Pantoja Henríquez Jerónimo

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia resolvió hoy conceder la libertad bajo fianza al general (r) Gerónimo Pantoja Henríquez, quien está procesado por su presunta responsabilidad en la detención ilegal y posterior desaparición del obrero comunista Pedro Espinoza, en octubre de 1973

La resolución del tribunal de alzada fue despachada de inmediato al juzgado del crimen de primera instancia a fin de notificar al procesado, quien enfrenta actualmente un arresto domiciliario.

 

 

El titular del Juzgado de Letras de San José de la Mariquina, Jaime Salas, dictó una pena de tres años y un día de presidio contra los generales (r) del Ejército, Héctor Bravo Muñoz y Gerónimo Pantoja por la desaparición de Pedro Espinoza Barrientos, militante del Partido Comunista y Presidente del Sindicato Agrícola «Venceremos» de la localidad de Los Lagos, fue detenido el 18 de octubre de 1973, alrededor de las 19:00 horas, en el asentamiento Junco, Antilhue, por militares que realizaron un operativo en el lugar. 

El general (r ) Bravo Muñoz era jefe de la IV División de Ejército

Pantoja era comandante del Regimiento "Maturana" de La Unión en septiembre de 1973, se desempeñó como subdirector de la DINA, y además llegó a ser director de la disuelta CNI. Antecedentes de otros procesos judiciales como los casos Letelier, Leighton y Prats, señalan que Pantoja habría pertenecido a la cúpula de la dirección exterior de la DINA

Destapado a balazos
Oficiales del Ejército montaron a mediados de los '80 una financiera ilegal que llegó a administrar más de mil quinientos millones de pesos de la época. Su existencia fue descubierta en la investigación del asesinato de un empresario gastronómico.

Lo último que Aurelio Sichel vio la madrugada del 19 de julio de 1989, fue el portón de su casa. Tres tiros en la nuca le borraron la vista y al instante estaba tendido en el suelo bañado en su propia sangre. El asesinato de este empresario gastronómico, dueño de la cadena de restaurantes Rodizzio, desató una investigación que permitiría descubrir una financiera ilegal, conocida como "La Cutufa", que funcionaba al interior del Ejército y que manejaba – según se dijo en la época- el equivalente a US$ 4 millones de la época y que estafó a civiles y militares.

Era 1984 cuando el capitán de Ejército Gastón Ramos Cid utilizando "un pequeño capital propio" decidió crear un sistema de financiamiento que se dedicara a captar fondos para invertirlos en negocios de alta rentabilidad. Posteriormente se sumó el también capitán Patricio Castro.

Ramos y Castro convencían a sus conocidos, especialmente uniformados, para que invirtieran dinero en esta 'financiera' que rentaba intereses mucho más altos que los usuales. Tanto Castro como Ramos respaldaban la devolución del capital con cheques de cuentas corrientes bancarias personales.

Los fondos obtenidos los entregaban a un operador financiero – que después se diría era Jorge Larraín- para que comprara y vendiera acciones, obteniendo así importantes utilidades. éstas fueron utilizadas en diversas oportunidades para adquirir pagarés de la deuda externa chilena, la cual posteriormente vendían al Banco Central consiguiendo nuevamente importantes ingresos.

Si bien en un principio la financiera operaba especialmente entre uniformados, con el tiempo extendió sus operaciones a civiles, elegidos especialmente entre amigos y parientes de los militares.

Durante la investigación del crimen de Sichel, su socio en la Gelatería Pavarotti, Carlos Pesce, declararía que "…quien me habló de esta financiera fue Aurelio Sichel, invitándome a participar en ella, cuando yo trabajaba en forma particular la Gelatería Sebastián. Esto fue en febrero de 1985, indicándome Aurelio que quien recibía los dineros era Patricio Castro, y fue así como en febrero de 1988, le hice entrega de un millón de pesos a Patricio Castro…".

Luego, Pesce agregaría que "…me consta que Aurelio le entregó a Patricio Castro dinero proveniente de la Sociedad Gelatería Pavarotti, en dos oportunidades, siendo la última vez el día 18, el día antes de fallecer, dinero este último que le fue cancelado a la Gelatería imputándolo a gastos de arriendo y consumo de luz".

Los fondos se van de viaje
Sin embargo, fue en 1986 cuando se transformaron en inversionistas, entre otros, los brigadieres Jaime Lucares Robledo, Jerónimo Pantoja Henríquez y Enrique Cowell Mancilla; el coronel Sergio Silva Castro y el comandante Gerardo Paredes. En 1988 estaban entre los más importantes colocadores de dinero.

Ese año comenzaron los problemas.

El primer traspié fue la abrupta desaparición de los fondos de la financiera. Según diría Isabel Margarita Pizarro, viuda de Sichel, "los sacó un señor de apellido Larraín. Su nombre no lo podemos pronunciar por ahora". 

Jorge Larraín – de quien nunca pudo probarse la existencia- habría tomado cerca de $300 millones y viajado supuestamente a Ecuador para invertirlos a nombre de la organización. Pero de Larraín nunca más se supo.

Ante esta situación Castro y Ramos comenzaron a captar nuevos 'inversionistas' para así generar los recursos con que pagarles a los antiguos. En ese momento Lucares, Cowell y Silva tomaron el control de la entidad, asumieron el papel de relacionadores, captadores y administradores. 

Como inversionistas principales ordenaron a Ramos y a Castro que continuaran girando cheques de sus cuentas personales.

Sin embargo, la falta de fondos hizo crisis. Los documentos girados por Ramos y Castro continuaron cubriéndose hasta que se acabaron los recursos y en ese momento comenzaron a ser protestados por sus poseedores. Uno sólo de los inversionistas poseía siete documentos de una cuenta personal de Ramos del BHIF, por un monto de $53 millones.

A medida que el asunto se destapaba comenzó a aparecer un verdadero alud de cheques protestados en los tribunales del crimen. En ese momento, la investigación del asesinato de Sichel, a través de un peritaje judicial contable – realizado por Alejo Lira y Germán Cereceda- confirmó la existencia de la financiera informal y que uno de los principales implicados era Patricio Castro.

Entretanto, los cobros por los cheques continuaban llegando.

El 9 de octubre ya había protestos por $150 millones en las cuentas de Castro, ya entregados para la cobranza. Ramos estaba declarado reo por una suma superior a los $100 millones. Mientras Castro huía del país, Ramos se entregaba voluntariamente y quedaba detenido en una unidad militar.

En octubre de 1990, Ramos Cid es sometido a proceso por la titular del undécimo Juzgado del Crimen de Santiago, magistrada Mónica Tagle Madrid, y encargado reo como presunto autor de giro doloso de cheques. Mientras las querellas contra Ramos se acumulaban en la causa rol 571273-3, su abogado, Sergio Rodríguez Wallis, declararía que estos procesos no tenían nada que ver con el asesinato de Sichel.

Ante la detención de Ramos Cid, el general (r) Augusto Pinochet ordenó realizar una investigación interna "ante la posibilidad de que sus acciones hayan perjudicado a miembros de la institución".

El sumario al interior del Ejército desataría gran ruido, especialmente porque se dejaba entrever una posible corrupción a alto nivel que involucraba incluso probables manejos de dineros fiscales. Incluso se involucraría al general Gastón Abarzúa, en esa época director de inteligencia del Ejército (DINE).

Sin embargo, el proceso civil que el ministro en visita Marcos Libedinsky cerró recién en agosto de 1992 comprobaría que sólo había ocho oficiales ( r) involucrados.

Utilizando un programa computacional especialmente creado para la investigación, tras interrogar a más de 400 personas y examinar 11.200 cheques, Libedinsky llegaría a la conclusión de que la Cutufa había llegado a "administrar" 1500 millones de pesos, que en esa época equivalían a más de US$ 4 millones.

El tribunal estimó que los inversionistas no eran culpables, según la Ley General de Bancos. Pero sí lo eran aquellos que se habían dedicado a ejercer acciones correspondientes a empresas bancarias, es decir, captar o recibir dinero del público. 

De esta manera fueron encargados reos los capitanes (r) Patricio Castro Muñoz, Gastón Ramos Cid y Alejandro Garat; los brigadieres (r) Jaime Lucares Robledo, Jerónimo Pantoja Henríquez y Enrique Cowell Mancilla; el coronel (r) Sergio Silva Castro y el comandante (r) Gerardo Paredes Paredes.

El general Abarzúa, si bien confesó ser inversor de la Cutufa, no fue condenado pues no habría participado en las otras actividades.

El destino de los dineros nunca se supo, ni tampoco pudo ser comprobada la existencia de Jorge Larraín. De hecho, lo más parecido que se encontró fue una casa de cambios de Guillermo Larraín, pero quedó claro que no era el mencionado en el proceso. Incluso se pensó que Larraín podría eventualmente haber sido Sichel.

Así, lo que se había iniciado como un bullado caso de estafa se redujo a un fraude entre uniformados y que afectó a algunos civiles.

A pesar de que se suponía que el asesinato de Sichel había ocurrido porque había anunciado el retiro de sus fondos de la financiera, la investigación no pudo detectar vinculo material entre ambos delitos. 

De hecho, su participación como inversionista sólo fue mencionada por declaraciones de los interrogados. 

Fue alrededor de un año después de iniciada la financiera que Castro independizó parte de sus negocios y, con fondos facilitados por su suegro, se asoció con Sichel en el restaurante Rodizzio de Apoquindo y la heladería Pavarotti. Pero no abandonó la Cutufa.

El proceso no pudo comprobar, finalmente, que Castro y Ramos habían operado en algún momento con dineros fiscales..

En dos resoluciones en las que procesó a cuatro altos oficiales retirados del Ejército y a un civil, el ministro en visita con dedicación exclusiva para causas de derechos humanos Alejandro Solís dio cuenta de los episodios de Chihuío y Liquiñe en la precordillera de la Décima Región, dos de los más masivos en cuanto a número de víctimas de la represión durante la dictadura.

En Chihuío, unos 190 kilómetros al sureste de Valdivia, cerca de la frontera con Argentina, el 9 de octubre de 1973 fueron asesinados 17 campesinos por personal de los regimientos Cazadores y Maturana de Valdivia, cuyos comandantes eran los coroneles Santiago Sinclair (ex vicecomandante en jefe del Ejército y ex senador designado) y Jerónimo Pantoja Hernández (ex segundo hombre de la DINA), respectivamente. Por este caso, el juez Solís sometió a proceso por secuestro a Pantoja, hoy en retiro; al general (R) Héctor Bravo Muñoz, a septiembre de 1973 jefe de la IV División del Ejército con asiento en Valdivia y jefe de zona en estado de sitio; al entonces capitán Luis Osorio Garardazanic y a un civil.

