Palma Ramírez César Luis Adolfo

En un fallo que tendrá importantes repercusiones en las causas de derechos humanos, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la libertad de trece uniformados y revocó sus procesamientos al estimar que regía el principio de la cosa juzgada y la Ley de Amnistía.

El dictamen estima que no hay mérito para mantener los autos de procesamientos contra trece efectivos que pertenecieron al Comando Conjunto y que fueron sometidos a proceso por el titular del 25 Juzgado del Crimen, Carlos Hazbún, quien oficia como juez con dedicación preferente.

Esto, luego que el 2 de mayo, la titular del Primer Juzgado de Letras de San Bernardo, Cecilia Flores, se declarara incompetente para conocer la causa por el secuestro de David Urrutia Galaz, capturado por agentes del Comando Conjunto en 1975, y derivó los antecedentes al juez del 25º Juzgado del Crimen de Santiago, Carlos Hazbún.

La defensa de los ex uniformados a cargo del abogado Carlos Portales estimó que la resolución abre las puertas para seguir por el mismo camino con el resto del medio centenar de militares que en estos momentos son procesados por los jueces de dedicación exclusiva para estas causas.

Según El Mercurio, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior ordenó una reunión especial para mañana con todos sus abogados para analizar el nuevo escenario. El director del organismo, Luciano Fouillioux, indicó que la última palabra respecto de la aplicación del principio de cosa juzgada y de la Ley de Amnistía se encuentra en manos de la Corte Suprema.

Esto, porque es la primera vez que un tribunal de alzada aplica un fallo de esta naturaleza en los casos por violaciones a los derechos humanos que son investigados por jueces especiales que fueron designados como resultado de la "Mesa de Diálogo".

El titular del 25º Juzgado del Crimen de Santiago, Carlos Hazbún, había procesado el 7 de enero de 2002 como autores de "asociación ilícita criminal" a los uniformados César Palma Ramírez, Otto Trujillo Miranda, Raúl González Fernández y Manuel Muñoz Gamboa.

Igualmente, al suboficial (r) FACh Pedro Caamaño Medina; al comandante (r) del regimiento Colina de la FACh Carlos Madrid Hayden; al suboficial activo FACh Robinson Suazo Jaque; al suboficial (r) FACh Fernando Zúñiga Canales; al suboficial (R) FACh Eduardo Cartagena Maldonado; al teniente (r) de Marina Daniel Guimper Corvalán; al suboficial (r) FACh Guillermo Urra Carrasco; al suboficial (r) FACh Pedro Zambrano Uribe y al suboficial (r) FACh Juan Chávez Sandoval, quienes ahora se vieron beneficiados con esta disposición

Por “denegación de justicia” en el crimen de su padre, los hijos del edecán naval del Presidente Salvador Allende, capitán de navío Arturo Araya Peters, demandarán mañana al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La presentación ante el órgano de la Convención Americana de Derechos Humanos incluye una demanda civil para que el Estado repare materialmente a los cuatro hijos y a la viuda.

De esta manera, el homicidio del oficial, ocurrido el 27 de julio de 1973, saldrá por primera vez de Chile para convertirse en materia de justicia internacional. La acción se interpondrá a las 12 horas de mañana en la sede en Santiago de Cepal.

El abogado Arturo Araya hijo, que patrocinará el recurso, explicó a La Nación que “ya nos cansamos de golpear las puertas de los tribunales chilenos para obtener justicia por el crimen de nuestro padre”. Agregó que “el Estado de Chile es responsable de la muerte de nuestro padre porque colaboró en la impunidad de su asesinato. El proceso que instruyó la justicia naval en Valparaíso tuvo una gran cantidad de vicios. Basta decir que la causa se caratuló como ‘maltrato de obra a personal de las Fuerzas Armadas’ y la pena mayor que se aplicó, de tres años de presidio, fue indultada al poco tiempo por el general Augusto Pinochet”.

El camino de recurrir a la CIDH fue el mismo que utilizó la familia del asesinado diplomático Carmelo Soria.

El Juzgado Naval de Valparaíso rechazó recientemente reabrir la investigación del crimen. La sentencia del proceso se dictó el 26 de diciembre de 1978. De 19 procesados de un grupo de ultraderecha vinculado con Patria y Libertad, sólo uno fue condenado a tres años de presidio, los que no cumplió. Del resto, hubo tres sentenciados a 541 días sólo por porte ilegal de armas y los otros quince a penas de 61 a 21 días de cárcel. Ninguno cumplió las condenas.

De la querella interpuesta el año pasado por los hijos y que instruye la jueza del 17º Juzgado de Crimen de Santiago, Patricia González, Arturo Araya afirmó que “lleva casi un año y no hay adelanto. Nos han negado seis veces el acceso al sumario y nos cansamos de pedir justicia”. Además de dirigirse “contra quienes resulten responsables” del “homicidio de nuestro padre”, la querella se interpuso también por “denegación de justicia”, por múltiples irregularidades en el proceso, en contra del ex juez naval vicealmirante (R) Arturo Troncoso; el ex fiscal naval capitán de navío (R) Aldo Montagna; el ex auditor naval capitán de fragata (R) Enrique Campusano; y el ex secretario del Juzgado Naval de Valparaíso y actual cónsul general de Chile en Caracas (Venezuela), Jorge Garretón Iturra.

Las sorpresas del expediente

* Guillermo Claverie Bartet: único condenado, a tres años de presidio; no se lo detuvo sino hasta el 15 de julio de 1981. Ingresó ese día a la cárcel de Valparaíso y Pinochet lo indultó el 10 de agosto del mismo año. Cumplió 25 días de la pena.

* Andrés Potin Laihacar: mientras estuvo procesado en libertad integró la organización represiva Comando Conjunto (CC). En enero de 1979 pidió al Juzgado Naval salir a EE.UU. por dos meses. “Como se pide”, autorizó el tribunal. En agosto de ese año volvió a pedir permiso para salir “a Europa” por tres meses como “asesor de la Superintendencia de Bancos”. “Ha lugar”, contestó el tribunal. En 1980, Potin solicitó salir a practicar “paracaidismo” por un mes a Argentina. “Como se pide”, se autorizó. Condenado a 41 días. Hoy está procesado en causas por desaparecidos.

