Pizarro Cortes Mario Jose

El ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago para causas por violación a los derechos humanos, Mario Carroza, dictó sentencia de primera instancia en la investigación por el homicidio calificado del menor de 15 años Orlando Ponce Quezada, ejecutado en octubre de 1973, en los faldeos del cerro Colorado de la comuna de Renca.

En el fallo, el ministro Carroza condenó al teniente en retiro de Carabineros Mario Pizarro Cortés a la pena de 10 años y un día de presidio, en calidad de autor del delito. Asimismo, absolvió al sargento en retiro de la policía uniformada Patricio Montecinos Bustos, por falta de participación en los hechos.

En el aspecto civil, se resolvió condenar al fisco a pagar la suma de $15.000.000 (quince millones de pesos) por el concepto de daño moral al querellante Alberto Haroldo Ponce Quezada, hermano de la víctima.

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la indagatoria, el magistrado logró acreditar la siguiente secuencia de hechos en la causa:

"El día 13 de octubre de 1973, en horas de la mañana, efectivos militares, funcionarios de Carabineros e Investigaciones desarrollaron un allanamiento en la población Cerro Colorado de la comuna de Renca: en el operativo las Fuerzas Armadas y de Orden le ordenaron a varones mayores de 18 años dirigirse con su cédula de identidad hasta el sector donde existía en esa época una cancha de fútbol, ubicada entre las calles Sargento Candelaria y Paula Jaraquemada, lugar donde se verificarían sus identidades y antecedentes por funcionarios de Investigaciones".

"En el curso de este procedimiento, la víctima Orlando Miguel Ponce Quezada de tan sólo 15 años de edad, por curiosidad se asoma al antejardín de la casa en la cual vivía con el propósito de ver lo que acontecía con estas personas, quien al ser sorprendido por un militar, recibe la advertencia que se entre y no salga, pero éste hace caso omiso de la orden e incurre en la misma conducta, lo que habría llevado al militar a ordenarle que también vaya donde estaban los varones adultos; una vez que Ponce Quezada llega al lugar, se le obliga a mantenerse tendido boca abajo en el suelo junto a otros pobladores, en el intertanto se continuaba revisando documentos y una vez finalizado, permite liberar a algunos de ellos, menos al joven Ponce Quezada, a quien Carabineros sube en una camioneta C-10 de color rojo y junto a otras dos personas los mantienen en las mismas condiciones para trasladarlo luego a la Primera Comisaría de Renca".

"En la unidad policial, permanecieron un par de horas y luego se les obliga a subirse nuevamente a la camioneta, y en ella les llevan hasta los faldeos del Cerro Colorado, donde se les ordena bajarse y acto seguido comienzan a golpearlos fuertemente con los pies, las manos y las armas que portaban, luego a dos de ellos los suben heridos a la camioneta, pero a Ponce Quezada, el teniente Mario Pizarro Cortés le habría ordenado caminar delante de ellos; el joven Orlando Miguel Ponce Quezada obedece el mandato y camina un par de metros, instante que aprovecha el teniente Mario Pizarro Cortés para ordenarle a los carabineros que lo acompañan que le disparen, lo cual ellos cumplen y consiguen abatir al menor, quien cae al suelo con vida, pero Pizarro Cortés le remata con su arma de servicio, hecho que finalmente provoca su muerte como consecuencia de un traumatismo cráneo encefálico y de tres impactos en el sector abdominal, con salida de proyectil".

"Una vez consumado el delito, los funcionarios de carabineros se retiraron del lugar en la camioneta con los otros dos detenidos y dejan abandonado el cuerpo sin vida del menor, el que si bien es descubierto por sus familiares, los militares les impiden retirarlo, permaneciendo por días en el lugar y al parecer, finalmente un camión del Ejército lo lleva al Servicio Médico Legal, donde le identifican erradamente como Sergio Fernando Fernández Pavez y lo sepultan bajo ese nombre en el Patio 29, siendo sus restos exhumados por solicitud de agrupaciones de derechos humanos, que obligaron a efectuar un nuevo procedimento de identificación a 127 cadáveres, logrando identificar a uno de ellos como los de Orlando Miguel Ponce Quezada".

Orlando Ponce era un adolescente que fue detenido el 8 de octubre de 1973, por un operativo en el que participaron militares y carabineros, en la comuna de Cerro Colorado, Renca.

