Potin Lailhacar Andrés Pablo

Por “denegación de justicia” en el crimen de su padre, los hijos del edecán naval del Presidente Salvador Allende, capitán de navío Arturo Araya Peters, demandarán mañana al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La presentación ante el órgano de la Convención Americana de Derechos Humanos incluye una demanda civil para que el Estado repare materialmente a los cuatro hijos y a la viuda.

De esta manera, el homicidio del oficial, ocurrido el 27 de julio de 1973, saldrá por primera vez de Chile para convertirse en materia de justicia internacional. La acción se interpondrá a las 12 horas de mañana en la sede en Santiago de Cepal.

El abogado Arturo Araya hijo, que patrocinará el recurso, explicó a La Nación que “ya nos cansamos de golpear las puertas de los tribunales chilenos para obtener justicia por el crimen de nuestro padre”. Agregó que “el Estado de Chile es responsable de la muerte de nuestro padre porque colaboró en la impunidad de su asesinato. El proceso que instruyó la justicia naval en Valparaíso tuvo una gran cantidad de vicios. Basta decir que la causa se caratuló como ‘maltrato de obra a personal de las Fuerzas Armadas’ y la pena mayor que se aplicó, de tres años de presidio, fue indultada al poco tiempo por el general Augusto Pinochet”.

El camino de recurrir a la CIDH fue el mismo que utilizó la familia del asesinado diplomático Carmelo Soria.

El Juzgado Naval de Valparaíso rechazó recientemente reabrir la investigación del crimen. La sentencia del proceso se dictó el 26 de diciembre de 1978. De 19 procesados de un grupo de ultraderecha vinculado con Patria y Libertad, sólo uno fue condenado a tres años de presidio, los que no cumplió. Del resto, hubo tres sentenciados a 541 días sólo por porte ilegal de armas y los otros quince a penas de 61 a 21 días de cárcel. Ninguno cumplió las condenas.

De la querella interpuesta el año pasado por los hijos y que instruye la jueza del 17º Juzgado de Crimen de Santiago, Patricia González, Arturo Araya afirmó que “lleva casi un año y no hay adelanto. Nos han negado seis veces el acceso al sumario y nos cansamos de pedir justicia”. Además de dirigirse “contra quienes resulten responsables” del “homicidio de nuestro padre”, la querella se interpuso también por “denegación de justicia”, por múltiples irregularidades en el proceso, en contra del ex juez naval vicealmirante (R) Arturo Troncoso; el ex fiscal naval capitán de navío (R) Aldo Montagna; el ex auditor naval capitán de fragata (R) Enrique Campusano; y el ex secretario del Juzgado Naval de Valparaíso y actual cónsul general de Chile en Caracas (Venezuela), Jorge Garretón Iturra.

Las sorpresas del expediente

* Guillermo Claverie Bartet: único condenado, a tres años de presidio; no se lo detuvo sino hasta el 15 de julio de 1981. Ingresó ese día a la cárcel de Valparaíso y Pinochet lo indultó el 10 de agosto del mismo año. Cumplió 25 días de la pena.

* Andrés Potin Laihacar: mientras estuvo procesado en libertad integró la organización represiva Comando Conjunto (CC). En enero de 1979 pidió al Juzgado Naval salir a EE.UU. por dos meses. “Como se pide”, autorizó el tribunal. En agosto de ese año volvió a pedir permiso para salir “a Europa” por tres meses como “asesor de la Superintendencia de Bancos”. “Ha lugar”, contestó el tribunal. En 1980, Potin solicitó salir a practicar “paracaidismo” por un mes a Argentina. “Como se pide”, se autorizó. Condenado a 41 días. Hoy está procesado en causas por desaparecidos.

* Luis Palma Ramírez (alias ‘El Fifo’): mientras estuvo procesado y prófugo integró el CC. Sin embargo, “su nombre no está registrado en el Gabinete de Identificación” se establece en el expediente. En 1979 se presentó “voluntariamente” para notificarse de la condena de 541 días, que no cumplió. Hoy está procesado en causas por los crímenes del CC.

* Edmundo Quiroz Ruiz: el Juzgado Naval de Valparaíso lo citó a comienzos de febrero de 1979 para notificarlo de los 26 días de prisión a los que lo condenó por el crimen. Este respondió, según el expediente, que “voy a fin de mes, porque estoy trabajando”.

* Rafael Mardones Saint-Jean: durante el proceso pidió permiso para “ir de luna de miel a Estados Unidos por 17 días”. “Ha lugar”, autorizó el juzgado. Condenado a 61 días.

INTERFERENCIA está entregando a sus lectores, en una decena de capítulos, el libro que narra la biografía del fallecido general (R) Manuel Contreras Sepúlveda, ex jefe de la DINA durante la dictadura cívico militar del general Augusto Pinochet. Creemos que este es un modo de no olvidar uno de los capítulos más negros de la historia contemporánea de nuestro país.

Hasta la década de los años 60 no se hablaba en el Ejército de Chile de la Inteligencia como función primaria del mando. Existía sólo el Servicio de Informaciones, en esa calidad, así como son simples servicios los de Transportes, Intendencia, Sanidad y Material de Guerra, entre otros.

La creciente influencia estadounidense en los ejércitos americanos indujo a los mandos a transformar el Servicio de Informaciones, otorgándole  la función de inteligencia, tal como, por ejemplo, en el contexto de esa misma influencia, la tradicional arma de Zapadores pasó a llamarse de Ingenieros.

No obstante, la mentalidad conservadora que parece caracterizar a todos los ejércitos del mundo dificultó el florecimiento de la nueva función primaria. Al alto mando de entonces no le hacía mucha gracia la existencia de militares que usaran el cabello un poco largo y que vistieran de civil.

En 1967, el teniente coronel Luis Alvarado y el mayor Sergio Fernández fueron comisionados para seguir un curso especial de inteligencia de nueve meses de duración en Fort Gulick, Canal Zone, Panamá.

Esos oficiales son considerados los pioneros de la inteligencia militar chilena contemporánea.

Desde 1968, se empezaron a impartir los primeros cursos de inteligencia para personal de suboficiales, los que tendían fundamentalmente a enseñar la doctrina de seguridad militar y el empleo de claves para el cifrado de mensajes secretos. El mayor Sergio Fernández, aun cuando tenía el grado de capitán, inventó y consagró un criptógrafo, una máquina de claves: el Capfer, sigla del capitán Fernández.

Cuando se hubo contado con suficiente personal capacitado en los rudimentos de la Inteligencia, se empezó a hablar oficialmente de Servicio de Inteligencia Militar (SIM).

La guerra de Vietnam hizo que los estadounidenses redoblaran sus recomendaciones y entonces, en el Estado Mayor  del Ejército chileno  se empezó a mirar con preocupación los brotes subversivos representados por Espartaco, primero, y luego por el MIR. Al mismo tiempo se observaba con desconfianza la labor de la Policía Política de Investigaciones, institución que, en el ambiente castrense, se reputaba como corrupta.

Por tales razones,  los cursos de inteligencia empezaron a incluir temas como la subversión y la contra subversión y, con no pocas dificultades, se comenzó a infiltrar personal militar en entidades estatales como Corfo, Cora, Indap y en algunos ministerios.

El descubrimiento en 1968 de una célula del MIR en la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales del Ejército en Colina,  terminó de convencer al alto mando militar de la necesidad de subir a la categoría de función primaria al servicio de Inteligencia. Nació así la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, y se empezó a entrenar a oficiales en tal subespecialidad.

El primer revés importante de la Dirección de Inteligencia del Ejército estuvo constituido por el hecho de que el llamado ‘‘acuartelamiento del Tacna’’, el 21 de octubre de 1969, tomó por sorpresa al mando militar de entonces. No obstante, no es descartable que los medios de inteligencia de ese tiempo ‘‘no hayan querido saber’’ lo que era un secreto a voces: el indiscutido liderazgo del general Roberto Viaux Marambio sobre la oficialidad y suboficialidad del Ejército y sus frecuentes reuniones clandestinas previas a la ocupación del Regimiento Tacna.

Superado el levantamiento del general Roberto Viaux, en las postrimerías del gobierno del Presidente Frei surgió como una posibilidad cierta una eventual victoria electoral de la izquierda. Entonces, los grupos de ultraderecha empezaron a converger en busca de acuerdos y de estrategias comunes.

Conocido el triunfo de Salvador Allende, tomaron la decisión de impedir su ratificación por el Congreso Pleno. A partir del 5 de septiembre de 1970, los bombazos y atentados a las vías férreas y sistemas de electrificación sacudieron al país. Irrumpió una autodenominada Brigada Obrero Campesina, de misterioso origen, que se adjudicó varios de los ataques. Más tarde se conocerían los nombres de los comprometidos en ese verdadero ente fantasma.

Surgió también un Frente Cívico dirigido por el abogado Pablo Rodríguez, que a partir de marzo de 1971 pasó a llamarse Frente Nacionalista Patria y Libertad, y que pronto llegaría a tener cerca de tres mil integrantes, la mayoría secretamente compartimentados.

Una comisión política oculta dirigía los diversos frentes del movimiento: un aparato de inteligencia, grupos de apoyo y de choque distribuidos en doce unidades territoriales y tres jefaturas nacionales, en el norte, centro y sur del país.

Los militantes eran adiestrados en códigos, manejo de armas, defensa personal, manipulación de explosivos, sistemas de enlace y otros conocimientos necesarios para el trabajo clandestino de subversión.

El aparato militar estaba construido sobre la base de núcleos, pelotones y escuadras, dirigidos y adiestrados en muchos casos por ex oficiales de las Fuerzas Armadas.

En Santiago operaban 20 grupos de choque, de 25 miembros cada uno. Disponían de un servicio de inteligencia con cerca de 25 vehículos provistos de radios para captar las transmisiones de Carabineros, Investigaciones e incluso del Ejército. El financiamiento de estas actividades provenía de importantes empresarios y connotados dirigentes sociales, quienes, a su vez, recibían apoyo del exterior.

El Partido Nacional, en tanto, surgido de la fusión de conservadores, liberales y nacionalistas, creó el comando Rolando Matus, que encabezó el presidente de la juventud, Juan Luis Ossa. Nacieron, además, grupos como Solidaridad, Orden y Libertad, SOL; La Unión Cívica Democrática, creada a fines de 1971 con 186 firmas, 28 de las cuales correspondían a oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas; el Partido Viauxista, presidido por el capitán (R) Víctor Catalán, y con el abogado Carlos Miranda Arrau como secretario; y, la Junta Unificadora Nacionalista, dirigida por el general (R) Alfredo Canales, entre otros grupos.

En el otro bando, los partidos y movimientos de izquierda se aprestaban a defender como fuese el triunfo popular. La tensión era creciente y mientras cientos, miles de chilenos, vendían sus bienes y abandonaban Chile huyendo del régimen marxista, se produjo un hecho que sacudió al país hasta sus cimientos.

Aquella mañana sonó el teléfono en las oficinas de la agencia United Press International,  en el noveno piso de un edificio ubicado en calle Nataniel, frente a la Plaza Bulnes. El director de la agencia, el periodista Roberto Mason, tomó el fono y al escuchar se puso pálida.

-¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Cómo? ¿Cuántos eran? ¿Cómo está? ¿Quiénes fueron?…..

Colgó y se sentó frente a su máquina de escribir. Las palabras empezaron a salir veloces…

-En rápida operación comando, terroristas dispararon hoy contra el comandante en Jefe del Ejército, general René Schneider, hiriéndolo de gravedad, 48 horas antes de la reunión del Congreso Pleno que debe proclamar Presidente electo al doctor Salvador Allende, socialista.

Schneider fue sometido a operaciones de urgencia en el Hospital Militar, para extraerle tres proyectiles que tenía alojados en el cuello, en el tórax y en un antebrazo.

El Ministerio de Defensa anunció que debido al atentado, el general Carlos Prats asumió el comando en jefe del Ejército, como subrogante.

Agregó que ‘‘el Ejército deplora esta cobarde agresión y reitera a la ciudadanía que continuará inalterable en el cumplimiento de su misión’’.

