Morel Donoso Alejandro Claudio

Octavo: Que prestando declaración indagatoria a fs. 723 el acusado Joaquín León Rivera González manifestó que en marzo de 1973 fue destinado al Regimiento Húsares de Angol, como Mayor de Ejército y Segundo Comandante, siendo el Comandante del Regimiento don Alejandro Morel Donoso, quien a partir del 11 de septiembre de ese año fue designado en un cargo político en la provincia por lo que pasó a ocupar el cargo de Comandante de dicho Regimiento y jefe de las fuerzas.

Agrega que en una oportunidad en circunstancias que se encontraba cenando en su hogar, que estaba ubicado en el interior del regimiento, sintió disparos de armas cortas ante lo cual de inmediato se puso la gorra, salió en camisas portando su pistola Famae calibre 22 mm. y se dirigió a la guardia dos, de donde provenían los disparos. Luego salió del regimiento con un grupo de conscriptos, cruzaron la calle y entraron a una bodega en cuyo interior había una ruma de ladrillos y dos civiles de pie, los cuales estaban encañonados por dos o tres conscriptos.

Enseguida, extrajo su pistola desde la cintura, le apuntó a uno de ellos y percutó, pero la bala no salió porque se trancó el arma. Luego dispararon los conscriptos que estaban en el lugar y los que venían con él, los que en total calcula eran alrededor de diez, debido a lo cual los civiles cayeron al suelo falleciendo en el acto. Enseguida se dirigió al regimiento, encontrándose en la calle con el Teniente Germán Ojeda Benet, el que lo acompañó al interior del recinto militar. A los cinco minutos llegó el Comandante del Regimiento, Alejandro Morel Donoso, quien reunió a todos los oficiales y les dijo que el procedimiento que él había adoptado era el correcto.

 A comienzos de 1979 se inició en la pre cordillera, entre las regiones del Biobío y de la Araucanía, la Operación Retiro de Televisores, ordenada por el dictador Augusto Pinochet mediante un criptograma enviado a los cuarteles.

Comenzaba 1979 cuando el suboficial de la Sección de Inteligencia del regimiento Húsares de Angol, Juan Carlos Balboa Ortega, recibió el criptograma categoría A-1 que indicaba "máxima urgencia". Lo descifró veloz y corrió a avisar a su comandante, el coronel Alejandro Morel Donoso. La orden del dictador Augusto Pinochet era clara: desenterrar los cuerpos existentes en la jurisdicción y hacerlos desaparecer.

Recién, en noviembre de 1978, habían descubierto los cuerpos de 15 campesinos asesinados de Lonquén, al sur de Santiago, y la alarma sonó en la comandancia en jefe del Ejército. Temieron que comenzaran a aparecer otros entierros clandestinos. Morel hizo las indagaciones y se dio cuenta de que lo que existía "de interés" para la orden de Pinochet en la zona de su regimiento, no correspondía a su jurisdicción apenas por pocos kilómetros. Los 18 campesinos asesinados días después del golpe militar en los fundos El Morro, Los Maitenes y en las cercanías de las termas de Pemehue, en el límite de las regiones del Biobío y la Araucanía en la pre cordillera, pertenecía al ámbito geográfico del regimiento de Infantería de Montaña Nº 17 Los Ángeles. Su personal, junto a Carabineros de Mulchén y civiles terratenientes de la zona, habían dado muerte a los campesinos.

Morel llamó al comandante del regimiento Los Ángeles, Jaime García Zamorano, y le explicó lo del criptograma. Todo se trasladó a esa unidad. Por la mañana, García reunió a la Sección de Inteligencia del cuartel en su oficina. El teniente Julio Reyes Garrido, jefe, y los suboficiales José Puga Pascua, Mario Contreras Brito, Luis Palacios Torres, José Iturriaga Valenzuela, Jaime Müller Avilés, Julio Fuentes Chavarriga y Juan Cares Molina. Se resolvió el desentierro de los cuerpos. Al día siguiente salieron en dos vehículos a la pre cordillera el teniente Reyes y los suboficiales de inteligencia. Desde Concepción se les unió el suboficial de Inteligencia, Eduardo Paredes Bustamante. Este era experto en quemar cuerpos hasta convertirlos en ceniza, lo que aprendió en un curso en Alemania durante la década de los años setenta. Al equipo se unió Balboa. Su padre vivía en la zona y tenía información exacta de los tres entierros, como carabinero ya retirado.

Sólo hallaron 12 cuerpos que sacaron con pala y picota. Los pusieron en sacos paperos. Subieron los bultos en una camioneta y partieron al regimiento Los Ángeles.

EN EL INFIERNO

Allí el espectáculo fue aterrador, como lo recuerdan en el proceso por estos crímenes varios de los nombrados, que además entregan en él detalles precisos de lo que entre ayer y hoy se reconstituye bajo la orden del ministro instructor de la causa de la Corte de Valdivia, Carlos Aldana, con presencia de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. En la recreación del desentierro e incineración de los cuerpos en el cuartel, participan integrantes de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI de Santiago. Fueron algunos de sus cuadros especializados como Abel Lizama, Sandro Gaete, Claudio Pérez, José Soto, Rodrigo Neira, y Alfonso Miranda, quienes por primera vez desentrañaron la llamada Operación Retiro de Televisores en 2004, nombre con que el Ejército llamó al desentierro y eliminación de los cuerpos por el sur, centro y norte del país.