Los cuerpos de los 17 campesinos fueron desenterrados por personal de Ejército a fines de 1978 y permanecen desaparecidos. El 17 de junio de 1990 se descubrieron las tres fosas en las que habían estado enterrados los campesinos, y sólo se encontraron pequeñas piezas óseas, lo que permitió confirmar las identidades de los campesinos.

Un día después, el 10 de octubre de 1973, un operativo de Ejército y Carabineros secuestró y dio muerte a 15 campesinos en la aldea de Liquiñe, a pocos kilómetros de la localidad de Neltume también en la precordillera. Por once de estas víctimas, Solís procesó en calidad de autor de secuestro al teniente coronel (R) de Ejército Hugo Guerra Jorquera. Según testigos de la época, estos campesinos fueron ejecutados sobre el puente del río Toltén y sus cuerpos lanzados al río. Por este caso, el juez Juan Guzmán procesó previamente al civil Luis García, dueño de las Termas de Liquiñe, que colaboró en los secuestros. Si bien el general (R) Sinclair no ha sido hasta ahora procesado por Chihuío, fuentes vinculadas a la investigación afirman que sí llegar a estarlo.

En el informe de la Mesa de Diálogo sólo aparece mencionado el nombre de una de las víctimas de Chihuío, Pedro Pedreros Zenteno, quien según información proporcionada por las Fuerzas Armadas, habría sido lanzado al mar. El proceso por el caso Chihuío pasó al Cuarto Juzgado Militar de Valdivia y sobreseído por aplicación de la amnistía en resolución que fue confirmada por los tribunales superiores.

Pero en 1998 los hijos de Pedreros se querellaron en contra de Augusto Pinochet Ugarte. La redistribución de las casi 300 querellas que llevaba Guzmán hizo que la causa fuera derivada al ministro Alejandro Solís, quien sometió a proceso a principios de mayo de este año a unos 6 militares – entre ellos Jerónimo Pantoja y Raúl Muñoz- por el secuestro de 17 personas, ya que una víctima fue identificada hace un tiempo.

 

Ante la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, la defensa del brigadier retirado planteará que no existen elementos concretos para involucrarlo en los hechos que desencadenaron la muerte de Gerardo Huber, y que las lealtades del Ejército se vieron trastocadas con el descubrimiento de esta financiera ilegal.

La Segunda Sala de la Corte Suprema, especializada en materias penales, avanzó este lunes en la revisión del único recurso interpuesto por los primeros procesados en la investigación judicial sobre la muerte del coronel Gerardo Huber Olivares, cuyo crimen se habría perpetrado para impedir las investigaciones respecto al tráfico ilegal de armas a Croacia, detectado en 1991.

Se trata del amparo presentado por los abogados del brigadier (R) Manuel Provis -Cristián Letelier y Héctor Musso-, quienes intentarán derribar los argumentos del ministro en visita Claudio Pavez, procesó al ex militar y a otros cinco ex oficiales de esta rama por el delito de asociación ilícita, una eventual organización delictual que habría operado para realizar actividades de tráfico de armas y ocultar el hecho a través del asesinato del malogrado uniformado.

Provis, otrora jefe del Batallón de Inteligencia (BIE), se encuentra encausado junto a los generales (R) Eugenio Covarrubias (ex director de la DINE), Víctor Lizárraga (secretario de coordinación de la DINE), Carlos Krumm (ex director de Logística) y el coronel (R) Julio Muñoz (supuesto amigo de la víctima), a quienes se les imputa haber realizado distintas maniobras con el fin de que este crimen apareciera como un suicidio a ojos de la opinión pública y la justicia.

Sin embargo, las sospechas apuntan a que el móvil habría evitar los avances en la investigación judicial sobre el contrabando de 11 toneladas de pertrechos que fueron vendidos a Croacia, país en estado de guerra y bajo una prohibición de la ONU para adquirir armamento.

En la jornada de este lunes, el máximo tribunal sólo alcanzó a escuchar la relación de la causa, por lo que sólo mañana, martes, se iniciarán los alegatos.

Sospechas
Al entonces jefe del BIE, brazo operativo de la DINE, específicamente se le imputa haber secundado una serie de acciones sospechosas, ya que él ni Lizárraga -su superior- han dado explicaciones suficientes o racionales sobre la forma, oportunidad y condiciones en que se impusieron de la desaparición del coronel.

Sin embargo, ambos aparecen actuando en el sitio del suceso -puente El Toyo, en el Cajón del Maipo- a primera hora de la mañana del día siguiente a la desaparición (30 de enero).

El magistrado deja constancia que el secretario de coordinación de la DINE aún no asumía ese cargo oficialmente, pero actuaba como jefe. Además, extraña que los grupos de reacción del BIE llegaron alrededor de las 04.30 horas al lugar, mientras que el auto de Huber fue encontrado recién a las 03.00 horas y la denuncia puesta ante Carabineros una hora después. En el sumario se encuentra establecido que ni la policía uniformada, ni el jefe Militar de la zona metropolitana, ni familiares del desaparecido se comunicaron con ellos.

Asimismo, el juez Pavez sostiene que pese a que Provis estuvo de vacaciones desde el 3 de febrero al 6 de marzo de 1992, siguió interviniendo en la situación para unirse a Lizárraga en un viaje a Linares. El magistrado ha establecido que el objetivo de esa travesía tuvo por único objeto apoderarse del hijo menor del coronel, quien permanecía desaparecido y, presumiblemente, secuestrado en una dependencia secreta de la Escuela de Inteligencia del Ejército (EIE).

La versión que ha sostenido el retirado brigadier es que fue llamado para unirse a la misión de buscar una vidente que les ayudara a dar con el paradero del coronel Huber, lo cual ha reiterado su defensa apuntando a que es más común de lo que parece que los equipos dedicados a investigar acudan a este tipo de personas para encontrar pistas de un desaparecido.

"No realizaron en la ciudad de Linares, ni en ningún otro lugar, gestiones de este tipo y, por otra parte, la posible intervención de la vidente mencionada está referida a otro lugar", consigna el documento redactado por Pavez.

El otro hecho que inculpa a Manuel Provis es la intervención de miembros del BIE en el sitio del suceso, quienes acordonaron el sector y bloquearon el ingreso de la Policía de Investigaciones -a cargo de las indagaciones del tribunal-, además de alterar las condiciones al trasladar, incluso, en helicóptero el cuerpo del fallecido militar. Esas acciones no fueron ordenadas por el fiscal militar a cargo del caso, Humberto Julio, según lo ha declarado

En tanto, fuentes allegadas a la investigación dan cuenta que a partir de los encausamientos dictados por Pavez, los uniformados que han prestado declaraciones han comenzado a cooperar para intentar reconstruir las verdaderas circunstancias que determinaron la muerte del coronel. Por ello, proyectan que la investigación ya entró en tierra derecha para establecer tanto a los ejecutores materiales, como a aquellos que decidieron eliminar a Huber.

La Cutufa
El principal argumento que ha manifestado el brigadier (r) Provis sobre cómo se dieron los acontecimientos se refiere a que sólo cumplió con la misión de viajar a Linares por tratarse de una orden de un superior, pero que ahora puede interpretarla como una maniobra distractiva para desviar su atención de los reales acontecimientos.

En esa medida, fuentes de su defensa explican que él habría sido "pasado por alto" en todas las operaciones que realizaron los efectivos a su cargo al momento de aparecer el cadáver del militar. Esa "alteración" en las jerarquías del Ejército se explicaría por el fenómeno judicial que generó el caso Cutufa al interior de las filas castrenses.

Según se dijo, la creciente desconfianza que se originó entre los militares, a raíz del asesinato del empresario gastronómico y uno de los principales inversionistas de la financiera ilegal, Silvio Aurelio Sichel, el 19 de julio de 1989, habría incidido en el cambio en las lealtades dentro de la oficialidad del Ejército.

Sichel fue ultimado en las afueras de su parcela, ubicada en el sector de Casas Viejas, luego que decidiera retirarse del negocio o "sistema", como fue bautizada la Cutufa. Sin embargo, el proceso judicial sobre su muerte fue sobreseído sin determinar responsabilidades. En su momento, la entonces Corte de Apelaciones de Pedro Aguirre Cerda dictó una encargatoria de reo contra el capitán (r) Patricio Castro, por su presunta participación en el crimen, pero el dictamen fue dejado sin efecto tiempo después.

La Cutufa quedó al descubierto luego que se interpusieran, en tribunales civiles, una serie de demandas por giro doloso de cheques. Los documentos tenían la firma de Castro y del capitán en servicio activo Gastón Ramos, cuyas dos últimas destinaciones habían sido la DINE y la Escuela de Suboficiales.

El 10 de noviembre de 1990, tuvo lugar en Paraguay la detención del capitán (r) Castro, quien intentó evadir la justicia, pero fue localizado a tiempo por la policía de Investigaciones. El 8 de julio de 1992, el ministro en visita del caso, Marcos Libedinsky, cerró el sumario y encargó reo a Patricio Castro, Gastón Ramos, Alejandro Garat, Enrique Cowel, Sergio Silva y Jerónimo Pantoja.

No obstante, aún las dudas persisten sobre los reales involucrados en esta financiera ilegal, ya que se especula que sería imposible que una actividad oculta y que involucró a cerca de 250 oficiales de Ejército, e incluso empresarios, funcionará desde fines de 1986 a mediados de 1989 sin que los altos mandos del Ejército se enteraran, pues muchos de ellos eran inversionistas.

La defensa de Provis también ha deslizado las sospechas de su cliente, en cuanto a que la materialización del crimen recaerían sobre los mismos sicarios que perpetraron el asesinato de Sichel. En dicho caso, las dudas recaen sobre ex agentes de la entonces disuelta CNI, como Juan Carlos Solimano, capitán (r) Arturo Sanhueza Ross y Francisco Zúñiga Acevedo. No obstante, éste último se suicidó en sospechosas circunstancias al interior de su automóvil a fines de 1991, por lo que es imposible que haya estado involucrado en la muerte de Huber.

La matanza de campesinos de Chihuío ocurrió el 9 de Octubre de 1973, en la comuna de Futrono, provincia de Valdivia (al nor-este del lago Maihue), a menos de un mes de instaurada a sangre y fuego la dictadura militar y su régimen de terrorismo de Estado.

