Pérez Manríquez José

Bajo el argumento de una “nueva política de personal”, el ministerio cesó a 5 ex integrantes de organismos represores que estaban prestando funciones en la subsecretaría encabezada por Oscar Izurieta.

El ministro de Defensa Andrés Allamand ordenó el cese de contratos de personal de la subsecretaría de Defensa, ligado a organismos de represión de la dictadura de Augusto Pinochet.
A través de un comunicado, y bajo el argumento de una “nueva política de personal”, la cartera informó que Alejandro Romero Peragallo, José Pérez Manríquez y Orlando Carter Cuadra “han cesado en sus funciones en la Subsecretaria de Defensa a contar del día de hoy” lunes 31 de enero.

Romero Peragallo y Pérez Manríquez fueron integrantes de la CNI, en tanto Carter Cuadra es yerno del ex jefe de la disuelta DINA, Manuel Contreras. La remoción les fue comunicada a los 3 ahora ex funcionarios el pasado 17 de enero.

Otros dos funcionarios cesados de sus cargos con Italo Seccatore Gómez y Pedro Fernández Neira, el primero ex DINA y el segundo ex CNI.

Ambos también estaban contratados en la Subsecretaría de Defensa, dependencia a cargo del ex jefe del Ejército, Ricardo Izurieta. En sus caso, fueron cesados el 31 de diciembre pasado.

Los registros a los que accedió CIPER demuestran que al menos 827 exagentes de los organismos represivos de la dictadura provenían de la PDI, Carabineros y Ejército. Muchos de ellos volvieron a sus instituciones de origen y tras el retorno de la democracia siguieron haciendo carrera en ellas. Algunos llegaron a ocupar cargos de dirección. Incluso, varios siguieron contratados, como civiles, después de jubilarse. Entre los exagentes que volvieron a las filas sin enfrentar cuestionamientos, hubo algunos que trabajaron en inteligencia y en la formación de nuevas generaciones de policías.

Durante décadas, después del retorno de la democracia, exagentes de los cuerpos represivos de la dictadura hicieron carrera en la PDI, Carabineros y el Ejército, instituciones que les abrieron las puertas a pesar de que habían servido en entidades donde se secuestró, torturó, asesinó y desapareció a opositores al régimen militar. De acuerdo con documentos oficiales revisados por CIPER, un total de al menos 827 funcionarios de ambas policías y del Ejército habían sido destinados a la DINA y a la CNI. El retorno de los exagentes a sus instituciones de origen tampoco fue cuestionado por los gobiernos de esa época, encabezados por la Concertación (DC, PS y PPD). 

Lo archivos analizados por CIPER indican que, por lo menos, 111 exagentes represivos pertenecían a la PDI. Otros 126 eran de las filas de Carabineros (solo nueve oficiales entre ellos). Y 590 provenían del Ejército (152 oficiales y 438 suboficiales) 

La revisión de los antecedentes de los reincorporados a las policías y al Ejército, muestra que varios ocuparon cargos directivos en áreas relacionadas con la investigación de narcóticos, formación de nuevos funcionarios, operaciones especiales, logística, inteligencia, criminalística y administración, según quedó consignado en registros de las tres instituciones revisados por CIPER.

Entre estos exagentes, sobresalen, entre otros, José Enberg Castro, quien fue docente de la Academia de Guerra del Ejército hasta 2021 (vea el reportaje: “El exorbitante gasto fiscal por jubilaciones de FF.AA.: $3,8 billones entre 2011 y 2015”) y Kurt Dechent Palau, un egresado de la Escuela de las Américas (ver enlace) que fue nombrado jefe de zona durante procesos electorales (ver enlace) y que por lo menos hasta 2019 figuraba como gestor de intereses de la empresa alemana Diehl Defence, especializada en la fabricación de sistemas de misiles aire-aire y aire-tierra (ver enlace).

Otro de los casos más llamativos es el del oficial de Ejército en retiro Alberto Elías Magluf, quien actualmente es funcionario de planta del Servicio Nacional de Prevención de Desastres (Senapred, la antigua Onemi), institución en la que se desempeña como jefe de la División de Abastecimiento. Incluso, en abril de 2023 fue nombrado tercero en el orden de subrogación de esa entidad por orden del presidente Gabriel Boric (ver enlace).

Este coronel en retiro, en su calidad previa de jefe de Adquisiciones subrogante del Ejército, fue justamente quien firmó el contrato de compra de un avión Cessna en 2012, operación investigada por la Justicia por fraude al fisco (ver documento). Según publicó La Tercera esta semana, la ministra en visita de la Corte Marcial, Ana María Osorio, notificó el procesamiento de Magluf y otros tres exmilitares en esta arista judicial.

