Neira Donoso Emilio Enrique

Una realidad previsional muy distinta a su situación judicial viven varios de los ex agentes de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI) procesados como autores de los homicidios calificados de 12 frentistas en la denominada Operación Albania, ocurrida el 15 y 16 de junio de 1987.

Hoy se encuentran a la espera del dictamen del ministro en visita Hugo Dolmestch, quien tiene “para fallo” la investigación de los crímenes.

Sin embargo, otra es su situación previsional debido a que, bajo una denominación genérica de “estrés post guerra”, los ex agentes han obtenido pensiones de invalidez de segunda categoría, según lo acredita la Honorable Comisión de Salud del Ejército. Esto significa en la práctica obtener casi el doble de su jubilación mensual por ser víctimas de padecimientos en “actos de servicios” que los incapacitan para desarrollar una labor normal.

El grupo se encuentra encabezado por el jefe del llamado “procedimiento antisubversivo”, el teniente coronel (R) Krantz Bauer Donoso, ex jefe de la Brigada Verde de la CNI, quien figura como causal de retiro un diagnóstico de “TEC abierto, síndrome post TEC, otorragia izquierda, fractura peñasco temporal izquierdo y hemorragia sub aracnoidea”.

A él lo secunda, el teniente y empleado civil de Ejército (R), agente JorgeVargas Bories, coautor de ilegítima privación de libertad y de los homicidios ocurridos en calle Pedro Donoso, quien obtuvo su pensión de invalidez por actos del servicio al acreditar una “psicosis maníaco depresiva”.

También goza de este beneficio, extensivo a su grupo familiar y que mantiene en grado de “activos” su salario, es decir su pensión se reajustan al par de los sueldos de los oficiales que están en servicio, el fallecido teniente coronel Iván Cifuentes Martínez y ex jefe del Comando Cobra de la ex CNI, quien justificó una “psicosis maníaco depresiva”.

Cabe recordar que fue este oficial quien a sabiendas de una eventual cadena perpetua en su contra solicitó una “salida política” a sus casos, esto después de señalar que “en el fondo, la CNI cumplió la ‘pega’ que el Estado le encomendó (…) desde el punto de vista judicial, los superiores de la CNI quedaron como encubridores o cómplices, pero solamente quienes éramos capitanes estamos asumiendo la condición de autores directos y materiales”.

Asimismo el ex CNI, mayor (R) de Ejército, Emilio Enrique Neira Donoso, encausado como cómplice del homicidio de Recaredo Valenzuela y de los secuestros seguidos de homicidio de calle Pedro Donoso, recibe una pensión producto de una “psicosis afectiva”.

Por su parte, César Luis Acuña Luengo, empleado civil de Ejército (R), procesado como el autor del homicidio de Recaredo Valenzuela y cómplice de ilegítima privación de libertad de calle Pedro Donoso, también acreditó sufrir una “psicosis afectiva”.

Álvaro Corbalán

Pese a que el abogado Hugo Gutiérrez, (situación que avaló después su colega Héctor Salazar) señaló a La Nación que el ex jefe operativo de la CNI, teniente coronel (R) Álvaro Corbalán Castilla, goza de una pensión por “estrés post guerra”, precisando que “me encuentro seguro en un ciento por ciento, porque lo vi publicado en el Boletín del Ejército”; la Dirección de Comunicaciones del Ejército desmintió tal versión.

Sin embargo, indicaron que efectivamente el ex oficial, actualmente recluido a cadena perpetua simple en el penal de Punta Peuco por su responsabilidad en el crimen del carpintero Juan Alegría Mundaca, solicitó su invalidez de segunda categoría. “Pero le fue negada porque fue presentada fuera de plazo”, señaló la institución.

Respecto a las mencionadas adjudicaciones de pensiones a estos ex agentes, la misma vocería sostuvo que se apegan a la legalidad vigente, pues se acreditaron de manera médica las dolencias, recalcando que tienen un carácter de “irrevocable”.

