre de 1983 en el Parque O’Higgins, Puga propone acciones como la “violación de una menor por un grupo de delincuentes en el sector del Parque O’Higgins”; “atentado contra Fantasilandia, atribuible al MIR”; “desperfecto en la línea del Metro”; “vuelos rasantes sobre todas las grandes poblaciones del sector sur de Santiago” y “volver a hablar del terrorismo, especialmente a través de reportajes de la prensa y en televisión”. 

Un tema recurrente en los archivos Puga es su obsesión por la información y la propaganda. Era ducho en "campañas subliminales" y en "acciones psicológicas" para manipular a la opinión pública, sembrar terror y lograr la obediencia civil.

Como se plantea en otro de los reportajes de esta serie, las operaciones psicológicas fueron una práctica habitual de la DINA y la CNI, y en ellas la complicidad de los medios y los periodistas resultaron fundamentales. En este caso, lo anterior queda en evidencia en un  documento de 1983 que identifica al director de La Tercera, Alberto Guerrero, como “un hombre totalmente nuestro, incondicional” a los servicios de inteligencia. No parecía ocurrir lo mismo con uno de los principales controladores de ese diario, Germán Picó Cañas. “Tiene una aversión por la CNI que raya en la paranoia y por ello creo que es muy importante que el General Director (de la CNI) tenga con él una reunión de tipo social aparente”, sugiere el mismo documento. 

No hay pistas sobre el resultado de esa propuesta. Pero otro documento del mismo año plantea que, producto de los créditos millonarios que el Estado le entregó a los diarios El Mercurio y La Tercera para salvarlos de una quiebra segura, “el Gobierno prácticamente posee la propiedad” de ambas empresas. Puga sugiere que el gobierno dé un golpe y se haga de ambas. A fin de cuentas, su plan consiste en una “intervención directa de todos los medios de comunicación”. Sin embargo, de no ocurrir eso, de no poder controlarlo todo, tiene una idea en marcha: “Hemos contrarrestado mucho esa fuerza con la contratación de los servicios de muchos periodistas de esos diarios”. 

Esos diarios son El Mercurio y La Tercera. Las dos cadenas de diarios nacionales que sostuvieron a la dictadura. Y las únicas dos que sobreviven al día de hoy.

EL AMANTE SECRETO

El tercer y último grupo de documentos se concentra en la segunda mitad de los años ochenta. Y a diferencia del grupo anterior, son informes sobre política nacional e internacional elaborados preferentemente con fuentes abiertas, vale decir, prensa. Ya no hay alusiones a los servicios de inteligencia. Ni conspiraciones, espionajes, planes de propaganda, campañas subliminales o acciones psicológicas. No al menos en el conjunto de archivadores de ese último período que Puga trajo de su estudio de trabajo y también autorizó a copiar. 

Esos papeles tienen otro tono, más distantes, impersonales. De hecho, ya desde fines de 1983 sus informes acusan un declive en su estado anímico, quizás una desesperación, un extravío, si es que no una tristeza. “Siento además la imperiosa necesidad de regularizar mis funciones de asesoría política y comunicacional hacia el Gobierno, ya que siempre estoy dudoso sobre lo que debo dar, porque nada se me pide especialmente”, escribe en vísperas de Navidad.

Es muy probable que la querella y luego quiebra de su pesquera en Talcahuano, que derivó en una orden de arresto en su contra, le hayan pasado la cuenta. Definitivamente, por lo que se lee en esos papeles, ya no volverá a ser el mismo de comienzos de los ochenta ni menos el que había sido una década antes, cuando tuvo a cargo la oficina de Asuntos Públicos. Ya no influía tanto pero tampoco vivía sobresaltos. Tenía la protección de Pinochet y, según un artículo del medio Primera Línea, de la misma CNI para eludir sus líos judiciales.

De acuerdo con lo que me contó, los informes de este período iban dirigidos a Pinochet, quien había dispuesto que cada lunes a la mañana un funcionario del Ejército llegara a la casa de su asesor para retirarlos en un sobre sellado. Los remuneraba bien y probablemente no los leía, aunque Puga decía que sí, porque “cada cierto tiempo me juntaban con él y me los comentaba”. Solía llevarle chocolates de regalo, “porque lo conocía bastante bien y sabía que le gustaban los chocolates”. También sabía la razón por la cual Pinochet lo citaba a conversar en la Comandancia en Jefe del Ejército o en el Club Militar, nunca en La Moneda.

—¿Nunca?

