Paredes Wetzer Jorge

El 20 de diciembre de 1973 fueron fusilados por sentencia de Consejo de Guerra, dos militantes comunistas:

Irán del Tránsito CALZADILLA ROMERO, 22 años, obrero de FIAP- TOME.

Fernando Humberto MOSCOSO MOENA, 20 años, estudiante de Ingeniería de Ejecución en Madera de la Universidad Técnica del Estado en Concepción.

Ambos fueron condenados a la pena máxima por el Consejo de Guerra Rol Ancla-5, de fecha 16 de diciembre de 1973, instruído por la Armada, que afectó a 52 personas.  Al día siguiente, el fallo fue aprobado por el Comandante de la II Zona Naval, efectuándose el fusilamiento el 20 de diciembre.  Los cuerpos no fueron entregados a los familiares, sino enterrados en el cementerio N.2 de Talcahuano.  Luego los familiares pudieron trasladar los restos al Cementerio de Tomé.

En este cuarto extracto del libro “Islas-cárcel, castigo a la transgresión política”, Ediciones Mapocho Press, 2020, el autor se refiere al envío de comunistas, anarquistas y otros opositores a las islas ubicadas en la VIII Región.

También sirvió de prisión la legendaria Isla Mocha, despoblada por los españoles para impedir el reabastecimiento de piratas ingleses y holandeses. Se cree que fue el refugio de un cachalote albino que habría inspirado a Hernán Melville para escribir Moby Dick, en 1851. Situada a 34,3 km de Tirúa, en la provincia de Arauco, esta isla de 48 km² y 800 habitantes es un sitio sagrado para la religión mapuche. 

Además, fósiles humanos y de gallinas descubiertos recientemente mostrarían que hubo alguna relación entre esta isla de la región Bío Bío con la Polinesia en tiempos previos a la llegada de los españoles. Hoy –sin pandemia del Covid- es una exitosa atracción turística. Nadie recuerda que con Carlos Ibáñez comenzó también a usarse para confinar disidentes políticos. Un relato del comunista Elías Laferte, relegado a esta isla, describió lo que hoy se vende a los turistas como paraíso terrenal: “En la tarde del 16 de junio [de 1932], mientras nos hallábamos en una reunión, nos llegó la noticia de que [el periodista] Carlos Dávila, apoyado por algunos regimientos de la guarnición, se estaba apoderando del gobierno [nada menos que la República Socialista de Marmaduke Grove y Eugenio Matte Hurtado]. Otro cuartelazo. Por radio escuchamos los desesperados llamados del gobierno, pidiendo al pueblo que fuera a defenderlo. Acordamos salir, pero informarnos previamente de lo que estaba ocurriendo, quedando de reunimos de nuevo a las once de la noche”.

“A esa hora, ya todo estaba consumado. Cuando llegamos al local de Nataniel, lo encontramos rodeado de policías. Nos fuimos entonces a Arturo Prat, a la Casa del Proletariado, donde nos llegaron las noticias de los primeros actos del gobierno davilista: ya había centenares de presos, Grove y Matte iban camino de Valparaíso, para ser conducidos a la Isla de Pascua, se estaban haciendo redadas de comunistas y socialistas, se proclamaba el estado de sitio con toque de queda a las diez de la noche…”.

“Con órdenes de “fondearme”, me fui a una casa de la calle Santiago Concha, donde se guardaba una pequeña imprenta de rodón muy ruidosa. Cinco días permanecí allí imprimiendo proclamas contra el gobierno. Luego me trasladé a Independencia pasado de Panteón, donde estuve escondido el fin de junio, julio y agosto, trabajando en distintas formas contra la dictadura de Dávila”.

“Cerca de allí vivía Bernardo Ibáñez y contra él y otros profesores, dirigió su acción la policía. Gracias a un soplo dado por un ex marino sublevado de apellido Jara, el prefecto de Investigaciones de Valparaíso, Rencoret, llegó a Santiago y me detuvo, hallándome en compañía de Marcos Chamudes. Por cuestión de segundos, se libró de caer Carlos Contreras. Yo me había dejado crecer la barba y pensé que no me reconocerían… Pero, por lo visto, Rencoret ya conocía este detalle.

“En Investigaciones nos amenazaron con golpearnos si no revelábamos el paradero de los otros dirigentes del Partido. Para asegurarme de que, si me torturaban, por lo menos esto se sabría afuera, en presencia del jefe de Investigaciones Pelochounneau le conté a mi hermana Inés que estaba amenazado de flagelaciones”.