* Luis Palma Ramírez (alias ‘El Fifo’): mientras estuvo procesado y prófugo integró el CC. Sin embargo, “su nombre no está registrado en el Gabinete de Identificación” se establece en el expediente. En 1979 se presentó “voluntariamente” para notificarse de la condena de 541 días, que no cumplió. Hoy está procesado en causas por los crímenes del CC.

* Edmundo Quiroz Ruiz: el Juzgado Naval de Valparaíso lo citó a comienzos de febrero de 1979 para notificarlo de los 26 días de prisión a los que lo condenó por el crimen. Este respondió, según el expediente, que “voy a fin de mes, porque estoy trabajando”.

* Rafael Mardones Saint-Jean: durante el proceso pidió permiso para “ir de luna de miel a Estados Unidos por 17 días”. “Ha lugar”, autorizó el juzgado. Condenado a 61 días.

 

El caso Comando Conjunto, una agrupación de agentes del Estado y civiles de ultraderecha coordinada por los cuatro organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y que operó entre 1975 y 1976, entró en su fase final. Es, tal vez, uno de los procesos emblemáticos de violaciones de los derechos humanos por la ferocidad que hubo contra las víctimas (cerca de 70) y porque es el único caso en que participan todas las ramas castrenses, aunque las más involucradas sean la FACH y Carabineros. De hecho, algunos de sus integrantes en los años ’80 se sumaron a la Dicomcar.

La jueza con dedicación exclusiva del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago para investigar los delitos cometidos por este organismo represivo, Graciela Gómez, dictó en los últimos días las primeras acusaciones en contra de sus agentes, los responsables del secuestro de Carlos Contreras Maluje, hijo del primer intendente de la UP en la provincia de Concepción, ex regidor por la comuna de Concepción y dirigente del Partido Comunista.

Se trata de uno de los cuatro episodios que dividen este proceso, pero es el más simbólico, porque los hechos que rodearon el secuestro del militante de izquierda dejaron al descubierto los actos cometidos por el CC y provocaron la inmediata disolución del organismo represivo.

Nombres

Como autores intelectuales del plagio fueron acusados el general (R) FACH Freddy Enrique Ruiz Bunger y el coronel (R) de la misma institución Juan Francisco Saavedra Loyola. En tanto, como autores materiales fueron acusados Alejandro Sáez Mardones (que actualmente cumple condena por el caso degollados), Jorge Cobos Manríquez (alias ‘Kiko’ y teniente (R) de la FACH), Daniel Guimpert Corvalán (teniente en retiro de la Armada), César Palma Ramírez (alias ‘Fifo’, un civil ex Patria y Libertad y mencionado en al menos 15 asesinatos) y Manuel Muñoz Gamboa (alias ‘Lolo’, mayor en retiro de Carabineros que también fue condenado en el caso degollados).

Ruiz Bunger estaba a cargo de Inteligencia de la FACH y era un hombre de confianza del entonces comandante en jefe de la Aviación e integrante de la Junta Militar, general Gustavo Leigh, a quien acompañó cuando a éste lo destituyó el general Augusto Pinochet en 1978.

Los hechos

En su resolución, la jueza Gómez llega a la convicción de que los agentes secuestraron a Contreras Maluje y, tras torturarlo, lo utilizaron para montar un operativo donde pretendían capturar a otros militantes comunistas.

El 2 de noviembre de 1976, tras obtener el dato, proporcionado por otro detenido bajo tortura, los agentes lo interceptaron en calle Nataniel y, por la fuerza, lo llevan al centro de detención denominado La Firma (ubicado en calle Dieciocho, donde antes funcionaban las oficinas del diario Clarín).

Tras someterlo a apremios ilegítimos, el ex regidor ofrece llevar a los agentes a un lugar donde podrían apresar a otro militante comunista. Pero los planes de Contreras Maluje eran otros. Según se estableció, al día siguiente el CC montó un operativo en calle Nataniel.

Al llegar al lugar, afirma la jueza, Contreras Maluje “logra eludir a sus vigilantes y se lanza al paso de un vehículo de locomoción colectiva que transitaba en dirección al sur, por calle Nataniel, quedando lesionado a consecuencia del impacto, sin perjuicio de lo cual solicita ayuda a los transeúntes y a un funcionario de Carabineros”. Dijo estar secuestrado, pero los funcionarios no pudieron hacer nada porque apareció un vehículo patente EG-588, que, posteriormente se acredito, pertenecía a la FACH, de uso exclusivo de Ruiz Bunger, jefe de Inteligencia de la Fach. Sus ocupantes se indetificaron como agentes de la DINA. De Contreras Maluje no se supo más.

El ministro Juan Fuentes Belmar condenó hoy a diversas penas a siete ex miembros del Comando Conjunto responsables de la desaparición, en noviembre de 1976, del dirigente comunista Carlos Contreras Maluje, informaron fuentes judiciales.

En su resolución, el magistrado no aplicó la Ley de Amnistía dictada en 1978 por el ex dictador Augusto Pinochet, pero sí la prescripción gradual de la pena, tomando como fecha de fin del secuestro calificado el 11 de marzo de 1990, fecha del retorno de la democracia.

Las condenas, de primera instancia, afectan a cuatro oficiales retirados de la Fuerza Aérea (FACH), un ex miembro de la Marina y dos de Carabineros, integrantes de esta agrupación de agentes del Estado y civiles de ultraderecha coordinada por los cuatro organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y que operó entre 1975 y 1976.

El juez condenó a tres años de prisión remitida (en libertad) al director del Servicio de Inteligencia de la FACH, Freddy Ruiz Bunger, al coronel Juan Saavedra Loyola, al oficial de la Marina Daniel Guimpert y al ex oficial de Carabineros Manuel Muñoz Gamboa.

La misma condena, pero con reclusión nocturna, al ex integrante de la FACH César Palma Ramírez y al policía retirado Alejandro Sáez Mardones, quien desde agosto de 2003 cumple en prisión otra sentencia por violaciones a los derechos humanos.

