Orozco Sepúlveda Héctor Manuel Rubén

El ministro de fuero Daniel Calvo dictó un nuevo auto de procesamiento en contra del general (r) Héctor Orozco Sepúlveda, esta vez por el delito de secuestro calificado del suboficial de Ejército Guillermo Jorquera Gutiérrez, quien fue detenido y desaparecido en 1978, caso vinculado al proceso por la muerte de Orlando Letelier.

Además de Orozco, el ministro Calvo procesó por el mismo delito al brigadier de Ejército (r) Adolfo Born Pineda. Ambos fueron notificados en el Palacio de Tribunales.

Cabe recordar que el ministro Calvo ya procesó al general (r) Orozco, junto a otros dos ex uniformados, como autores del delito de homicidio calificado del ex alcalde de Cabildo Mario Alvarado Araya y otras cinco personas, hecho ocurrido en octubre de 1973.

La quinta sala de la Corte de Apelaciones resolvió dejar en libertad provisional al general (r) del Ejército Héctor Orozco, quien se encuentra sometido a proceso por seis homicidios calificados de militantes comunistas y la desaparición del teniente y miembro de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Guillermo Gutiérrez, detenido el 23 de enero de 1978 cuando intentaba asilarse en la embajada de Venezuela.

El ex director de la DINE había sido detenido en los primeros días de septiembre, tras una orden dictada por juez especial Daniel Calvo.

El juez logró determinar que cuando Jorquera Gutiérrez buscaba asilarse en la embajada de Venezuela, ubicada en la calle Bustos 2021 de Providencia, fue detenido por Carabineros y trasladado a la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine), a la cual estaba asignado el suboficial. En ese lugar lo recibió el general Orozco, quien le habría comunicado que sería dado de baja y luego lo despachó a su domicilio. Esa fue la última vez que Jorquera fue visto con vida.

Orozco también se encuentra procesado por la ejecución de seis militantes comunistas, hecho ocurrido en octubre de 1973 en la localidad de San Felipe.

A cinco años de presidio fueron condenados el general (R) y ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Héctor Orozco Sepúlveda, y el brigadier (R) ex agente de la DINE, Adolfo Born Pineda, autores del secuestro y desaparición del suboficial de Ejército y también agente de la DINE, Guillermo Jorquera Gutiérrez.

Así lo resolvió la ministra Adriana Sottovia, subrogante para causas de derechos humanos del ministro Joaquín Billard.

El 23 de enero de 1978 el suboficial Jorquera intentó asilarse en la Embajada de Venezuela siendo sorprendido por carabineros que lo entregaron a la DINE.

Born, entonces capitán, lo retiró de la 14ª Comisaría y lo condujo ante Orozco. Desde entonces, Jorquera está desaparecido.

En 1976 el suboficial fue adscrito por la DINE al Ministerio de Relaciones Exteriores para operar en tareas de inteligencia y control del personal de la Cancillería. Allí Jorquera manejó gran cantidad de información, entre otras cuestiones, sobre la documentación falsa (caso pasaportes) que ese ministerio entregó a agentes DINA que viajaron a Washington para asesinar al ex ministro de Allende, Orlando Letelier.

A fines de 1977 se inició el trámite de baja de Jorquera por acontecimientos sucedidos en la Cancillería relacionados con tareas de inteligencia. En esa fecha apareció “suicidado” el director del Departamento Consular de esa cartera, Carlos Osorio, quien participó en el otorgamiento de pasaportes falsos a los agentes Armando Fernández Larios y Michael Townley, con los que viajaron a Paraguay a preparar el atentado a Letelier.

El día en que trató de asilarse, Jorquera visitó al agente del Comando Conjunto, Otto Trujillo, y le contó su decisión de buscar protección diplomática, porque “estoy seguro de que me van a matar igual que a Osorio”, según declaró Trujillo en el proceso.