A estos nombres se pueden sumar otros de esta institución, de la Fuerza Aérea, Carabineros e Investigaciones, que también mantienen ex funcionarios procesados por su responsabilidad en la Operación Albania.

Caucoto

Consultado el abogado querellante del caso Albania, Nelson Caucoto, señaló que “me parece extraño este beneficio a personas que no padecen ninguna invalidez o incapacidad generada por actos del servicio, que los mantenga inutilizados para el trabajo, situación que sólo se presta para que tengan el doble de sus pensiones”.

Añadió que “sin duda estamos frente a una situación que debe ser investigada, pues perfectamente se podría configurar el ilícito de fraude al Fisco”.

Caso quemados

Condenado preliminarmente a una condena de 600 días de presidio sin remisión, por su participación en el denominado caso quemados, situación luego cambiada por la Corte Marcial al acreditar que su accionar sólo fue negligente, el capitán (R) de Ejército Pedro Fernández Dittus también se suma al grupo de pensiones de invalidez “post guerra”.

Efectivamente, el jefe de la patrulla militar que golpeó y roció con combustible a Rodrigo Rojas Denegri y Carmen Gloria Quintana, logró acreditar ante la Comisión Médica del Ejército una “psicopatía orgánica”. Cabe recordar que a causas de las quemaduras, hecho ocurrido el 2 de julio de 1986, falleció Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana quedó con heridas en el 60 por ciento de su cuerpo.

La Corte Suprema confirmó este martes la cadena perpetua contra el general retirado Hugo Salas Wenzel, otrora director de la Central Nacional de Informaciones (CNI), por su responsabilidad en el crimen de doce frentistas en junio de 1987, en el marco de la Operación Albania.

Salas Wenzel fue sentenciado en calidad de responsable intelectual de los asesinatos, que se planificó como una de las venganzas por el atentado a Augusto Pinochet Ugarte, ocurrido en septiembre de 1986.

Con esta resolución, el otrora jefe del organismo represivo se transformó en el general retirado que ha recibido la mayor condena por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.

La decisión fue adoptada por la Segunda Sala (Penal) que también se pronunció sobre las condenas que el ministro Hugo Dolmestch dictó contra otros catorce ex uniformados que participaron en el operativo, también conocido como Matanza de Corpus Christi.

En tribunales se explicó que como Salas Wenzel comenzó a ser juzgado antes de que se modificara la ley, se le aplicará la cadena perpetua simple, lo que permite a partir de los 20 años de prisión pueda acceder a algún tipo de beneficio.

El máximo tribunal también decidió elevar de 15 a 20 años de prisión la condena contra el ex jefe operativo del organismo represivo Álvaro Corbalán Castilla, quien ya se encuentra cumpliendo prisión por otras violaciones a los derechos humanos perpetrados en la dictadura militar.

En tanto, mantuvo la condena a 10 años de presidio contra el comandante (R) de Carabineros Iván Quiroz Ruiz, mientras que aumentó de 7 años y un día a 8 años de prisión el castigo contra el ex agente de la CNI Enrique Neira Donoso.

Estos cuatro otrora miembros deberán cumplir con su castigo en prisión junto al ex agente Manuel Morales Acevedo, quien inicialmente había sido condenado a tres años de prisión pero la Suprema elevó su castigo a cinco años y un día.

En tanto, los ex agentes Luis Arturo Sanhueza Ross, Rodrigo Pérez Martínez, César Acuña Luengo, Patricio Miquel Carmona y Fernando Burgos Díaz fueron sentenciados a cinco años y un día de prisión, mientras que Eric Silva Reichart recibió una sanción de cinco años de cárcel.

Gonzalo Maas del Valle, José Miguel Morales Morales, René Valdovinos Morales, en tanto, fueron condenados a tres años de prisión, mientras que Hugo Guzmán Rojas recibió un castigo de 541 días de cárcel.

