Pereira Olivera Aladino Del Carmen

Los sujetos habrían proporcionado las pistolas ocupadas en el crimen de Diego Schmidt-Hebbel y el doble asesinato de calle Infante. Asimismo, Carabineros incautó ayer la impresora plotter con que Pilar Pérez habría diseñado planos para orientar los crímenes.

A pesar de que aún no se han encontrado ni el revólver con que José Ruz Rodríguez asesinó al ingeniero Diego Schmidt-Hebbel ni el arma utilizada en el doble crimen contra el arquitecto Francisco Zamorano y su pareja Héctor Arévalo, la Fiscalía Oriente ya cuenta con la declaración de las personas que le proporcionaron las armas y otros adminículos al sicario contratado por María del Pilar Pérez, quien será reformalizado en los próximos días. Se trata de Juan Francisco González González, alias "El Milico Juan", y Aladino del Carmen Pereira Olivera, un conocido radioperador y armero de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) que ha declarado en varios procesos judiciales de derechos humanos, como el crimen del periodista José Carrasco (ver recuadro).

Esta vez Pereira deberá enfrentar a la nueva justicia. Esto ya que trascendió que se solicitará su formalización por infringir la ley de control de armas y se indagará si esta conducta se reiteró en el tiempo. Fuentes ligadas a la causa señalaron que ambos sujetos son conocidos armeros del barrio Franklin, lugar en el que Ruz los contactó tras el dato que le habría dado la misma Pérez.

En particular se le imputa a Pereira ser el que le proporcionó al sicario el silenciador que utilizó el día del doble crimen en calle Infante. En tanto, González, que mantiene calidad de testigo protegido en este caso, habría facilitado las armas propiamente tal. El sujeto se encuentra resguardado en un hotel en el centro de Santiago para que no reciba amenazas ni presiones, convirtiéndose en una pieza fundamental para la investigación.

Impresora plotter

Carabineros incautó ayer en casa de Pilar Pérez la impresora plotter, que de ser una herramienta profesional de la arquitecta, se convirtió con esta diligencia en una prueba clave para imputarle a la mujer su autoría como inductora.

Esto, luego que hace algunos días la Fiscalía hallara en el domicilio de Ruz el plano de la casa de su cuñado Agustín Molina supuestamente confeccionado por la mujer y que guiaría los pasos del sicario el día en que éste debía matar al esposo de su hermana.

A pesar de no estar sometido a la imputación de un delito ni a un procesamiento, Aladino Pereira ha declarado en innumerables ocasiones ante la justicia. Sus días como armero y radioperador de la CNI lo han llevado a ser testigo de casos tan relevantes como la aparición de una pista sobre la muerte del empresario gastronómico Silvio Aurelio Sichel (caso Cutufa II) y la ejecución de cuatro profesionales en 1986. En ambas situaciones, y tal cual sucede ahora, Pereira colaboró con la justicia. En mayo del 2006, declaró ante el 33º Juzgado del Crimen que el carabinero Víctor Fornet le entregó una pistola marca Browning para que la revisara. “El arma se encontraba en buenas condiciones y la probé en el pozo de mi taller”, señaló. Tras esto, Pereira testifica que aquella arma le fue entregada al capitán (R) del Ejército Patricio Castro días antes del crimen de Sichel. “Aparece Víctor Muñoz Orellana en el departamento de Corbalán y llevaba un arma de fuego Browning con un silenciador y se la entrega a Patricio Castro diciéndole ‘jefe, aquí esta la herramienta para lo que sabe’, a su vez Castro le exhibe el arma a Corbalán”, dijo en esa oportunidad.