Ejecutada en el marco de la persecución política generalizada y sistemática del régimen en contra de parte de la población civil, se configura como uno más de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura.

Según los antecedentes reunidos en el proceso a los responsables directos de este aberrante crimen, un convoy militar salió el 7 de Octubre de 1973, desde los regimientos “Cazadores” y Maturana” de Valdivia, los que estaban al mando respectivamente de los coroneles Santiago Sinclair Oyaneder (quien más tarde llegaría a ocupar el cargo de Vice Comandante en Jefe del ejército) y Jerónimo Pantoja Hernández (quien llegaría a ocupar la segunda jerarquía de mando en la DINA). Lo componían 90 hombres, entre tropa y oficiales, y 7 vehículos. A cargo estaba el Capitán del regimiento Cazadores Luis Alberto Osorio Gardasanich y los Tntes. Patricio Keller Oyarzún, Marcos Rodríguez Olivares, Luis Rodríguez Rigorighy y Lautaro Ortega. Iban acompañados por Américo González Torres, uno de los dueños del fundo Chihuío, fiel exponente de la abyecta burguesía terrateniente, quien había confeccionado las listas de personas que debían ser detenidas y eliminadas.

El convoy salió con rumbo a Futrono, 130 Km al sureste de Valdivia y recorrió la zona norte de los lagos Ranco y Maihue, pasando por Llifén, Arquilhue, Curriñe y Chabranco, hasta llegar a Chihuío en la alta cordillera, muy cerca de la frontera con Argentina. A medida que avanzaba, iban completando la lista de las detenciones.

Un total de 17 trabajadores agrícolas, pertenecientes al Sindicato Campesino “La Esperanza del Obrero” del Complejo Agrícola y Forestal Panguipulli, fueron apresados en forma brutal por la caravana de asesinos, siendo golpeados hasta sangrar y en presencia de sus familias. Entre ellos el menor Fernando Adrián Mora Gutiérrez, cuyo delito fue preguntar dónde llevaban a su padre (Sebastián Mora Osses) al verlo junto a otros detenidos a bordo de un camión militar.

Fueron detenidos:

En Futrono Luis Arnaldo Ferrada Sandoval

En Llifén Rosendo Rebolledo Méndez y Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez

En Arquilhue Narciso Segundo García Cancino y Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez

En Curriñe José Rosamel Cortés Díaz, Rubén Neftalí Durán Zúñiga, Eliecer Sigisfredo Freire Caamaño, Juan Walter González Delgado, Pedro Segundo Pedreros Ferreira y Carlos Vicente Salinas Flores

En Chabranco Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, José Orlando Barriga Soto, Daniel Méndez Méndez, Fernando Adrián Mora Gutiérrez (menor de edad), Sebastián Mora Osses y Rubén Vargas Quezada

De noche llegaron cerca de Chihuío, el 9 de Octubre, lloviendo, amontonados en los camiones, golpeados y heridos, dando tumbos con las irregularidades del camino. Cerca de su destino, los camiones y los yeeps se empantanaron en el barro y no pudieron seguir. Los bajaron y los hicieron caminar a obscuras, bajo la intensa lluvia y custodiados por efectivos con los fusiles apuntándoles. Un oficial, haciendo gala de su sadismo, les obligó a que cantaran. Varios de ellos eran evangélicos, uno comenzó a cantar una alabanza. El resto lo siguió y sus cantos se convirtieron en oración, encomendándole a Dios su destino. Caminaban lentamente, hundiendo sus zapatos en el barro, sus ropas empapadas y sus cuerpos entumecidos. Cerca de la medianoche la columna llegó a la casa patronal del esbirro González Torres.

Unos soldados cortaron trozos de los alambres usados para colgar ropa y con ellos amarraron de las muñecas a cada uno de los 17 campesinos. Después los encerraron en una de las piezas de la casa. Los militares se dedicaron a comer y a beber. En tanto y en contraste, los campesinos tendidos en el piso, con sus ropas mojadas, con hambre, congelados de frío y con sus manos en la espalda amarradas con alambres, reanudaron sus cánticos de alabanzas, hasta caer rendidos por la fatiga y el hambre. Esta sería la postrera oración de estos verdaderos mártires de su fe que, por su toma de conciencia, habían escogido el camino de la lucha por la redención social de los pobres del campo y la ciudad, agrupándose al interior de su sindicato.

Durante la noche, y a una hora no precisada, un oficial se dirigió a los conscriptos y pidió 21 voluntarios. Sólo se presentaron 9, el resto fue completado con el personal de planta. Cada uno con su fusil fueron llevados donde estaban los prisioneros. Violentamente los despertaron y arrojaron fuera. Después, el oficial les ordenó correr. A los pocos pasos el pelotón inició las descargas y comenzó la masacre. La mayoría, heridos y moribundos en el barro, fueron rematados en el suelo con los corvos. Los gritos eran desgarradores. (Estos testimonios fueron presentados a la Comisión Rettig, al magistrado Juan Guzmán Tapia a cargo de la investigación de la masacre, y a la Pastoral de Derechos humanos del Obispado de Valdivia por 3 conscriptos que estuvieron presentes en los hechos).

Así, sin mediar ni siquiera un Consejo de Guerra para aparentar una mascarada de proceso, el convoy liderado por el Cap. Luis Alberto Osorio Gardasanich, siguiendo instrucciones de los mandos, asesinó en forma alevosa y desquiciada a 17 modestos campesinos en un pequeño bosque aledaño al complejo turístico llamado Termas de Chihuío, en la alta cordillera valdiviana.

Durante la investigación para el proceso a los responsables de esta masacre, se determinó que al día siguiente un testigo observó que los cuerpos sin vida de varias de las víctimas presentaban cortes en las manos y en el estómago. Además, se acreditó que los cuerpos de las víctimas permanecieron durante varios días en el lugar del crimen cubiertos sólo con ramas y troncos, hasta que algunos familiares, arriesgando también sus vidas, procedieron a enterrarlos.

En 1978 de modo clandestino, y dentro de la “Operación Retiro de Televisores” ordenada por la dictadura para hacer desaparecer las evidencias de sus crímenes, llegaron militares de civil a exhumar los restos y nuevamente con la ayuda del esbirro Américo González Torres los desenterraron e hicieron desaparecer sus cuerpos lanzándolos al mar.

Sólo recientemente el Servicio Médico Legal (SML), después de un arduo trabajo de investigación logró identificar, como parte de los restos de 5 de los 17 campesinos asesinados, las escazas muestras óseas que fueron encontradas en la fosa desde la que fueron removidos los cuerpos. Esos pocos restos óseos fueron entregados el pasado 15 de Julio de 2011 a sus familiares, por la Directora Regional del SML de Valdivia, Patricia Benhe, y correspondían a:

Luis Arnaldo Ferrada Sandoval 42 años, obrero agrícola. 
Manuel Jesús Sepúlveda 28 años, obrero maderero. 
Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez 24 años, jefe de fábricas 
Carlos Maximiliano Acuña Inostroza 46 años, obrero maderero. 
Daniel Méndez Méndez 42 años, obrero maderero.

Por otra parte, a fines de Enero de 2011 la Corte Suprema dictó una vergonzosa sentencia en esta causa, condenando a Luis Alberto Osorio Gardasanich, a una pena de sólo 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor material de los 17 homicidios calificados.

En tanto, el oficial de Carabineros en retiro Luis Eduardo Osses Chavarría, fue sentenciado a 3 años y un día de presidio por su responsabilidad como cómplice de 4 de los 17 secuestros calificados. Por su parte, el civil Bruno Esteban Obando Cárdenas resultó absuelto por “falta de participación”. Además, la misma Sala, con el voto en contra del ministro Dolmestch y el abogado integrante Chaigneau, resolvió desestimar el pago de una indemnización para los familiares de las víctimas.

El ex – Cnel. Jerónimo Pantoja Henríquez, que ya había sido condenado por la desaparición del militante comunista Pedro Espinoza Barrientos, murió antes del fallo definitivo de la Corte Suprema.

El ex – Gral. Santiago Sinclair, quien dio las órdenes, no fue condenado. Tampoco fue procesado el esbirro Américo González Torres.

Cabe recordar que Santiago Sinclair también fue sometido a proceso como coautor del secuestro y homicidio en 1987 de 5 militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR): Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, Julián Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas y de quienes, después de ser asesinados, sus cuerpos fueron lanzados al mar desde un helicóptero para hacerlos desaparecer.

Siguiendo la norma de conducta siempre confirmada por la alta oficialidad de la dictadura de: “a mayor grado, mayor cobardía”, el ex Gral. Santiago Sinclair Oyaneder se amparó en los enclaves autoritarios del poder judicial para evitar ser condenado por esos horrendos y alevosos crímenes, siguiendo el ejemplo del dictador que, en el colmo de su cobardía para eludir enfrentar la justicia, optó por declararse loco.

Operación Retiro de Televisores

La operación “Retiro de Televisores” fue la solución que dio Augusto Pinochet para encubrir las matanzas ocurridas a lo largo de Chile tras el golpe de Estado. Esta cruel decisión fue tomada por él y la Junta Militar tras el descubrimiento de los cuerpos de 11 campesinos y 4 jóvenes de Isla de Maipo, en los hornos de Lonquén.

Era el penúltimo día de noviembre de 1978, cuando el horror emergió de unos hornos de cal abandonados en la localidad de Lonquén, a pocos kilómetros de Santiago. La denuncia había llegado a la Vicaría de la Solidaridad de boca de un campesino que hurgaba la tierra buscando a un hijo detenido desaparecido. Primero fue un secreto sólo conocido por el Cardenal Silva Enríquez, el Vicario de la Solidaridad Cristián Precht y un grupo reducido de colaboradores de la Vicaría de la Solidaridad, luego una cruda realidad sobre el destino que habían tenido 15 personas detenidas que se encontraban desaparecidas hasta ese momento.

La noticia de este hallazgo inquietó a Pinochet, no figuraba en su agenda. Él tenía claro que los desaparecidos no se habían escapado del país, que no andaban por el mundo desprestigiando a la dictadura militar. Sabía que tras cada detenido desaparecido estaba su mano, así que llamó a una reunión de emergencia a la Junta Militar para buscar una solución rápida y prevenir posibles descubrimientos casuales de inhumaciones a lo largo del país.