El atentado ocurrió cuando el general Schneider se dirigía en automóvil desde su residencia en el barrio alto hacia el ministerio de Defensa.

Tres automóviles interceptaron el vehículo del jefe militar y varios terroristas luego de romper los vidrios del coche dispararon con revólver hacia el interior.

Era la mañana del 22 de octubre de 1970 y la noticia hizo repiquetear las campanillas de los teletipos en las salas de redacción de todo el mundo. América, Asia y Europa miraban atentamente el proceso político chileno. Era la primera vez que una alianza marxista llegaba al poder a través de las urnas.

Schneider murió a las 7:52 del 25 de octubre, a consecuencia de dos heridas de bala en el abdomen y en el tórax, además de una grave lesión en el hígado.

Casi ocho meses después, el fiscal militar Fernando Lyon Salcedo entregó su dictamen sobre el homicidio del general Schneider. En 12 páginas y 27 acápites, Lyon resumió la conspiración, la planificación y el asesinato del jefe del Ejército.

Según la resolución, el general (R) Roberto Viaux Marambio, previa concertación con su suegro Raúl Igualt Ramírez, y con el fin de ‘‘alzarse contra el gobierno constituido’’, encargó a Juan Diego Dávila Basterrica la misión de coordinar a diversos grupos de personas que se pusieron a su disposición para estudiar y preparar el secuestro de los cuatro generales de mayor antigüedad. Estos eran René Schneider Chereau, Carlos Prats González, Pablo Schaffhauser Acuña y Manuel Pinochet Sepúlveda.

Inicialmente los conspiradores decidieron secuestrar a los generales Schneider y Prats el día 19 de octubre, luego de una comida que el cuerpo de generales de la guarnición de Santiago ofrecería a su comandante en jefe. El intento falló pues Schneider salió de la reunión en su vehículo personal no el que usaba habitualmente, de cargo a la comandancia de la institución.

Los conjurados intentaron secuestrar a Schneider nuevamente el día 20 de octubre. El intenso tránsito impidió que la maniobra se realizara.

Finalmente, el día 22 de octubre, a las 7:30, instalados en varios automóviles, esperaron al general en el lugar elegido para el secuestro, en las inmediaciones de Américo Vespucio con Martín de Zamora.

Cerca de las 8 horas salió el automóvil de Schneider, que fue seguido hasta el sector de la emboscada. En un momento, varios vehículos interceptaron al del oficial. De ellos bajaron varios hombres que destrozaron los vidrios de las ventanas traseras. A continuación, a lo menos cuatro de los secuestradores dispararon diversas armas hacia el interior, hiriendo gravemente al comandante en jefe del Ejército.

Los que dispararon fueron identificados por el fiscal Fernando Lyon como Jaime Melgoza, Juan Luis Bulnes Cerda y Diego Izquierdo Menéndez. El fiscal no logró precisar quién disparó el revólver cuyas balas impactaron en el cuerpo del oficial.

Varios de los responsables argumentaron en su defensa que ellos obedecían órdenes de una secreta organización, cuyos presuntos jefes aún permanecían en las sombras.

En junio de 1972, el juez militar de Santiago, general Orlando Urbina, dictó sentencias en primera instancia sobre el asesinato de Schneider. Las penas impuestas fueron las siguientes:

José Melgoza Garay: A presidio perpetuo e inhabilidad absoluta de sus derechos políticos y ciudadanos, como autor del homicidio calificado del comandante en jefe del Ejército; y a tres años y un día de relegación en su grado máximo a Achao, como autor de delitos en contra del orden público.

Roberto Viaux Marambio: 20 años de presidio mayor en su grado máximo, e inhabilitación absoluta de derechos políticos y cargos públicos, como autor del delito de secuestro con resultado de muerte del general Schneider. Y cinco años de extrañamiento menor por delitos varios dentro de la Ley de Seguridad Interior del Estado.

Raúl Igualt Ramírez: A diez años y un día de presidio e inhabilitación de sus derechos como ciudadano mientras dura la condena, como autor del delito de secuestro con resultado de muerte del general Schneider, y a tres años de extrañamiento.

Luis Gallardo Gallardo: A quince años y un día de presidio mayor e inhabilidades ciudadanas, y tres años de relegación a la ciudad de Maullín, como autor del secuestro con resultado de muerte del general Schneider y por la Ley de Seguridad Interior del Estado.

Juan Diego Dávila Basterrica: A diez años y un día de presidio e inhabilidades ciudadanas por el delito de secuestro y a tres de extrañamiento por la Ley de Seguridad Interior del Estado.

Julio Fontecilla Rojas: A cinco años y un día de presidio mayor como autor de secuestro y a tres años de relegación en Curepto por actos sediciosos.

Carlos Silva Donoso, Carlos Labarca Metzger, Jaime Requena Lever, Rafael Fernández Stuardo, Luis Hurtado Arnés y Edmundo Mario Berríos: Todos a diez años y un día de presidio mayor e inhabilidad ciudadanas mientras dure la condena, como autores de secuestro con resultado de muerte, y a tres años de relegación a diversas ciudades del país.

Jorge Medina Arriaza: A diez años y un día de prisión y a tres años de relegación en Cunco.

Mario Montes Tagle: A diez años y un día de presidio e inhabilidades ciudadanas mientras dure la condena, como autor de secuestro.

Fernando Yarur Huerta, Julio Bouchón Sepúlveda, León Cosmelli Pereira, Raúl Igualt Ossa, Jorge Lagos Carrasco, Sergio Toperberg Volosky: Todos a tres años y un día de prisión e inhabilidades ciudadanas durante la condena como cómplices de secuestro y a todos también tres años de relegación a diversas ciudades por actos sediciosos.

Camilo Valenzuela y Hugo Tirado: A tres años de extrañamiento por infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado.

Juan Enrique Prieto Urzúa, Nicolás Díaz Pacheco y Roberto Vinet Llamazares: A tres años de relegación en diversas ciudadades del país.

Abdul Malak Zacur, Carlos Aravena Toro, Adolfo Ballas Ostergaard, Alejandro Cabriler Moya, Guido Poli Garaycochea, Boris Ravest Toro, Edwin Robertson Rodríguez, Mario Tapia Salazar, Edison Torres Fernández y Fernando Cruzat: A cada uno dos años de relegación a diversas ciudades del país como autores de delitos que alteraron el orden público, atentados dinamiteros y otros, producidos entre el 5 de septiembre y el 15 de octubre de 1970.

Alexis Sánchez Herrera: A 541 días de relegación por delitos similares.

Finalmente, el juez militar de Santiago dejó pendientes las penas que se impondrían a ocho prófugos, muchos de ellos autores materiales del homicidio del general Schneider. En ese caso estaban Juan Luis Bulnes Cerda, Julio Izquierdo Menéndez, Andrés Widow, Silan Leslie Cooper, Hiram Bey Bazán, Eduardo Maffei, Fernando Maffei y Rubén Santander.

El general Urbina condenó a 42 personas, dejó pendiente la sentencia para ocho prófugos y sobreseyó de toda culpa a cinco acusados.

La falla de los medios especializados en Inteligencia del Ejército se había repetido exactamente un año después del levantamiento del Regimiento Tacna.  El complot previo a la intentona fue también un secreto a voces y hasta hoy el MIR se jacta de haber infiltrado la denominada ‘‘Operación Alfa’’.

Se debe recordar que durante los funerales de Luciano Cruz, Miguel Enríquez dijo en su discurso póstumo que Cruz, entre muchos otros méritos personales, contaba el de haber hecho abortar el secuestro de Schneider.

La frustración de aquella intentona habría consistido en que, no estando previsto en absoluto disparar en contra del general, Luciano Cruz logró infiltrar entre los conspiradores a Rachid Saladino, militante del MIR, el que aprochando su ascendencia palestina no tuvo incoveniente para hacerse pasar por nacionalista.

Saladino habría logrado obtener una información completa

sobre los dos planes presentados a Viaux por dos de sus colaboradores: Luis Gallardo Gallardo, autor de la ‘‘Operación Alfa’’, el que en definitiva se puso en práctica, y Juan Diego Dávila Basterrica, diseñador de la ‘‘Operación Beta”. (Ver capítulo Guerra contra el MIR).

En el plano de las justificaciones posteriores, se llegó a decir que la inteligencia militar dejó hacer a los conspiradores a fin de no entorpecer el esfuerzo tendiente a impedir que el entonces presidente electo Salvador Allende asumiera sus funciones, pero, a la luz de los antecedentes disponibles y de un elemental sentido de la ética, tal versión no resiste el menor análisis.

Ocho meses después, algunos servicios de inteligencia detectaron que se cometería un atentado en contra de un importante hombre público con apellido de origen yugoslavo. Una discreta vigilancia empezó a operar sobre Pedro Vuskovic, Angel Faivovich. Se ordenó también proteger disimuladamente a Eduardo Frei, al cardenal Raúl Silva Henríquez y a Jorge Alessandri.

Minutos antes de las 11 de la mañana del 8 de junio de 1971, un comando armado de la denominada Vanguardia Obrera del Pueblo, VOP, asesinó al ex vicepresidente de la República, el demócrata cristiano Edmundo Pérez Zújovic, luego de interceptar el automóvil en que viajaba desde su residencia en Las Condes hacia el centro de la ciudad, acompañado de su hija María Angélica, de 30 años.

Pérez Zújovic había salido de su casa en calle La Bravanza a las 10:45 al volante de su automóvil Mercedes Benz rumbo a su oficina. Al doblar por calle Hernando de Magallanes, hacia el norte, fue interceptado por un automóvil Acadian Beaumont rojo, a bordo del cual viajaban tres individuos.

Uno de ellos descendió del vehículo con una metralleta en sus manos y tras romper el vidrio de la ventanilla izquierda disparó una ráfaga sobre el dirigente del PDC, incrustándole las balas en el cuerpo y en la cabeza.

En ese momento apareció en el lugar un automóvil Volskwagen con tres personas en su interior que presenciaron el ataque. El sujeto que empuñaba la metralleta se le acercó e intimidándolos con el arma les exigió las llaves del vehículo. 

Un instante después el individuo retornó al Beaumont y huyó con sus acompañantes hacia el sector norponiente de la capital.

Pérez Zújovic cayó sobre los brazos de su hija, que trató vanamente de contener la sangre que brotaba de sus heridas con un pañuelo. Un testigo que vivía frente al lugar de la emboscada, el actor Julio Jung, llegó presuroso al sitio de la tragedia. Un estudiante que iba a dar un examen a su escuela, Guillermo Arthur Errázuriz, se puso al frente del volante y condujo el Mercedes Benz hacia el Hospital Militar.

Diez minutos después de ingresar al centro asistencial falleció el ex vicepresidente del gobierno de Eduardo Frei.

El Presidente Allende habló al país por cadena de emisoras y comparó las muertes del general Schneider y de Pérez Zújovic.

‘‘En ambos hechos se advierte la introducción en nuestro país de prácticas absolutamente ajenas a su tradición. El móvil en los dos casos es el mismo: provocar una sensación de caos en un desesperado esfuerzo por alterar la normalidad’’, dijo el mandatario.

Horas más tarde la policía de Investigaciones logró identificar las huellas dactilares dejadas por los autores en el automóvil Beaumont que habían abandonado en un suburbio de Santiago. Correspondían a los hermanos Ronald y Arturo Calderón, el primero de ellos de 24 años, disidente del Comité Regional Sur de Santiago de las Juventudes Comunistas, donde había tenido responsabilidades dirigentes hasta 1966. Luego, con su hermano ingresó al MIR donde militó hasta 1969.

Ese mismo día, el PDC en una declaración pública exigió del gobierno ‘‘la inmediata disolución y sanción de todos los grupos armados que actúan en Chile al margen de la ley y la plena restitución de su autoridad a Carabineros y a la policía civil’’.

El PDC reclamó también del gobierno que ‘‘para el buen éxito de la investigación y esclarecimiento de los hechos, se entregue la dirección de todas las investigaciones a los servicios de inteligencia militar del Ejército’’.