El abogado de la familia de Jorquera, Nelson Caucoto, destacó la condena y manifestó que “esto demuestra que la represión llegó a las filas de los servicios de inteligencia de la dictadura”.

General retirado Héctor Orozco deberá cumplir ocho años de cárcel por la desaparición del suboficial Guillermo Jorquera, en 1978. También fue sentenciado el brigadier (R) Adolfo Born.

La justicia condenó al general retirado Héctor Orozco, ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) a ocho años de presidio por el secuestro calificado (desaparición) de un agente de ese organismo, informaron fuentes judiciales.

Según un fallo de la Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, por el mismo crimen dicha sala sentenció también al ex agente DINE, brigadier retirado Adolfo Born Pineda, a la pena de seis años.

Las condenas se refieren al secuestro y posterior desaparición del suboficial y agente de la DINE, Guillermo Jorquera Gutiérrez, que el 23 de enero de 1978 intentó asilarse en la embajada de Venezuela en Santiago, pero fue detenido por policías del cuerpo de Carabineros.

Jorquera se había enterado de que le buscaban agentes de inteligencia, por lo que decidió pedir refugio en una legación diplomática, cuando fue detenido y entregado a oficiales del Ejército.

"A partir de ese momento, nunca más se le vio," señaló a la agencia española EFE el abogado Nelson Caucoto, de la Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas (Fasic), querellante en la causa.

Caucoto recordó que ambos oficiales habían sido sentenciados por la ministra Adriana Sottovía a la pena de cinco años y un día.

Sin embargo, los ministros Lamberto Cisternas y Mauricio Silva, junto al abogado integrante Paul Warnier, acogieron los argumentos de Caucoto, que apeló para elevar las condenas.

El abogado manifestó en su alegato que Orozco no podía recibir igual sentencia que Born Pineda, dado que se encuentra establecido en la investigación que la orden para detener y hacer desaparecer a Jorquera la impartió Orozco siendo jefe de la DINE.

Ambos se encuentran aún en libertad provisional, porque sus abogados Marcelo Cibié (Orozco) y Miguel Ángel Parra (Born) recurrieron a la Corte Suprema a través de un recurso de casación en el fondo y está pendiente esta resolución.

 El general Orozco fue también director de Televisión Nacional durante la dictadura del fallecido Augusto Pinochet (1973-1990).

La Corte Suprema acogió un recurso de casación en una causa de derechos humanos rebajando así la pena impuesta contra los dos inculpados  por el secuestro del suboficial del Ejército Guillermo Jorquera Gutiérrez, ocurrido el 23 de enero de 1978.

Los magistrados que integran la Sala Penal del tribunal acogieron de manera unánime el escrito y establecieron que  Héctor Orozco Sepúlveda enfrentara una pena 4 años de presidio como autor de secuestro calificado y además le concedieron el beneficio de la libertad vigilada. Mientras que para el otro reo Adolfo Born Pineda, fue absuelto por falta de participación.

En el fallo de primera instancia la ministra suplente Adriana Sottovia había determinado una condena de 5 años y un día, sin ningún tipo de beneficio, para los dos condenados. Posteriormente la Corte de Apelaciones de Santiago había elevado la condena, estableciendo 8 años para Orozco Sepúlveda y 6 para Born Pineda. Hoy en cambio el panorama es distinto.

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por el delito de secuestro calificado del ex agente de la Dirección de Inteligencia del EJército (DINE), Guillermo Jorquera Gutiérrez, ocurrido a partir del 23 de enero de 1978 en la Región Metropolitana. 

En fallo unánime, la segunda sala del máximo tribunal acogió el recurso de casación presentado en contra del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago y procedió a sentenciar a cuatro años de presidio como autor de secuestro calificado a al ex jefe de la DINE, Héctor Orozco, Sepúlveda a quien se le concedió el beneficio de la libertad vigilada. 

En tanto, Adolfo Born Pineda, también ex agente del organismo, fue absuelto por falta de participación. 