La Suprema también confirmó la absolución de 11 agentes que participaron en los operativos y que ya habían sido exculpados por Dolmestch y la Corte de Apelaciones de Santiago, entre los que se encuentran los ex agentes Kranstz Bauer y Jorge Vargas Bories, al igual que el ex fiscal de Carabineros Luis Acevedo.

En junio pasado, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los parientes de las víctimas alcanzaron un acuerdo de reparación en el que el Fisco se comprometía a pagar una indemnización de $ 300 millones a cada grupo familiar.

Querellantes celebran decisión

El abogado Nelson Caucuto, representante de las víctimas, destacó que esta sea la primera condena perpetua para un militar con grado de general, lo que a su juicio revela "la gravedad de los hechos juzgados y la importancia de este caso".

"Hemos logrado establecer la verdad de lo acontecido y sanciones penales altas, donde hay una condena de presidio perpetuo y también finalmente hay reparación.

En una sola sentencia hemos logrado confluir los tres aspectos que comprende un concepto complejo como es la justicia, los que son la verdad, la sanción penal, y la reparación”, sostuvo.

“Me parece extraordinario haber cerrado este capítulo, con esta sentencias que ha dictado el máximo tribunal”, puntualizó.

Fue destacado por su “vocación profesional” y “reconocido entre sus superiores y subalternos”. Así escribía el jefe operativo de la CNI Álvaro Corbalán en septiembre de 1987 una anotación en la hoja de vida del coronel en retiro después de que participara en la conocida Operación Albania. El militar cumplió condena por su responsabilidad en estos hechos, pero también se hizo de una fortuna por “los premios” que el Ejército le traspasó. Aquí contamos su caso.

El 15 de junio de 1987, Recaredo Ignacio Valenzuela (30), economista de la Universidad de Chile e integrante de la dirección nacional del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) fue baleado a 25 metros de la casa de su madre en la comuna de Las Condes. Su cuerpo se encontró con una pistola y una granada oculta en su chaqueta, fue el escenario perfecto montado por la Central Nacional de Inteligencia (CNI) para fingir un enfrentamiento. A Valenzuela, o “El comandante Benito”, lo seguían desde antes y habían dado la orden de “neutralizarlo”. Dejó un hijo de siete años.

Esa acción fue parte la llamada Operación Albania, también conocida como la Matanza de Corpus Christi, que terminó con doce frentistas asesinados en distintas comunas de Santiago el 15 y 16 de junio de 1987. La CNI, al mando de Hugo Salas Wenzel, había realizado un seguimiento de meses. Fue el golpe más duro al FPMR.

Una de las frentistas asesinadas, Patricia Quiroz Nilo, estaba embarazada.

Emilio Enrique Neira en ese entonces integraba la llamada Brigada Verde de la CNI, encargada de la represión del Partido Comunista, del FPMR y también brigadas antiterroristas. Por su participación en esta matanza, obtuvo la felicitación de Álvaro Corbalán y obtuvo el reconocimiento de sus superiores y subalternos. El “logro” fue destacado en su hoja de vida con fecha de anotación en septiembre de 1987, tres meses después de que participara de la Operación Albania.

Por momentos Emilio Neira era “Eduardo Correa Valenzuela”, el alias o la chapa que ocupó para ocultar su identidad y eludir la justicia. Sin embargo, a pesar de las maniobras con las que intentó evitar su responsabilidad como autor del delito de homicidio calificado de Valenzuela Pohorecky y como autor del delito de homicidio calificado de José Joaquín Valenzuela Levi, la condena fue ratificada por la segunda sala de la Corte Suprema el 28 de agosto de 2007.

Enrique Neira Donoso ingresó a Punta Peuco el 24 de septiembre de 2007 y quedó en libertad el 1 de julio de 2015.