Cinco días después del asesinato, el 13 de junio, en una acción conjunta de militares y policías, fueron localizados en el barrio Vivaceta los autores del crimen. Ronald Rivera fue abatido por los disparos de la policía y su hermano Arturo, que había sido indultado por el Presidente Allende en enero de ese mismo año, se suicidó antes de ser apresado.

El día 16, el tercer miembro del comando que dio muerte a Pérez Zújovic, Heriberto Salazar Bello, realizó un ataque suicida en contra del cuartel central de Investigaciones, matando a dos detectives, hiriendo a un tercero que luego falleció y destrozándose al activar varios cartuchos de dinamita que llevaba entre sus ropas.

La investigación sobre la VOP siguió su curso en los tribunales militares hasta lograr identificar, procesar y condenar a los siguientes individuos: Julio César Carreño Hernández, Galvarino Jorquera Galaz, Luis Pérez Azócar, Juan Heriberto Marchant Berríos, Víctor Soto Alvarez, Horacio Astorga Godoy, Jorge Muñoz Espinoza, Owens Salinas Cabello, Carlos Rojas Bustamante, Hernán Torres Salinas, José Bernardo Larrocha García, Arnaldo Carvajal García, Bernardo Ledermann K., Carlos Jorquera Galaz y José Aguilera Pavez.

Varios de ellos eran culpables de asesinar a los carabineros Luis Fuentes Pineda, Armando Jofré López y Tomás Gutiérrez, además de otros homicidios y diversos asaltos a bancos, supermercados y locales comerciales.

El arma con que fue asesinado Pérez Zújovic, una subametralladora Carl Gustav, había sido robada al carabinero Tomás Gutiérrez, el 24 de mayo, 14 días antes, luego de ultimarlo cobardemente.

En la dirección del Partido Socialista siempre hubo dudas sobre una eventual infiltración de la VOP. Tres o cuatro meses antes se habían incorporado cinco extranjeros al grupo, cuatro latinoamericanos y un japonés, que impartían instrucción militar y participaban en la elaboración de los planes de asaltos y expropiaciones.

Un militante socialista se infiltró días después en la VOP y pudo comprobar que los extranjeros habían participado en la elaboración del plan para asesinar a Pérez Zújovic. No obstante, cuando la policía de Investigaciones los detuvo en un predio de la localidad de Lampa, no pudo comprobar su complicidad en el crimen. Un tribunal ordenó dejarlos en libertad 24 horas después de su detención y a las pocas horas el grupo salió del país, no volviéndose a saber de ellos.

A mediados de junio de 1973 se reunieron en algún lugar de Santiago algunos oficiales del Regimiento de Blindados Nº 2, ubicado en la avenida Santa Rosa, con miembros de la dirección de Patria y Libertad. El propósito era planificar el levantamiento de esa unidad militar y el apoyo que le brindarían los civiles.

El capitán Sergio Rocha Aros y el teniente Guillermo Gasset pidieron que los miembros de Patria y Libertad les ayudaran a silenciar las radioemisoras marxistas, a conseguir combustible para los tanques y a tratar de contener el avance de algunas brigadas de izquierda en los principales accesos al centro de Santiago.

En la mañana del  miércoles 27 de junio, el comandante de la Guarnición de Santiago y de la Segunda División de Ejército, general Mario Sepúlveda Squella, informó al comandante en jefe de la institución, general Carlos Prats, sobre actividades sospechosas en el Blindados Nº 2 y que había dispuesto la incomunicación del capitán Rocha y de algunos suboficiales, mientras se efectuaba un sumario.

Ese mismo día el general Prats protagonizó un incidente en la avenida Costanera cuando creyó que iba a ser víctima de un atentado y al reaccionar amenazó con su revólver a una mujer, identificada como Alejandrina Cox Palma, que al volante de un vehículo lo había insultado. Prats se dirigió a La Moneda y presentó su renuncia ante el Presidente Allende. Luego se reunió con el consejo de generales, donde recibió claras muestras de apoyo y solidaridad. Esa noche, Allende rechazó su renuncia.

El viernes 29 Prats se quedó dormido luego de que el despertador sonara a las 6.30. A las 9:00 el teléfono lo hizo saltar de la cama. Era el secretario general de la Comandancia en Jefe, coronel Rigoberto Rubio, que le informó sobre la sublevación del Blindado. Los tanques estaban atacando La Moneda y el Ministerio de Defensa, le dijo.

Prats le ordenó que se mantuviera en contacto con el jefe del Estado Mayor, el general Augusto Pinochet; con el general Urbina y con el jefe de la guarnición, el general Sepúlveda. Se vistió rápido y salió hacia la Escuela Militar donde se reunió con el comandante de Institutos Militares, el general Guillermo Pickering.; y con el director de la Escuela Militar, el coronel Nilo Floody. Luego, telefónicamente aprueba las medidas tomadas por el general Urbina.

El Regimiento Tacna ocuparía el Blindados para impedir el abastecimiento de los tanques. Prats sale hacia la unidad de artillería ubicada junto al Parque Cousiño. El comandante de esa unidad, el coronel Joaquín Ramírez Pineda no tiene dudas y ordena a sus tropas salir a cumplir su misión.

Prats se traslada a la Escuela de Suboficiales, antiguo edificio de Escuela Militar, unidad que avanzaría hacia La Moneda desde el sur. El director de la escuela, el coronel Julio Cannesa le dice que los oficiales no quieren salir. En minutos, impone su mando y salen rumbo a la Plaza Bulnes.

Pocas horas después, la sublevación había sido controlada. Los máximos dirigentes de Patria y Libertad -Pablo Rodríguez, Benjamín Matte, John Shaeffer, Juan Eduardo Hurtado y M Welding- se asilaron en la embajada de Ecuador junto a otros dos militantes, Fernando Moro y José manuel Ruiz, que horas después saldrían de la sede diplomática con instrucciones para la militancia.

Más tarde, otros dos conjurados, Patricio Jarpa y Patricio Souper, se asilarían en las embajadas de Colombia y Paraguay, respectivamente.

A contar del 3 de julio, el melipillano capitán Sergio Rocha Aros, autor intelectual del ‘‘tanquetazo’’, pudo contar en el cuartel del entonces Regimiento de Ingenieros de Ferrocarriles de Montaña Nº 2 ‘‘Puente Alto’’, algunos aspectos no conocidos de su frustrada empresa.

Bar Club Militar en 1966, escenario de complots militares.

Rocha llegó en calidad de arrestado a la unidad militar puentealtina y recibía diariamente indisimuladas muestras de afecto y de admiración por parte de sus camaradas del arma de Ingenieros.

El capitán Rocha había entrado desde marzo de 1973 en contactos personales con uno de los jefes de Patria y Libertad, comenzando a urdir lo que muchos uniformados deseaban vehementemente, pero que no podían o no se atrevían a materializar: el golpe militar que depusiese al Presidente Salvador Allende.

Según Rocha, ese jefe del FNPL le había dado plenas garantías de que un incruento cerco a La Moneda, con los tanques del entonces Regimiento de Blindados Nº 2, contaría con el apoyo del regimiento de Infantería Nº 1 ‘‘Buin’’, con la de otras unidades militares de Santiago, con la irrestricta adhesión de la Armada y con una multitudinaria manifestación callejera organizada por Patria y Libertad.

En tales condiciones, el capitán Sergio Rocha -oficial impenitentemente germanista y ferviente admirador de la blietzkrieg  emprendida por Hitler- dio el vamos a la operación.

No obstante, la acción golpista fue detectada por el Servicio de Inteligencia Militar, SIM, instancia que, a decir de Rocha, ‘‘hizo la vista gorda hasta donde pudo’’.

 En realidad, exactamente hasta que el complot llegó a conocimiento del general Carlos Prats, que dispuso el arresto del capitán en dependencias del Ministerio de Defensa, así como la destitución del teniente coronel Ricardo Souper Onfray, a la sazón comandante del Regimiento de Blindados Nº 2.

Para el día 29 de junio estaba prevista la entrega de mando de esa unidad militar.

Como es tradicional, una comisión interventora presidida por el entonces coronel Cárol Urzúa Ibáñez, debía hacer efectivo el cambio de comandante.

Pero los oficiales que directa o indirectamente habían estado comprometidos con Rocha asumieron que era mejor jugarse el todo por el todo.

Los subtenientes Gasset y Dimter se apersonaron ante Souper. Gasset portaba el casco de tanquista del comandante del regimiento.

-Mi comandante, no vamos a aceptar su remoción; sería una humillación para todos-, le dijo

Gasset, en elocuente gesto, entregó el casco al vacilante Souper.

Pocos minutos después, el comandante del Regimiento de Blindados Nº 2 hacía, desde la torreta de un tanque M-36, el consabido movimiento del brazo derecho que indica ¡Adelante!

Los tanques sólo llevaban munición de salvas para sus cañones y el combustible era muy escaso.

El asalto a La Moneda fue rápidamente conjurado.

El subteniente Erwin Dimter Bianqui -hombre conocido por su temperamento impetuoso desde sus tiempos de cadete-, comandando un viejo tanque M3 A1, rescató al capitán Rocha desde el edificio del Ministerio de Defensa.

Rápidamente y sin conocer el desenlace de lo que ocurría en La Moneda, Rocha se trasladó hasta el antiguo cuartel de la calle Santa Rosa y comenzó a organizar el apoyo a la aventura.

Grande fue su asombro cuando una batería de obuses del Regimiento de Artillería Nº 1 ‘‘Tacna’’, mandada personalmente por el comandante de esa unidad, coronel Joaquín Ramírez Pineda, comenzó a rodear el cuartel de los blindados.

Como se estila, Ramírez exigió la presencia del más antiguo -el de mayor graduación-.  Respetuosamente, Rocha se hizo presente en la calle.

-Capitán Sergio Rocha se presenta, mi coronel-, gritó, haciendo sonar los tacos de sus botas y llevando la mano a la viscera de su casco de acero.

-Entregue de inmediato el regimiento, sin condiciones-, espetó cortante Ramírez.

-Los blindados no nos rendimos jamás, mi coronel.

-No sea tonto, amigo mío, está totalmente rodeado. ¿Acaso quiere muertes inútiles?

-Estoy dispuesto a dejar salir a la gente que lo desee, mi coronel.

-Conforme. Dispone de cinco minutos-, conminó Ramírez.

Rocha narra que alcanzó a escuchar al coronel decir ‘‘¡Agárrenlo!’’, por lo que emprendió una veloz carrera hacia el interior de su regimiento.

Pero Ramírez hablaba muy en serio. Una ráfaga de fusil ametralladora se dejó oír. Un cabo, escolta de Rocha, cayó herido de muerte. El mismo capitán alcanzó a recibir un impacto en su cintura.

La ‘‘batalla’’ se prolongó durante media hora. Los obuses de 105 milímetros dispararon en contra del cuartel de Santa Rosa, alcanzando a destruir parte del casino de oficiales y causando un número indeterminado de muertos y heridos.

Febrilmente, Rocha dirigía la defensa, según lo ha contado, ‘‘evitando disparar sobre los soldados del Tacna’’.

Súbitamente, alguien gritó ‘‘¡los tanques!’’.        

Desde el norte, los vehículos blindados que habían ‘‘cercado’’ La Moneda regresaban al cuartel.

Las esperanzas de los soldados sitiados fueron efímeras: sus camaradas volvían derrotados y, en gran medida, arrastrando el estigma de ‘‘una acción que no contó con la unidad del Ejército’’.

Hasta hoy, el modo con que el coronel Joaquín Ramírez cumplió la orden del general Carlos Prats en cuanto a someter a los ariscos ocupantes del Regimiento de Blindados Nº2 es condenado por quienes conocieron el episodio.

Se llegó a decir que Ramírez era ‘‘activo simpatizante de la Unidad Popular’’, lo que puede ser negado por cualquiera que lo haya conocido.

Ramírez alcanzó el generalato, el mando de la Misión Militar en Sudáfrica y, hasta 1989, la rectoría delegada de la Universidad de La Serena, condiciones imposibles para quien haya podido cargar con la más leve sospecha de haber simpatizado con el gobierno de Allende.

