Olavarría Díaz Javier Armando

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos de las jurisdicciones Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa Latorre, sometió a proceso a cuatro exefectivos del Ejército, Carabineros y Policía de Investigaciones, por su responsabilidad en los delitos consumados de secuestro, secuestro con grave daño, detención ilegal y aplicación de tormentos, en contra de 31 víctimas de tales ilícitos que fueron perpetrados a contar del 11 de septiembre de 1973 en la ciudad de Puerto Montt.

En la resolución (causa rol 10.858-P), el ministro Mesa Latorre encausó al ex general de Ejército Eugenio Adrián Covarrubias Valenzuela, al exoficial de Carabineros Carlos Segundo Tapia Galleguillos; al exinspector PDI, Roberto Javier Díaz Moya; y al ex PDI, Javier Armando Olavarría Díaz, como autores de los delitos en carácter de lesa humanidad.

En el caso de los procesados Covarrubias Valenzuela y Tapia Galleguillos deberán ser notificados en el Penal de Punta Peuco, donde cumplen condenas por otros delitos de violaciones a los derechos humanos en causas diversas. En tanto respecto de los procesados Díaz Moya y Olavarría Díaz se decretó su ingreso en prisión preventiva.

Los procesados integraban el Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (CAJSI) con asiento en la ciudad de Puerto Montt, que incluía las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena. Este organismo operó bajo el mando del General de Brigada Aérea Sergio Hiram Rodolfo Leigh Guzmán (fallecido), entonces Comandante de la Tercera Brigada Aérea y Ala N° 5 (Base Aérea El Tepual), y actuaba  en dependencias de la Intendencia Provincial de la época.

Formaban parte de mencionado CAJSI el ya fallecido coronel de Ejército y comandante del Regimiento de Infantería N° 12 'Sangra' de Puerto Montt, Rubén Rojas Román; el capitán de Fragata y comandante de la Estación Naval y Gobernador Marítimo de Puerto Montt, Osvaldo Federico Pablo Schwarzenberg Stegmaier, en representación de la Armada; el teniente coronel de Carabineros y Prefecto de la Provincia de Llanquihue, Eduardo Partarrieu Navarrete (fallecido); el Prefecto de Puerto Montt, Vicente Leonel Hormazábal Rojas (fallecido), en representación de la Policía de Investigaciones.

Para transmitir sus instrucciones y directrices el General Sergio Leigh Guzmán, estableció un grupo operativo de oficiales de enlace con cada una de las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden existentes en el territorio bajo su mando. Por el Ejército el enlace operativo fue el entonces capitán Eugenio Adrián Covarrubias Valenzuela, quien estaba a cargo de la Sección Segunda de Inteligencia del Regimiento de Infantería N° 12 'Sangra'; de la Fuerza Aérea fue el coronel Mario Ernesto Jahn Barrera (fallecido), de Carabineros fue el entonces teniente Carlos Segundo Tapia Galleguillos, de la Segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Montt; y de la PDI fue el detective Roberto Javier Díaz Moya, del Departamento de Informaciones de la Prefectura de Puerto Montt; de la Armada se desconoce con exactitud el nombre del oficial que cumplía dicha función de enlace.

Las 31 víctimas fueron todos detenidos ilegalmente por las unidades militares y policiales; varias de las personas detenidas se entregaron voluntariamente acatando los llamados en tal sentido que hacía la autoridad de facto de la zona. En esa condición de prisioneros de los uniformados, fueron sometidos a vejámenes y tormentos que corresponden a delitos de lesa humanidad.

El proceso es contra cuatro efectivos en retiro del Ejército, Carabineros y la PDI por su responsabilidad en los delitos consumados ocurridos a partir del 11 de septiembre de 1973.

Al ex cuartel de la PDI habrían sido trasladadas las víctimas. (Archivo)

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la jurisdicción Puerto Montt, Álvaro Mesa Latorre, dictó acusación en contra de cuatro efectivos del Ejército, Carabineros y Policía de Investigaciones (PDI) en retiro, por su responsabilidad en los delitos consumados de secuestro, secuestro con grave daño, detención ilegal y aplicación de tormentos contra 31 víctimas a contar del 11 de septiembre de 1973.

En la resolución, el ministro en visita sindicó en calidad de autores de los delitos en carácter de lesa humanidad, a los detectives de la Policía de Investigaciones de la época, Roberto Javier Díaz Moya y Javier Armando Olavarría Díaz; al entonces capitán de Ejército, Eugenio Adrián Covarrubias Valenzuela y al teniente de Carabineros, Carlos Segundo Tapia Galleguillos.