Era un verano caliente para la dictadura. El descubrimiento de cuerpos inhumados en forma clandestina y su rápida difusión en la prensa internacional, se sumaba a las fuertes presiones del gobierno norteamericano para extraditar a Manuel Contreras y Pedro Espinoza por el atentado terrorista en Washington contra Orlando Letelier, debilitando aún más su posición en el plano internacional en momentos que enfrentaba una grave crisis limítrofe con Argentina.

Ese año, las presiones de la Casa Blanca por el atentado en Washington habían obligado a Pinochet a tomar la decisión de terminar con la DINA, pero no podía quedarse sin un servicio de inteligencia que respondiera a sus intereses. Así, el 12 de agosto, promulgó dos decretos con Fuerza de Ley: el 1876 que terminaba con la DINA y el 1878 que creaba la Central Nacional de Informaciones. Para que todo estuviera en regla asciende a general de la República a Manuel Contreras, completando los requisitos que exigía el cargo de director de la naciente CNI. Las presiones norteamericanas siguieron, al igual que las investigaciones, por lo cual Pinochet decide retirar a su leal servidor y buscar a un general que le diera garantías a él y a los norteamericanos. El elegido fue el general en retiro Odlanier Mena.

Odlanier Mena era un hombre de la Inteligencia Militar, que se había ido a retiro tras intensas peleas con el director de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda. Pinochet, para tranquilizarlo, le había dado el cargo de embajador en Uruguay, plaza no despreciable para un general en retiro, puesto que estaba cerca de casa y no había conflictos, ni sobresalto con la dictadura cívico–militar de José María Bordaberry, aliada de la dictadura militar chilena.

El 3 de noviembre de 1977, Contreras es llamado a retiro y reemplazado por el general Odlanier Mena. No fue fácil el cambio. Contreras había acumulado mucho poder y ascendiente sobre su gente, que gracias a la impunidad reinante se habían ganado la fama de inescrupulosos entre sus pares. Mena estuvo reticente cuando lo solicitaron para el cargo y se lo expresó a Pinochet. El argumento más contundente fue que no podía asumirlo por ser un general en retiro y la ley creada decía expresamente que su director debía ser un general en servicio activo. Pinochet, demostrando su poder, le respondió que no había problemas, que dispondría inmediata- mente un cambio donde se dijera que el director podría ser un general en servicio activo o en retiro.

En eso estaba en diciembre de 1978, cuando concurrió a la oficina de Pinochet para que le firmara varios documentos. A la entrada se encontró frente a frente con el general Mendoza que salía muy perturbado de la oficina. No alcanzaron a saludarse, sólo escuchó “Odlanier, estamos discutiendo sobre el hallazgo de Lonquén y la enorme conmoción pública que este hecho produjo en el país. Me han ordenado que presente un informe detallado porque esta situación yo mismo la desconocía”.

Sorprendido, entreabrió la puerta y vio que estaban el almirante Merino, el general Leigh y Pinochet discutiendo. En ese momento, un edecán lo hizo pasar. Lo saludaron sin tomar demasiado en cuenta su presencia y siguieron realizando comentarios, analizando posibles escenarios y buscan- do la forma de encubrir los crímenes.

Mena escuchaba atento en una esquina de la mesa. En algún momento surgió la idea de disponer de las instituciones para realizar “la búsqueda de cementerios clandestinos a lo largo del país” con el fin de borrar toda huella del actuar criminal. La idea encerraba una visión aterradora, era un doble crimen: tras la muerte, la desaparición.

La Operación

A pesar de la detallada descripción que Mena hace de esa reunión a la justicia, respondió no tener más antecedentes sobre el destino que tuvo la idea de la búsqueda de “cementerios clandestinos”. Fue el ministro Juan Guzmán quien logró esclarecer el curso que tuvo esa reunión y como se había ordenado la remoción de fosas a través de la “Operación Retiro de Televisores”.

El año 2004, el juez Guzmán y el Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones recibieron el testimonio de un suboficial de Inteligencia que señalaba haber recibido un criptograma categoría A–1 –nomenclatura que determina el nivel de urgencia y secreto de la misión– mientras estaba en el Regimiento Húsares de Angol, el año 1979.

El relato sin pausa detallaba datos y situaciones que hablaban del con- texto de la época y comenzaba a dar cuerpo a una serie de vacíos que habían quedado tras la apertura de fosas en Liquiñe y otros puntos del país.

Según su declaración, por la categoría del criptograma había corrido a la máquina decodificadora para descifrarlo. Cuando lo pudo leer, al ver que provenía del propio general Pinochet, lo llevó en forma inmediata a la ofi- cina del comandante del regimiento. Fue tanta su impresión que no olvidó su texto y como si recién lo leyera le dijo al Juez que, “ordenaba desenterrar todos los cuerpos de prisioneros políticos ejecutados en la jurisdicción del regimiento y hacerlos desaparecer”.

 El texto del criptograma agregaba que, si se encontraba algún cuerpo tras esa operación de limpieza en la zona, pasarían a retiro los oficiales a cargo de la misión.

Masacre de Mulchén

La orden comenzó a ejecutarse en el Regimiento Húsares, pero su comandante recordó que la matanza de 18 campesinos cerca de las Ternas de Pemehue no estaba en su jurisdicción y llamó al Regimiento de Infantería de Montaña Reforzada Nº17 de Los Ángeles para comunicarles la orden que habían recibido.

Al día siguiente llegaron hasta el Regimiento de Infantería de Montaña Nº17 tres suboficiales del Departamento II de la III División de Ejército, con asiento en Concepción. Todos habían pasado por cursos en la Escuela de las Américas y tenían especialidades en guerra contrainsurgente.

Organizaron un equipo de ocho personas conformada por oficiales y suboficiales que se dirigieron a la zona de las Termas de Pemehue. Iban en dos vehículos, premunidos de picotas, palas, chuzos y unas bolsas negras. Previamente habían establecido un contacto con el pariente de un militar para que los guiara al lugar donde debían estar los cuerpos.

La tarea fue fácil, la tierra húmeda les permitió llegar a los cuerpos, que estaban a sólo 50 centímetros de profundidad. Algunos conservaban los restos de sus humildes ropas, que se fueron destrozando a medida que eran sacados, dejando pequeñas huellas del crimen en los trozos de telas y botones que quedaron en la tierra.

En total fueron exhumados 12 cuerpos. Las bolsas fueron subidas a los vehículos y se enfilaron rumbo a Concepción. El lugar escogido para poner fin a la tarea fue un horno de ladrillo del Departamento II. Uno a uno fueron lanzando los cuerpos para ser calcinados, al igual que lo habían hecho los nazis durante la II Guerra Mundial.

Entre los relatos está la referencia a un oficial que les comentó, mientras excavaban la tierra en busca de los cuerpos, que había aprendido a incinerar cadáveres en un curso que había realizado en Alemania. Les dio escabrosos detalles, como que se debía preparar una parrilla grande para depositar los cuerpos y prender bajo ella abundante leña, agregando en forma permanente petróleo. Aconsejándoles que había que quemarlos hasta que se convirtieran en cenizas.

 La masacre de Mulchén ocurrió entre el 5, 6 y 7 octubre de 1973 en los fundos El Morro, Carmen y Maitenes y Pemehue. Al atardecer del 5 de octubre de 1973 llegó la patrulla hasta el fundo Los Morros. Traían una lista con nombres de campesinos. Los llamaron a viva voz y se fueron entregando sin emitir queja: Juan de Dios Laubra Brevis, 26 años; Domingo Antonio Sepúlveda Castillo, 29 años; José Edmundo Vidal Aedo, 20 años; Celsio Nicasio Vivanco Carrasco, 26 años, y José Florencio Yáñez Durán, 34 años. Todos fueron amarrados con alambres, golpeados, torturados y llevados hasta la orilla del río Renaico para ser ejecutados.

Al día siguiente subieron hasta el fundo Carmen y Maitenes buscando a 8 campesinos: Miguel del Carmen Albornoz Acuña, 20 años; Daniel Alfonso Albornoz González, 28 años; Alejandro Albornoz González, 48 años; José Guillermo Albornoz González, 32 años; Luis Alberto Godoy Sandoval, 23 años; Manuel Florencio Rubilar Gutiérrez, 25 años; José Liborio Rubilar Gutiérrez, 28 años, y José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, 33 años.

Todos fueron trasladados hasta la casa patronal. Ahí fueron sometidos a violentos golpes, hasta que entre burlas y risas el teniente Concha Maturana los hizo jugar al circo romano, donde se golpearían unos a otros y los perdedores caerían bajo las balas. Siete fueron ejecutados fríamente, haciéndoles cavar su propia tumba y obligándolos a recostarse boca abajo en su interior para dispararles por la espalda. El único que no fue ejecutado ese día fue José Guillermo Albornoz González, a quien ataron a un coloso.

La última parada fue en el fundo Pemehue. Ahí sacaron de sus casas a Felidor Exequiel Albornoz González, 33 años; Alberto Albornoz González, 41 años, José Fernando Gutiérrez Ascencio, 25 años; Jerónimo Humberto Sandoval Medina, 22 años, y Juan de Dios Roa Riquelme, 35 años. Aquí repitieron el mismo sadismo que habían desplegado en el fundo Carmen y Maitenes.

A la mañana siguiente, el sargento del Ejército Luis Díaz Quintana se dio cuenta de que José Guillermo Albornoz González aún estaba amarrado al coloso. Se acercó y vio que estaba con vida, a pesar de las heridas sangrantes, la mandíbula fracturada, sin haber comido en dos días, tumefacto por el agua nieve caída y sin agua. Junto al carabinero Jacobo del Carmen Ortiz Palma lo llevaron hasta las orillas del río Renaico y lo asesinaron.

Como en todas las matanzas ocurridas en las zonas campesinas, el terror se apoderó de la comunidad, se impuso la ley del más fuerte y los familiares de las víctimas quedaron expuestos a la arbitrariedad. Algunos alcanzaron a dar sepultura a sus muertos, otros no se atrevieron a buscar los cuerpos por temor. Impedidos por el temor que inspiraban los dueños de los fundos, no se atrevieron a rescatar los cuerpos, ni pensaron que la maldad llegaría hasta la eliminación de cualquier vestigio de la vida de sus familiares.

Los responsables de estos atroces crímenes son el teniente de carabineros de Mulchén, Jorge Maturana Concha, los carabineros Osvaldo Díaz Díaz, alias “Alicate”, y Héctor Guzmán Saldaña. Junto a ellos participaron varios civiles, entre los que se encuentran Romualdo Guzmán Saavedra, Francisco Urrizola Elías, Ramón Elías Abella, Aquiles Guzmán Fritz, Carlos Lehman y un sargento del Regimiento de Montaña Reforzada Nº 17.