b)Aladino del Carmen Pereira Olivera (428), quien expone que en junio de 1980 fue contratado como “empleado civil” por la CNI, asignándosele el nombre “operativo” de “Sergio Sepúlveda Ochoa”. En septiembre del mismo año fue destinado al cuartel Borgoño, a cargo del coronel Roberto Schmied; en 1982 fue designado encargado de comunicaciones radiales. En cuanto al hecho investigado expresa: “sin recordar fecha exacta…a raíz de la escasez de funcionarios en la Unidad fui invitado por Alfredo Arias, desconozco mayores antecedentes de su persona y por un funcionario apodado “El Choco”, (Víctor Manuel Molina) a que los acompañara a efectuar un punto fijo…decido acompañarlos. Durante el trayecto Alfredo Arias me señaló que íbamos a hacer un punto a un hermano de “Nacho Aguiló”…Sergio Aguiló Melo…llegamos a un sector muy cercano a la Rotonda Quilín…permanecimos por varias horas, hasta más o menos las cuatro de la madrugada, cuando de una de las casas que se estaba vigilando salió un vehículo…“El Choco” le dice a Alfredo:“Ahí va la comadre”…Alfredo dice que no nos preocupemos y toma la radio, comunicándose con otro equipo de trabajo…“El Choco” pone en marcha el vehículo y nos retiramos del lugar con destino al cuartel Borgoño …Transcurrida alrededor de una semana…Alfredo Arias me comentó que Sergio Aguiló Melo había sido detenido en el centro de Santiago, en 1982…en la oficina de comunicaciones radiales…recuerdo en una oportunidad …entre los años 1980 y 1982 escuché “Ahí viene el Ministro”…me dirigí hacia el anfiteatro…encontrándome de frente con el Ministro del Interior de la época don Sergio Fernández Fernández…consignando en el Libro de Novedades…la llegada de don Sergio Fernández, cuya finalidad de la visita desconozco…”

Judicialmente reitera, a fojas 942, haber sido contratado como empleado civil de la CNI, con la identidad falsa de “Sergio Sepúlveda Ochoa”; desde fines de 1980 estuvo en el cuartel Borgoño. El deponente cumplía funciones en la brigada F 2.9, encargada de la seguridad bancaria y además, era radio operador del cuartel. Operaban diferentes brigadas encargadas de investigar a los Partidos políticos como MAPU, Izquierda Cristiana, Socialista y MIR. Había también una unidad de ejecución selectiva dirigida por Álvaro Corbalán; era de “exterminio”. Los detenidos se mantenían en el subterráneo. Añade “Los interrogatorios…se realizaban en el mismo subterráneo, en una habitación especialmente habilitada para tales efectos, ésta era anti ruidos, en la puerta tenía unas gomas que servían como aislantes, para que así desde el exterior no se escuchara nada…En esta oficina había un escritorio con una máquina de escribir…además utilizaban elementos como un somier metálico, un magneto de bajo amperaje, pero de muchísimo voltaje…le aplicaban corriente a los detenidos, esto yo lo supe ya que, en una oportunidad, que me encontraba de centinela en el sector del subterráneo, salió desde esta pieza un agente que fue a buscar agua y procedió a mojar el somier que estaba al interior de esa pieza. Al parecer estaban con un detenido…A los interrogatorios también asistía siempre el médico Osvaldo Pincetti…trataba de hipnotizar a los detenidos en los interrogatorios…En relación al hecho que se investiga en estos autos, lo único que puedo aportar es que…yo me encontraba en el cuartel Borgoño cuando “El Rucio Alfredo”, Alfredo Arias, también empleado civil de la Central…me pidió que lo acompañara a realizar un “punto fijo”, a esta diligencia también fue el agente “Choco Grande”…conductor del vehículo. El “punto fijo” se realizó cerca de la Rotonda Quilín…ellos estaban buscando a Hernán Aguiló Melo, quien era del MIR, que resultó ser hermano del querellante…Sergio Aguiló Melo. Permanecimos bastantes horas…y desde la vivienda que estábamos vigilando salió un vehículo conducido por una mujer… posteriormente nos retiramos del lugar…Días después el propio Alfredo Arias me contó que él había participado en la detención de Sergio Aguiló Melo en la Alameda con San Martín, junto al “Capitán Ugarte”, si mal no recuerdo…Puedo señalar además que en los vehículos que utilizaban las agrupaciones se mantenían Decretos exentos en blanco firmados por el Ministro del Interior, los que en caso de detener alguna persona se escribían a mano por algún funcionario y, posteriormente, este documento…se entregaba al tribunal cuando se ponía a disposición al detenido…”

Al tráfico, fabricación y modificación de armas de todo tipo se dedicaba una banda delictual detenida en la comuna de San Ramón, en Santiago, y que fue puesta a disposición de tribunales por la Fiscalía Sur en el día de ayer.

