Ormeño Stuardo Israel

Los magistrados decidieron absolver a dos de los tres acusados.

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por el secuestro calificado de José Emiliano Cuevas Cuevas, ocurrido a partir del 14 de mayo de 1974 en la localidad de San Rosendo, región del Biobío.

En fallo dividido los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Carlos Künsemüler y el abogado integrante Luis Bates sentenciaron a Israel Ormeño Stuardo a tres años y un día de presidio, pero se le benefició con la libertad vigilada.

Miguel Beltrán Santander y Juan Oviedo Riquelme, fueron absueltos por falta de participación.

En el aspecto civil se determinó que el condenado debe pagar una indemnización de $ 30 millones a la demandante Sonia Cuevas Hormazábal y se rechazó el pago respecto del Fisco.

En el aspecto penal, los ministros Segura y Ballesteros estuvieron por acoger la excepción de prescripción de la acción penal y absolver al condenado.

Entre el 13 y el 16 de septiembre de 1973, 19 personas fueron detenidas en las localidades de Laja y San Rosendo. Seis años después, sus cuerpos aparecieron en una fosa clandestina del cementerio de Yumbel. Fue uno de los casos impactantes de violación a los derechos humanos ocurrido en la región del Bío Bío y que aún está en el recuerdo.

Quiero ver a mi papá, Jack Gutiérrez -demandó Mirta al sargento Pedro Rodríguez en la Tenencia de Laja, aquel 13 de septiembre de 1973. – Aquí no hay ningún Gutiérrez detenido -le replicó el funcionario. – Yo sé que está aquí y quiero verlo -porfió ella. – Sí, está aquí -reconoció por fin Rodríguez- pero ése vivo de aquí no va a salir. – ¿Por qué lo detuvo? ¿Está acusado de matar a alguien o algo así? – Son cosas mías. Yo sé lo que tengo que hacer con todos estos que tengo aquí -le contestó con prepotencia el sargento-. No te aseguro que éste va a salir vivo de aquí- remachó. Jack Eduardo Gutiérrez Rodríguez, 45 años, había sido detenido el 13 de septiembre de 1973, cuando salía de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones de Laja, después de cumplir su jornada laboral. El hecho ocurrió a las 16:30 horas. Gutiérrez junto a Heraldo Muñoz Muñoz caminaban rumbo a sus hogares, cuando fueron interceptados por una patrulla al mando del sargento Pedro Rodríguez, que en un jeep del Ejército se los llevó a la Tenencia local. Un vecino alertó a Rosa Soto, cónyuge de Jack Gutiérrez, la que de inmediato se dirigió a la unidad policial, donde el propio sargento Rodríguez le confirmó la detención. Pudo entregarle ropa que llevaba y en la noche regresó con comida. Así lo hizo todos los días hasta el 18. Ese día, la señora Rosa llegó temprano a dejarle el desayuno a su esposo, pero pronto se dio cuenta que las dependencias de la Tenencia estaban desocupadas y que un funcionario de apellido Montoya estaba lavando paredes y pisos. “Me pareció que el agua que salía de adentro tenía sangre, porque estaba medio colorosa, así como cuando se lava un ladrillo. Me vino como un hielo por todo el cuerpo”. – Mi marido ¿dónde está? -le preguntó al carabinero que no le daba la cara. – Los llevaron pa’ Los Angeles -le respondió siempre dándole la espalda. – ¿Y en qué parte de Los Angeles los van a dejar? – En el Regimiento -fue lo único que le dijo. A la salida, Rosa Soto se encontró con otra señora que le confirmó que adentro no había nadie y que, según carabineros, todos los detenidos habían sido llevados a Los Angeles. Abordó el bus de las 13 horas y en el Regimiento vio la lista de las personas que habían recibido, pero no figuraba ninguno de los detenidos de Laja. – Los habrán llevado pa’ la cárcel -le dijeron. Pero tampoco estaban allá. – Deben estar en el estadio y si están los va a ver de lejos porque es chico -le aseguraron. Antes de que su bus partiera, la señora Rosa fue al estadio. No vio a su marido ni tampoco a alguno de los conocidos que había visto en la Tenencia de Laja. Varios días regresó a Los Angeles, sin lograr nada. Incluso envió ropa para su marido a la Isla Quiriquina, pero ocho días después se la enviaron de vuelta. “ Anduvimos p’al sur, en Chillán, en Santiago, fuimos a preguntar a muchas partes, pero no, no estaban…Por esos días, aquí ya se corrían rumores de que los habían muerto…” En San Rosendo, localidad vecina, separada por un puente ferroviario, se vivía algo similar. Entre el 13 y el 16 de septiembre, 19 personas fueron detenidas en San Rosendo y Laja, Seis fueron aprehendidas en la primera localidad, pero todos llegaron a la Tenencia de Laja donde estuvieron hasta el 17. A partir del 18, su rastro desapareció. Las historias se sucedían con escalofriante similitud: Florinda Riquelme Concha, relató el caso de su hermano , Federico Riquelme Concha, 38 años, casado, dirigente sindical, obrero de la Papelera Laja: “El día 13 de septiembre de 1973, en el momento en que mi hermano salía de su trabajo, en la Papelera Laja, fue detenido por una patrulla de Carabineros, al mando del sargento Pedro Rodríguez. Durante la tarde, mi cuñada Selva Valdebenito fue a avisarnos de la detención de mi hermano y que se encontraba en la Tenencia de Laja, donde fue visitado por ella durante los días 14, 15 y 16 de septiembre. El día 16, el sargento Pedro Rodríguez le entregó algunas pertenencias de mi hermano porque sería trasladado al Regimiento de Los Angeles. El día 17, al ser visitado nuevamente por ella, se le informó que mi hermano había sido llevado al Regimiento de Los Angeles ese día. Desde ese momento acompañé a mi cuñada a los distintos lugares donde había campos de concentración para presos políticos, sin obtener ninguna información de su paradero”. Ruth del Carmen Medina Neira, pasó por algo similar con su marido Luis Araneda Reyes, 43 años, maquinista de Ferrocarriles, domiciliado en San Rosendo: “El 15 de septiembre de 1973, como a las 15:30 horas, fue detenido en la puerta de nuestra casa, por personal de Carabineros de Laja acompañado por el cabo Castillo, de dotación de San Rosendo y al mando del teniente Fernández Mitchel, de Laja. Lo llevaron a la Tenencia de San Rosendo y luego a Laja junto a otros cinco detenidos más entre los que figuraban Juan Acuña y Dagoberto Garfias. El día 17 fui personalmente a dejarle almuerzo a Laja acompañada de mi cuñado y de mi hijo mayor. Ahí conversamos con él bastante rato y nos comunicó que en la tarde serían llevados a Los Angeles. Se encontraba muy agitado, era