El 23 de enero de 1978 el suboficial Jorquera intentó asilarse en la Embajada de Venezuela siendo sorprendido por carabineros que lo entregaron a la DINE. Born, entonces capitán, lo retiró de la 14ª Comisaría y lo condujo ante Orozco. Desde entonces, Jorquera está desaparecido. 

En 1976 el suboficial fue adscrito por la DINE al Ministerio de Relaciones Exteriores para operar en tareas de inteligencia y control del personal de la Cancillería. Allí Jorquera manejó gran cantidad de información, entre otras cuestiones, sobre la documentación falsa (caso pasaportes) que ese ministerio entregó a agentes DINA que viajaron a Washington para asesinar al ex ministro de Allende, Orlando Letelier. 

A fines de 1977 se inició el trámite de baja de Jorquera por acontecimientos sucedidos en la Cancillería relacionados con tareas de inteligencia. En esa fecha apareció “suicidado” el director del Departamento Consular de esa cartera, Carlos Osorio, quien participó en el otorgamiento de pasaportes falsos a los agentes Armando Fernández Larios y Michael Townley, con los que viajaron a Paraguay a preparar el atentado a Letelier. 

El día en que trató de asilarse, Jorquera visitó al agente del Comando Conjunto, Otto Trujillo, y le contó su decisión de buscar protección diplomática, porque “estoy seguro de que me van a matar igual que a Osorio”, según declaró Trujillo en el proceso. 

El abogado de la familia de Jorquera, Nelson Caucoto, destacó la condena y manifestó que “esto demuestra que la represión llegó a las filas de los servicios de inteligencia de la dictadura”. 

El alto oficial de Ejército fue encausado junto al ex coronel de Sanidad Raúl Navarro y el suboficial Milton Núñez, por la ejecución de seis personas el 11 de octubre de 1976, entre las que se encontraba el entonces alcalde de Cabildo, Mario Alvarado Araya. Por el caso de Jorquera, Orozco se encuentra incomunicado.Detenido e incomunicado se encuentra desde ayer en la tarde el ex director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y ex Fiscal Militar, general (r) Héctor Orozco, por una orden dictada por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Daniel Calvo.

La aprehensión de Orozco se relaciona con el caso de la desaparición del ex suboficial del DINE, Guillermo Jorquera Gutiérrez, quien fue detenido el 23 de enero de 1978 cuando intentaba asilarse en la embajada de Venezuela.

El ex suboficial Jorquera -a quien le correspondió organizar el campamento de prisioneros de Isla Dawson- cayó en "desgracia" en diciembre de 1977, cuando estaba a cargo de investigaciones especiales en el ministerio de Relaciones Exteriores, vinculadas a labores de inteligencia. Puesto que había asumido en julio de 1976.

Un comunicado realizado en esa época por el subdirector de la Escuela de Blindados, Carlos Quiroga Vargas, y que fue entregado a la cónyuge del desaparecido, apuntaba a que Guillermo Jorquera había sido marginado del Ejército, en diciembre de 1977, debido a un extravío de documentos de la Cancillería relacionados con el caso Letelier. Pérdida de la cual fue culpado el ex suboficial.

El día en que Jorquera intentó solicitar asilo en la embajada venezolana, fue detenido por el carabinero que se encontraba de punto fijo en el recinto, Carlos Garrido Sotomayor, quien lo condujo hasta una comisaría. Allí fue recibido por el entonces mayor Julio Mardones Ferrada quien, al constatar que se trataba de un militar, lo puso a disposición del capitán de Ejército Adolfo Fernando Born Pineda, ex efectivo de la DINE.

Según declaraciones prestadas por Born, personalmente llevó a Guillermo Jorquera hasta las oficinas del general Héctor Orozco, oficial que fue designado por Pinochet como fiscal militar en el llamado caso Pasaportes, ligado al asesinato de Letelier en Washington.