—Nunca en La Moneda, jamás, porque ahí podía aparecer (Jaime) Guzmán. Pinochet ya se guiaba mucho por Guzman, yo no sé, estaba encandilado por ese tipo, entonces yo era como el amante secreto. A mí Pinochet me quería mucho, sinceramente, y se lo digo sin alarde: había un afecto que nació esa noche que le he contado del 11 de septiembre que me mandó a llamar y me firmó sus libros.

PÁLIDA, GRUESA, MARCHITA

Tres años después de la serie de entrevistas volví a ver a Puga para entregarle una copia de mi libro sobre Pinochet. Para eso y, sobre todo, para saber más de su archivo. 

Era 2013, dos años antes de su muerte, y ahora vivía en la casa de una de sus hijas, en el barrio de Los Domínicos. Las deudas lo habían forzado a dejar el departamento que ocupaba con su esposa en Providencia. Me recibió en el living.

Tal como lo hizo la última vez que nos reunimos, volvió a quejarse de que nadie le daba trabajo. Pero ahora dijo que no le importaba, que ya nada le importaba. Agradeció el libro que le llevé, aunque me aclaró que ya había logrado hacerse de un ejemplar. Lo había leído con detención y le había parecido bien. Básicamente no tenía objeciones con el modo en que había reproducido la entrevista con él. 

Álvaro Puga se reunía con Pinochet pero nunca pisaba La Moneda. Para no cruzarse con Guzmán.

Entonces le pregunté por los archivos. Por los que me llevé la primera vez acunados en ambos brazos, como quien carga una pila de leños, y luego de copiarlos se los llevé de vuelta en una maleta. Por esa segunda partida de archivadores que me llevé de su departamente en esa misma maleta y que también devolví. Por esos y los otros papeles que no me había querido mostrar, porque esos eran “más privados”, había dicho en 2010. Ahora, tres años después, quería saber qué había sido de todo eso y de vuelta, sin titubear, me dijo que ya no los tenía, que se había deshecho de ellos. 

—¿Cómo? ¿Cómo se deshizo de ellos?

—Los quemé.

De ser cierto, hizo lo mismo que había hecho el Ejército con el archivo de la CNI en 2001, lo que derivó en una condena judicial. Álvaro Puga jamás rindió cuentas a la justicia. Tampoco yo le pedí cuentas por el contenido de los papeles que me entregó. Casi no hablé de eso en el libro sobre Pinochet, porque excedía el eje temático y era parte de otra investigación, que no sabía si alguna vez haría. 

Me salió a despedir a la puerta de la casa de su hija. Me estrechó su mano derecha, una mano gruesa, pálida, marchita. Me agradeció el libro, se despidió sin sonreír.

—Que le vaya bien, cuídese.

por Juan Cristóbal Peña

A comienzos de los años ochenta, con una crisis económica desatada y el comienzo de las protestas populares, los nacionalistas vieron una oportunidad para recuperar la influencia y los cargos que habían perdido a manos de los gremialistas, liderados por Jaime Guzmán. De acuerdo con documentos hasta ahora inéditos, basados en informantes y espionaje político, Guzmán y sus hombres proyectaban que la dictadura no sobreviviría más allá de 1985 y negociaban en secreto con la oposición una transición anticipada y “una salida honorable” para Pinochet. En ese estado de cosas, Puga denunciaba que los gremialistas “son ratas que abandonan el barco”.

Este artículo es parte de El primer civil de la dictadura, proyecto multimedia de Revista Anfibia y la Universidad Alberto Hurtado en conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado. 

Decía que casi no se tomaba vacaciones. Ni vacaciones ni feriados ni fines de semanas libres. Menos ese año de 1983, año convulso, en que asomaba un peligro pero también una oportunidad para que los duros del régimen como él, que habían quedado desplazados de los cargos altos y medios de la administración pública, volvieran a ocupar el lugar que creían merecer en el gobierno de facto. Su gobierno. De ahí que ese domingo 15 de mayo, cuatro días después de la primera jornada de protesta nacional contra la dictadura, el propagandista y asesor de inteligencia Álvaro Puga Cappa se sentó frente a su máquina de escribir y redactó un informe de “Evaluación Política” en que analizó “el golpe sorpresivo” de los actos de protesta de esa semana, “que no (sólo) están radicados en un sector de bajos ingresos de la población, sino que están diseminados en toda la ciudad de Santiago, con especial connotación en los barrios considerados de clase media y alta”.

Casi diez años después de que las Fuerzas Armadas asaltaran el Palacio de La Moneda, el país vivía una crisis económica sin precedentes desde 1929. Quiebra de cientos de empresas, intervención de la banca y entidades financieras y un desempleo que ese año llegó al 26 por ciento. En ese estado de cosas, “la desobediencia civil puede alcanzar grados insospechados, al mismo tiempo que puede desarrollar una velocidad inusitada que lleve al país a un estado de conmoción interna”, hace saber Puga en ese informe de mayo de 1983 que si bien no tiene destinatario, como otros en esa época puede suponerse dirigido a la dirección de la Central Nacional de Informaciones (CNI), con la que colaboraba. 