“Esto y la molestia de los policías santiaguinos porque habían sido los porteños quienes nos detuvieron, me salvó de los habituales tratamientos de General Mackenna [cuartel principal de la Policía de Investigaciones]”.

“En Valparaíso, el profesor Anabalón, un activo miembro del Partido, había sido flagelado y asesinado. Su cuerpo se encontró después fondeado en la bahía. Responsable de ello era el prefecto Rencoret, el mismo que me había detenido. Años más tarde, este policía se ordenó de cura, según cuentan arrepentido por la muerte de Anabalón… Es curioso, unos se hacen sacerdotes por cosas así. Otros van a parar a la cárcel”.

“El abogado Jorge Jiles había presentado recurso de amparo en favor nuestro y un día, en el patio cinco de la cárcel, nos anunció que éstos habían sido acogidos por la justicia y que íbamos a ser puestos en libertad. Pero el alcaide, un señor Ponce, dijo que él no nos dejaba libres, aunque recibiera veinte oficios de la Corte”.

“Nosotros estábamos con nuestras cosas embaladas, listos para salir… pero no a la calle, sino a la relegación. En la tarde sacaron a catorce de nosotros de la cárcel, nos metieron en un furgón y nos llevaron a Talcahuano, donde nos embarcaron para la Isla Mocha. Había ya allí un número considerable de relegados, más de cien, y entre ellos me encontré con Galo González, Juan Chacón Corona, la tipógrafa de Antofagasta Inés Infante, Astolfo Tapia, Oscar Waiss. Estaba también el periodista Abraham Reyneld, de quien decían que era mi secretario; hoy es subsecretario de Economía, y uno de los hombres prominentes del grupo de Volpone [Darío Saint Marie, propietario de Clarín, diario que después le vendió a Víctor Pey Casado]. Había socialistas, comunistas, anarquistas, y gente sin Partido. Cuando nosotros llegamos en el “Sibbar”, los relegados nos brindaron un caluroso recibimiento”.

“Primero me quisieron meter en un calabozo, donde se hallaba a tratamiento especial, Juan Chacón Corona. Pero parece que después pensaron que no era yo tan peligroso. Había en la isla tres mandos: carabineros, marinos y gendarmes. Nosotros vivíamos hacinados en galpones de la remonta del ejército, bajo un pésimo tratamiento de parte de los uniformados y comiendo una comida infecta. Los domingos podíamos mejorarla, pues nos permitían ir a la playa a sacar erizos”.

Esta relegación duró sólo once días. Luego supimos que a su vez había caído Blanche, derribado por un movimiento civil-militar iniciado en Antofagasta por el general [Pedro] Vignola y había asumido el poder, con el título de Vicepresidente provisorio, el Presidente de la Corte Suprema, don Abraham Oyanadel. El nuevo Ministro del Interior, don Javier Ángel Figueroa, decretó de inmediato la libertad de todos los presos políticos y nosotros pudimos, por fin, regresar. Nos condujeron a Santiago en dos coches de tercera clase, que se repletaron de presos de Santiago, Valparaíso, Antofagasta e Iquique. Nos dejaron a todos en Santiago y unos días más tarde, como secretario general de la FOCH, solicité una entrevista con Figueroa para pedirle que el gobierno pagara los pasajes a todos los nortinos que habían sido arrancados de sus hogares. El ministro me recibió muy amablemente, accedió a dar los pasajes que se le solicitaban y pidió tranquilidad, paciencia, que no se hicieran mítines en las calles, etc”, relató Lafferte

La cárcel de Isla Quiriquina

La pequeña isla Quiriquina, de apenas 4,86 km², situada 11 km al norte de Talcahuano, también sirvió como prisión política. Convertida en base militar desde que fue descubierta en 1557 hoy es administrada por la marina y sirve como sede a una escuela de grumetes, aunque en repetidas oportunidades se utilizó como prisión política, la última vez por la dictadura cívico militar encabezada por Pinochet (1973-2000) y respaldada por civiles de derecha.