En ese sentido, también condenó a tres años y un día de presidio al ex capitán de la FACH Jorge Cobos Manríquez.

Fuentes Belmar por último, desestimó una demanda civil contra el Estado presentada por el abogado de la familia de la víctima, Nelson Caucoto.

El de Carlos Contreras Maluje fue uno de los pocos casos en que la Corte de Apelaciones de la época acogió un recurso de amparo presentado por su familia tras su detención.

El 2 de noviembre de 1976, Contreras Maluje, entonces de 29 años de edad, ex regidor de Concepción, y de profesión químico farmacéutico, fue detenido por agentes del Comando Conjunto y trasladado al recinto denominado "La Firma" (ubicado en calle Dieciocho, donde antes funcionaban las oficinas del diario Clarín) donde fue torturado.

Posteriormente, según el Informe Rettig, el dirigente fue trasladado por los agentes a un lugar donde supuestamente Contreras haría un contacto, en calle Nataniel, ocasión en que se arrojó a las ruedas de una micro gritando su nombre y su situación de secuestro.

Inmediatamente, los agentes lo trasladaron nuevamente al recinto de "La Firma" y lo ejecutaron esa misma noche en un camino cercano a Santiago, en donde sus restos fueron enterrados clandestinamente sin que hasta ahora hayan sido encontrados

Escondido en una casa rodante al interior de un fundo ubicado en la comuna de Freire, en la Región de la Araucanía, fue capturado el ex agente represor civil de la Fuerza Aérea, Cesar Palma Ramírez, para cumplir condena en el caso del secuestro del militante comunista Carlos Contreras Maluje.

Personal de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones ejecutó el operativo para lograr el cumplimiento de la condena a 3 años y un día de prisión ratificada en su contra por la Corte Suprema en noviembre de 2007.

Palma Ramírez perteneció al grupo extremista de derecha durante el gobierno de Salvador Allende “Patria y Libertad” y luego se integró como agente civil a la Fuerza Aérea de Chile (FACH) como miembro del Comando Conjunto, grupo con el que cometió el delito por el qu era buscado.

El prefecto de Jefatura Nacional de Delitos contra Derechos Humanos, José Luis Cabión, comentó que el ex represor “se fugó hace aproximadamente un mes y medio” y al ser ubicado que estaba “en el interior d e una casa rodante en una parcela a 8 kilómetros al interior de la comuna de Freire”.

El efectivo descartó alguna resistencia del sujeto al encontrarse con los policías. “Fue una detención totalmente limpia como los procedimientos anteriores que hemos manejado con casos similares”, en alusión, por ejemplo, a la captura de Jorge Iturriaga Neumann.

Por el secuestro de Carlos Humberto Contreras Maluje, ex Regidor de Concepción,  también fueron condenados  el general retirado de la FACH, Freddy Ruiz Bunger, así como Juan Francisco Saavedra Loyola, Daniel Gimpert Corvalán, Manuel Muñoz Gamboa, Alejandro Sáez Mardones y Rodrigo Cobos Manríquez.

 

El ex miembro del Comando Conjunto y de Patria y Libertad fue arrestado por la Brigada de Derechos Humanos de Investigaciones, oculto en una casa rodante al interior de una parcela, a ocho kilómetros de Freire, Décima Región.

Integrantes de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones ubicaron y detuvieron al último ex agente prófugo condenado por crímenes de lesa humanidad, César Luis Palma Ramírez, alias el "Fifo".

El "Fifo", ex agente del Comando Conjunto, fue encontrado refugiado en una casa rodante al interior de una parcela, a ocho kilómetros de la comuna de Freire, en el llamado Camino a Boroa, en la X Región.

El ex agente huía evitando cumplir una condena de tres años de presidio por el secuestro y desaparición en noviembre de 1976 del militante comunista y ex regidor por Concepción, el químico farmacéutico Carlos Contreras Maluje.

El 3 de noviembre de ese año, Contreras fue detenido, pero logró huir arrojándose a las ruedas de una micro en calle Nataniel Cox, con el fin de alertar de su arresto. Sin embargo, los agentes lo recapturaron y desde entonces desapareció.

El prontuario de Palma Ramírez es amplio. Sus primeros pasos en el crimen los dio en las filas del grupo ultraderechista Patria y Libertad que lideraba el abogado Pablo Rodríguez.

La noche del 26 de julio de 1973, Palma integró el grupo al que la justicia naval le imputó el asesinato del edecán de Allende, capitán de Navío Arturo Araya Peeters.

Posteriormente y es lo que aún se investiga en un nuevo juicio por la justicia ordinaria, aparecieron pistas que conducirían a concluir que el autor del homicidio del edecán no formó parte de aquel grupo que sólo habría actuado como pantalla, sino que los disparos provinieron de un francotirador apostado en otro lugar.

Se sabe que Palma era uno de los pocos del grupo que esa noche estaba en conocimiento del verdadero objetivo de la salida a la calle del escuadrón ultraderechista, esto es, cubrir al verdadero autor de los disparos.

Todo, como parte de un complot para acelerar el golpe de Estado en el que participaron civiles como Jorge Ehlers junto a altos oficiales de la Armada, culpando del atentado a la izquierda, como efectivamente ocurrió en un comienzo.

Tras una breve detención, tras el golpe de Estado Palma y el resto del grupo fueron indultados por el ex dictador Augusto Pinochet.

Después, Palma, agente civil adscrito a la Fuerza Aérea, integró a partir de 1975 el Comando Conjunto (CC), la organización criminal que armó la FACH para disputarle el poderío de la represión a la DINA.

Actualmente está procesado en numerosas causas por violaciones de los derechos humanos, entre ellas los homicidios de los ex agentes del CC, Carol Flores y Guillermo Bratti.

