Morel Donoso Enrique

Antiguas declaraciones de Moren Brito coinciden con datos que maneja el juez Urrutia sobre la posible participación de un general de Ejército muerto el 2002, estrecho colaborador de Pinochet y quien, por macabra coincidencia, investigó y sobreseyó la causa por los Hornos de Lonquén. El testimonio del ex DINA vincula también al ex Intendente de Santiago, Rolando Garay.

La investigación que realiza el juez Juan Carlos Urrutia por la remoción de restos de detenidos desaparecidos enterrados en el Fuerte Arteaga -y presuntamente lanzados al mar- ha derivado hacia los autores intelectuales del delito, pesquisas en la que se avanza y, según adelantan cercanos a ellas, llegarían a nuevos procesamientos.

"Esto está recién comenzando", dijeron fuentes de tribunales tras conocerse de las encargatorias de reo dictadas por el magistrado contra los oficiales (r) Luis Fuenzalida Rojas y Hernán Canales Varas (quien fuera comandante del regimiento Tacna al momento de las remociones) y los suboficiales Eliseo Cornejo Escobedo, José Canario Santibáñez, y Darío Gutiérrez de la Torre, suboficiales.

Sin embargo, uno de los mencionados en la causa, y quien se podría haber constituido en hombre clave en la investigación, falleció en febrero del año pasado poco antes que la ministra en visita Amanda Valdovinos terminara su búsqueda de restos en el lugar mencionado y traspasara los datos obtenidos y la investigación por remociones al juez Urrutia.

Se trata del general Enrique Morel Donoso, uno de los hombres más cercanos a Augusto Pinochet. De hecho, fue su edecán entre 1973 y 1974 y las declaraciones que él brindó en el marco del proceso Caravana de la Muerte contribuyeron al desafuero del entonces senador vitalicio.

El año 78, cuando se produjeron las remociones en Fuerte Arteaga, Morel se desempeñaba como comandante de la Guarnición de Santiago, ostentando el cargo que, se presume, coordinó intelectualmente las acciones de remoción que les fueron encargadas a los jefes de las unidades militares de cada zona.

La historia de Morel Donoso contempla también la jefatura de Estado Mayor del Ejército y, paradójica o intencionalmente, haber sido el fiscal militar que investigó el hallazgo de restos humanos en los hornos de Lonquén el año 74 luego de la contienda de competencia que significó la salida del caso del ministro Adolfo Bañados.

La investigación sobre el encuentro de los cadáveres de ejecutados -hecho que precisamente habría provocado las remociones de restos que se efectuaron posteriormente a fin de evitar situaciones similares- fue sobreseída por el general hoy fallecido.

El nombre de Enrique Morel Donoso apareció mencionado en este tipo de hechos en el proceso por la muerte de Manuel Recabarren Rojas, dirigente del PC detenido el año 76. En esta causa compareció el 27 de junio de 1985 coronel (r) Marcelo Moren Brito, quien se sindicó como la persona que, a finales de los años 70, informaba al general Enrique Morel Donoso sobre "los supuestos desaparecidos".

Moren Brito testimonió ante la justicia que era el general Rolando Garay, a la época de los hechos Intendente de Santiago, quien pedía a Morel Donoso la información sobre desaparecidos y que él, el coronel, debía efectuar las consultas a Investigaciones, la CNI y otros organismos a fin de entregárselas a su superior.

Los antecedentes allegados a la investigación que realiza hoy el juez Urrutia ratifican aquellos dichos de Moren Brito, las que revelan que el avance de las indagatorias "hacia arriba" apuntan necesariamente a Garay.

Entre otras personas que debieran tener claridad respecto a qué fue lo que ocurrió en el proceso de remoción de cuerpos que se produjo a partir del año 1978, se encuentra el general (r) Odlanier Mena, ex director de la CNI.

Este, a fines del año 2000, dio dos entrevistas en las cuales habló por primera vez de las exhumaciones y la orden de los comandantes de unidades de efectuar catastros en todo el país para "saber qué personas podrían estar sepultadas y cómo resolver a futuro el problema de la entrega de estos cuerpos", dijo entonces al vespertino La Segunda.

La operación “Retiro de Televisores” fue la solución que dio Augusto Pinochet para encubrir las matanzas ocurridas a lo largo de Chile tras el golpe de Estado. Esta cruel decisión fue tomada por él y la Junta Militar tras el descubrimiento de los cuerpos de 11 campesinos y 4 jóvenes de Isla de Maipo, en los hornos de Lonquén.

Era el penúltimo día de noviembre de 1978, cuando el horror emergió de unos hornos de cal abandonados en la localidad de Lonquén, a pocos kilómetros de Santiago. La denuncia había llegado a la Vicaría de la Solidaridad de boca de un campesino que hurgaba la tierra buscando a un hijo detenido desaparecido. Primero fue un secreto sólo conocido por el Cardenal Silva Enríquez, el Vicario de la Solidaridad Cristián Precht y un grupo reducido de colaboradores de la Vicaría de la Solidaridad, luego una cruda realidad sobre el destino que habían tenido 15 personas detenidas que se encontraban desaparecidas hasta ese momento.

La noticia de este hallazgo inquietó a Pinochet, no figuraba en su agenda. Él tenía claro que los desaparecidos no se habían escapado del país, que no andaban por el mundo desprestigiando a la dictadura militar. Sabía que tras cada detenido desaparecido estaba su mano, así que llamó a una reunión de emergencia a la Junta Militar para buscar una solución rápida y prevenir posibles descubrimientos casuales de inhumaciones a lo largo del país.

Era un verano caliente para la dictadura. El descubrimiento de cuerpos inhumados en forma clandestina y su rápida difusión en la prensa internacional, se sumaba a las fuertes presiones del gobierno norteamericano para extraditar a Manuel Contreras y Pedro Espinoza por el atentado terrorista en Washington contra Orlando Letelier, debilitando aún más su posición en el plano internacional en momentos que enfrentaba una grave crisis limítrofe con Argentina.

Ese año, las presiones de la Casa Blanca por el atentado en Washington habían obligado a Pinochet a tomar la decisión de terminar con la DINA, pero no podía quedarse sin un servicio de inteligencia que respondiera a sus intereses. Así, el 12 de agosto, promulgó dos decretos con Fuerza de Ley: el 1876 que terminaba con la DINA y el 1878 que creaba la Central Nacional de Informaciones. Para que todo estuviera en regla asciende a general de la República a Manuel Contreras, completando los requisitos que exigía el cargo de director de la naciente CNI. Las presiones norteamericanas siguieron, al igual que las investigaciones, por lo cual Pinochet decide retirar a su leal servidor y buscar a un general que le diera garantías a él y a los norteamericanos. El elegido fue el general en retiro Odlanier Mena.

Odlanier Mena era un hombre de la Inteligencia Militar, que se había ido a retiro tras intensas peleas con el director de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda. Pinochet, para tranquilizarlo, le había dado el cargo de embajador en Uruguay, plaza no despreciable para un general en retiro, puesto que estaba cerca de casa y no había conflictos, ni sobresalto con la dictadura cívico–militar de José María Bordaberry, aliada de la dictadura militar chilena.

El 3 de noviembre de 1977, Contreras es llamado a retiro y reemplazado por el general Odlanier Mena. No fue fácil el cambio. Contreras había acumulado mucho poder y ascendiente sobre su gente, que gracias a la impunidad reinante se habían ganado la fama de inescrupulosos entre sus pares. Mena estuvo reticente cuando lo solicitaron para el cargo y se lo expresó a Pinochet. El argumento más contundente fue que no podía asumirlo por ser un general en retiro y la ley creada decía expresamente que su director debía ser un general en servicio activo. Pinochet, demostrando su poder, le respondió que no había problemas, que dispondría inmediata- mente un cambio donde se dijera que el director podría ser un general en servicio activo o en retiro.

En eso estaba en diciembre de 1978, cuando concurrió a la oficina de Pinochet para que le firmara varios documentos. A la entrada se encontró frente a frente con el general Mendoza que salía muy perturbado de la oficina. No alcanzaron a saludarse, sólo escuchó “Odlanier, estamos discutiendo sobre el hallazgo de Lonquén y la enorme conmoción pública que este hecho produjo en el país. Me han ordenado que presente un informe detallado porque esta situación yo mismo la desconocía”.