La banda era integrada por Aladino del Carmen Pereira Olivera, de 62 años de edad, de oficio armero. El aludido Pereira fue agente de la CNI, el órgano represivo de la dictadura que desarrolló una cruenta actividad criminal en los años 80, continuando la acción represiva de la DINA.

El agente represivo fue incorporado a la CNI en junio de 1978, contratado como empleado civil del ejército, permaneció activo en el ente represivo hasta 1986 usando la chapa de Sergio Sepúlveda Ochoa y siendo conocido por el alias de "Romeíto", "Checho", y "Alan". Actuó, precisamente, como armero artificiero en el Cuartel Loyola y después en el Cuartel Borgoño, donde operó además como radio operador en la central de comunicaciones.

Hasta ahora, el ex agente, pese a haber sido indagado en varios procesos de derechos humanos, no ha sido procesado en ninguna causa. Sin embargo, su tendencia al actuar ilícito la continuó en las esferas delictivas donde, finalmente, le ha caído la ley encima.

Aladino Pereira Olivera, ex agente de la CNI, fue detenido este martes por la PDI y quedó en prisión preventiva, acusado de liderar una banda dedicada a vender armas de grueso calibre a bandas delictuales del sector sur de la capital

Aladino Pereira Olivera, ex agente de la CNI, fue detenido este martes por la PDI y quedó en prisión preventiva, acusado de liderar una banda dedicada a vender armas de grueso calibre a bandas delictuales del sector sur de la capital. El sujeto de 62 años mantenía un taller en la comuna de San Ramón.

Pereira ingresó a la CNI en 1980 y estuvo bajo el mando de Álvaro Corbalán en el Cuartel Borgoño, ubicado en el sector Mapocho de la capital. Según señala lanacion.cl, es el mismo sujeto que le habría vendido silenciadores a José Ruz, sicario de María del Pilar Pérez López, más conocida como «La Quintrala».

La investigación sobre el actuar del ex CNI comenzó en junio y logró determinar que en su taller se fabricaban armas modificadas que eran usadas por bandas delictuales del sector sur de la capital, especialmente de la población La Bandera.

En el procedimiento policial que se realizó en ese lugar, se incautaron diferentes tipos de armas y se encontraron 997,47 gramos de clorhidrato de cocaína, entre otras sustancias ilícitas.

El exagente de la CNI Aladino Pereira tiene además antecedentes por abuso sexual en 2011, por tráfico de drogas e infracción a la Ley de Armas y es investigado como el supuesto

Este martes la PDI desbarató una banda dedicada a la fabricación y distribución de armas artesanales que era liderada por el exagente de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Aladino Pereira Olivera. Según la información entregada por Investigaciones, Pereira Olivera era armero artificiero del grupo, quienes contaban con talleres de fabricación, manipulación y entrega de armas artesanales y convencionales, además de municiones.

La operación llamada "Aladino" tuvo seis meses de investigación por parte de la PDI y la Fiscalía Metropolitana Sur, logrando incautar en el lugar una gran cantidad de armas artesanales y convencionales, como una veintena de pistolas, fusiles y silenciadores, según informó Cooperativa.

En el lugar, además, se encontró una gran cantidad de dosis de cannabis y de clorhidrato de cocaina. El exagente CNI tiene además antecedentes por abuso sexual en 2011, por tráfico de drogas e infracción a la Ley de Armas y es investigado como el supuesto vendedor de los silenciadores que utilizó el sicario de María del Pilar Pérez "La Quintrala", José Ruz, en el crimen de su exesposo y su pareja.

Ante esta información, el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, señaló estar preocupado por que otros exagentes de la dictadura estén ligados a este tipo de casos. "Desde el 2015 en adelante se ha venido trabajando en la linea de poder detener a estas bandas que operan y proveen de armas a distintos delincuentes", explicó la autoridad.

El ministro de fuero Alejandro Solís condenó, entre otros, al ex jefe operativo de la desaparecida Central Nacional de Informaciones (CNI), Álvaro Corbalán Castilla, por los delitos cometidos contra el hoy diputado del Maiz en diciembre de 1981. En su fallo dice que el organismo represivo “practicaba la tortura en forma sistemática” y que ello era ordenado por “sus jefaturas”.