Ejecución en Las Coimas

Ayer, el ministro Daniel Calvo, también dejó detenido e incomunicado al ex oficial Born, por la eventual responsabilidad que le pudiera caber en estos hechos y, en una investigación distinta, sometió a proceso al general Orozco y a otros dos ex militares.

Este último encausamiento fue dictado por la ejecución, ocurrida el 11 de octubre de 1973, de los militantes comunistas Mario Alvarado, Faruc Aguad, Wilfredo Sánchez, Artemio Pizarro, Pedro Araya y José Fierro. "Ajusticiamiento" que habría sido realizado por personal del Ejército en el sector de Las Coimas en San Felipe.

Asimismo, junto con Orozco, fueron procesados el ex coronel de Sanidad Raúl Navarro y el suboficial Milton Núñez, contra quienes se dictó una orden de detención.

Uno de los ejecutados en Las Coimas -Mario Alvarado Araya- era, hasta antes del golpe militar, el alcalde de Cabildo. Alvarado fue detenido por primera vez el 17 de septiembre de 1973, pero recuperó prontamente su libertad, sin que se le formulara cargo alguno, según consta en el informe Rettig. Su segunda detención se produjo el 8 de octubre en su domicilio. En esta ocasión, fue detenido por personal de Carabineros de Cabildo.

Faruc Jimmi Aguad Pérez, quien tenía 26 años al ser detenido por Carabineros de Cabildo, era empleado de la Sociedad Abastecedora de la Minería (Sademi), encargado electoral y de propaganda del Partido Comunista local. La detención se produjo en su lugar de trabajo, en presencia de otros empleados, el día 8 de octubre de l973. Junto a él cayó su compañero de labores y militancia, Wilfredo Ramón Sánchez Silva, de 28 años.

Artemio Pizarro Aranda, 37 años, también era empleado de la Sademi y fue detenido en iguales circunstancias que sus compañeros Alvarado y Aguad, pero al día siguiente: el 9 de octubre.

En tanto, Pedro Abel Araya Araya, de 27 años, era interventor de la mina La Patagua. Fue detenido por primera vez el 11 de septiembre de 1973, pero fue liberado sin cargos una semana después. Su segunda detención se produjo también el 9 de octubre, al presentarse voluntariamente a la Comisaría de Cabildo, respondiendo a una citación dejada en su domicilio por funcionarios de dicha unidad policial.

Por último, José Armando Fierro Fierro, de 24 años y también empleado de la abastecedora minera, fue detenido el 9 o 10 de octubre en Cabildo, por personal de Carabineros de dicha localidad.

Según la versión oficial del Jefe de Zona en Estado de Sitio de la Provincia de Aconcagua y Comandante del Regimiento de Infantería N° 3, "Yungay", estas seis personas fueron ejecutadas cuando intentaron huir y agredieron a un suboficial que viajaba en la camioneta del Ejército que los trasladaba desde la cárcel de San Felipe a la cárcel de Putaendo. Se indicó en dicha versión que a todos se les había comprobado participación directa en la organización terrorista del sector minero de Cabildo. Los ejecutados -según esta versión- habían sido detenidos en un operativo con gran cantidad de armas y explosivos en su poder.

Sin embargo, los antecedentes reunidos por la Comisión Rettig desmintieron esa versión oficial, ya que ninguno de sus hogares fue allanado en busca de armas, ni tampoco existió un operativo militar en su lugar de trabajo, donde algunas de ellas fueron detenidas en forma pacífica y a la vista de los demás trabajadores.

El ex director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Héctor Orozco, hermano del otrora presidente del club Universidad de Chile, falleció este miércoles, a los 93 años, y mientras cumplía una condena por homicidios calificados durante la Dictadura. Se habría contagiado en el Hospital Militar.

Este miércoles se confirmó el deceso por COVID-19 del ex director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), general (r) Héctor Orozco, quien cumplía una pena de diez años y un día en el penal de Punta Peuco, por dos homicidios calificados ocurridos en San Felipe durante el comienzo de la Dictadura Militar.