Sorprendido, entreabrió la puerta y vio que estaban el almirante Merino, el general Leigh y Pinochet discutiendo. En ese momento, un edecán lo hizo pasar. Lo saludaron sin tomar demasiado en cuenta su presencia y siguieron realizando comentarios, analizando posibles escenarios y buscan- do la forma de encubrir los crímenes.

Mena escuchaba atento en una esquina de la mesa. En algún momento surgió la idea de disponer de las instituciones para realizar “la búsqueda de cementerios clandestinos a lo largo del país” con el fin de borrar toda huella del actuar criminal. La idea encerraba una visión aterradora, era un doble crimen: tras la muerte, la desaparición.

La Operación

A pesar de la detallada descripción que Mena hace de esa reunión a la justicia, respondió no tener más antecedentes sobre el destino que tuvo la idea de la búsqueda de “cementerios clandestinos”. Fue el ministro Juan Guzmán quien logró esclarecer el curso que tuvo esa reunión y como se había ordenado la remoción de fosas a través de la “Operación Retiro de Televisores”.

El año 2004, el juez Guzmán y el Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones recibieron el testimonio de un suboficial de Inteligencia que señalaba haber recibido un criptograma categoría A–1 –nomenclatura que determina el nivel de urgencia y secreto de la misión– mientras estaba en el Regimiento Húsares de Angol, el año 1979.

El relato sin pausa detallaba datos y situaciones que hablaban del con- texto de la época y comenzaba a dar cuerpo a una serie de vacíos que habían quedado tras la apertura de fosas en Liquiñe y otros puntos del país.

Según su declaración, por la categoría del criptograma había corrido a la máquina decodificadora para descifrarlo. Cuando lo pudo leer, al ver que provenía del propio general Pinochet, lo llevó en forma inmediata a la ofi- cina del comandante del regimiento. Fue tanta su impresión que no olvidó su texto y como si recién lo leyera le dijo al Juez que, “ordenaba desenterrar todos los cuerpos de prisioneros políticos ejecutados en la jurisdicción del regimiento y hacerlos desaparecer”.

 El texto del criptograma agregaba que, si se encontraba algún cuerpo tras esa operación de limpieza en la zona, pasarían a retiro los oficiales a cargo de la misión.

Masacre de Mulchén

La orden comenzó a ejecutarse en el Regimiento Húsares, pero su comandante recordó que la matanza de 18 campesinos cerca de las Ternas de Pemehue no estaba en su jurisdicción y llamó al Regimiento de Infantería de Montaña Reforzada Nº 17 de Los Ángeles para comunicarles la orden que habían recibido.

Al día siguiente llegaron hasta el Regimiento de Infantería de Montaña Nº 17 tres suboficiales del Departamento II de la III División de Ejército, con asiento en Concepción. Todos habían pasado por cursos en la Escuela de las Américas y tenían especialidades en guerra contrainsurgente.

Organizaron un equipo de ocho personas conformada por oficiales y suboficiales que se dirigieron a la zona de las Termas de Pemehue. Iban en dos vehículos, premunidos de picotas, palas, chuzos y unas bolsas negras. Previamente habían establecido un contacto con el pariente de un militar para que los guiara al lugar donde debían estar los cuerpos.

La tarea fue fácil, la tierra húmeda les permitió llegar a los cuerpos, que estaban a sólo 50 centímetros de profundidad. Algunos conservaban los restos de sus humildes ropas, que se fueron destrozando a medida que eran sacados, dejando pequeñas huellas del crimen en los trozos de telas y botones que quedaron en la tierra.

En total fueron exhumados 12 cuerpos. Las bolsas fueron subidas a los vehículos y se enfilaron rumbo a Concepción. El lugar escogido para poner fin a la tarea fue un horno de ladrillo del Departamento II. Uno a uno fueron lanzando los cuerpos para ser calcinados, al igual que lo habían hecho los nazis durante la II Guerra Mundial.

Entre los relatos está la referencia a un oficial que les comentó, mientras excavaban la tierra en busca de los cuerpos, que había aprendido a incinerar cadáveres en un curso que había realizado en Alemania. Les dio escabrosos detalles, como que se debía preparar una parrilla grande para depositar los cuerpos y prender bajo ella abundante leña, agregando en forma permanente petróleo. Aconsejándoles que había que quemarlos hasta que se convirtieran en cenizas.

 La masacre de Mulchén ocurrió entre el 5, 6 y 7 octubre de 1973 en los fundos El Morro, Carmen y Maitenes y Pemehue. Al atardecer del 5 de octubre de 1973 llegó la patrulla hasta el fundo Los Morros. Traían una lista con nombres de campesinos. Los llamaron a viva voz y se fueron entregando sin emitir queja: Juan de Dios Laubra Brevis, 26 años; Domingo Antonio Sepúlveda Castillo, 29 años; José Edmundo Vidal Aedo, 20 años; Celsio Nicasio Vivanco Carrasco, 26 años, y José Florencio Yáñez Durán, 34 años. Todos fueron amarrados con alambres, golpeados, torturados y llevados hasta la orilla del río Renaico para ser ejecutados.

Al día siguiente subieron hasta el fundo Carmen y Maitenes buscando a 8 campesinos: Miguel del Carmen Albornoz Acuña, 20 años; Daniel Alfonso Albornoz González, 28 años; Alejandro Albornoz González, 48 años; José Guillermo Albornoz González, 32 años; Luis Alberto Godoy Sandoval, 23 años; Manuel Florencio Rubilar Gutiérrez, 25 años; José Liborio Rubilar Gutiérrez, 28 años, y José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, 33 años.

Todos fueron trasladados hasta la casa patronal. Ahí fueron sometidos a violentos golpes, hasta que entre burlas y risas el teniente Concha Maturana los hizo jugar al circo romano, donde se golpearían unos a otros y los perdedores caerían bajo las balas. Siete fueron ejecutados fríamente, haciéndoles cavar su propia tumba y obligándolos a recostarse boca abajo en su interior para dispararles por la espalda. El único que no fue ejecutado ese día fue José Guillermo Albornoz González, a quien ataron a un coloso.

La última parada fue en el fundo Pemehue. Ahí sacaron de sus casas a Felidor Exequiel Albornoz González, 33 años; Alberto Albornoz González, 41 años, José Fernando Gutiérrez Ascencio, 25 años; Jerónimo Humberto Sandoval Medina, 22 años, y Juan de Dios Roa Riquelme, 35 años. Aquí repitieron el mismo sadismo que habían desplegado en el fundo Carmen y Maitenes.

A la mañana siguiente, el sargento del Ejército Luis Díaz Quintana se dio cuenta de que José Guillermo Albornoz González aún estaba amarrado al coloso. Se acercó y vio que estaba con vida, a pesar de las heridas sangrantes, la mandíbula fracturada, sin haber comido en dos días, tumefacto por el agua nieve caída y sin agua. Junto al carabinero Jacob del Carmen Ortiz Palma lo llevaron hasta las orillas del río Renaico y lo asesinaron.

Como en todas las matanzas ocurridas en las zonas campesinas, el terror se apoderó de la comunidad, se impuso la ley del más fuerte y los familiares de las víctimas quedaron expuestos a la arbitrariedad. Algunos alcanzaron a dar sepultura a sus muertos, otros no se atrevieron a buscar los cuerpos por temor. Impedidos por el temor que inspiraban los dueños de los fundos, no se atrevieron a rescatar los cuerpos, ni pensaron que la maldad llegaría hasta la eliminación de cualquier vestigio de la vida de sus familiares.

Los responsables de estos atroces crímenes son el teniente de carabineros de Mulchén, Jorge Maturana Concha, los carabineros Osvaldo Díaz Díaz, alias “Alicate”, y Héctor Guzmán Saldaña. Junto a ellos participaron varios civiles, entre los que se encuentran Romualdo Guzmán Saavedra, Francisco Urrizola Elías, Ramón Elías Abella, Aquiles Guzmán Fritz, Carlos Lehman y un sargento del Regimiento de Montaña Reforzada Nº 17.