A tres años de presidio, pero con el beneficio de libertad vigilada, fue la pena que el ministro de fuero, Alejandro Solís, dictó para el ex jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Álvaro Corbalán, por las torturas aplicadas en diciembre de 1981 al hoy diputado Sergio Aguiló.

Junto a Corbalán, quien se encuentra recluido en Punta Peuco con varias condenas en su contra, fueron sindicados como responsables del secuestro y las posteriores torturas que sufrió en el entonces dirigente opositor, los ex agente Roberto Urbano Schmied Zanzi (3 años de presidio), Alejandro Roberto Morel Concha (3 años de presidio), Manuel Segundo Gallardo Sepúlveda (3 años de presidio), Carlos Ruperto Contreras Ferrada (61 días de presidio) y Sergio Iván Díaz Lara: (61 días de presidio).

Ninguno de ellos, sin embargo, deberán estar en la cárcel por este caso en particular ya que recibieron los beneficios de libertad vigilada o remisión condicional de la pena.

Aguiló, al conocer el fallo, destacó su ocurrencia y dijo que si bien las penas eran bajas, ello no era lo importante sino que se sentará un precedente para que se conociera lo que había realizado Corbalán Castilla en esa época, recordando que desde Punta Peuco el mayor retirado organiza un homenaje a Augusto Pinochet que se realizará el sábado 8 en el teatro Caupolicán.

El parlamentario fue detenido a las 14:30 horas del viernes 4 de diciembre de 1981 en la intersección de Alameda con San Martín, pleno centro de Santiago, por funcionarios que dijeron pertenecer a la Central Nacional de Informaciones, sin exhibir orden de alguna. “Lo subieron a un vehículo, le taparon sus ojos con cinta adhesiva y lo trasladaron a un lugar desconocido; en el cual pasó diez días sometido permanentemente a torturas, las que detalla, relativas a aplicación de corriente eléctrica en su cuerpo mientras era interrogado sobre sus vínculos con la Izquierda Cristiana, le amenazaron con matar a su hija de dos años de edad y con torturar a su esposa; lo hicieron posar ante una cámara de filmación con una ametralladora tipo AKA y escribir varias declaraciones”, señala el fallo.

Su familia, al conocer la detención, interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones, pero se informó que no estaba detenido. Luego, la 2ª.Fiscalía Militar dio a conocer un certificado en que se señalaba que su detención era ordenada por el Ministro del Interior de la época, Sergio Fernández Fernández.

Posteriormente Aguiló fue trasladado a la ex Penitenciaría, donde quedó en libre plática. A raíz de ello, ya en 1982, presentó una denuncia ante la Fiscalía Militar por los hechos acaecidos durante su cautiverio y responsabilizó de los mismos al entonces ministro del Interior, Sergio Fernández y al propio Augusto Pinochet.

Según Aguiló, al insistir con su denuncia en 2005, el ex ministro Fernández tenía conocimiento de la situación que él enfrentó cuando estuvo detenido. “Lo que hacía el ministro Fernández es ser parte de un engranaje con la CNI en el que el juego era entregar en blanco y con fecha incierta un decreto exento a la CNI, la que detenía a los opositores al régimen, los torturaba sistemáticamente, los hacía desaparecer (…) y firmaba con posterioridad la legalización cuando decidía hacerlos aparecer frente a la justicia”.

Aguiló aclaró en la oportunidad que contaba con el decreto exento que firmó Sergio Fernández para su arresto, uno de los documentos que considera clave para probar que el ex secretario de Estado sabía perfectamente de su paradero, negándose a dar noticias a quienes lo buscaron por ocho días.

El Ministerio del Interior sólo reconoció la detención el 12 de diciembre, después que Aguiló y otro grupo de prisioneros ya habían sido encerrados y torturados en un lugar secreto de la CNI, que luego supo era el ex cuartel Borgoño.

“El propio ministro Fernández reconoció mi detención recién el día 12. Si él reconoció mi detención ese día, si reconoció que había emanado mi detención de una orden suya, de un decreto exento firmado por él, entonces se produce el encadenamiento lógico de los sucesos, es decir, que todos los días previos que yo pasé en un lugar secreto de la CNI fueron en conocimiento del ministro Fernández”, recalcó el parlamentario.