El ex militar y hermano del otrora presidente del club Universidad de Chile, Doctor René Orozco, estaba internado en el Hospital Militar a causa del mal estado de salud por su avanzada edad (93 años), recinto donde se habría contagiado.

Cabe recordar que, en julio recién pasado, y en el contexto de la pandemia, Alejandra Sepúlveda, nieta del reo de Punta Peuco, había solicitado el indulto por razones humanitarias al Presidente Sebastián Piñera, petición que aún no había sido revisada.

Héctor Orozco, que ingresó al recinto penitenciario destinado a violadores de Derechos Humanos el pasado 21 de agosto del 2017, padecía de Alzheimer, por lo que estaba en proceso de exámenes mentales para determinar un posible indulto o descartarlo.

Esta situación ya había sido descartada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en el 2018, luego que no accedieran a una tercera pericia, exigida por la nieta y abogada del general en retiro para demostrar su supuesta demencia senil, lo que fue calificado en ese entonces como «venganza», por su hermano, el nefrólogo René Orozco.

El agente comenzó a operar en organizaciones políticas con anterioridad al Golpe del 73. Luego trabajó en el aparato exterior de los servicios de inteligencia hasta que en 1978, luego de intentar asilarse en la embajada de Venezuela, fue detenido por Carabineros y entregado a la DINE. La Corte Suprema condenó al general Héctor Orozco como autor del secuestro de Jorquera.

Un reciente fallo de la Corte Suprema condenó como autor de secuestro a cuatro años de cárcel al general (R) Héctor Orozco, por su responsabilidad en la desaparición del suboficial de inteligencia del Ejército Guillermo Jorquera Gutiérrez.

Sin embargo, este proceso cuenta entre sus fojas con una historia desconocida, protagonizada por el propio Jorquera: su infiltración entre fines de los 60' y principios de los 70' en el Partido Socialista y el MIR.

En el currículum de Inteligencia que consta en el expediente, se revela como, por orden de la superioridad, comenzó en 1967 su labor de infiltración en el PS, principalmente detectando al aparato clandestino que recibía instrucción paramilitar.

Jorquera, además, efectuó labores de espionaje en el MIR de Concepción y después participó en interrogatorios a prisioneros en la Isla Dawson.

En el expediente aparecen los nombres de los que le dieron las órdenes, que son quienes asumirían la jefatura de la Central Nacional de Informaciones con posterioridad al Golpe: los generales Odlanier Mena y Humberto Gordon. Mena fue quien reemplazó al entonces coronel Manuel Contreras al mando de la disuelta DINA, reestructurando ese servicio y rebautizándolo como CNI.

En 1974 Jorquera, junto al entonces mayor Gerardo Huber Olivares, asesinado en 1991 por el caso del tráfico de armas a Croacia, intenta una infiltración de los Montoneros argentinos.

La caída del halcón
En 1976 el agente fue destinado al Ministerio de Relaciones Exteriores y ahí comenzó su debacle. En el servicio exterior llegó a manejar gran cantidad de información, entre otras cosas la documentación falsa (caso pasaportes) que ese ministerio entregó a agentes DINA que viajaron a Washington para asesinar al ex ministro de Allende, Orlando Letelier.

A fines de 1977 se inició el trámite de baja de Jorquera por acontecimientos sucedidos en la Cancillería relacionados con tareas de inteligencia. En esa fecha apareció "suicidado" el director del Departamento Consular de esa cartera, Carlos Osorio, quien participó en el otorgamiento de pasaportes falsos a los agentes Armando Fernández Larios y Michael Townley, con los que viajaron a Paraguay a preparar el atentado a Letelier.

El día en que trató de asilarse, Jorquera visitó al agente del Comando Conjunto Otto Trujillo, y le contó su decisión de buscar protección diplomática, porque, según le dijo, "estoy seguro de que me van a matar igual que a Osorio", según declaró el propio Trujillo en el proceso.