Los archivos revisados para este reportaje ahora forman parte del buscador online de documentos “Papeles de la Dictadura”, una iniciativa desarrollada por CIPER con la colaboración del Centro de Investigaciones y Proyectos Periodísticos (CIP) de la Universidad Diego Portales (acceda acá al buscador “Papeles de la Dictadura”).

LOS AGENTES DE LA PDI

De acuerdo con los registros oficiales a los que accedió CIPER, al menos unos 111 agentes de la policía civil fueron destinados en comisión de servicio a la DINA y luego a la CNI, entre 1973 y 1990 (ver documento).

Algunos, como el subcomisario Armando Almendra Muñoz, fueron destinados a la Brigada Lincoyán que operaba al interior de la Cancillería y realizaba labores de análisis (ver declaración judicial). Otros, como Manuel Chirinos Ramírez, ejecutaron tareas en unidades como la Brigada Purén, la que se encargó de detener y eliminar a militantes y direcciones de los partidos Socialista y Comunista (ver declaración judicial).

Asimismo, hubo agentes que participaron directamente en interrogatorios a detenidos o crímenes de lesa humanidad, como el fallecido prefecto Juan Ángel Urbina Cáceres, quien fue condenado en sentencia de primera instancia por la Corte de Apelaciones de Santiago a diez años como autor del delito de secuestro calificado en la Operación Colombo, ocurrida en 1975 (ver declaración). 

En dictadura, la práctica habitual era que los agentes volvieran a su institución tras su paso por la policía secreta. Este procedimiento se mantuvo en democracia, facilitando que varios de ellos fueran reincorporados a la policía civil o se mantuvieran en ella, cuando esta institución tenía como una de sus labores principales precisamente la investigación de los secuestros y asesinatos cometidos por el régimen militar.

Según los registros oficiales revisados por CIPER, tres de estos agentes se mantuvieron hasta la primera década de este siglo en la PDI y un cuarto hasta 1997. Los tres primeros son Sergio Audiel Mellado Faúndez, Ricardo Montecinos Fuentes y Andrés Aburto Bustamante. El otro es Carlos Jorge Serrano González.

Mellado, quien se retiró recién en 2009, llegó incluso a ser jefe de la Jefatura Nacional de Informática y Telecomunicaciones. Ya jubilado, este agente además fue contratado como asesor en la Dirección de Previsión de Carabineros, Dipreca.

CARABINEROS: OFICIALES CONDENADOS

Según los registros oficiales de Carabineros, revisados por CIPER, un total de 126 agentes cumplieron funciones en la DINA y la CNI. Sólo nueve de ellos eran oficiales (ver documento).

Tras la recuperación de la democracia, siete de esos oficiales permanecieron largos años vinculados a la policía uniformada, como fue el caso de la capitana Dina Petric, quien en la década de 1980 trabajó en la CNI bajo las órdenes de Álvaro Corbalán, condenado en múltiples causas de derechos humanos (ver documento). La oficial Petric se acogió a retiro en 1999 (ver documento), pero luego fue contratada como civil en 2012.

La mayor Norma Salinas Vallejos fue otra oficial que permaneció largos años vinculada a Carabineros, luego de su paso por la policía secreta de la dictadura. Su última destinación fue la 48° Comisaría de Santiago.

El oficial Iván Quiroz Ruiz permaneció en la institución hasta 1997, pese a que ya en esa época era investigado por la justicia militar por su participación en la Operación Albania, acción de la CNI que derivó en los asesinatos de Esther Cabrera, Elizabeth Escobar, Patricia Quiroz, Hernán Rivera, Ricardo Silva, Manuel Valencia y José Valenzuela, todos miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

Por este caso fue condenado a diez años y un día como autor de los homicidios. Tras esa resolución judicial de 2008, se mantuvo prófugo hasta que finalmente fue capturado por la PDI (ver documento).

Quiroz también fue condenado por su participación en los homicidios calificados del periodista José Carrasco y del militante comunista Abraham Muskatblit, ocurridos en septiembre de 1986 en Santiago. 

Otro oficial que permaneció en la institución hasta 1997 y que luego fue condenado por homicidio fue Miguel Soto Duarte, a quien la Justicia sancionó por el asesinato de Paulina Aguirre Tobar, militante del MIR de 20 años de edad, cuyo informe de autopsia indica que recibió dos disparos en la cabeza, uno en el cuello, tres en la mano derecha y dos en el antebrazo izquierdo (ver documento).