A su parecer, la dictadura estaba bajo amenaza, la dictadura y sobre todo el hombre que la encabezaba, porque el “enemigo político del régimen (…) lamentablemente hoy está más dentro del Gobierno que fuera de él”. Un enemigo “sectario y excluyente”, que a decir del suscrito respondía al liderazgo de Jaime Guzmán Errázuriz, ideólogo y asesor legislativo de la Junta Militar de Gobierno que dos décadas atrás había formado el movimiento gremialista y tenía a varios de sus discípulos ocupando ministerios y cargos de relevancia. 

Puga usaba la figura de los nacionalistas como amantes del dictador, en un escenario en que los gremialistas, y en particular Jaime Guzmán, eran la esposa oficial del régimen.

Como se desprende de ese y los siguientes informes que elaboró ese año, la crisis económica y las protestas tenían a la dictadura en vilo, con sus días contados. El cálculo de los dirigentes políticos de gobierno y de oposición era que la Junta Militar no sobreviviría más allá de 1985, anticipó otro informe del mismo asesor. En ese estado de cosas, Puga insistió en que los gremialistas conspiraban en contra del gobierno, en conjunto con otras fuerzas políticas, con el objetivo de “obtener el traspaso lo más pronto posible a los civiles del poder”. 

Era un nuevo capítulo de una guerra civil al interior de la dictadura que había comenzado hacia mediados de los años setenta. De un lado los llamados duros, con los que se identificaba Álvaro Puga, cercanos al movimiento nacionalista y a la CNI. Del otro, los que la prensa oficialista bautizó como los blandos, que no eran otros que los gremialistas afines a Jaime Guzmán y que en rigor, de blandos tenían poco. Como sea, los informes iluminan sobre las dos almas que pujaron por influir y obtener cargos en la dictadura. 

Ese domingo de mayo de 1983, cuando los ecos de las cacerolas aún resonaban en la ciudad, Álvaro Augusto Pilade Puga Cappa siguió martillando su máquina de escribir y se preguntó qué se podía esperar de los hombres de Guzmán. A fin de cuentas, sentenció, son “personas relevantes que hasta ayer apoyaban al gobierno y que hoy han abandonado el barco con una rapidez digna de ciertos roedores”.

RATAS, RATONES, ROEDORES

Lo de los roedores no era algo nuevo en el léxico de Álvaro Puga. Ocho año antes, cuando la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) ejecutó la Operación Colombo, un montaje comunicacional tendiente a encubrir el asesinato y desaparición de 119 opositores, fue él quien distribuyó la información falsa a medios de prensa chilenos que derivó en el titular de La Segunda que esa tarde de 24 de julio de 1975 rezaba Exterminados como ratones. Su responsabilidad en el montaje quedó establecida en un fallo del Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas de Chile.

Como se ve, en el universo del asesor de la CNI, esa denominación le cabía tanto a los opositores a la dictadura como a los seguidores de Jaime Guzmán. La disputa entre ambos se había desatado al poco de iniciada la dictadura, cuando Puga dirigía la oficina de Asuntos Públicos y tenía de subalterno a Guzmán. En principio parecían entenderse, si es que no estimarse, de lo que da cuenta una tarjeta de Navidad enviada por Puga en 1975. Sin embargo, el joven abogado pronto destacó con luces propias, tomó distancia del pensamiento nacionalista y se alzó en asesor favorito de Pinochet y la Junta Militar de Gobierno. 

Simpatizó con el desembarco de los Chicago Boys en el gobierno, precursores de las políticas neoliberales, gestionó cargos para sus cercanos y diseñó la arquitectura jurídica institucional que en parte sigue rigiendo hasta hoy en Chile. “Hondamente católico, de misa y comunión diarias, derechista visceral (pero sin partido) soltero con visos de solterón, parecía un «niño viejo» por la corta estatura, la calvicie avanzada y los gruesos anteojos de miope. Pero esa apariencia escondía cualidades amables —le gustaba la música, la buena mesa, la charla distendida con amigos, imitar magistralmente el habla de personajes famosos— y hasta inesperadas: así la pasión por el fútbol (era árbitro titulado) o por los Festivales de la Canción de Viña del Mar”, lo define el historiador y ex ministro de la dictadura Gonzalo Vial en Pinochet. La biografía (El Mercurio/Aguilar, 2002).