Regimiento Buin

Al igual que en el Regimiento Húsares de Angol, en diciembre de 1978, el Departamento II del Regimiento Buin recibió un mensaje encriptado desde la Comandancia en Jefe. Más de 20 años después, el teniente Pedro Andrés Rodríguez Bustos declaraba ante el juez Juan Guzmán que el mensaje venía firmado por Augusto Pinochet y tenía órdenes precisas “de reunir a los oficiales y suboficiales que hubiesen estado sirviendo en esas unidades entre los años 1973 y 1974. Dicha reunión debería tratar de obtener de ese personal la información que tuviesen respecto al paradero de los cuerpos de personas ejecutadas y enterradas al interior de unidades militares o, en este caso específico, en el campo militar de Peldehue, atendiendo que ese campo iba a traspasar parte de sus terrenos a la Compañía Minera Andina y, por lo mismo, debía saberse si en dichos terrenos se encontraban inhumaciones clandestinas, ya que de ser así se requería la exactitud de los lugares para proceder a la exhumación y eliminación de los cadáveres.”

Más tarde ratificaría sus dichos, señalando que la orden provenía de la Segunda División de Ejército, a cargo del general Enrique Morel Donoso, y que fue remitida a todas las guarniciones del país. Detalló la forma en que se realizó la entrega de información, por parte de quienes sabían de las inhumaciones de ejecutados políticos, e hizo énfasis en el carácter secreto que tuvo todo el proceso, mencionando a dos oficiales que se presentaron a entregar información ante el comandante Mario Navarrete Barriga: Juan Ibáñez y Jorge Aguilar.

A pesar de lo concluyente de su declaración, fue desestimada en su momento por considerarla que podía ser una operación de inteligencia. Sólo el 2004 se concluiría que la “Operación Retiro de Televisores” fue una decisión pensada y decidida a los más altos niveles con el fin de ocultar las matanzas tras el golpe de Estado de 1973.

Fuerte Arteaga

El año 1999, mientras Augusto Pinochet se encontraba detenido en Londres, el gobierno de Eduardo Frei convocó a diferentes sectores a participar de una Mesa de Diálogo que permitiera recabar información sobre el destino de las víctimas del régimen militar que se encontraban como detenidas desaparecidas. En ella participaron abogados de derechos huma- nos, representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, representantes de las diferentes religiones existentes en el país, académicos y representantes de gobierno. Las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de derechos humanos se negaron a participar por considerar que esta instancia era un salvavidas a Augusto Pinochet.

El trabajo terminó el 13 de junio de 2000, con la entrega del documento de los acuerdos alcanzados al Presidente Ricardo Lagos. En él se reconocía las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar por todos quienes participaron en la Mesa, se establecía un rechazo absoluto al uso de la violencia como método de acción política y un compromiso como sociedad para generar las condiciones que condujeran a la reconciliación, facilitando, de ese modo, la entrega de información sobre el destino de los detenidos desaparecidos.

En enero de 2001, las Fuerzas Armadas entregaron un informe que daba datos sobre el destino de 200 detenidos desaparecidos supuestamente lanzados al mar, ríos o alta cordillera. De ellos, 180 figuraban con nombres, apellidos y la fecha de su muerte. Al Presidente Lagos se le entregó un informe que contenía 45 casos de detenidos desaparecidos cuyos datos contenían coordenadas y mapas de su ubicación, lo que hacía presumir que esos restos serían encontrados rápidamente.

Esta compleja situación causó conmoción pública, puesto que era el reconocimiento de la existencia de información sobre el destino de los detenidos desaparecidos al interior de las Fuerzas Armadas; a eso se suma- ba la ansiedad de muchos familiares que esperaban tener respuesta sobre sus seres queridos. Ante esta situación, el presidente de la Corte Suprema, Hernán Álvarez, decidió nombrar ministros en visita para esclarecer el des- tino de los detenidos desaparecidos.

En este marco se designó a la jueza Amanda Valdovinos para que investigara la información sobre la existencia de una caverna con 20 cráneos de detenidos desaparecidos en el Fuerte Arteaga y zonas aledañas al predio que rodea a este recinto militar.

Los relatos surgidos hablaban de exhumaciones y traslados de restos a las laderas de la cadena de cerros El Talhuenal. Ahí la ministra centró su trabajo de investigación, junto a un equipo de antropólogos forenses. Las informaciones que mencionaban de manera recurrente el “rincón de los finados” para referirse a una determinada zona del recinto militar, donde se habían enterrado restos sacados de otros lugares, la llevó a determinar que no todos los restos exhumados se habían lanzado al mar y así lo informaba a la Corte Suprema.

En marzo de ese mismo año, las investigaciones en los terrenos del Fuerte Arteaga de Peldehue dieron resultado. En la Quebrada de los Ratones fueron encontrados los restos de Luis Rivera Matus, dirigente sindical comunista detenido a la salida del edificio de Chilectra el 6 de noviembre de 1975, por hombres de civil que pertenecían al Comando Conjunto Antisubversivo. Su nombre aparecía en el informe de las Fuerzas Armadas como lanzado al mar frente a las costas de la zona central.

Esto significó un nuevo descrédito de las Fuerzas Armadas, se las señalaba de entregar una lista cargada de inexactitudes, provocando nuevas heridas entre los familiares de detenidos desaparecidos.

Los hallazgos de la ministra dieron origen a más información que ter- minó con los procesamientos de los generales (r) de la Fuerza Aérea Freddy Ruiz Bunger y Carlos Madrid Hayden, el mayor (r) de Ejército Álvaro Corbalán Castilla y el oficial (r) del DINE –Dirección de Inteligencia del Ejército– Sergio López Díaz.

El año 2004, el Ministro de la Corte de Apelaciones con dedicación especial para casos de derechos humanos Joaquín Billard condenó a 600 días de presidio al general (r) Freddy Ruiz Bunger y a Carlos Madrid Hayden, como encubridores de secuestro calificado en la persona de Luis Rivera Matus. Al mayor (r) de Ejército, Álvaro Corbalán Castilla, y al oficial (r) de Inteligencia del Ejército, Sergio López Díaz, los condenó a 10 años de presidio como autores del secuestro calificado de Luis Rivera Matus. Tres años después, la Corte Suprema rebajó las penas dejando sólo con cumplimiento de condena efectiva a Álvaro Corbalán Castilla.

La Moneda

Cuatro meses después de iniciada la búsqueda en el Fuerte Arteaga, las investigaciones comenzaron a dejar en evidencia lo que había sucedido más de veinticinco años antes con los detenidos el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda.

Se excavó una gran fosa en el área norte de la zona de campaña y se recuperaron más de 500 piezas óseas, que correspondían a fragmentos de extremidades, dientes, trozos de cráneo y otras partes de cuerpos humanos, además de material de guerra y pedazos de vestimentas. En estos restos estaba el último trozo de historia de 12 de los 20 detenidos el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda.

La jueza Valdovinos emitió un concluyente informe a la Corte Suprema. En él se hablaba de la violencia e irracionalidad que había dominado en estas muertes. Indicaba, que al observar los restos encontrados en el área de la fosa se podía “concluir en forma categórica el uso de explosivos del tipo granadas para destruir los cuerpos”, por las incrustaciones de restos óseos que habían quedado en las paredes del pozo. También se refería a las huellas de maquinaria pesada en la exhumación de cuerpos.

El junio de 2002, la Corte Suprema decidió reestructurar las investigaciones de causas por violaciones a los derechos humanos y nombró a cargo del caso Fuerte Arteaga al juez Juan Carlos Urrutia, del Quinto Juzgado del Crimen. A partir de los fragmentos óseos se inició la investigación por exhumación ilegal.

Uno de los testigos fundamentales en esta investigación fue el suboficial Eliseo Cornejo Escobar, quien participó en las ejecuciones de los detenidos de La Moneda y cinco años más tarde guió la búsqueda en las excavaciones para exhumar los restos, en el marco de la “Operación Retiro de Televisores”.

