De Ferrari Beltrán Ronald Peake

Fallo de la Corte de Apelaciones que unánimemente confirmó prisión preventiva para dos ex oficiales de la FACH por muerte de cuatro deportistas porteños, es un “gran paso en la búsqueda de justicia”, sostuvo el parlamentario.

El diputado socialista recibió con conformidad el fallo del tribunal puertomontino que ratificó la prisión preventiva contra dos de los responsables de la muerte de cuatro deportistas de la capital regional que fueron fusilados el año 1974; los ex oficiales Ronald Peake de Ferrari Beltrán y José Jacinto Pérez Pérez.

“Pueden haber pasado largos años, pero esos crímenes, aunque pasaron por mucho tiempo impunes, mientras los familiares de las víctimas clamaban por justicia, hoy reciben justo castigo. Lo que ha ocurrido en este caso es un ejemplo de que los violadores de derechos humanos en algún momento de sus vidas serán alcanzados por la mano justicia”.

El parlamentario quien es víctima del terrorismo de Estado, al haber perdido a su padre Luis Espinoza, ex diputado, indicó que este caso es uno de los tantos que investiga minuciosamente el ministro en visita Leopoldo Vera. “Confío en que no solo también caerán en manos de la justicia los que asesinaron a mi padre, sino también aquellos que le quitaron la vida a decenas de campesinos y ciudadanos de nuestra región. Las violaciones de DDHH son delitos de lesa humanidad, y por ende no prescriben con el tiempo, a pesar de que la dictadura militar por años protegió a los causantes de estos graves hechos con una ley de amnistía, que hoy no les sirve, por los mismos tratados internacionales que el país ha suscrito”.

Deportistas

“En este caso puntual, se pudo comprobar que los jóvenes deportistas de Puerto Montt ultimados por funcionarios dela FACH, fueron literalmente fusilados, por el solo hecho de que tuvieron un intercambio verbal con los oficiales, lo que finalmente les costó la vida. Trataron de hacer pasar como un enfrentamiento, lo que simplemente fue un asesinato a mansalva. Enfrentamientos falsos, aplicación de la ley de fuga, eran las excusas que en esos años se daban para justificar las peores atrocidades”, sostuvo el parlamentario concertacionista.

“Hoy se ha dado un paso gigante en aras de la justicia. Eso contribuye para que nunca más en nuestro país hayan violaciones a los DDHH. No puede haber terrorismo de Estado que quede impune. Ese es el principal significado de este fallo.”

Espinoza culminó expresando que pese a que estos dos oficiales dela Fachestán detenidos en dependencias del organismo, lo que ha ocurrido con su privación de libertad contribuye a ir zanjando las heridas del pasado.

Se cumplirán 42 años desde que los cuatro jóvenes, que no eran políticos, fueron asesinados. Ministro Leopoldo Vera investigó el caso, ocurrido en enero de 1974. Los presuntos involucrados eran funcionarios de la FACh.

Aunque el fallo aún no se ha publicado en el Poder Judicial, los familiares de las víctimas y agrupaciones de Derechos Humanos de Puerto Montt ya tomaron conocimiento de la baja pena aplicada a uno de los implicados en el emblemático asesinato de los cuatro deportistas del barrio de Lintz, ocurrido el 31 de enero de 1974, cuatro meses después del Golpe de Estado.

Justamente el fallo no se hará público mientras todas las partes sean comunicadas de la resolución.

El caso fue investigado por el ministro de la Corte de Apelaciones de la capital regional Leopoldo Vera y sólo uno de los seis presuntos implicados -Ronald Peake de Ferrari Beltrán- recibió condena, de cinco años de presidio menor en su grado máximo, pero que podrá cumplir en libertad vigilada.

Otros cinco indagados fueron absueltos por el ministro. Entre ellos José Pérez Pérez, Juan Gallegos Vega, Héctor Estuardo Gajardo, José Quilodrán Espinace y Samuel León Correa, todos suboficiales en situación de retiro de la Fuerza Aérea de Chile.

El caso era uno de los últimos investigados en Puerto Montt en materia de Derechos Humanos.

Este data del 31 de enero de 1974, tras una discusión entre los deportistas y un oficial de una patrulla de la Fach.

El informe de la investigación señala que los imputados, ex funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile, ingresaron en dicha fecha a los domicilios de Pedro Antonio Bahamonde Rogel (21 años) José Santiago Soto Muñoz (23 años) Héctor Hugo Maldonado Ulloa (26 años) y José Mañao Ampuero (22 años). Los golpearon y luego los trasladaron a la Comisaría de Puerto Montt, lugar donde Carabineros no accedió a dejarlos detenidos, dado el deteriorado estado de salud con el cual quedaron los pobladores luego de ser agredidos.