Consideración aparte merece el caso del capitán Carlos Mena, oficial del regimiento ‘‘Tacna’’ que tenía el mando directo de la batería que rodeó el cuartel de la calle Santa Rosa.

En forma personal y sin que le correspondiera hacerlo, Mena fue el autor del primer disparo de obús en contra de los situados que comandaba su compañero de promoción, el capitán Rocha.

En Puente Alto, Rocha aseguraba que ‘‘Mena es un comunista de mierda’’. 

Cuando aún no se cumplía un mes desde la abortada intentona de Patria y Libertad y de algunos oficiales del Blindados Nº2, el país volvió a estremecerse ante un nuevo asesinato.

En la madrugada del viernes 27 de julio, el edecán naval de Allende, el comandante Arturo Araya, cayó herido de muerte en el balcón de su casa, en el barrio de Providencia, con una bala calibre 22 disparada por una metralleta Batán.

Casi 20 horas después del crimen,  el electricista José Riquelme Bascuñàn, obrero de una industria filial de Corfo, iba pasando en avanzado estado de ebriedad por la puerta de la Prefectura de Carabineros de Santiago. Un policía le llamó la atención y Riquelme respondió con un insulto.

Fue detenido de inmediato.

Al día siguiente, varias radioemisoras de oposición y el vespertino La Segunda  informaron del arresto de uno de los asesinos del comandante Araya.

La Segunda, con grandes caracteres, tituló: ‘‘Cayó asesino del edecán. Se habría entregado a Carabineros. Grupo extremista de izquierda lo ultimó. Pretendían raptarlo para convulsionar al país. FTR, MIR y PS serían los cómplices’’.

El capitán Germán Esquivel, miembro del Servicio de Inteligencia de Carabineros, Sicar, había logrado la confesión del detenido luego de un minucioso interrogatorio. Según el informe elaborado por Esquivel, el electricista Riquelme se había entregado porque estaba arrepentido y temía que sus compañeros lo mataran.

Esquivel también dio cuenta de otros pormenores de la confesión:  Riquelme había sido contratado por 12 mil escudos para realizar dos atentados terroristas; lo había contratado Domingo Blanco Torres, miembro del GAP del Presidente Allende; otros integrantes del grupo eran del FTR, del MIR y del PS; habían participado tres cubanos y habían recibido la orden de secuestrar al comandante Araya para impedir cualquier diálogo entre el gobierno y la oposición.

Aparentemente no había dudas. Esa tarde el electricista Riquelme fue conducido al cuartel de Investigaciones. Pocas horas después los detectives comprobaron que la confesión extraída a Riquelme había sido obtenida bajo presión y que era  falsa.

La Dirección General de Carabineros emitió un comunicado, en parte del cual señalaba que la detención de Riquelme ‘‘no tiene relación con el atentado y que su detención provisional se debió a razones de índole muy diversa, encontrándose en estado de intemperancia alcohólica’’.

Al día siguiente el Pleno de la Corte Suprema designó al juez Abraham Meersohn como ministro en visita para el caso, pese a la existencia de una comisión investigadora formada por el Consejo Superior de Seguridad Nacional, Consupsena, y la existencia de un juez militar, Joaquín Earlbaum, que seguía el caso y que incluso había decidido incomunicar al electricista. En las horas siguientes el Consupsena dirimió el conflicto de competencia dictaminando que correspondía a la Fiscalía Naval el sustanciar el proceso.

¿Qué había ocurrido? ¿Cuál era la verdad? ¿Quién había asesinado entonces al comandante Araya?

En los días siguientes la historia sufriría un espectacular vuelco.

Los agentes de Investigaciones empadronaron el lugar del homicidio. Uno de los testigos se había fijado en las patentes de algunos de los vehículos que circularon a la hora del crimen por el sector. Así, los detectives lograron ubicar a una citroneta que había sido manejada por Mario Rojas Zegers.

El consiguiente arresto de Rojas y las diligencias posteriores permitieron a los policías, encabezados por Alfredo Joignant, director de Investigaciones; Hernán Romero, director de la Escuela Técnica; y, Waldo Montecinos, jefe de la Brigada de Homicidios, esclarecer el asesinato del edecán naval de Allende.

Los responsables configuraban un comando integrado por René Guillermo Claverie Barbet, Edmundo Enrique Quiroz Ruiz, Guillermo Necochea Aspillaga, Guillermo Bunster Thiese, Juan Antonio Zacconi Quiroz, Miguél Víctor Sepúlveda Campos, Carlos Fernando Farías, Wilfredo y Luis Perruy González, Luis Palma Ramírez, Mario Rojas Zegers, Uka Lozano, Guillermo Schilling Rojas, José Iturriaga Aránguiz, Ricardo Vélez Gómez, Rafael Mardones Saint Jean, Odilio Castaño Jiménez, Andrés Potín Lailhacar y Alejandro Figari Verdugo.

En las casas de varios de ellos se encontraron cerca de 20 armas de diferentes tipos y calibres, detonantes, cargas explosivas y municiones.

Algunos afirmaron haber formado un grupo escindido de Patria y Libertad denominado ‘‘Guerrilleros Nacionalistas’’ en concomitancia con miembros del Comando Rolando Matus, brazo operativo del Partido Nacional.

El día 26 de junio, Guillermo Bunster recibió instrucciones para realizar una acción destinada a crear el clima propicio para el alzamiento de una rama de las Fuerzas Armadas. El día anterior, los camioneros habían decretado un nuevo paro nacional y el país estaba en extrema tensión.

Bunster reunió a una veintena de jóvenes en su casa, en Américo Vespucio Norte. Distribuyó explosivos, escopetas, metralletas y pistolas. La orden era acudir al barrio de Providencia a provocar el mayor alboroto posible.

En una camioneta amarilla de doble cabina se trasladaron a la esquina de las calles Huelén con Providencia, muy cerca de las torres Tajamar. Iban Bunster, Claverie, los hermanos Perry, Guillermo Necochea, Enrique Quiroz, Luis Palma, Odilio Castaño, Alejandro Figari y un sujeto de barba que más tarde sería identificado.

En la citroneta de Rojas subieron Miguel Sepúlveda Campos y Edmundo Quiroz. Su misión era sembrar con ‘‘miguelitos’’ el sector elegido para el ataque.

Otro grupo, formado por José Iturriaga Aránguiz, Uka Lozano, Guillermo Schilling y Carlos Gaymer, ocupó un Peugeot rojo. Ellos estaban encargados del apoyo logístico y de avisar en caso de peligro haciendo sonar unos pitos. Todos llevaban un brazalete blanco.

Claverie, provisto de una metralleta Batán, disparó indiscriminadamente contra los vehículos que a las 0:30 pasaban por Providencia cerca de Pedro de Valdivia. Wilfredo Perry disparó su escopeta en contra de un taxibús y un bus. Bunster hizo explotar una bomba en una camioneta de Indap que estaba estacionada.

Ocho miembros del comando ingresaron a la calle Fidel Oteíza. Un hombre en bata salió a un balcón a increparlos. Claverie disparó fríamente sobre él, eran ocho jóvenes dispuestos a todo. Llegaron a Pedro de Valdivia y siguieron disparando a cualquier cosa que se moviera. Enseguida abordaron sus vehículos y regresaron a la casa de Bunster.

En un balcón ubicado en Fidel Oteíza, con una bala calibre 22 en su corazón,  agonizaba el edecán naval de Allende.

El grupo homicida, refugiado en un fundo de San Felipe, se entregó al Ejército el 12 de septiembre de 1973, siendo trasladado a Valparaíso, desde donde, luego de unos dos meses, viajaron a una clínica en Santiago. Finalmente, el grupo consiguió el indulto del general Pinochet en 1980.

Los antecedentes que permitieron el indulto incluyeron una versión del escenario del crimen desconocida antes de entonces. Según ella, a la misma hora en que los jóvenes extremistas de derecha empezaban a operar en Providencia, a pocas cuadras de allí, en la embajada de Cuba, se desarrollaba una violenta discusión entre los asistentes a una recepción ofrecida por el embajador.

La esposa del comandante Araya increpó duramente a una de las mujeres presentes en la sede diplomática por intentar acarrear al oficial a una aventura amorosa extraconyugal.

Araya, muy abochornado, pidió excusas y se retiró.

Minutos más tarde, un alto funcionario de la embajada cubana llamó a tres miembros de la guardia de seguridad y les dió una orden:

-Síganlo y denle una lección.

Los cubanos salieron hacia el domicilio del edecán de Allende, pero antes de llegar se encontraron con los jóvenes de Patria y Libertad. Llovieron los improperios. Desde uno de los balcones se asomó el edecán para hacerlos callar. Una seguidilla de insultos lo hizo entrar a su dormitorio y salir a los segundos con una metralleta apoyada en su pecho.

Uno de los ultraderechistas empleó su metralleta Batán y una ráfaga de balas se paseó por el segundo piso de la residencia del marino.

Una de las balas traspasó su mano derecha y se le alojó en el corazón. Todos los que estaban en la calle huyeron de inmediato.   

La muerte del comandante Araya fue uno de los últimos episodios dramáticos que se vivieron durante la Unidad Popular. En los años siguientes se aseguraría a los chilenos que el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 fue una decisión de las Fuerzas Armadas, impelidas por el clamor de la mayoría de los ciudadanos. No obstante, existen antecedentes muy serios que dan cuenta de los enormes esfuerzos desplegados desde el extranjero para conseguir que el gobierno de Salvador Allende fuera depuesto.

El 11 de octubre de 1973, miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, interrogaron largamente al director de la CIA, William Colby, y a su principal asesor, Frederick Dixon Davis, sobre la participación de empresas brasileñas, ligadas a compañías transnacionales, en un supuesto complot en contra de Allende.

Michael Harrington, diputado demócrata, preguntó a Colby, si sabía que Jack Wyant, representante del Consejo de las Américas, una institución estadounidense privada, había viajado dos veces desde Brasil a Chile con instrucciones y dinero.

-No estoy cierto-, respondió Colby.

-No tengo pruebas de ésto-, dijo Dixon Davis.

-Yo no excluiría eso. Francamente, no sé. Sin embargo, no puedo afirmar que eso no sucedió-, añadió Colby.

El diputado Dante Fascel volvió a preguntar sobre lo mismo.

-Hay evidencias de cooperación entre grupos de empresarios de Brasil y de Chile. Eso constituye sólo una pequeña proporción del auxilio financiero. La mayor parte del apoyo fue logrado internamente, en Chile.

La National Congress of Latin America, NACLA, institución estadounidense dedicada a la intervención norteamericana en América Latina, publicó el 3 de octubre de 1973 en Nueva York un artículo donde identificó a ‘‘un equipo de golpe de Estado’’ de la CIA en Chile. En ese artículo, la NACLA sindicó a los siguientes estadounidenses como miembros de la red de espionaje en Chile:

-Nathaniel Davis: Embajador de Estados Unidos en Chile, ex miembro de la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS), predecesora de la CIA, jefe del buró para asuntos soviéticos en el Departamento de Estado durante el período más crudo de la guerra fría, alto funcionario del Cuerpo de Paz. Entre 1968 y 1971 estuvo destinado en Guatemala como jefe de la misión norteamericana para el Programa de Pacificación.

-Deane Hinton: Trabajó con Davis en Guatemala en 1968 y 1969. Fue trasladado luego a EE.UU. como segundo director del Consejo sobre Política Económica Internacional (CPEI).

-Frederick Latrash: Involucrado en el derrocamiento de Jacobo Arbens, en Guatemala.

-Raymond A. Warren: Involucrado también el el derrocamiento de Jacobo Arbens, en Guatemala.

-James E. Anderson: Presente la santo Domingo durante la invasión de los marines en 1965.

-Harry Shiaudeman: Segundo jefe de la embajada de EE.UU. en Chile. Presente también en Santo Domingo durante la invasión norteamericana.