Como relata el sitio Memoria Viva “Tras su arresto, fue subido a una camioneta de color rojo que estaba a cargo de Carabineros, quienes lo pusieron boca abajo en el piso del vehículo para proceder luego a saltar sobre su cuerpo”.

Fue torturado y baleado por la espalda, cerca del Cerro Colorado, donde dejaron su cuerpo durante varios días, para posteriormente trasladarlo con destino desconocido. Según su tía, Leontina Rebolledo “El cuerpo permaneció en ese lugar alrededor de 3 días, siendo divisado por una gran cantidad de moradores de la población y también por ella, siendo imposible acercarse al lugar, pues estaba cerrado por Carabineros. Posteriormente se enteró que el cuerpo de su sobrino fue levantado del lugar e introducido en una bolsa. La acción la realizó Carabineros, los que procedieron a llevárselo con destino desconocido”.

El Ministro Mario Carroza señaló en su fallo condenatorio de 10 años y un día que “en la unidad policial, permanecieron un par de horas y luego se les obliga a subirse nuevamente a la camioneta, y en ella les llevan hasta los faldeos del Cerro Colorado, donde se les ordena bajarse y acto seguido comienzan a golpearlos fuertemente con los pies, las manos y las armas que portaban, luego a dos de ellos los suben heridos a la camioneta, pero a Ponce Quezada, el teniente Mario Pizarro Cortés le habría ordenado caminar delante de ellos (…) instante que aprovecha el teniente Mario Pizarro Cortés para ordenarle a los carabineros que lo acompañan que le disparen, lo cual ellos cumplen y consiguen abatir al menor”.

Todos los violadores de derechos humanos que están en Punta Peuco deben pasar a cárceles comunes. Basta de impunidad.

Hasta dos años llevan fugados algunos reconocidos criminales de la dictadura, cobrando incluso sus pensiones. La organización de derechos humanos asegura que existen redes de protección en torno a ellos.

por Daniel Labbé Yáñez

La mañana de este jueves la organización Londres 38 hizo un llamado a las autoridades del Ministerio del Interior, a los jueces y tribunales del Poder Judicial y a los organismos policiales a que pongan fin a la «impunidad flagrante» que se produce con el no cumplimiento de las sentencias de la Corte Suprema por parte de ex oficiales de Carabineros, condenados por graves y múltiples crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar, quienes se mantienen prófugos.

Londres 38 menciona como ejemplo a uno de los casos más recientes, el del teniente coronel (r) Andrés Leopoldo Flores Sabella, quien está prófugo de la justicia desde el 15 de junio pasado, cuando el juez Mario Carroza ordenó el cúmplase de la sentencia de 15 años de cárcel por su participación en los asesinatos de seis personas en Conchalí, en 1973. «Este ex oficial de Carabineros no ha sido notificado de su sentencia, pues permanece escondido hasta hoy», advierte la organización.

Flores Sabella comandó un pelotón que el 14 de septiembre de 1973 detuvo en la población Irene Frei de Conchalí a Luis Caro Bastías, Antonio González Rojas, Ricardo Ortega Alvarado, Carlos Hidalgo Retamal y a los hermanos Vicente y Enrique Vásquez Castañeda. «Todo ellos fueron acribillados por orden del entonces teniente», explica Londres 38.

El otro caso es el de Ricardo Lawrence Mires, ex oficial de Carabineros que fue jefe del grupo operativo Águila, que dependía de la Brigada Caupolicán de la DINA. Estuvo en los centros secretos de Londres 38, Venda Sexy, José Domingo Cañas, Villa Grimaldi y Simón Bolívar. Su largo historial represivo indica que tiene amplia información sobre el destino de las personas detenidas desaparecidas, sin embargo, no ha colaborado con la justicia.

Fue procesado en el caso de Alfonso Chanfreau Oyarce y obtuvo condena definitiva de la Corte Suprema el 30 de abril de 2015. También está condenado por los crímenes de Alejandro de la Barra y Ana María Puga, emboscados en diciembre de 1974.

Por la desaparición forzada de Alfonso Chanfreau, el ex agente de la DINA fue condenado a 10 años de cárcel, mientras que por los crímenes de Puga y de la Barra a 15 años y un día. También está condenado en un proceso por detenciones y torturas de ex presos políticos en Villa Grimaldi.

Lawrence Mires está prófugo hace casi dos años, desde febrero de 2014,  luego que el juez Jorge Zepeda dictara el cúmplase de una sentencia por la cual debía ingresar a la cárcel. Permanece en Chile, como lo demuestra el hecho que sigue cobrando sus pensiones de Dipreca y además ocasionalmente se comunica con su familia.