Su nombre volvió a saltar a la palestra ese mismo año, cuando el extesorero y coronel en retiro del Ejército Clovis Montero-una vez encausado- fue entregando mayores detalles de la operación que defraudó al fisco y que en su caso sumaba más de 980 millones de pesos. En una entrevista publicada en The Clinic en 2015 Montero aseguró que con los dineros provenientes de la Ley Reservada del Cobre también se malversaron fondos del presupuesto regular de la Comandancia del Ejército y nombró un caso específico: la compra de un departamento a Enrique Neira Donoso para asegurar su silencio. Montero precisó además  que ese departamento se adquirió mientras el general Carlos Cid Muñoz estaba a cargo de la Dirección de Finanzas del Ejército (DIFE), entre 1999 y 2005.

Neira salió en libertad y retomó su vida, pero lo que se desconocía era la abultada pensión de invalidez que tanto él como otros ex uniformados recibían mensualmente. Se les llamó las pensiones por “enfermedades post traumáticas” y en el caso de Neira ascendía a dos millones seiscientos mil pesos. Su diagnóstico fue “psicosis afectiva”.

El programa Informe Especial reveló ese escándalo en 2017 y se explicó que este tipo de pensiones se les entregan a los militares que sufren accidentes en actos de servicios lo que les impediría seguir cumpliendo funciones, pero como el caso del mismo Neira, algunos se mantenían en actividad laboral en el mundo privado.

De acuerdo a los documentos a los que El Desconcierto tuvo acceso, fue durante esos años, en 2002, que la esposa de Neira, María Cristina Espinoza compró un departamento ubicado en Las Condes por tres mil 630 UF, para esa época cerca de 82 millones de pesos. El departamento fue pagado en una sola cuota a la constructora León Wolf S.A y a la Sociedad Inmobiliaria Dora Tabacman S.A e inscrito en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces el 2002.

Como quedó establecido por la declaración de los formalizados, la entrega de dineros se hacía por maletines para evitar cualquier pista que pudiese dar cuenta del delito.

Neira es un ex agente premiado con dineros estatales malversados al igual que el resto de los oficiales que se beneficiaron con jubilaciones irregulares, pero en este caso se habría sumado la compra de un inmueble. Una investigación que con el tiempo suma nuevos capítulos y procesados. Lo cierto es que se trataría de una gratificación hecha en democracia por el crimen perpetrado en la dictadura.

Para la Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos Alicia Lira (AFEP), estos son “dineros que provienen de la usurpación que han hecho las Fuerzas Armadas con el fin de mantener los pactos de silencio (…) Esas son las maneras que tienen para mantener la información escondida, darles pensiones de forma permanente y beneficios de todo tipo”, comentó.

Agregó que, en el caso de las pensiones, la justicia investiga el traspaso de más de mil millones de pesos a ex agentes, pero que también, a su juicio, deberían conocerse los traspasos de otro tipo de bienes que cumplirían las mismas funciones.

El 2015, Adriana Pohorecky, madre de Recaredo Valenzuela, junto al abogado Cristian Cruz, presentaron una denuncia contra el Ejército ante el ministro en visita Omar Astudillo, según el abogado en ese tiempo el tribunal, lo que ratificó la Corte Marcial, no dio lugar a acoger a tramitación la acción penal en sede judicial castrense.

“Ello no es de extrañar y se hace cada vez más urgente modificar tales situaciones, donde sólo en un porcentaje menor de casos es posible acercarse a verdad y justicia. Recordemos que la instancia superior, Corte Marcial, está compuesta por 5 integrantes, tres de los cuales en los hechos no son Ministros, son paniaguados del Ejército, la Fuerza Aérea y Carabineros, es decir los uniformados son mayoría y no existe la garantía de un adecuado proceso”, comentó a El Desconcierto.

“Existe una cultura en el Ejército, como las demás ramas de las FF.AA. y carabineros, de proteger a los violadores a los derechos humanos, de mal usar los dineros públicos y de perseverar con sus pactos de silencio, favoreciendo así la impunidad y un grado de criminalidad entre algunos mandos y sus cercanos”, concluyó Cruz.