“Fue entonces que los acusados llevaron a los cuatro malogrados hombres hasta un camino vecinal donde los ejecutaron, trasladando posteriormente los cuerpos sin vida de estas personas al Servicio Médico Legal local”, indica el documento.

Alfredo Árgel, presidente de la agrupación de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos de Puerto Montt, calificó el fallo como una “vergüenza”.

Criticó el hecho de que fueron cinco años de investigación con “pobres resultados”. El dirigente reconoció que el lunes los abogados apelarán el fallo en la Corte Suprema.

“Estábamos pidiendo sentencias duras para todos. El proceso fue abierto junto a otros, hace varios años. Primero se trató como homicidio calificado y ahora en el fallo se habla de homicidio simple”, manifestó Árgel.

La agrupación de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos de Puerto Montt también emitió una declaración rechazando el fallo.

“Este 31 de Enero de 2016 se cumplen 42 años de la ejecución de nuestros familiares, caso conocido como deportistas del barrio de Lintz, hoy el Ministro de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt el señor Leopoldo Vera, quien calificó este delito en su proceso como homicidio calificado, ha dictado sentencia ante este crimen de lesa humanidad, dejando impunemente en libertad a todos los responsables de los asesinatos cometidos”, señalaron.

Mediante una misiva abierta, el parlamentario socialista recordó que hace pocos días la viuda de una víctima de la dictadura en Puerto Montt alcanzó a ver la condena por la muerte de su esposo y murió 24 horas después.

El diputado del Partido Socialista (PS) Fidel Espinoza envió una carta al presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, manifestando su preocupación por «la dilación en los inicios de los procesos en materias de DDHH, lo que se traduce que actualmente muchos familiares de las víctimas están muriendo sin obtener justicia».

A juicio del parlamentario, los familiares de las víctimas no pueden seguir esperando. «Muchos de ellos, han muerto esperando un simplemente acto de justicia, reparatorio, que al menos humanice el drama de la pérdida de sus familiares. Nuestro país tiene una deuda moral y humana con cientos de familiares víctimas de las violaciones de los derechos humanos», afirmó el parlamentario por la región de Los Lagos.

«Hace pocos días conocimos la condena por el caso del asesinato de José Mañao, en Puerto Montt. En este caso fueron investigados oficiales e integrantes de las Fach, el teniente (r) Ronald Peake de Ferrari y el suboficial (r) José Jacinto Pérez, así como otros suboficiales en retiro», señaló el diputado.

Espinosa fustigó que el resultado de este proceso, después de «46 años», fue que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, condenó a Ronald Peake De Ferrari a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo y al pago de las costas, por su responsabilidad en calidad de autor del delito de homicidio simple, en carácter de reiterado, lo que fue aumentado a 10 años por la Suprema posteriormente, pero incomprensiblemente el presidio fue sustituido por la libertad vigilada, por el lapso de la condena. «Y se absolvió a los suboficiales mayores y suboficiales en retiro de la FACH», destacó.

A juicio de Fidel Espinoza “si bien, en este caso se llegó a un mínimo acto de justicia, la viuda de José Mañao, falleció a las 24 horas de conocido el dictamen. Esta misma situación está ocurriendo en cientos de casos en Chile”, explica diputado Espinoza en su misiva.

En esta línea, el parlamentario insistió en que “los victimarios han establecido como “forma de eludir la acción de la justicia, la dilación en el inicio de los procesos o generar las condiciones para una postergación excesiva por peritajes, interrogatorios o fallos”.

“Es sobre la base de las consecuencias de esta estrategia que muchos intentan argumentar razones de salud o edad, para no hacerse responsables de sus actos, que por lo demás, no se han arrepentido. De ahí surge la preocupación de las agrupaciones y de todos los familiares que buscamos justicia”, afirma el Diputado Espinoza en su carta.

De esta forma, el legislador socialista señala finalmente que «esta carta abierta no busca ejercer una presión ilegítima, ni cuestionar el accionar de los tribunales. Sino sólo compartir la preocupación, inquietud y pesar que existe entre los familiares de aquellas personas asesinadas, fusiladas, torturadas y hechas desaparecer, que aun sabiendo quienes fueron los autores materiales de esos crímenes, encontrándose con ellos en las calles de las mismas ciudades donde viven, tras décadas, no han recibido el esperado fallo y la condena que, al menos, ayude a mitigar el dolor de la ausencia y de una vida trastocada”, concluye.