En la etapa de investigación, el ministro Mesa Latorre recopiló antecedentes suficientes para tener por acreditados los hechos. Es así como se precisa que “luego de consumado por las Fuerzas Armadas el derrocamiento del Gobierno, la Junta de Gobierno extrapoló desde la estructura interna de aquellas, la instauración de los ‘Comandos de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior’ (CAJSI), los que fueron emplazados en ciudades capitales de provincia y que estaban conformados por los comandantes de las distintas unidades de las Fuerzas Armadas y de Orden instaladas en la zona, los que fueron liderados por el oficial más antiguo de ellas, siendo esa persona la autoridad máxima que ocupaba el cargo de jefe de Zona en Estado de Sitio”.

Además, que “dentro de sus funciones principales destacaban los temas relacionados con la administración y seguridad interior del territorio bajo su jurisdicción, como lo fue el dictar bandos, ordenar la investigación de situaciones o personas determinadas, disponer allanamientos, la detención de personas, detectar áreas de conflicto, coordinar patrullajes y diligencias operativas con participación de integrantes de las diversas ramas de las Fuerzas Armadas”.

En otro punto señala que “al igual que al resto de los organismos a nivel nacional, el Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (CAJSI) con asiento en la ciudad de Puerto Montt, además de su propia inteligencia, se sirvió de todas las unidades de inteligencia de las diversas instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden existentes en la región”.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa Latorre, condenó a cuatro ex agentes represivos pertenecientes al Ejército, Carabineros y la Policía de Investigaciones, por su responsabilidad en los delitos consumados de secuestro, secuestro con grave daño y aplicación de tormentos a 31 personas detenidas políticas, ilícitos perpetrados a contar del 11 de septiembre de 1973, en la ciudad de Puerto Montt.

En el fallo (causa rol 10.858), el ministro en visita condenó al entonces capitán de Ejército, a la época de los hechos, Eugenio Adrián Covarrubias Valenzuela (jubilado con el grado de general) y al otrora teniente de Carabineros Carlos Segundo Tapia Galleguillos a la pena de 10 años, más dos penas de 8 años de presidio, como autores de los delitos consumados de secuestro con grave daño, secuestro y apremios ilegítimos (torturas).

En tanto, condenó a los ex detectives de la Policía de Investigaciones (PDI), Roberto Javier Díaz Moya a tres penas efectivas de 10 años de presidio, en calidad de autor de los delitos consumados, en carácter de lesa humanidad, de secuestro simple, secuestro con grave daño y apremios ilegítimos o torturas; y a Javier Armando Olavarría Díaz, a 10 años de presidio como autor de secuestro con grave daño, y dos penas de 9 años de presidio, por secuestro y apremios ilegítimos (torturas), respectivamente.

En el caso de los condenados Covarrubias Valenzuela y Tapia Galleguillos deberán ser notificados en el penal penitenciario donde cumplen condenas por otros delitos de violaciones a los derechos humanos en causas diversas.

Los cuatro condenados formaban parte del Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (CAJSI) con asiento en la ciudad de Puerto Montt, que incluía las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena. Este organismo operó bajo el mando del General de Brigada Aérea Sergio Hiram Rodolfo Leigh Guzmán (fallecido), entonces comandante de la Tercera Brigada Aérea y Ala N° 5 (Base Aérea El Tepual), y actuaba en dependencias de la Intendencia Provincial de la época.

Formaban parte de mencionado CAJSI, el entonces coronel de Ejército y comandante del Regimiento de Infantería N° 12 'Sangra' de Puerto Montt, Rubén Rojas Román (ya fallecido); el capitán de Fragata y comandante de la Estación Naval y Gobernador Marítimo de Puerto Montt, Osvaldo Federico Pablo Schwarzenberg Stegmaier, en representación de la Armada; el teniente coronel de Carabineros y Prefecto de la Provincia de Llanquihue, Eduardo Partarrieu Navarrete (fallecido); el Prefecto de Puerto Montt, Vicente Leonel Hormazábal Rojas (fallecido), en representación de la Policía de Investigaciones.

Para transmitir sus instrucciones y directrices el General Sergio Leigh Guzmán, estableció un grupo operativo de oficiales de enlace con cada una de las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden existentes en el territorio bajo su mando. Por el Ejército el enlace operativo fue el entonces capitán Eugenio Adrián Covarrubias Valenzuela, quien estaba a cargo de la Sección Segunda de Inteligencia del Regimiento de Infantería N° 12 'Sangra'; de la Fuerza Aérea fue el coronel Mario Ernesto Jahn Barrera (fallecido), de Carabineros fue el entonces teniente Carlos Segundo Tapia Galleguillos, de la Segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Montt; y de la PDI fue el detective Roberto Javier Díaz Moya, del Departamento de Informaciones de la Prefectura de Puerto Montt; de la Armada se desconoce con exactitud el nombre del oficial que cumplía dicha función de enlace.

Las 31 víctimas fueron todos detenidos ilegalmente por las unidades militares y policiales; varias de las personas detenidas se entregaron voluntariamente acatando los llamados en tal sentido que hacía la autoridad de facto de la zona. En esa condición de prisioneros de los uniformados, fueron sometidos a vejámenes y tormentos que corresponden a delitos de lesa humanidad

por Darío Núñez