Regimiento Buin

Al igual que en el Regimiento Húsares de Angol, en diciembre de 1978, el Departamento II del Regimiento Buin recibió un mensaje encriptado desde la Comandancia en Jefe. Más de 20 años después, el teniente Pedro Andrés Rodríguez Bustos declaraba ante el juez Juan Guzmán que el mensaje venía firmado por Augusto Pinochet y tenía órdenes precisas “de reunir a los oficiales y suboficiales que hubiesen estado sirviendo en esas unidades entre los años 1973 y 1974. Dicha reunión debería tratar de obtener de ese personal la información que tuviesen respecto al paradero de los cuerpos de personas ejecutadas y enterradas al interior de unidades militares o, en este caso específico, en el campo militar de Peldehue, atendiendo que ese campo iba a traspasar parte de sus terrenos a la Compañía Minera Andina y, por lo mismo, debía saberse si en dichos terrenos se encontraban inhumaciones clan- destinas, ya que de ser así se requería la exactitud de los lugares para proceder a la exhumación y eliminación de los cadáveres.”

Más tarde ratificaría sus dichos, señalando que la orden provenía de la Segunda División de Ejército, a cargo del general Enrique Morel Donoso, y que fue remitida a todas las guarniciones del país. Detalló la forma en que se realizó la entrega de información, por parte de quienes sabían de las inhumaciones de ejecutados políticos, e hizo énfasis en el carácter secreto que tuvo todo el proceso, mencionando a dos oficiales que se presentaron a entregar información ante el comandante Mario Navarrete Barriga: Juan Ibáñez y Jorge Aguilar.

A pesar de lo concluyente de su declaración, fue desestimada en su momento por considerarla que podía ser una operación de inteligencia. Sólo el 2004 se concluiría que la “Operación Retiro de Televisores” fue una decisión pensada y decidida a los más altos niveles con el fin de ocultar las matanzas tras el golpe de Estado de 1973.

Fuerte Arteaga

El año 1999, mientras Augusto Pinochet se encontraba detenido en Londres, el gobierno de Eduardo Frei convocó a diferentes sectores a participar de una Mesa de Diálogo que permitiera recabar información sobre el destino de las víctimas del régimen militar que se encontraban como detenidas desaparecidas. En ella participaron abogados de derechos huma- nos, representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, representantes de las diferentes religiones existentes en el país, académicos y representantes de gobierno. Las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de derechos humanos se negaron a participar por considerar que esta instancia era un salvavidas a Augusto Pinochet.

El trabajo terminó el 13 de junio de 2000, con la entrega del documento de los acuerdos alcanzados al Presidente Ricardo Lagos. En él se reconocía las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar por todos quienes participaron en la Mesa, se establecía un rechazo absoluto al uso de la violencia como método de acción política y un compromiso como sociedad para generar las condiciones que condujeran a la reconciliación, facilitando, de ese modo, la entrega de información sobre el destino de los detenidos desaparecidos.

En enero de 2001, las Fuerzas Armadas entregaron un informe que daba datos sobre el destino de 200 detenidos desaparecidos supuestamente lanzados al mar, ríos o alta cordillera. De ellos, 180 figuraban con nombres, apellidos y la fecha de su muerte. Al Presidente Lagos se le entregó un informe que contenía 45 casos de detenidos desaparecidos cuyos datos contenían coordenadas y mapas de su ubicación, lo que hacía presumir que esos restos serían encontrados rápidamente.

Esta compleja situación causó conmoción pública, puesto que era el reconocimiento de la existencia de información sobre el destino de los detenidos desaparecidos al interior de las Fuerzas Armadas; a eso se suma- ba la ansiedad de muchos familiares que esperaban tener respuesta sobre sus seres queridos. Ante esta situación, el presidente de la Corte Suprema, Hernán Álvarez, decidió nombrar ministros en visita para esclarecer el des- tino de los detenidos desaparecidos.

En este marco se designó a la jueza Amanda Valdovinos para que investigara la información sobre la existencia de una caverna con 20 cráneos de detenidos desaparecidos en el Fuerte Arteaga y zonas aledañas al predio que rodea a este recinto militar.

Los relatos surgidos hablaban de exhumaciones y traslados de restos a las laderas de la cadena de cerros El Talhuenal. Ahí la ministra centró su trabajo de investigación, junto a un equipo de antropólogos forenses. Las informaciones que mencionaban de manera recurrente el “rincón de los finados” para referirse a una determinada zona del recinto militar, donde se habían enterrado restos sacados de otros lugares, la llevó a determinar que no todos los restos exhumados se habían lanzado al mar y así lo informaba a la Corte Suprema.

En marzo de ese mismo año, las investigaciones en los terrenos del Fuerte Arteaga de Peldehue dieron resultado. En la Quebrada de los Ratones fueron encontrados los restos de Luis Rivera Matus, dirigente sindical comunista detenido a la salida del edificio de Chilectra el 6 de noviembre de 1975, por hombres de civil que pertenecían al Comando Conjunto Antisubversivo. Su nombre aparecía en el informe de las Fuerzas Armadas como lanzado al mar frente a las costas de la zona central.

Esto significó un nuevo descrédito de las Fuerzas Armadas, se las señalaba de entregar una lista cargada de inexactitudes, provocando nuevas heridas entre los familiares de detenidos desaparecidos.

Los hallazgos de la ministra dieron origen a más información que ter- minó con los procesamientos de los generales (r) de la Fuerza Aérea Freddy Ruiz Bunger y Carlos Madrid Hayden, el mayor (r) de Ejército Álvaro Corbalán Castilla y el oficial (r) del DINE –Dirección de Inteligencia del Ejército– Sergio López Díaz.

El año 2004, el Ministro de la Corte de Apelaciones con dedicación especial para casos de derechos humanos Joaquín Billard condenó a 600 días

 

de presidio al general (r) Freddy Ruiz Bunger y a Carlos Madrid Hayden, como encubridores de secuestro calificado en la persona de Luis Rivera Matus. Al mayor (r) de Ejército, Álvaro Corbalán Castilla, y al oficial (r) de Inteligencia del Ejército, Sergio López Díaz, los condenó a 10 años de presidio como autores del secuestro calificado de Luis Rivera Matus. Tres años después, la Corte Suprema rebajó las penas dejando sólo con cumplimiento de condena efectiva a Álvaro Corbalán Castilla.

La Moneda

Cuatro meses después de iniciada la búsqueda en el Fuerte Arteaga, las investigaciones comenzaron a dejar en evidencia lo que había sucedido más de veinticinco años antes con los detenidos el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda.

Se excavó una gran fosa en el área norte de la zona de campaña y se recuperaron más de 500 piezas óseas, que correspondían a fragmentos de extremidades, dientes, trozos de cráneo y otras partes de cuerpos humanos, además de material de guerra y pedazos de vestimentas. En estos restos estaba el último trozo de historia de 12 de los 20 detenidos el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda.

La jueza Valdovinos emitió un concluyente informe a la Corte Suprema. En él se hablaba de la violencia e irracionalidad que había dominado en estas muertes. Indicaba, que al observar los restos encontrados en el área de la fosa se podía “concluir en forma categórica el uso de explosivos del tipo granadas para destruir los cuerpos”, por las incrustaciones de restos óseos que habían quedado en las paredes del pozo. También se refería a las huellas de maquinaria pesada en la exhumación de cuerpos.

El junio de 2002, la Corte Suprema decidió reestructurar las investigaciones de causas por violaciones a los derechos humanos y nombró a cargo del caso Fuerte Arteaga al juez Juan Carlos Urrutia, del Quinto Juzgado del Crimen. A partir de los fragmentos óseos se inició la investigación por exhumación ilegal.

Uno de los testigos fundamentales en esta investigación fue el suboficial Eliseo Cornejo Escobar, quien participó en las ejecuciones de los detenidos de La Moneda y cinco años más tarde guió la búsqueda en las excavaciones para exhumar los restos, en el marco de la “Operación Retiro de Televisores”.

Ese 23 de diciembre de 1978, la supervisión de las faenas estuvo a cargo del comandante del Regimiento Tacna Hernán Canales Varas. De acuerdo a los relatos, eran cerca de las 10:00 horas cuando Eliseo Cornejo marcó el lugar exacto donde se habían enterrado los detenidos el 13 de septiembre de 1973. Una pala mecánica comenzó a cavar el pozo seco hasta llegar a los seis metros de profundidad, ahí apareció una barra de fierro que Cornejo de inmediato identificó. La pala comenzó a trabajar lentamente hasta que apareció el primer cuerpo. Los cuerpos estaban casi intactos, gracias a la tierra arcillosa que impidió la penetración de oxígeno y el consiguiente proceso de descomposición orgánico. Los cuerpos fueron sacados en forma manual para que no se desarmaran, a pesar de ello, pequeños fragmentos fueron quedando en la tierra, como negándose a desaparecer del todo. Luego sacaron los restos y los subieron a un camión Unimog. En total fueron 12 sacos y todos fueron transportados hasta unos estacionamientos frente a la carretera San Martín.

Cerca de las 22:00 horas llegó el helicóptero del Comando de Aviación del Ejército, a cargo del entonces coronel Fernando Darrigrandi. Estaba piloteado por Emilio de la Mahotiere González, Luis Felipe Polanco y Antonio Palomo Contreras, el mismo trío que llevó al helicóptero Puma en la Caravana de la Muerte. El aparato se posó cerca de donde estaban los sacos, rápidamente fueron subidos y el helicóptero partió.

Al igual que en los casos anteriores, la “Operación Retiro de Televisores” se había concretado silenciosa y oportunamente. Se cumplía la orden del Comandante en Jefe del Ejército.

Era la concreción de un crimen para ocultar otro, que se había inicia- do el día 12 de septiembre de 1973, con la llegada de Pedro Espinoza al Regimiento Tacna. El oficial de Inteligencia llevaba un sobre que contenía órdenes precisas de la Comandancia en Jefe del Ejército al comandante del Regimiento Tacna, Luis Ramírez Pineda. En ellas se sentenciaba a muerte a las personas detenidas en La Moneda y se disponía que se los trasladara hasta Peldehue para dar cumplimiento a la orden.

Ramírez Pineda había dado órdenes de aplicar el máximo de brutalidad contra los detenidos que llegaron esa tarde del 11 de septiembre. En esos hombres amarrados y exhaustos depositaba todo su odio contra los marxistas. Eran 49 detenidos, al día siguiente se ordenó liberar a 17 funcionarios de Investigaciones y a otros los separaron, dejando reducido a 21 personas el grupo de La Moneda.