 

 

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó ayer la condena por el secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez, ocurrida en 1975. En fallo unánime los ministros de la Sexta Sala Jorge Dahm, Joaquín Billard y el abogado integrante Nelson Pozo, ratificaron el fallo emitido por el ministro Juan Fuentes Belmar el 29 de septiembre de 2006, pero modificaron las penas contra los agentes del denominado Comando Conjunto. Es así como Freddy Ruiz y Juan Francisco Saavedra fueron condenados a 10 años y un día de presidio; Manuel Muñoz, Eduardo Cartagena y César Palma sentenciados a 5 años y un día de presidio y Otto Trujillo a 3 años y un día de presidio. En tanto Daniel Guimpert fue absuelto por falta de participación.

 

 

El ministro en visita Juan Fuentes Belmar aplicó a los miembros del Servicio de Inteligencia de las Fuerza Aérea de Chile (SIFA) la prescripción y falta de participación, liberando de cargos también al funcionario civil César Palma Rodríguez.

La cúpula del denominado Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA) quedó liberada de cargos en el juicio que se seguía en su contra por el secuestro del ex militante del Partido Comunista (PC) Carol Flores Castillo y el asesinato del miembro del Comando Conjunto, Guillermo Bratti Cornejo.

Esto último luego de que el ministro en visita Juan Fuentes, el mismo que investiga el asesinato del cantautor Víctor Jara, desechara los cargos que pesaban contra los seis militares involucrados en estos crímenes además del funcionario civil César Palma Rodríguez.

Se trata de los generales (R) de la FACh Edgar Cevallo Jones, Roberto Serón Cárdenas, Juan Luis López López, Freddy Ruiz Bunguer, Juan Saavedra Loyola y Daniel Guimpert Corvalán.

A los tres primeros se los liberó porque el magistrado estimó que hubo falta de participación, mientras que al resto le aplicó la prescripción de la acción penal. Lo mismo decretó respecto del civil.

Este fallo dejó preocupados a varios organismos vinculados a los derechos humanos, sobre todo porque el criterio de caducidad de la acción penal fue aplicado por el juez que actualmente indaga el crimen de Víctor Jara así como otras indagatorias ligadas a delitos de lesa humanidad.

Fuentes de la causa indicaron que esta sentencia será apelada a la Corte para que se condene a los responsables.

El magistrado en la misma línea desestimó las demandas indemnizatorias para los familiares de las víctimas, acogiendo de la misma forma la prescripción de la acción civil para las familias de Flores y Bretti.

Carol Flores Castillo fue militante del PC hasta 1974. Ese año fue detenido junto a sus hermanos y trasladado hasta la Academia de Guerra Aérea (AGA). En este recinto, ocupado por organismos represivos de la dictadura, habría sido brutalmente torturado y luego liberado.

Testigos, en el informe Rettig, declararon que tras este episodio Flores comenzó a colaborar con la SIFA delatando a compañeros del PC, lo que coincide con una serie de detenciones a militantes comunistas durante esta época. Sin embargo, en junio de 1976 desaparece.

El ex miembro de la FACh, Andrés Valenzuela Morales, declaró en el proceso que supo que miembros de la SIFA llevaron a Flores hasta el Cajón del Maipo y se deshicieron de su cuerpo.

Esto último pues se habrían enterado que éste le entregaba información a la DINA de lo que hacía el comando. Ello molestó profundamente a los encargados de la AGA.

La misma conducta, según este testigo, se le imputó al oficial Guillermo Bratti, víctima de este caso judicial.Ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Andrés Valenzuela señaló que tanto Flores como Bratti fueron ejecutados porque existía la "versión de que habían entregado información que poseíamos, a la DINA, la que efectuó operaciones perjudicando a nuestra agrupación (Comando Conjunto). La DINA, según los dichos de los agentes detenidos, les habría ofrecido más dinero, vehículo y casa".

Ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal condenaron definitivamente a ex integrantes del Servicio de Inteligencia de la FACh, por el secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez.
La Corte Suprema dictó sentencia final en la investigación por el secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez, detenido desaparecido desde noviembre de 1975 en la ciudad de Santiago.
En fallo dividido, los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Alberto Chaigneau determinaron las sanciones que se indican contra los responsables de estos crímenes atribuidos a personal de la SIFA (Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea).
El tribunal condena a César Palma Ramírez a 5 años de presidio por su responsabilidad en calidad de autor sin beneficios; a Freddy Ruiz Bunguer a 5 años de presidio por su responsabilidad como autor concediéndose la libertada vigilada. Misma condena recayó para Juan Saavedra Loyola, Eduardo Cartagena Maldonado y para Manuel Muñoz Gamboa.
En tanto a Otto Trujillo Miranda se le condeno a 541 días de presidio por su responsabilidad en calidad de cómplice, otorgándosele el beneficio de la remisión condicional.
Absuelto por falta de participación quedo Daniel Guimpert Corvalán.
En el aspecto civil se condenó al Fisco a pagar una indemnización por daño moral de $ 80 millones a Humberto Fuentes Godoy, hijo de la víctima.
En este aspecto la sentencia se determinó con el voto en contra de los ministros Ballesteros y Rodríguez, quienes fueron partidarios de acoger la causal de incompetencia absoluta del tribunal.

 

Se trató de un asesinato planificado para ir sentando al interior de la Marina de Guerra los principios que regirían el sanguinario golpe de Estado del 11 de septiembre

Se trató de un asesinato planificado para ir sentando al interior de la Marina de Guerra los principios que regirían el sanguinario golpe de Estado del 11 de septiembre. La derecha fascista perpetró el crimen…Washington lo cobijó y financió. Nuestra memoria sigue viva.

En la medioanoche del día 26 de julio de 1973, el Edecán Naval del Presidente Salvador Allende, comandante Arturo Araya Peeters, fue asesinado por un francotirador que le disparó a mansalva desde algún lugar frente a su domicilio.

Poco antes había llegado a su casa, tras asistir –acompañando al mandatario socialista- a una recepción en la embajada de Cuba. Uno de los delincuentes que participó en el delito, Guillermo Claverie Bartet, fue condenado a tres años de prisión. Sin embargo, no permaneció ni un día en la cárcel purgando esa pena. Incluso, estando prófugo, fue indultado por la dictadura gracias a una decisión del almirante José Toribio Merino Castro.

