Palacios Mery Jorge

Abogado querellante en causa de violación de Derechos Humanos logró que la Corte de Temuco condenara a tres militares imputados de cometer apremios ilegítimos en contra de un grupo de estudiantes de la Universidad de La Frontera. Los uniformados habían sido absueltos por el ministro que investiga los casos de DDHH.

Los militares integraban en Cautín un comando de la temida Central Nacional de Inteligencia, C.N.I. Se trata de los ex oficiales, Jorge Palacios Mery y Pedro Guzmán Olivares, además del suboficial, Erasmo Segundo Bravo, quienes fueron acusados del delito de apremios ilegítimos en contra de una docena de estudiantes de la Universidad de La Frontera, ocurridos el año 1986 en la sede de la C.N.I. en Temuco, ubicada en calle Miraflores esquina Caupolicán.

En tanto el abogado Jaime Madariaga alegó en su apelación, que por ser un delito de lesa humanidad debería dictarse condena en contra de los agentes de la Central Nacional de Inteligencia, más conocida con sus siglas C.N.I.

Jorge Palacios, Pedro Guzmán y Erasmo Bravo fueron procesados por torturas en un hecho que afectó a trece jóvenes de izquierda, detenidos en enero de 1986 en la comuna de Lautaro y posteriormente trasladados hasta la sede de la C.N.I. ubicada en calle Miraflores de Temuco, donde fueron sometidos a episodios de violencia física y psíquica.

La Corte de Apelaciones de Temuco condenó a cada uno de los C.N.I. a una condena de 540 días.

En la información que recabó la Fundación América Transparente detectó una serie de irregularidades en el municipio del sector oriente de la capital. «La primera es que contraviniendo lo señalado por Contraloría, muchos de los funcionarios no desarrollan actividades transitorias. De hecho, varios llevan más de 5 años», dicen. Además del tiempo, otra de las irregularidades que cometen es que la ley señala que no pueden ser trabajos que sean partes de la gestión administrativa de la Municipalidad. Pero como se ve en el listado de Las Condes, no son pocos los que trabajan en «la gestión de programas».

En este último ámbito está, por ejemplo, Jorge Palacios Mery, ex agente de la CNI condenado por la tortura de 17 estudiantes en la Araucanía. quien se desempeña en la Dirección de Desarrollo Comunitario, en el departamento de Gestión y Presupuesto apoyando la gestión de programas. Por dicho trabajo gana 16 millones de pesos. En conversación con El Mostrador, Juan José Lyon de América Transparente señaló que «pese a que la ley es muy clara en cuanto a transparentar quienes trabajan en el aparato público, dada la escasa fiscalización ocurre que pese a haber pasado más de 14 años de su implementación, todavía hay organismos que no cumplen con ella».

Una investigación de la Fundación América Transparente detectó que en la Municipalidad de Las Condes tiene más de 600 funcionarios contratados «por programas», los que no eran informados por Transparencia Activa.

De hecho, la solicitud de AT tuvo que ser respaldada por el Consejo para la Transparencia porque la información no estaba disponible y ellos ejercieron su labor y roles propios. Los honorarios por programas son un tipo de contratación que los municipios pueden hacer para cosas puntuales y transitorias, como por ejemplo un taller. «Usualmente se publican en Transparencia Activa junto a todos los contratados a honorarios, pero Las Condes los omitía», indica América Transparente.

En la información que recabó AT, detectaron una serie de irregularidades en el municipio del sector oriente de la capital. «La primera es que contraviniendo lo señalado por Contraloría, muchos de los funcionarios no desarrollan actividades transitorias. De hecho, varios llevan más de 5 años», dicen.

«Un problema es la precariedad laboral de estos funcionarios a los que no se les pagan ni las vacaciones ni la salud ni pensión. De hecho, hace dos semanas Las Condes fue condenada a pagar 48 millones a una funcionaria que estuvo 13 años trabajando bajo esta modalidad», agregan.

Además del tiempo, otra de las irregularidades que cometen es que la ley señala que no pueden ser trabajos que sean partes de la gestión administrativa de la Municipalidad. Pero como se ve en el listado de Las Condes, no son pocos los que trabajan en «la gestión de programas».

Dentro del listado, explica AT, hay algunos nombres que destacan por sobre otros. Por ejemplo, destaca Andrés Ugarte Navarrete (UDI), que gana más de 3 millones por «desarrollar funciones en su ámbito profesional, coordinando y potenciando los procesos y actividades para los beneficiarios del programa» en Las Condes, pero además gana 2.5 millones en la Corporación La Reina.

Otro caso curioso es el del Jorge Palacios Mery, ex agente de la CNI condenado por la tortura de 17 estudiantes en la Araucanía, quien se desempeña en la Dirección de Desarrollo Comunitario, en el departamento de Gestión y Presupuesto apoyando la gestión de programas. Por dicho trabajo gana 16 millones de pesos.

En conversación con El Mostrador, Juan José Lyon de América Transparente señaló que «pese a que la ley es muy clara en cuanto a transparentar quienes trabajan en el aparato público, dada la escasa fiscalización ocurre que pese a haber pasado más de 14 años de su implementación, todavía hay organismos que no cumplen con ella. Cada vez que el Consejo para la Transparencia saca un estudio al respecto, siempre las mayores omisiones, cantidad de reclamos y falta de aplicación de la ley, están en los municipios. Y así encontramos que la municipalidad más rica de Chile no cumplía con lo mandatado por la ley. Y es importante que esta información se conozca y sea pública porque es la única forma de fiscalizar por parte de la ciudadanía. De hecho, con solo mirar los nombres encontramos por ejemplo a una persona que trabaja en dos municipalidades al mismo tiempo. Por lo que ya denunciamos a Contraloría al respecto. También encontramos a un ex agente de la CNI trabajando en la Municipalidad, así como también a hijos y familiares de otros funcionarios de planta».