enfermo del corazón y la noche anterior lo habían tenido que sacar al patio a tomar aire tres veces. En esa oportunidad había unos treinta detenidos más, la mayoría gente conocida de Laja. El día 18 cuando concurrí a verlo, me informaron que se los habían llevado a Los Angeles y desde entonces no he tenido noticias de él”. INVESTIGACIÓN SECRETA A mediados de 1977, la asistente social Nelly Henríquez le contó a la abogada Martita Wörner (ambas trabajaban en el departamento de Servicio Social del Arzobispado de Concepción) que tenía antecedentes suficientes para afirmar que al menos veinte personas que habían sido detenidas en las localidades de Laja y San Rosendo a mediados de septiembre del ‘73, estaban inubicables. Le dijo que había algunos testimonios que indicaban que esas personas habían sido ejecutadas. Fue así como ambas profesionales decidieron investigar el tema y durante varias semanas, los días domingo, viajaron a la zona a tomar contacto con los familiares. Lo hicieron sin avisarle a nadie. El asunto no dejaba de ser riesgoso. Algunas veces viajaban con un colega que las llevaba en su citroneta. Pero en otras ocasiones, las más numerosas, lo hacían en tren. Entonces, se bajaban en San Rosendo y cruzaban el puente ferroviario a Laja. Muchas veces lo hicieron con un fuerte temporal de viento y lluvia. Fue una labor de gran sigilo y que requirió mucha paciencia. Hablaron con el párroco de Laja, Félix Eicher y consiguieron que les prestara un lugar en la parroquia para reunirse con los familiares, principalmente mujeres. Lo hacían con el pretexto de conversar sobre algunos temas y así pudieron, lentamente, ganarse la confianza que necesitaban para avanzar en la investigación. Pero como se trataba de un pueblo chico, no tardó mucho en saberse que estas dos mujeres que llegaban de Concepción andaban en algo. Carabineros pronto se dio cuenta que algo pasaba cuando los familiares de los detenidos empezaron a concurrir regularmente a la parroquia, todos los fines de semana. La vigilancia a que estuvieron sometidas no las amedrentó. Después de más de ocho meses de viajes secretos y cuando ya habían contactado a 19 familiares cuyos antecedentes obraban en su poder, decidieron hablar con Jorge Barudi, a la sazón director del Departamento de Servicio Social del Arzobispado de Concepción. – Cuando se lo contamos -rememoraba Martita Wörner- primero hizo un tremendo berrinche porque había sido una cuestión demasiado osada e intrépida. Pero él estaba tanto o más interesado que nosotras en el tema y rápidamente del berrinche pasó a la acción y nos preparamos para la querella que había que presentar ante los tribunales. Así, el 24 de julio de 1979, ante el Juzgado del Crimen de Laja, María Inés Herrera Zapata, Ximena Lamana Abarzúa, Ana Luisa Rebolledo Pino, Marta Parada Véjar, Marta Elena Herrera Rojas, Graciela Sandoval Esparza, Berta Elena Contreras Silva, Alma Celeste Garfias Gatica, Ruth Medina Villagra, Rosa Edith Barriga Pérez, Zoila Jara Lizama, Flor María Hernández Villablanca, Rosa Silva Sanhueza, Selva Valdebenito Bris, Laura Zorrilla Rubio y María Avello Espinoza, presentaron una querella criminal en contra de Alberto Fernández Mitchel, teniente de carabineros de Laja a la fecha de comisión del delito, Evaristo Garcés, Pedro Rodríguez Ceballos, sargento de carabineros, Juan Muñoz, cabo de carabineros y los funcionarios, Carlos Fritz, Leoncio Olivares, Gercio Saavedra, Luis León, Mario Cerda, Juan Oviedo, Pedro Parra Utreras, José San Martín y otros de apellido Otárola, González y Montoya, “todos con domicilio legal en la Tenencia de Laja en ese entonces, y de aquellos otros que aparezcan responsables como autores, cómplices o encubridores de los delitos de secuestro y homicidio calificado “ de Fernando Grandón Galvez, Jorge Andrés Lamana Abarzúa, Rubén Antonio Campos López, Juan Carlos Jara Herrera, Raúl Urra Parada, Luis Armando Ulloa Valenzuela, Oscar Omar Sanhueza Contreras, Dagoberto Garfias Gatica, Luis Alberto del Carmen Araneda Reyes, Luis Antonio Acuña Concha, Mario Jara Jara, Juan Villarroel Espinoza, Heraldo del Carmen Muñoz Muñoz, Federico Riquelme Concha, Jorge Lautaro Zorrilla Rubio y Manuel Becerra Avello. A ellos se sumaron Jack Eduardo Gutiérrez Rodríguez, Alfonso Macaya Barrales y Wilson Muñoz Rodríguez. SE INICIA LA INVESTIGACION Caratulado bajo el rol 2.770 “Delito de secuestro de Fernando Grandón y otros”, el juez de Laja, Lupercio Fuentes ofició a diversas instituciones civiles y armadas para aclarar los hechos. Con fecha 8 de agosto de 1979, remitió a la Prefectura de Investigaciones de Los Angeles, una orden para investigar lo ocurrido. Las primeras indagaciones no fueron fáciles. Nadie parecía conocer a las víctimas y los organismos consultados –Carabineros, Ejército- negaban haber emitido órdenes de detención en su contra. Incluso el Ministro del Interior de la época, Sergio Fernández fue consultado: “La consulta de ese tribunal incidiría en la presunta detención de los nombrados, por efectivos de Carabineros de Laja, entre los días 11 y 17 de septiembre de 1973…Sobre el particular, cúmpleme expresar a US. que, revisadas las nóminas de personas detenidas conforme a la facultad del Estado de Sitio, vigente en aquel entonces, no figuran los ciudadanos señalados, ni hay constancia de haberse dictado orden o resolución alguna en su contra”. MINISTRO EN VISITA En vista que la investigación avanzaba con lentitud y que se tenían antecedentes que revelarían con claridad dónde habrían sido enterrados los restos de las 19 personas que hasta entonces aparecían como desaparecidas, el Departamento de Servicio Social del Arzobispado de Concepción, decidió una nueva acción. Apoyándose en un acuerdo del Pleno de la Corte Suprema, del 21 de marzo de 1979, que ordenaba designar Ministros en Visita Extraordinaria en cinco departamento del país, mencionando específicamente a la Corte de Apelaciones de Concepción, es que el 7 de agosto de ese año se solicitó que un ministro de rango especial investigara la situación de los detenidos y desaparecidos de Laja y San Rosendo. Quince días después, el tribunal de alzada penquista reunido extraordinariamente, presidido por el ministro Víctor Hernández Rioseco y con las asistencia de Carlos Cerda Medina, Enrique Tapia Witing, Eleodoro Ortiz Sepúlveda, Luis Rodríguez Salvo y Ana Espinosa Daroch, “tomó conocimiento de la petición de designación