El mayor (r) del Ejército cumplió condena por el homicidio del ex frentista Recaredo Valenzuela, en 1987, y fue uno de los que habló con el programa Informe Especial de TVN.24 de Julio de 2017 | 09:45 | Emol79 El oficial en retiro ya cumplió su condena en Punta Peuco.

Dos millones 600 mil pesos mensuales recibe el ex agente de la CNI Emilio Enrique Neira Donoso, quien estuvo preso en Punta Peuco por violaciones a los derechos humanos, y que anoche volvió a cobrar relevancia por la pensión de "inutilidad de segunda clase" que recibe del Ejército.

El mayor (r) cumplió condena como cómplice del homicidio del ex frentista Recaredo Valenzuela, asesinado en la "Operación Albania" en junio de 1987, durante el feriado de "Corpus Christi".  Las millonarias pensiones de invalidez a ex funcionarios sanos de las FF.AA. y CNI

 El militar en retiro -cuyo caso reflotó Informe Especial de TVN- se acogió al beneficio que existe para ex uniformados y que deben recibir sólo quienes sufren un accidente en actos de servicio, enfermedades profesionales o un hecho invalidante que le impida seguir trabajando. "Tengo un síndrome de estrés post traumático, por eso me pidió la baja la institución, éste se e produce mucho tiempo después de participar en la Operación Albania", expresó el oficial en retiro, quien goza de buena salud y estado físico: "Juego a la pelota los martes y sábado".

Mientras fue agente de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) que operó en dictadura, Neira Donoso usaba el alias "Eduardo Correa Valenzuela", con el objetivo de confundir a los jueces del caso. El caso -uno de los emblemáticos de causas de DD.HH.- terminó con la vida de doce integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, crímenes que ocurrieron en tres sectores de Santiago.

Según se informó tras conocerse de la muertes de los ex frentistas, éstos murieron en "enfrentamientos con las fuerzas de seguridad". Sin embargo, la investigación judicial estableció que los disparos los recibieron estando en el piso. Neira -junto a Eduardo Iturriaga, Fernando Polanco, José Zara, Christoph Willeke, Juan Morales, Carlos Herrera, Jorge Vargas y Sergio Rivera- fue uno de los oficiales que durante el gobierno de Sebastián Piñera anunció su participación en una huelga de hambre en Punta Peuco, la cual no se concretó.

Otro uno de los casos que reveló el informe periodístico y que confirmó que Augusto Pincohet Hiriart, hijo mayor de Augusto Pinochet Ugarte, también recibe dicha pensión que asciende a $900 mil, pese a estar sano. De acuerdo al programa emitido anoche, las actuales pensiones por invalidez parcial en el sistema son en promedio de $190 mil.
 

El coronel Clovis Montero decidió romper su silencio luego de 15 meses recluido en el penal Cordillera, donde está detenido acusado de participar en millonarios desfalcos con recursos destinados a la compra de armas. En una entrevista de once páginas, narró a The Clinic cómo fue montada en el Ejército una máquina para defraudar fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre. Acusó a generales y coroneles de esquilmar al erario público en diez millones de dólares. También reveló el desvío de fondos para la compra de propiedades en favor de las familias de exagentes de la CNI.

“Un proceso largo y doloroso”. Así definió el coronel Clovis Montero sus 15 meses de reclusión en el penal Cordillera, luego que la justicia militar lo procesara por su participación en el millonario desfalco a los fondos reservados de la Ley Reservada del Cobre. “(Estoy) triste por todo lo que ha debido sufrir mi familia”, respondió a The Clinic a través de un cuestionario.

En el manuscrito de 11 páginas, escrito en letra imprenta, Montero detalló de manera exclusiva cómo un grupo de generales, coroneles y suboficiales gastaron gigantescos recursos públicos a través de una verdadera máquina fraudulenta. “Hay un aparato de defraudación, yo no me imaginaba lo grande que era y la cantidad de proveedores involucrados”, admitió.