Ese 23 de diciembre de 1978, la supervisión de las faenas estuvo a cargo del comandante del Regimiento Tacna Hernán Canales Varas. De acuerdo a los relatos, eran cerca de las 10:00 horas cuando Eliseo Cornejo marcó el lugar exacto donde se habían enterrado los detenidos el 13 de septiembre de 1973. Una pala mecánica comenzó a cavar el pozo seco hasta llegar a los seis metros de profundidad, ahí apareció una barra de fierro que Cornejo de inmediato identificó. La pala comenzó a trabajar lentamente hasta que apareció el primer cuerpo. Los cuerpos estaban casi intactos, gracias a la tierra arcillosa que impidió la penetración de oxígeno y el consiguiente proceso de descomposición orgánico. Los cuerpos fueron sacados en forma manual para que no se desarmaran, a pesar de ello, pequeños fragmentos fueron quedando en la tierra, como negándose a desaparecer del todo. Luego sacaron los restos y los subieron a un camión Unimog. En total fueron 12 sacos y todos fueron transportados hasta unos estacionamientos frente a la carretera San Martín.

Cerca de las 22:00 horas llegó el helicóptero del Comando de Aviación del Ejército, a cargo del entonces coronel Fernando Darrigrandi. Estaba piloteado por Emilio de la Mahotiere González, Luis Felipe Polanco y Antonio Palomo Contreras, el mismo trío que llevó al helicóptero Puma en la Caravana de la Muerte. El aparato se posó cerca de donde estaban los sacos, rápidamente fueron subidos y el helicóptero partió.

Al igual que en los casos anteriores, la “Operación Retiro de Televisores” se había concretado silenciosa y oportunamente. Se cumplía la orden del Comandante en Jefe del Ejército.

Era la concreción de un crimen para ocultar otro, que se había inicia- do el día 12 de septiembre de 1973, con la llegada de Pedro Espinoza al Regimiento Tacna. El oficial de Inteligencia llevaba un sobre que contenía órdenes precisas de la Comandancia en Jefe del Ejército al comandante del Regimiento Tacna, Luis Ramírez Pineda. En ellas se sentenciaba a muerte a las personas detenidas en La Moneda y se disponía que se los trasladara hasta Peldehue para dar cumplimiento a la orden.

Ramírez Pineda había dado órdenes de aplicar el máximo de brutalidad contra los detenidos que llegaron esa tarde del 11 de septiembre. En esos hombres amarrados y exhaustos depositaba todo su odio contra los marxistas. Eran 49 detenidos, al día siguiente se ordenó liberar a 17 funcionarios de Investigaciones y a otros los separaron, dejando reducido a 21 personas el grupo de La Moneda.

El día 13, a primera hora, se estacionó un camión frente a las barracas donde estaban los prisioneros. Lista en mano los fueron sacando de las caballerizas, los amarraron con alambres y con violencia los lanzaron al camión. Entre los 21 estaban Jaime Barrios Meza, Sergio Contreras, Daniel Escobar Cruz, Enrique Huerta Corvalán, Claudio Jimeno Grendi, Jorge Klein Pipper, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Enrique Paris Roa, Eduardo Paredes Barrientos, Julio Moreno Pulgar, Héctor Pincheira Núñez, Arsenio Poupin Oissel, Julio Tapia Martínez, Héctor Urrutia Molina, Oscar Valladares Caroca, Juan Vargas Contreras, Luis Rodríguez Riquelme, José Freire Medina y Luis Avilés Jofré, quien había llegado al Palacio de La Moneda a apoyar al gobierno.

El camión se enfiló hacia el norte, custodiado por vehículos militares y seguidos por la atenta mirada del, entonces, coronel Pedro Espinoza Bravo, que viajaba en uno de los vehículos de la columna. Espinoza era un alto oficial de Inteligencia del ejército, cuyo rol en la represión post golpe fue determinante. Él se encargó de supervisar las principales operaciones de exterminio cometidas a lo largo del país, por orden del Estado Mayor de la Inteligencia.

A la llegada se dirigieron inmediatamente hasta un pozo seco que es- taba junto a una construcción. Ahí montaron una ametralladora que era manejada por el teniente Jorge Herrera López y comenzaron a bajar a los detenidos, llamándolos por sus nombres. Sin queja y mirando de frente enfrentaron la muerte parados en el borde del pozo los 21 hombres. Enfrentaron solos los sonidos sordos de las balas que retumbaron en la soledad de los cerros. Cuando cayó el último detenido, se dio la orden de tirar granadas para que las paredes del pozo cayeran, cubriendo así el crimen.

El proceso

La Causa ha tenido un largo tránsito en la justicia. Desde que la jueza Amanda Valdovinos inició la investigación sobre inhumaciones ilegales, hasta el presente, la investigación ha estado en las manos del juez del Quinto Juzgado del Crimen, Juan Carlos Urrutia; el Ministro de la Corte de Apelaciones Alejandro Madrid Crohare; el Ministro Especial para causas de derechos humanos Juan Fuentes Belmar y actualmente se encuentra en manos del Ministro de la Corte de Apelaciones Miguel Vásquez Plaza.

De las 21 víctimas, sólo se ha logrado identificar a 11 detenidos desaparecidos a través del trabajo de identificación de restos y a los análisis genéticos realizados por el Laboratorio de la University of North Texas, Estados Unidos, los que incluyeron peritajes a las muestras óseas de las víctimas y pruebas comparativas a las muestras sanguíneas donadas por las familias.

Actualmente se encuentran procesados el general(r) Luis Ramírez Pineda como autor de homicidio calificado de 11 personas detenidas en La Moneda el 11 de septiembre de 1973 y trasladados al Regimiento Tacna, donde era comandante. También se tramita en la justicia argentina la ampliación de la extradición, porque inicialmente fue solicitada por los cargos de secuestro calificado de 11 personas y en la actualidad se encuentra procesado por homicidio calificado y al cambiar la figura legal, se requiere solicitar al país que da la extradición un cambio de ella.

La resolución afectaba a otros ocho miembros en retiro del Ejército confesos de haber participado en los secuestros de Jaime Barrios Meza, Daniel Escobar Cruz, Enrique Huerta Corvalán, Claudio Jimeno Grendi, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Moreno Pulgar, Arsenio Poupin Oissel, Julio Tapia Martínez, Oscar Valladares Caroca y Juan Vargas Contreras.

Los ocho procesados como autores del delito de secuestro calificado eran el coronel(r) de Ejército Servando Maureira Roa, el mayor(r) de Ejército Jorge Iván Herrera López, el Brigadier (r) de Ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo, los suboficiales(r) de Ejército Eliseo Antonio Cornejo Escobedo, Jorge Ismael Gamboa Álvarez, Teobaldo Segundo Mendoza Vi- cencio, Juan de la Cruz Riquelme Silva y Bernardo Eusebio Soto Segura.

Escuela de Artillería de Linares

El mismo documento con carácter secreto que recorrió los cuarteles a comienzo de 1979 llegó a la Escuela de Artillería de Linares. Sin dudarlo, el director de la Escuela de Artillería de Linares, teniente coronel Patricio Gualda Tiffani, ordenó formar un equipo especial para desenterrar los cuerpos y dejó encargado de esta misión al capitán Mario Gianotti Hi-dalgo. Este eligió a dos oficiales, entre los que se encontraba el teniente

 Hernán Véjar Sinning, y dos suboficiales para cumplir la misión. A ellos se sumó un suboficial de Inteligencia de la III División de Ejército que había llegado junto a otros dos miembros de esa repartición a supervisar que se cumpliera la orden.

Premunidos de palas y picotas cavaron en distintos lugares al interior del Regimiento, finalmente, encontrando dos cuerpos que estaban sin ropas. Luego de meterlos en bolsas los dejaron a buen recaudo al interior del Regimiento, y partieron a la ciudad de Constitución a buscar un entierro clandestino que se encontraba en una cueva de la desembocadura del río Maule. Las permanentes subidas del río y las mareas habían cambiado un poco la fisonomía del terreno, por lo que les costó dar con el lugar exacto. Finalmente encontraron tres cráneos, concluyendo que era el lugar que buscaban. Los desenterraron, los pusieron en bolsas y volvieron a la Es- cuela de Artillería.