La Corte Suprema condenó a cuatro miembros en retiro de la Fuerza Aérea (FACH) por su responsabilidad en el delito reiterado de homicidio calificado de Pedro Antonio Bahamondes Rogel, José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero. Ilícitos perpetrados en la población Lintz de Puerto Montt, el 31 de enero de 1974.

En fallo dividido (causa rol 8.914-2018), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas, Manuel Antonio Valderrama y Jorge Dahm– elevó a 10 años y un día de presidio la pena que deberá purgar el condenado Ronald Peake de Ferrari; en tanto, mantuvo los 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, para Juan Antonio Gallegos Vega, Héctor Stuardo Gajardo y José Javier Quilodrán Espinace.

“Que, conviene dejar asentado que, aun cuando el reconocimiento de la prescripción gradual, regulada en el artículo 103 del código punitivo, carece de influencia en lo dispositivo del fallo en estudio, la jurisprudencia constante de esta Sala Penal ha señalado reiteradamente que, la calificación de delito de lesa humanidad dada al hecho ilícito cometido obliga a considerar la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

Esta normativa excluye la aplicación tanto de la prescripción total como de la llamada media prescripción, por entender tales institutos estrechamente vinculados en sus fundamentos y, consecuencialmente, contrarios a las regulaciones de ius cogens provenientes de esa órbita del Derecho Penal Internacional, que rechazan la impunidad y la imposición de penas no proporcionadas a la gravedad intrínseca de los delitos, fundadas en el transcurso del tiempo”, plantea el fallo.

Asimismo, la resolución establece que en la especie, no corresponde reconocer la atenuante de reparar con celo el mal causado al condenado Peake de Ferrari: “Que, sin embargo, la circunstancia minorante de responsabilidad criminal descrita en el motivo anterior se funda en consideraciones de política criminal, cuyo ámbito de aplicación es general, siendo necesario para que opere la existencia en el proceso de cualquier forma de reparación del daño causado con el delito o que se haya procurado su reparación”.

Para el máximo tribunal, para que se configure dicha minorante: “Debe tratarse de una acción ‘celosa de reparación del mal causado’, esto es, que produce en el acusado una actitud, una conducta, una decisión posterior al delito, de arrepentimiento y de un propósito cierto y efectivo, de conseguir la mayor reparación, racionalmente posible”.

“(…) si bien –continúa– Ronald Peake de Ferari efectuó en el proceso tres consignaciones por las sumas de $1.000.000, con fecha 10 de noviembre de 2014, al contestar acusación; $800.000, el 28 de enero de 2015; y, $2.200.000, el 17 de marzo de 2015, que totalizan $4.000.000, tales desembolsos no revelan un ánimo efectivo de reparación, y tan solo constituyen un acto unilateral de voluntad, sin que se aprecie en ellas vinculación efectiva alguna con el mal causado”.

Esto, “puesto que se han materializado transcurridos más de 40 años desde la comisión de los ilícitos, y transcurridos más 4 años desde el inicio de este proceso, lo que no se condice con la efectividad material objetiva de la reparación que exige la atenuante para su reconocimiento y únicamente buscan hacerse de una circunstancia minorante para efectos de morigerar la pena a imponer”.

En el aspecto civil, se confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización total de $205.000.000 (doscientos cinco millones de pesos) a familiares de las víctimas, decisión acordada con el voto en contra del ministro Cisternas, quien estuvo por reconocer, respecto de Peake de Ferari, la minorante de reparación celosa del mal causado.

En la etapa de investigación de la causa, a cargo del ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Leopoldo Vera Muñoz, se estableció que: “El día 31 de enero de 1974, en la ciudad de Puerto Montt, en la noche, durante el toque de queda, un grupo de soldados pertenecientes a la FACH, fuertemente armados con fusiles SIC, allanaron tres domicilios”.

En este contexto, “sacaron desde sus camas a cuatro jóvenes que ya tenían identificados, a los cuales golpearon con las culatas y llevaron ensangrentados a un lugar rural donde se les paró en frente de un montículo y se les fusiló, para luego entregar los cadáveres a la morgue”.

“Ante la insistencia de las familias varios días después se entregaron los restos en urnas cerradas y se les negó la posibilidad de realizar un velatorio y misa como deseaban. Más aún, con fecha 1° de febrero de ese año, la jerarquía de la Fach emitió una declaración pública, que apareció en los diarios de la ciudad que culpaba a las víctimas de haber atacado a una patrulla militar. Lo que, como se ha dicho, nunca ocurrió”.