A medianoche arribaron al cuartel. El gran horno de ladrillos estaba preparado. Allí fueron lanzando los cuerpos. El olor era insoportable. Lo recuerdan los suboficiales (R) Palacios y Cares, quienes tiraron los cadáveres al horno ardiente. "Iban cayendo con sus cráneos, huesos y las botas de goma que utilizan los hombres del campo", recordó el suboficial Palacios en sus declaraciones del proceso.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa Latorre, condenó a 13 ex militares pertenecientes al regimiento Húsares de Angol a la época de los hechos, por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, en carácter de delitos de lesa humanidad, del estudiante universitario Ricardo Gustavo Rioseco Montoya y del estudiante secundario, menor de edad, Luis Raúl Cotal Álvarez, perpetrados en la comuna de Angol, el 4 de octubre de 1973.

En el fallo (causa rol 63.534), el ministro en visita condenó a la pena de 19 años de presidio, en calidad de autores de los delitos, al entonces teniente Germán Eduardo Ojeda Bennett (jubilado como brigadier); a los entonces subtenientes Alessandro Ernesto Cartoni Pruzzo (jubilado como general), Carlos Patricio Bunster Medina, Alejo César Tisi Gómez, Jorge Alberto Lagos Robles, Manuel Arturo Montero Souper (jubilados como coroneles), Eduardo Humberto Carrasco Hauenstein (jubilado como mayor) y al ex suboficial José Omar Correa Martínez. Mientras que el entonces soldado conscripto Luis Alejandro Toledo Osses deberá cumplir 15 años y un día de presidio, también como autor de los delitos.

En tanto, el entonces subteniente Gabriel Enrique Fuentes Campusano y el soldado conscripto José Liborio Lavín Leiva deberán purgar 13 años de presidio, en calidad de cómplices; y el cabo primero Mario Hernán Tapia Sepúlveda y el entonces teniente Carlos Alberto Campusano Osorio deberán cumplir 5 años de presidio efectivo, por su responsabilidad como encubridores.

Ejecuciones

En la investigación judicial el ministro Mesa Latorre deja establecido que los jóvenes fueron detenidos en forma separada en horas de la noche por patrullas militares. Ricardo Gustavo Rioseco Montoya, simpatizante de las Juventudes Comunistas, de 22 años, estudiante universitario, fue detenido al interior del domicilio de su padre, y Luis Raúl Cotal Álvarez, de 14 años, sin militancia política, estudiante secundario, fue detenido en la calle Artesanos, cuando se dirigía a su domicilio proveniente de la casa de su abuela ubicado en esa misma calle.

Los jóvenes detenidos fueron llevados por los uniformados a un recinto bodega ubicado frente al regimiento. Luego de allanar la bodega, con el pretexto de que desde allí se habían efectuado disparos contra la unidad militar, dispusieron a ambos jóvenes detenidos contra un muro. Para el efecto del montaje se desplazaron hasta el lugar un nutrido contingente, incluida una Unidad de Reacción compuesta por unos 30 soldados conscriptos a cargo de los capitanes Armando Juan Emilio Staeding Schaffer y Enrique Gómez Ibáñez (ambos fallecidos), además de los oficiales Germán Eduardo Ojeda Bennett, Jorge Alberto Lagos Robles, Alejo César Tisi Gómez, Carlos Patricio Bunster Medina, Alessandro Cartoni Pruzzo y el mayor Joaquín León Rivera González, vicecomandante del aludido regimiento.

En el lugar, sin mediar trámite alguno, el mayor Joaquín León Rivera González dio la orden de disparar contra los jóvenes, que en esos momentos habían sido puestos de pie junto a un paredón de ladrillos. La orden fue acatada por la tropa presente, ejecutando a los jóvenes en el momento en que uno de ellos les grita "cobardes". Entre los ejecutores se encontraban los oficiales ya mencionados, el soldado conscripto Luis Alejandro Toledo Osses, y los cabos José Omar Correa Martínez y Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo (fallecido).

Luego de cometido el crimen, le ordenan a los soldados conscriptos, entre ellos, José Liborio Lavín Leiva, que colocaran los cuerpos en sacos al interior de un vehículo militar, y trasladaron los cadáveres hasta el puente La Arcadia, lanzándolos al cauce del río Malleco.

Al día siguiente, el padre de Ricardo Gustavo Rioseco Montoya, quien se encontraba detenido en la cárcel de la comuna, fue informado de manera oficial por el entonces comandante del Regimiento Alejandro Claudio Morel Donoso (fallecido), que su hijo había sido fusilado la noche anterior. Dicha información le fue propiciada en presencia de otros oficiales, entre ellos el subteniente Manuel Montero Souper quien habría presenciado lo ocurrido con los jóvenes.

Días más tarde se dio aviso al Regimiento Húsares de Angol que los cuerpos de los jóvenes fueron vistos en el río, por lo que personal de esa unidad procedieron a sacarlos del río, trasladándolos al interior del regimiento. Por orden de sus superiores, tres miembros de la unidad, entre ellos el cabo primero Mario Hernán Tapia Sepúlveda, que se desempeñaba como tractorista, condujeron los cadáveres sobre un vehículo hasta un sector del regimiento, donde fueron enterrados, sin tener hasta la fecha la certeza del lugar exacto de aquella inhumación ilegal. 

por Darío Núñez