El 23 de enero de 1978 el suboficial Jorquera intentó asilarse en la Embajada de Venezuela siendo sorprendido por carabineros que lo entregaron a la DINE. El entonces capitán Born lo retiró de la 14ª Comisaría y lo condujo ante Orozco. Desde entonces, Jorquera está desaparecido.

La infiltración no es algo nuevo en la historia política chilena. Hay casos paradigmáticos, como el de Carlos Narea González, el agente residente del Servicio Secreto de Espionaje del Ejército, en Argentina. Narea incluso llegó a ser elegido presidente, en representación del Partido Radical, del Comité Pro Retorno en 1986.

El magistrado sometió a proceso a Héctor Orozco Sepúlveda, ex oficial de Ejército; Raúl Navarro Quintana, médico y ex oficial de Ejército y Milton Núñez Hidalgo, ex suboficial de Ejército, como autores en delito de secuestro con grave daño.

El ministro en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, sometió a proceso a tres miembros en retiro del Ejército por el delito de secuestro con grave daño en perjuicio de Faruc Jimmy Aguad Pérez, Mario Alvarado Araya, Pedro Abel Araya Araya, José Armando Fierro Fierro, Artemio Pizarro Aranda y Wilfredo Ramón Sánchez Silva, ilícito cometido en San Felipe, entre el 8 y 10 de octubre de 1973.

El magistrado sometió a proceso en causa (Rol 14-2014) a Héctor Orozco Sepúlveda, ex oficial de Ejército; Raúl Navarro Quintana, médico y ex oficial de Ejército y Milton Núñez Hidalgo, ex suboficial de Ejército, como autores en delito de secuestro con grave daño.

En la etapa de investigación de la causa, el ministro en visita logró establecer los siguientes hechos: que entre  los días 8 y 10 de octubre  de 1973 fueron detenidos por Carabineros de Cabildo, sin orden judicial  ni administrativa, las víctimas Faruc Jimmy Aguad Pérez, Mario Alvarado Araya, Pedro Abel Araya Araya, José Armando Fierro Fierro, Artemio  Pizarro Aranda, Wilfredo  Ramón Sánchez Silva, siendo llevados primero a la Comisaría de La Ligua y luego a la Comisaría de Carabineros de San Felipe, desde la cual fueron  sacados por orden superior el 11 de octubre  del mismo año, por una patrulla integrada por  personal  policial y efectivos  del Regimiento Yungay para ser llevadas -supuestamente- a la cárcel de Putaendo, en el camino y a la altura del sector Las  Coimas, los bajaron del vehículo en que eran trasladados y se les dio muerte, ejecutándolos con disparos de armas de fuego, configurándose de este modo el  delito de secuestro con grave daño, por cuanto a las víctimas se les privó de su libertad, sin  derecho,  por varios días, detención que ocasionó un grave daño para los afectados a quienes finalmente se les quitó su vida, figura  prevista y sancionada en artículo  141 inciso 3º del Código Penal de la época.
La resolución agrega que si bien es cierto que los mencionados precedentemente ya fueron encausados por el delito de homicidio de las personas indicadas, en causa rol  nº 2182-98 de la l. Corte de Apelaciones  de Santiago, episodio Mario  Alvarado,  proceso en el cual se dictó  en  primera instancia una sentencia condenatoria y en segunda instancia una sentencia  absolutoria para todos ellos, no es menos cierto que el ilícito  por el cual se les sentenció fue homicidio calificado, no existiendo pronunciamiento  acerca del secuestro y otros  delitos  que concurrieron  en los mismos hechos, y sin perjuicio de estimarse que respecto de aquellos  operaría la cosa juzgada aparente o fraudulenta, por lo que aparece  sobradamente  justificado   perseguir  la responsabilidad de Milton  René Núñez Hidalgo, Héctor Manuel Rubén Orozco Sepúlveda y Raúl Orlando  Pascual Navarro Quintana  por el ilícito  a que se refiere esta resolución.