Uno de los primeros desterrados en 1815, por sus ideas revolucionarias contra la metrópolis española, fue un joven de 16 años: el futuro presidente conservador Manuel Bulnes Prieto (1841-1851), comandante en jefe del ejército (1841-1866) e hijo de un oficial hispano. Cuando los realistas escucharon los primeros rumores sobre la inminente llegada del ejército Libertador, que cruzaría Los Andes en 1817, enviaron a la isla a 200 jóvenes de Concepción, entre ellos Bulnes y su hermano Francisco, para impedir que se unieran a las fuerzas patrióticas chileno-argentinas. Varios meses después, cuando las tropas libertadoras se dirigieron al sur, los realistas huyeron de la isla, pero dejaron a los presos abandonados a su suerte. Los jóvenes volvieron al continente en balsas improvisadas y precarias. Unos treinta se ahogaron en la breve travesía, pero entre los sobrevivientes alcanzaron la costa los hermanos Bulnes.

En 1915 Quiriquina sirvió de prisión de guerra para los marinos del buque alemán SMS Dresden, hundido por los ingleses en Bahía Cumberland, isla Robinson Crusoe, durante la primera gran guerra. Tres prisioneros se fugaron, entre ellos el teniente de navío Wilhelm Canaris, futuro almirante y jefe del servicio secreto Abwehr, del período nazi. En 1921 los alemanes abandonaron la isla. 

Entre el 11 de septiembre de 1973 y finales de 1974 fue utilizada como prisión política para cerca de un millar de personas, bajo el control de la marina. Según el Informe Rettig, la Cruz Roja Internacional determinó, en octubre de 1973, que unos 552 presos permanecían en Quiriquina , entre ellos 33 mujeres y 19 extranjeros: 8 brasileños, 4 uruguayos, 3 bolivianos, 2 venezolanos, 1 panameño y 1 polaco. Entre los prisioneros más conocidos se encontraban Pedro Hidalgo, Mireya García (ex-vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, AFDD), Santiago Bell (ex intendente de Ñuble) y Fernando Álvarez Castillo (ex intendente de Concepción).

Custodiados por la marina, los prisioneros fueron sometidos a severas torturas con aplicación de electricidad, golpes, vejaciones, privación de alimento y agua. Según el informe de la Comisión Valech a las mujeres se las interrogaba desnudas, sometidas a vejaciones y frecuentes abusos sexuales. Los criminales responsables y sus cómplices principales fueron el contralmirante Jorge Paredes Wetzer, Comandante de la 2ª  Zona Naval; el capitán de Fragata Eduardo Young, Subdirector de la Escuela de Grumetes; y el director de la Escuela de Grumetes de Quiriquina, Aníbal Aravena Miranda. 

Santa María, isla-cárcel frente a Lota

A lo largo de sus dos siglos de historia, los gobiernos chilenos de cualquier signo sintieron debilidad por habilitar islas-cárceles para confinar presos políticos y ciertos reos comunes. Un sector de la isla Santa María, a dos horas de navegación en lancha desde Lota o Coronel (Región de Bío Bío), fue habilitado como penal para 300 reos comunes entre 1944 y 1989. El presidio abierto fue clausurado porque abastecerlo y mantenerlo resultaba demasiado caro para el erario. Algunos convictos pudieron quedarse casándose con lugareñas y fundando familias. En mayo de 2000, el dirigente radical José Antonio Gómez, ministro de Justicia de los gobiernos de Eduardo Frei R.T. y Ricardo Lagos, propuso reabrir el penal exclusivamente para reos condenados a cadena perpetua, pero la idea no prosperó.

El territorio carcelario quedó en poder de la marina. En sus 3.200 hectáreas, la isla tiene dos poblados, Puerto Sur y Puerto Norte, dotados de registro civil, escuelas, retén de carabineros y comercios. El lado sur posee agua potable

El máximo Tribunal estableció la absoluta inocencia del trabajador, quien fue injustamente condenado y ejecutado con antecedentes obtenidos bajo tortura.

La Corte Suprema acogió el recurso de revisión deducido por las hermanas de la víctima y decretó la absolución de obrero textil condenado a muerte y fusilado por sentencia dictada por Consejo de Guerra en Talcahuano, en diciembre de 1973.

El fallo señala que, aparece demostrada la existencia de un método, patrón o sistema general de menoscabo físico o mental y de afrenta a su dignidad, al que fueron sometidos los acusados ante los Consejos de Guerra convocados –dentro de los cuales se encuentran incluido el impugnante–, los que fueron cometidos por parte de sus interrogadores, celadores u otros funcionarios que intervinieron en el procedimiento mientras dichos inculpados eran mantenidos detenidos, todo ello con el objeto de obtener su admisión o confesión de los hechos que se les atribuían, así como para que implicaran o imputaran al resto de los procesados en los mismos hechos.