Una vez que se acomodó y encontró un lugar de privilegio desde el cual influir, no tardó en tomar distancia de Puga y los nacionalistas, que comulgaban con el viejo corporativismo y fueron perdiendo cargos y poder. Y había otra cosa: Puga era muy cercano a Manuel Contreras Sepúlveda, director de la DINA y simpatizante nacionalista, que aborrecía a Guzmán y desconfiaba de él y lo espiaba, con el propósito de enfrentarlo a Pinochet. 

Un informe secreto de la DINA sobre Guzmán, citado por Vial en su biografía, da cuenta de “un individuo brillante”, para quien la política “es un tablero de ajedrez donde maneja desde Su Excelencia el Presidente de la República, aunque él crea lo contrario”, hasta el último funcionario de gobierno. Lo que omite Vial de ese informe es que dice además que Guzmán estaba empeñado en “la búsqueda misionera de adeptos entre los hijos de personajes de poder empresarial y periodístico, obviamente para llegar a los padres”; y que con ellos “forma su grupo de ayudantes y admiradores” a los que “les da retiro” en su departamento de calle Galvarino Gallardo, que tiene “a disposición de sus «jóvenes amigos»”.

El informe está fechado en noviembre de 1976 y bien pudo haberlo escrito Puga. De hecho, tal como lo hizo una década después, en el mismo informe alerta que Guzmán y los suyos persiguen desplazar a Pinochet y la Junta “para ubicarse (ellos) físicamente en ese puesto” y lograr una “apertura política amplia”. Aún no estaba acuñado el término de los duros y los blandos al interior del régimen; comenzó a instalarse a partir de un titular de 1979 de la revista Qué Pasa que dio cuenta de las dos almas al interior del gobierno, a propósito del debate sobre el proyecto de una nueva Constitución. La denominación puede llevar a equívocos, si es que no a una mirada condescendiente de unos sobre otros. Como plantea Manuel Gárate en su libro La revolución capitalista de Chile (Ediciones UAH, 2002), el proyecto económico y social de los Chicago Boys, que hicieron suyo los gremialistas, “no podía llevarse a cabo sin un marco represivo acorde a la profundidad y rapidez de los cambios impuestos desde el poder central”, que implicó privatizaciones entre gallos y medianoche y la reducción profunda de gasto público y derechos laborales, entre otras medidas. 

Los blandos necesitaban de los duros, y según la ocasión, podían ser tanto o más duros que los otros. El mismo Guzmán, en una de sus primeras recomendaciones como asesor, planteaba en un memorándum que “el éxito de la Junta está directamente ligado a su dureza y energía, que el país espera y aplaude. Todo complejo o vacilación a este propósito será nefasto”. 

Como sea, la disputa entre ambos, que pareció haberse zanjado para siempre en la segunda mitad de los setenta, una vez que se asumió el modelo neoliberal, volvió a revivir a comienzos de la década siguiente. Una portada de noviembre de 1982 de la revista Hoy es elocuente al respecto. Retratados por un caricaturista que los sitúa de frente, desafiantes, en un duelo de gallitos, Puga y Guzmán aparecen en portada con el titular Dos oficialistas en pugna. En las páginas interiores se da cuenta de un ambiente de “antesala de un apocalipsis político”, producto de la crisis económica y el desprestigio de los Chicago Boys, a quienes hasta hace poco se atribuía un “milagro económico”. El país está próximo a estallar y Guzmán, en respuesta a una virulenta columna de Puga en La Tercera, identifica a este último entre los “exponentes del fascismo criollo”. De vuelta Puga responde con dureza, como sabe hacerlo. Guzmán y sus acólitos “son ratas que abandonan el barco”, dice. 

LOS AMANTES SECRETOS DEL RÉGIMEN

A la semana siguiente de la primera jornada de protesta nacional, el analista volvía a redactar un nuevo informe político. Y luego otro, y otro, y otro. La coyuntura política de esos días no daba tregua al asesor y su máquina de escribir. Como si no hubiera quedado claro en el informe anterior, este del 19 de mayo de 1983 da por hecho que “el desembarco del sector gremialista del Gobierno continúa de una manera tan precipitada que da la impresión de que creen que ha llegado la hora del fin del Gobierno”. Y tres días después, un domingo 22 de mayo, acusa una “confabulación de la derecha política con la Democracia Cristiana, la Social Democracia, el Partido Socialista y grupos como los gremialistas y otros, que están realizando un trabajo de unión en la cúpula que les permite, bajo el alero de la Iglesia Católica, llegar a poner al Gobierno en una disyuntiva fatal”. 