Montero apuntó en su escrito que los principales responsables de lo sucedido “son los jefes de Finanzas del Comando de Apoyo a la Fuerza y los comandantes del Comando de Apoyo a la Fuerza”. “Ellos firmaban minutas y oficios conductores con las facturas (fraudulentas) y son responsables de la ejecución de la Ley (Reservada del Cobre)”, insistió.

Consultado sobre dónde está el dinero defraudado, Montero, sin entrar en mayores detalles, escribió los nombres del cabo Juan Carlos Cruz, el empleado civil Danilo Alarcón, el general Héctor Ureta y los coroneles Jorge Silva, Fernando Grossi y Pedro Ferrer. A renglón seguido precisó que los dineros defraudados habrían sido gastados en “casinos (de juegos), propiedades, caballos y fiestas”.

El coronel, detenido en el Regimiento de Telecomunicaciones de Peñalolén, aseguró que descubrir a los responsables del ilícito no es una tarea demasiado compleja. “Se puede detectar viendo sus patrimonios y vínculos con proveedores”, aseguró. Montero, extesorero del Estado Mayor del Ejército y exmiembro de la Contraloría de esa institución, conoce de cerca los secretos financieros del generalato y sabe que su relato cuenta con el respaldo de diversos documentos provenientes de la misma institución. Incluso, aquellos que pareciera que ninguna autoridad civil quiere investigar.

El gobierno, como si el país viviera en los inicios de la transición a la democracia, mantiene hasta ahora silencio sobre estos delitos que involucran facturas falsas, robadas y duplicadas, según reconoció en un oficio reservado el propio comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, al ministro Jorge Burgos, cuando éste era el titular de Defensa.

Ni el actual titular de la cartera, José Antonio Gómez, ni su antecesor, precisamente Jorge Burgos, quisieron aclarar o referirse a los hechos, pese a las solicitudes de The Clinic. Sin embargo, en medio de esta conmoción y sin explicación pública, el coronel Fernando Grossi, jefe del Departamento Financiero del polémico Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), la unidad donde ocurrieron gran parte de estas irregularidades, fue promovido a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, liderada por el socialista Gabriel Gaspar, otrora líder del MAPU y asesor de Enrique Correa.

En ese marco, diversos oficiales del propio Ejército expresaron bajo anonimato a The Clinic su temor por la posibilidad de que estas operaciones no solo incluyan actos de enriquecimiento personal de algunos militares, sino también el financiamiento ilegal de campañas políticas e irregularidades en las operaciones de paz en Haití, apoyadas por Naciones Unidas. El mismo coronel Clovis Montero ratificó que es muy probable que uno de los proveedores involucrados en el desfalco, Raúl Fuentes Quintanilla, sea también “proveedor en las operaciones de paz”.

UNA MÁQUINA DE DEFRAUDACIÓN
Las operaciones fraudulentas fueron aprobadas al interior del Comando de Apoyo a la Fuerza, la unidad a cargo de revisar los desembolsos asociados a los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre, norma jurídica de carácter secreto que hasta hoy no puede ser conocida por la ciudadanía, relató Montero.

Para no dejar huellas, las defraudaciones habrían sido cometidas con los remanentes de las millonarias compras de armas, autorizadas por los ministerios de Hacienda y Defensa. “Los remanentes se utilizan (generan) por saldos no invertidos que los jefes de proyectos y del Comando de Apoyo a la Fuerza no controlan”, explicó el otrora hombre fuerte de las finanzas del Estado Mayor.