La resolución agrega que la causal N° 4 del artículo 657, del Código de Procedimiento Penal, invocada por el recurrente distingue varias situaciones desde un punto de vista temporal, pero bajo el supuesto de que hayan acaecidos con posterioridad a la sentencia condenatoria materia de la pretensión de revisión. Es exigencia legal de esta causal el que estas situaciones anulatorias deben reunir como requisito esencial el desconocimiento absoluto de su acaecimiento durante el curso del proceso impugnado, puesto que ocurrirán, se descubrirán o aparecerán inevitablemente luego de ejecutoriado el fallo de condena. Como segunda exigencia de la norma aludida, está que de la gravedad y fuerza de estos sucesos posteriores se derive inequívocamente la inocencia del condenado.

Añade que, por otra parte, la causal del ordinal 4° del artículo 657, del Código de Procedimiento Penal, requiere para ser acogida, que el hecho o documento invocado sea de tal naturaleza que baste para establecer la inocencia del condenado.

La resolución afirma que en el caso de autos, como se observa al leer la sentencia dictada en la causal Rol N° Ancla-5 del Tiempo de Guerra, la participación del encartado se construye únicamente sobre la base de las confesiones de este, de las cuales debe prescindirse como ya se ha dicho, así como de los dichos incriminatorios provenientes de otros acusados.

Para la Corte Suprema, en el caso en revisión, prescindiendo de esas confesiones y declaraciones no quedan elementos probatorios que permitieran al Consejo de Guerra alcanzar la convicción condenatoria en la sentencia objeto de revisión y, por consiguiente, las circunstancias que se han descubierto, con posterioridad, son de tal naturaleza que permiten establecer claramente la inocencia de la persona allí condenada.

El fallo concluye que, atendida la finalidad de justicia que justifica el recurso de revisión, se hará lugar a la acción y se declarará que todo lo obrado el proceso impugnado, en relación al sentenciado Calzadilla Romero, es nulo.

Por tanto, se resuelve que se acoge la solicitud de revisión deducida por el letrado, en representación de Ana Victoria, Silvia de las Nieves, Marta Verónica, Gaby Magdalena, apellidadas Calzadilla Romero, así como también Rebeca del Tránsito y Humbertina Elisabeth, ambas Fuentes Romero y, por consiguiente, se invalida la sentencia dictada por el Juzgado Naval de Talcahuano, y, en consecuencia, se anula todo lo obrado en los autos Rol N° Ancla-5 del Tiempo de Guerra, posteriormente aprobada por el Contraalmirante Jorge Paredes Wetzer –Comandante en Jefe de la II Zona Naval–, declarándose que se absuelve, por haber sido probada satisfactoriamente su completa inocencia, a Irán del Tránsito Calzadilla Romerode los cargos formulados en su contra en dicho proceso.

La derecha tradicional empezó a inquietarse por el crecimiento de los partidos de izquierda desde mediados de la década de los 60’. Agustín Edwards, dueño del diario El Mercurio y cabeza del grupo económico que llevaba su apellido, decidió crear una instancia que subrepticiamente agrupara a altos oficiales de la Armada y connotados empresarios para evitar que la izquierda llegara a La Moneda en 1970. Fracasaron y entonces reanudaron sus esfuerzos para derrocar al presidente Salvador Allende.

El 22 de agosto de 1967, Agustín Edwards Eastman -propietario de El Mercurio y de uno de los principales grupos económicos del país- creó la Cofradía Náutica del Pacífico Austral, inspirándose en el Royal Yacht Squadron inglés. A la reunión constitutiva concurrieron, además de Edwards, Hernán Cubillos Sallato, Enrique Puga, Bendro Drummond, José Toribio Merino, Oscar Buzeta, Eric Weber, Isidoro Melero Rodríguez, John Hardy y Roberto Kelly Vásquez. 

La cofradía, bajo el pretexto de “cultivar los deportes náuticos”, sirvió de tapadera para empezar a congregar a empresarios, banqueros y altos mandos de la Armada nacional, inquietos por el crecimiento de los partidos de izquierda que aspiraban a ganar las elecciones presidenciales programadas para 1970. La Cofradía recibió su personalidad jurídica mediante el D.S. Nº 1.870 del 17 de octubre de 1968.