De inmediato, surge la duda si la municipalidad escondió esta información precisamente por estos casos, como el exagente de la CNI. Lyon afirma que «o puedo asegurar que ocultaron toda la información sólo por este antecedente, y desconozco la razón de fondo. Además siendo la ley muy clara en el sentido de que esta información debe ser pública, da para pensar de que había un afán de ocultamiento. Que hayan varios familiares de funcionarios en esta nómina, personas con trabajos al mismo tiempo en otras municipalidades y un exagente de la CNI, al menos hace sospechar al respecto. Además hay un tema muy grave de precariedad laboral y falta respecto de lo que dice la ley. Los funcionarios por programa es una modalidad de trabajo para cosas puntuales y temporales, y lo que vemos en esta nómina, es que hay personas que incluso llevan más de una década trabajando así y sin ningún tipo de pago de cotizaciones, ni vacaciones, ni seguridad laboral. Respecto a la contratación de esta persona, ex agente de la CNI, si bien la ley permitiría que lo hagan habiéndose cumplido su condena en 2011, se debiesen revisar los protocolos de contratación del Estado ante casos de personas que tuvieron relación con crímenes de lesa humanidad».

El informe elaborado por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La Araucanía detalla la detención de 22 jóvenes estudiantes en 1986 en el cuartel clandestino de la CNI que fue declarado como Monumento Histórico por el Consejo de Monumentos Nacionales.

El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), durante mayo pasado, aprobó la solicitud de declarar el cuartel clandestino utilizado por la CNI, de Miraflores 724, como Monumento Histórico tras el ingreso de un oficio en 2019 siendo este impulsado por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La Araucanía.

El evento en concreto que permitió gestionar la solicitud fue un informe realizado por la agrupación de DDHH, el que contenía información sobre el caso del campamento de Lautaro «El Rocío», lugar donde veintidós jóvenes estudiantes, de entre 16 a 25 años, pertenecientes o simpatizantes de las juventudes comunistas, fueron detenidos y torturados en el cuartel Miraflores 724, durante el verano de 1986. De acuerdo al informe revisado por el CMN, se estima que el establecimiento funcionó como centro clandestino de la CNI entre octubre de 1981 y septiembre de 1986.

En la Araucanía existen 13 sitios memoriales establecidos en lugares donde asesinaron o desaparecieron a personas durante la dictadura militar, y otros están ubicados en zonas emblemáticas de sus comunas. De estos 13 sitios, siete espacios se encuentran en Temuco.

En esta línea, el reconocimiento de Miraflores 724 representa un precedente importante en la labor de reconstrucción de la memoria tras la dictadura cívico-militar, ya que es el primer ex Cuartel de la Central Nacional de Informaciones (CNI) en ser nombrado como un lugar de memoria en la región de La Araucanía.

En 2010, Jorge Palacios Mery, Pedro Guzmán Olivares, y Erasmo Segundo Bravo fueron sentenciados a 540 días de presidio menor, tras ser condenados como autores de los delitos de apremios ilegítimos realizados hacia las personas detenidas en dicho recinto clandestino de la CNI. De las 22 personas detenidas y torturadas en enero de 1986, catorce fueron parte del juicio. Quienes declararon durante la causa fueron Kristel Dossow Teillier, Juan Carlos Durán Fuentes, Sergio Cabello Romo, Julián Valdés Recabarren, Manuel Moreno Torres, Raúl Calfulén Quintriqueo, Rodrigo Cárdenas Neira, Víctor Cárdenas Díaz, Alexis Conteras Díaz, Víctor Jofré Valenzuela, Cristina Miranda Osorio, Alejandro Almonacid Sandoval, Lucilia Vallejo Medina y Flor Muñoz Meriches.

Durante el juicio realizado a los agentes de la CNI, se rescata que se detectaron algunos patrones en los procedimientos. Parte del informe elaborado para el reconocimiento de Miraflores 724 como Sitio de Memoria describe cómo las victimas durante el juicio en 2010 declararon que fueron detenidas y secuestradas desde vehículos particulares que terminaron perteneciendo a los oficiales de la CNI. Paralelo a ello, en la misma instancia las víctimas detallaron el perfil de los torturadores como civiles que portaban un brazalete rojo y que trabajaban en grupo para detener a las víctimas con el fin de llevarlas al centro de detención clandestino.

Uno de los factores que impidió la identificación temprana de Miraflores 724 como cuartel de la CNI fue que las víctimas iban amarradas y con los ojos vendados al momento de ser forzadas a ingresar al recinto, de acuerdo a uno de los archivos elaborados por la organización Memoria Viva.

Tras ser detenidos, las torturas perpetradas por los militares de la CNI incluían golpizas, la aplicación de electricidad, y, en algunos casos, abusos sexuales hacia las víctimas. Además de esto, fueron fotografiados y filmados por TVN, siendo obligados a declarar que fueron parte de una escuela de guerrillas cuyo propósito era derrocar la dictadura de Pinochet, de acuerdo a lo detallado por el informe.

En la actualidad, el recinto funciona como un Cantón de Reclutamiento para el servicio militar en Temuco, además de ser una oficina dedicada a la administración pública y de defensa. Parte de las proyecciones que tiene la agrupación tras la declaración de Monumento Histórico de Miraflores 724 es la recuperación del espacio completo para desarrollar acciones conmemorativas, educativas y culturales para promover una cultura de Derechos Humanos y memoria en la comuna

por Michelle Martínez Pinto