El día 13, a primera hora, se estacionó un camión frente a las barracas donde estaban los prisioneros. Lista en mano los fueron sacando de las caballerizas, los amarraron con alambres y con violencia los lanzaron al camión. Entre los 21 estaban Jaime Barrios Meza, Sergio Contreras, Daniel Escobar Cruz, Enrique Huerta Corvalán, Claudio Jimeno Grendi, Jorge Klein Pipper, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Enrique Paris Roa, Eduardo Paredes Barrientos, Julio Moreno Pulgar, Héctor Pincheira Núñez, Arsenio Poupin Oissel, Julio Tapia Martínez, Héctor Urrutia Molina, Oscar Valladares Caroca, Juan Vargas Contreras, Luis Rodríguez Riquelme, José Freire Medina y Luis Avilés Jofré, quien había llegado al Palacio de La Moneda a apoyar al gobierno.

El camión se enfiló hacia el norte, custodiado por vehículos militares y seguidos por la atenta mirada del, entonces, coronel Pedro Espinoza Bravo, que viajaba en uno de los vehículos de la columna. Espinoza era un alto oficial de Inteligencia del ejército, cuyo rol en la represión post golpe fue determinante. Él se encargó de supervisar las principales operaciones de exterminio cometidas a lo largo del país, por orden del Estado Mayor de la Inteligencia.

A la llegada se dirigieron inmediatamente hasta un pozo seco que es- taba junto a una construcción. Ahí montaron una ametralladora que era manejada por el teniente Jorge Herrera López y comenzaron a bajar a los detenidos, llamándolos por sus nombres. Sin queja y mirando de frente enfrentaron la muerte parados en el borde del pozo los 21 hombres. Enfrentaron solos los sonidos sordos de las balas que retumbaron en la soledad de los cerros. Cuando cayó el último detenido, se dio la orden de tirar granadas para que las paredes del pozo cayeran, cubriendo así el crimen.

El proceso

La Causa ha tenido un largo tránsito en la justicia. Desde que la jueza Amanda Valdovinos inició la investigación sobre inhumaciones ilegales, hasta el presente, la investigación ha estado en las manos del juez del Quinto Juzgado del Crimen, Juan Carlos Urrutia; el Ministro de la Corte de Apelaciones Alejandro Madrid Crohare; el Ministro Especial para causas de derechos humanos Juan Fuentes Belmar y actualmente se encuentra en manos del Ministro de la Corte de Apelaciones Miguel Vásquez Plaza.

De las 21 víctimas, sólo se ha logrado identificar a 11 detenidos desaparecidos a través del trabajo de identificación de restos y a los análisis genéticos realizados por el Laboratorio de la University of North Texas, Estados Unidos, los que incluyeron peritajes a las muestras óseas de las víctimas y pruebas comparativas a las muestras sanguíneas donadas por las familias.

Actualmente se encuentran procesados el general(r) Luis Ramírez Pineda como autor de homicidio calificado de 11 personas detenidas en La Moneda el 11 de septiembre de 1973 y trasladados al Regimiento Tacna, donde era comandante. También se tramita en la justicia argentina la ampliación de la extradición, porque inicialmente fue solicitada por los cargos de secuestro calificado de 11 personas y en la actualidad se encuentra procesado por homicidio calificado y al cambiar la figura legal, se requiere solicitar al país que da la extradición un cambio de ella.

La resolución afectaba a otros ocho miembros en retiro del Ejército confesos de haber participado en los secuestros de Jaime Barrios Meza, Daniel Escobar Cruz, Enrique Huerta Corvalán, Claudio Jimeno Grendi, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Moreno Pulgar, Arsenio Poupin Oissel, Julio Tapia Martínez, Oscar Valladares Caroca y Juan Vargas Contreras.

Los ocho procesados como autores del delito de secuestro calificado eran el coronel(r) de Ejército Servando Maureira Roa, el mayor(r) de Ejército Jorge Iván Herrera López, el Brigadier (r) de Ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo, los suboficiales(r) de Ejército Eliseo Antonio Cornejo Escobedo, Jorge Ismael Gamboa Álvarez, Teobaldo Segundo Mendoza Vi- cencio, Juan de la Cruz Riquelme Silva y Bernardo Eusebio Soto Segura.

Escuela de Artillería de Linares

El mismo documento con carácter secreto que recorrió los cuarteles a comienzo de 1979 llegó a la Escuela de Artillería de Linares. Sin dudarlo, el director de la Escuela de Artillería de Linares, teniente coronel Patricio Gualda Tiffani, ordenó formar un equipo especial para desenterrar los cuerpos y dejó encargado de esta misión al capitán Mario Gianotti Hi-dalgo. Este eligió a dos oficiales, entre los que se encontraba el teniente

 Hernán Véjar Sinning, y dos suboficiales para cumplir la misión. A ellos se sumó un suboficial de Inteligencia de la III División de Ejército que había llegado junto a otros dos miembros de esa repartición a supervisar que se cumpliera la orden.

Premunidos de palas y picotas cavaron en distintos lugares al interior del Regimiento, finalmente, encontrando dos cuerpos que estaban sin ropas. Luego de meterlos en bolsas los dejaron a buen recaudo al interior del Regimiento, y partieron a la ciudad de Constitución a buscar un entierro clandestino que se encontraba en una cueva de la desembocadura del río Maule. Las permanentes subidas del río y las mareas habían cambiado un poco la fisonomía del terreno, por lo que les costó dar con el lugar exacto. Finalmente encontraron tres cráneos, concluyendo que era el lugar que buscaban. Los desenterraron, los pusieron en bolsas y volvieron a la Es- cuela de Artillería.

Con la primera etapa de la misión cumplida, fueron a buscar un tambor metálico, le pusieron petróleo, luego metieron los cinco cuerpos, volvieron a regarlos con petróleo y les prendieron fuego. Los restos de cinco detenidos desaparecidos quedaron convertidos en cenizas y se concretaría el doble crimen.

En abril de 2003 el ministro Alejandro Solís había iniciado las investigaciones en la zona del Polígono General Bari, que de acuerdo a los datos entregados por un ex conscripto había existido una fosa común con los cuerpos de los detenidos desaparecidos de la zona. Las diligencias no dieron resultado y sólo se encontraron algunas huellas de posibles entierros en el lugar.

En 2008 el Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís, dictó sentencia y fijó condenas de 15 años y un día para cinco inculpados, y 10 años y un día para un sexto inculpado por las desapariciones de María Isabel Beltrán Sánchez, José Gabriel Campos Morales, Anselmo Cancino Aravena, Héctor Hernán Contreras Cabrera, Alejandro Róbinson Mella Flores, Arturo Enrique Riveros Blanco, Jaime Bernardo Torres Salazar, José Alfonso Saavedra Betancourt y Jorge Bernabé Yáñez Olave, detenidos entre septiembre de 1973 y febrero de 1974.

El 27 de abril de 2011 la Corte Suprema rebajó las penas dictadas por el ministro Solís, absolviendo al general(r) Gabriel del Río Espinoza, condena- do por la desaparición de cinco personas, y condenando a cinco años y un día de prisión con el beneficio de la libertad vigilada al coronel(r) del Ejército, Juan Hernán Morales Salgado, y al teniente coronel de Ejército, Claudio Abdón Lecaros Carrasco, por la desaparición de María Isabel Beltrán, José Gabriel Campos, Anselmo Antonio Cancino y Alejandro Róbinson Mella.

A cinco años y un día de prisión con el beneficio de la libertad vigilada fueron sentenciados el suboficial(r) de Ejército, Antonio Aguilar Barrientos, por cuatro secuestros calificados, y el coronel(r) de Ejército, Antonio Cabezas Salazar, por tres secuestros calificados.

El general(r) Humberto Lautaro Julio Reyes, quien fue subsecretario de Relaciones Exteriores durante la dictadura militar, fue condenado a tres años de prisión con beneficio de la remisión condicional, quedando en libertad vigilada.

Esta era una de las pruebas más contundentes que se tenía para demostrar que Pinochet conocía las atrocidades ocurridas durante su mandato. Nadie crea un mecanismo tan perverso para ocultar crímenes si no está directamente implicado.

Chihuío

El 9 de octubre de 1973, los lugareños de Chihuío pensaban que lo peor del periodo había pasado. Habían corrido como reguero las detenciones de trabajadores en Neltume y la violencia que carabineros de Llifén había desatado entre los campesinos de Chabranco, Arquilme y Curriñe.

Ese día partió una patrulla en siete vehículos y conformada por 90 mili- tares bien armados y pertrechados a la zona precordillerana, donde sólo vivían trabajadores pobres de la Empresa Maderera Panguipulli. Eran del Regimiento de Caballería Blindada Nº 2 Cazadores de Valdivia, comandado por el general (r) Santiago Sinclair, quien posteriormente fue miembro de la Junta Militar y senador designado al inicio de la transición a la democracia. A cargo estaba el comandante de escuadrón Luis Osorio Gardasanich, los oficiales Patricio Keller, Lautaro Ortega, Marcos Rodríguez Olivares y Luis Rodríguez Rogorrichi. A cargo de la unidad especial estaba el teniente Cristián Labbé Galilea.

La patrulla recorrió los poblados y caseríos de la zona, leyeron nóminas con nombres y procedieron a detenerlos. En este periplo de muerte participó activa y entusiasta el dueño del fundo Chihuío, Américo González Torres.

 Sin ninguna vergüenza, pidieron a los lugareños alambres y yuntas de bue- yes pasa arrastrar a los vehículos que se habían quedado pegados en el barro.

En la oficina de administración de Curriñe, del Complejo Maderero Panguipulli, torturaron a algunos detenidos, mientras una patrulla subía   a detener trabajadores al aserradero Folilco. Su última parada fue en Chabranco, allí detuvieron a los últimos trabajadores.

Con su carga partieron hasta la casa patronal del fundo Chihuío, donde se ensañaron con los trabajadores. Según un testimonio recibido por la Comisión Rettig, a simple vista no había impactos de balas, sino muestras de cortes, degüellos, cercenamiento de miembros, y otras huellas de tormentos imposibles de describir.

A la mañana siguiente, un lugareño vio que había unos cuerpos tapados con ramas y troncos, reconociendo a algunas de las víctimas como trabaja- dores de la zona. Los cadáveres permanecieron cerca de 15 días al aire libre y luego fueron enterrados.