Pieza fundamental en la Cofradía fue Hernán Cubillos Sallato, hijo de Hernán Cubillos Leiva, excomandante en jefe de la Armada entre 1962 y 1964 y ex embajador en Brasil. Su abuelo fue el contralmirante Demetrio Cubillos, que estuvo destinado en Gran Bretaña como agregado naval en la legación de Chile cuando el embajador y representante ante la Liga de las Naciones, era Agustín Edwards Mac Clure, abuelo de Edwards Eastman. 

Pieza fundamental en la Cofradía fue Hernán Cubillos Sallato, hijo de Hernán Cubillos Leiva, excomandante en jefe de la Armada entre 1962 y 1964 y ex embajador en Brasil. Su abuelo fue el contralmirante Demetrio Cubillos, que estuvo destinado en Gran Bretaña.

En su niñez Cubillos Sallato estudió en los colegios Sagrados Corazones de Viña del Mar y en el Oratory Preparatory School de Branksome Park, en Bournemouth, Gran Bretaña. Fue amigo de Roberto Kelly desde su infancia. Ingresó a la Escuela Naval de donde egresó en diciembre de 1953 como guardiamarina. En dicha institución armada permaneció hasta 1961, fecha en que se retiró con el grado de teniente y como experto en navegación. Asumió en 1962 como secretario general de Cemento Melón, en Valparaíso, una empresa con mayoría de capitales británicos. Más tarde fue asesor e integrante del directorio de la Empresa El Mercurio, entre 1963 y 1973.

Pieza fundamental en la Cofradía fue Hernán Cubillos Sallato, hijo de Hernán Cubillos Leiva, excomandante en jefe de la Armada entre 1962 y 1964 y ex embajador en Brasil. Su abuelo fue el contralmirante Demetrio Cubillos, que estuvo destinado en Gran Bretaña como agregado naval , que por sus puestos, responsabilidad institucional o simple afición, sean constantemente un aporte al capital marítimo nacional”.

También se acordó “invitar como primeros socios navales por derecho propio al CJA, DGPA, DGSA, DGTM, CJ1aZN, Comandantes del Buque Escuela Esmeralda, Jefe de la Base Naval de Puerto Montt, Presidente de la Liga Marítima y Fedeyates” y se designó “al Sr. Roberto Kelly para que haga los primeros contactos entre los Jefes de la Armada y al Sr. Hernán Cubillos con los civiles”. 

Se decidió, además, “donar anualmente un premio al cadete de la Escuela Naval que egrese al servicio y que haya demostrado el más sobresaliente espíritu marítimo” y “apadrinar al Buque Escuela Esmeralda para darle el máximo de apoyo a su labor de divulgación del espíritu náutico chileno, en sus viajes de instrucción”. Hubo acuerdo, a su vez, “para que el socio fundador, Don Agustín Edwards proponga el nombre definitivo de esta Cofradía, su gallardete distintivo y su plan de desarrollo”.

En 1968 el entonces coronel Sergio Arellano Stark fue designado edecán militar del presidente Eduardo Frei Montalva, sustituyendo en el cargo al también coronel Oscar Bonilla, que fue enviado a Madrid como agregado militar de la representación diplomática chilena en la España del dictador Francisco Franco. Al año siguiente, en 1969, Arellano partió también a España como agregado militar, donde se mantuvo hasta agosto de 1971. 

Por esa fecha la Cofradía Náutica creada por Agustín Edwards había crecido significativamente. A los fundadores se sumaron otros altos oficiales de la Armada como Patricio Carvajal, Ismael Huerta, Arturo Troncoso y Pablo Weber, todos claves en la gestación del futuro golpe del 73.

En 1970, luego del triunfo de Allende, le tocó recibir y vincularse con numerosos chilenos que huyeron del país, temerosos del “régimen comunista” que supuestamente impondría la Unidad Popular, entre ellos algunos de los partícipes del intento de secuestro y asesinato del general René Schneider, comandante en jefe del ejército, en octubre de 1970. A fines de agosto de 1971 Arellano regresó a Santiago y a comienzos de 1972 fue designado comandante del regimiento de Infantería “Maipo”, la principal unidad del ejército en la guarnición militar de Valparaíso.

Por esa fecha la Cofradía Náutica creada por Agustín Edwards había crecido significativamente. A los fundadores se sumaron otros altos oficiales de la Armada como Patricio Carvajal, Ismael Huerta, Arturo Troncoso y Pablo Weber, todos claves en la gestación del futuro golpe del 73. También se incorporaron civiles como Fernando Léniz, administrador de los bienes de Agustín Edwards; Jorge Ross, dueño de la Compañía Refinadora de Azúcar de Viña del Mar, CRAV; Ricardo Claro, Enrique Puga Concha, Alfredo Barriga Cavada, Marcos Cariola, René Silva Espejo, Sergio de Castro y Emilio Sanfuentes, entre otros.