El uso de estos fondos, según el coronel Clovis Montero, “es arbitrario” y muchas veces se juntan saldos, destinando además estos recursos a gastos que no están autorizados por la Ley Reservada del Cobre, como vestimenta y viajes, según admitieron, además, diversos oficiales a la fiscal militar que investiga el caso, Paola Jofré.
En este punto los nombres se vuelven relevantes. Montero apuntó a The Clinic que los generales a cargo del Comando de Apoyo a la Fuerza desde 2011 fueron Antonio Cordero, Jorge Salas, Miguel Muñoz e Iván González. Ninguno fue interrogado por la Justicia Militar hasta agosto.

Al ahondar en el descontrol contable, Montero no tiene dudas de lo ocurrido. “No hicieron el trabajo o dejaron que las cosas sucedieran, ya que los tesoreros (del Ejército) no revisaban”, subrayó.

“Ningún organismo del Ejército revisa la Ley del Cobre. La orden fue del general (Jorge) Salas con (el coronel Fernando) Grossi en 2012”, ahondó Montero. “La orden era digitar solamente (las facturas), no revisar forma y fondo (de los pagos)”, insistió.

Ello explicaría en parte que el Ejército pagó cientos de millones de pesos contra facturas que ni siquiera estaban autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos. O que tenían orden por robo. O que pertenecían a sociedades con término de giro.

Pero el descontrol no solo atañe a los desembolsos, los que por ley ni siquiera pueden ser supervisados por la Contraloría General de la República, ni el Congreso, ni ninguna autoridad civil, a 25 años de iniciada la democracia.

Otra arista son los nulos estándares exigibles para convertirse en proveedor de los desembolsos secretos del Ejército. “Se deben cumplir mínimos requisitos que deben ser presentados a la Jefatura de Adquisiciones”, precisó el coronel Montero. “No hay control de calidad”, remató.

Coincidentemente, el propio Ejército reconoció a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados que las empresas involucradas en estas millonarias defraudaciones siguen operando como proveedores de la institución y ganando nuevas licitaciones, por las que siguen recibiendo pagos con fondos públicos que pertenecen a todos los chilenos.
Estas compañías son principalmente Raúl Fuentes Quintanilla, Inversiones Capellán, Waldo Pinto, Pedro Salinas, Frasim y Tajamar, la que fue creada en 2013 y emitió sus primeras facturas al Ejército por 142 millones de pesos, luego de ser aceptada como proveedor por el general Héctor Ureta.

Según Montero los fondos reservados del cobre suman hoy “aproximadamente 5.000 millones de dólares”, una montaña de dinero que por ley es gastada por las Fuerzas Armadas sin supervisión alguna de la Contraloría General de la República. “Nunca nadie revisa nada”, precisó Montero.

Esta cifra equivale a 17 veces lo que el gobierno destinará para la etapa inicial de la gratuidad universitaria, en medio de la contracción económica y el “realismo sin renuncia” invocado ante la ciudadanía por la presidenta Michelle Bachelet, para justificar el menor gasto social.

Este monto, hasta hoy desconocido y reservado, representa solo los recursos sin gastar de la Ley Reservada del Cobre y es independiente de los flujos que anualmente Codelco entregará en el futuro a las Fuerzas Armadas por el diez por ciento de sus ventas, acorde a la ley secreta 13.196.

Ya entre los años 2000 y 2015, ese aporte anual superó los 20.000 millones de dólares, según estadísticas oficiales de la cuprífera estatal. Es decir, 2,5 reformas Tributarias, capaces de financiar la construcción de 30 hospitales, dos mil colegios de excelencia y 100.000 viviendas sociales, por ejemplo.

EL ORIGEN DE UN CRIMEN
El coronel Clovis Montero no omitió su participación en los hechos. Incluso admitió que entre enero y marzo de 2014, “(el cabo Juan Carlos) Cruz me manifestó que la División de Mantenimiento (a cargo del general Héctor Ureta) necesita sacar unos dineros para unos gastos”.

En este punto, las versiones se contradicen entre los involucrados. Sin embargo, los hechos indesmentibles son que el coronel Montero consiguió en enero unas facturas ideológicamente falsas con la empresa Frasim, representada por Francisco Huincahue. Luego, el cabo Cruz falsificó las firmas de las órdenes de pago y la Tesorería del Ejército canceló raudamente lo solicitado.