Eran 17 trabajadores de la zona: Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, José Orlando Barriga Soto, José Rosamel Cortés Díaz, Rubén Neftalí Durán Zúñiga, Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, Eliecer Sigisfredo Freire Ca- amaño, Narciso Segundo García Cancino, Juan Walter González Delgado, Daniel Méndez Méndez, Sebastián Mora Osses, Pedro Segundo Pedreros Ferreira, Rosendo Rebolledo Méndez, Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, Carlos Vicente Salinas Flores, Manuel Jesús Sepúlveda Rebolledo, Rubén Vargas Quezada y el menor de edad, Fernando Adrián Mora Gutiérrez, que al ayudar a sacar un vehículo militar del barro vio que su padre iba entre los detenidos, preguntando a los militares a dónde lo llevaban. Ellos le respondieron que si quería ir con su padre subiera al vehículo y así lo hizo. A fines de 1978, un operativo militar volvió a Chihuío y desenterró los cuerpos de los 17 campesinos para tirarlos al mar. La fosa con los restos óseos del desentierro fue hallada el 17 de junio de 1990 por un grupo de familiares y amigos de detenidos desaparecidos.

Los primeros días de julio de 2011, el director del Instituto Médico Le- gal, Patricio Bustos, dio a conocer los nombres de las primeras cinco personas identificadas, Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, 46 años a la fecha de su muerte, obrero agrícola; Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, 42 años a la fecha de su muerte, obrero agrícola; Daniel Méndez Méndez, 42 años, obrero agrícola y dirigente campesino; Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, 24 años, jefe de fábrica y militante del Partido Socialista; y Manuel Jesús Sepúlveda Rebolledo, 28 años, obrero maderero. El 15 de julio la directora del Servicio Médico Legal de Valdivia, Patricia Benhe, entregó los pocos restos óseos a las familias para que les dieran sepultura.

Las identificaciones se realizaron con los fragmentos encontrados en la fosa clandestina, donde fueron arrojados los cuerpos y después removidos para arrojarlos al mar, en el marco de la llamada “Operación Retiro de Televisores”.

En enero de 2011 la Corte Suprema condenó a 10 años y un día al coronel (r) del Ejército Luis Osorio Gardasanich, como autor del delito de homicidio calificado de 17 personas, entre ellos un menor de edad.

El oficial (r) de Carabineros Luis Eduardo Osses Chavarría fue conde- nado a 3 años y un día de prisión, por su calidad de cómplice de 4 secuestros. El civil Bruno Esteban Obando Cárdenas fue absuelto por no tener participación en los hechos.

El general Santiago Sinclair, quien dio las órdenes, resultó absuelto. En tanto el coronel (r) Jerónimo Pantoja Henríquez, murió antes de la sentencia de la Corte Suprema.

Los 17 trabajadores pertenecían al Sindicato Campesino Esperanza del Obrero del Complejo Maderero Panguipulli. En su mayoría eran creyentes evangélicos que se habían organizado para participar en la construcción de una vida más justa.

Cuesta Barriga

Enrique Erasmo Sandoval Arancibia era un teniente de ejército cuando fue llamado a la DINA en 1976. Si bien no cuenta mucho sobre su papel en el organismo represivo ese año, deja entrever su paso por la Escuela de Inteligencia en Rinconada de Maipú que sirvió para instruir a agentes argentinos, uruguayos y chilenos. También dice haber sido parte de la seguridad de la VI Asamblea de la OEA realizada en Santiago, a la que asistió Henry Kissinger. Desordenadamente, cuenta que a fines de 1976 pasó a formar parte de la Brigada Caupolicán que estaba al mando de Miguel Krassnoff Martchenko, asignado a la agrupación Cóndor.

Asegura no recordar nombres, tampoco la actividad que desarrolló sólo recuerda que hablaba mucho con el ex mirista que colaboraba con la DINA, de nombre “Joel”, Emilio Iribarren.

 Pero el “Pete el Negro”, como era conocido en la DINA, tenía toda una historia criminal tras su aparente inocencia ante los tribunales. Tras el golpe de Estado y la represión indiscriminada, este hombre asesinó al niño Carlos Fariña de un disparo por la espalda y quemó el cadáver. En los años 80 participó en el asesinato de Lisandro Sandoval.

El año 1978 ingresa a la Brigada Roja de la Central Nacional de In- formaciones, a cargo de la represión al MIR. Durante su permanencia, se reportaba directamente con Álvaro Corbalán.

Recuerda que a comienzos de 1979, Jerónimo Pantoja, subdirector de la CNI, recibió la información que un cazador de conejos había descubierto una mina abandonada con cuerpos en la Cuesta Barriga y la información la había entregado a la Vicaría de la Solidaridad.

Ante la alarma, Pantoja lo envió a chequear el lugar, “que era un pi- que de una mina, y comprobé que era efectivo. Estaba lleno de roedores, murciélagos, restos putrefactos y había olor en consonancia con los restos. Este olor habría alertado y alterado a los perros del cazador, y así habría llegado al lugar”.

Con fotografía en mano llegó el teniente Sandoval ante Pantoja, quien le ordenó que no se dinamitara la mina, y le ordenó que usara ácido. Ante la dificultad que tenía por desconocer el uso de químicos, llamó al general Odlanier Mena a su casa de vacaciones en Mehuín para informarle la situación. La delicada información hizo que Mena suspendiera sus vacaciones, regresara a Santiago y se hiciera cargo del retiro de cuerpos. Para eso encomendó a Sandoval que sacara los cuerpos con un equipo de confianza. “Mi equipo estaba formado por 9 personas y fuimos a la mina durante tres días.” Asegura no tener idea cuántos cuerpos había, pero calcula que eran cerca de 20, que fueron puestos en 50 sacos de papas. Parte de los cuerpos estaban esqueletizados, otros aún conservaban tejidos blandos.

Cuando terminaron de sacar los cuerpos, tomaron a unos perros, los mataron y los lanzaron al interior para justificar la presencia de huesos. Luego subieron los sacos a un camión y los llevaron hasta la parcela de Malloco que había pertenecido a la Comisión Política del MIR. Finalmente, los res- tos fueron trasladados hasta Peldehue y posiblemente lanzados al mar.

La Operación Retiro de Televisores cubrió todo el territorio nacional y es la muestra más clara de la política de ocultamiento de las violaciones a los derechos humanos que imperó durante la dictadura militar.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones de la Corte de Apelaciones de Temuco, Valdivia y Puerto Montt, Álvaro Mesa, sometió a proceso al general en retiro del Ejército Santiago Arturo Sinclair Oyaneder, por su responsabilidad en el delito de apremios ilegítimos a nueve prisioneros políticos, ilícito perpetrado después de 11 septiembre de 1973, en la ciudad de Valdivia.

En la resolución (causa rol 3-2012 Valdivia), el ministro Mesa, en atención a la edad del exmilitar, decretó el arresto domiciliario del procesado como autor de los tratos inhumanos, crueles y degradantes aplicados a: Sandor Arancibia Valenzuela, Juan Yilorm Martínez, Víctor Hormazábal Rozas, José Daniel Gallardo Saldivia, Rogers Delgado Sáez, Joel Asenjo Ramírez, Luis Díaz Bórquez, Uldaricio Manuel Figueroa Valdivia y Carlos Jaime Bahamondez Hormazábal, detenidos en la cárcel pública de Valdivia.

«Plan Z»

En la etapa de investigación, el ministro en visita logró establecer los siguientes hechos:

A.- Que a raíz de los sucesos acaecidos el 11 de septiembre de 1973, fueron detenidos en varias ciudades del país y en especial en la comuna de Valdivia, Sandor Arancibia Valenzuela, Juan Yilorm Martínez, Víctor Hormazábal Rozas, José Daniel Gallardo Saldivia, Rogers Delgado Sáez, Joel Asenjo Ramírez, Luis Díaz Bórquez, Uldaricio Manuel Figueroa Valdivia y Carlos Jaime Bahamondez Hormazábal, entre otros. Algunos de ellos quienes hasta esa fecha detentaban cargos públicos o militaban en partidos políticos del gobierno del Presidente Salvador Allende Gossens. A todos ellos, se les acusaba de ser los cabecillas de un plan fantasioso de exterminio de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, denominado hasta hoy en día como «Plan Z». Todos los detenidos, en distintas fechas luego del 11 de septiembre de 1973, fueron conducidos a la cárcel Pública de Valdivia por orden de la Fiscalía Militar existente.

Dichas detenciones fueron decididas por la autoridad militar de la época, sin orden judicial, no constando en el proceso su realización bajo un procedimiento ajustado a la norma vigente en ese entonces.

B.- Que en el regimiento Cazadores de la comuna de Valdivia, luego del pronunciamiento militar, por orden del General Héctor Bravo Muñoz (actualmente fallecido) fue reforzada la Sección Segunda de Informaciones e Inteligencia con la agregación de funcionarios de la misma unidad militar, entre ellos Hernán Soriano Ávila; un integrante de la Policía de Investigaciones de Chile, Germán Jesús Borneck Matamala; y personal de la Tenencia de Carabineros «José Gil de Castro» de la misma comuna, entre ellos el teniente Rubén Aracena González y el cabo Juan Bautista Yáñez Ruiz, apodado «es bante grande». Este grupo estaba a cargo del teniente de Ejército Patricio Kellet Oyarzún y tenían por misión interrogar a los detenidos por asuntos políticos, que luego de esa fecha fueron ingresados en la cárcel de Valdivia.

C.- Que además, a fines de septiembre de 1973, fue llamado a integrarse al Ejército Bernardo O’Higgins de las Mercedes Puga Concha, que hasta esa fecha se desempeñaba como abogado auxiliar del Consejo de Defensa del Estado, quien asumió funciones como asesor legal la Fiscalía Militar, a cargo hasta entonces de don Mario Piraíno Valenzuela (actualmente fallecido). Incluso, algunos abogados defensores concurrieron hasta la oficina de la Fiscalía Militar, entrevistándose con dicho abogado asesor, quien se identificaba como Fiscal Militar.

D.- Que a fin de cumplir con la orden dada por la superioridad, se habilitó el gimnasio del regimiento Cazadores, ubicando pupitres para interrogar a los detenidos políticos. De este modo, los detenidos eran llevados y traídos desde la cárcel al regimiento por personal militar de la sección liderada por Patricio Kellet Oyarzún, siendo interrogados en la Fiscalía Militar y apremiados físicamente en dependencias del gimnasio antes y/o después de estos interrogatorios.