Sostuvo además que Fernández sabía de su paradero y negó información sobre el mismo a sus familiares. “Él sabía que los días que se negaba mi detención a todo el mundo, eran días ‘necesarios’ para estar a disposición en un cuartel secreto de la CNI para ser brutalmente torturado”.

Sergio Fernández, en su declaración ante el tribunal por este caso, confirmó el hecho y que firmó el decreto con la detención de Aguiló, pero dijo que no supo de la forma en que fue tratado, negó haber visitado el cuartel Borgoño de la CNI y presenciado sesiones de tortura, como dijeron ex agentes en el proceso y, además, expresó desconocer, como señalaron algunos testigos, que en el organismo represivo lo llamaban “El jote”.

El magistrado Solís, en su investigación, determinó que “De acuerdo con los hechos acreditados en este proceso es preciso señalar que la Central Nacional de Inteligencia (CNI) fue creada por Decreto Ley NC 1878, el 13 de agosto de 1977 y sucedió a la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), recibiendo de ésta su personal y patrimonio, con la función genérica de “mantener la institucionalidad vigente”. De acuerdo al artículo 1° fue definida como un “organismo militar especializado de carácter técnico profesional”, pero la función significativa de la CNI era la propiamente operativa, consistente en una actuación directa contra miembros de las agrupaciones de izquierda. Contra éstas se dirigían acciones de infiltración, seguimiento, detenciones, torturas y represión armada. Para desarrollar todas estas labores sus agentes, por órdenes de sus Jefaturas, actuaban bajo nombres falsos, no revelando sus identidades ni aún ante los Tribunales de Justicia. Actuaban en los hechos sin sujeción a norma alguna, con facultades ilimitadas de desplazamiento y medios operativos. En Santiago, la CNI funcionó en numerosos recintos, en su mayoría clandestinos. Los más conocidos fueron los de Avenida República Nº 517, donde se instaló el Cuartel General y de Borgoño N° 1470, lugar en que se mantuvo a muchos detenidos que fueron sometidos a torturas y varios murieron”.

La resolución agrega: “En efecto, en cuanto a los métodos de represión la CNI mantenía una doble metodología cuando se trataba de acciones de represión política o contrainsurgencia. Por una parte se aprehendía a sospechosos, sin orden administrativa o judicial alguna o bien se practicaba arrestos que se reconocían y en muchos casos se empleaban órdenes de detención fundadas en Decretos exentos firmados en blanco y se ponía a los presuntos implicados a disposición de Fiscalías Militares. Durante este período la CNI practicaba la tortura en forma sistemática, como lo reconocen los mismos agentes en dichos precedentes. Los principales métodos de tortura continuaron siendo, como en la época de la DINA, el empleo de electricidad en partes sensibles del cuerpo, violentos golpes de todo tipo y la inmersión de la cabeza del torturado en agua hasta el punto de asfixia. En muchos casos se amenazaba con detener y torturar a miembros de la familia, al cónyuge del detenido y a sus hijos menores”.

Además, sostiene “Que, en estos  recintos se desempeñaban agentes del Estado quienes, ostentando diversos grados de jerarquía en el mando, ordenaron algunos y ejecutaron otros, capturas de personas afines a partidos políticos o movimientos de izquierda, a quienes encerraron ilegalmente en los lugares que tenían destinados para ello, doblegándolos bajo tormentos físicos de variada índole con el objeto de hacerles entregar información sobre otras personas de ideología semejante para también aprehenderlas o para hacerles confesar ilícitos que no habían perpetrado”.

El ex agente de la CNI, Aladino del Carmen Pereira Olivera, quien trabajó para la CNI desde 1980 en el cuartel Borgoño, expuso en el proceso que llevó adelante el juez Solís que “en cada uno de los vehículos en que se hacían los operativos había órdenes en blanco de detención que estaban firmadas por el Ministro del Interior Sergio Fernández, recuerdo que decían ‘Decreto Exento’ y que eran utilizadas por los agentes y se las enumeraba y llenaba cuando se detenía una persona, cuando iban a ser pasadas a tribunales, ya que en los otros casos no se usaban. Recuerdo que Álvaro Corbalán, que dirigía las operaciones, usaba la expresión ‘¡esta noche hay que darle carne al cóndor¡’, lo que significaba que iba a morir alguien y para lo cual no se usaban papeles…”.