Roberto Kelly, que actuaba como secretario ejecutivo de la Cofradía, fue oficial de la Armada hasta 1967, compañero de promoción de los almirantes Lorenzo Gotuzzo, primer ministro de Hacienda de la dictadura; Jorge Paredes Wetzer, intendente de Valparaíso entre 1974 y 1976; Horacio Justiniano, comandante de la Tercera Zona Naval en 1973; y, Pablo Weber, comandante en jefe de la Escuadra al momento del golpe. 

Como muchos de sus camaradas de la Marina, Kelly rechazaba de plano el “mundo político” y Edwards había deslizado comentarios sobre lo mal pagados que estaban, a su juicio, los oficiales tan capacitados como él en la Armada. 

Así, Kelly, a los 47 años, poco antes de ascender a almirante, decidió abandonar las filas y se transformó en uno de los colaboradores de confianza de Edwards, quien lo puso al frente del criadero de aves Genética Avícola y Animal Limitada. Su sueldo era varias veces superior al que ganaba un almirante. 

Al promediar 1972, Kelly incorporó a la cofradía al coronel Sergio Arellano, comandante del regimiento “Maipo” de Valparaíso, y al general de Carabineros Arturo Yovane, al mando de las fuerzas policiales uniformadas en el puerto.

Kelly de administración y de pollos no sabía nada. En realidad, su tarea fue estrechar vínculos entre los detentores de las grandes fortunas y los círculos de oficiales golpistas existentes en la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea y Carabineros. 

Al promediar 1972, Kelly incorporó a la cofradía al coronel Sergio Arellano, comandante del regimiento “Maipo” de Valparaíso, y al general de Carabineros Arturo Yovane, al mando de las fuerzas policiales uniformadas en el puerto, quien se transformaría en el gestor del golpe en la policía uniformada a nivel nacional. Casi al mismo tiempo, Kelly creó nuevas cofradías en Talcahuano, Puerto Montt y Punta Arenas, ciudades-puertos donde existían bases navales

Este texto fue tomado del libro Proa al golpe en la Armada. El caso Asmar-Talcahuano, (Ediciones Al Aire Libre) cuyo autor es académico e investigador en el Departamento de Historia de la Universidad de Concepción.

Una de las principales inquietudes que rondaban en los altos mandos de la Armada, era la certeza del trabajo de infiltración política-ideológica que estaban desarrollando los partidos de la Unidad Popular con las Fuerzas Armadas. Aquellas apreciaciones eran reafirmadas por los discursos de algunos partidos y movimientos a través de constantes llamados a la desobediencia de la tropa con sus altos mandos. 

Por ejemplo, el secretario general del Partido Socialista manifestaba que "los soldados, marinos, aviadores y carabineros no pueden prestarse, en ningún momento y bajo ningunas circunstancias, para asesinar trabajadores. Y llegado el caso en que nuevamente algunos oficiales se alzaran, los oficiales, suboficiales, clases, soldados no tienen la obligación de obediencia. Aún más claro: no sólo tienen el deber de negarse a acatar órdenes que signifiquen disparar contra el pueblo […], sino de oponerse activamente". 

La Armada sostenía que el trabajo de penetración de la izquierda lo que perseguía era producir una insurrección en sus filas. Hecho que para ellos quedó demostrado la primera semana de agosto, específicamente el lunes 6, en la madrugada, cuando comenzaron a ser detenidos algunos miembros de la institución, entre ellos cabos, marineros y suboficiales tanto en Valparaíso como en Talcahuano.

Mientras que Miguel Enríquez a mediados de julio en un discurso en el teatro Caupolicán manifestaba que "los suboficiales, soldados y carabineros deben desobedecer las órdenes de los oficiales golpistas y, en ese caso, todas las formas de lucha se harán legítimas. Entonces, sí que será cierto que los trabajadores con los soldados, marineros, aviadores y carabineros, los suboficiales y oficiales antigolpistas, tendrán el legítimo derecho a construir su propio ejército, el Ejército del Pueblo". 