Se trató de un asesinato planificado para ir sentando al interior de la Marina de Guerra los principios que regirían el sanguinario golpe de Estado del 11 de septiembre, y a la vez un recordatorio de que todo hombre de la Armada que no estuviese de acuerdo con los planes fascistoides del almirante Merino Castro sería considerado traidor y castigado con la muerte. Así ocurrió con Araya, un hombre limpio y leal a la Constitución.

La noche del 26 al 27 de julio de 1973, un francotirador abrió fuego contra el marino, mientras los mercenarios de Patria y Libertad armaban una algazara en la calle frente a su casa, luego de hacer algunos disparos al aire a objeto de lograr que el edecán presidencial saliese al balcón de su domicilio para investigar lo que sucedía. En ese momento, una bala impactó en el pecho del comandante Araya Peters.

El crimen, que en su momento la derecha y los servicios de inteligencia navales intentaron achacar a fantasmales grupos armados de izquierda, fue en realidad la obra de una sórdida conspiración ultraderechista con apoyo de oficiales golpistas de la Marina.

Un total de 32 miembros de Patria y Libertad, cuyo fundador era Pablo Rodríguez Grez, fueron detenidos y procesados por la Fiscalía Naval, pero todos quedaron libres tras algunos tirones de orejas. Sólo uno de ellos, Guillermo Claverie, luego de haber estado un tiempo prófugo, resultó condenado a tres años y un día de prisión como autor material del crimen, pena que tampoco cumplió ya que, al final, todos los conspiradores fueron indultados en 1981 por el asesino y ladrón apellidado Pinochet Ugarte, “por servicios prestados a la Patria».

En una entrevista publicada por el diario La Nación, Claverie juró que era inocente y aseguró que fue obligado a confesar tras sufrir múltiples torturas efectuadas por oficiales de la Marina y de la Fuerza Aérea, y que al parecer fue elegido como chivo expiatorio por sus jefes de Patria y Libertad, entre ellos Pablo Rodríguez.

Aunque admitió haber estado en el lugar de los hechos, dijo que siempre permaneció en la calle y que la trayectoria de la bala que mató al edecán, que estaba en un balcón, era de arriba hacia abajo. Afirmó además haber disparado su pistola después que vio caer al hombre del balcón y que en ese momento ignoraba de quién se trataba. Las declaraciones de Claverie fueron parte en la Corte de Apelaciones del alegato de Arturo Araya, hijo de la víctima y abogado querellante en el juicio.

El planificado crimen cometido contra el Comandante de la Marina y edecán del Presidente Allende, ocurrido en la calle Fidel Oteíza -entre Marchant Pereira y Carlos Antúnez– de la comuna de Providencia, fue en definitiva y claramente una bien montada operación terrorista de inteligencia y desestabilización política, estructurada por la extrema derecha junto a grupos fascistas y ultra nacionalistas insertos en las fuerzas armadas, quienes contaban con apoyo y financiamiento de la Central de Inteligencia Americana (CIA), tal como reconoció muchos años después el gobierno norteamericano al desclasificar sus documentos confidenciales.

Los golpistas del SIN (Servicio de Inteligencia Naval) ya venían ejecutando decenas de atentados y autoatentados con bombas, algunos previamente ‘negociados’, como el realizado en la casa del Almirante golpista Ismael Huerta a mediados de julio de 1973 en Viña del Mar, con el objetivo de ir construyendo un ambiente favorable al próximo golpe de estado.

La ametralladora «Bataan» con la que el militante del Comando Rolando Matus y agente del SIN infiltrado en la empresa estatal Ecom, Guillermo Claverie Bartet, disparó al comandante Araya después de hacer explotar una bomba señuelo y balear el frontis de la casa para hacerlo salir al balcón, fue suministrada por el SIN a través de Jorge Ehlers Trostel, personaje que después –en plena dictadura- ocuparía un alto cargo en el área de deportes (Digeder).

Claverie Bartet ya había sido detectado disparando contra tropas leales a la Constitución el día del tanquetazo (junio de 1973) desde una terraza de Ecom (el tipo creía que ese día la Marina iniciaba un golpe, eso fue publicado poco antes del golpe por el quincenario dirigido por Marta Harnecker, ‘Chile Hoy’). Fue echado de Ecom, pero no entregado a la Policía… ¡¡increíblemente!!

LOS ASESINOS FRAGUAN COARTADA INDIGNANTE

Al entonces teniente del SIN, Daniel Guimpert Corvalán junto con el capitán de Inteligencia de Carabineros Germán Esquivel Caballero, quien más tarde participaría en múltiples ‘desapariciones’ cometidas por el Comando Conjunto y el Sicar, le cupo realizar uno de los aspectos más sucios y cobardes del complot desestabilizador.

Al otro día del asesinato del edecán naval del Presidente Allende -un sábado- Esquivel y Guimpert recorrieron diversas comisarías buscando un «chivo expiatorio» a quién cargarle el crimen. El elegido fue un preso por ebriedad que trabajaba en una empresa Corfo (Seam) y portaba un carnet de militante de un partido de la Unidad Popular (el Partido Radical).

Como eso no era muy convincente ni bastaba para completar sus planes, fabricaron un carnet del Partido Socialista e interrogaron «privadamente» al funcionario que, sometido a salvajes torturas, se auto inculpó de haber participado en el asesinato «junto con un comando del PS–Elenos» y algunos cubanos. El mecánico de Seam Corfo terminó encargado reo y procesado por la Justicia Naval bajo la dirección del fiscal Aldo Montagna.

El nombre del mecánico eléctrico de Seam Corfo torturado por Guimpert y Esquivel era José Luis Riquelme Bascuñán y fue interrogado y encargado reo por el ministro conspirador de la Corte de Apelaciones (Abraham Meerson) y por el fiscal militar Joaquín Erlbaum. El desgraciado mecánico fue tan bien torturado que se echaba la culpa de haber participado en el crimen con un grupo de GAP’s y cubanos dirigidos por Bruno (Domingo Blanco) uno de los jefes del GAP.