Encontrándose presos Héctor Orozco Sepúlveda en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Punta Peuco; y Milton Núñez Hidalgo y Raúl  Navarro en el  Centro de Cumplimiento Penitenciario  Colina 1, "exhórtese al  34º  Juzgado del  Crimen  de  Santiago  para  que  se  les  notifique esta resolución entregándoseles copia de ella y hecho se de orden para su ingreso como procesados en esta causa, facultándose  además para que el tribunal exhortado conceda la apelación en caso que ella fuere interpuesta".

El ex general Héctor Orozco murió a los 93 años en el penal de Punta Peuco donde cumplía una condena de diez años por su responsabilidad en el asesinato durante la dictadura cívico-militar de Rigoberto del Carmen Achú Liendo y Absalón del Carmen Wegner Millar, el 13 de diciembre de 1973, en la comuna de San Felipe, hecho que desde el régimen lamentaron señalando que insistirán en proyectos para indultar a estos criminales.

El criminal se desempeñó como director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) durante la dictadura cívico militar y fue condenado por su responsabilidad en el asesinato el 13 de diciembre de 1973 de Rigoberto del Carmen Achú Liendo y Absolón del Carmen Wegner Millar.

Los hechos establecidos en la causa por la que fue condenado señalan que el violador de derechos humanos de la dictadura, tenía a su cargo una patrulla del entonces Regimiento de Infantería N° 3 Yungay de San Felipe, sacando el día del crimen desde la cárcel a las que se convertirían en sus víctimas, un dirigente del partido socialista y otro del partido comunista a los cuales acribillaron en la vía pública por orden de Orozco.

En principio el ex general fue condenado a cumplir una condena de 18 años de cárcel por el crimen por el ministro Arancibia, pena que fue rebajada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso a solo 10 años, misma condena que comparten los ex militares Sergio Francisco Jara Arancibia y Pedro Luis Lovera Betancourt, en calidad de autores. Por su parte los ex uniformados Raúl Orlando Pascual Navarro Quintana y Milton René Núñez Hidalgo fueron condenados a 5 años.

Orozco hizo noticia en 2018 cuando intentó que Piñera lo indultara alegando “razones humanitarias”, la que fue denegada.

Al conocerse la muerte del violador de derechos humanos, el régimen, representado por el UDI Víctor Pérez, lamentó la muerte en la cárcel del militar, señalando que están empujando proyectos de ley para lograr que se indulte a más responsables de crímenes contra la humanidad de la dictadura cívico-militar “Nosotros lamentamos profundamente que una persona fallezca en una cárcel cualquiera sea, producto de una enfermedad y producto también de su avanzado estado, y por eso el gobierno presentó una ley humanitaria que no ha podido avanzar en el Congreso”, y recordó como es que Piñera indultó hace unas semanas a dos violadores de derechos humanos.

En esa línea de impunidad, Pérez recalcó que buscan incluir en proyectos de ley de indultos para mayores de 70 años a violadores de derechos humanos de la dictadura cívico-militar, señalando que el régimen “presentó iniciativas que fueron rechazadas lamentablemente en el Congreso, para que personas mayores de 70 años en riesgo de Covid, cuando se podía liberar o generar que las personas fueran a cumplir el resto de sus penas a la cárcel, no se permitió por parte de la mayoría del Congreso, que eso también pudiera ser aplicado a quienes habían sido en el pasado carabineros o militares”.

Fi9nalmente remató lamentando no contar con los mecanismo para ello “lamentamos mucho no haber tenido esos instrumentos legales que el Gobierno presentó en su oportunidad para proteger a quienes están en condición de riesgo, pero esa es la institucionalidad y nosotros lamentamos y vamos a seguir, como así lo ha hecho el Presidente viendo la política de indultos particulares que es el instrumento que tiene a su mano“.