Para mayor abundancia, un mes después, informa de una “reunión conspirativa” celebrada en la casa del ex senador Fernando Ochagavía Valdés, a la que concurrió lo más granado de la antigua derecha chilena. Francisco Bulnes Sanfuentes, Julio Durán Neumann, Sergio Diez Urzúa, Juan de Dios Carmona Peralta y el dueño de casa. Y, claro, cómo no, Jaime Guzmán Errázuriz, que de acuerdo con el informe propone “una salida honorable” a un general Pinochet acorralado por las protestas y una economía en crisis. “En caso contrario”, reporta Puga, citando lo que habría dicho Guzmán, “el grado cada vez más creciente de descontento popular podía llevar al país a una guerra civil que indudablemente el general Pinochet desconocería hasta que ella se hubiera producido en sus narices”.   

Todos los que estuvieron presentes en esa reunión están muertos. Y todos los dirigentes políticos del gremialismo de ese entonces contactados que siguen con vida —Juan Antonio Coloma, Andrés Chadwick, Javier Leturia,  Hernán Larraín— no atendieron los llamados o declinaron hablar para esta serie de reportajes. En su biografía sobre Pinochet, al dar cuenta de este periodo, el historiador Gonzalo Vial dice que “se agrietaba el respaldo de que había gozado el régimen militar en aquellos sectores político-sociales que, hasta entonces, siempre estuvieron con él”. Y Guzmán, en su libro Escritos personales (Zig Zag, 1992), sitúa 1982 como el año en que se interrumpe “un trabajo bastante estrecho con diversos ministros de Estado”, sin entrar en detalles sobre los motivos del fin de esa colaboración. 

La llegada de Sergio Onofre Jarpa al Ministerio del Interior en agosto de 1983  fue una derrota para los gremialistas, que fueron desplazados de sus cargos junto a varios Chicago Boys, aunque no perdieron del todo su poder.

Quizás el distanciamiento definitivo está marcado por el cambio de gabinete que significó la salida del general de brigada Enrique Montero Marx como ministro de Interior, reemplazado en agosto de 1983 por un viejo político de derecha como era Sergio Onofre Jarpa. El líder de los gremialistas, escribe Puga, se opuso a ese cambio porque decía “que manejaba a Montero plenamente”. Según el biógrafo de Pinochet, Onofre Jarpa hizo “una razzia anti gremialista y anti Chicago Boys” apenas quedó instalado al frente del Ministerio del Interior, encomendado a abrir el diálogo con la oposición y flexibilizar la censura de prensa. El fin del régimen se veía cerca. 

En ese estado de cosas, los nacionalistas vieron una oportunidad para recuperar la influencia perdida al interior de la dictadura. Pero esa tarea no era nada fácil. El mismo Puga, en el citado informe del 22 de mayo de 1983, se quejó de que aún en el escenario descrito —cuando “la situación económica del país está siendo cada vez más grave y cuestionada” y “la calle pertenece a la oposición”—, “hasta los nacionalistas se sienten heridos en su apoyo, que ha sido rechazado reiteradamente, y frente a los cuales se mantiene una actitud poco menos que de secreta relación”. 

Los nacionalistas como amantes del dictador. Una relación no enteramente reconocida ni menos correspondida. Esa misma figura usó Puga tres décadas después, en una serie de entrevistas con el autor de este texto, cuando dijo que desde fines de los setenta solía reunirse con Pinochet en el Club Militar o en la oficina de la Comandancia en Jefe del Ejército, nunca en La Moneda, porque ahí podía encontrarse con Jaime Guzmán. “Ya se guiaba mucho por Guzmán, yo no sé, estaba encandilado por ese tipo, entonces yo era como el amante secreto”.

Pinochet pudo haber estado encandilado por Guzmán, pero en La historia oculta del régimen militar (La Época, 1988), de Ascanio Cavallo, Manuel Salazar y Óscar Sepúlveda, se dice que para 1984 las relaciones del abogado gremialista y La Moneda “habían llegado a su punto más bajo”. También se dice que un año antes Pinochet se allanó a integrar a algunos nacionalistas al gabinete, cosa que al final se frustró, y que por esas mismas fechas Pinochet celebró un almuerzo en su casa de Bucalemu con “algunos nacionalistas de relieve, que tenían una severa opinión sobre lo que estaba ocurriendo” y “acusaban al gremialismo de copar las subsecretarías y hacer la guerra contra los cambios que el gobierno requería”. El libro no da cuenta de los nombres de los presentes en el almuerzo, a excepción de uno en particular: 

“La velada tuvo un final gentil y amistoso gracias a que un joven capitán llamado Álvaro Corbalán la animó con la guitarra”.

