Morales López Rubén Aroldo

La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó a un ex oficial de Carabineros por el delito consumado de homicidio calificado del ex gobernador de Elqui Jorge Manuel Vásquez Matamala, perpetrado en la comuna de Vicuña el 16 de septiembre de 1973.

En fallo unánime (causa rol 42.792-2020), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, la ministra María Teresa Letelier y los abogados (i) Eduardo Morales y Gonzalo Ruz- rechazó el recurso de casación interpuesto por el acusado en contra de la sentencia que condenó al ex oficial de Carabineros Rubén Aroldo Morales López a la pena de 10 años y un día de presidio en calidad de autor del delito.

La Corte Suprema ratifica así la sentencia dictada en marzo de 2020 por la Corte de Apelaciones de La Serena que, a su vez, confirmó el fallo de primera instancia dictado en septiembre de 2019 por el ministro en visita Vicente Hormazábal Abarzúa condenando al acusado ex oficial. Otro carabinero, el ex suboficial José Fernando Saavedra Rodríguez, también acusado judicialmente como autor del crimen, falleció en el curso del proceso.

La víctima de este hecho criminal, Jorge Vásquez Matamala, tenía 51 años de edad al momento de su asesinato. Era obrero de la construcción y había sido Gobernador Provincial de Elqui durante el gobierno de Salvador Allende. Una vez ocurrido el golpe militar, Vásquez Matamala comenzó a ser intensamente buscado por las tropas uniformadas lo que le obligó a escapar e intentar ocultarse en diversas localidades de la provincia.

Tras un fallido intento de captura en la localidad de Rivadavia, una patrulla encabezada por el entonces teniente Rubén Morales López y compuesta por unos diez carabineros de la tenencia de Paihuano, llegaron hasta el sector cordillerano de Matancillas hasta unas casas donde se ocultaba el ex gobernador.

Una vez apostados en el lugar, los carabineros le exigen a viva voz que se entregue, supuestamente para ser puesto a disposición de tribunales. Sin embargo, tan pronto como Jorge Vásquez salió por la puerta de la vivienda, con las manos en alto y pidiendo que le mataran, los carabineros le dispararon con las armas de fuego de portaban causándole la muerte en el lugar. 

Por Darío Núñez

Entre quienes no han sido habidos se encuentran no solo individuos que fueron funcionarios de la DINA, CNI, Carabineros o las Fuerzas Armadas, sino también uno de los pocos civiles que ha sido condenado por su participación en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Se trata de Luis Enrique Barrueto Bartning, condenado por los crímenes cometidos contra campesinos de Santa Bárbara, en los cuales él y su hermano actuaron como una suerte de fuerza paramilitar que operó junto con Carabineros.

Un listado que contiene a 10 exagentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) y de su sucesora, la Central Nacional de Informaciones (CNI), Carabineros y la inteligencia naval, así como a un civil, prófugos de la justicia y que están condenados por diversos delitos de lesa humanidad, dio a conocer la oficina del abogado Nelson Caucoto, especializado en derechos humanos. Se trata de sujetos que se encuentran acusados como autores y coautores de delitos como secuestro calificado, homicidio calificado y aplicación de tormentos, entre otros.

El primero de ellos es el exoficial de Carabineros (y dirigente gremial de los uniformados en retiro) Héctor Fernando Osses Yáñez, quien fue condenado como autor en al menos seis casos por asesinatos en la Población San Gregorio. Es quien más tiempo llevaría escapando de la justicia, pues no es habido desde octubre de 2021. 

Lo secunda el exagente de la CNI y oficial de Ejército Jorge Vargas Bories, sentenciado como coautor del asesinato del militante del MIR Federico Álvarez Santibáñez, a la pena de 10 años y un día. 

En tercer lugar se encuentra Rubén Aroldo Morales López, oficial de Carabineros en retiro, condenado a 10 años y un día de presidio mayor como autor del homicidio calificado de Jorge Vásquez Matamala.

Otro de los prófugos (y el único civil de la lista) es Luis Enrique Barrueto Bartning, agricultor condenado a 10 años y un día como coautor de siete secuestros calificados (desapariciones forzadas) perpetrados en la comuna de Santa Bárbara, en las cuales él y su hermano actuaron como paramilitares que, junto con personal de Carabineros, secuestraron e hicieron desaparecer a varios campesinos.