En tanto, entre los suboficiales, un total de 31 se mantuvieron en la institución largos años tras el retorno a la democracia, cumpliendo funciones en comisarías, la Sección de Investigaciones de Accidentes de Tránsito (SIAT), la Escuela de Suboficiales, la Prefectura Aeropolicial y Fuerzas Especiales.

EL BATALLÓN DEL EJÉRCITO

El Ejército fue la rama castrense que más agentes proveyó a la DINA y la CNI. Según los registros institucionales revisados por CIPER, fueron al menos 152 oficiales y 438 suboficiales (ver documento). 

Esta lista, por cierto, no es exhaustiva y en ella no se incorporaron figuras clave, como el director de la DINA, Manuel Contreras, y los oficiales Raúl Iturriaga y José Zara, ambos involucrados en el asesinato del general Carlos Prats, ocurrido en Argentina en 1974, entre otros crímenes. Tampoco figura el coronel Miguel Krassnoff, condenado en múltiples causas por homicidio y secuestro.

No obstante, en esta nómina el Ejército reconoce oficialmente que destinó personal para que cumpliera funciones como agentes de la DINA y CNI. De ellos, varios permanecieron en democracia activos o contratados una vez jubilados, pese a enfrentar juicios por crímenes de lesa humanidad.

Algunos de los casos más connotados corresponden a los ya mencionados oficiales José Enberg Castro, Kurt Dechent Palau y Alberto Elías Magluf. 

Pero hay más. Por ejemplo, el oficial en retiro Jorge Pérez Labayru fue hasta 2018 asesor de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) (ver enlace). Por su parte, el teniente coronel en retiro Nazario Aracena Robles fue contratado como supervisor de seguridad, aseo, ornato y paisajismo de la Escuela Militar desde el 1 de febrero de 2013 al 31 de diciembre del mismo año.

El teniente coronel Francisco Miranda Murray estuvo 32 años en servicio y se desempeñó a honorarios hasta 2015. Su colega José Pérez Manríquez trabajó en la Subsecretaría de Defensa hasta 2011, cuando fue cesado de su cargo. Un caso similar ocurrió con el coronel Rodolfo Ortega Prado, quien en 2005 fue nombrado agregado militar en España, durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006). En 2016, publicó el libro Historia Militar de la Virtudes del Ejército Chile.

El coronel Martín Borck Keim ejerció en 2007 -durante el primer gobierno de Michelle Bachelet- como secretario ejecutivo de la Comisión de Desminado que operó con el Ministerio de Defensa. Además, en 2011, se desempeñó como director de la Escuela de Suboficiales del Ejército (ver enlace). 

Asimismo, varios de estos exagentes fueron nombrados también jefes de plaza para los sucesivos actos electorales que vivió el país desde 1990. Uno de ellos fue el coronel en retiro Rodolfo Martinic Marusic (ver enlace), quien además estuvo hasta 2002 como director de la Escuela de Montaña del Ejército (ver enlace).

En tanto, otros oficiales, como el capitán en retiro Luis Fuenzalida Bernal fueron adscritos a la Academia Politécnica Militar. En su caso fue profesor, entre otros, de cursos de abastecimiento durante 2013 y 2014, y, por un día, de la asignatura de organización y control y de ética en 2016 (ver enlace).

Otro de los agentes de la CNI que se mantuvo largos años en las filas del Ejército fue Carl Marowski Pilowski, quien pasó a retiro en 2015. En su hoja de vida, figura su labor como director del Centro Conjunto Para Operaciones de Paz de Chile CECOPAC, función que ejerció entre 2002 y 2004. 

En septiembre de 2016, Carl Marowski asistió como secretario general de la Academia de Guerra a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, como reseñó CIPER en su momento (ver enlace).

Algunos de los oficiales que ejercieron funciones en los organismos represivos fueron destinados también a las áreas de logística, adquisición y proyectos, el núcleo administrativo de los procesos de compra y renovación de armas y repuestos militares. Por ejemplo, el coronel Néstor Vera Salvo aparece firmando resoluciones en nombre del Ejército incluso en el primer gobierno de Sebastián Piñera, en 2011 (ver enlace). Otros, como Jaime Norambuena Aguilar, se desempeñaron en FAMAE hasta principios de siglo. Una situación similar ocurre con Humberto Nilo Penroz, quien fue asesor de la Jefatura de Ahorro para la Vivienda del Ejército (JAVE).

Pero sin duda que quien tuvo la carrera activa más prolongada fue Juan Vidal García Huidobro, quien llegó al grado de general y en 2012 fue condecorado en La Moneda por el presidente Piñera, junto al Alto Mando de la época (ver enlace).