La Armada sostenía que el trabajo de penetración de la izquierda lo que perseguía era producir una insurrección en sus filas. Hecho que para ellos quedó demostrado la primera semana de agosto, específicamente el lunes 6, en la madrugada, cuando comenzaron a ser detenidos algunos miembros de la institución, entre ellos, cabos, marineros y suboficiales, tanto en Valparaíso como en Talcahuano. Los oficiales del Servicio de Inteligencia Naval habían detectado aquellos elementos de algunas instalaciones navales vinculados a activistas de la Unidad Popular, afines a las ideas de izquierda, partidarios del Gobierno y dispuestos a su defensa. 

A los días de la detención del personal de la institución, algunos medios de prensa, especialmente de oposición, daban a conocer la noticia de una "infiltración o intento de subversión en la Armada". Al mismo tiempo se señalaba que: "En el cuartel Silva Palma, prisión que posee la Armada en este puerto dependiente de la Infantería de Marina ubicada en el Cerro Artillería, se encontraban detenidos ayer alrededor de 50 oficiales y tripulantes de las naves 'Almirante Latorre' y 'Blanco Encalada'. Los detenidos fueron sorprendidos realizando actividades de orden subversivo de acuerdo con investigaciones realizadas por el Servicio de Inteligencia Naval". En opinión de la institución, esta acción era consecuencia de la sostenida campaña de grupos de izquierda, destinados a quebrar la disciplina interna, a través de distintos llamados a la desobediencia al interior de la institución. 

Pero aquello no era todo, paralelamente a lo que ocurría en algunas unidades de la Escuadra; en la Planta de Astilleros y Maestranza de la Armada (Asmar) de Talcahuano, la institución y su Servicio de Inteligencia habían detectado otro movimiento de similares características a los denunciados en Valparaíso. Al respecto el comandante en Jefe de la Segunda Zona Naval, contralmirante Jorge Paredes Wetzel, daba a conocer un comunicado público el cual decía: "Se ha detectado irrefutablemente que, en esta Zona Naval, elementos civiles de extrema izquierda intentaron infiltrarse en algunas Unidades y en la Planta ASMAR de Talcahuano, logrando que un muy reducido número de personal naval infringiera gravemente sus obligaciones miIitares […] al respecto, se han tomado todas las medidas necesarias y la situación está totalmente controlada y neutralizada. Los oficiales y personal dependientes de esta Zona Naval, al igual que los trabajadores de los Astilleros y Maestranzas de la Armada, han reaccionado con absoluta indignación, virilidad y firmeza, frente a una situación como la antes señalada, expresando por su conducto regular su total adhesión a la institución".

Sin embargo, un grupo de trabajadores de Asmar objetando las opiniones del contralmirante Paredes, manifestaron su malestar ante las agresiones de las cuales habían sido víctimas en los últimos días, durante la revisión de la planta industrial que ha hecho el personal de la institución en busca de posibles conexiones de algunos trabajadores con los detenidos o con elementos de izquierda ajenos a la institución. 

Al respecto, la institución naval emitió un comunicado señalando que se había detectado un "movimiento subversivo en dos unidades de la Armada apoyado por elementos extremistas ajenos a la institución". 

El comunicado de los trabajadores de los astilleros señalaba que "… estamos en total desacuerdo con todo acto de atropello que vaya contra el respeto y la dignidad laboral […] como trabajadores conscientes de nuestro papel en la empresa en que laboramos, estamos siempre dispuestos a defender la Constitución y el orden". Firmaban la declaración los dirigentes Ramón Carrasco, Sergio Ceballos, Francisco Cabrera, Jesús Bustos, Humberto Carrasco y Francisco Aranda. 

En esta misma línea la CUT, más los cordones industriales de Talcahuano, Centro y Pesquero San Vicente hacían un llamado a todos los dirigentes y organismos de base a solidarizar y exigir la libertad de los trabajadores detenidos de Asmar, los cuales habían sido violentamente vejados y atropellados en sus derechos. 

A Salvador Allende se le sumaba otro problema más. A las ya conocidas dificultades que estaba enfrentando el Gobierno, ahora tenía que explicar cuál sería su posición ante este complejo acontecimiento, especialmente cuando la institución había apuntado las acusaciones a dos connotados dirigentes de la Unidad Popular, como el senador socialista Carlos Altamirano y al diputado mapucista Oscar Guillermo Garretón. 