Al día siguiente, los medios opositores y diversos políticos -entre los que destacaron los senadores derechistas Víctor García Garzena y Fernando Ochagavía, junto al diputado demócrata cristiano Claudio Orrego Vicuña y al director del diario democristiano ‘La Prensa’, Jorge Navarrete– iniciaron una campaña de injurias y acusaciones contra el gobierno de la UP y la representación cubana en Chile.

El problema para los conspiradores de diversos pelajes y militancias que se concertaron en torno al falso hallazgo de los asesinos del comandante Araya fue que, a los pocos días, la Policía de Investigaciones detuvo a casi todos los miembros de la banda conformada por elementos del Comando Rolando Matus (CRM), Partido Nacional (PN), Democracia Radical (DR) y Patria y Libertad, que habían participado directamente en el asesinato del edecán.

Entre ellos, destacaban: el presunto autor de los disparos (Guillermo Claverie), una dirigente de la Juventud del Partido Nacional y del CRM –Uca Eileen Lozano-, el hijo «Patria y Libertad» del conocido empresario panadero Castaño, Odilio Castaño Jiménez; el militante de Patria y Libertad, Luis «Fifo» Palma Ramírez, que dos años después tendría una destacada participación en el Sifa y en las desapariciones del Comando Conjunto, un sobrino CRM del psiquiatra de la Dina, Laihlacar, de apellidos Potin Laihlacar, el dirigente de la DR, Guillermo Schilling, y un militante del CRM, Miguel Sepúlveda Campos, hijo de un conocido almirante retirado. (**)

Los que no fueron detenidos se escondieron en un fundo de la Región de Valparaíso y se entregaron a un comando de la Marina al otro día del golpe. Los que estaban detenidos y procesados en las cárceles de Valparaíso y Santiago fueron sacados de prisión el 12 de septiembre por comandos del SIN e integrados a las actividades represivas. El crimen del comandante Araya quedó impune y con expediente desaparecido.

CAMBIA, TODO CAMBIA

El teniente Guimpert Corvalán salió de la Marina a fines de los 70´s y se dedicó a regentar un negocio de venta de armas en las cercanías del Edificio de las FFAA en la Plaza Bulnes. Gozaba de libertad bajo fianza hasta que fue nuevamente detenido, inculpado en más de una decena de casos de detenidos desaparecidos, en algunos de los cuales fue incluso indultado a principios de los años 90´s.

Su cómplice en el intento de falsificación del asesinato del comandante Araya -Guillermo Esquivel- llegó al grado de coronel de carabineros en la Dicomcar y fue detenido -por cheques protestados- en 1991. Falleció en extrañas y nunca aclaradas circunstancias en 1993, mientras estaba denunciado en diversos procesos por desapariciones y asesinatos.

Luego de 35 años del asesinato del valeroso edecán del Presidente Allende, la versión oficial que entregó la dictadura comienza a desmoronarse en los tribunales y emerge la verdad: Se trató de un crimen planificado por la derecha en contra del comandante Araya. La medida, que la familia del oficial había solicitado por primera vez en agosto del año 2003, se aprobó ante la aparición de nuevos antecedentes aportados por Guillermo Claverie.

El 28 de abril de 2008, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó reabrir la investigación del asesinato. Por unanimidad, la Octava Sala del tribunal de alzada determinó que el juzgado a cargo del caso proceda a la reapertura de la investigación, tome testimonio a Guillermo Claverie Bartet (hoy tiene 63 años de edad) y realice otras diligencias que de ello se deriven.

El relato que Claverie entregó a los periodistas de ‘La Nación Domingo’, hace pocos años, mueve a la duda. Aseguró que todavía sentía miedo de lo que pueden hacerle los viejos (y nuevos) miembros de las cofradías golpistas.

«Nunca pude leer mis declaraciones que me hicieron firmar en la Fiscalía Naval. Y un día que me puse a leer una de ellas, después de un interrogatorio, el secretario del fiscal naval Aldo Montagna, el oficial Jorge Garretón Iturra, se metió la mano a la chaqueta del uniforme y sacó una pistola. Y me dijo: ‘¡Oye, huevón, que leís tanto, agradece que todavía estai vivo y firma ahí!’. Y por supuesto que así siempre firmé todo».

Sus confesiones confirman lo que los hijos del edecán han ido descubriendo en estos últimos años, hurgando en el expediente del juicio iniciado por la justicia naval y que culminó en 1980 con una condena de tres años para Claverie, como único autor material, y con penas inferiores por delitos menores para otros miembros del grupo que actuó esa noche: «Es que esa investigación está plagada de vicios», sostiene Arturo, el hijo mayor del edecán, que es abogado.

Con estas confesiones de Claverie, los hijos del edecán lograron que la Corte de Apelaciones de Santiago ordenara reabrir el nuevo proceso iniciado a partir de la querella que interpusieron en 2003, pero que en su momento fue sobreseído y archivado por el 18º Juzgado del Crimen de Santiago.

LAS PREGUNTAS QUEMANTES

Para hacer salir al comandante Araya al balcón, Juan Zacconi y Guillermo Necochea (miembros de ‘Patria y Libertad’) lanzaron una bomba frente a su casa. La llegada del edecán a su domicilio fue anunciada a éstos por otra bomba que explotó en las cercanías, lanzada por otro grupo. El segundo bombazo, el de Zacconi y Necochea, fue la señal para que el tercer grupo, que debía entrar por la calle Fidel Oteíza, cometiera el asesinato.

Los peritajes balísticos detectaron cinco impactos en los muros de la casa del capitán de navío. Pero las vainillas halladas frente a la casa sólo fueron cuatro. Con el proyectil que hirió de muerte al edecán, y que entró directo sin antes rebotar en parte alguna, los disparos suman seis. Pero nunca se hallaron las otras dos vainillas. Y las pericias balísticas establecieron que las vainillas encontradas en la calle, correspondientes a los disparos hechos por Claverie, no pertenecían al proyectil que perforó el cuerpo del edecán.