de un Ministro en Visita hecha por don Jorge Barudi Videla, secretario ejecutivo del Departamento de Servicio Social del Arzobispado de Concepción y acordó designar al Ministro José Martínez Gaensly para que se avoque al conocimiento y fallo del proceso rol Nº 2.770 del Juzgado de Letras de Laja por secuestro y homicidio de Fernando Grandón Galvez y otros”. Con los antecedentes que ya se habían acumulado en el proceso, el Ministro Martínez Gaensly se constituyó en el Juzgado de Letras de Laja para cumplir su cometido. Había que ratificar las declaraciones juradas y citar a declarar a muchas personas, entre familiares, testigos y funcionarios de carabineros mencionados en las querellas. Uno de los aspectos que quiso precisar el ministro, fue dónde estaban los carabineros aludidos en la querella. Para ello solicitó la información que le fue entregada Por el Prefecto de BíoBío, teniente coronel, Osvaldo Leyton Grob. LA FOSA CLANDESTINA A esas alturas ya empezaba a hacerse más evidente que los detenidos habían sido ejecutados y que sus cuerpos habían sido enterrados clandestinamente en algún lugar cercano a Laja, de donde fueron exhumados para luego ser trasladados, también en forma ilegal al Cementerio de Yumbel. Voces anónimas empezaron a aportar datos que se fueron sumando al proceso: se hablaba que en la zona cercana al fundo El Dorado, una noche se escuchó ruido de balas. Que en ese mismo lugar, se hallaron restos de vestimenta y calzado industrial. De muchas personas se había escuchado hablar de la sepultura clandestina en el cementerio de Yumbel. Con más precisión, un vecino relató que pudo comprobar en la puerta del camposanto yumbelino huellas de un camión que habría bordeado sus muros por el lado sur, donde no había cerco, para ubicarse en la pared oriente. En ese lugar, los rastros se hicieron más notorios, incluso había trozos de cables de arrastre y un zapato industrial. Hacia fines de septiembre, el Ministro en Visita escuchó las declaraciones de algunos de los carabineros que aparecían como autores de las detenciones en Laja y San Rosendo. Florencio Osvaldo Olivares Dade, cabo segundo, 31 años, que prestaba servicios en la Tenencia de Laja desde 1971, declaró el 26 de septiembre de 1979: “ En la mayoría de las ocasiones me correspondió intervenir en las patrullas de detención de activistas políticos con motivo del pronunciamiento militar, de tal manera que no recuerdo el nombre de aquellas personas que eran detenidas, solamente conocía al alcalde, José Arcadio Fica, al profesor Rubén Campos y a Oscar Sanhueza Contreras, con quien fui compañero de curso e incluso su mamá me preguntó por él y no le pude dar respuesta porque no lo vi en el cuartel. De las detenciones que se hacían se trataba de mantenerlos el mínimo en la unidad dado el poco espacio con que contábamos y por eso eran remitidos rápidamente a Los Angeles, ya sea por intermedio de las patrullas volantes que venían de allí, del Ejército y por intermedio del microbús que la Papelera había puesto a nuestra disposición… De los detenidos que dicen que fueron ajusticiados en el trayecto a Los Angeles, solamente me he impuesto por los comentarios de diarios y personas, pero ignoro también si fueron transportados por militares o carabineros”. LA EXHUMACION No fue necesario excavar mucho. A poco más de un metro de profundidad, empezaron a aparecer las osamentas: huesos y calaveras, además de restos de ropa, zapatos, cinturones e incluso una cédula de identidad. Era la mañana del martes 2 de octubre de 1979. A las 11 horas había llegado hasta el Cementerio Viejo de Yumbel, el ministro en visita José Martínez Gaensly. Pocas personas lo acompañaban. La diligencia que iba a practicar era de tal importancia, que mientras menos se divulgara mayor garantía podría haber de lograr un buen resultado. Por eso, sólo fueron avisados el médico legista, César Reyes, el sacerdote Pedro Campos, el comisario de Investigaciones de Los Angeles, Homero Urzúa y el secretario titular del Juzgado de Letras de Yumbel, Jorge Urrutia. También concurrió personal asesor y del cementerio. Por el pasillo central del cementerio, el grupo llegó al fondo de éste, hasta el muro que lo separa del exterior. Adosada a esa pared, al lado derecho y a cinco metros del fin del camino, se sitúa la tumba de la familia Patrito-Ghiotti. Entre ésta y el camino se inició la excavación de una fosa de dos metros de ancho por tres de largo y un metro de profundidad. – Realmente transpiramos harto. Fueron casi tres horas que estuvimos excavando el pozo -relató José Ricardo Morales, 52 años, sepulturero del cementerio quien junto a otros dos obreros cedidos por la Parroquia, participaron en esa labor. A medida que avanzaba la excavación, fueron apareciendo osamentas humanas correspondientes a 18 personas. Se encontraron también 17 calaveras completas, algunas incluso con pelo en la cabeza, según consta en el acta levantada en la ocasión. “Seguidamente se procedió por el doctor Reyes a clasificar los huesos largos del cuerpo humano, especialmente los fémures, lográndose encontrar los pares pertenecientes a 18 personas. Luego de la clasificación anterior se procedió a guardar todos los restos allí encontrados, embalándolos en bolsas plásticas y de cartón, siendo remitidos al Instituto Médico Legal de Concepción, para su examen de rigor”. A las 13:15 horas, la diligencia había terminado. “¡GRACIAS MI DIOS!” Berta Elena Contreras, 54 años, aguardaba con relativa calma en una pequeña oficina del Juzgado de Laja, la llegada del Ministro en Visita. Había otras mujeres en el lugar. Eran las 11 de la mañana del miércoles 3 de octubre. Algunos periodistas ya rondaban por el recinto. Con voz quebrada por la emoción, la señora Berta habló: “Cuando supe que habían sido encontrados los cadáveres sentí no sé qué. Tal vez por el hecho de que yo estoy muy ligada a la iglesia y voy siempre, sólo pude decir con emoción: ¡Gracias mi Dios! ¡Gloria a Dios por haber permitido que apareciera mi hijo!