El agente de la CNI Álvaro Corbalán tocó la guitarra en un encuentro de nacionalistas en la casa de Pinochet (CC BY 3.0 CL, via Wikimedia Commons)

LA LEALTAD ES NUESTRA HONRA

Además de músico aficionado, figura de la farándula nocturna y agente operativo de la CNI, el capitán de Ejército Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla fue uno de los precursores de Avanzada Nacional, el movimiento que los nacionalistas chilenos fundaron en 1983 con el objetivo de proyectar la figura de Augusto Pinochet y dotarla de una base de apoyo popular para su permanencia en el poder. Un ejército de civiles incondicionales, no como los otros. De hecho, el lema del movimiento fue La lealtad es nuestra honra, fronterizo con el lema de las SS del nacionalsocialismo: Mi honor se llama lealtad.

Como se relata en uno de los reportajes de esta serie, el debut de Avanzada Nacional ocurrió el 10 de septiembre de 1983, en un acto en el cerro San Cristóbal de Santiago que fue transmitido en directo por Televisión Nacional de Chile, gracias a los oficios del agente Corbalán, que gestionó las transmisiones de la televisión pública. Mucho menor atención tuvo el evento en la prensa del día siguiente. En una nota breve de Las Últimas Noticias, se informó que “centenares de jóvenes pertenecientes al movimiento «Avanzada Nacional» realizaron anoche una vigilia y un acto de homenaje «en agradecimiento a los 10 años de Gobierno de las Fuerzas Armadas», en la cumbre del cerro San Cristóbal”. 

El agente de la CNI Álvaro Corbalán fue uno de los precursores de Avanzada Nacional, el movimiento que los nacionalistas chilenos fundaron en 1983 con el objetivo de proyectar la figura de Augusto Pinochet y dotarla de una base de apoyo popular para su permanencia en el poder. 

Sus orígenes se remontaban a la revista filo fascista Avanzada, creada por el abogado y colaborador de los servicios represivos de la dictadura Guido Poli Garaycochea. También al rumano Horia Sima, precursor de la Guardia de Hierro que apoyó a la Alemania nazi y luego a Francisco Franco. Según el periodista Manuel Salazar, Sima recomendó a los nacionalistas chilenos “fundar un partido político que aglutinara a los seguidores de Pinochet y proyectara su gobierno hacia el futuro”. La tarea le fue encomendada al agente Corbalán, con el beneplácito de los mandamases de la CNI, que que a la vez obedecían órdenes de Pinochet. Como era un movimiento formal, que aspiraba a fundar un partido político, Avanzada Nacional tuvo emblema, himno y una doctrina que Corbalán le encomendó escribir a su amigo Álvaro Puga. 

Esto último también lo narra Manuel Salazar en Las letras del horror. Tomo II: la CNI (LOM, 2012), que aborda el papel de Puga en los orígenes del movimiento y sus vínculos con la CNI. Puga era un hombre con iniciativa, acostumbrado a actuar en las sombras. Así, el 29 de agosto de 1983, en los diarios nacionales apareció un extraño inserto a página completa de una tal Alianza Independiente de la que hasta entonces nadie había escuchado hablar y que llamaba “a formar un gran movimiento cívico-militar (….) que proyectará fecunda y duraderamente hacia el futuro la labor del actual Gobierno”. 

En lugar de un nombre, el inserto estaba firmado únicamente por una cédula de identidad. Y claro, al día siguiente se supo que esa cédula pertenecía a Álvaro Puga Cappa. 

Aunque puede suponerse que ese inserto fue una suerte de manifiesto de los principios que inspiraron a Avanzada Nacional, un par de días después uno de los principales referentes del nacionalismo chileno, Pablo Rodríguez Grez, cuestionó la representatividad de la publicación y al mismo Puga. Y de vuelta, en el mismo artículo, como si se tratara de una comedia de equivocaciones, Puga “negó valor, credibilidad y plausibilidad a lo dicho por Rodríguez, o más aún, a la mera posibilidad de que lo haya dicho”. 

Ni los nacionalistas de ese entonces ni Puga se caracterizaban por su disciplina partidaria y espíritu de camaradería. En eso se diferenciaban por lejos de los gremialistas. Mucho más tarde, Puga reconoció que “en general me llevaba muy bien con los militares; mi problema era con algunos civiles”. Cómo no. A fin de cuentas, fueron los civiles adeptos a Jaime Guzmán quienes lograron sacarlo de la jefatura de la oficina de Asuntos Públicos, a fines de los setenta, luego de acusarlo de quedarse con un porcentaje de los avisos publicitarios que contrataba a nombre del gobierno. 