Con la primera etapa de la misión cumplida, fueron a buscar un tambor metálico, le pusieron petróleo, luego metieron los cinco cuerpos, volvieron a regarlos con petróleo y les prendieron fuego. Los restos de cinco detenidos desaparecidos quedaron convertidos en cenizas y se concretaría el doble crimen.

En abril de 2003 el ministro Alejandro Solís había iniciado las investigaciones en la zona del Polígono General Bari, que de acuerdo a los datos entregados por un ex conscripto había existido una fosa común con los cuerpos de los detenidos desaparecidos de la zona. Las diligencias no dieron resultado y sólo se encontraron algunas huellas de posibles entierros en el lugar.

En 2008 el Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís, dictó sentencia y fijó condenas de 15 años y un día para cinco inculpados, y 10 años y un día para un sexto inculpado por las desapariciones de María Isabel Beltrán Sánchez, José Gabriel Campos Morales, Anselmo Cancino Aravena, Héctor Hernán Contreras Cabrera, Alejandro Róbinson Mella Flores, Arturo Enrique Riveros Blanco, Jaime Bernardo Torres Salazar, José Alfonso Saavedra Betancourt y Jorge Bernabé Yáñez Olave, detenidos entre septiembre de 1973 y febrero de 1974.

El 27 de abril de 2011 la Corte Suprema rebajó las penas dictadas por el ministro Solís, absolviendo al general(r) Gabriel del Río Espinoza, condena- do por la desaparición de cinco personas, y condenando a cinco años y un día de prisión con el beneficio de la libertad vigilada al coronel(r) del Ejército, Juan Hernán Morales Salgado, y al teniente coronel de Ejército, Claudio Abdón Lecaros Carrasco, por la desaparición de María Isabel Beltrán, José Gabriel Campos, Anselmo Antonio Cancino y Alejandro Róbinson Mella.

A cinco años y un día de prisión con el beneficio de la libertad vigilada fueron sentenciados el suboficial(r) de Ejército, Antonio Aguilar Barrientos, por cuatro secuestros calificados, y el coronel(r) de Ejército, Antonio Cabezas Salazar, por tres secuestros calificados.

El general(r) Humberto Lautaro Julio Reyes, quien fue subsecretario de Relaciones Exteriores durante la dictadura militar, fue condenado a tres años de prisión con beneficio de la remisión condicional, quedando en libertad vigilada.

Esta era una de las pruebas más contundentes que se tenía para demostrar que Pinochet conocía las atrocidades ocurridas durante su mandato. Nadie crea un mecanismo tan perverso para ocultar crímenes si no está directamente implicado.

Chihuío

El 9 de octubre de 1973, los lugareños de Chihuío pensaban que lo peor del periodo había pasado. Habían corrido como reguero las detenciones de trabajadores en Neltume y la violencia que carabineros de Llifén había desatado entre los campesinos de Chabranco, Arquilme y Curriñe.

Ese día partió una patrulla en siete vehículos y conformada por 90 mili- tares bien armados y pertrechados a la zona precordillerana, donde sólo vivían trabajadores pobres de la Empresa Maderera Panguipulli. Eran del Regimiento de Caballería Blindada Nº 2 Cazadores de Valdivia, comandado por el general (r) Santiago Sinclair, quien posteriormente fue miembro de la Junta Militar y senador designado al inicio de la transición a la democracia. A cargo estaba el comandante de escuadrón Luis Osorio Gardasanich, los oficiales Patricio Keller, Lautaro Ortega, Marcos Rodríguez Olivares y Luis Rodríguez Rogorrichi. A cargo de la unidad especial estaba el teniente Cristián Labbé Galilea.

La patrulla recorrió los poblados y caseríos de la zona, leyeron nóminas con nombres y procedieron a detenerlos. En este periplo de muerte participó activa y entusiasta el dueño del fundo Chihuío, Américo González Torres.

 Sin ninguna vergüenza, pidieron a los lugareños alambres y yuntas de bue- yes pasa arrastrar a los vehículos que se habían quedado pegados en el barro.

En la oficina de administración de Curriñe, del Complejo Maderero Panguipulli, torturaron a algunos detenidos, mientras una patrulla subía   a detener trabajadores al aserradero Folilco. Su última parada fue en Chabranco, allí detuvieron a los últimos trabajadores.

Con su carga partieron hasta la casa patronal del fundo Chihuío, donde se ensañaron con los trabajadores. Según un testimonio recibido por la Comisión Rettig, a simple vista no había impactos de balas, sino muestras de cortes, degüellos, cercenamiento de miembros, y otras huellas de tormentos imposibles de describir.

A la mañana siguiente, un lugareño vio que había unos cuerpos tapados con ramas y troncos, reconociendo a algunas de las víctimas como trabaja- dores de la zona. Los cadáveres permanecieron cerca de 15 días al aire libre y luego fueron enterrados.

Eran 17 trabajadores de la zona: Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, José Orlando Barriga Soto, José Rosamel Cortés Díaz, Rubén Neftalí Durán Zúñiga, Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, Eliecer Sigisfredo Freire Ca- amaño, Narciso Segundo García Cancino, Juan Walter González Delgado, Daniel Méndez Méndez, Sebastián Mora Osses, Pedro Segundo Pedreros Ferreira, Rosendo Rebolledo Méndez, Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, Carlos Vicente Salinas Flores, Manuel Jesús Sepúlveda Rebolledo, Rubén Vargas Quezada y el menor de edad, Fernando Adrián Mora Gutiérrez, que al ayudar a sacar un vehículo militar del barro vio que su padre iba entre los detenidos, preguntando a los militares a dónde lo llevaban. Ellos le respondieron que si quería ir con su padre subiera al vehículo y así lo hizo. A fines de 1978, un operativo militar volvió a Chihuío y desenterró los cuerpos de los 17 campesinos para tirarlos al mar. La fosa con los restos óseos del desentierro fue hallada el 17 de junio de 1990 por un grupo de familiares y amigos de detenidos desaparecidos.

Los primeros días de julio de 2011, el director del Instituto Médico Le- gal, Patricio Bustos, dio a conocer los nombres de las primeras cinco personas identificadas, Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, 46 años a la fecha de su muerte, obrero agrícola; Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, 42 años a la fecha de su muerte, obrero agrícola; Daniel Méndez Méndez, 42 años, obrero agrícola y dirigente campesino; Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, 24 años, jefe de fábrica y militante del Partido Socialista; y Manuel Jesús Sepúlveda Rebolledo, 28 años, obrero maderero. El 15 de julio la directora del Servicio Médico Legal de Valdivia, Patricia Benhe, entregó los pocos restos óseos a las familias para que les dieran sepultura.

Las identificaciones se realizaron con los fragmentos encontrados en la fosa clandestina, donde fueron arrojados los cuerpos y después removidos para arrojarlos al mar, en el marco de la llamada “Operación Retiro de Televisores”.

En enero de 2011 la Corte Suprema condenó a 10 años y un día al coronel (r) del Ejército Luis Osorio Gardasanich, como autor del delito de homicidio calificado de 17 personas, entre ellos un menor de edad.

El oficial (r) de Carabineros Luis Eduardo Osses Chavarría fue conde- nado a 3 años y un día de prisión, por su calidad de cómplice de 4 secuestros. El civil Bruno Esteban Obando Cárdenas fue absuelto por no tener participación en los hechos.

El general Santiago Sinclair, quien dio las órdenes, resultó absuelto. En tanto el coronel (r) Jerónimo Pantoja Henríquez, murió antes de la sentencia de la Corte Suprema.

Los 17 trabajadores pertenecían al Sindicato Campesino Esperanza del Obrero del Complejo Maderero Panguipulli. En su mayoría eran creyentes evangélicos que se habían organizado para participar en la construcción de una vida más justa.

Cuesta Barriga

Enrique Erasmo Sandoval Arancibia era un teniente de ejército cuando fue llamado a la DINA en 1976. Si bien no cuenta mucho sobre su papel en el organismo represivo ese año, deja entrever su paso por la Escuela de Inteligencia en Rinconada de Maipú que sirvió para instruir a agentes argentinos, uruguayos y chilenos. También dice haber sido parte de la seguridad de la VI Asamblea de la OEA realizada en Santiago, a la que asistió Henry Kissinger. Desordenadamente, cuenta que a fines de 1976 pasó a formar parte de la Brigada Caupolicán que estaba al mando de Miguel Krassnoff Martchenko, asignado a la agrupación Cóndor.