…” El recuerdo de lo ocurrido en Lonquén, rondaba fuerte entre los familiares de Laja y San Rosendo.. En noviembre de 1978 un informante anónimo había denunciado a la Iglesia Católica la existencia de un entierro clandestino en unos hornos, en la localidad de Lonquén, a unos 14 kilómetros de Talagante, en la provincia de Santiago. Verificada la denuncia, el 1º de diciembre se hizo la presentación ante la Corte Suprema que instruyó a la Corte de Apelaciones para que nombrara un Ministro en Visita. La designación recayó en el magistrado Adolfo Bañados. Los restos fueron exhumados y en febrero de 1979, parientes de los detenidos desaparecidos de Isla de Maipo iniciaron el reconocimiento . Se determinó que los cadáveres pertenecían a 15 personas que habían sido detenidas por carabineros de Isla de Maipo el 7 de octubre de 1973. Sin embargo, la tragedia se prolongó hasta el final. Mientras los familiares esperaban las urnas para una misa en la Iglesia Recoleta Franciscana de Santiago, el fiscal militar Gonzalo Salazar había dado la orden para que los restos fueran enterrados en una fosa común del Cementerio de Isla de Maipo. En Laja y San Rosendo, nadie quería que ocurriera lo mismo. Por eso, apenas supieron de la exhumación de 18 cadáveres en el Cementerio de Yumbel, los familiares empezaron a llegar al Juzgado de Laja para que el Ministro en Visita les entregara la versión oficial. “¡LO RECONOCI!” A las 11:15 horas del viernes 5 de octubre, numerosos familiares aguardaban en el Instituto Médico Legal de Concepción el momento en que entrarían a reconocer los restos exhumados de Yumbel. Hubo dolor, llanto, histeria, emoción… – ¡Lo reconocí! ¡Ahí está mi Choti! le toqué su cabecita. El tenía todos los dientes de oro. ¡Por Dios, señor, por qué será esta injusticia tan grande!? Quiero que me lo entreguen… tienen que entregármelo -lloraba desconsolada Rosa Barriga, esposa de Juan Acuña Concha, maquinista de Ferrocarriles, en San Rosendo. – Al tiro encontré su pantalón verde rayado y un pedazo de su chaquetón de castilla. Tienen que entregarme sus huesos, no pueden quedarse con ellos. Que castiguen a los culpables -decía entre sollozos Graciela Sandoval, quien sostenida por otras personas, aseguraba haber reconocido a su esposo Luis Armando Ulloa. Por su dentadura con dos chispas de oro y parte de su pantalón, Flor María Hernández logró identificar a su marido, Juan Villarroel. Marta Herrera encontró el crucifijo de plata de su hijo, Juan Carlos Herrera. Mientras proseguían las gestiones para identificar completamente los restos de los 18 cadáveres exhumados, el ministro Martínez avanzaba con la investigación. Había que seguir investigando. Faltaba por encontrar el cuerpo de uno de los detenidos desaparecidos denunciados en la querella. En ese afán, el ministro Martínez siguió tomando declaraciones a testigos y a personas que pudieran aportar algún antecedente que ayudara al proceso. Ya se habían iniciado los careos, y en forma paralela el Ministro Martínez realizaba una inspección ocular al fundo “San Juan”. A las 14:30 horas se trasladaba al lugar en compañía de la secretaria subrogante, los abogados Martita Wörner y Fernando Saldaña, además del médico legista César Reyes y el cura párroco de Laja, Félix Eicher, y algunos voluntarios de la iglesia premunidos de herramientas de trabajo. El objetivo era hacer un rastreo y excavaciones. “ Al extraer cierta cantidad de arena apareció un zapato de hombre, por lo que en ese lugar se prosiguió la excavación. A medida que se profundizaba, fueron apareciendo tres zapatos de diferentes tipos, desarmados y un bototo color café con un calcetín de nylon rojo. Una bolsa de fibra blanca que sirve para transportar soda o cal, se apreció a poco más de medio metro de profundidad una capa de cal, luego una botella de pisco vacía en buen estado y otra quebrada. Esta fosa se extendió en unos tres metros de largo más o menos, como tipo trinchera”. La diligencia continuó en otro sector del predio. Tras levantar unas ramas de una antigua explotación de pino, se removió la tierra apareciendo a pocos centímetros trozos de género azul que podrían corresponder a una camisa. También se encontró una peineta de bolsillo, botones posiblemente de un chaquetón, una billetera de plástico sin documentos. “Al seguir cavando, se tropezó con un zapato tipo bototo de seguridad con un calcetín largo de color amarillo. Al examinarlo, el médico apreció que contenía huesos en su interior. Con extremo cuidado, se procedió a agrandar la fosa y apareció el cadáver de una persona. Se ordenó la exhumación y una vez en la superficie, el médico procedió a examinar los restos que correspondían al sexo masculino , de más o menos 30 años, con la dentadura completa y en buen estado. Antes de sacar el cadáver se comprobó que éste estaba amarrado en los pies con un alambre y otro lo tenía a la altura de las rodillas, además se encontraba boca abajo…” A diez metros del camino semi borrado del predio, y siguiendo la dirección de las dos fosas anteriores, se removió un montículo sobre el cual se apreciaba gran cantidad de granos de cal. A poca profundidad apareció un hueso humano, al parecer correspondiente a un antebrazo. También se hallaron botones, una peineta de bolsillo, cuatro pares de zapatos y un par de lentes ópticos con marco café. Se dio la orden de llevar las osamentas y especies encontradas al Instituto Médico Legal de Santiago y poco después de las seis y media de la tarde se dio por concluida la diligencia. El hallazgo rápidamente fue conocido por la prensa, que al día siguiente dio cuenta profusamente del hecho: “En Laja apareció cadáver 19 amarrado con alambres”, titulaba La Tercera del 19 de octubre. MULTITUDINARIO FUNERAL Entre el 13 y el 19 de noviembre, el médico legista César Reyes remitió los informes de autopsia de los 19 cuerpos encontrados, con la identificación positiva de la totalidad. Los cráneos de cinco de ellos, y que correspondían a Oscar Sanhueza, Juan Acuña, Luis Ulloa, Wilson Muñoz y Heraldo Muñoz, presentaban orificios de proyectil. Otros nueve presentaban algún tipo de fractura y correspondían a Jorge Lamana, Federico Riquelme, Manuel Becerra, Mario Jara, Fernando Grandón, Rubén Campos, Alfonso Macaya, Juan Jara y Raúl Urra. Los restantes cinco cadáveres no presentaban alteraciones traumática y correspondían a Dagoberto Garfias, Juan Villarroel, Luis Araneda, Jorge Zorrilla y Jack Gutiérrez. Culminada la etapa de reconocimiento, a fines de noviembre el Ministro Martínez ordenó la entrega de los cuerpos a los familiares. El funeral quedó fijado para el martes 27 de noviembre, después de una misa que a las 10 de la mañana se oficiaría en la Parroquia San José, en Concepción. Pero el temor de que los restos no fueran entregados o se hicieran intentos por hacerlos desaparecer