UN TENTÁCULO DE LA CNI

Aun cuando a mediados de los ochenta Jaime Guzmán estaba distanciado de las altas esferas del poder dictatorial, y aun cuando el historiador Gonzalo Vial asegura que la llegada de Sergio Onofre Jarpa al gobierno hubo una razzia gremialistas, los documentos de Puga dan cuenta de que los hombres de Guzmán se las arreglaron para seguir ocupando cargos de relevancia. Subsecretarías, alcaldías, jefaturas de servicios, cargos técnicos y directivos de las empresas públicas que aún no se privatizaban. En la práctica, de acuerdo con un informe de fines de 1983, eran “cientos de funcionarios públicos a quienes ellos (los gremialistas) colocaron en la administración mientras les duró el poder y que hoy defienden contra viento y marea, ejerciendo siempre ese poder de un modo bastante misterioso, porque nadie ha podido llegar a saber cuál es el puente que utilizan para convencer al Presidente de la República, de manera tan rápida (…) mientras los verdaderos partidarios son perseguidos y acosados permanentemente”.

Los verdaderos partidarios del gobierno estaban agrupados en torno a Avanzada Nacional, que se fundó con el propósito de perpetuar el poder de Pinochet, al tiempo que el ministro Jarpa llevaba a cabo un proceso de apertura y negociación política. Los gremialistas también hicieron lo propio, y por esas mismas fechas crearon la Unión Demócrata Independiente (UDI). Sergio Onofre Jarpa, escribe Puga, “sigue siendo para muchos partidarios del gobierno y ex partidarios la figura clave de los próximos meses, porque en él esperan encontrar el término medio que se requiere para adelantar el cronograma político y poner al país en un gobierno democrático antes de 1985”.

Con ese ánimo anticipatorio que lo impulsaba, ayudado por informantes y acciones de espionajes, el asesor se enteró de que hasta el mismo Jarpa y sus cercanos “están preparando el gran partido de derecha (…) que empezaría en el sur de Chile y con el cual proyectan reunir 1.000.000 de votantes”. Ese partido, que el memorando identifica como Alianza Nacional, bien pudo ser Unión Nacional, que a partir de 1987 fue inscrito con el nombre de Renovación Nacional. 

Aunque Avanzada Nacional se oponía al proceso de apertura política, en la agrupación se quejaban de ser excluidos de las negociaciones en La Moneda. De eso habla en parte un memorándum que se presume de 1984, relativo a una reunión convocada por el jefe de gabinete de Jarpa a la que fueron invitados todos los líderes políticos, a excepción de los de Avanzada Nacional, “porque según la expresión de uno de los integrantes de ese gabinete, ese movimiento sólo «es un tentáculo del CNI»”. 

Quién sea que haya dicho eso, estaba en lo correcto. En su primera directiva, por nombrar a los dos más visibles, estaban el cantautor Willy Bascuñán y el músico Óscar Olivares, uno de los dos integrantes del grupo Los Perlas. Una fachada de quienes estaban detrás, gobernando en las sombras, en favor de un proyecto que según un artículo de la revista Qué Pasa “rechaza por igual el marxismo y a la democracia tradicional de orientación liberal”.

Ni los nacionalistas de ese entonces ni Puga se caracterizaban por su disciplina partidaria y espíritu de camaradería. En eso se diferenciaban por lejos de los gremialistas.

En buenas cuentas, era un movimiento a la medida de Pinochet, que a decir del ex diputado y funcionario de la dictadura, Maximiano Errázuriz, solía encargarle tareas políticas a la CNI. Alguna vez le pidió incluso “un plan de desarrollo sobre cómo y hacia dónde debía avanzar el país”. En ese entendido, no es extraño entonces que le encargara también la fundación de un movimiento político como Avanza Nacional. Un partido “de mercenarios, vendidos al neoliberalismo”, dice hoy Roberto Thieme, uno de los fundadores del Frente Nacionalista Patria y Libertad, quien tomó distancia de la dictadura y los nacionalistas de su generación, que a su juicio terminaron “fanatizados” por la figura del dictador. 

De hecho, el 9 de julio de 1986, en el gimnasio La Tortuga de Talcahuano, Avanzada Nacional organizó un primer gran acto de masas en el que Pinochet recibió un carné simbólico que lo acreditaba como el primer militantante de ese partido, formalizado al año siguiente ante los nuevos registros electorales. 

Fueron reabiertos el 25 de marzo de 1987, y la mañana de ese día, Augusto Pinochet Ugarte, sonriente, vestido de civil, de traje color crema, zapatos blancos y una perla prendida a la corbata, fue el primer ciudadano chileno en inscribirse. 

