Montero Marx Enrique

En la Base Aérea de El Bosque quedará recluido el general en retiro de la Fuerza Aérea, Enrique Montero Marx, quien fue procesado como cómplice de una veintena de secuestros de opositores al régimen de Pinochet en el marco del caso Operación Colombo.

El ministro de fuero Juan Guzmán Tapia dispuso hace algunas semanas la primera encargatoria de reo por casos de derechos humanos que afecta a responsables políticos de la administración de Augusto Pinochet Ugarte. En esta causa también fue encausado el general (r) César Benavides.

Montero Marx, general de brigada aérea, ejerció como ministro y subsecretario del Interior en el gobierno de Pinochet. Fue funcionario de La Moneda hasta 1978. A él se le imputan cargos como cómplice del crimen de secuestro calificado de Juan Rosendo Chacón Olivares, Carlos Gajardo Wolf, Jorge Hernán Muller Silva y Juan Carlos Perelman Ide.

Para cumplir la diligencia, informaron fuentes judiciales, el magistrado Guzmán encomendó a funcionarios del tribunal y de Investigaciones que procedieran a notificar al inculpado en la mencionada unidad de la FACh, al sur de la capital.

La semana pasada así ocurrió también con el general (r) César Benavides, quien fue notificado de su procesamiento y quedó bajo arresto domiciliario debido a su edad y al deteriorado estado salud en que se encuentra.

Benavides Escobar es general del Ejército en retiro y durante el régimen castrense fue ministro del Interior (1974 y abril de 1978) y de Defensa (1978 y 1980), y ex miembro de la Junta Militar. Además, fue considerado "Mano derecha de Pinochet" durante el golpe de 1973.

El encargado de su defensa, abogado Ambrosio Rodríguez, se reservó el derecho a apelar a la encargatoria de reo y anunció que una vez que comience el año judicial solicitará la libertad provisional de su representado.

El jurista cuestionó asimismo el raciocinio jurídico que utilizó el juez Guzmán Tapia para fundamentar las resoluciones.

El ministro Guzmán Tapia, en una extensa resolución, acreditó que ambos oficiales, tras una serie de análisis médicos, se encuentran aptos mentalmente para enfrentar un juicio en materia penal, por lo que invocando el Artículo 141 incisos primero y cuarto del Código Penal, los responsabilizó como cómplices de los secuestros calificados de Francisco Eduardo Aedo Carrasco, Rubén Arroyo Padilla, Jaime Buzzio Lorca, Antonio Cabezas Quijada, Juan Rosendo Chacón Olivares, Ismael Chavez Lobos, Luis Eduardo Duran Rivas, Carlos Gajardo Wolf, Hector Garay Hermosilla, Eduardo Francisco Miranda Lobos, Jorge Hernán Muller Silva, Jorge Alejandro Olivares Graindorge, Juan Carlos Perelmann Ide, Carlos Freddy Perez Vargas, Sergio Reyes Navarrete, Ariel Salinas Argomedo, Teobaldo Tello Garrido, Segundo Toro Romero, Víctor Manuel Villarroel Gangas y Héctor Zúñiga Tapia.

"Que de estos mismos antecedentes, a los que cabe añadir las propias declaraciones de los inculpados: Cesar Raúl Benavides Escobar de fojas 3460 y de Enrique Montero Marx de fojas 3436, fluyen en su contra, presunciones fundadas para estimar que les ha cabido participación en los crímenes referidos en los acápites anteriores en calidad de cómplices a Cesar Raúl Benavides Escobar en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 , 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, y 20 y a Enrique Montero Marx en los crímenes referidos en los numerales 5, 8, 11, y 13, toda vez que atendidas las funciones que realizaban era imposible que desconocieran el régimen de privaciones de libertad ilegales que sistemáticamente se estaban perpetrando y no obstante a ello informaran que no se tenían antecedentes sobre las denominadas detenciones de las víctimas, anteriormente nombradas, cooperando a la ejecución de aquellos secuestros calificados por actos simultáneos", consigna el veredicto.

La Operación Colombo fue un montaje preparado en 1975 por la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), para encubrir la desaparición de opositores al régimen.

En la actualidad el expediente que instruye el ministro Juan Guzmán, consta de 36 tomos y se encuentra en estado de sumario El plan consistió en una operación de prensa para simular la desaparición de 119 militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), presentándola como un enfrentamiento dentro de la organización subversiva.

Por este caso el juez encargó reos a Manuel Contreras, Pedro Espinoza, Miguel Krassnoff Martchenko, Marcelo Moren Brito, César Manríquez Bravo, Orlando Manzo Durán, Basclay Zapata Reyes, Conrado Pacheco Cárdenas, Maximiliano Ferrer Lima, y Osvaldo Romo Mena.

Los generales (R) del Ejército de Chile Hermán Brady Roche, Cesar Raúl Benavides Escobar, Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Jaime Enrique Lepe, Raúl Eduardo Iturriaga Neuman Orellana;  el ex Subsecretario del Interior, Capitán de Navío Enrique Montero Marx; los oficiales Jorge Remigio Rios San Martín;  Guillermo Humberto Salinas Torres; Pablo Belmar Labbé; René Patricio Quilhot Palma; Rolf Wenderoth Pozo; Ricardo Lawrence Mires, han sido procesados por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional de España por su participación, mediata o inmediata, en el secuestro, tortura y asesinato del diplomático D. Carmelo Soria.

En el Auto de 17 de noviembre de 2009, que próximamente publicará integro EL CLARIN en la sección “Caso Pinochet”, el Juez y el Ministerio Fiscal han aceptado la ampliación de querella formulada el 23 de enero de 2007 por la Fundación Presidente Allende-España y la viuda de D. Carmelo Soria. Estos habían solicitado, asimismo, el procesamiento del Ministro del Interior, Sergio Fernández, y de la Ministra de Justicia, Mónica Madariaga, por haber firmado en 1978 el Decreto de Amnistía en cuya aplicación la Corte Suprema de Chile ha ordenado en 1996 que este crimen no fuera enjuiciado en Chile.  El Juez español ha denegado el procesamiento de estos Ministros de la Dictadura “en este momento, por cuanto resulta insuficiente para hacerlo el hecho de que hubiesen firmado el Decreto de Amnistía en 1978 que sirvió para conferir impunidad a los autores, cómplices y encubridores, porque por tal razón también tendrían que serlo los demás miembros del gobierno y todos aquellos que aplicaron la norma posteriormente, máxime después del pronunciamiento sobre tal tipo de normas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, y ientras no se acredite una participación diferente en los hechos no puede admitirse a trámite la querella contra estas dos personas”.

 El Auto de 17 de noviembre de 2009 acuerda, entre otras Diligencias, poner en conocimiento del Sr. Secretario General de Naciones Unidas, en aplicación del artículo 11 del Convenio sobre prevención y castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas de 14 de diciembre de 1973, la admisión de la querella  contra los presuntos culpables de la tortura y asesinato de D. Carmelo Soria Espinoza y que en su día se comunicará el resultado final.

 España asume la competencia para enjuiciar este delito en virtud de los principios de jurisdicción universal y de evitar la impunidad, después que la Corte Suprema ha acordado que no puede serlo en Chile, país cuya jurisdicción España considera preferente en virtud del principio de territorialidad.