era fuerte. En la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos la inquietud hizo que sus integrantes estuvieran dispuestas a formar una guardia permanente en las puertas de la morgue, hasta que las osamentas fueran entregadas. No fue necesario, recordaría Ester Araneda casi veinte años después. “El doctor César Reyes y también el Ministro Martínez nos garantizaron que no habría problemas y así fue”. “Hemos llegado hoy a esta casa de oración para orar con esperanza junto a ustedes, madres, esposas, hijos, familiares de estos seres tan queridos a quienes hoy tenemos -por lo menos- el consuelo de dar cristiana sepultura y ante quienes podremos depositar la ofrenda de una sencilla flor, expresión de nuestro amor y de nuestro dolor… Hemos llegado a pedir que toda la angustia y el sufrimiento de estos seis largos y dolorosos años, no sea estéril…” Ante un templo repleto, las palabras del Obispo Auxiliar, Monseñor Alejandro Goic, resonaron fuertes y emocionadas. A las 10 de la mañana, las 19 urnas habían salido del Instituto Médico Legal y en una caravana de más de quince cuadras fueron llevadas hasta la Iglesia San José para la liturgia de despedida, antes de su entierro final en el Cementerio de Laja. El trayecto fue lento. Acompañado de gritos, de silencio, de mucho dolor. En la parroquia, veinticinco sacerdotes aguardaban. Poco después de las 11 se inició la misa. Había mucha emoción en el recinto que se hizo estrecho para recibir a quienes quisieron acompañar en el dolor a los familiares de los ejecutados de Laja y San Rosendo. Al término de la misa, hubo aplausos y se entonó la Canción Nacional. El cortejo inició entonces su largo viaje a Laja. Allí, a las 16:45, el párroco Félix Eicher ofició la última misa. Terminada la misa, en Laja, el cortejo con cinco carrozas, y centenares de personas, se dirigió al Cementerio. La tarde caía y el calor declinaba. Ya eran cerca de las 20 horas. En su tránsito al camposanto, la columna se detuvo frente a la Subcomisaría de Carabineros. No hubo incidentes. Sólo una joven se encaminó a la unidad policial y gritó “¡ asesinos !”. Las urnas fueron sepultadas en una gran tumba, sobre la que se colocó una cruz de tres metros de altura, con la palabra Paz en lo alto y una inscripción donde se lee un verso de Pablo Neruda: “Aunque los pasos toquen/ mil años este sitio/ no borrarán la sangre/ de los que aquí cayeron/ y no se extinguirá la hora / en que caisteis/ aunque miles de voces/ crucen este silencio…” INCOMPETENCIA Y SOBRESEIMIENTO Y lo que tanto se había comentado y, de alguna manera también temido, se produjo el 18 de marzo cuando el ministro José Martínez Gaensly se declaró incompetente para seguir conociendo la causa rol 2.770, porque de los informes y declaraciones acumulados durante el proceso pudo concluir que en los hechos denunciados en las querellas “les ha cabido a los funcionarios de carabineros de la Tenencia de Laja , ex teniente Alberto Fernández Mitchel, Evaristo Garcés Rubilar, Pedro Rodríguez Ceballos, Juan Muñoz Cuevas, Nelson Casanova Delgado, Luis León Godoy, Carlos Fritz Gómez, Gerson Saavedra Renike, Gabriel González Salazar, Juan Oviedo Riquelme, Anselmo San Martín Navarrete, Lisandro Martínez García, José Otárola Sanhueza, Samuel Vidal Riquelme, Florencio Olivares Dade, Pedro Parra Utreras, Sergio Castillo Basaúl (de San Rosendo ) y el civil Israel Ormeño, y que se desempeñaban en dicha unidad policial en el mes de septiembre de 1973, una participación inmediata y directa…” por lo cual y según lo dispuesto en el artículo 1º de Código de Justicia Militar, “me declaro incompetente para seguir conociendo este proceso debiendo, en consecuencia, remitírsele a la 1a Fiscalía Militar de Los Angeles por corresponderle su conocimiento”. Por ser agraviante a los derechos de la parte que representaba, la abogada Martita Wörner apeló a la resolución del Ministro Martínez, el 24 de marzo. Cuatro días más tarde, el tribunal militar aceptó la competencia declinada y dispuso que la investigación prosiguiera reponiéndose la causa a estado de sumario. Para esos efectos, nombró como fiscal ad-hoc al coronel (J) de Carabineros Gustavo Villagrán y como secretario al mayor (J) de Ejército, Alejandro Abuter Campos, asignándosele a la causa el rol Nº 323-80. Poco demoró el Tercer Juzgado Militar de Concepción en decretar el sobreseimiento de la causa. Lo hizo con fecha 9 de junio de 1980, tras conocer y aprobar el dictamen 16-80 del 20 de mayo, emitido por el fiscal ad hoc. Tras reconocer que las 19 personas mencionadas en la querella fueron detenidas en los días posteriores al golpe militar y que tras permanecer en la Tenencia de Laja, sus cuerpos fueron sepultados en el fundo “San Juan” y aunque no pudo determinarse la causa precisa de sus muertes, “ellas habrían sido producto de actos de terceros, con lo cual se tipificaría la figura delictiva de homicidio”, lo cierto es que según el tribunal militar “en el proceso no existen indicios legales suficientes que permitan individualizar a los posibles autores, cómplices o encubridores de las referidas muertes”. Consecuente con lo anterior -prosigue el dictamen- “los funcionarios policiales de la Tenencia de Laja, el de la Tenencia de San Rosendo y el civil Israel Ormeño Stuardo, no fueron encargados reos o sometidos a proceso en calidad de autores, cómplices o encubridores por los hechos investigados”. Por ello e invocando la ley de Amnistía establecida en el decreto ley Nº 2.191 de 1978, el Juzgado Militar sobreseyó total y definitivamente a los trece funcionarios y a un civil “por haberse extinguido sus eventuales responsabilidades penales en los hechos investigados al favorecerles la amnistía…” Algo más tramitadora fue la respuesta del ministro Martínez a la apelación presentada por la parte querellante respecto de su declaración de incompetencia. Recién el 4 de agosto resolvió la solicitud, indicando que “no es de aquellas que causan gravamen irreparable y grave y, teniendo además presente el estado de la causa y lo dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimiento Penal, no ha lugar a conceder el recurso de apelación… Devuélvanse los antecedentes a la Justicia Militar”. Finalmente y pese a la apelación presentada por la parte querellante, el 3 de diciembre de 1981, la Corte Marcial confirmó la resolución del Tercer Juzgado Militar de Concepción, sobreseyendo definitivamente la causa.

EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN DE ISRAEL ORMEÑO STUARDO: DUODÉCIMO:

Que prestando declaración indagatoria a fojas 4 y 185, el acusado Israel Ormeño Estuardo negó toda participación en los hechos, señalando que conoció a Emiliano Cuevas Cuevas, ya que vive en Laja desde el año 1958.

Durante la administración del Señor Allende, lo conoció más ya que este hombre era un gran activista y cuando no había nada donde comprar se recurría a él para lograr algo para la casa. Indica además que Cuevas estaba a cargo del segundo block de la I. Municipalidad de Laja, y a raíz del Pronunciamiento Militar de septiembre de 1973, ese mismo día supo que había huido y desde esa fecha no lo ha vuelto a ver más. Indica que es efectivo que tenía un automóvil marca Ford del año 1951, y lo vendió en octubre o noviembre, en Los Ángeles, pagándole la suma de 1.500 Escudos. Indicó que nada tiene que ver en los hechos que se denuncian, no negando que conoce a los funcionarios de Carabineros, pero que no se prestaría para los hechos denunciados. Indica que toda la familia de Cuevas eran activistas y andan todos arrancando, y culmina señalando que conoce al funcionario Pedro Rodríguez Ceballos, pero él jamás le ha pedido algo semejante, ya que no son amigos íntimos para cometer un hecho como el que se investiga.