Eso significaría que al comandante lo asesinaron con un arma distinta, y le dispararon desde otro lugar -presumiblemente desde el frente de su casa-, ligeramente desde arriba hacia abajo. A pesar de todas estas evidencias, la investigación naval concluyó que el edecán de Allende murió por uno de los disparos de Claverie. Pero este insiste en explicitar muchas preguntas, todas ellas sin respuestas oficiales.

¿Quién hizo los dos disparos que varios testigos, según declararon en el proceso del Juzgado Naval, escucharon inmediatamente antes de que el edecán lanzara su ráfaga hacia el frente y minutos antes de que Claverie hiciera sus cuatro disparos?

¿Contrató el ex cadete naval Jorge Ehlers Trostel a un francotirador para que asesinara al comandante Araya Peeters, aprovechando el caos que el mismo Ehlers ordenó crear al grupo de ultraderecha esa noche en las cercanías de la casa del edecán?

¿Por qué Ehlers literalmente huyó a Alemania días después de que los hijos del edecán interpusieron la querella en septiembre de 2003, refugiándose en ese país hasta hoy?

¿Por qué nadie tomó en cuenta la declaración de dos prostitutas que figura en el expediente de la justicia naval, quienes afirmaban que, paradas esa noche en la esquina de Pedro de Valdivia con Providencia y segundos después de escuchar disparos, vieron salir de un lugar a dos hombres corriendo, uno de ellos con un fusil en la mano, y que se subieron a una camioneta que tenía un disco que les pareció de vehículo fiscal?

TORTURAS, PRESIONES Y AMENAZAS

Detenido preventivamente en la Cárcel Pública de Santiago, una mañana –aún en plena dictadura- los gendarmes sacaron a Claverie y le condujeron a la oficina de la Fiscalía Naval. En ese lugar, contó el mismo Claverie al diario La Nación, lo recibió el oficial naval Germán Arestizábal, quien oficiaba como actuario. «Me hizo subir a un Austin Mini, donde reconocí al oficial de la Fuerza Aérea de apellido Schindler, compañero de colegio». Le vendaron la vista y lo llevaron a la Academia de Guerra Aérea, en Las Condes.

«Ahí me amarraron a un catre y empezaron a golpearme en la planta de los pies con un palo o un fierro. Después me inyectaron en la vena lo que yo creo que fue pentotal, porque todavía no me sacaban mi propia confesión del crimen del edecán, como ellos querían. Nunca supe lo que respondí, pero no puedo haber dicho algo que era falso», expresa.

Días después, al salir de una oficina donde había comenzado a trabajar, se le acercó un auto desde el cual descendió un individuo que él conocía, el que le obligó a subir al vehículo.

«Era el ‘Fifo’ Palma (Luis Palma Ramírez, que después integró el Comando Conjunto) y en el auto vi como cinco metralletas. El Fifo me dijo. ‘¿Sabís que ahora te podemos matar por andar hablando, huevón? Vos sabís que en esto está metida gente que ahora es muy importante. Que no se te olvide’».

Esa última frase del tal ‘Fifo’ Palma –suponiendo que Claverie dice la verdad- es la que deberá dilucidar el juzgado a cargo de la reapertura del caso, pues resulta vital establecer la identidad de aquella “gente que ahora es muy importante”. ¿Qué tan ‘importante’ es hoy esa gente? ¿Parlamentarios? ¿Empresarios? ¿Diplomáticos chilenos en el extranjero? ¿Oficiales retirados de las Fuerzas Armadas? ¿Oficiales aún activos? ¿Dirigentes políticos? ¿Dirigentes de gremios patronales? Tarde o temprano el país conocerá sus nombres, los que serán agregados al de Guillermo Claverie, quien sí estuvo en uno de los grupos sediciosos y criminales aquella infausta noche.

(**) LA LISTA DE INTEGRANTES DEL COMANDO ASESINO (publicado por Revista ‘Cauce’ Nº 15, del 09/07/1984).

René Guillermo Claverie Bartet

Mario Eduardo Rojas Zegers

Guillermo Francisco Necochea Aspillaga

Miguel Víctor Sepúlveda Campos (hijo de un Almirante (r))

Uca Eileen Lozano Jeffs (CRM-JN)

Guillermo Adolfo Schilling Rojas (primo del ‘Mamo’ Schilling, dirigente del Partido Socialista)

José Eduardo Iturriaga Aránguiz

Luis Guillermo Perry González

Luis César «Fifo» Palma Jiménez (posteriormente, fue miembro del Comando Conjunto)

Ricardo Vélez Gómez

Rafael Mardones Saint Jean (primo hermano de José Luis Mardones Santander, Presidente del BancoEstado)

Adolfo Palma Ramírez (hermano del Fifo Palma)

Enrique Quiroz Ruiz

Wilfredo Humberto Perry González

Odilio Castaño Jiménez (actual co-dueño de la cadena de panaderías ‘Castaño’)

Carlos Fernando Farías Corrales

Juan Zacconi Quiroz

Andrés Pablo Potin Lailhacar

Tito Alejandro Figari Verdugo

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Por Wari

Apodado “El Fifo”, el exfuncionario de la FAch se encontraba preso en el penal Punta Peuco.

En la noche de este sábado falleció César Palma Ramírez, exmiembro del Comando Conjunto y de Patria y Libertad, quien estaba condenado por crímenes de derechos humanos.

El exfuncionario de la FAch se encontraba recluso en el penal Punta Peuco, y su deceso fue confirmado por el Ministerio del Interior. 

Palma fue condenado en 2007 a tres años de presidio por el secuestro y desaparición en 1976 del militante comunista y químico farmacéutico Carlos Contreras Maluje, y en 2010 a cinco años por el secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez, miembro del PC detenido en 1975.

Palma, apodado "El Fifo", fue procesado en otras seis causas por la desaparición de 13 militantes comunistas entre los años 1975 y 1976. Su deceso se registró en el Hospital de la FAch, y será sepultado este lunes en el Cementerio General.

Los ex agentes que fueron condenados se encuentran actualmente cumpliendo otras sentencias en el penal de Punta Peuco, por casos de violaciones a los derechos humanos.