JUNTOS Y REVUELTOS

En un reportaje de la revista Cauce, publicado en julio de 1986, se dice que Avanzada Nacional era controlada en las sombras por un agente de la CNI al que llamaban Álvaro Valenzuela y que el partido recibía recursos millonarios de ese mismo servicio represivo y de la Secretaría General de Gobierno. Más tarde se supo que Álvaro Valenzuela era la chapa de Álvaro Corbalán Castilla, ex agente operativo que hoy cumple cadena perpetua por varios crímenes en dictadura y que en 1989 llegó a dirigir el partido con su verdadero nombre. 

Aunque Avanzada Nacional se oponía al proceso de apertura política liderado por Jarpa, en la agrupación se quejaban de ser excluidos de las negociaciones en La Moneda.

En la misma revista se recoge el testimonio de un dirigente, que reconoce que, además de proselitismo, Avanzada Nacional realizaba atentados a parroquias y acciones de amedrentamiento a opositores, de modo de “ir creando un clima de terror en la población”. Y que en tanto grupo paramilitar, con fachada de partido, la agrupación postulaba en sus estatutos que “todo cuanto se hace al interior del movimiento tendrá siempre el carácter de secreto”. 

En paralelo a sus actividades secretas, en Avanzada Nacional reunían firmas para constituirse legalmente como partido político, de manera de afrontar las elecciones que se avecinaban a fines de los ochenta, en el comienzo de la transición a la democracia. Lo mismo hacían Guzmán y sus seguidores en favor de la Unión Demócrata Independiente, que una vez sorteada la crisis económica, volvieron a declarar lealtad a Pinochet y lo apoyaron en su postulación al plebiscito de 1988. En el fondo, nunca lo abandonaron del todo. Ni tampoco Pinochet los abandonó. Ya lo decía Álvaro Puga, en vísperas de la primera protesta nacional de mayo de 1983. Una y otra vez, pase lo que pase, “curiosamente quienes representan al gremialismo en sus ideas políticas y económicas son rehabilitados públicamente”.

por Juan Cristóbal Peña

Un proyecto multimedia realizado por la revista Anfibia Chile y la Universidad Alberto Hurtado, en alianza con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos lanzó una serie de crónicas Álvaro Puga, donde se revelan documentos de inteligencia, espionaje, propaganda y pugnas de poder al interior del régimen de Pinochet, a 50 años del golpe de Estado.

El Primer Civil de la Dictadura. Los Archivos Secretos de Álvaro Puga es un proyecto multimedia realizado por la revista Anfibia Chile y la Universidad Alberto Hurtado, en alianza con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Consiste en la liberación de 166 documentos de inteligencia elaborados por el propagandista y asesor de los servicios represivos de la dictadura Álvaro Puga Cappa en los años setenta y ochenta.

Junto con la publicación de los archivos, propone un micrositio alojado en la revista Anfibia Chile con reportajes y artículos que analizan y contextualizan los documentos de manera temática, un podcast narrativo y un repositorio con una serie de audiovisuales propagandísticos realizados por la dictadura (gentileza de TVN y la Cineteca Nacional).

Los archivos secretos de Álvaro Puga contienen discursos de Pinochet, planes de gobierno, informes políticos, de inteligencia y de espionaje, además de planes de propaganda, operaciones psicológicas y montajes. Detallan la rivalidad de los funcionarios civiles (en especial la pugna entre nacionalistas y gremialistas) y la participación de informantes de gobierno y oposición.

Será presentado el martes 22 de agosto, a las 12:00 horas, en el auditorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ese día los realizadores del proyecto harán una donación de los documentos, en conversación entre Juan Cristóbal Peña y Francisca Skoknic (editores del proyecto), Cristian Alarcón (director de Anfibia Chile), María Fernanda García (directora del Museo de la Memoria) y la participación de la escritora Diamela Eltit, el actor Rodolfo Pulgar (en una lectura performática) y la artista Nona Fernández (que nos presta su voz para el video-presentación). La actividad será transmitida a través de UAH TV. Actividad gratuita, cupos limitados.

Propagandista, censor, guionista y dramaturgo, Álvaro Augusto Pilade Puga Cappa (1929-2015) fue un personaje multifacético y de extremos, que representó los excesos de la dictadura militar, a la que procuró darle un relato épico y fundacional. Estuvo desde las primeras horas del golpe de Estado redactando bandos militares y su temprana cercanía con Pinochet y los altos mandos castrenses lo alzó como el primer asesor civil del régimen. Desde ese lugar, escribió discursos e informes de inteligencia, y diseñó operaciones psicológicas y montajes como la Operación Colombo, por encargo de la DINA y luego de la CNI.