Huincahue, tras retener el pago del IVA y quedarse con una comisión, devolvió la diferencia, unos 35 millones de pesos, al general Montero, en fajos de billetes. “En el Club Hípico, le entregué el dinero al empleado civil Danilo Alarcón y el cabo Cruz. Alarcón lo guardó en un maletín negro”, admitió Montero en el escrito enviado a The Clinic.
La operación fue repetida en marzo por un monto similar, pero el nuevo tesorero del Ejército, el coronel Samuel Poblete, detectó casualmente las firmas adulteradas en las órdenes de pago y la investigación estalló. Los 103 millones de pesos, inicialmente bajo sospecha, pronto escalaron a cifras inabarcables.

Montero, quien al momento de su participación en los hechos era miembro de la Contraloría del Ejército, prevé hoy que las operaciones fraudulentas suman “aproximadamente 6.500 millones de pesos”, unos diez millones de dólares.
Esta cifra, eso sí, abarca lo que la Justicia Militar investigó solo entre 2011 y 2014, pero las pericias indican que los desfalcos pudieron comenzar en 2008, como prueban las decenas de millones de pesos gastados por el cabo Cruz, entre 2008 y 2011, en los tragamonedas del casino Monticello. Hasta ahora nadie ha explicado por qué la investigación no incluye ese período.

Tampoco ninguna autoridad reveló cómo fue posible que el cabo Cruz gastara 2.400 millones de pesos en los tragamonedas del Monticello, según quedó registrado en la tarjeta platinum que el centro de diversiones le entregó al suboficial.

¿FAVORES A EX CNI?
El coronel Clovis Montero aseguró que las defraudaciones no solo ocurrieron con los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre. También hubo malversación con fondos del presupuesto regular y con los gastos reservados de la Comandancia en Jefe.

“Recuerdo un departamento que le compraron al teniente coronel (r) Emilio Neira, preso en Punta Peuco (por las muertes en Operación Albania). Estaba el general Óscar Izurieta como comandante en jefe y el general Carlos Cid en la DIFE (Dirección de Finanzas del Ejército)”, aseguró.

Montero añadió que las irregularidades abarcan otras áreas e incluyen hasta a los generales y sus familias. Como ejemplo, apuntó a los supuestos ilícitos cometidos con la compra de pasajes en avión adquiridos institucionalmente a Turismo Latrach y Turismo Costanera. “En estas empresas viajaban los generales en comisión de servicio. Los valores eran abultados y viajaban con las señoras”, precisó Montero en el escrito.

Pero eso no fue todo, según el coronel “a los generales les corresponde (viajar) en primera (clase) y con ese pasaje viajan con señora (pero además) el excedente del pasaje se lo devuelven a ellos”, ahondó.

Entre los supuestos involucrados, citó a los generales Jozo Santic e Iván González, con rutas a Estados Unidos y España, respectivamente.

Montero, además, apuntó a supuestas irregularidades cometidas en el Club Militar de Lo Curro. Argumentó que facturas endosadas a colaciones extraordinarias eran destinadas en verdad a financiar fiestas privadas de oficiales, con montos de “3.000.000 a 6.000.000” de pesos.

“El 2013 los generales del Edificio (Bicentenario) pagaron su almuerzo diario con facturas internas (a las) que les ponían colaciones extraordinarias”, afirmó. “Al general Bosco Pesse, jefe del Estado Mayor en 2013, le compraban todo en alimentos y lo hacían pasar como colaciones extraordinarias”, detalló.

Finalmente, al repasar los hechos y su vínculo a las irregularidades cometidas, el coronel Montero ya no tiene dudas de sus yerros y de los favores hechos a sus superiores. “No debí haber sido tan huevón, yo no necesitaba la plata”, sinceró a The Clinic, tras quince meses preso.