Sin embargo, a fojas 363 y 447, expuso que había mentido en sus declaraciones, por miedo, y que la verdad es que, en 1974, vivía en la Comuna de Laja, tenía 32 años y era propietario de una carnicería de nombre Bio Bio, ubicada en calle Balmaceda 554 frente a la subocomisaría de Laja. Además era dueño de un vehículo marca Ford color rojo del año 1951 y conocía a toda la dotación de Carabineros de Laja. A Juan de Dios Oviedo Riquelme lo conocía ya que era un joven alto, algo robusto, tez blanca, el cual trabajaba con Pedro Rodríguez en la misma comisaría. La detención de José Emiliano Cuevas Cuevas fue a principios de 1974 y lo recuerda porque entre las 08:00 a 09:00 horas, llegó hasta su local el sargento Pedro Rodríguez, vestido de civil, manifestando si podía acompañarlo a trasladar a un detenido, de quien en ese momento, desconocía el nombre. Ante tal petición y por el tiempo que se vivía en aquella época, no pudo negarse, aceptando. El vehículo lo tenía en su casa, distante a una cuadra de la comisaría y partió solo a buscarlo. Volvió a la Comisaría e ingresó al patio de la misma, con el vehículo. Esperó, eran alrededor de las 10:00 horas y desde el interior del inmueble apareció Pedro Rodríguez junto a Juan Oviedo, los cuales traían a Emiliano Cuevas, en calidad de detenido. No recuerda si iba esposado. Dicha persona la subieron a su auto y al estar en el interior lo reconoció como José Emiliano Cuevas, no se notaba que hubiere sido golpeado, recuerda que llevaba una camisa y sobre ella puesto un chaleco del cual no recuerda el color.