En el gimnasio o sala de tortura existían implementos para amarrar a los detenidos y aplicarles electricidad en diferentes partes del cuerpo, además de aplicarles otro tipo de tormentos como golpes de pies y puños. En esta tarea participaban todos los integrantes del grupo liderado por el Teniente Patricio Kellet Oyarzún, además del detective de la Policía de Investigaciones y funcionarios de Carabineros que allí estaban agregados y antes mencionados.

Una vez que las personas eran interrogadas en el Regimiento aludido, eran conducidas nuevamente hasta la cárcel de Valdivia. En aquel lugar, los propios compañeros de celda y uno de los funcionarios de la enfermería del penal, constataban el mal estado físico de ellos producto de las interrogaciones bajo torturas.

E.- Que siguiendo la línea de la letra B anterior, el General de División Héctor Bravo Muñoz, además de reforzar la unidad de inteligencia, reunió a los comandantes de los regimientos Cazadores y Maturana, los cuales funcionaban en el mismo recinto militar conocido como «cantón Bueras» de la comuna de Valdivia e instruyó verbalmente que el Coronel Pantoja (actualmente fallecido) se hiciera cargo de toda la parte operativa con el fin de encontrar la presencia de subversivos, esto en presencia del comandante del regimiento Cazadores, a quien designó para realizar funciones de patrullaje en la ciudad de Valdivia y asumir la seguridad en el área Urbana de Valdivia, además como delegado de gobierno en la Universidad Austral de Chile. Pese a su designación como autoridad de educación, el comandante el regimiento Cazadores siguió desempeñándose diariamente en la unidad bajo su mando -ya que según se indicó, debió asumir la seguridad en la comuna de Valdivia y por ubicarse su domicilio al interior del recinto militar- concurriendo a diario a ese lugar, enterándose que el Coronel Pantoja tenía el control del gimnasio del regimiento y un empadronamiento de las personas detenidas. Además, conocía sobre la supervisión que realizaba Pantoja en la búsqueda de información. Todo lo anterior por observar en más de una oportunidad, tanto de día como de noche, a personas que eran conducidas hasta el gimnasio antes aludido para ser interrogados.

Además, el mismo comandante del Regimiento Cazadores, ordenó a Hernán Soriano Ávila, funcionario de la unidad bajo dependencia, integrar el grupo liderado por el Teniente Patricio Kellet Oyarzún, según se ha dicho anteriormente».

1998, Chillán. El entonces Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, junto a su ministro de Obras Públicas Ricardo Lagos, recorre las obras de un puente. Los acompañan el intendente de la VIII región, Martín Zilic, y un hombre fornido de bigote y casco blanco, que viste chaqueta cruzada y mocasines naranjos.

El bigotón se llama Luis González Sepúlveda, es constructor civil y trabaja como inspector fiscal del MOP en Concepción, del tramo Talca-Chillán. González escolta al ministro. En un momento, se instala a la izquierda del futuro gobernante socialista.

Eduardo Frei no sabe al lado de quién está parado. El hombre que ronda a su ministro estuvo ligado al más peligroso grupo que funcionó en la Central Nacional de Informaciones, CNI, de Pinochet; fue informante e infiltrado de los servicios de seguridad que controlaban las actividades clandestinas gremiales y, especialmente, las de la Democracia Cristiana en los setenta. Y no sólo eso: su equipo era el encargado de espiar los pasos de su padre, el ex Mandatario Eduardo Frei Montalva, en la trama que -todo indica- culminó en su asesinato en 1982, como ha acreditado la investigación del juez Alejandro Madrid.

Una foto suya junto al ex presidente Eduardo Frei, que tenía en su poder la CNI,  avalaba la cercanía que este hijo de un suboficial del Ejército logró con la dirigencia  DC en esos años, partido en el que militaba desde 1969. Militancia que no le impidió trabajar después del Golpe de Estado en la construcción de la Prefectura de Investigaciones, en el paradero 12 de la Gran Avenida y en la del hangar de la Brigada Aeropolicial que la misma institución levantó en el aeropuerto de Cerrillos. Tanta era la confianza depositada en González Sepúlveda que hasta tuvo un rol importante en la construcción de la cancha de tiros de la policía.

Para cuando le tomaron la foto en el puente, llevaba dos años en el MOP. Igual que Lagos.

NOMBRE CLAVE “ FELIPE ONETTO ”

La vida de González Sepúlveda dio un giro radical en 1978. Ese año, el coronel Jerónimo Pantoja, el segundo hombre de la CNI que reemplazaba a la DINA, lo enroló personalmente en su despacho del cuartel central del organismo, ubicado en calle Belgrado. A partir de entonces, González se convirtió en un hombre más de la CNI. González trabajaba en la CNI, integrado a la planilla de la empresa Elissalde y Poblete. Su jefe sería el entonces capitán Juan Jara Quintana, segundo de la brigada encargada del seguimiento de la DC.

Al frente de ese grupo se encontraba el oficial de la Armada, Alejandro Campos Rehbién, quien estaba en actividades represivas desde los primeros tiempos de la DINA, según se confirma en la escritura de la sociedad Pedro Diet Lobos, una de las primeras empresas que creó el organismo encabezado por Manuel Contreras.

Campos integró la Brigada Caupolicán de la DINA, que funcionó en Londres 38, convirtiéndose en hombre de confianza del oficial y mando superior de la DINA, Miguel Krasnoff Marchenko, y luego pasó a otra de las cárceles emblemáticas del organismo represivo: Villa Grimaldi. Un hombre con esa experiencia era lo que necesitaba el general Odlanier Mena, jefe de la CNI, para dirigir el equipo que se encargaría de la DC en los precisos momentos en que en ese partido se imponían los dirigentes y militantes que postulaban una oposición directa y activa a la dictadura de Pinochet.

Instalado ya en su pequeña oficina en el segundo piso del cuartel general de la CNI, Campos eligió como secretaria a una mujer de absoluta confianza y a la que conocía desde los tiempos de la DINA: Alicia Uribe Gómez, más conocida como “ Carola” , la dirigente del MIR que se trasformó en colaboradora después de ser torturada durante meses. En la CNI la llamaban “ Gloria ” y allí no hablaba con nadie. Su estrecha relación con el brigadier Pedro Espínoza había creado una verdadera trinchera de protección en torno suyo.

A ese grupo se integró Luis González Sepúlveda. Con una nueva identidad, que le entregó la CNI: “ Felipe Onetto ”.

En ese equipo, González fue testigo y actor del intenso seguimiento que se hacía de todos los pasos de Frei Montalva. Y supo, por la propia boca del capitán Jara y del oficial de la Armada, Alejandro Campos, que Frei complicaba, y mucho, al general Pinochet. El ex Mandatario había decidido ser un opositor a la dictadura, y su influencia internacional se convirtió en un peligro para el régimen.

En marzo de 1979, el grupo que seguía los pasos de Frei, de Andrés Zaldívar y otros dirigentes DC, necesitó engrosar sus filas ante la reactivación de la oposición, unida a la de dirigentes gremiales como Tucapel Jiménez. El flanco económico también comenzaba a complicarse.

La CNI tuvo que hacer una reingeniería, y un nuevo subdirector llegó a reforzar la acción operativa: el coronel Fernando Arancibia Reyes, hermano del actual senador Jorge Patricio Arancibia, ex comandante en jefe de la Armada.

La unidad que se ocupaba de la DC y de los dirigentes gremiales dejó el cuartel general de calle Belgrado y se trasladó al cuartel de la CNI de calle República esquina Toesca. Allí, en el segundo piso, se instaló Luis González Sepúlveda.

El nuevo jefe de su unidad era el capitán Juan Jara, que muy pronto fue reemplazado por el comandante de escuadrilla de la FACH, Osvaldo Cordero Cuevas. Jara partió a dirigir la unidad de seguimiento y represión de la actividad gremial. Ambas estarían en estrecha relación.

LOS JEFES

En su tiempo en la nueva estructura, Luis González Sepúlveda se relacionó especialmente con el coronel en retiro Sergio Herrera Silva, brazo derecho del hombre que controlaba la estructura de Inteligencia y manejaba toda la información sobre los pasos de Eduardo Frei Montalva: el coronel Fernando Suau Baquedano, miembro de la DINA de Contreras y con cursos de inteligencia y comandos en Francia, con los generales que habían combatido en Argelia la rebelión independentista.

Suau, al igual que muchos agentes, pasó posteriormente al DINE, en donde pasó a retiro en 1981 para ser recontratado al poco tiempo en el Departamento Exterior del organismo, donde trabajó con Francisco Maximiliano Ferrer Lima (condenado a 8 años de cárcel por el asesinato de Tucapel Jiménez), el hombre involucrado en la salida del país del químico de DINA Eugenio Berríos, fabricante de las toxinas mortales con las que se eliminó a potenciales enemigos del régimen y Pinochet. Y también aquellas con las que presumiblemente se asesinó a Frei.

Su brazo derecho, con quien González se relacionaba, permanecería hasta 1989 en la CNI, y se encargó durante mucho tiempo de la Clínica El Golf, que reemplazó a la siniestra Clínica London de la DINA, donde se le inyectó gas sarín a quienes ponían en riesgo operaciones clandestinas.

Luis González, el hombre que hizo sus estudios superiores en horario vespertino y que comenzó su trabajo como obrero del MOP, dice que abandonó la CNI en 1980. Una fecha  clave: más de un año antes de que fuera asesinado Frei Montalva. Son varios los   oficiales y suboficiales de la CNI que lo conocieron y trabajaron con él. Será fácil determinar si es efectivo que se fue en esa fecha y cuál fue su rol dentro del organismo represivo.

Su historia, de no mediar la investigación judicial por el asesinato del ex Presidente Frei, hubiera sido un secreto. Igual que la de Luis Becerra, el chofer de Frei y de Andrés Zaldívar que trabajó para los servicios de inteligencia durante 14 años. Espiando a sus jefes.

Eduardo Frei Ruiz-Tagle no sabe al lado de quién está parado. El hombre que ronda a lagos en la inauguración estuvo ligado al más peligroso grupo que funcionó en la central nacional de informaciones, CNI, y que espiaba a su padre, en la trama que -todo indica- culminó en su asesinato en 1982.

Luis González Sepúlveda se integró al grupo especial de la CNI con una nueva identidad: ”Felipe Onetto” . Allí, fue testigo y actor del intenso seguimiento que se hacía de todos los pasos de Eduardo Frei Montalva, que ya comenzaba a ser un problema para la dictadura.

por Mónica González