En una declaración el presidente Salvador Allende manifestó que el Gobierno en su política de respeto al Estado de Derecho, no emite juicios sobre acontecimientos que se están investigando. Al mismo tiempo criticó la política de algunos sectores que pretenden producir un antagonismo entre el pueblo y las Fuerzas Armadas. "El Gobierno ha insistido en que no puede deformarse la realidad chilena con un falso antagonismo entre el pueblo y las Fuerzas Armadas. Instituciones éstas que deben mantener su integridad y profesionalismo para cumplir con las elevadas responsabilidades que imponen la defensa y seguridad nacional". Estas opiniones fueron reafirmadas por el ministro de Defensa, Orlando Letelier del Solar, al señalar que con preocupación se ha constatado en los últimos días cómo algunos órganos de prensa y publicaciones han pretendido dañar el prestigio e institucionalidad de las Fuerzas Armadas. 

Con respecto a las acusaciones de tortura a las cuales se les estaría sometiendo a los detenidos, el presidente Allende manifestó que "si hay culpables de torturas, serán sancionados; en caso contrario, serán castigados los que se hayan hecho responsables de imputaciones sin fundamentos". Más enérgicos y comprometidos fueron el Comité Político y el Comité Ejecutivo Nacional de la Unidad Popular. A través de dos declaraciones expresaron su solidaridad y apoyo a Carlos Altamirano, secretario general del Partido Socialista, y Oscar Guillermo Garretón, secretario general del Partido MAPU; además, descartaron absolutamente que estos dirigentes tuvieran comprometidos en algún acto que signifique subversión o alterar el orden interno en la Armada o del país. 

"… el Comité Político de la UP reafirma su solidaridad con el secretario general del PS, senador Carlos Altamirano, y con el secretario general del MAPU, diputado Oscar Guillermo Garretón. Está fuera de toda lógica que pudieran participar en actividades subversivas personeros de partidos integrantes de Gobierno y de una coalición que ha expresado reiteradamente su posición de respeto irrestricto al carácter profesional y constitucionalista de los institutos armados". 

"El 7 de agosto hubo en la Escuadra un intento de infiltración comunista en los buques; se detuvo inmediatamente a los que aparecían responsables y se inició el sumario judicial correspondiente, que quedó dentro de la jurisdicción del comandante en jefe de la Primera Zona Naval y juez naval […] es importante destacar que los que promovieron y trataron de destruir la disciplina institucional fueron los parlamentarios nombrados [Carlos Altamirano y el diputado Oscar Guillermo Garretón], además del secretario general del MIR, Miguel Enríquez, que habían logrado penetrar y establecer relaciones con un sargento que era suficientemente hábil como para convencer a otros". 

Al respecto, la institución naval emitió un comunicado señalando que se había detectado un "movimiento subversivo en dos unidades de la Armada apoyado por elementos extremistas ajenos a la institución". 

Por su parte el entonces jefe de la Primera Zona y juez naval, almirante José Toribio Merino, no tenía dudas de quienes estaban moviendo los hilos de la infiltración y subversión en la Marina. De esta manera recuerda el hecho: 

"El 7 de agosto hubo en la Escuadra un intento de infiltración comunista en los buques; se detuvo inmediatamente a los que aparecían responsables y se inició el sumario judicial correspondiente, que quedó dentro de la jurisdicción del comandante en jefe de la Primera Zona Naval y juez naval. Debí hacerme cargo de este proceso, que era de singular importancia tanto en lo institucional como en lo nacional, ya que desde un comienzo aparecían como instigadores el senador Carlos Altamirano y el diputado Oscar Guillermo Garretón […] es importante destacar que los que promovieron y trataron de destruir la disciplina institucional fueron los parlamentarios nombrados, además del secretario general del MIR, Miguel Enríquez, que había logrado penetrar. y establecer relaciones con un sargento que era suficientemente hábil como para convencer a otros". 

Para otros uniformados los planes de estos marinos relacionados con políticos eran muy claros. Se trataba de un trabajo de infiltración de los partidos de izquierda en las filas institucionales, para producir una subversión en algunas unidades. Por ejemplo, Patricio Carvajal ha señalado que "… en agosto del 73 hubo un intento de sedición en la Armada impulsado por Garretón y otros socialistas […] al comienzo hubo ciertas personas que fueron seducidas por ellos porque les ofrecían sueldos varias veces superiores en la vida particular. Luego comenzaron a planear lo que había que hacer. El plan era bastante sencillo: matar a todos los oficiales en la noche, luego bombardear Las Salinas donde está la población naval".