Asegura no recordar nombres, tampoco la actividad que desarrolló sólo recuerda que hablaba mucho con el ex mirista que colaboraba con la DINA, de nombre “Joel”, Emilio Iribarren.

 Pero el “Pete el Negro”, como era conocido en la DINA, tenía toda una historia criminal tras su aparente inocencia ante los tribunales. Tras el golpe de Estado y la represión indiscriminada, este hombre asesinó al niño Carlos Fariña de un disparo por la espalda y quemó el cadáver. En los años 80 participó en el asesinato de Lisandro Sandoval.

El año 1978 ingresa a la Brigada Roja de la Central Nacional de In- formaciones, a cargo de la represión al MIR. Durante su permanencia, se reportaba directamente con Álvaro Corbalán.

Recuerda que a comienzos de 1979, Jerónimo Pantoja, subdirector de la CNI, recibió la información que un cazador de conejos había descubierto una mina abandonada con cuerpos en la Cuesta Barriga y la información la había entregado a la Vicaría de la Solidaridad.

Ante la alarma, Pantoja lo envió a chequear el lugar, “que era un pi- que de una mina, y comprobé que era efectivo. Estaba lleno de roedores, murciélagos, restos putrefactos y había olor en consonancia con los restos. Este olor habría alertado y alterado a los perros del cazador, y así habría llegado al lugar”.

Con fotografía en mano llegó el teniente Sandoval ante Pantoja, quien le ordenó que no se dinamitara la mina, y le ordenó que usara ácido. Ante la dificultad que tenía por desconocer el uso de químicos, llamó al general Odlanier Mena a su casa de vacaciones en Mehuín para informarle la situación. La delicada información hizo que Mena suspendiera sus vacaciones, regresara a Santiago y se hiciera cargo del retiro de cuerpos. Para eso encomendó a Sandoval que sacara los cuerpos con un equipo de confianza. “Mi equipo estaba formado por 9 personas y fuimos a la mina durante tres días.” Asegura no tener idea cuántos cuerpos había, pero calcula que eran cerca de 20, que fueron puestos en 50 sacos de papas. Parte de los cuerpos estaban esqueletizados, otros aún conservaban tejidos blandos.

Cuando terminaron de sacar los cuerpos, tomaron a unos perros, los mataron y los lanzaron al interior para justificar la presencia de huesos. Luego subieron los sacos a un camión y los llevaron hasta la parcela de Malloco que había pertenecido a la Comisión Política del MIR. Finalmente, los res- tos fueron trasladados hasta Peldehue y posiblemente lanzados al mar.

La Operación Retiro de Televisores cubrió todo el territorio nacional y es la muestra más clara de la política de ocultamiento de las violaciones a los derechos humanos que imperó durante la dictadura militar.

Son 28 inmuebles adquiridos para los agregados militares del régimen fuera de Chile. En ellos vivieron agentes de la DINA y altas autoridades de la Junta de Gobierno.  

En pleno centro de Londres, a pasos del Hyde Park y del popular barrio Camden Town, se encuentra un espacioso departamento de cuatro habitaciones ubicado en el tercer piso de un edificio, el cual desde el 7 de febrero de 1977 es del Ejército de Chile. Ese día, la dictadura de Augusto Pinochet firmó un contrato de uso de la propiedad por 125 años -un “leasehold”-, inmueble que sería destinado a los agregados militares que fueran designados en Inglaterra, de los que solo hay registro desde 1983.

El acuerdo incluyó el pago inicial de 18 mil libras de la época y desembolsos mensuales que se mantiene en la actualidad. Era la primera vez que se hacía una inversión de este tipo, pese a que las agregadurías existían desde finales del siglo XIX. Ese departamento, se transformó en la primera de una serie de adquisiciones hechas por la dictadura fuera del país, con el objetivo de que los designados militares pudieran vivir en residencias del Estado chileno alrededor del mundo.

Argentina fue el segundo país donde se hicieron suntuosas compras, esta vez para las tres ramas de las Fuerzas Armadas que controlaban el país por esos días. En mayo de 1979, la Armada compró un departamento de 195 metros cuadrados en Buenos Aires, según aparece en uno de los contratos de compraventa de inmuebles fuera de Chile, realizados por las FF.AA., a los que accedió El Dínamo vía Ley de Transparencia.

La propiedad tuvo un costo de 200 millones de pesos argentinos de la época y la compra fue firmada por el entonces embajador en ese país, Sergio Onofre Jarpa. Dos meses después, la misma exautoridad suscribió la adquisición de un departamento de 159 metros cuadrados en la capital argentina, por $62 millones locales, pero ahora destinado a los agregados del Ejército.

Tres años más tarde, también con órdenes desde Santiago, Onofre Jarpa haría lo mismo para los enviados de la Fuerza Aérea, comprando un departamento de 373 metros cuadrados en Buenos Aires. El contrato fue hecho por $120 mil dólares.

Si bien las tres ramas de las Fuerzas Armadas accedieron a propiedades en el país vecino para sus agregados durante ese breve periodo, desde 1980 en adelante la situación cambió radicalmente y el favoritismo en las compras por órdenes de la dictadura fue concreto: solo el Ejército -alma máter de Pinochet- adquirió 26 inmuebles adicionales en Europa y Latinoamérica, en un plazo de once años.

Adicionalmente, la Armada en 1981 compró una propiedad para su agregado en Lima, Perú, pero la siguiente no llegaría hasta recién 1994, en Estados Unidos, bajo el gobierno de Patricio Aylwin. En la Fach, en tanto, las siguientes dos solo fueron compradas en 1995 (EE.UU.), cuando Eduardo Frei era Presidente, y en 2007 (Perú), con Michelle Bachelet a la cabeza del país.

En total, durante la dictadura militar se compraron 31 inmuebles en el extranjero para las Fuerzas Armadas, privilegio único dentro del Estado que continúa en la actualidad. De estos, cinco se encuentran hoy en día deshabitados.

Desde 1977, las Fuerzas Armadas han registrado en su conjunto 34 casas y departamentos alrededor del mundo para sus agregados.

Expansión mundial

Tras el Golpe de Estado, Pinochet estaba interesado en ampliar su red militar a nivel internacional, por lo que decidió duplicar el número de agregados militares en el mundo. Tanto en ese momento como en la actualidad, el rol de estas designaciones es ser un representante de las Fuerzas Armadas y asesor del embajador en temas de defensa, aunque -según expertos- durante los primeros años de la dictadura apuntaban a otro rol. De hecho, varios enviados fueron agentes de la DINA.

De acuerdo a registros del Ejército, en septiembre de 1973 había 15 agregadurías, incluyendo las de Rusia y Cuba que fueron eliminadas abruptamente. El dictador mantuvo trece de ellas y agregó once adicionales en distintos puntos del planeta.

Colombia, Ecuador, Argentina, España, Estados Unidos, Francia, Paraguay, Perú, Inglaterra, Venezuela, Alemania y México mantenían una relación militar previa a la dictadura a través de agregados; en las diez primeras Pinochet determinó la compra de viviendas, como vínculos prioritarios para el régimen. Suiza, en tanto, se mantuvo solo entre 1972 y 1980, y con el país azteca se cortó la relación militar entre 1973 y 1993.

Durante diez años, Pinochet instaló agregadurías en distintos lugares: El Salvador, Panamá y Uruguay en 1974; Bolivia y Corea del Sur en 1975; Nicaragua en 1977; China en 1979; Honduras y Sudáfrica en 1981; Israel en 1982 y Canadá en 1983. Años más tarde se compraría una propiedad para el agregado de Montevideo.

Estados Unidos lidera la cantidad de inmuebles destinados a la agregaduría del Ejército. Son once casas y departamentos ubicados entre Maryland y Washington DC. La primera fue adquirida en 1981, por US$163 mil de la época y equivalente a haber pagado hoy $315 millones (sin considerar plusvalía y otros), en el condado de Montgomery; luego se compraron tres casas por 418 mil dólares, de cuatro habitaciones y cuatro baños, según estipulan los contratos de compraventa.