En el mismo equipo, que según NACLA, operó en Guatemala en el 54, en Brasil en el 64, en Bolivia en el 71 y en Uruguay en el 73, estaban Arnold M. Isaacs, John B. Tipton, Joseph F. Mc. Manus y Keith W. Weeloock.

El Presidente Gerard Ford, cuando se le preguntó, en septiembre de 1974, en una conferencia de prensa, sobre la legalidad de la operación de desestabilización de Chile por la CIA, dijo: ‘‘No voy a juzgar si está permitido o autorizado bajo la ley internacional. Es un hecho reconocido que, históricamente tanto como en la actualidad, se realizan esas acciones para el mayor bien de los países afectados’’.

Hasta hoy se ignoran los detalles de la colaboración que la CIA prestó al gobierno militar del general Augusto Pinochet, y en especial a la DINA en los años siguientes al golpe. 

A fines de mayo y comienzos de junio de 1995, en las últimas semanas del juicio que durante casi 18 años se le siguió a Manuel Contreras y a Pedro Espinoza por el asesinato en Washington de Orlando Letelier, estos oficiales insistieron en culpar a la CIA del asesinato del ex canciller de la Unidad Popular. No obstante, hasta ahora, las pruebas que ellos u otros han aportado son insuficientes para otorgar alguna credibilidad a sus afirmaciones.

En fallo unánime (causa rol 1.237-2020), la Quinta Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Fernando Carreño Ortega , Ricardo Soto Muñoz y la ministra Lidia Poza Matus- confirmó la sentencia dictada por el ministro en visita extraordinaria Miguel Vásquez Plaza en octubre de 2019, que condenó al ex oficial de la FACH Juan Francisco Saavedra Loyola y al ex oficial de Carabineros Manuel Agustín Muñoz Gamboa a las penas de 18 años de presidio, en calidad de coautores de los delitos de homicidio calificado de González Espinoza y Orellana Catalán; más 13 años de presidio como coautores de secuestro calificado de Moraga Cruz, Weibel Navarrete y Maturana González; y más 3 años de presidio, cada uno como coautores de los delitos de secuestro simple de González Espinoza y Orellana Catalán.

En tanto, el ex oficial de la Armada Daniel Luis Enrique Guimpert Corvalán fue condenado a 18 años de presidio, como coautor del homicidio calificado de González Espinoza y Orellana Catalán; más 12 años de presidio como coautor de los delitos de secuestro calificado de Moraga Cruz y Maturana González; y 3 años de presidio como coautor de los delitos de secuestro simple de González Espinoza y Orellana Catalán.

Asimismo, la Quinta Sala ratificó las sentencias que deberán cumplir:

el ex oficial de la Armada Jorge Aníbal Osses Novoa, y los ex oficiales de Ejército Sergio Antonio Díaz López y Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla, a 12 años de presidio como coautores del delito de homicidio calificado de González Espinoza; más 10 años y un día de presidio como coautores de los delitos de secuestro calificado de Moraga Cruz y Weibel Navarrete, y 400 días de presidio como coautores del delito de secuestro de González Espinoza.
En tanto, los ex agentes Roberto Alfonso Flores Cisterna y Carlos Hernán Rodrigo Villarreal deberán purgar 10 años y día de presidio como coautores del delito de homicidio calificado de Orellana Catalán; más 5 años y un día de presidio como coautores del delito de secuestro calificado de Maturana González, y 400 días de presidio como coautores del delito de secuestro de Orellana Catalán.

El ex agente Raúl Horacio González Fernández deberá cumplir dos penas de 10 años y un día de presidio como coautor del delito de homicidio calificado de Orellana Catalán y del secuestro calificado de Moraga Cruz y Maturana González; más 400 días de presidio como coautor del delito de secuestro simple de Orellana Catalán.

El ex agente Alejandro Segundo Sáez Mardones deberá cumplir dos penas de 10 años y un día de presidio como coautor del delito de homicidio calificado de Orellana Catalán y coautor del secuestro calificado de Maturana González, más 400 días de presidio como coautor del delito de secuestro de Orellana Catalán.

Por su parte, el ex agente civil del SIFA Otto Silvio Trujillo Miranda fue condenado a la pena de 10 años y un día de presidio como coautor del delito de secuestro calificado de Weibel Navarrete y como cómplice del delito de secuestro calificado de Moraga Cruz.

El ex agente Lenin Figueroa Sánchez fue sentenciado a 5 años y un día de presidio, como cómplice del delito de homicidio calificado de Orellana Catalán; más 5 años y un día de presidio como coautor del delito de secuestro calificado de Maturana González y 400 días como coautor del delito de secuestro de Orellana Catalán.

Los ex agentes Sergio Daniel Valenzuela Morales y Juan Atilio Aravena Hurtuvia deberán cumplir 5 años de presidio, como encubridores del delito de homicidio calificado de Orellana Catalán; más 5 años y un día como coautores del delito de secuestro calificado de Maturana González y 400 días de presidio como coautores del delito de secuestro de Orellana Catalán.

El ex agente Ernesto Arturo Lobos Gálvez debe purgar 5 años y un día de presidido como cómplice de los delitos de secuestro de Weibel Navarrete y Maturana González, y 60 días de prisión como cómplice del delito de secuestro simple de Orellana Catalán.

El ex agente Alejandro Jorge Forero Álvarez debe purgar 5 años y un día de presidio como cómplice de los delitos de secuestro calificado de Moraga Cruz y Weibel Navarrete; 60 días de prisión como cómplice del delito de secuestro simple de González Espinoza.

Además, los ex agentes civiles Viviana Lucinda Ugarte Sandoval, Andrés Pablo Potin Lailhacar y Emilio Mahias del Río, junto a los ex agentes Juan Luis Fernando López López, José Evaristo Rojas Alruiz y Francisco Segundo Illanes Miranda, deberán cumplir 5 años y un día de presidio como coautores del delito de secuestro calificado de Maturana González; 400 días de presidio como coautores del delito de secuestro simple de Orellana Catalán.

El ex agente Roberto Francisco Serón Cárdenas fue condenado a la pena de 5 años y un día de presidio como coautor del delito de secuestro calificado de Moraga Cruz.

Por último, los ex agentes Robinson Alfonso Suazo Jaque, Pedro Ernesto Caamaño Medina, Pedro Juan Zambrano Uribe y José Hernando Alvarado Alvarado fueron condenados a 4 años de presidio como cómplices del delito de secuestro calificado de Maturana González; y 60 de prisión como cómplice del delito de secuestro simple de Orellana Catalán.

Los también condenados en el fallo de primera instancia por el ministro sustanciador Miguel Vásquez Plaza, el ex oficial de la FACH Antonio Benedicto Quiroz Reyes y el reconvertido agente civil Miguel Arturo Estay Reyno, fallecieron en el transcurso del tiempo transcurrido entre aquel fallo y éste.

En lo sustantivo de la resolución de la Corte, la Quinta Sala señala:

"Que concuerda esta Corte entonces con la apreciación del sentenciador y del Fiscal Judicial, por las razones que expresa el fallo y lo anteriormente expuesto, en que los hechos, tenidos por ciertos en la sentencia en alzada, son punibles en virtud de la predominancia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos por sobre las prescripciones de Derecho interno o nacional. Este reconocimiento es de vital importancia porque les otorga a los crímenes de lesa humanidad la relevancia que ameritan, desde que su perpetración afecta a la humanidad toda, a los bienes jurídicos concernientes a la paz, seguridad y bienestar internacional, que el Derecho Penal Internacional busca amparar", consigna el fallo confirmatorio.
En la investigación judicial el ministro Vásquez Plaza estableció que:

a) Que existió una agrupación de hecho que operó clandestinamente entre los años 1975 y 1976, conformado principalmente por agentes que pertenecieron a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea, además de Carabineros Chile, Marina y Ejército, con la colaboración de civiles, cuyo objetivo principal fue la represión de la Juventud del Partido Comunista, para lo cual procedían a la detención de varios de ellos.

b) Que, la referida agrupación, utilizó para las detenciones y torturas: Hangar de Cerrillos; Nido 20, recinto secreto de detención y tortura ubicado en calle Santa Teresa N° 037, paradero 20 de Gran Avenida; Nido 18, recinto secreto ubicado en calle Perú N° 9053, La Florida, Santiago, que fue empleado exclusivamente para la tortura; La Prevención o Remo Cero, que eran calabozos ubicados al interior del Regimiento de Artillería Antiaérea en Colina, todo esto durante el año 1975; La Firma, a principios del año 1976, dicho grupo traslada sus operaciones a la parte posterior del inmueble a cargo de Carabineros de Chile, ubicado en calle Dieciocho, frente al N° 229, que perteneció al ex diario Clarín, denominándosele La Firma.

c) Que, el actuar operativo de la agrupación, respecto de las personas privadas ilegítimamente de su libertad, manteniéndolos en recintos secretos, era obtener información de éstos bajo tortura psicológica y física, logrando la colaboración de alguno de ellos, hasta el punto que algunos fueron asimilados como agentes operativos del grupo, lo que proporcionó una mayor efectividad en la detención de militantes comunistas en cadena, a los cuales se les hizo desaparecer, ocurriendo que de algunos de ellos, en el curso de los años, se encontró parte de sus restos.

d) Que el día 07 de noviembre de 1975, aproximadamente a las 22.00 horas, fue detenido en su domicilio de Río Maule N° 1893, Comuna de Recoleta, Ricardo Manuel Welbel Navarrete, por sujetos que vestían de civil; manteniéndosele privado de libertad en el recinto denominado La Prevención o Remo Cero, ubicado al interior del Regimiento Antiaérea en Colina, último lugar en que se le vio con vida y, con posterioridad, fueron encontradas sus osamentas en los terrenos del Fuerte Arteaga, Peldehue.

e) El día 08 de junio de 1976, en el sector de Estación Central, Juan René Orellana Catalán se reunió con Luis Emilio Gerardo Maturana González, ambos militantes de la Juventud Comunista en la clandestinidad debido a la persecución política de que eran objeto, con el propósito de recibir dinero del partido de manos de Maturana González, este último encargado de distribuirlo; momento en que es detenido por agentes de la agrupación referida en la letra a), manteniéndose recluido en el recinto denominado La Firma, y posteriormente fue ejecutado en la Cuesta Barriga, donde se encontró restos de su persona consistentes en piezas dentarias y prótesis removible.

f) Que, el día 20 de octubre de 1975, en horas de la madrugada fue detenido en su domicilio de pasaje Tokio N° 5862, Población Juanita Aguirre, comuna de Conchalí, Santiago, Luis Desiderio Moraga Cruz, por sujetos que vestían de civil; manteniéndosele recluido en el Regimiento de Artillería Antiaérea en Colina, en cuyo interior se encontraba el recinto denominado La Prevención o Remo Cero, donde prestó la declaración que obra a foja 5532, siendo éste el último lugar en que se le vio con vida.

g) Que, el día 04 de diciembre de 1975, en horas de la madrugada, fue detenido en su domicilio de calle Soberanía N° 1220, Santiago, Ignacio Orlando González Espinoza, por sujetos que vestían de civil; manteniéndosele privado de libertad en el recinto denominado La Prevención o Remo Cero, ubicado al interior del Regimiento de Artillería Antiaérea en Colina, último lugar en que se le vio con vida y, con posterioridad, fue ejecutado en los terrenos del Fuerte Arteaga, Peldehue, donde fueron encontradas sus osamentas.

h) El día 08 de junio de 1976, en el sector de Estación Central, Luis Emilio Gerardo Maturana González se reunió con Juan René Orellana Catalán, ambos militantes de la Juventud Comunista en la clandestinidad debido a la persecución política de que eran objeto, con el propósito de entregarle dinero del partido a Orellana Catalán para sí y para que a su vez lo entregara a otros militantes del partido ya que Maturana González estaba encargado de distribuirlo; momento en que es detenido por agentes operativos de la agrupación reseñada en la letra a), manteniéndosele recluido en el recinto denominado La Firma, desde donde se pierde su rastro.

Se trató de un asesinato planificado para ir sentando al interior de la Marina de Guerra los principios que regirían el sanguinario golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. La derecha perpetró el  crimen, Washington lo cobijó y financió. Nuestra memoria sigue viva.