Los tres exagentes que se encuentran prófugos son todos sujetos condenados en el marco del caso Conferencia II, que fue recientemente fallado por la Corte Suprema de Justicia. Se trata del exoficial de Ejército Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda, el exoficial de la Armada José Miguel Meza Serrano y el exsuboficial de Ejército Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme. Todos ellos fueron sentenciados a la pena de 12 años de presidio como coautores de los delitos de secuestro calificado de Fernando Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez; y a tres años de presidio por los delitos de secuestro simple de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Berríos.

Víctor Álvarez Droguett, exintegrante del Ejército y de la DINA, está condenado a la pena de 15 años y un día como coautor de los delitos de homicidio calificado en contra de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Yalú Berríos Cataldo. En el mismo caso fue sentenciado, además, a tres años como autor de delito simple.

También fue condenado a la pena de 12 años como coautor de los delitos de secuestro calificado en las personas de Fernando Alfredo Navarro Allendes y de Héctor Véliz Ramírez. Cabe mencionar que Álvarez, adicionalmente, registra una condena de 10 años de presidio por el secuestro calificado de Marta Ugarte Román.

El noveno en el listado es Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo, oficial  en retiro de la Armada, sentenciado a las penas de 12 años y 541 días, como autor del delito de homicidio calificado y aplicación de tormentos, respectivamente. 

El top ten de los violadores de los DDHH que se encuentran prófugos lo cierra Juan Dionisio Opazo Vera, exconscripto que fue sentenciado a la pena de 10 años y un día, como coautor de 38 homicidios calificados, por los homicidios cometidos en contra de Campesinos de Paine, en 1973. 

Los que aparecieron

Al respecto, el abogado Francisco Bustos señala que “hace unos meses habíamos advertido sobre agentes prófugos por delitos de lesa humanidad, especialmente algunos desde 2021, o 2022, lo cual debería ser prioridad para las autoridades”, agregando que “debemos considerar especialmente que han sido condenas pronunciadas mucho tiempo después por los obstáculos de la impunidad y que los deberes que tiene el Estado chileno respecto de esta clase de crímenes no se agotan en el deber de juzgar y eventualmente sancionar. Debe sancionarse con penas proporcionadas y, junto con eso, el Estado además debe velar por el cumplimiento efectivo de dichas sanciones”. 

Sin embargo, indica que “también hay algunas buenas noticias, como la detención de dos prófugos este año, además de que los sentenciados de una decena de otros procesos recientes se encuentran cumpliendo sus penas”. Con los dos primeros se refería a Manfredo Enrique Jurgensen Caesar, médico de la CNI, sentenciado a 8 años y un día de presidio, como coautor del homicidio calificado de Federico Álvarez Santibáñez. Jurgensen estuvo prófugo desde enero de este año, pero fue detenido en junio en Buenos Aires, cuando intentaba abordar un vuelo a Alemania. Sin embargo, falleció días después, mientras estaba privado de libertad, sin que alcanzara a ser extraditado a Chile. 

El otro prófugo encontrado fue Olegario Enrique González Moreno, exmilitar y parte de la DINA, que fue condenado como coautor de nueve secuestros calificados a la pena de 10 años y un día. Este comenzó a cumplir su condena recién el mes pasado.

Se trata de una lista elaborada por el Estudio Jurídio Caucoto Abogados, que integran 14 criminales entre los que destacan personas vinculadas al homicidio de Víctor Jara, a la ejecución de 38 campesinos en el Caso Paine principal y al asesinato del diplomático español Carmelo Soria.

Este viernes, el Estudio Jurídio Caucoto Abogados oficializó la nómina actualizada de los exuniformados prófugos de la justicia condenados por diversos delitos de lesa humanidad.

Se trata de 14 personas, algunas de ellas involucradas en el crimen de Víctor Jara y Littré Quiroga, en la ejecución de 38 campesinos en el Caso Paine principal y el asesinato del diplomático español Carmelo Soria,  entre otras investigaciones, detalla un comunicado de la oficina especializada en derechos humanos.

