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Sentencia Corte Suprema 3 05 2010 Desaparición de Reinaldo Salvador Poseck Pedreros en Chillán (Extracto)
Fuente :Poder Judicial Mayo 2010
Categoría : Prensa
II.- Se confirma la sentencia apelada de seis de febrero de dos mil ocho, escrita a fs. 671 y siguientes, con declaración de que Andrés de Jesús Morales Pereira queda condenado a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, más el pago de las costas de la causa, por su participación de autor en el delito de secuestro calificado de Reinaldo Salvador Poseck Pedreros, cometido en Chillán en fecha no determinada – entre 11 y 30- de septiembre de 1973. Atendida la sanción penal impuesta al condenado Morales Pereira y reuniéndose en la especie los requisitos exigidos por el artículo 15 de la Ley N° 18.216, se le concede el beneficio de libertad vigilada, por lo que deberá permanecer sujeto a la vigilancia y observación de la Sección de Tratamiento en el Medio Libre que designe Gendarmería de Chile, por el mismo tiempo de su condena, y cumplir, además, las otras exigencias contempladas en el artículo 17 de la misma ley. Si tal beneficio le fuere revocado, la pena impuesta se contará desde que se presente o sea habido, sirviéndole de abono el tiempo que permaneció privado de libertad con ocasión de este proceso, según se consigna en el fallo que se revisa
Presentan querella contra altos mandos militares regionales
Fuente :1 de Julio 2006 La Nacion
Categoría : Prensa
Una nueva querella contra Augusto Pinochet Ugarte abrió en Chillán un nuevo frente judicial en materia de violaciones de los derechos humanos. Se trata de una acción que busca sancionar a los mandos regionales de las FFAA y policías. La acción fue interpuesta por el abogado Hiram Villagra ante la Corte de Apelaciones de Chillán contra el ex dictador y una serie de oficiales en retiro por los delitos de secuestro calificado, asociación ilícita, privación de libertad y tortura en la VIII Región.
Además del general (R) Pinochet se imputan estos ilícitos al teniente (R) de Carabineros Patricio Marabolí Orellana; al ex comandante de Regimiento e intendente de la provincia de Ñuble, Guillermo Toro Dávila; al capitán (R) de Ejército y fiscal Mario Romero Godoy, y al teniente de Ejército y jefe del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) Andrés Morales Pereira, junto a otros doce ex uniformados.
Villagra sostuvo que lo relevante de la acción judicial radica en que “hasta ahora el reproche judicial se ha concentrado en Pinochet y la cúpula de la DINA, sin que rindan cuenta importantes agentes operativos. Estamos en una nueva etapa donde civiles y jefaturas locales tendrán que responder”. Para concretar la persecución de opositores en la Región del Biobío, los uniformados contaron con colaboración de civiles como Alex Etchevers, militante del movimiento Patria y Libertad.
El profesional señaló que el teniente Marabolí fue “la punta de lanza de los actos represivos en la zona, siendo ‘premiado’ por el alto mando al ser ascendido a general”.
La querella sostiene que existió coordinación de las ramas en la neutralización de la oposición regional. Los detenidos fueron trasladados de diversas tenencias policiales al Regimiento Nº 9 de Infantería de Montaña de Chillán, donde se les interrogó bajo torturas. Hubo ejecuciones, tras lo cual el personal policial trasladó los cuerpos al puente Ñuble, arrojándolos al río.
El 16 de septiembre de 1973 varios carabineros ingresan al Regimiento y revelan como tras allanar el domicilio del alcalde de Chillán, Ricardo Lagos Reyes (PS), le asesinan junto a su familia.