En la medianoche del  26 de julio de 1973, el Edecán Naval del Presidente Salvador Allende, comandante Arturo Araya Peeters,  fue asesinado por un francotirador que le disparó a mansalva desde algún  lugar frente a su domicilio.

Poco antes había llegado a su casa, tras asistir –acompañando al mandatario socialista- a una recepción en la embajada de Cuba. Uno de los delincuentes que participó en el delito, Guillermo Claverie Bartet,  fue condenado a tres años de prisión. Sin embargo, no permaneció ni un día en la cárcel purgando esa pena. Incluso, estando prófugo, fue indultado por la dictadura gracias a una decisión del almirante José Toribio Merino Castro.

Se trató de un asesinato planificado para ir sentando al interior de la Marina de Guerra los principios que regirían el sanguinario golpe de Estado del 11 de septiembre, y a la vez un recordatorio de que todo hombre de la Armada que no estuviese de acuerdo con los planes fascistoides del almirante Merino Castro sería considerado traidor y castigado con la muerte. Así ocurrió con Araya, un hombre limpio y leal a la Constitución.

La noche del 26 al 27 de julio de 1973, un francotirador abrió fuego contra el marino, mientras los mercenarios de Patria y Libertad armaban una algazara en la calle frente a su casa, luego de hacer algunos disparos al aire a objeto de lograr que el edecán presidencial saliese al balcón de su domicilio para investigar lo que sucedía. En ese momento, una bala impactó en el pecho del comandante Araya Peters.

El crimen, que en su momento la derecha y los servicios de inteligencia navales intentaron achacar a fantasmales grupos armados de izquierda, fue en realidad la obra de una sórdida conspiración ultraderechista con apoyo de oficiales golpistas de la Marina.

Un total de 32 miembros de Patria y Libertad, cuyo fundador era Pablo Rodríguez Grez, fueron detenidos y procesados por la Fiscalía Naval, pero todos quedaron libres tras algunos tirones de orejas. Sólo uno de ellos, Guillermo Claverie, luego de haber estado un tiempo prófugo, resultó condenado a tres años y un día de prisión como autor material del crimen, pena que tampoco cumplió ya que, al final, todos los conspiradores fueron indultados en 1981 por el Augusto Pinochet Ugarte, “por servicios prestados a la Patria”.

 

En una entrevista publicada por el diario La Nación, Claverie juró que era inocente y aseguró que fue obligado a confesar tras sufrir múltiples torturas efectuadas por oficiales de la Marina y de la Fuerza Aérea, y que al parecer fue elegido como chivo expiatorio por sus jefes de Patria y Libertad, entre ellos Pablo Rodríguez.

Aunque admitió haber estado en el lugar de los hechos, dijo que siempre permaneció en la calle y que la trayectoria de la bala que mató al edecán, que estaba en un balcón, era de arriba hacia abajo. Afirmó además haber disparado su pistola después que vio caer al hombre del balcón y que en ese momento ignoraba de quién se trataba. Las declaraciones de Claverie fueron parte en la Corte de Apelaciones del alegato de Arturo Araya, hijo de la víctima y abogado querellante en el juicio.

El planificado crimen cometido contra el Comandante de la Marina y edecán del Presidente Allende, ocurrido en la calle Fidel Oteíza -entre Marchant Pereira y Carlos Antúnez- de la comuna de Providencia, fue en definitiva y claramente una bien montada operación terrorista de inteligencia y desestabilización política, estructurada por la extrema derecha junto a grupos fascistas y ultra nacionalistas insertos en las fuerzas armadas, quienes contaban con apoyo y financiamiento de la Central de Inteligencia Americana (CIA), tal como reconoció muchos años después el gobierno norteamericano al desclasificar sus documentos confidenciales.

Los golpistas del SIN (Servicio de Inteligencia Naval) ya venían ejecutando decenas de atentados y autoatentados con bombas, algunos previamente ‘negociados’,   como el realizado en la casa del Almirante golpista Ismael Huerta a mediados de julio de 1973 en Viña del Mar, con el objetivo de ir construyendo un ambiente favorable al próximo golpe de estado.

La ametralladora “Bataan” con la que el militante del Comando Rolando Matus y agente del SIN infiltrado en la empresa estatal ECON,  Guillermo Claverie Bartet,  disparó al comandante Araya después de hacer explotar una bomba señuelo y balear el frontis de la casa para hacerlo salir al balcón, fue suministrada por el SIN a través del Sr. Jorge  Ehlers Trostel, personaje que después –en plena dictadura-  ocuparía un alto cargo en el área de deportes (DIGEDER).

Claverie Bartet ya había sido detectado disparando contra tropas leales a la Constitución el día del tanquetazo (junio de 1973) desde una terraza de ECOM (el tipo creía que ese día la Marina iniciaba un golpe, eso fue publicado poco antes del golpe por el quincenario dirigido por Marta Harnecker, ‘Chile Hoy’). Fue echado de ECOM, pero no entregado a la Policía… ¡¡increíblemente!!

LOS ASESINOS FRAGUAN COARTADA INDIGNANTE

Al entonces teniente del SIN, Daniel Guimpert Corvalán junto con el capitán de Inteligencia de Carabineros Germán Esquivel Caballero, quien más tarde participaría en múltiples ‘desapariciones’ cometidas por el Comando Conjunto y el SICAR, le cupo realizar uno de los aspectos más sucios y cobardes del complot desestabilizador.

Al otro día del asesinato del edecán naval del Presidente Allende -un sábado- Esquivel y Guimpert recorrieron diversas comisarías buscando un “chivo expiatorio” a quién cargarle el crimen. El elegido fue un preso por ebriedad que trabajaba en una empresa CORFO (SEAM) y portaba un carnet de militante de un partido de la Unidad Popular (el Partido Radical).

Como eso no era muy convincente ni bastaba para completar sus planes, fabricaron un carnet del Partido Socialista  e interrogaron “privadamente” al funcionario que, sometido a salvajes torturas, se auto inculpó de haber participado en el asesinato “junto con un comando del PS-Elenos” y algunos cubanos. El mecánico de SEAM CORFO terminó encargado reo y procesado por la Justicia Naval bajo la dirección del Fiscal Aldo Montagna.

El nombre del mecánico eléctrico de Seam Corfo torturado por Guimpert y Esquivel era José Luis Riquelme Bascuñán y fue interrogado y encargado reo por  el ministro conspirador de la Corte de Apelaciones (Abraham Meerson) y por el Fiscal Militar Joaquín Erlbaum. El desgraciado mecánico fue tan bien torturado que se echaba la culpa de haber participado en el crimen con un grupo de GAP’s y cubanos dirigidos por Bruno (Domingo Blanco) uno de los jefes del GAP.

Al día siguiente, los medios opositores y diversos políticos -entre los que destacaron los senadores derechistas Víctor García Garzena y Fernando Ochagavía, junto al diputado Demócrata Cristiano Claudio Orrego Vicuña  y al director del diario democristiano ‘La Prensa’, Jorge Navarrete- iniciaron una campaña de injurias y acusaciones contra el gobierno de la UP y la representación cubana en Chile.

El problema para los conspiradores de diversos pelajes y militancias que se concertaron en torno al falso hallazgo de los asesinos del comandante Araya fue que, a los pocos días, la Policía de Investigaciones detuvo a casi todos los miembros de la banda conformada por elementos del Comando Rolando Matus (CRM), Partido Nacional (PN), Democracia Radical (DR)  y Patria y Libertad, que habían participado directamente en el asesinato del edecán.

Entre ellos,   destacaban:  el presunto autor de los disparos (Guillermo Claverie), una dirigente de la Juventud del Partido Nacional y del CRM -Uca Eileen Lozano-, el hijo “Patria y Libertad” del conocido empresario panadero Castaño, Odilio Castaño Jiménez; el militante de Patria y Libertad, Luis “Fifo” Palma Ramírez, que dos años después tendría una destacada participación en el SIFA y en las desapariciones del Comando Conjunto, un sobrino CRM del psiquiatra de la DINA, Laihlacar, de apellidos Potin Laihlacar , el dirigente de la DR, Guillermo Schilling, y un militante del CRM, Miguel Sepúlveda Campos, hijo de un conocido almirante retirado. (**)

Los que no fueron detenidos se escondieron en un fundo de la Región de Valparaíso y se entregaron a un comando de la Marina al otro día del golpe. Los que estaban detenidos y procesados en las cárceles de Valparaíso y Santiago fueron sacados de prisión el 12 de septiembre por comandos del SIN e integrados a las actividades represivas. El crimen del comandante Araya quedó impune y con expediente desaparecido.

Cambia, todo cambia.

El teniente Guimpert Corvalán salió de la Marina a fines de los 70´s y se dedicó a regentar un negocio de venta de armas en las cercanías del Edificio de las FFAA en la Plaza Bulnes. Gozaba de libertad bajo fianza hasta que fue nuevamente detenido, inculpado en más de una decena de casos de detenidos desaparecidos, en algunos de los cuales fue incluso indultado a principios de los años 90´s.

Su cómplice en el intento de falsificación del asesinato del comandante Araya  -Guillermo Esquivel- llegó al grado de   coronel de carabineros en la DICOMCAR y fue detenido -por cheques protestados- en 1991. Falleció en extrañas y nunca aclaradas circunstancias en 1993, mientras estaba denunciado en diversos procesos por desapariciones y asesinatos.

Luego de 35 años del asesinato del valeroso edecán del Presidente Allende, la versión oficial que entregó la dictadura comienza a desmoronarse en los tribunales y emerge la verdad: Se trató de un crimen planificado por la derecha en contra del comandante Araya.  La medida, que la familia del oficial había solicitado por primera vez en agosto del año 2003, se aprobó ante la aparición de nuevos antecedentes aportados por Guillermo Claverie. 

El 28 de Abril de 2008, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó reabrir la investigación del asesinato. Por unanimidad, la Octava Sala del tribunal de alzada determinó que el juzgado a cargo del caso proceda a la reapertura de la investigación, tome testimonio a Guillermo Claverie Bartet (hoy tiene 63 años de edad) y realice otras diligencias que de ello se deriven.

El relato que Claverie entregó a los periodistas de ‘La Nación Domingo’, hace pocos años, mueve a la duda. Aseguró que todavía sentía miedo de lo que pueden hacerle los viejos (y nuevos) miembros de las cofradías golpistas.

Nunca pude leer mis declaraciones que me hicieron firmar en la Fiscalía Naval. Y un día que me puse a leer una de ellas, después de un interrogatorio, el secretario del fiscal naval Aldo Montagna, el oficial Jorge Garretón Iturra, se metió la mano a la chaqueta del uniforme y sacó una pistola. Y me dijo: ‘¡Oye, huevón, que leís tanto, agradece que todavía estai vivo y firma ahí!’. Y por supuesto que así siempre firmé todo”.

Sus confesiones confirman lo que los hijos del edecán han ido descubriendo en estos últimos años, hurgando en el expediente del juicio iniciado por la justicia naval y que culminó en 1980 con una condena de tres años para Claverie, como único autor material, y con penas inferiores por delitos menores para otros miembros del grupo que actuó esa noche: “Es que esa investigación está plagada de vicios”, sostiene Arturo, el hijo mayor del edecán, que es abogado.

Con estas confesiones de Claverie, los hijos del edecán lograron que la Corte de Apelaciones de Santiago ordenara reabrir el nuevo proceso iniciado a partir de la querella que interpusieron en 2003, pero que en su momento fue sobreseído y archivado por el 18º Juzgado del Crimen de Santiago.

Las preguntas quemantes.

Para hacer salir al comandante Araya al balcón, Juan Zacconi y Guillermo Necochea (miembros de ‘Patria y Libertad’) lanzaron una bomba frente a su casa. La llegada del edecán a su domicilio fue anunciada a éstos por otra bomba que explotó en las cercanías, lanzada por otro grupo. El segundo bombazo, el de Zacconi y Necochea, fue la señal para que el tercer grupo, que debía entrar por la calle Fidel Oteíza, cometiera el asesinato.