Respecto del listado, lo integran exmilitares, carabineros, exfuncionarios de la Armada, y civiles miembros de aparatos represores de la dictadura, como la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la Central Nacional de Inteligencia (CNI) e inteligencia naval, quienes están acusados como autores y coautores de secuestro calificado, homicidio calificado, asociación ilícita y aplicación de tormentos, entre otros ilícitos.

Específicamente, este está integrado por:

1.   Jorge Octavio Vargas Bories (oficial en retiro del Ejército, CNI), sentenciado como coautor del asesinato de Federico Álvarez Santibáñez a 10 años y un día.

2. Rubén Aroldo Morales López (oficial en retiro de Carabineros), condenado a 10 años y un día de presidio mayor como autor del homicidio calificado de Jorge Vásquez Matamala.

3. Luis Enrique Barrueto Bartning, empresario condenado a 10 años y un día como coautor de siete secuestros calificados (desapariciones forzadas) perpetrados en la comuna de Santa Bárbara.

A ellos, se suman cuatro condenados en el episodio Conferencia II:

4. Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (oficial en retiro del Ejército, DINA)

5. José Miguel Meza Serrano (funcionario en retiro de la Armada, DINA)

6. Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme (suboficial en retiro del Ejército, DINA)

Todos ellos, están sentenciados como coautores de los delitos de secuestro calificado de Fernando Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez, a la pena de 12 años de presidio cada uno, a lo que se adicionan los delitos de secuestro simple de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Berríos, por lo que fueron condenados a tres años de presidio, respectivamente.

7. Víctor Álvarez Droguett (funcionario en retiro del Ejército, DINA), condenado como coautor de los delitos de homicidio calificado de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo.

Además, está sentenciado como coautor de los delitos de secuestro calificado de Fernando Alfredo Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez, a la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio.

Adicionalmente, fue condenado como autor de los delitos de secuestro simple en las personas de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio.

Por último, Álvarez Droguett enfrenta una sentencia de 10 años de presidio por el secuestro calificado de Marta Ugarte Román.

8. Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo, oficial en retiro de la Armada, quien fue sentenciado como autor del homicidio calificado y la aplicación de tormentos contra Enrique López Olmedo, a las penas de 12 años y 541 días respectivamente.

9.  Juan Dionisio Opazo Vera (exconscripto) sentenciado como coautor de 38 homicidios calificados a la pena de 10 años y un día, en el Caso Paine, Episodio Principal.

10.  Nelson Edgardo Hasse Mazzei (oficial en retiro del Ejército)

11.  Juan Renán Jara Quintana (oficial en retiro del Ejército), quien junto a Hasse Mazzei está condenado como coautor de los secuestros calificados y homicidios calificados de Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal.  Por estos delitos, se les estableció una pena de 10 años y un día por los secuestros, además de 15 años de presidio por los crímenes.

12. Guillermo Salinas Torres (oficial en retiro del Ejército)

13. Pablo Belmar Labbé (oficial en retiro del Ejército)

14. René Patricio Quilhot Palma (oficial en retiro del Ejército)

En el caso de estos tres prófugos de la justicia, fueron condenados como coautores de los delitos de homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza, y como autores de una asociación ilícita. Por el primer cargo se impuso una pena de 15 años y un día a Salinas Torres, y de 10 años y un día a los dos restantes, mientras que el delito de asociación ilícita, se sentenció a todos a la pena de 541 días de presidio.

«Sentencias deben cumplirse»

Atendiendo a este listado, el abogado Francisco Bustos asegura que trata de una situación preocupante que debiera ser prioridad para las autoridades. “Los Estados tienen el deber de investigar, juzgar y sancionar delitos de lesa humanidad”, sostiene.

“Este deber no se agota con la mera dictación de un fallo condenatorio, estas sentencias deben cumplirse, y en ese sentido, que existan prófugos por cualquier delito, y especialmente 14 prófugos por crímenes de lesa humanidad, representa una falta grave a los deberes estatales”, agrega.

Por último, recalcó que “la judicatura y los querellantes en procesos por delitos de lesa humanidad deben extremar las medidas, incluyendo imposición de cautelares, a fin de evitar esta forma de impunidad”.