Lo sentaron en el asiento posterior, al medio y los funcionarios uno a cada lado y tomaron la ruta que va desde Laja a la carretera 5 Sur. Al llegar a la intersección, Rodríguez le dijo que parara, porque estaban esperando a un colega. Al decir esto, supuso que estaban esperando a otro Carabinero. Transcurrida alrededor de una media hora, se bajó de un bus que venía de Los Ángeles, una persona robusta, morena, medio “gibado”, de estatura pequeña, quien saludó a Rodríguez y a Oviedo. Las órdenes las daba Rodríguez, pero la actitud de Oviedo era más bien la de un colega de éste y no un subordinado. Ambos vestían de civil y tenían revólveres.

El tercer Carabinero, habló con Rodríguez y con Oviedo, pero ignora que comentaron. Recuerda que a Emiliano Cuevas lo custodiaba Oviedo, quien al ver a este Carabinero, lo saludó más bien como un amigo que como un colega, es decir, no lo saludó estilo militar, sino de mano. Todos se subieron al vehículo, Rodríguez en el asiento delantero, le ordenó que el rumbo a seguir fuera para el norte, específicamente al Regimiento de Chillán. Nuevamente en el trayecto nada se habló.

Al Regimiento de Chillán llegaron alrededor del mediodía, se le ordenó estacionarse fuera del regimiento. Bajaron todos, a Emiliano Cuevas lo llevaban custodiando Rodríguez con Oviedo, mientras el tercer Carabinero iba atrás. También se ordenó que debía esperar su regreso. Esperó un cuarto de hora, regresando los tres Carabineros, con las mismas ropas, exactamente iguales como se habían bajado, notó que venían conversando pero al subir al vehículo dejaron de hacerlo. Le dijeron “Misión cumplida” y “Vamos”, regresando a Laja, según instrucciones de ellos. Indica que no preguntó nada y al llegar a Laja, los dejó en las afueras de la Subcomisaría.

Previo a su retiro, fue amenazado por el Sargento Rodríguez que le señaló que en caso que preguntaran con respecto al detenido que no tenía nada que decir, porque en caso contrario debía afrontar las consecuencias. Después se fue para la casa y por temor, no comentó con nadie esta situación.

Agrega que respecto del Carabinero de civil que se subió en el cruce de la carretera, tiempo después, no recuerda la fecha exacta, pero tiene que haber sido entre 1980 a 1990, un día, le ocurrió un incidente en un bus camino a Los Ángeles, fue detenido y llevado a la Tenencia Centenario, que queda ubicada a la entrada norte de Los Ángeles, y mientras se le registraba, vio que en una de las oficinas a este Carabinero, al cual reconoció. Esta persona no era el Comisario, era un sargento, ya que usaba jinetas, dos amarillas. Indica que no conversó con él, pero lo vio claramente. Incluso el mismo ordenó al Carabinero de guardia que lo dejara libre y citado al Tribunal.

Indica que esta persona se encuentra viva, ya que al ir en época reciente a Los Ángeles, a una población de Carabineros frente a la Vega techada, se encontró en un funeral. Entró y nuevamente se encontró con esa persona, con la cual no conversó, pero reconoció de inmediato, está medio calvo y canoso, gordo y más gijabo

B. EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL:

3°.- Que se condena a Israel Ormeño Stuardo, como coautor del delito de secuestro descrito y sancionado en el artículo 141 incisos primero y cuarto del Código Penal, de José Emiliano Cuevas Cuevas, cometido el 14 de mayo de 1974, en el Pueblo de San Rosendo, a la pena de TRES AÑOS Y UN DÍA de presidio menor en su grado máximo, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, más las costas de la causa.