Los peritajes balísticos detectaron cinco impactos en los muros de la casa del capitán de navío. Pero las vainillas halladas frente a la casa sólo fueron cuatro. Con el proyectil que hirió de muerte al edecán, y que entró directo sin antes rebotar en parte alguna, los disparos suman seis. Pero nunca se hallaron las otras dos vainillas. Y las pericias balísticas establecieron que las vainillas encontradas en la calle, correspondientes a los disparos hechos por Claverie, no pertenecían al proyectil que perforó el cuerpo del edecán.

Eso significaría que al comandante lo asesinaron con un arma distinta, y le dispararon desde otro lugar -presumiblemente desde el frente de su casa-, ligeramente desde arriba hacia abajo. A pesar de todas estas evidencias, la investigación naval concluyó que el edecán de Allende murió por uno de los disparos de Claverie. Pero este insiste en explicitar muchas preguntas, todas ellas sin respuestas oficiales.

¿Quién hizo los dos disparos que varios testigos, según declararon en el proceso del Juzgado Naval, escucharon inmediatamente antes de que el edecán lanzara su ráfaga hacia el frente y minutos antes de que Claverie hiciera sus cuatro disparos?

¿Contrató el ex cadete naval Jorge Ehlers Trostel a un francotirador para que asesinara al   comandante Araya Peeters, aprovechando el caos que el mismo Ehlers ordenó crear al grupo de ultraderecha  esa noche en las cercanías de la casa del edecán?

¿Por qué Ehlers literalmente huyó a Alemania días después de que los hijos del edecán interpusieron la querella en septiembre de 2003, refugiándose en ese país hasta hoy?

¿Por qué nadie tomó en cuenta la declaración de dos prostitutas que figura en el expediente de la justicia naval,   quienes afirmaban que, paradas esa noche en la esquina de Pedro de Valdivia con Providencia y segundos después de escuchar disparos, vieron salir de un lugar a dos hombres corriendo, uno de ellos con un fusil en la mano, y que se subieron a una camioneta que tenía un disco que les pareció de vehículo fiscal?

Torturas, presiones y amenazas. 

Detenido preventivamente en la Cárcel Pública de Santiago, una mañana –aún en plena dictadura- los gendarmes sacaron a Claverie y le condujeron a la oficina de la Fiscalía Naval. En ese lugar, contó el mismo Claverie al diario La Nación, lo recibió el oficial naval Germán Arestizábal, quien oficiaba como actuario. “Me hizo subir a un Austin Mini, donde reconocí al oficial de la Fuerza Aérea de apellido Schindler, compañero de colegio”. Le vendaron la vista y lo llevaron a la Academia de Guerra Aérea, en Las Condes.

Ahí me amarraron a un catre y empezaron a golpearme en la planta de los pies con un palo o un fierro. Después me inyectaron en la vena lo que yo creo que fue pentotal, porque todavía no me sacaban mi propia confesión del crimen del edecán, como ellos querían. Nunca supe lo que respondí, pero no puedo haber dicho algo que era falso”, expresa.

Días después, al salir de una oficina donde había comenzado a trabajar, se le acercó un auto desde el cual descendió un  individuo que él conocía, el que le obligó a subir al vehículo.

Era el ‘Fifo’ Palma (Luis Palma Ramírez, que después integró el Comando Conjunto) y en el auto vi como cinco metralletas. El Fifo me dijo. ‘¿Sabís que ahora te podemos matar por andar hablando, huevón? Vos sabís que en esto está metida gente que ahora es muy importante. Que no se te olvide’”.

Esa última frase del tal ‘Fifo’ Palma –suponiendo que Claverie dice la verdad- es la que deberá dilucidar el juzgado a cargo de la reapertura del caso, pues resulta vital establecer la identidad de aquella “gente que ahora es muy importante”.  ¿Qué tan ‘importante’ es hoy esa gente? ¿Parlamentarios? ¿Empresarios? ¿Diplomáticos chilenos en el extranjero?  ¿Oficiales retirados de las Fuerzas Armadas? ¿Oficiales aún activos? ¿Dirigentes políticos? ¿Dirigentes de gremios patronales?  Tarde o temprano el país conocerá sus nombres, los que serán agregados al de Guillermo Claverie, quien sí estuvo en uno de los grupos sediciosos y criminales aquella infausta noche.

(**) LA LISTA DE INTEGRANTES DEL COMANDO ASESINO (publicado por Revista ‘CAUCE’  Nº 15, del 09/07/1984).

René Guillermo Claverie Bartet
Mario Eduardo Rojas Zegers
Guillermo Francisco Necochea Aspillaga
Miguel Víctor Sepúlveda Campos (hijo de un Almirante (r))
Uca Eileen Lozano Jeffs (CRM-JN)
Guillermo Adolfo Schilling Rojas (primo del ‘Mamo’ Schilling, dirigente del Partido Socialista)
José Eduardo Iturriaga Aránguiz
Luis Guillermo Perry González
Luis César “Fifo” Palma Jiménez (posteriormente, fue miembro del Comando Conjunto)
Ricardo Vélez Gómez
Rafael Mardones Saint Jean (primo hermano de José Luis Mardones Santander, Presidente del BancoEstado)
Adolfo Palma Ramírez (hermano del Fifo Palma)
Enrique Quiroz Ruiz
Wilfredo Humberto Perry González
Odilio Castaño Jiménez (actual co-dueño de la cadena de panaderías ‘Castaño’)
Carlos Fernando Farías Corrales
Juan Zacconi Quiroz
Andrés Pablo Potin Lailhacar
Tito Alejandro Figari Verdugo

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por Arturo Alejandro Muñoz

La Corte Suprema rechazó los recurso de casación en el fondo interpuestos por las defensas de los otrora agentes del denominado Comando Conjunto, en contra de la sentencia que condenó a 27 de ellos por su responsabilidad en los delitos de secuestro simple y homicidio calificado de Ignacio Orlando González Espinoza y Juan René Orellana Catalán; y en los secuestros calificados de Ricardo Manuel Weibel Navarrete, Luis Desiderio Moraga Cruz y Luis Emilio Gerardo Maturana González, todos militantes del Partido Comunista. Los delitos fueron perpetrados entre octubre de 1975 y junio de 1976, en la ciudad de Santiago.

El llamado Comando Conjunto fue un aparato represivo creado por la dictadura bajo la tutela de la Fuerza Aérea (Fach) y la participación de agentes del ejército, de la marina, de carabineros y civiles fachos, que operó principalmente entre los años 1975 a 1977, y cuya razón de ser era competir en faenas represivas y criminales con el omnímodo poder que ostentaba la DINA bajo la tutela del ejército y la dirección de Pinochet y Contreras.

En fallo unánime (causa rol 32.012-2022), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, la ministra María Teresa Letelier y el ministro Jean Pierre Matus- confirmó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que condenó al ex oficial de la Fach Juan Francisco Saavedra Loyola y al ex oficial de carabineros Manuel Agustín Muñoz Gamboa a las penas de 18 años de presidio, más 13 años y más 3 años de presidio, cada uno.

Al ex oficial de la armada Daniel Luis Enrique Guimpert Corvalán a penas de 18 años, más 12 y más 3 años de presidio.

A los ex oficiales de ejército Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla y Sergio Antonio Díaz López, y al ex oficial de la armada Jorge Aníbal Osses Novoa, a penas de 12 años de presidio, más 10 años y un día, más 400 días de presidio a cada uno.

A los agentes Raúl Horacio González Fernández y Alejandro Julio Segundo Sáez Mardones a dos condenas de 10 años y un día de presidio, y más 400 días de presidio a cada uno.

A los agentes Roberto Alfonso Flores Cisterna y Juan Carlos Hernán Rodrigo Villarreal a penas de 10 años y un día, más 5 años y un día, más 400 días de presidio a cada uno.

Al facho civil Otto Silvio Trujillo Miranda la penas de 10 años y un día de presidio Al agente Lenin Figueroa Sánchez, dos condenas de 5 años y un día, más 400 días de presidio.

A los agentes Sergio Daniel Valenzuela Morales, Juan Atilio Aravena Hurtuvia, a penas de 5 años y un día de presidio, más 5 años, más 400 días de presidio.

A los fachos civiles Andrés Pablo Potín Lailhacar, Viviana Lucinda Ugarte Sandoval, Emilio Mahias del Río, y los agentes Juan Luis Fernando López López, José Evaristo Rojas Alruiz, Francisco Segundo Illanes Miranda, a penas de 5 años y un día de presidio, más 400 días de presidio.

A Ernesto Arturo Lobos Gálvez, Alejandro Jorge Forero Álvarez, a penas de 5 años y un día de presidio, más 60 días de presidio.

A Roberto Francisco Serón Cárdenas, a la pena de 5 años y un día de presidio A Robinson Alfonso Suazo Jaque, Pedro Ernesto Caamaño Medina, Pedro Juan Zambrano Uribe y José Hernando Alvarado Alvarado, a la pena de 4 años, más 60 días de presidio cada uno.

Los también condenados Antonio Benedicto Quiros Reyes y Miguel Arturo Estay Reyno, fallecieron en el curso del proceso.

En la investigación judicial y fallo de primera instancia el ministro Miguel Vásquez Plaza estableció que existió una agrupación de hecho que operó clandestinamente entre los años 1975 y 1976, conformado principalmente por agentes que pertenecieron a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea, además de Carabineros Chile, Marina y Ejército, con la colaboración de civiles, cuyo objetivo principal fue la represión de la Juventud del Partido Comunista, para lo cual procedían a la detención de varios de ellos.

Esta agrupación, denominada Comando Conjunto, utilizó para las detenciones y torturas diversas instalaciones: Hangar de Cerrillos; Nido 20, recinto secreto de detención y tortura ubicado en calle Santa Teresa N° 037, paradero 20 de Gran Avenida; Nido 18, recinto secreto ubicado en calle Perú N° 9053, La Florida, Santiago, que fue empleado exclusivamente para la tortura; La Prevención o Remo Cero, que eran calabozos ubicados al interior del Regimiento de Artillería Antiaérea en Colina, todo esto durante el año 1975; La Firma, a principios del año 1976, dicho grupo traslada sus operaciones a la parte posterior del inmueble a cargo de Carabineros de Chile, ubicado en calle Dieciocho, frente al N° 229, que perteneció al ex diario Clarín, denominándosele La Firma.

El actuar operativo de la agrupación, consistía en detener a las personas con la modalidad de secuestro, mantenerlos cautivos en recintos secretos, y someterlos a interrogatorios y torturas, física y psicológica, para obtener información y doblegar su voluntad, logrando la colaboración de alguno de ellos, hasta el punto que algunos fueron asimilados como agentes operativos del grupo, lo que proporcionó una mayor efectividad en la detención de militantes comunistas en cadena, a los cuales se les hizo desaparecer; de algunos de ellos, en el curso de los años, se encontró parte de sus restos.

El día 7 de noviembre de 1975, aproximadamente a las 22.00 horas, fue detenido en su domicilio de calle Río Maule en la Comuna de Recoleta, Ricardo Manuel Welbel Navarrete, por sujetos que vestían de civil; manteniéndosele privado de libertad en el recinto denominado La Prevención o Remo Cero, ubicado al interior del Regimiento Antiaérea en Colina, último lugar en que se le vio con vida y, con posterioridad, fueron encontradas sus osamentas en los terrenos del Fuerte Arteaga, Peldehue.

El día 20 de octubre de 1975, en horas de la madrugada fue detenido en su domicilio de pasaje Tokio en la Población Juanita Aguirre, comuna de Conchalí, Santiago, Luis Desiderio Moraga Cruz, por sujetos que vestían de civil; manteniéndosele recluido en el Regimiento de Artillería Antiaérea en Colina, en cuyo interior se encontraba el recinto denominado La Prevención o Remo Cero, siendo éste el último lugar en que se le vio con vida.