No han sido los únicos casos. El 19 de agosto pasado los tribunales penales también emitieron el cúmplase para que ingresaran a prisión los suboficiales en retiro de Carabineros Patricio Ignacio Montesinos Bustos y Mario José Pizarro Cortes, quienes deben cumplir 10 años y un día de cárcel por el asesinato del menor de 15 años, Orlando Miguel Ponce Quezada, cuyos restos fueron ocultados en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago.

Ambos suboficiales no se presentaron al tribunal y al ser buscados por la PDI no fueron hallados en sus residencias declaradas. Permanecieron en fuga unos veinte días, ya que fueron arrestados, uno en casa de un familiar en Pudahuel, y el otro en una parcela de Limache.

Los condenados, Patricio Montecinos Bustos y Mario Pizarro Cortés perpetraron el crimen el 13 de octubre de 1973. Foto: EFE/Archiv

La Corte Suprema de Chile condenó a dos carabineros jubilados a penas de 10 años y un día de cárcel por el homicidio, en 1973, de Orlando Ponce Quezada, un niño de 15 años, según fuentes judiciales.

Los condenados, Patricio Montecinos Bustos y Mario Pizarro Cortés perpetraron el crimen el 13 de octubre de 1973 en la población Cerro Colorado, en el municipio santiaguino de Renca.

El asesinato

Orlando Miguel Ponce Quezada se asomó a la puerta de su casa durante un allanamiento policial, fue detenido y llevado a un cuartel y dos horas después a un lugar despoblado, momento en el que el teniente Mario Pizarro Cortés ordenó a los carabineros que lo acompañaban que lo disparasen.

Los carabineros cumplieron la orden y abatieron al menor. Aunque murió instantáneamente, Pizarro Cortés se acercó al cuerpo y lo remató con su arma pistola, relata la sentencia.

En el aspecto civil, la Corte ordenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de 40 millones de pesos (61.000 dólares) a un hermano de la víctima.

Otro caso

También la Corte condenó a un militar jubilado por el homicidio, en 1981, de Gumercindo Gutiérrez Contreras en la sureña localidad de Lautaro, en cuyo regimiento la víctima cumplía su servicio militar.

La sentencia condenó a Carlos Blanco Plummer a cinco años y un día de prisión por el homicidio del joven mientras este cumplía una guardia.

Blanco Plummer, era un alférez conocido por amedrentar a los reclutas colocando su pistola en sus sienes, bocas o cuellos.

Según la sentencia, el 20 de marzo de 1981 el alférez antes indicado se detuvo frente a Gutiérrez Contreras, le preguntó "¿quieres morir, peladito?", tras lo cual le puso el cañón del arma de servicio en la boca y le disparó.

Condenas

La Segunda Sala del máximo tribunal confirmó también las condenas de seis exagentes del Comando Conjunto por su responsabilidad en el secuestro calificado (desaparición) de Juan Quiñones Ibaceta en julio de 1976.

Los exagentes Miguel Estay Reyno, Manuel Muñoz Gamboa, Daniel Guimpert Corvalán, César Palma Ramírez, Enrique Ruiz Bunger y Juan Saavedra Loyola fueron condenados a 10 años de cárcel.

En el aspecto civil, se condenó al fisco a pagar una indemnización de 150 millones de pesos (228.000 dólares) a los familiares de la víctima.

Según la sentencia, Juan Luis Quiñones Ibaceta pertenecía a la Juventud del Partido Comunista (JJ.CC.) y participó en actividades partidistas clandestinas durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Entre los años 1975 y 1976 se formó y operó el Comando Conjunto, una agrupación conformada por efectivos de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile (DIFA), de Carabineros de Chile (DICAR), de la Armada (SIN) y civiles adscritos a la Fach, objetivo era perseguir, reprimir y desmantelar al Partido Comunista.

En este contexto, el 23 de julio de 1976, el militante de la juventud comunista Juan Luis Quiñones Ibaceta había quedado con un supuesto compañero apodado "El Fanta", quien tenía que prestarle ayuda para salir del país.

Cuando llegó al lugar de la cita, Quiñones Ibaceta fue detenido y trasladado al cuartel de calle Dieciocho. "Desde esa fecha hasta el día de hoy se carecen de noticias de su real paradero", concluye la sentencia.