Ese mismo año, en agosto, se compraron otras tres por US$432 mil dólares. El contrato incluye un decreto autorizado por Pinochet pidiendo -en su afán por el secretismo- que se rinda “cuenta de forma reservada de esta inversión”, que otorga US$1.200.000 para ello. Tres años después, se realizaron otras tres compras de propiedades, por US$116 mil, US$83 mil y US$86 mil, a tres distintos vendedores, todas en el mismo condado. Finalmente, en 1988 se compraron dos propiedades en Washington por casi dos millones de dólares.

Según el Ejército, actualmente son usadas por el jefe de la misión militar, el secretario, asesor de finanzas, asesor militar, oficial de capacitación, jefe de plana mayor, tres dactilógrafos y un auxiliar técnico. Una propiedad está desocupada.

Amplias propiedades

En España se compraron nueve propiedades. La primera se realizó en 1980 en Madrid, por 19 millones de pesetas, por un departamento en un quinto piso de 320 metros cuadrados, de cuatro dormitorios y dos estacionamientos. Esta primera compra se realizó en conjunto con una residencia para el embajador y oficinas para el consulado, entre otras adquisiciones que realizó el régimen.

Dos años más tarde se adquirieron tres departamentos de entre 110 y 115 metros cuadrados por 10 millones de pesetas cada uno. En todos los contratos se estipula que serán destinados a “funcionarios de la agregaduría”. En 1985, en tanto, se compraron cinco propiedades más: dos departamentos de 98 metros cuadrados, por 6,5 millones de pesetas cada una, en un cuarto y un sexto piso, además de otras tres propiedades de entre 86 y 90 metros cuadrados por 40 millones de pesetas.

Éstas últimas iban a ser destinadas a ser oficinas de la agregaduría militar en España, según se establece en los documentos enviados por el Ejército. Actualmente, de acuerdo a la institución, en los departamentos viven el agregado militar, el oficial de capacitaciones y el jefe de plana mayor, mientras que tres propiedades se encuentran desocupadas.

La expansión por Europa también llegó a Francia. En octubre de 1980, la dictadura compró un departamento de tres dormitorios en un primer piso en París, por dos millones de francos, un equivalente actual a haber pagado USD$1.660.394, sin considerar plusvalía u otros. Un año después se compró una propiedad de 300 metros cuadrados en Montevideo, por 295 mil dólares de la época, ubicado en la Rambla República de Perú.

Ese mismo año se compró una propiedad de 709 metros cuadrados en el distrito La Recoleta de Asunción, Paraguay, por 2,5 millones de guaraníes. Luego, en 1984, se adquirió un departamento en un piso 9 en Quito, Ecuador, por 31 mil sucres.

Y al año siguiente, en Caracas, Venezuela, se compró una casa en la Quinta Mamia de 658 metros cuadrados, por tres millones de bolívares, contrato firmado por el entonces embajador Carlos de Costa-Nora, quien estipula que se entrega la propiedad al Ejército para “los fines que estime conveniente”. Según la institución, ésta se encuentra desocupada actualmente, esperando a ser vendida “hasta que hayan mejores condiciones en el país”.

Ya en democracia, en 2008, el Ejército adquirió un departamento de 244 metros cuadrados, con dos estacionamientos en Lima, Perú. Luego, un inmueble de cuatro habitaciones en Bogotá, Colombia, en 1994.

Un exmiembro de la Junta Militar, cercano a Pinochet y que participaba activamente en las decisiones de la dictadura, justificó estas compras y afirmó a El Dínamo que “resultaba más económico comprar las propiedades, porque en algunos países era muy caro arrendarlas”. “Fue un criterio económico para ahorrar un poco”, agregó.

Los arriendos

Por vivir en cualquiera de estas propiedades, el Ejército actualmente descuenta del sueldo base de los agregados el 5,5%, tal como ocurre en Chile con quienes viven en viviendas fiscales de las Fuerzas Armadas. Hoy, el coronel Sergio Gutiérrez Sepúlveda es agregado militar en Londres y, pese a que tiene un sueldo bruto final de $3.511.768 por su grado, la remuneración base es de 660 mil pesos, monto con el que se calcula el “arriendo” del departamento. Es decir, su pago es de $36.300 mensuales por vivir en plena capital inglesa.

En el caso de la Fach, en sus tres propiedades en el extranjero, se cobra ese mismo porcentaje a los funcionarios que son designados. Esta institución cuenta hoy con los inmuebles de Argentina, Estados Unidos (que fue comprada en 1995 por US$465 mil) y otra que se adquirió en 2007 en Perú, por US$168 mil.

Ni la Fuerza Aérea ni el Ejército arriendan propiedades a costo del fisco, como sí lo hace la Armada y Carabineros. Los marinos cuentan hoy con tres inmuebles comprados; el de Buenos Aires y el de Perú, que tuvo un costo de 64 mil soles de la época, correspondiente a un “chalet de dos plantas” en un terreno de 546 metros cuadrados. A eso se suma uno comprado en Estados Unidos por 712 mil dólares en 1994. En ninguno de esos tres países a los agregados navales se les hace descuento por el uso de la vivienda fiscal, explicó la institución.

Adicional a eso, la Armada arrienda tres propiedades a cargo del fisco en Colombia, China e Israel, y hasta hace un año en India y Corea del Sur, con arriendos mensuales que van desde los $2,1 millones hasta los $3,1 millones, de acuerdo a los contratos de arriendo revisados. Además, hay agregados navales en Australia, Brasil, Canadá, Francia, España, Ecuador y Panamá, quienes deben costear su propio arriendo.

Carabineros no posee propiedades compradas, pero sí arrienda doce inmuebles para sus agregados y funcionarios: tres departamentos en Argentina, tres en Bolivia, dos en Italia, uno en Reino Unido, España, Ecuador y Estados Unidos. Los precios pagados van desde 700 a 4200 dólares.

Cuánto es el patrimonio que tienen las agregadurías en inmuebles fuera del país es un misterio. Desde el Ejército explicaron a El Dínamo que no cuentan “con un registro que contenga en forma sistematizada los antecedentes de los inmuebles consultados”. La Armada, en tanto, afirmó que no encontraron “documentos respecto del valor comercial o fiscal, o estimaciones actuales sobre las propiedades mencionadas”. Situación similar ocurre con la Fach.

Según confirmaron desde Cancillería a este medio, ninguna agregaduría civil en las embajadas de Chile cuenta con el privilegio de tener viviendas fiscales a bajo precio o a costo cero para sus funcionarios.

Los designados

El rol de los agregados castrenses es de asesoría al embajador en temas de defensa y de representación de las Fuerzas Armadas en el país anfitrión, entre otras funciones menores. Esta figura existe en Chile al menos desde fines del siglo XIX, terminada la Guerra del Pacífico, cuando el Ejército comenzó a profesionalizar la carrera militar y se empezaron a enviar oficiales fuera del país como parte de su instrucción.

Hasta entonces, según explica el historiador Gabriel Salazar, la oficialidad era designada por el Ejecutivo, por lo que normalmente solo la clase alta y aquellos con redes políticas lograban un ascenso. Con la modernización de la carrera, comenzaron a enviarse militares a Europa para formarse, donde eran condecorados y bien tratados diplomáticamente. Así aparece pronto la idea del agregado militar.

“Se fue configurando una carrera de honores y prestigio, muy vinculado al clasismo. Los generales o coroneles que vienen del exterior con una medalla se sentían en un nivel muy superior”, explica Salazar. Eso Augusto Pinochet lo entendía bien y lo avalaba. En 1956 había sido agregado militar en Washington e inmediatamente después fue enviado a Ecuador, por tres años, para organizar la Academia de Guerra de ese país. Distintas investigaciones periodísticas han revelado la importancia que tuvo esta etapa en la vida del dictador.

Por lo tanto, ya al mando del país, Pinochet rápidamente comenzó a nombrar agregados militares de su entorno cercano y amplió la red de agregadurías en el mundo, tanto como para -en lo formal- representar a las Fuerzas Armadas como para otras tareas asignadas por la dictadura. Ex militares de la época reconocen que era un puesto apetecido en el régimen y que existía una competencia soterrada por llegar a ellos.