Esta semana, la ministra Marianela Cifuentes, de la Corte de Apelaciones de San Miguel, dictó sentencia de primera instancia y condenó a cuatro ex agentes del Comando Conjunto, miembros de la Armada, Fuerza Aérea y Carabineros, como responsables del secuestro calificado de José Edilio Flores Garrido, estudiante universitario y dirigente del Partido Comunista, ocurrido a partir del 11 de agosto de 1976. 

La magistrada condenó al coronel de la Aviación Juan Francisco Saavedra a la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo como autor del secuestro calificado de la víctima, quien actualmente figura como detenido desaparecido. 

Del mismo modo, se condenó al capitán de la Armada  Daniel Guimpert Corvalán y al coronel de Carabineros Manuel Muñoz Gamboa a la pena de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo, y a Alejandro Saéz Mardones, sargento segundo de Carabineros, a 6 años de presidio, todos como autores de secuestro calificado. 

En el caso del ex empleado de la Fuerza Aérea Roberto Flores Cisterna, la ministra lo absolvió del delito de secuestro calificado y de  asociación ilícita. 

Los ex agentes se encuentran actualmente cumpliendo condenas en el penal Punta Peuco, involucrados en otros casos de violaciones a los derechos humanos. 

Al respecto, el abogado querellante y coordinador jurídico del Estudio Caucoto Abogados, Francisco Ugás Tapia, señaló que «como abogados representantes de la familia que sobrevive a don José Edilio Flores Garrido celebramos y valoramos positivamente la sentencia de la ministra Marianela Cifuentes. Esta pone término a la primera instancia del caso, condenando a 4 sujetos por su intervención como autores del secuestro calificado de la víctima».

«A casi 47 años de los hechos, la justicia nacional actúa mediante esta decisión, que comienza a poner término a ese estado de impunidad que cubría a los responsables de este crimen de lesa humanidad», agregó el profesional. 

Ugás sostuvo además que «si bien identificamos algunos aspectos jurídicos que no compartimos, los que motivarán nuestra impugnación, reconocemos en esta sentencia un gran trabajo de la judicatura nacional, personificada en la señora ministra, por cuanto evidencia el cumplimiento de las obligaciones internacionales que imponen al Estado investigar y sancionar estos hechos y sus responsables, y reparar a las víctimas, como lo exige el derecho internacional».

Por su parte, el hermano de la víctima, Roberto Flores Garrido expresó que «han pasado cerca de 47 años desde el secuestro de mi hermano por los aparatos de seguridad del Estado bajo dictadura cívico-militar.  47 años de dolor, tragedia. Han sido 47 años de constante búsqueda».

«Mis padres, al igual que muchos padres de mi país, fallecieron con el dolor desgarrador de no saber qué pasó con su hijo. Han pasado cerca de 47 años, es decir más de 17 mil días que hemos tratado de vivirlos uno a uno en dignidad conservando la memoria. Tal vez nunca sepamos la verdad absoluta, tal vez nunca encontremos el cuerpo para cumplir con el ritual tan humano como es despedir a nuestros muertos», añadió Flores. 

Finalmente, el hermano de la víctima manifestó que «esta sentencia viene a aliviar en forma considerable pero no absoluta esta injusticia. Espero que este fallo contribuya a fortalecer el ‘nunca más’ que tanto anhelamos y necesitamos para nuestra patria. Mi familia y yo recibimos este fallo en paz, sin rencores pero con memoria».

Los hechos

De acuerdo a la investigación encabezada ministra Cifuentes se pudo establecer que: 

1) Que, en la época de los hechos, 11 de agosto de 1976, un grupo de personas, integrados por funcionarios de la fuerza Aérea, Armada, Carabineros y civiles, formó una organización jerarquizada de facto, denominada Comando Conjunto, con el fin de investigar y reprimir al partido Comunista de Chile y a las Juventudes Comunistas. 

2) Que, en ese periodo, dicha organización estaba dirigida por el general de brigada Aérea Freddy Enríquez Ruiz Bunger, director de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile (DIFA); el comandante de Grupo (A) Antonio Benedicto Quiroz Reyes, jefe del Departamento de Contrainteligencia de la DIFA, y el comandante de escuadrillas (A) Juan Francisco Saavedra Loyola, oficial jefe de la Dirección de Inteligencia de la FFAA e integrada por el teniente 1° IM Daniel Luis Enríque Guimpert Corvalán, jefe del Departamento de Contrainteligencia del Servicio de Inteligencia de la Armada (SIN); el teniente de Carabineros Manuel Agustín Muñoz Gamboa, del Departamento de Contrainteligencia de la Dirección de Inteligencia de Carabineros de Chile (DICAR); el funcionario de Carabineros Alejandro Segundo Sáez Mardones y los civiles César Palma Ramírez y Miguel Arturo Estay Reyno, entre otros. 

3) Que, dicha organización, contaba con un edificio institucional, ubicado en calle Juan Antonio Ríos N°6 de la comuna de Santiago y con centros de detención, entre ellos, el recinto denominado “La Firma”, ubicado en calle Dieciocho N°229 de la misma comuna.

4) Que el día 11 de agosto de 1976, en horas de la tarde, agentes de la referida organización que se movilizaba en un auto marca Peugeot, modelo 404, de color celeste y en un automóvil marca Renault, de color crema, detuvieron, sin derecho, a José Edilio Flores Garrido, militante del Partido Comunista, en la intersección de Avenida Club Hípico con calle Lago Pirihueico. 

5) Que, posteriormente, la víctima fue trasladada al centro de detención clandestino, ubicado en calle Dieciocho de la comuna de Santiago, denominado “La Firma”, lugar que se encontraba a cargo del teniente 1° de la Armada de Chile, Daniela Guimpert Corvalán y el teniente de Carabineros de Chile, Manuel Muñoz Gamboa, entre otros, y en el que cumplían funciones de civil César Luis Palma Ramírez, el ex militante comunista Miguel Estay Reyno y Alejandro Saéz Mardones, entre otros.

6) Que, hasta la fecha, se desconoce el paradero de José Edilio Flores Garrido

por Opazo