El día 4 de diciembre de 1975, en horas de la madrugada, fue detenido en su domicilio de calle Soberanía de la comuna de Santiago, Ignacio Orlando González Espinoza, por sujetos que vestían de civil; manteniéndosele privado de libertad en el recinto denominado La Prevención o Remo Cero, ubicado al interior del Regimiento de Artillería Antiaérea en Colina, último lugar en que se le vio con vida y, con posterioridad, fue ejecutado en los terrenos del Fuerte Arteaga, Peldehue, donde fueron encontradas sus osamentas.

El día 8 de junio de 1976, en el sector de Estación Central, Luis Emilio Gerardo Maturana González se reunió con Juan René Orellana Catalán, ambos militantes de la Juventud Comunista en la clandestinidad debido a la persecución política de que eran objeto, con el propósito de entregarle dinero del partido a Orellana Catalán para sí y para que a su vez lo entregara a otros militantes del partido ya que Maturana González estaba encargado de distribuirlo; momento en que son detenidos por agentes operativos del referido Comando Conjunto, manteniéndoseles recluidos en el recinto denominado La Firma, desde donde se pierde su rastro. Posteriormente, Orellana Catalán fue ejecutado en la Cuesta Barriga, donde se encontró restos de su persona

El Estudio Caucoto Abogados, oficina especializada en derechos humanos, dio a conocer un nuevo listado actualizado con un total 18 ex uniformados prófugos de la justicia condenados por diversos delitos de lesa humanidad, algunos involucrados en el crimen de Víctor Jara y Littré Quiroga, en la ejecución de 38 campesinos en el Caso Paine principal, el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, Operación Cóndor, Caravana de la Muerte y Caso “Quemados”, entre otras investigaciones.

De acuerdo al listado dado a conocer por dicha oficina en noviembre de 2023, de un total de 14 prófugos, cerca de la mitad han sido capturados. Sin embargo, ahora se agregan a lista 10 nuevos ex uniformados que habiendo sido condenados por sentencia firme, están en calidad de fugitivos de la justicia.

El listado está compuesto por ex militares, carabineros, ex funcionarios de la Armada, y civiles integrantes o de aparatos represores de la dictadura como la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la Central Nacional de Inteligencia (CNI), inteligencia naval, y el Comando Conjunto, acusados como autores y coautores de secuestro calificado, homicidio calificado, asociación ilícita y aplicación de tormentos, entre otros delitos.

Se trata de los sentenciados:

1) Rubén Aroldo Morales López (oficial de Carabineros ®), condenado a 10 años y un día de presidio mayor como autor del homicidio calificado de Jorge Vásquez Matamala.

2) Luis Enrique Barrueto Bartning (empresario), condenado a 10 años y un día como coautor de siete secuestros calificados (desapariciones forzadas) perpetrados en la comuna de Santa Bárbara.

3) Un condenado en el episodio Conferencia II (antes eran cuatro)

Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (oficial de Ejército ®, DINA),

Chaigneau tiene además condenas en el proceso Operación Cóndor. Está sentenciados a dos penas de 18 años de presidio mayor en su grado máximo, por los delitos de secuestro calificado reiterados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velázquez Mardones; y como coautor de los delitos reiterados de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce.

4) Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo (oficial Armada ®),

sentenciado como autor del delito de homicidio calificado y aplicación de tormentos contra Enrique López Olmedo, a las penas de 12 años y 541 días respectivamente.

5) Nelson Edgardo Hasse Mazzei (oficial del Ejército ®),

– Condenado como coautor de los secuestros calificados y homicidios calificados de Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal. Se impuso una pena de 10 años y un día por los secuestros y de 15 años de presidio por los homicidios.

6) Guillermo Salinas Torres (oficial del Ejército ®),

7) Pablo Belmar Labbé (oficial del Ejército ®),

8) René Patricio Quilhot Palma (oficial del Ejército ®),

– Condenados como coautores de los delitos de homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza y autores de asociación ilícita. Por el primer cargo se impuso una pena de 15 años y un día a Salinas Torres, y de 10 años y un día a los dos restantes. Por el delito de asociación ilícita se impuso a todos la pena de 541 días de presidio.

A ellos se suman ahora los nuevos prófugos:

9) Juan de Dios Higueras Álvarez (suboficial de Carabineros ?), condenado en el Episodio Mulchén, como coautor de los homicidios calificados perpetrados en el (i) Fundo Carmen y Maitenes: Florencio Rubilar Gutie´rrez, Jose´ Liborio Rubilar Gutie´rrez, Jose´ Lorenzo Rubilar Gutie´rrez, Alejandro Albornoz Gonza´lez, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acun~a, Daniel Alfonso Albornoz Gonza´lez; ii) del Fundo Pemehue: Alberto Albornoz Gonza´lez, Felidor Exequiel Albornoz Gonza´lez, Jero´nimo Humberto Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y Jose´ Fernando Gutie´rrez Ascencio, ocurridos en los di´as 6 y 7 de octubre de 1973; a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, más accesorias;

También en el mismo episodio fue condenado como coautor de los delitos de secuestro calificado de las siguientes personas del (ii) Fundo El Morro: de Juan de Dios Laubra Brevis, Jose´ Florencio Ya´n~ez Dura´n, Celsio Nicasio Vivanco Carrasco, Edmundo Jose´ Vidal Aedo, Domingo Sepu´lveda Castillo y de Guillermo Jose´ Albornoz Gonza´lez, perpetrados a partir de los di´as 5, 6 y 7 de octubre de 1973, en la comuna de Mulche´n, a la pena de diez an~os y un di´a de presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales.

10) René Riveros Valderrama (oficial de Ejército ?) sentenciado en el proceso Operación Cóndor, a dos penas de 18 años de presidio mayor en su grado máximo, por los delitos de secuestro calificado reiterados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velázquez Mardones; y como coautor de los delitos reiterados de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce.

11) Jaime Ojeda Torrent (oficial de Ejército ?), condenado en el proceso Caravana de la Muerte, episodio La Serena, condenado en calidad de cómplice de 15 homicidios calificados, a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio

Las víctimas son Óscar Aedo Herrera, Marcos Barrantes Alcayaga, Mario Ramírez Sepúlveda, Hipólito Cortés Álvarez, Jorge Contreras Godoy, Roberto Santa Cruz, Jorge Jordán Domic, Gabriel Vergara Muñoz, Carlos Alcayaga Varela, Jorge Osorio Zamora, José Araya González, Óscar Cortés Cortés, Manuel Marcarian Jamett, Víctor Escobar Astudillo y Jorge Peña Hen.

12) Ricardo Lilllo Morandé (oficial de Carabineros ?), condenado a la pena de 15 an~os y un día de presidio mayor en su grado ma´ximo, por los homicidios calificados de He´ctor Mari´n A´lvarez, don Jose´ Luque Schurman y Benjami´n Garzo´n Morillo, el di´a 23 de septiembre de 1973, en el sector del Salar del Carmen, ubicado en la comuna de Antofagasta.

13) Iván Humberto Figueroa Canobra (oficial de Ejército ?), condenado a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, más accesorias legales, por los delitos de homicidio calificado consumado de Rodrigo Rojas De Negri, y homicidio calificado frustrado de Carmen Gloria Quintana Arancibia.

14) Juan Daniel Marambio López (suboficial del Ejército ?) Condenado como coautor del homicidio calificado de Francisco Javier Santoni Díaz, a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias.

Dos del Episodio Janequeo:

15) Miguel Fernando Gajardo Quijada (empleado civil del Ejército ? – CNI) Condenado como cómplice de los delitos de homicidio calificado de Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquian, a la pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio más accesorias legales.

16) José Isaías Vidal Veloso (comisario de la Policía de Investigaciones de Chile ? – CNI) Condenado como coautor de los delitos de homicidio calificado de Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquian, a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo más accesorias legales.

17) Luis Raimundo Quezada Chandía (ex conscripto) condenado como coautor de los homicidios calificados de Hernan Henríquez Aravena, y de Alejandro Flores Rivera, a la pena de 17 años de presidio mayor en su grado máximo.

18) Andrés Pablo Potin Lailhacar (ingeniero civil – Patria y Libertad – Comando Conjunto). Condenado en calidad de coautor del delito de secuestro calificado de Luis Emilio Maturana González, a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, y en calidad de coautor del delito de secuestro de Juan René Orellana Catalán, a la pena de 400 días de presidio menor en su grado mínimo.

Prófugos capturados a la fecha:

Jorge Vargas Bories, oficial de Ejército ? y agente de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), por lo que fue trasladado al penal Colina I. El exuniformado fue condenado como coautor del asesinato bajo tortura del profesor de enseñanza media y ex militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez, ocurrido el 21 de agosto de 1979.

Manfredo Enrique Jurgensen Caesar (médico, CNI) sentenciado como coautor del homicidio calificado de Federico Álvarez Santibáñez, a la pena de 8 años de presidio. Estuvo prófugo desde enero, detenido en Argentina en junio de 2023 cuando intentaba abordar un vuelo a Alemania, siendo solicitada su extradición pero falleció días después privado de libertad;

Olegario Enrique González Moreno (Ejército ®, DINA), condenado como

coautor de 9 secuestros calificados (desapariciones forzadas), a la pena de 10 años y un día, entrando a cumplir condena en julio de 2023;

Héctor Fernando Osses Yáñez (oficial de Carabineros ®, dirigente gremial de uniformados en retiro), condenado como autor en casi una docena de casos por asesinatos en la Población San Gregorio, quién estuvo prófugo entre 2021 a 2023.

José Miguel Meza Serrano (Armada ®, DINA), y Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme (suboficial Ejército ®, DINA), sentenciados como coautores de los delitos de secuestro calificado de Fernando Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez, a la pena de 12 años de presidio cada uno, y de los delitos de secuestro simple de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Berríos, por lo que fueron condenados a 3 años de presidio respectivamente;

Víctor Álvarez Droguett (Ejército ®, DINA),

– condenado como coautor de los delitos de homicidio calificado en las personas de don Juan Fernando Ortiz Letelier, don Horacio Cepeda Marinkovic y don Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de 15 años y 1 día de presidio mayor en su grado máximo;

– condenado como coautor de los delitos de secuestro calificado en las personas de don Fernando Alfredo Navarro Allendes y de Héctor Véliz Ramírez, a la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio;

– condenado como autor de los delitos de secuestro simple en las personas de don Juan Fernando Ortiz Letelier, don Horacio Cepeda Marinkovic y don Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio“

– condenado a 10 años de presidio por el secuestro calificado de Marta Ugarte Román.

-Juan Dionisio Opazo Vera (ex conscripto) sentenciado como coautor de 38 homicidios calificados a la pena de 10 años y un día, en el Caso Paine, Episodio Principal.

-Juan Renán Jara Quintana (oficial del Ejército ®), Condenados como coautor de los secuestros calificados y homicidios calificados de Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal. Se impuso una pena de 10 años y un día por los secuestros y de 15 años de presidio por los homicidios.

Prófugos como forma de impunidad

Para el abogado Francisco Bustos, del Estudio Caucoto Abogados, “nos parece importante alertar sobre este fenómeno, el cual tiene una doble dimensión de análisis. Por un lado, nos muestra que el Estado chileno, y en particular el Poder Judicial, está cumpliendo con su obligación de investigar, juzgar y sancionar crímenes de lesa humanidad. Por esa razón se han dictado decenas de sentencias, y aquí solo basta recordar que el año pasado concluyeron 96 procesos por crímenes contra la humanidad por sentencia firme”.

Agrega que “la segunda dimensión muestra un déficit. Las agrupaciones de familiares, organizaciones de la sociedad civil como Londres 38 han venido denunciando la existencia de prófugos como forma de impunidad. El hecho que desde que esto se advirtiera haya aumentado el número de evadidos, es indicativo de que el sistema de persecución penal puede tomar más medidas para prevenirlo, especialmente en materia de mejorar el control o imponer medidas cautelares más gravosas”.

Bustos, informó que “por nuestra parte como querellantes hemos solicitado las medidas cautelares correspondientes en cada caso”.

Pese a ello, también hay algunas buenas noticias, señala el abogado “como el hecho que varios de estos represores han sido detenidos, y hoy cumplen sus condenas, lo que habla también de un buen trabajo policial”, finalizó.