Muchos de los primeros enviados eran comandantes de regimientos, mientras que otros eran agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) o personas que se encontraban en el círculo cercano de Pinochet, enviados probablemente -afirma Salazar- para fines de espionaje y operaciones. Este periodo es coincidente, además, con la expansión internacional del organismo al mando de Manuel Contreras y su plan anticomunista, una suerte de “Gestapo” mundial, que tuvo una breve vida.

De la DINA a la cúpula

Los primeros cinco agregados de Paraguay, al menos dos en Ecuador, dos en Francia, uno en Uruguay, Venezuela, España, El Salvador, China y en Argentina, han sido sindicados como agentes del organismo represivo por parte de organizaciones de Derechos Humanos. Luego, se repetiría una fórmula similar con agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Uno de ellos fue Pedro Ewing Hodar, quien había sido designado ministro en la Secretaría General de Gobierno entre 1973 y 1974, y que al llegar a Madrid en 1975 era jefe de la DINA en Europa y de los agregados militares de ese continente. A Brasil llegó un año después del Golpe Humberto Gordon Rubio, quien más adelante sería director de la CNI. Otro agente fue Carlos Mardones Díaz, enviado a Ecuador entre 1977 y 1978, un año después de haber participado en operaciones de exterminio en Chile, de acuerdo a investigaciones judiciales.

De los cercanos al dictador aparecen -en la lista de agregados entregada por el Ejército- Enrique Morel Donoso, quien había sido edecán de Pinochet previo a ser designado en Estados Unidos. Lo mismo con Alejandro Chacón Reveco, designado tras el Golpe como segundo jefe del Comité Asesor de la Junta de Gobierno y luego enviado como representante a París, Francia. También Rafael Ortiz Navarro, reconocido del círculo de hierro del dictador, enviado a Suiza en 1974.

Le siguieron Óscar Coddou Vivanco, padrino de Marco Antonio Pinochet Hiriart. Fue el primer Subsecretario de Guerra de la Junta Militar y solo duró un año como agregado por problemas vinculados a sus relaciones personales. Al llegar a Chile fue nombrado como director de INACAP, que aún dependía de Corfo.

En esta misma etapa inicial de las agregadurías militares se cometieron varios crímenes en suelo internacional, como los asesinatos del general Carlos Prats y Sofía Cuthbert, en 1974 en Buenos Aires, y del ex ministro de Relaciones Exteriores de Allende Orlando Letelier, en 1976 en Washington. A eso se suman los primeros intentos de asesinato del exsenador Carlos Altamirano en España.

Un alto miembro de la Junta Militar, que fue mano derecha de Pinochet, aseguró a El Dínamo que nunca se enviaron agentes de la DINA fuera del país porque “las otras naciones conocen los antecedentes de los militares y no iban a aceptar a alguien que trabajara en inteligencia, porque les generaba una vulnerabilidad. El agregado tenía que ser una persona muy transparente”.

“Los agregados militares tenían una trayectoria impecable al interior del Ejército, entonces más que un reconocimiento era una necesidad de poder representarnos fuera del país”, insistió. Pese a esto, 18 exagregados militares de la dictadura y de los primeros años del retorno a la democracia están acusados por delitos contra los Derechos Humanos y están presos hoy en Punta Peuco.

Altos cargos

A partir de 1978, cuando la DINA ya había desaparecido y el plan de Manuel Contreras iba en retirada mientras que la presión internacional por los delitos de lesa humanidad crecía, en los países que eran de mayor relevancia para el régimen se empezaron a enviar agregados militares de rango superior o que hubieran tenido cargos más altos previamente, como ministros, subsecretarios e intendentes.

Esa dinámica se dio especialmente en países vecinos, como Perú y Brasil, y sobre todo en aquellos en que Chile ya había adquirido propiedades, como Estados Unidos, España, Argentina, Uruguay, Venezuela e Inglaterra, a diferencia de las restantes donde eran enviados militares de menor grado.

“No me extraña que Pinochet haya enfatizado el envío de altos cargos, solo con fines honoríficos, para elevar el nivel y subir el rango de sus militares”, explica Gabriel Salazar, uno de los pocos que ha estudiado el tema. Ni la Academia de Historia Militar hoy cuenta con investigaciones sobre las agregadurías militares.

Gran parte de los designados que volvieron a Chile lo hicieron para encabezar organismos y altos cargos. Carlos Schalchli Villalobos, agregado en Argentina, fue el encargado de comprar una propiedad en ese país. Al regresar a Chile lo hizo como intendente de La Araucanía, en 1980. Entre 1982 y 1983, el enviado fue Hugo Salas Wenzel (exdirector de la Escuela Militar), quien al llegar a Chile encabezaría la CNI como subdirector y, luego, director.

En Buenos Aires también fue asignado, entre 1985 y 1987, Alejandro González Samohod, quien había sido asesor de la Junta de Gobierno tras el Golpe y, entre 1980 y 1985, intendente de Atacama. Al regresar a Chile se transformó en el último intendente de Magallanes, ya ascendido como general.

El entonces coronel Alejandro Medina Lois era director de la Academia de Guerra cuando lo designaron como agregado militar en Madrid, en 1978. Al año siguiente fue ascendido a general y al regresar a Chile fue ministro de Salud y luego rector de la Universidad de Chile por casi tres años.

Entre 1984 y 1985, Francisco Ramírez Migliassi fue agregado en ese mismo país. Antes había sido subsecretario de Economía y vicepresidente ejecutivo de Corfo. Al regresar a Chile fue director de la Oficina de Planificación (Odeplan) en 1985, antesala del Ministerio de Planificación, y luego subsecretario de Relaciones Exteriores.

Tras Ramírez Migliassi, asumió Sergio Ballerino Sandford por tres años en España. Había sido un colaborador cercano del dictador, a cargo de la Casa Militar de La Moneda, por lo que después terminó directamente involucrado en el Caso Riggs. Al regresar a Chile se transformó en el último Jefe de Estado Mayor Presidencial (predecesor de la Segpres), entre 1988 y 1990.

En los ‘70

Varios de los designados a mediados de los ’70 también ascendieron rápidamente tras su paso internacional. En Estados Unidos, Washington Carrasco Fernández fue enviado pocos meses después del Golpe y al regresar a Chile fue nombrado Comandante en Jefe del Comando Conjunto Austral, luego ministro de Defensa en 1982 e Intendente de dos regiones del sur del país.

Enrique Morel Donoso (1975), edecán de Pinochet, tras su paso por EE.UU. fue comandante de la Guarnición Santiago, jefe del Estado Mayor, presidente del directorio de SQM y rector de la Universidad de Chile. Por su parte, Nilo Floody Buxton (1976) a su regreso al país en 1977 fue ascendido a general de división y asumió como intendente de la Zona Austral y más tarde como embajador en Israel.

En Paraguay, entre 1977 y 1978, fue designado César Manríquez Bravo, quien había sido un alto funcionario de la DINA, a cargo de prisioneros del Estado Nacional y de varios centros de represión. Tras regresar a Chile, en 1981 fue nombrado subsecretario de Guerra por dos años.

Otros tuvieron un breve periodo fuera del país. Christian Ackerknecht San Martín había sido jefe de la provincia de O’Higgins tras el Golpe y en 1982 fue designado agregado militar en Washington, pero denuncias de exiliados por su participación en violaciones a los Derechos Humanos hizo que su estadía en ese país fuera muy corta. Murió en 1989 sin enfrentar la justicia.

Solo el Ejército entregó a El Dínamo una lista completa de quiénes fueron sus agregados militares desde 1970 en adelante. La Armada aseguró que “no es posible contar con la información de los años anteriores” a 1990, ya que no se encuentra sistematizada, mientras que la Fuerza Aérea respondió que no cuentan con el registro.

NOTA: Este reportaje fue hecho con distintas solicitudes de información vía Ley de Transparencia, documentos publicados por la Biblioteca del Congreso Nacional y biografías del sitio Memoria Viva.

por Daniel Martí­nez G.